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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Pronunciamiento Conjunto: La población civil no es un objetivo

AL GOBIERNO FEDERAL.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE CHICOMUSELO, LA TRINITARIA, FRONTERA COMALAPA, AMATENANGO DE LA FRONTERA, MOTOZINTLA, SILTEPEC, COMITÁN, MAZAPA DE MADERO, LA GRANDEZA, BELLA VISTA, BEJUCAL DE OCAMPO Y EL PORVENIR.

A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CHIAPAS.

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL.

A 29 de Septiembre de 2023

Pronunciamiento Conjunto

La población civil no es un objetivo

Las organizaciones aquí firmantes nos unimos a las voces, incluidos los llamados realizados por las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de Tapachula, que se han pronunciado por la indignante situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales.

Desde hace más de dos años se ha venido agudizando esta disputa en el territorio caracterizada por un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada. De acuerdo a notas periodísticas, y testimonios anónimos, alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se ha tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos.

El corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas lp, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos psicosociales importantes. Existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en disputa.

Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice.

Frente a ello, el Estado tiene un deber urgente de protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población. Las y los habitantes de estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves a sus Derechos Humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio.

Denunciamos:

El incremento de distintas formas de violencia: asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones como “cobro de piso”, toma o irrupción de asambleas comunitarias, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, despojo de bienes y de medios de vida. La población ha estado en una intermitente incomunicación que ha derivado en desabasto y encarecimiento de productos básicos como alimentos y gasolina, generando aislamiento.
La interrupción de la vida cotidiana de la población a partir del corte de servicios básicos como luz y señal de celular, así como la suspensión indefinida de clases y de servicios de salud.
Múltiples violaciones a Derechos Humanos: el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la seguridad, a la educación, a la salud, a la justicia, al libre tránsito, y a vivir en paz.
La minimización de la violencia por parte del discurso oficial, destacando el titular del Ejecutivo Nacional.
La criminalización que se hace de la población por parte de algunos medios de comunicación, desligando de su responsabilidad al Estado, y reproduciendo una narrativa estigmatizante y descontextualizada.
La respuesta insuficiente del Estado ante las denuncias de la población desde hace varios meses; pues no ha habido una estrategia integral que atienda las necesidades y que abone a una pacificación real.

Exigimos urgentemente al Estado mexicano:

Brindar atención integral a la población afectada directamente por la violencia.
Brindar atención urgente a las víctimas por desplazamiento forzado, y genere condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro.
Atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia.
Garantizar la seguridad para el libre tránsito de la población.
Realizar una investigación imparcial y exhaustiva que identifique a los responsables de la violencia, y que se imparta justicia.
Implementar una estrategia integral, garantizando la seguridad de la población. No se considera la militarización prolongada como una respuesta duradera para lograr una pacificación real y estructural.
Garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio, y ciudadanía en general en Chiapas, particularmente en la Región Frontera y Sierra.

Pedimos a la población en general su solidaridad, empatía y observación de lo que sucede en las Regiones de la Frontera y Sierra de Chiapas, velando por el cumplimiento de estas exigencias, la garantía de los Derechos Humanos y el cese de la violencia.

Redes:

Alianza contra la Desigualdad México

Alianza Mexicana contra el Fracking

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur

Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL)

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)

Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos

Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), North America

Grupo Territorio, Género y Extractivismo (TGE)

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG)

Plataforma para la Construcción de Paz en México

Plataforma de Paz

Red de Agricultura Urbana, Periurbana y Rural de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Red de Cooperativas del Sur (RECOSUR)

Red de Guardianes del Sur de Yucatán

Red de Mujeres de Jalisco “Aguas en Movimiento”

Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía

Red franciscana para migrantes

Red Futuros Indígenas

Red Jesuita con Migrantes

Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura

Red Mayense de Guardianas y Guardianes de Semillas

Red MesoAmeri-Kaab (Red MAK)

Red Mesoamericana de Educacion Popular Alforja

Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias)

Red de Rebeldías y Resistencias Ajmaq

Red Slow Food de Pueblos indígenas de México

Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio

Organizaciones

Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente, A.C.

Alianza Sierra Madre A.C.

Aluna, acompañamiento psicosocial

Antropo Film House

Articulo 19 Oficina para México y Centroamérica

Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio

Asociación Maya Uk’ux B’e (Guatemala)

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic

Awe Tibuame, A.C.

Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic, A.C.

Centro de Capacitación y Formación para Mujeres, A.C.

Centro de Investigación y Recursos para el Desarrollo A.C.

Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Centro de Derechos Humanos Fray Ignacio Barnoya AC, Arquidiocesis de Tuxtla

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC

Centro de Educación y Apoyo a la Produción y al Medio Ambiente A.C.

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.

Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A.C. (Cecaddhi)

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.

Centro de Voluntarixs Junax

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco A.C.

Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

Cohabitantes MX A. C.

Colectiva Reentramados para la vida, defendiendo territorios

Colectiva Cereza

Colectivo Asodette Región P’urhépecha

Colectivo Agroecológico Teocintle

Colectivo Coamil Federalismo

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.

Colectivo Despertar Florencia

Colectivo de Labores Comunitarias de formación sociopolítica para la defensa del territorio

Colectivo del periódico El Zenzontle

Colectivo Feminista Mercedes Olivera, A.C.

Colectivo Festival de la Tierra

Colectivo In Laak Le Ixiimo de Hopelchén

COLEMBYJ, Colectivo en Memoria y Búsqueda y Justicia

Comunidades Eclesiales de Base México

Comunidad de Aprendizajes para una Praxis Emancipatoria (CAPE)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO)

Comite de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.

Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla

Consorcio Oaxaca

Consultoría Técnica Comunitaria CONTEC A.C.

CORECO A.C.

CORASON Huasteca – Totonacapan

Desarrollo Económico y Social de los Méxicanos Indígenas, A.C. (DESMI)

Desaparecid@s de la Costa y Feminicidios de Michoacán A.C.

Desplazadas de San Juan Copala

Desplazados Kanjobales y Cakchiqueles de Maya Balam

Engenera, A.C.

Enlace Comunicación y Capacitación A.C.

Equipo Indignación

EQUIS Justicia para las Mujeres

Escuela Autónoma de Mujeres

Escuela de Salud Comunitaria Alina Sánchez

Foro para el Desarrollo Sustentable AC,

Frente Agustin Tosco (Argentina)

Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual

Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP) (El Salvador)

Fundar. Centro de Análisis e Investigación A.C.

Educreando A.C.

Geo-grafías Comunitarias

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Huerta Educativa de Semillas Colibrí

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)

IYOLOSIWA AC

Kalli Luz Marina AC

K’inal Antsetik, A.C.

La Sandía Digital

Marabunta Filmadora

Melel Xojobal A.C.

Médicos del Mundo Suiza

México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Milpamérica

Misioneros AC

Movimiento de Unificacion y Lucha Triqui Independiente

Movilidades Libres y Elegidas A.C., CoLibres

Mujeres Socialistas de Honduras

Mujer y Medio Ambiente, A.C.

Narrativas desde la Mayanidad

Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Coahuila

Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Habitat

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes

Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen AC

Red de Guardianes del Sur de Yucatán

Red Solidaria de Derechos Humanos A.C.

Salud y Desarrollo comunitario A. C (SADEC)

Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados – SMR

Serapaz A.C. – Servicios y Asesoría para la Paz A.C.

Servicios Para una Educación Alternativa A.C. – EDUCA

Sinergia por la paz

SPR La Cascada de Ocosingo, Chiapas. ARIC UUH

Tsikini, A.C.

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Uyool Ché, A.C.

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.

Integrantes de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)

Campeche

Ejido Miguel Colorado Champotón

Unión de Ejidos en defensa del Territorio Maya.

Consejo de vigilancia del Ejido División del Norte

Ejido Haro

Observatorio de violencia social y de género.

Mujeres por un Nuevo Amanecer Hopelchén

Las Mariposas Comunidad de Xpujil

REDMYH A.C.

Chiapas

Movimiento en defensa de la vida y el Territorio MODEVITE

Movimiento de pueblos originarios en resistencia MOPOR

Tianguis Campesino

CDH Fray Pedro

Bienes Comunales de la Selva Lacandona BCZL

Enlace Región Cañadas de Las Margaritas y Zona Fronteriza

Enlace Región Selva y Cañadas de Ocosingo

Petem Mango

Santa Cruz El Palmar

Yajtajtik

Lindavista

San José Napila

San Ramon Segunda sección

Juxuechej

San Antonio Las Palomas

La Libertad

Las Delicias

Raya Limón

Corralchen

Tacuba Nueva

Banacaxa

Ejido San Antonio Bulujib

Xanail

Chik Aktik

Najchij

20 De Noviembre

Santa Cruz La Reforma

Ejido San Jerónimo

Guadalupe Xaquila

Bonampak

Xaquila

Soteel

Tunapas

Ranchería Majchum

Cabecera Yajalon

Cabecera Sitala

Santa Rosa Mamalik

Mojontsuy

Nuevo Progreso

Mojontsuy

Barrio Las Golondrinas

Barrio Ojo De Agua

Barrio Centro

Ejido Luis Espinoza

Ejido Santoton

Ejido Petalcingo

Ejido Tila

La Unión

Comunidad Xixintonil

San Juan De La Montaña

Gobierno comunitario de Chilón

Sacun c’ubwitz

Sacun Saquila

Bawitz Jerusalén,

Jol sacun,

Sacun palma,

Sacun San Pedro

Yochibja,

Q’uicisal,

Onteel,

Axupja,

Jol Axupja segunda Sección

Mojón,

C’anal Ulub,

Nup’ha,

Laguna Verde,

Crucero Saquila.

Red Ambiental en Defensa de los Humedales de San Cristóbal

Chihuahua

Bosques San Elías Repechique

Huitosachi

Bacajípare

CONTEC, A.C.

Ciudad de México

Coordinadora Agua para todas y todos, agua para la vida

Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C.

Fundación para el Debido Proceso DPLF

Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)

Colectivo de Abogadas

Oxfam México

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible CCMSS

Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC)

Enlace Comunicación y Capacitación AC

Estado de México

Comunidad de Tepetlaoxtoc

San Francisco Magú

San Jerónimo Amenalco

Consejo Comunitario de San Jerónimo Amanalco Texcoco

Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) – Atenco

Guerrero

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC)

Enlace Región Montaña Alta

Jalisco

San Lorenzo Azqueltán

Comunidad de Indígena de Tepizoac

San Juan de los Potreros

Michoacán

Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

Santa María Ostula

Comunidad de Cherán

Comunidad de Comachuén

Carapan

Cheranatzicurín

Nayarit

Niuwari A.C.

Oaxaca

Enlace Región Tlaxiaco

San Sebastián Ocotlán

San Jacinto Ocotlán

Tejas de Morelos

San Felipe Apostol

San Matías Chilazao

Maguey Largo, Oaxaca

El porvenir, Oaxaca

Servicios del Pueblo Mixe (SER A.C.)

Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO)

Enlace Comunicación y Capacitación A.C.

Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA)

San Isidro Zegache

La Barda Paso de Piedras

San Antonino Castillo Velasco

Santiago Apóstol

Santa Ana Zagache

San Pedro Mártir

San Martín Tilcajete

San Pedro Apóstol

Asunción Ocotlán

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)

CDI Flor y Canto A.C.

Comité en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo

Puebla

Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorios

Quinta Roo

U Yich Lu’um

Kanan derechos humanos

Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes

San Luis Potosí

Tlalij, Yolojtli uan Nemililistlij A. C.

SEDEPAC Huasteca

Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina.

Observatorio Indígena.

Centro Ceremonial Tenek.

COCIHP A. C.

Autoridades de comunidades de los municipios de Axtla, Coxcatlan, Huehuetlán y Xilitla.

Xochitzotlajmani

Sonora

Pueblo de Vícam

Veracruz

Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorios

Red por la Justicia y Paz Veracruz

Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz

Consejo Veracruzano de Laicos A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Integrada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Agua y Vida, mujeres, derechos y ambiente (Chiapas); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Espacios para la Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC), (Oaxaca); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Programa Universitario de Derechos Humanos Ibero León (Guanajuato) Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

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Avispa Midia

Perú | Líderes indígenas entre persecución política y amenazas de narcotráfico

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Pardo

En portada: Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene

El proceso contra el indígena asháninka Ángel Pedro Valerio por un caso de desaparición de personas en Perú, en base a testimonios anónimos, es un peligroso precedente para los defensores de territorios que se enfrentan al narcotráfico.

El investigado es presidente de la Central Asháninka del Río Ene (Care), organización que representa a 19 comunidades nativas, 25 anexos, dos pueblos en aislamiento y dos en contacto inicial, en la Amazonía peruana.

A inicios de septiembre, el Poder Judicial notificó al dirigente que se le imputa haber participado en los hechos ocurridos entre el 14 y 15 de abril en el distrito Río Tambo (región Junín), durante un paro en protesta por el asesinato del líder indígena Santiago Contoricón a manos del crimen organizado.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la policía pidió al Ministerio Público declarar en reserva la investigación, sostenida por declaraciones de tres supuestos testigos oculares que señalan a Ángel Pedro Valerio en la retención de los hasta hoy cuatro desaparecidos.

De esta forma, el órgano policial y la fiscalía evitaron que se le informara sobre la investigación al imputado hasta la proximidad de la orden de captura. El montaje se descubrió al demostrarse que los días en que los testigos lo ubican en el escenario del delito el dirigente participó en el Congreso Ordinario Asháninka, celebrado a 12 horas del lugar. Hay videos y testigos que lo confirman.

“La Dirincri creó la figura del testigo protegido, (pero) la fiscalía tiene la obligación de informar de la investigación, no emitir directamente una orden de detención. Es grave, estamos en situación de que a cualquier persona la declaren testigo protegido y solo basta su testimonio para limitar derechos, como la detención preliminar. Se pueden crear testigos. Vemos que pasan de defensores a investigados, este es el caso más fuerte, pero no el único, hay otras autoridades o jefes que denunciaban tala, deforestación y ahora los acusan de ello”, señaló a Avispa Mídia Irupé Cañari, abogada del dirigente indígena.

Además, para la defensa de Ángel Pedro Valerio, llama la atención que entre los ocho acusados se incluya a dos dirigentes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), cuando la protesta fue convocada por líderes de comunidades fuera de esta zona.

De momento se le retiró la orden de detención preliminar, pero no se le excluyó del proceso.

Avance de la coca

El avance de los cultivos de coca en territorios ancestrales de la etnia asháninka crece en los últimos años. Como resultado, al menos 20 dirigentes de la Care se encuentran bajo amenazas de las mafias de tráfico de drogas y tala ilegal. Las comunidades que conforman la organización se localizan dentro del Vraem, zona declarada en emergencia, desde 2008, por la actividad del narcotráfico en alianza con remanentes de Sendero Luminoso.

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“Desde hace muchos años luchamos contra el narcotráfico, el cultivo ilegal. Denunciamos cuando hay invasiones en territorios comunales, pero no vemos respuestas inmediatas. La semana pasada el Ejército y la Marina ingresaron a las comunidades, por primera vez, pidieron firmar documentos en blanco. Como pueblo, es una criminalización. Queremos que lo excluyan definitivamente de la investigación”, declaró para Avispa Mídia Janet Velasco, integrante del consejo directivo de la Care.

“El narcotráfico se ha agudizado, tiene como fachada a cocaleros pobres, es la fachada. Se ha visto un crecimiento del cultivo de la coca que vulnera territorios indígenas. El narcotráfico y los cocaleros con influencia en el Estado aprovechan estas desapariciones para evitar la erradicación (del cultivo ilegal)”, considera la defensa del líder asháninka.

Herramientas legales

Un inminente nuevo instrumento legal para intimidar, estigmatizar y judicializar a la población será la Policía del Orden y Seguridad. El Congreso aprobaría antes de fin de año la propuesta del Ministerio del Interior (Mininter) de implementar una nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), integrada por agentes con solo un año de preparación y licenciados de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo al Mininter, el cuerpo policial brindará “servicio de prevención de la delincuencia y de proximidad para la convivencia pacífica”.

Desde diciembre de 2022, policías y soldados asesinaron a 50 personas durante protestas en regiones de mayorías quechuas y aymaras. En las últimas marchas masivas contra el gobierno, en julio, se siguió utilizando policías de civil para detener a manifestantes y se sumaron las denuncias de torturas.

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Ante estas formas habituales, los colectivos reunidos en el Comité Nacional Unificado de Lucha advierten que se busca la formación de un escuadrón militarizado, con fines políticos.

Los modelos citados por la cúpula de las fuerzas de seguridad del Perú son la Esmad de Colombia y los casos recientes de Chile y Francia, donde se registran cientos de asesinatos, mutilaciones y violaciones a los derechos humanos. La brutalidad policial en los estallidos sociales de los últimos años en estos países es el ejemplo “exitoso”.

El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, sostiene que la Policía del Orden reforzará la seguridad en zonas rurales. Eso se traduce, para pueblos y colectivos, en más violencia racial aplicada con letalidad en territorios de poblaciones originarias y campesinas. Como ejemplo, la represión estatal contra las manifestaciones massivas en los últimos meses cuenta con 49 víctimas en localidades andinas y una en la capital, Lima.

La violencia racista también se reproduce en los discursos públicos, en la cabida a mensajes de odio en medios de comunicación locales, lo que fue denunciado este mes ante el Ministerio de Cultura por parte de la organización asháninka, sin respuestas relevantes.

Desde el Estado, además, se pretende criminalizar y censurar a la prensa, con un proyecto de ley que considera como instigadores de disturbios a periodistas que informen sobre convocatorias de protestas. El Ejecutivo propone modificar el Código Penal para incluir en este delito a “comunicadores que utilizando medios de comunicación han convocado a marchas, incluso incitando la violencia”. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen, que pasará a votación definitiva.

radio
Concejo Indígena Y Popular De Guerrero Emiliano Zapata CIPOG-EZ

CIPOG-EZ denuncia desaparición y asesinato de la compañera Albertha Santos Tomás y el compañero José Juan Hernández Fiscaleño

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Misión Civil de Observación Sexta
A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que
nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
A los medios de Comunicación y
Al pueblo en general

Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno, Misión Civil de Sexta, a la Europa Insumisa, medios libres e independientes, al pueblo de Guerrero y a todo el pueblo México: NOS SIGUEN DESPARECIENDO y ASESINANDO.

El día 26 de septiembre de 2023, la compañera ALBERTHA SANTOS TOMAS y el compañero JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ FISCALEÑO, ambos de la Comunidad de Alcozacán, se encontraban de visita en la comunidad de San Jerónimo Palantla, en el Municipio de Chilapa de Álvarez, salieron de dicha comunidad rumbo a Alcozacán en una moto color gris, pero fueron DESAPARECIDOS y ASESINADOS el 27 de septiembre; sus cuerpos fueron encontrados en el lugar conocido como la Tranca en el corral a la entrada de San Jerónimo Palantla en el Municipio de Chilapa de Álvarez.

BONIFACIO XOCHITEMPA TLALXINTLI, de la comunidad de Xochitempa en la montaña baja de Guerrero, en el municipio de Chilapa de Álvarez, fue ASESINADO extrajudicialmente en la cabecera municipal el día 12 de septiembre del presente año, por hombres armados, en la base de trasporte público con destino a Alcozacán.

ESTEBAN XOCHITEMPA TEPEXCO y su hijo JUAN XOCHITEMPA MACARIO de 16 años, ambos de la comunidad de Xochitempa, de la montaña baja de Guerrero, son ASESINADOS EXTRAJUDICIALMENTE, el día 13 de agosto del presente año en la gasolinera del municipio de Chilapa.

Por los hechos ocurridos RESPONSABILIZAMOS A CONSTANTINO CALVARIO CAMERINO, EFRAIN TORRES FIERRO y CLEMENCIA GUEVARA TEJEDOR, integrantes del Frente de Defensa Popular- Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, actualmente pertenecientes al partido político MORENA, líderes de la Comunidad de San Jerónimo Palantla y que hoy en día trabajan para el grupo  delincuencial “LOS ARDILLOS” DENUNCIAMOS QUE ESTAS PERSONAS SE VICULARON HACE UNOS AÑOS CON EL GRUPO DELINCUENCIAL “LOS ROJOS”, hasta la detención de su líder, AHORA TRABAJAN CON “LOS ARDILLOS”, entregan a nuestros compañeros a manos de la delincuencia organizada, se benefician a sí mismos dando una imagen de organización popular, cuando la realidad es que con sus acciones terminan siendo parte de los grupos narco-paramilitares.

LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD, para EXIGIR QUE SE DETENGAN LOS CRIMENES EN CONTRA DE NUESTRAS COMUNIDADES, se está perpetrando un GGENOCIDIO por el hecho de resistir a este sistema capitalista. El Gobierno Federal, Estatal y Municipal sabe de estos crímenes, pero lo invisibiliza, lo niega y tiene el descaro de decir que en Guerrero primero los pobres.

Es URGENTE organizarnos para frenar todos estos delitos cometidos en nuestra contra, el Gobierno es incapaz de dar una solución a la violencia que se vive día a día en Guerrero, ellos saben y saben bien donde se encuentra el máximo líder de “LOS ARDILLOS” CELSO ORTEGA JIMENEZ, quien tiene encuentro privados con la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez.

“EXIGIMOS ALTO TOTAL A LAS DESAPARICIONES Y ASESINATOS A LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS QUE CONFORMAMOS EL CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ)».

“JUSTICIA POR NUESTROS COMPAÑEROS ASESINADOS EN LA CIUDAD DE CHILAPA” “LIBERACIÓN DE NUESTRO COMPAÑERO GODOFREDO CORTEZ REYES SENTENCIADO POR UN DELITO FABRICADO POR LA FISCALÍA Y EL GOBIERNO ESTATAL” EXIGIMOS JUSTICIA PARA NUESTROS MUERTOS, DESAPARECIDOS Y RETENIDOS INJUSTAMENTE.

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!
¡VIVAN LOS PUEBLOS INDIGENAS!
¡VIVA EL CONSEJO NACIONAL INDIGENA!
¡VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL!

ATENTAMENTE
Concejo Indígena Y Popular De Guerrero Emiliano Zapata CIPOG-EZ

radio
COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO

Comisión de coordinación y seguimiento del CNI-CIG denuncia acciones de desacreditación y criminalización contra MAIZ

A los medios de comunicación

A la opinión pública nacional e internacional

Al espacio de coordinación nacional contra la guerra,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las redes de resistencia y rebeldía,

A la sexta nacional e internacional,

A los pueblos indígenas de México y del mundo,

A quienes enfrentan la guerra contra el narco estado capitalista y resisten,

Nosotros, los pueblos originarios que conformamos el Congreso Nacional Indígena, nuestra casa común que constituimos el 12 de octubre 1996, hace 27 años, para fortalecer nuestras luchas de resistencias y rebeldías mediante la solidaridad, denunciamos enérgicamente, con mucha preocupación y mucho dolor, la terrible situación de guerra que viven nuestras hermanas y nuestros hermanos de Chiapas, zapatistas y no zapatistas, hemos manifestados reiteradamente, que nuestro mundo hoy está en grave riesgo; la guerra para despojarnos de nuestras formas de vida, que nace desde la voluntad Servil al capital mundial en Palacio Nacional, es hoy el verdadero rostro paramilitar que opera con carteles de la droga y del crimen, para llevar acabo la guerra contra los pueblos Zapatistas en Chiapas y en México, con la manipulación mediática para continuar con la criminalización del EZLN y la autonomía  indígena, que desde el levantamiento en 1994 hasta hoy

Desde hace años, pero más acusadamente desde hace meses el estado mexicano ha abandonado regiones enteras de Chiapas en manos de la narco delincuencia. La disputa entre los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para el control de la plaza deja a cientos de miles de habitantes en situación de total indefensión, sitiados y atrapados bajo el yugo de esta ola de violencia y terror en Chiapas, utilizándolos como escudos civiles, obligándolos a afiliarse a uno y otro de los carteles, a manifestarse en las carreteras para dar apoyo e incluso a hacerse sicarios, y matando y torturando a las familias que no se prestan. Las escuelas e instituciones de gobierno están cerradas, el comercio paralizado. Un caos total bajo la ola de terror de las ultimas semanas. Llevando a un contexto alarmante y de alto riesgo en la vida de las poblaciones afectadas, más de 280 mil habitantes de esta región están sitiados, atrapados entre la disputa por el territorio, bajo la venia de este Narco Estado que permite esta situación y deja en total indefensión y bajo el yugo de esta ola de violencia y terror a Chiapas. Y frente a esta terrible guerra que esta impulsando el narcoestado, ha comenzado una campaña de desprestigio contra el EZLN en medios de comunicación, queriéndolos implicar dentro del crimen organizado, cuando son y somos los pueblos originarios los que sufrimos y enfrentamos esta política de muerte y es, en zona zapatista donde los pueblos organizados no permiten la incursión en sus comunidades del crimen organizado, pero que cada vez están mas asediados por ellos.

Advertimos que el despojo y la guerra de exterminio que se está profundizando mediante los planes de contra insurgencia, no solo contra nuestras hermanas y hermanos zapatistas sino también contra compañeros de organizaciones que conformamos el CNI, buscando vincular al Movimiento Agrario Indígena Zapatista con un grupo paramilitar que se denomina Mano Izquierda, que es parte de estos grupos del crimen organizado y nada tiene que ver con la lucha del zapatismo.

Todo esto, como una estrategia para reordenar el territorio a nivel nacional y en especial ahora, en la región sur del país con el mal llamado Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y cientos de proyectos extractivistas en el resto del país. En todos los estados del país, los pueblos enfrentan proyectos mineros, hidroeléctricos, carreteros, polos de desarrollo, entre otros, lo que ha costando la vida a decenas de compañer@s miembros de CNI y de otros pueblos en rebeldía, por oponerse a la destrucción de la casa común, como lo hemos demostrado y denunciado públicamente, señalando que la voluntad de esta administración federal es la de pisotear y recrudecer la violencia contra los pueblos que estamos defendiendo la vida y nuestros territorios, que la mentira de ser un “gobierno para el pueblo” que se repite todas las mañanas desde Palacio Nacional se desploma, porque cada vez es mas claro que su gobierno es un servil de los cárteles y las políticas económicas internacionales a través de la violencia y el despojo.

Manifestamos que el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) forma parte del Congreso Nacional Indígena, teniendo presencia en varias regiones del país, con trabajo y compromiso que durante 24 años ha realizado a favor de los pueblos originarios. Y que estas acciones de desacreditación y criminalización son parte de la guerra contra los pueblos y organizaciones, al poner en riesgo la integridad de sus miembros y el trabajo comunitario que realizan. Nuestros compañeros, como muchos pueblos y organizaciones que conformamos el CNI, han vivido la criminalización del estado, el asesinato de compañeras y compañeros en varios momentos de su historia, como es el caso de nuestra hermana Bety Cariño asesinada por grupos paramilitares de la región triqui de Oaxaca, que hoy desde las filas de Morena ocupan cargos en el Gobierno del Salomón Jara o diputaciones federales; así como el caso de Sergio Rivera Hernández defensor del territorio de la Sierra Negra de Puebla, desaparecido por oponerse al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan que pretendía imponer minería Autlán, y que mediante el Instituto Poblano se los Pueblos Indígenas protejan a sus captores, los cuales son premiados con cargos en sus  consejos indigenistas para que operen a favor del crimen organizado, replicado la misma metodología que se generaliza en todos los territorios, donde existe resistencia indígena contra sus megaproyectos neoliberales del Capital mundial.

A casi 30 años del levantamiento zapatista y de la construcción, desde sus raíces culturales, de un sistema de vida autónomo con paz y dignidad en su territorio liberado de los grandes terratenientes, verdaderos hacendados del siglo XX, afirmamos que nuestras hermanas y hermanos mayores han sido los garantes de la defensa de su territorio contra los intereses del gran capital mundial y han sido nuestr@s maestr@s en nuestras luchas de resistencia en todo el país, única esperanza de salvaguardía de la humanidad frente a la locura capitalista de destrucción de la naturaleza que provoca la actual crisis climática planetaria.

Manifestamos que como pueblos originarios, zapatistas y no zapatistas, seguimos y seguiremos resistiendo contra la represión que el estado ejerce a través de las fuerzas armadas, la guardia nacional y los cuerpos policiacos y ahora contra la ola de terror sembrada por los carteles y  los paramilitares respaldados por los gobiernos federal y estatales. Y seguiremos reconstruyendo sistemas de vida autónoma sin capitalismo, ni patriarcado que garantice una vida digna para las futuras generaciones.

Por ello, hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones, colectiv@s y personas de buen corazón a denunciar esta guerra contra los pueblos, a solidarizarse, organizarse y levantarse en una lucha civil y pacífica por la vida. Otra vida es posible, otro mundo es posible. No dejemos que la triada Estado, empresas mundiales y narco delincuencia nos acabe.

Por lo que reiteramos el llamamiento de urgencia de participar en la acción global convocada para el próximo 12 de octubre donde se cumplen 531 años de resistencia indígena: ¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas!

¡LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS EN MEXICO SE LLAMA NARCOESTADO CAPITALISTA!

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO

¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

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PADRES Y MADRES DE LOS 43

Ayotzinapa: La lucha por la verdad sigue

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2023.- Queremos agradecer a todas las organizaciones sociales, colectivos y personas que se solidarizaron y nos tendieron la mano en el plantón y en la exigencia de verdad y justicia en esta jornada de lucha por los nueve años de la desaparición de nuestros hijos.

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa seguiremos en la lucha por saber lo que pasó con nuestros hijos el dia 26 de septiembre en Iguala y cuál es su paradero. No claudicaremos en nuestra legítima demanda sea el gobierno que sea, pues tiene el deber ineludible de darnos verdad y justicia.

A las afueras del Campo Militar número 1, símbolo de la represión contra los que han luchado por la justicia, nos plantamos desde el dia 21 de este mes para exigir que el Ejército Mexicano entregue la información relacionada con el paradero de nuestros 43 hijos que mantiene en sus archivos y que se niega a poner a disposición de las autoridades civiles que investigan el caso.

Desde aquí, rechazamos en todos sus términos la “narrativa de hechos” realizada por el “gabinete de seguridad”, que hizo pública el gobierno federal, considerando al menos las siguientes cuestiones: 1) criminaliza a los estudiantes desaparecidos; 2) diluye la extensión del espectro criminal en Iguala, enfatizando el ámbito municipal, minimizando particularmente el papel del Ejército mexicano de quien omiten señalar el papel en el seguimiento puntual que que hizo a los estudiantes y como consecuencia de ellos la acumulación de información en sus archivos que dan cuenta de la salida de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, su arribo a Iguala y el momento de su desaparición; 3) presenta conclusiones de lo que ocurrió con nuestros hijos describiendo hechos cruentos contra su integridad física sin sustento probatorio, 4) incorpora declaraciones de testigo que fueron desestimadas por haber sido obtenidas mediante tortura; 5) utiliza capturas de pantallas de chats de WhatsApp no verificados; y 6) omite señalar a los autores de la construcción de la llamada “verdad histórica” . Por estas falencias, exigimos que esta “narrativa de hechos del gabinete de seguridad” sea retirada.

Por lo demás, enfatizamos que el informe presentado el dia de ayer por el Subsecretario de Derechos Humanos se separa de esta “narrativa de hechos descrita”, pues no retoma estos seis aspectos, y sobre todo en razón de que por primera vez señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades federales del más alto nivel como artifices de la verdad histórica. Además, hace una descripción de los chats de Chicago, obtenidos por autoridades norteamericanas, que dan cuenta de la colusión de diversas autoridades, incluyendo a elementos del Ejército Mexicano, con el grupo delictivo Guerreros Unidos. También establece que el Ejército Mexicano aún tiene información en sus archivos misma que debe entregar a las autoridades que investigan el caso, precisando incluso que fueron funcionarios de la COVAJ los que encontraron en archivos militares secretos un documento incompleto relativo a una intervención telefónica que informa del paradero de 17estudiantes, lo que en sí mismo evidencia que los militares se han abstenido de cooperar proactivamente. En este sentido, destacamos que ayer se informó que el Presidente de la República giró una nueva instrucción para que el Ejército busque y entregue la información que tiene en sus archivos, por lo que entendemos que la tendenciosa y poco respetuosa carta-oficio del Secretario de la Defensa Nacional que se ha hecho pública, no es ni será la última palabra.

El informe del Subsecretario de Derechos Humanos, al referir que existe una nueva instrucción presidencial para que el ejército entregue la información pendiente, abre una ruta que permite continuar el diálogo con las autoridades respecto de las investigaciones para dar con el paradero de nuestros hijos superando las confrontaciones que tuvieron lugar los dias pasados.

Por todo lo anterior exigimos: 1) que a las autoridades cumplan la nueva instrucción presidencial para que el Ejército busque y entregue la informacion que hemos solicitado; 2) que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de alto nivel que se describen en el informe al ser los artífices de la verdad histórica, y 3) que el gobierno cumpla las recomendaciones del último informe del GIEI, particularmente las relacionadas con la entrega de los documentos del Ejército mexicano que son relevantes para el esclarecimiento del caso.

Estaremos pendientes del cumplimiento de la instrucción presidencial, en caso de no avanzar en esa dirección regresaremos a este lugar para reinstalar nuestro plantón y exigir la entrega de la información sobre el paradero de nuestros hijos.

ATENTAMENTE

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

PADRES Y MADRES DE LOS 43

Conferencia de prensa de las madres y padres de los 43

 

radio
Radio Zapatista

Registro audiovisual de la Marcha por los 9 años de Ayotzinapa.

CDMX 26 septiembre 2023. Este 26 de septiembre se cumplieron nueve años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, como cada año, los padres, las madres, colectivos y simpatizantes, marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX.

Al llegar al zócalo de la CDMX, los padres de Ayotzinapa y el abogado Vidulfo Rosales, hicieron un balance de estos nueve años de lucha, así también, manifestaron su malestar y desilusión con el gobierno actual por la falta de verdad, por su falta a las promesas de campaña, por el maltrato de “un gobierno autoritario”; y sobre todo, por la narrativa actual, que regresa a la verdad histórica, esconde información imprescindible para el caso, e intenta desprestigiar el movimiento de los padres de Ayotzinapa.

Escuchar audios:

 

 

radio
Noticias de Abajo

Noticias de abajo 27 de septiembre 2023

(Descarga aquí)  

ROMPIENDO FRONTERAS

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

  • CHIAPAS: NotiFrayba: Chiapas; la memoria, la lucha por la justicia y libertad. Por Cdh Frayba.
  • MÉXICO: Conferencia de prensa de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Por Noticias de Abajo
  • MÉXICO: Ayotzinapa 9 años de un crimen de Estado. La herida sigue abierta. Desilusionados de la 4t ante demanda de verdad y justicia. Por Noticias de Abajo
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Avispa Midia

Chiapas: Desaparecer en la frontera sur de México

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Familiares de desaparecidos realizan labores de búsqueda en todo el país, sin ayuda del gobierno, desde el incremento de la violencia en el sexenio de Calderón. Foto: Santiago Navarro F.

Hace dos años, la violencia, las desapariciones, desplazamientos y reclutamiento de personas por la disputa territorial de dos cárteles mexicanos trastocaron por completo la vida de diferentes comunidades de Chiapas.

Uno de los grupos identificado como el Cártel de Sinaloa tiene presencia en esta entidad desde finales de los ochenta, pues Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, tuvo mucha influencia, además de posesión de propiedades.

“Grupos locales del crimen organizado se encontraban vinculados a este grupo mayor, hay que recordar que son redes y funcionan como células que se van reproduciendo”, explica para Avispa Mídia, Carla Zamora Lomelí, investigadora del grupo de Estudios Socioambientales y Gestión Territorial en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

En 2018, en las elecciones para presidente, gobernador y alcaldes, la violencia criminal se agudizó en el sur de México. “Pareciera casualidad, pero no lo es tanto”, señala la investigadora, pues la llegada de Morena fue coincidente con la incursión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los cárteles comenzaron a disputar los municipios y la violencia se repitió en junio de 2021 en las elecciones de 118 alcaldías y legisladores locales. En municipios como Pantelhó y Frontera Comalapa no hubo garantías de seguridad ni para los trabajadores de los órganos electorales, se designó un consejo municipal y comenzó a ser más visible la violencia.

Integrantes de Las Abejas de Acteal exigen justicia por el asesinato de Simón Pedro.

El 5 de julio del mismo año electoral, Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos e integrante de Las Abejas de Acteal fue asesinado frente a su hijo y su padre en el mercado público de Simojovel.

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Avispa Midia

Gobierno de México rechaza entrega de información militar sobre caso Ayotzinapa

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Plantón de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Campo Militar 1, en la CDMX. Foto: Tlachinollan

Este martes (26) se cumplen nueve años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. A casi cinco años de distancia queda también la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), la cual mediante decreto presidencial ordenó a todas las instituciones del Estado mexicano entregar información relacionada con la desaparición de los normalistas.

Ayer lunes (25), tras una reunión con funcionarios federales en Palacio Nacional, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, quienes durante las últimas semanas se han movilizado para exigir la entrega de información específica, resguardada y ocultada por el ejército, salieron decepcionados.

De acuerdo a oficiales de gobierno, durante la reunión se hizo entrega de una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un reporte del general secretario de la defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval González y un nuevo informe por parte de Encinas. Acorde a los testimonios, la entrega de estos documentos no cumplió con las peticiones puntuales de los familiares de los normalistas desaparecidos.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias, acusó que la narrativa presentada por Encinas, también subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de gobernación, “está esgrimiendo una narrativa de los hechos parecida a la verdad histórica”, en referencia a la versión propagada por el gobierno de Peña Nieto, la cual fue derribada por el trabajo e informes del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).

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A dónde van los desaparecidos

La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa

Por John Gibler

Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al ex procurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”. Es también el testimonio de cómo el gobierno desarticuló el área encargada de investigar la desaparición forzada de los 43 normalistas

El viernes 12 de agosto de 2022, Alejandro Gertz Manero, el octogenario fiscal general de la República, llamó al entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, a su oficina.

–Omar –cuenta Gómez Trejo que le dijo el fiscal–, necesito un favor, una ficha de trabajo donde me diga cómo va el caso, qué hay, qué avances. Tengo un desayuno el próximo lunes.

El abogado de 43 años, barba canosa y brazos tatuados, especializado en temas de derechos humanos, llevaba tres años al frente de la más extensa, compleja y ardua investigación judicial de la historia reciente mexicana: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Gómez Trejo no lo sabía, pero a ese desayuno también asistirían el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar, y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Él no lo sabía ni tenía cómo saberlo, pero en ese desayuno todos se pondrían de acuerdo y darían luz verde a una serie de acciones que dinamitarían la investigación del caso Ayotzinapa, y provocarían su salida del país.

Ajeno a lo que se desataría, ese viernes de verano, en el piso 25 del edificio de la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez Trejo le dijo a su jefe que sí, que manos a la obra.

Años de terror

Alrededor de las 17:30 horas del 26 de septiembre de 2014, dos autobuses con estudiantes salieron de Ayotzinapa. Llevaban días intentando conseguir camiones para organizar una caravana con alumnos de las normales rurales del país que viajarían desde Ayotzinapa a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco.

Entre las 19:30 y las 20:00 horas, los dos autobuses se separaron; uno se quedó en el cruce de Huitzuco, un lugar conocido como Rancho del Cura, y el otro se dirigió a la caseta de cobro de Iguala. Los estudiantes no sabían que habían sido infiltrados e identificados, y que eran monitoreados por elementos de inteligencia militar. Tampoco tenían cómo saberlo, pero los comandantes de los dos batallones del Ejército en Iguala, el 27 y el 41, y muchos de sus subordinados, formaban parte de una empresa ilegal conocida como Guerreros Unidos, que traficaba heroína desde las montañas de Guerrero hasta los barrios de Chicago.

Los normalistas tomaron tres camiones más y salieron hacia la carretera por dos rutas distintas. Policías de Iguala los persiguieron y atacaron a balazos, parando los cinco autobuses en dos lugares distintos. Llegaron policías de Huitzuco y Cocula, policías estatales y ministeriales, policías federales y soldados en diferentes momentos para apoyar u observar. Ninguno intervino en favor de los estudiantes. Los policías sometieron y se llevaron a los normalistas de dos de los cinco camiones.

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