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Concejo Indígena de Gobierno
CNI- CIG anuncia suspensión judicial sobre el decreto que declara «interés público» y de «seguridad nacional» los proyectos del gobierno federal
A los pueblos de México,
A los pueblos del mundo,
A los medios de comunicación.
Anunciamos que hasta el día de hoy pueblos y comunidades indígenas de Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y CDMX, participantes en el Congreso Nacional Indígena, han interpuesto 17 amparos en contra del acuerdo del presidente de la república que declara las obras y proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional, instruyendo a las dependencias de la administración pública federal para que otorguen autorizaciones provisionales para su ejecución, pasando por alto los requisitos establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales y leyes reglamentarias; violentando así los derechos de nuestros pueblos con la finalidad de posibilitar la imposición de las obras de infraestructura y de los grandes megaproyectos que, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Proyecto Integral Morelos, posibiliten un mayor despojo de nuestros pueblos mediante el reordenamiento de los territorios, fronteras y poblaciones de México y Centroamérica en favor de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y de los grandes capitales multinacionales. .
A pesar de la profunda aberración jurídica que representa el acuerdo, en la mayoría de estos amparos los jueces se han declarado incompetentes, los han desechado de plano o nos han solicitado diversas aclaraciones que se vuelven interminables; en contraste con esta actitud omisa y cómplice de muchos jueces, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla otorgó la suspensión provisional del acuerdo presidencial.
Con esta suspensión el gobierno neoliberal mexicano está impedido de manera provisional para ejecutar las acciones señaladas en su ilegal acuerdo, como el declarar sus proyectos de “Interés Público” y de “Seguridad Nacional”, reiterando con cinismo su decisión de atropellar los derechos de quien sea, usando a sus grupos armados para hacerlo; mismos que no solo reprimen, sino que se benefician de los mega proyectos del gobierno neoliberal mexicano, como ocurre con la secretaría de la Defensa Nacional que, desde un principio, se posicionó como beneficiaria y operadora del proyecto del aeropuerto internacional de Santa Lucía y del Tren Maya. Con el acuerdo del mal gobierno federal, adicionalmente tendrá todas las facilidades para reprimir a los pueblos que se opongan.
Es decir, tendrá las facilidades para proteger el negocio propio y el del gran capital que quiere seguir despojando los territorios de la Nación y sus pueblos, teniendo las armas y las facultades para usarlas en contra de los pueblos indígenas, campesinos y de las ciudades que se opongan, usando torcidamente los argumentos del “Interés Público” y la “Seguridad Nacional”, lo que de por sí vienen haciendo con o sin acuerdo presidencia.
Llamamos a los pueblos de México y de las geografías rebeldes en el mundo a estar atentos a la imposición de los megaproyectos de muerte y a la forma como pueda desempeñarse el poder judicial ante la decisión de nuestros pueblos por defender sus derechos y sus territorios.
ATENTAMENTE
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca más un México sin nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo indígena de Gobierno.
Alerta ante la violenta ofensiva neoliberal del mal gobierno federal mexicano (Tercera de tres partes)
A los pueblos de México y del mundo,
A los medios de comunicación.
Estado de excepción
Nos declaramos en alerta porque el mal gobierno decidió hacer más violenta su ofensiva neoliberal, pretendiendo suprimir por decreto los derechos humanos que tenemos todas y todos como sociedad, con el fin de imponer sus megaproyectos y obras de infraestructura que privatizan, contaminan, despojan y entregan el sureste mexicano, la Península de Yucatán, el Istmo de Tehuantepec, el centro, todo el país, al despojo transnacional, arrasando nuestros territorios y destruyendo a la Madre Tierra.
Mediante un acuerdo del presidente de México publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre, que clasifica las obras de infraestructura y proyectos del gobierno de la República como de seguridad nacional e instruye a las dependencias de la administración pública federal a otorgar autorizaciones provisionales hasta por un año para dichas obras y proyectos por encima del marco constitucional y legal vigente, el régimen neoliberal pretende imponer un estado de excepción, en el que no podamos inconformarnos y protestar contra las acciones del gobierno que propician el despojo y la destrucción de nuestros territorios.
De esta suerte el acuerdo da paso para que puedan ser intervenidas nuestras comunicaciones, negarnos información que solicitemos y desalojar con el uso de la fuerza pública cualquier manifestación o movilización que hagamos en defensa de lo que es nuestro y cuestionen sus megaproyectos y las obras que se están realizando o se realicen en múltiples áreas y sectores como hidrocarburos, ferrocarriles, aeropuertos, comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas y fronteras, infraestructura hidráulica, medio ambiente, turismo, salud, producción y distribución de energía, puertos, etcétera.
Para nuestros pueblos esas obras de infraestructura representan la muerte; en el Istmo de Tehuantepec, por ejemplo, la corrupción, el despojo y la violencia se imponen del Océano Pacífico al Golfo de México; la modernización de las vías del ferrocarril y de las carreteras es en favor de quienes usarán los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz para trasladar sus mercancías de lado a lado del mundo; el beneficio es para quienes puedan extraer minerales, agua, bosques, hidrocarburos, biodiversidad y todo elemento natural que les genere ganancia; asimismo, el establecimiento de diez corredores urbano industriales tiene como propósitos establecer una cortina a la migración desde Centroamérica hacia los Estados Unidos y explotar nuestra fuerza de trabajo sin consideración de la vida humana y de la naturaleza.
Para ejecutar las obras y proyectos que invaden, despojan y destruyen nuestros territorios sin nuestro consentimiento, más bien nos amenazan, nos persiguen y nos asesinan para sacarlos adelante. Simulan consultar, dividen las asambleas comunitarias y dejan claro que lo harán de una u otra forma; y aun así llaman a la guerra con palabras como progreso, desarrollo nacional o cuarta transformación.
En la península de Yucatán, con contratos fraudulentos, el Tren Maya se va apropiando de tierras indígenas, y los ricos llegan a valerse de la profunda corrupción agraria para adueñarse terrenos ejidales en la selva maya y aumentar sus ganancias a costa del despojo de nuestros pueblos y la destrucción de la naturaleza, mientras que las empresas porcícolas, eólicas o turísticas se posicionan en torno al proyecto del tren. O sea que con las obras de infraestructura que el mal gobierno quiere proteger de nosotros, esas regiones enteras se transforman, en favor de quienes nos están robando como pueblos y como país.
Los territorios que ocupamos, en donde buscan instalar los megaproyectos que impulsa el gobierno neoliberal mexicano, están siendo destruidos y contaminados para instalar vías de tren, carreteras, tendidos eléctricos, gasoductos, oleoductos, etcétera; al mismo tiempo que las mineras van ganando territorio en el Istmo, las empresas extranjeras con parques eólicos se benefician de la red eléctrica nacional a costa del robo de nuestros territorios y la represión a nuestros pueblos. Mientras las empresas petroleras están apostadas sobre los territorios indígenas en el Totonacapan, la empresa Constelation Brands en el Sur de Veracruz y la empresa Bonafont en Puebla ya están sobre importantes acuíferos; y en el centro del País, con violencia están imponiendo el Proyecto Integral Morelos en los pueblos de aledaños al Popocatépetl.
Es eso lo que el mal gobierno neoliberal mexicano quiere proteger y blindar en contra de los pueblos de abajo, los que hemos cuidado durante miles de años la tierra, los que no podemos dejar de defendernos porque están en juego nuestra vida, nuestro patrimonio, la paz y nuestra Madre Tierra.
Las sucesivas reformas constitucionales, las leyes vigentes y los órganos judiciales están fundamentalmente a favor de los intereses empresariales, pues, son parte sustancial de este sistema; por lo mismo nos dejan caminos difíciles para defendernos en el ámbito legal y aun así resistimos con nuestra organización utilizando los resquicios que las leyes nos dejan e interponiendo toda clase de juicios y recursos en contra de las arbitarias determinaciones políticas, administrativas y judicales que nos atacan, que buscan cercarnos y arrinconarnos.
Con el acuerdo neoliberal del presidente pretenden cerrar el cerco aún más ya que éste, en forma autoritaria y atropellando la constitución federal, ordena a las dependencias del gobierno federal otorgar autorizaciones provisionales exprés para las obras de infraestructura y proyectos gubernamentales, pretendiendo no dejar tiempo ni espacio para que podamos decir o hacer algo, es decir, imponiendo un estado de excepción propio de la guerra.
Los derechos y garantías que como sociedad entera tenemos quedan sin valor alguno, sin oportunidad de defenderlos ante la urgencia de entregar el país a los capitalistas que lo están matando. Sin hacer respetar siquiera la constitución mexicana, ni los derechos que tenemos sobre nuestros territorios, sin cubrir los requisitos ni cumplir con los procedimientos que marcan las leyes y mucho menos con el de por sí endeble derecho a la “consulta” indígena.
A todo este siniestro escenario nosotros le llamamos literalmente una guerra de conquista, porque cuando no estamos de acuerdo nos reprimen con grupos de choque, paramilitares, militares y policías; invaden y ocupan nuestros territorios destruyendo todo lo que es nuestra vida, tejiendo un sistema mundial que no se puede sostener sin la explotación, el despojo y la cruenta represión.
Para nosotros y nosotras, tanto el acuerdo presidencial, como las obras de infraestructura y proyectos que pretende cobijar, no tienen otro fin que favorecer intereses económicos de gran alcance, inmorales y desmedidos; se trata, pues, de una descarada y oscura corrupción, continuación de la que hemos vivido en décadas.
Es por eso que estamos en alerta y denunciamos el carácter ilegal, autoritario, corrupto y neoliberal del acuerdo capitalista del mal gobierno mexicano, al que no tengan duda, resistiremos y sabremos derrotar.
Atentamente
Diciembre de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del
Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno