Radio Zapatista

Avispa Midia

Banco Mundial acelera paquete de políticas verdes de ajuste estructural

Fecha:24 Jan 2022

Por Santiago Navarro F

A inicios de 2022 el Banco Mundial (BM) alertó que, al entrar al 3er año de pandemia, las previsiones no son tan buenas. La producción mundial de mercancías y servicios, reflejado en el indicador de “crecimiento mundial”, se desacelerará drásticamente. Los llamados mercados emergentes y las economías en desarrollo (MEED), serán las más afectadas. También subrayó que, con el fin de fortalecer la recuperación mundial, se continúa promoviendo “una recuperación verde, resiliente e inclusiva”.

En el informe del BM presentado este año 2022, llamado Perspectivas Económicas Mundiales, puntualiza la necesidad de salir de la crisis a través de políticas económicas verdes. “Dirigir el crecimiento hacia una dirección verde, resiliente e inclusiva requiere un menú de políticas estructurales que faciliten la transformación digital, aceleren la transición verde y aumenten la movilidad laboral”, reza el informe del BM.

La justificación de este organismo supranacional reside en sus proyecciones. “Se espera que el crecimiento mundial se desacelere del 5,5 % en 2021 al 4,1 % en 2022 y al 3,2 % en 2023”. Se percibe una larga caída que podría rebasar hasta el año 2023.

Además de los rebrotes continuos de COVID-19, una elevada inflación, niveles de deuda sin precedentes y una mayor desigualdad de ingresos para los países en vías de desarrollo, el BM alerta, “estrés financiero relacionado con la deuda; interrupciones por fenómenos meteorológicos extremos y desastres naturales”.

De no implementar el paquete de reformas estructurales, los Estados nación sufrirán caídas económicas severas, señala el BM. “En el mediano plazo, la falta de implementación de mejoras de productividad y otras reformas necesarias obstaculizarán el crecimiento”, dice el documento.

Se prevé que la severidad de los desastres relacionados con la crisis ambiental y climática, se recargará con más agresividad hacia los países llamados MEED. El Banco Mundial advierte que en Centroamérica y el Caribe, los riesgos por las consecuencias relacionadas con la crisis ambiental y climática, van desde “un aumento del nivel del mar, tormentas extremas más frecuentes, inundaciones costeras y erosión en el futuro”, mientras que “partes de América del Sur, incluidas las zonas agrícolas, se enfrentan a un riesgo creciente de sequía”.

Soluciones verdes

Este organismo apela a los gobiernos, a la sociedad civil y a las empresas para trabajar en conjunto para acelerar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (UKCOP 2021) como una solución al conjunto de crisis que actualmente se atraviesa a nivel global.

Lo más apremiante, según el Banco Mundial, es que “la comunidad internacional puede ayudar a ampliar el financiamiento y el desarrollo de capacidades necesarias para fomentar recuperaciones económicas verdes y resilientes en los MEED, incluso mediante el aumento de las inversiones verdes y la facilitación de una transición hacia la energía verde”.

El conjunto de políticas verdes que se han venido implementando, apegados a la Agenda 2030 de la ONU, se han justificado, en primera instancia, para reducir las emisiones de carbono, asegurando que con las “energías verdes” se logrará esto. Pero el ritmo de crecimiento y de explotación de recursos naturales (bienes comunes) no se cuestionan.

Las medidas verdes hacia las empresas y gobiernos más contaminantes han sido permisibles, en nombre del “desarrollo sostenible”. De acuerdo con el documento del BM, lo que se ha implementado son los llamados “impuestos sobre el uso de energía, los impuestos sobre el carbono y los precios de los permisos de emisión negociables”, el organismo argumenta que, estos impuestos (que funcionan como permisos de contaminación) “también son importantes para garantizar una transición ecológica sin problemas”.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, también llamado Foro de Davos, “la extracción mundial de recursos se ha triplicado de 27 mil millones de toneladas en 1970 a 92 mil millones de toneladas en 2017”, una explotación exponencial de recursos que el “desarrollo (sostenible)” continúa exigiendo. Es ahí dónde se han reflejado los índices de crecimiento económico y las capacidades de consumo.

Contabilidad ambiental

Mientras tanto, según las políticas verdes, existe la necesidad de incrustar a los ecosistemas que restan en el planeta como prestadores de servicios. Desde 2018 la Comisión Estadística de las Naciones Unidas (CENU) implementó el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económico 2012 – Contabilidad Experimental de Ecosistemas (SEEA EEA).

Esta iniciativa tuvo por objetivo, hasta 2021, “desarrollar un marco estadístico consensuado para la contabilidad de los ecosistemas, incluida la terminología, los conceptos, las definiciones y las clasificaciones acordadas para los activos y servicios de los ecosistemas tanto en términos físicos como en términos monetarios utilizando un enfoque contable”, anunció la CEPAL al concluir esta meta.

En diciembre del mismo año 2021, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la comisión regional de la CEPAL, en el Foro Nacional sobre la Contabilidad del Capital Natural y Valoración de los Servicios de los Ecosistemas, aseveró que, “la Contabilidad Ecosistémica ofrece un marco que incorpora una visión sistémica, al integrar datos biofísicos; evalúa acervos, flujos e interacciones entre los elementos del capital natural, su integridad y los vincula con actividades económicas”.

La Secretaria Ejecutiva de la CEPAL argumentó que, esta iniciativa, pretende visibilizar lo que la economía neoclásica llama, “fallas de mercado”, es decir, los costos que dejan detrás todas las cadenas productivas y nadie se hace cargo. “Se trata de avanzar en la estandarización de datos, modelos y valorización para introducir el capital natural en los sistemas de cuentas nacionales y contabilizar las interacciones con la naturaleza para rebalancear la demanda social con la capacidad de los ecosistemas de proveer bienes y servicios”, expresó Bárcena.

Aquí la pregunta obligada es ¿quién estará a cargo de la administración de estos espacios y de sus supuestos servicios?, la realidad es que, las “comunidades indígenas son las que sostienen el 80% de la biodiversidad remanente del planeta y el 17% de los depósitos de carbono naturales de la Tierra”, como lo documentó la Organización No Gubernamental (ONG) The Nature Consevancy. Esta organización, entre otras, como El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), vienen acaparando tierras indígenas y declarando “Áreas Naturales Protegidas”, “Parques para la Paz”, “Santuarios”, entre otros.

Las medidas que se han tomado en las diversas Conferencias de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, desde 1995 hasta el 2021, en ningún momento se ha planteado poner un tope a la producción de mercancías, sino solo impuestos. De la misma forma, no hay una sanción para los mayores contaminantes del planeta. Pero si existen servicios ambientales que funcionan como “permisos de contaminación”, con los llamados “créditos de carbono” que se emiten, por ejemplo, de las Áreas Naturales Protegidas. Así es como se viene materializando la Contabilidad ambiental y las políticas verdes, mercantilizando a tope los últimos ecosistemas que restan en el planeta.

Radio Zapote

Comunicado: CIPOG-EZ denuncia simulación e impunidad de parte del Gobierno de Guerrero

Fecha:22 Jan 2022

EL ACTUAL GOBIERNO DE GUERRERO SIMULA DIÁLOGO CON EL CIPOG-EZ, MIENTRAS LOS GRUPOS NARCO-PARAMILITARES Y QUIENES LOS PROTEGEN, SIGUEN IMPUNES.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red Nacional contra la Represión

A los medios de comunicación

A las Organizaciones de Derechos Humanos

22 de enero de 2022

Bien lo sabemos, que los malos gobiernos administran el país para los capitalistas y que están al servicio del dinero, de quienes con sangre y muerte generan sus ganancias, tal como los grupos narco-paramilitares. Como pueblos indígenas, siempre le daremos paso a la palabra, como ahora lo hicimos con quienes dicen gobernar al estado de Guerrero, hoy pertenecientes a eso que llaman la Cuarta Transformación, pero una y otra vez los malos gobiernos se empeñan en dejarnos claro que nos desprecian, que no les interesamos, que nuestras vidas para ellos y ellas no valen.

Luego de la última reunión entre el CIPOG-EZ, la CNDH y representantes de los 3 niveles de gobierno el pasado 19 de enero, el gobierno federal estatal y municipal, la GN, la SEDENA, la fiscalía y demás instituciones, siguen enviando a personas sin capacidad de tomar decisiones, de resolver la situación, de proponer posibilidades, de ser sensibles a nuestra situación; por supuesto, sus enviados tampoco sienten vergüenza de que nuestra lucha como pueblos, sea debido a su incapacidad de resolver al menos la situación de violencia que azota al estado de Guerrero; ni hablar de la pobreza, salud, educación. Está claro que no les interesa resolver nada, porque es justo de eso de lo que viven, de la muerte, de la pobreza, del hambre, de las necesidades del pueblo; la estrategia de los malos gobiernos es permitir que todo esté desordenado, para luego hacer como que lo resuelven, simular que escuchan al pueblo, de tal forma que la población vuelva a mirar a un mal gobierno como necesario.

Nombramos a Francisco Rodríguez Cisneros, Secretario de Gobierno del estado de Guerrero, Coronel Héctor Hernández de la Guardia Nacional, Edgar Leyva Cervantes, Director General de Asuntos Religiosos, Yuridia Melchor Sánchez, Procuradora de la Defensa de los Derechos de la Mujer, Carlos Alberto Villalpando Millán, subsecretario de Gobierno de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y más funcionarios, Directores Generales, Procuradores, Subdirectores y Subdirectoras, Jefas y Jefes, que reducen el problema de abandono y violencia en nuestras comunidades a la instalación de módulos de seguridad para la atención a los ciudadanos, a continuar con los recorridos de la GN y la SEDENA y a atender las denuncias; claro que no podía faltar la celebración de una siguiente reunión. Vemos claramente que no entienden la magnitud del problema, que minimizan la violencia que vivimos, que no ven ni escuchan, porque eso implicaría trabajar, investigar, llegar al fondo del problema, deslindar responsabilidades entre los mismos funcionarios y funcionarias que protegen a los grupos delincuenciales o que incluso son parte de éstos y así hasta encontrar la verdad y la justicia.

Nosotros y nosotras como pueblos dignos, pertenecientes al Concejo indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, bien sabemos que todos estos funcionarios son los mismos que en el pasado, con las siglas del PRI o PRD, y hoy con las de MORENA, simularon mesas de trabajo y se tomaron la foto con los niños hambrientos, con las mujeres pobres, con los comunitarios que llevamos en nuestros ojos las ausencias de nuestros hermanos y hermanas; ausencias de esas que para ustedes son sólo cifras para que en las campañas políticas próximas, puedan decir “no fueron tantos muertos como en el gobierno pasado” o bien que “ahora hubo más muertes por provocaciones de grupos opositores que quieren desestabilizar a la 4T”.

Por eso dejamos claro que no permitiremos más simulación. Si sus tiempos se miden con los calendarios del poder, con los calendarios electorales, los nuestros por las vidas de nuestros pueblos y les decimos que no vamos a quedarnos sentados en mesas de trabajo mientras quienes nos asesinan siguen libres y amenazando a nuestros hermanos y hermanas en la Montaña Baja de Guerrero. Tampoco dejaremos de denunciar que estos grupos delincuenciales que asesinan, han estado protegidos por las policías municipales, estatales, por la fiscalía, por el PRD y otras instituciones; no dejaremos de nombrar que a un lado de la Guardia Nacional hay campamentos de “Los Ardillos” y que la GN hace como que no los ve y con esa acción permite que nuestras comunidades vivan en un estado de miedo y terror permanente. Tampoco dejaremos de recordarles a ustedes, gente de la Cuarta Transformación, gobernadora del estado de Guerrero Evelyn Salgado Pineda, que al no resolver la situación de inseguridad, de muerte y violencia en nuestras comunidades, se vuelven cómplices también de los grupos narco-paramilitares como “Los Ardillos”.

¡DEJEN DE SIMULAR Y DE JUGAR CON LAS VIDAS DE LOS PUEBLOS!

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

Plataforma Digital del Movimiento Social en Oaxaca

Declaración antiminera de pueblos del Valle de Ocotlán, Oaxaca

Fecha:22 Jan 2022

H.AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLAN, OAX.
2O20-2O22 Tel. y fax. (951) 52 3 20 71

Crónicas de traiciones

En el 2018, mientras la mayoría de actores políticos de Oaxaca; activistas, líderes sociales, caciques, partidos políticos, organizaciones sociales, ONG,s, frentes, colectivos y un largo etc., se preparaban, como parte del “poderoso” ejercito electoral que llevó a la presidencia a AMLO y que
le dio la mayoría en la cámaras de representantee al nuevo ‘partido”, MORENA, aIguno,as nos preparábamos para continuar con la defensa de nuestro territorio ante un nuevo escenario incierto y con muchas dificultades, como lo predecíamos.

La REMA fue uno de los pocos referentes anti mineros, posiblemente el único, que daba la señal de alarma, AMLO continuaría con el depredador modelo extractivo minero, y no solo eso, AMLO decía que; se logrará mayor inversión de las empresas mineras canadienses.

Fue complicado una reorganizaci6n en el valle de Ocotlán, cuando autoridades municipales y agrarias así como los operadores po!íticos del valle se mezclaban con los ‘referentes’ anti mineros” de la región y parecían ser un mismo equipo.

Así escuchábamos, por ejemplo, al anterior secretario fallido de la SEMARNAT decir, en una reunión cuasí clandestina en la ciudad de Oaxaca, el 12 de diciembre del 2019 que se podria cancelar el
proyecto minero de la empresa Cuzcatlán en San José del Progreso, claro lo decía suavecito y escondido en el domicilio de una las ONG,s aliadas de la 4T.
Durante estos 3 años se intentó por todas las vías denunciar toda la serie de atrocidades que ha cometido en el valle la criminal empresa minera Cuzcatlán- Fortuna Silver Mines y buscar la atención de quienes son los encargados, ahora de este nuevo gobierno, para que se investigue y sancione a esta criminal empresa, pero, solo se han recibido promesas y más promesas, palabrería y mentiras y más mentiras disfrazadas de verdades.

El 6 de octubre del año pasado, fuimos recibidos por la propia y actual secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Albores, ahí se comprometió a una serie de compromisos que, como decimos, sólo se cumplen a medias y de forma superficial, nada que se haga algo que realmente se meta a revisar tas afectaciones de la minera.

Incluso, unos dias después de la reunión con la señora Albores, aquí en San Pedro Apóstol, el Dr. Daniel Quezada Daniel, titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia y titular de la unidad de transparencia de la SEMARNAT, enviado por la propia secretaria para dar “seguimiento” a los acuerdos, pedía un reconocimiento a la SEMARNAT y a la 4T por haber cumplido, decia él, con todos los compromisos adquiridos y haber negado la MIA, en ese momento, de Cuzcatlán, un cinismo descarado de estos funcionarios.
Así, nos enteramos por vía de los medios de comunicación el 20 de diciembre pasado que la SEMARNAT, esa secretaría que pedía reconocimiento por cumplir con su “trabajo de protección al ambiente de
nuestro valle” y que incluso nos llamaba “compañeros” en las reuniones, acababa de otorgar el permiso de ampliación por 12 altos más a la criminal empresa Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines.
Cómo se puede cambiar una decisión con Ias mentiras que se escriben en un papel? Cómo se puede cambiar una decisión después de, supuestamente, revisar por parte de expertos científicos de la
SEMARNAT una decisión así?
No nos sorprende la traición de este gobierno, todos nos han traicionado, pero si nos molesta, nos encabrona.
Hemos aprendido la lección, no se puede creer en los mentirosos, no se puede creer, en los neoliberales, no se puede creer en los pro-mineros.
Ante esta tremenda decisión de la SEMARNAT, del señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, que tal parece que la adulación que le hiciera el presidente municipal de San José del Progreso en una cartita y después los abrazos y apapachos que le dio en su última visita a Oaxaca, claro, con el apoyo de lobby minero, pudieron más que sus convicciones, claro, las convicciones que dice tener.
Tenemos claro cuál es camino a seguir y tenemos claro, ahora más que nunca, que no podemos confiar en este gobierno mentiroso y traidor.
Los pueblos que hoy firmamos ese comunicado y los que están, al igual que nosotros, en camino de hacerlo, con la decisión firme de defender nuestra tierra, continuaremos aquí en nuestro territorio dispuestos a seguir esta lucha como siempre y desde tiempos inmemoriales, defendiéndola.

Nuestra postura y nuestras declaratoria de NO A LA MINERÍA, no serán de papel o de saliva, son decisiones que haremos respetar desde nuestra ley y costumbre, con nuestra fuerza pero tambien con todo el derecho que nos da ser pueblos originarios.
Les decimos a la minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, a su ahora aliado, y seguro como nos decía a nosotros, compañero, SEMARNAT, a la 4T y al propio AMLO:

AQUÍ NO PASARÁN.

La decisión ya está tomada y nuestros pueblos ya decidieron.
No queremos minería, ni queremos empresas mineras asesinas en nuestros pueblos.

Fuera mineras de la muerte de nuestro valle.
La tierra no se vende, la tierra ae ama y se defiende.

Municipio San Pedro Apóstol, Ocotlán ,

Municipio San Pedro Mártir, Ocotlán,

Ejído de San PédroApóstol, Ocotlán

Articulación por la vida, contra la minería del valle de Ocotlán

Valle de Ocotlán, de enero del 2022.

Documento para bajar:

Escaneo0072

La Verdadera Voz del Amate

Denuncia de nuestros compañeros presos en lucha de la organización la Verdadera Voz del Amate por falta de una alimentación suficiente y de calidad

Fecha:21 Jan 2022

CERSS No 5

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

A la Sociedad Civil nacional e internacional.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Consejo Indígena de Gobierno.

A los medios de comunicación.

Al pueblo de México y del mundo.

A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad.

A lxs defensorxs de los derechos humanos y ONGs.

Al Frayba

La organización La Verdadera Voz del Amate adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

Compañeras y compañeros antes que nada el día 19 de enero del presente año denunciamos al contador Giovani Ramos Morales.

Por lo mismos que no los quieren proporcionar nuestros desayunos y comida, las cocineras siempre hacen así para que sirvan lo que corresponde como la ley marca, nos dan la mitad lo que nos dan la comida que dan es de mala calidad. Nosotros respetamos las reglas, pero no podemos soportar esos tratos. Exigimos el cambio de la cocinera si no cambia la situación. La cocinera de nombre Beti es la que comienza todo, como si mandara en el centro. Es una humillación y discriminación lo que hace esa cocinera de nosotros y al que quiere que llegue en su mano al Subsecretario Jose Miguel Alarcón y al gobernador del Estado Rutiló Escandon Cadenas.

Esas son nuestras palabras.

Presos en lucha.

German Lopez Montejo.

Abraham Lopez Montejo.

Abrelio Sanchez Perez.

CDH Fray Bartolomé de las Casas

Persiste tortura en Chiapas para fabricar culpables

Fecha:21 Jan 2022

Reunión de familiares de Yonny Ronay con personal de la ONU-DH México

Quienes suscribimos el presente pronunciamiento reafirmamos que Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) un joven mestizo, estudiante de Ingeniería Mecánica Automotriz, fue detenido de manera arbitraria el día 13 de marzo 2019 y durante tres días fue torturado junto a otras dos personas por elementos de la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGECH). Primero fue torturado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y después en Villaflores, Chiapas.

Los actos de tortura que vivió Yonny Ronay consistieron en insultos, amenazas intimidatorias, sometimiento a posturas corporales incómodas, desnudez forzada, vendaje de ojos, golpes con puños, manos abiertas, pies y planchas “de manera” en las piernas, el rostro y cabeza; asfixia con agua, asfixia con una bolsa con sustancia picante, toques eléctricos y tortura psicológica. Los primeros actos de sometimiento bajo tortura ocurrió en el sótano de la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado y posteriormente en Villaflores antes de ser llevado a la Fiscalía de Distrito Fraylesca ubicada en ese municipio.

El día 14 de marzo del 2019, se le expuso en medios de comunicación como parte de una banda criminal con armas de grueso calibre. No obstante, en la noche del día 15 de marzo se le concedió su libertad, ya que la Fiscalía de Alto Impacto alegó que a Yonny Ronay solamente se la había encontrado una navaja multiusos.

La noche de su liberación, frente a su familia, Yonny Ronay fue detenido de nueva cuenta a solicitud de la Fiscalía de Distritoo Fraylesca, acusándolo de homicidio y robo. La orden de aprensión había sido solicitada el mismo 15 de marzo de 2019. Yonny Ronay fue trasladado al municipio de Villaflores, mientras tanto, durante el trayecto fue nuevamente torturado. Desde entonces está privado ilegalmente de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 08 de la Cuidad de Villaflores, Chiapas.

De acuerdo con la documentación del Frayba, la Fiscalía de Alto Impacto utilizó su licencia de conducir para colocarlo como testigo de cargo de un supuesto delito de robo ejecutado con arma de fuego de uso exclusivo del Ejército el día 24 de abril de 2019. De esta manera la Fiscalía de Alto Impacto falsificó el testimonio y firma de Yonny Ronay, con los cuales inculparon y sentenciaron a las dos personas privadas de la libertad en el CERSS No. 14 “ El Amate” en la Cuidad de Cintalapa, Chiapas.

En el caso del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la investigación pasó a la Fiscalía General de la República (FGR), quien concluyó que Yonny Ronay no pudo haber sido testigo de esos delitos porque ya se encontraba detenido desde el 13 de marzo de 2019. Así mismo, indicó que la Fiscalía General del Estado de Chiapas había simulado pruebas contra de las dos personas por el delito de robo y portación de armas. La FGR a sabiendas de los delitos cometidos por los servidores públicos del estado, no emprendió ninguna acción para investigar y sancionar las conductas ilícitas desplegadas por los servidores públicos.

A pesar de contar con pruebas ilícitas dentro de su proceso penal, Yonny Ronay fue sentenciado a 31 años de prisión el mes de septiembre del año pasado. Ante esa determinación judicial, la defensa apeló y se logró reponer el proceso, motivo por el cual la audiencia de juicio oral se llevará a cabo el 21 de enero de 2022 a las 13 horas, en el Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuidad de Villaflores. Debido a las violaciones al debido proceso, presunción de inocencia, juicio justo e imparcial cometidos contra Yonny Ronay, hacemos un llamado al Juez para efectuar un fallo que garantice la protección más amplia de los derechos humanos.

Desmentimos la afirmación del gobierno federal que la tortura ya está erradicada en nuestro país. Manifestamos nuestra preocupación de que este tipo de violaciones graves a los derechos humanos se siga dando en el actual sistema penal acusatorio. Existe “una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención” como ha señalado el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Y que las autoridades mexicanas deben “Pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley, estará sujeto a enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas…”1 Las autoridades deben comprometerse a llevar a cabo acciones que erradiquen la impunidad arraigada de manera profunda en las distintas esferas de la administración pública.

Por lo anterior, solicitamos:

• Que el Juez penal responsable del juicio oral a efectuarse el día 21 de enero de 2022, tome en cuenta las pruebas que acreditan que Yonny Ronay Chacón González es inocente y le otorgue la libertad inmediata.

• Como consecuencia de la privación arbitraria e ilegal de la libertad y tortura el Estado mexicano repare todo el daño que ha causado tanto a él como a sus familiares.

• Investigar exhaustivamente las violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso.

Suscriben

Familiares de Yonny Ronay Chacón González
Colectivo de Familiares de Presos en Lucha
Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República)

Personas, organizaciones y colectivas internacionales

Fionn O’Sullivan, London, Reino Unido; Dr Joey Whitfield, Universidad de Cardiff, Gales; Taula per Mèxic. Asociación por la Paz y los Derechos Humanos en México; Asamblea de Solidaridad con México – ASMEX País Valencià; Canopia Cooperativa Valenciana; Perifèries del Món, València; Taller Ahuehuete_México; Compagnie Tamèrantong – Paris, FRANCIA; Solidaridad Internacional Andalucía; CGT. Confederación General del Trabajo, España; Federación Unión Africana, España; Colectivo Acción Solidaria, Viena, Austria; CEDSALA. Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África; Lêgerîn Azadî, Colectiva No Mixta Transfeminista de Apoyo al Movimiento de Liberación del Kurdistan; colectivo «Zapateria Toulouse» ; colectivo (Scotland Zapatista); CSOA l’Horta; Marea Verde Valencia; ACUDES Valencia; Uhuru Valencia; Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá; Hijas de Alkebulan – Panamá; Lumaltik Herriak. Asociación por la Cooperación y el Desarrollo entre los pueblos; Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai – Barcelona, Catalunya; Asamblea Libertaria Autoorganizada «Paliacate Zapatista» – Grecia, Centro de Documentación sobre Zapatismo -Cedoz-; Colectivo Armadillo – Finlandia.

1 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MEX/CAT_C_MEX_CO_7_34944_S.pdf

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
20 de enero de 2022
Pronunciamiento conjunto

Descarga el pronunciamiento en PDF aquí: Pronunciamiento conjunto sobre la libertad de Yonny Ronay

Radio Zapote

Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte | 17 de Enero 2022

Fecha:20 Jan 2022

Los y las representantes y miembros de pueblos originarios, organizaciones y colectivos provenientes de distintos puntos de esta geografía llamada México, nos reunimos el 15 y 16 de enero de 2022 en el Altepelmelcalli en el Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, con el objetivo de dialogar, compartir nuestras luchas y discutir propuestas de organización y articulación para enfrentar esta guerra ilegal e ilegítima contra los pueblos originarios afectados por los megaproyectos que sangran nuestros territorios, la madre naturaleza y a la humanidad entera.

Compartimos nuestras luchas en mesas de trabajo en donde realizamos un análisis conjunto enfocado en tres ejes: la guerra contra los pueblos, la ley de los Pueblos frente al Acuerdo Presidencial del 22 de noviembre 2021, así como propuestas de Acción.

CONSIDERAMOS:

Que la instalación de gasoductos en diversas geografías de nuestro país desde el territorio yaqui, pasando por Juanacatlán y Lagos de Moreno, Jalisco, Hidalgo, la Sierra Norte y centro de Puebla, Morelos, Tlaxcala y en el Istmo de Tehuantepec, así como en otros países como en el sur de Italia, se está llevando a cabo mediante la imposición, el uso de la fuerza pública, la criminalización, el despojo e incluso el asesinato de compañeros defensores como lo es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes. Que estos gasoductos no son para beneﬁcio de los pueblos y la humanidad, sino para los grandes capitalistas que tienen la intención de incrementar la industrialización en nuestros territorios afectando la vida de miles de mujeres y hombres que se dedican al campo y otras actividades diversas, queriendo estos capitalistas convertirnos en esclavos de la industria en nuestras propias tierras, viendo cómo se deteriora nuestra salud y se incrementan sus ganancias a costa de la contaminación que generan.

Que existe una guerra que tiene 529 años cimentada sobre el despojo. Una guerra que destruye el territorio y la vida y que también atenta contra los pueblos originarios, contra nuestros saberes, nuestra cultura, nuestras comunidades, así como contra los y las defensoras del territorio. Es una guerra racista, clasista, colonialista y patriarcal a la que nos enfrentamos en lo local y en lo global, que nos ve a nuestros pueblos y territorios como recursos a extraer. Se realiza a través de la militarización de nuestros territorios por el ejército o el narco, lo que es una evidencia más de esta cuarta guerra contra los pueblos originarios. Esta guerra pretende un exterminio de la diversidad cultural y biológica, que resulta en cambios climáticos y amenaza al mundo entero.

Que el Decreto Presidencial del 22 de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes deﬁenden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan, intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal en contra de quienes defendemos la vida y nuestros territorios, a través de declarar los megaproyectos de interés público, seguridad nacional y autorizarlos en un plazo no mayor de 5 días, al margen de toda protección ambiental y del derecho de autodeterminación de nuestros pueblos. Hoy su discurso de legalidad vuelve a ser la colonización y muerte, pues hace tan solo cien años, era legal matar yaquis y hoy es legal matar nuestra madre tierra y nuestros derechos como pueblos originarios, los primeros pobladores de estas tierras que han llamado México.

Que frente a esta nueva embestida se hace necesario entonces fortalecer la ley de los pueblos, a través de la autonomía y del control del territorio, lo que sólo es posible a través del fortalecimiento del tejido social y de la organización comunitaria. Como pueblos originarios, al existir desde antes de la constitución del Estado Mexicano tenemos derecho a que sean respetados nuestros sistemas normativos propios y para ello debemos continuar luchando a través de diferentes herramientas, que incluyen la organización comunitaria, las acciones directas, la defensa jurídica y la creación de proyectos de vida y formas de energía sustentables. Que debemos trabajar para construir la justicia de los pueblos, basada en la autodeterminación, que contenga la palabra de las mujeres, de la juventud y de la niñez, y que responda a los tiempos de los pueblos y no a los del gobierno.

Compartimos este análisis en asamblea y decidimos llevar a nuestros pueblos, colectivos, organizaciones barriales, vecinales los siguientes

ACUERDOS Y PROPUESTAS
PRIMERO: Realizar una Caravana de los Pueblos por la Vida y Contra los Megaproyectos del 22 de marzo al 22 de abril. Esta caravana será de relevos, recorriendo distintos puntos de lucha y atendiendo al calendario de las resistencias de la defensa de la vida. La Caravana iniciará el 22 de marzo en el Altepelmelcalli, Casa de los Pueblos, Juan C. Bonilla, en el primer aniversario de la toma de Bonafont y día Mundial del Agua.

La Caravana llegará a la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes en la Ciudad de México, los días 8 y 9 de abril y a Santiago Mexquititlán, territorio Otomí, el día 10 de abril, aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata.

La Caravana cerrará el día 22 de abril, día de la Jornada Global contra el Corredor Interoceánico y los Megaproyectos de Muerte “EL ISTMO ES NUESTRO”, en el Istmo de Tehuantepec, y Día de la Tierra . Convocaremos a acciones dislocadas que se sumen al cierre de la Caravana a través de las distintas geografías.

La Caravana también llegará al territorio del Consejo Regional Totonaco y al del Movimiento Agrario Indígena Zapatista en Tehuacán, Puebla, en una fecha por deﬁnir.

La Red Futuros Indígenas acuerparán las estrategias de comunicación de la Caravana. La Campaña Luces de las Resistencias donará material didáctico para la campaña.

Más puntos de ruta se deﬁnirán próximamente, en colectivo.

SEGUNDO: Nos sumamos al calendario de las resistencias

20-25 de febrero – MAIZ invita acompañar la acción de búsqueda del compañero Sergio Rivera en la Sierra Negra de Puebla.

29 y 30 de enero – Encuentro Nacional de Comunicación en Defensa del Territorio y la Vida, en Tehuacán, Puebla.

16 de Febrero – En el Marco de 26 Aniversario del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, se realizará un Foro en la Casa de los Pueblos y Comunidades “Samir Flores Soberanes”, Comunidad Indígena Otomí, CDMX, además de acciones dislocadas en cada región, comunidad y organización.

20 de febrero – Tercer Aniversario del Asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, con acciones articuladas en nuestras comunidades y territorios.

TERCERO: Realizar un Encuentro de Juventudes e Infancias en defensa de la vida y el territorio

Onergia cooperativa se suma al Encuentro para capacitación en alternativas energéticas La Red Futuros Indígenas se suma a este Encuentro

Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte: Pueblos Unidos-CNI-CIG, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala-CNI-CIG, Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Foro Nacional de las Resistencias y Alternativas de los Pueblos, Heroico Pueblo de Loma de Bácum, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-CNI-CIG, Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla e Hidalgo, Futuros Indígenas, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Red Luces de la Resistencia, Un Salto de Vida, Lucha contra el Gasoducto en Lagos de Moreno-CNI-CIG, Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio-CNI-CIG, Consejo Regional Totonaco, Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México-Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, CNI-CIG

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Campaña Nuestra lucha es por la Vida

Fecha:20 Jan 2022

El 08 y 09 de enero del 2022 se realizó la Caravana de solidaridad y documentación con la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio, que tuvo por objetivo documentar las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por el grupo de “Los 40 invasores” en contra de niñas, niños, hombres, mujeres de la comunidad autónoma zapatista.

Como resultado de esta Caravana, las organizaciones, colectivos, redes y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona que participaron, presentaron un informe que da cuenta de la continuidad de las agresiones contra integrantes de la comunidad Nuevo San Gregorio, perteneciente al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, Junta de Buen Gobierno: Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, en la zona de Patria Nueva, territorio recuperado en 1994 por el EZLN.

Con la intención de que más y más personas se enteren de la guerra que se emprende contra las comunidades zapatistas, nosotros, nosotras, nosotroas hemos decidido impulsar la campaña Nuestra lucha es por la Vida, que busca desplegar toda nuestra solidaridad con las comunidades zapatistas y exigir el alto a la guerra en la comunidad Nuevo San Gregorio y en otras comunidades en resistencia y rebeldía.

Invitamos a otras colectividades y personas a que, durante el mes de enero del 2022, sumen su solidaridad a esta campaña desde sus geografías y según sus modos e imaginación.

NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA.
Solidaridad con los pueblos zapatistas.
Alto a la guerra en Nuevo San Gregorio.

Mexicogruppen. Foro Internacional de Dinamarca
Adherentes a la Sexta Internacional (Argentina)
Mujeres y la Sexta
Red MyC Zapatista
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI, AC)
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR)
Espacio de Mujeres adherentes a la Sexta (Valle de Jobel)
Defensoras Comunitarias (valle de Jobel)
Colectivo de Familiares de Presos en Lucha
Adherentes individuales a la sexta (valle de Jobel)
Promedios de Comunicación Comunitaria
Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ
Acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Red Universitaria Anticapitalista (Ciudad de México)

Adhesiones:
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Raíces sin Fronteras
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas
London Mexico Solidarity
La Comuna
Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria
Asociación Nuestramericana de Estudios Interdisciplinarios en Crítica Jurídica, ANEICJ
Zapatista Solidarity Network
Women of Colour Global Women’s Strike
Grietas en el Muro, espacio de coordinación
Colectivo de Mujeres Tejiendo Resistencias
Colectivo Renovador Estudiantil Autónomo-UNAM
Coordinadora de Estudiantes y Colectivos de la Facultad de Derecho-UNAM
El Terreno del Tío Chayote
Los Zurdos
Colectivo Caracol de la Vida Morelos
Mexicanos Unidos
Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan
Colectiva de Mujeres que Luchan-RRR Xalapa
RRR Bien Contreras
La colectiva corazón del tiempo (Puelmapu Norpatagonia Argentina)
Desde el Margen (Ecuador)
GeoBrujas, comunidad de geógrafas

Más adhesiones: ajmaq_chiapas@riseup.net

Nuestraluchaesporlavida

Caravana solidaria

EZLN

Lxs Zapatistas no estan solxs

Nuevo San Gregorio

Radio Zapote

Accion Urgente: Exigimos la presentación con vida de los comuneros de San Juan Lajarcia

Fecha:19 Jan 2022

ACCION URGENTE.

Al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

A la Lic. Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al Lic. Adán A. López. Secretario de Gobernación.

Al Lic. Alejandro Murat, Gobernador del Estado de Oaxaca.

Al Lic. Francisco Garcia, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca.

Al Presidente de la Defensoria de los Pueblos de Oaxaca.

Al Lic. Arturo Peimbert, Fiscal General del Estado de Oaxaca.

El día de hoy 18 de enero del año de 2022, la comunidad zapoteca de San Juan Lajarcia denuncio el secuestro de los comuneros Ignacio Altamirano, Cayetano Bautista Sánchez y José Escudero Domínguez, el primero de ellos Presidente del Consejo de Vigilancia de dicha comunidad, además otros tres comuneros se encuentran desaparecidos. Este secuestro fue perpetrado por un grupo armado de la comunidad de San Bartolo Yautepec.

Desde hace dos años la comunidad de San Juan Lajarcia ha venido requiriendo a los gobiernos del presidente López Obrador y del estado de Oaxaca Murat Hinojosa su intervención directa ante la presencia de un grupo armado, que ha venido intimidando a los campesinos de dicha comunidad, pero a pesar de dicho llamado, hasta ahora la intervención gubernamental ha sido insuficiente. Es importante señalar que el conflicto que enfrentan ambas comunidades se ha agudizado por la presencia de una empresa cementera.

Las organizaciones indígenas, campesinas, de Derechos Humanos, Sindicales, de mujeres y del movimiento urbano popular de 14 estados del país que suscribimos la presente les solicitamos su intervención inmediata para evitar una tragedia y de que se sigan violando los derechos de la comunidad indígena Zapoteca de San Juan Lajarcia.

EXIGIMOS LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS COMUNEROS SECUESTRADOS.

18 de enero del 2022.

Atentamente

Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, LAVIDA, EDUCA, Pobladores, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas-Oaxaca, Corriente del Pueblo Sol Rojo, CAMPO, Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta, Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano, Consejo Indigena del Uxpanapa, Cooperativa Tepeyolo “Corazón de la Montaña”, Grupo de Trabajo “Fronteras, Regionalización y Globalización” de CLACSO y Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, Resistencia Civil del Istmo Oaxaca-Veracruz. CNPA-MN, Coordinadora Nacional de Usuarias y Usuarios en Resistencia (CONUR), Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad, Nuiwari de Nayarit; Fuerza Social Choapense AC. Sección 22 del SNTE, Grupo Latinoamericano de Estudios Formación y Acción Feminista (Glefas).

Avispa Midia

Dos periodistas asesinados en México en lo que va del 2022

Fecha:17 Jan 2022

Por Sare Frabes

^{En portada: Margarito Martínez, fotógrafo que también laboraba como fixer para fotoperiodistas y reporteros extranjeros en Tijuana. Octubre de 2019. Foto: John Gibbins/The San Diego Union-Tribune}

No ha pasado ni un mes del año 2022 y en México ya se reportan dos periodistas asesinados.

El primer caso es el homicidio del director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, quien falleció después de haber sido apuñalado el pasado 10 de enero en el Puerto de Veracruz. La segunda agresión se registró este lunes (17) con el asesinato del fotógrafo Margarito Martínez quien recibió disparos en la puerta de su vivienda, en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Solo en el año pasado, México reportó nueve periodistas asesinados, con lo cual el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) colocó a dicho país como el más mortífero del mundo para ejercer el periodismo.

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Gamboa era fundador de una página de noticias semanales llamada El regional del Norte o Inforegio, mediante la cual divulgaba artículos noticiosos. Mediante esta plataforma y el uso de redes sociales, Gamboa compartió las supuestas conexiones entre el crimen organizado y élites políticas de Veracruz.

El grupo de prensa Reporteros sin Fronteras escribió que “Gamboa había denunciado y criticado fuertemente las relaciones entre las autoridades locales y el crimen organizado”.

Por su parte, el fotógrafo Margarito Martínez era conocido por cubrir escenarios de violencia en Tijuana. Trabajó para el medio local Cadena Noticias, así como para otros medios nacionales e internacionales.

Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre del 2018, se han registrado 48 periodistas asesinados en el país.

En una entrevista para medios internacionales, Jan-Albert Hoosten, integrante del CPJ, mencionó que México es la única nación donde los niveles de violencia letales contra los periodistas no han cambiado, sino que se mantienen con los distintos Gobiernos: “La violencia es una constante. Y la conclusión después de tres años de Gobierno de López Obrador es que no solo no ha podido resolver las decenas de asesinatos de periodistas, defensores y activistas, sino que ha hecho muy poco para prevenirlos”.

De acuerdo a la CPJ, los asesinatos de periodistas en México desde 1992 alcanza una cifra de 138, mientras que la organización Artículo 19 contabiliza 145 agresiones desde el año 2000.

Avispa Midia

Pruebas demuestran violencia sexual contra mujeres Achi como táctica de guerra en Guatemala

Fecha:17 Jan 2022

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Mujeres achí presentes en el juicio histórico. Foto: Juan Calles / Prensa Comunitaria}

“Se ha evidenciado como Guatemala implementó desde su política contrasubversiva la estrategia para atacar el cuerpo de las mujeres”, afirmó Lucía Xiloj, abogada de 28 víctimas de violaciones en el conflicto armado interno (1960 y 1996), durante el transcurso de la segunda semana del juicio histórico que se realiza en el país centroamericano.

Este lunes (17) arranca la tercera semana de audiencias para juzgar a cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), quienes son señalados por delitos de lesa humanidad como violencia y esclavitud sexual contra 36 mujeres originarias de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, durante los años de 1980 a 1985.

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“Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal y llevadas al destacamento militar en donde fueron víctimas de violaciones sexuales públicas y continuas”, relató la abogada Xiloj, integrante del Bufete Jurídico Popular de Rabinal para medios internacionales mientras se desarrollaban las audiencias.

De acuerdo a la litigante, el proceso ya avanzó con la muestra de un total de 20 pruebas periciales, por lo cual esta semana continuarán las declaraciones testimoniales. “Mas o menos nos vamos a llevar como dos semanas más para diligenciar todas las pruebas”, contextualizó Xiloj para entrevista con el medio Ruda GT.

40 años sin justicia

La abogada Xiloj hizo un recuento del proceso para que actualmente se juzgue a los ex patrulleros. Fue en el año de 2011 cuando 11 de las mujeres presentaron una denuncia por los hechos de violencia que sufrieron, a la cual se sumaron más víctimas hasta llegar a 36 casos. Las mujeres tenían entre 12 y 56 años, al momento de las agresiones y cuatro de ellas eran menores de edad.

Entre los testimonios escuchados durante las pasadas audiencias se encuentran los de las hermanas Margarita Alvarado Enríquez y Marcela Alvarado Enríquez, quienes señalan a Damián Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxum Alvarado de violarlas. Por su parte, Pedrina de Paz señala a Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino ex patrulleros acusados en este juicio, de violarla y provocarle daños permanentes. Francisco Cuxum Alvarado es el quinto acusado.

Estos actos criminales ocurrieron durante los primeros años de la década de los ochentas, por medio de la doctrina de “tierra arrasada”, aplicada bajo el régimen de Ríos Montt, mediante la cual el dictador se ensañó contra las comunidades rurales e indígenas a quienes acusaba de colaborar con los grupos guerrilleros. Para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, esto constituyó una práctica de genocidio “en contra de grupos del pueblo maya” por parte de agentes del Estado.

Por ello, y a pesar de 40 años de espera, las mujeres maya Achi viajan más de 100 kilómetros para asistir a las audiencias que construyen el juicio contra algunos de los autores materiales de estos crímenes.

“Sí ha habido un avance importante para empezar a acreditar esta situación, este contexto que es muy importante en caso de justicia transicional, tal como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, al escuchar a las voces de las propias víctimas se va a terminar de acreditar la responsabilidad de las personas en específico que están siendo acusadas en el presente proceso”, remarcó la abogada Xiloj.

Por su parte, la abogada representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó la prescripción de delitos y el deslinde del Estado de Guatemala del caso pues, según su argumentación, los acusados nunca fungieron como funcionarios públicos ni como miembros de ninguna institución de gobierno.

Como respuesta, la jueza Jazmín Barrios declaró sin fundamento la primera petición ya que en el derecho nacional e internacional las graves violaciones a derechos humanos no prescriben, mientras argumentó que, ante la segunda petición, se resolverá al dictar sentencia en el momento de concluir el debate oral y público.

Violencia contra los cuerpos

En la audiencia del 7 de enero, la primera en declarar ante el tribunal fue Aura Estela Cumez, antropóloga enfocada en el tema de género, quien presentó un peritaje sobre violencia sexual. Ella afirmó que su investigación muestra que los hechos cometidos contra las mujeres maya Achi tienen claros elementos de racismo y tácticas de guerra contrasubversiva.

“Durante el Conflicto Armado Interno, las comunidades Maya Achi fueron ocupadas y controladas por el ejército que operaba desde un destacamento y campamentos militares en coordinación con comisionados y Patrullas de Autodefensa Civil, organizadas para reprimir, eliminar y destruir a las comunidades consideradas enemigo interno”, detalló Cumez, para quien esta forma de actuar de los patrulleros en contra de las mujeres Achi evidencia una planificación militar.

A su vez, el doctor Cristian Ruiz presentó un dictamen médico tras evaluar a 31 víctimas de la violencia y, por su parte, el antropólogo José Angel Zapeta enfatizó el dolor de las mujeres tras lo sucedido.

Violencia contra el territorio

Fue durante esa misma audiencia que la doctora Irma Alicia Nimatuj presentó un peritaje basado en las historias de vida de 35 mujeres Achi.

Dentro de los hallazgos de Nimatuj, la doctora enfatizó cuatro esferas en las que se produjeron los delitos que hoy están siendo juzgados: profanación, violencia sexual irracional, explotación sexual y violencia sexual verbal.

Nimatuj también destacó que la represión contra las mujeres Achi se originó desde la construcción de la represa en el río Chixoy. En orden para consolidar este proyecto hidroeléctrico, que contaba con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, fueron violentamente desplazadas comunidades mayas Achi.

Aunado a ello, 440 indígenas Achi fueron asesinados por el Ejército de Guatemala acusados de pertenecer a la guerrilla, para luego reprimir a las mujeres sobrevivientes.

“Allí inician los tratos crueles y la violencia sexual contra niñas y ancianas (…). En las historias de vida se evidencia que la violencia adoptó patrones comunes: llegada violenta de ejército, patrulleros y judiciales, luego persiguieron a los líderes comunitarios, después asesinaron o desaparecieron a los hombres adultos para después torturar y violar a las mujeres sin importar su edad o estatus. Arrasaron y quemaron sus casas junto a sus pertenencias e instrumentos de trabajo y bienes espirituales, cuando capturaban a las mujeres quienes buscaban comida, medicinas o agua las recluían en destacamentos militares para interrogarlas y violarlas masivamente”, afirmó Nimatuj.

Para la doctora Nimatuj, la violencia sexual fue utilizada como una táctica de guerra. “La violencia sexual se institucionalizó para someter a las mujeres Achi, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad”, explicó.

*^{Mujeres achí presentes en el juicio histórico. Foto: Juan Calles / Prensa Comunitaria}*

Testimonios

En la audiencia del jueves (13), Arsenio García explicó el “análisis de los estándares internacionales de credibilidad en casos de violaciones de derechos humanos” mediante el cual concluyó que los testimonios de 33 mujeres Achi son creíbles, congruentes, tienen concordancia y coherencia.

“Los testimonios coinciden en relatos de tortura física y sexual, uso de destacamentos como lugares de tortura, desapariciones y asesinatos de familiares y otras personas de comunidad, quema de casas, desplazamiento forzado, robo de objetos y animales, violencia y esclavitud sexual de los victimarios”, señaló García.

“Llevamos 40 años esperando justicia, antes nos daba vergüenza hablar de lo que nos hicieron, pero hoy estamos contentas porque ya estamos en audiencia, esperamos que ahora si nos hagan justicia”, declaró Antonia Valey, otra de las víctimas que espera justicia en los tribunales de Guatemala.

Con información de Ruda GT, Prensa Comunitaria y Prensa Libre

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