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Avispa Midia

Perú | Líderes indígenas entre persecución política y amenazas de narcotráfico

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Pardo

En portada: Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene

El proceso contra el indígena asháninka Ángel Pedro Valerio por un caso de desaparición de personas en Perú, en base a testimonios anónimos, es un peligroso precedente para los defensores de territorios que se enfrentan al narcotráfico.

El investigado es presidente de la Central Asháninka del Río Ene (Care), organización que representa a 19 comunidades nativas, 25 anexos, dos pueblos en aislamiento y dos en contacto inicial, en la Amazonía peruana.

A inicios de septiembre, el Poder Judicial notificó al dirigente que se le imputa haber participado en los hechos ocurridos entre el 14 y 15 de abril en el distrito Río Tambo (región Junín), durante un paro en protesta por el asesinato del líder indígena Santiago Contoricón a manos del crimen organizado.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la policía pidió al Ministerio Público declarar en reserva la investigación, sostenida por declaraciones de tres supuestos testigos oculares que señalan a Ángel Pedro Valerio en la retención de los hasta hoy cuatro desaparecidos.

De esta forma, el órgano policial y la fiscalía evitaron que se le informara sobre la investigación al imputado hasta la proximidad de la orden de captura. El montaje se descubrió al demostrarse que los días en que los testigos lo ubican en el escenario del delito el dirigente participó en el Congreso Ordinario Asháninka, celebrado a 12 horas del lugar. Hay videos y testigos que lo confirman.

“La Dirincri creó la figura del testigo protegido, (pero) la fiscalía tiene la obligación de informar de la investigación, no emitir directamente una orden de detención. Es grave, estamos en situación de que a cualquier persona la declaren testigo protegido y solo basta su testimonio para limitar derechos, como la detención preliminar. Se pueden crear testigos. Vemos que pasan de defensores a investigados, este es el caso más fuerte, pero no el único, hay otras autoridades o jefes que denunciaban tala, deforestación y ahora los acusan de ello”, señaló a Avispa Mídia Irupé Cañari, abogada del dirigente indígena.

Además, para la defensa de Ángel Pedro Valerio, llama la atención que entre los ocho acusados se incluya a dos dirigentes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), cuando la protesta fue convocada por líderes de comunidades fuera de esta zona.

De momento se le retiró la orden de detención preliminar, pero no se le excluyó del proceso.

Avance de la coca

El avance de los cultivos de coca en territorios ancestrales de la etnia asháninka crece en los últimos años. Como resultado, al menos 20 dirigentes de la Care se encuentran bajo amenazas de las mafias de tráfico de drogas y tala ilegal. Las comunidades que conforman la organización se localizan dentro del Vraem, zona declarada en emergencia, desde 2008, por la actividad del narcotráfico en alianza con remanentes de Sendero Luminoso.

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“Desde hace muchos años luchamos contra el narcotráfico, el cultivo ilegal. Denunciamos cuando hay invasiones en territorios comunales, pero no vemos respuestas inmediatas. La semana pasada el Ejército y la Marina ingresaron a las comunidades, por primera vez, pidieron firmar documentos en blanco. Como pueblo, es una criminalización. Queremos que lo excluyan definitivamente de la investigación”, declaró para Avispa Mídia Janet Velasco, integrante del consejo directivo de la Care.

“El narcotráfico se ha agudizado, tiene como fachada a cocaleros pobres, es la fachada. Se ha visto un crecimiento del cultivo de la coca que vulnera territorios indígenas. El narcotráfico y los cocaleros con influencia en el Estado aprovechan estas desapariciones para evitar la erradicación (del cultivo ilegal)”, considera la defensa del líder asháninka.

Herramientas legales

Un inminente nuevo instrumento legal para intimidar, estigmatizar y judicializar a la población será la Policía del Orden y Seguridad. El Congreso aprobaría antes de fin de año la propuesta del Ministerio del Interior (Mininter) de implementar una nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), integrada por agentes con solo un año de preparación y licenciados de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo al Mininter, el cuerpo policial brindará “servicio de prevención de la delincuencia y de proximidad para la convivencia pacífica”.

Desde diciembre de 2022, policías y soldados asesinaron a 50 personas durante protestas en regiones de mayorías quechuas y aymaras. En las últimas marchas masivas contra el gobierno, en julio, se siguió utilizando policías de civil para detener a manifestantes y se sumaron las denuncias de torturas.

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Ante estas formas habituales, los colectivos reunidos en el Comité Nacional Unificado de Lucha advierten que se busca la formación de un escuadrón militarizado, con fines políticos.

Los modelos citados por la cúpula de las fuerzas de seguridad del Perú son la Esmad de Colombia y los casos recientes de Chile y Francia, donde se registran cientos de asesinatos, mutilaciones y violaciones a los derechos humanos. La brutalidad policial en los estallidos sociales de los últimos años en estos países es el ejemplo “exitoso”.

El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, sostiene que la Policía del Orden reforzará la seguridad en zonas rurales. Eso se traduce, para pueblos y colectivos, en más violencia racial aplicada con letalidad en territorios de poblaciones originarias y campesinas. Como ejemplo, la represión estatal contra las manifestaciones massivas en los últimos meses cuenta con 49 víctimas en localidades andinas y una en la capital, Lima.

La violencia racista también se reproduce en los discursos públicos, en la cabida a mensajes de odio en medios de comunicación locales, lo que fue denunciado este mes ante el Ministerio de Cultura por parte de la organización asháninka, sin respuestas relevantes.

Desde el Estado, además, se pretende criminalizar y censurar a la prensa, con un proyecto de ley que considera como instigadores de disturbios a periodistas que informen sobre convocatorias de protestas. El Ejecutivo propone modificar el Código Penal para incluir en este delito a “comunicadores que utilizando medios de comunicación han convocado a marchas, incluso incitando la violencia”. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen, que pasará a votación definitiva.

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Concejo Indígena Y Popular De Guerrero Emiliano Zapata CIPOG-EZ

CIPOG-EZ denuncia desaparición y asesinato de la compañera Albertha Santos Tomás y el compañero José Juan Hernández Fiscaleño

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Misión Civil de Observación Sexta
A los Pueblos del Mundo que resisten la hidra capitalista
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que
nunca fueron conquistados
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
A los medios de Comunicación y
Al pueblo en general

Hacemos un llamado urgente a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, Congreso Nacional Indígena, Concejo Indígena de Gobierno, Misión Civil de Sexta, a la Europa Insumisa, medios libres e independientes, al pueblo de Guerrero y a todo el pueblo México: NOS SIGUEN DESPARECIENDO y ASESINANDO.

El día 26 de septiembre de 2023, la compañera ALBERTHA SANTOS TOMAS y el compañero JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ FISCALEÑO, ambos de la Comunidad de Alcozacán, se encontraban de visita en la comunidad de San Jerónimo Palantla, en el Municipio de Chilapa de Álvarez, salieron de dicha comunidad rumbo a Alcozacán en una moto color gris, pero fueron DESAPARECIDOS y ASESINADOS el 27 de septiembre; sus cuerpos fueron encontrados en el lugar conocido como la Tranca en el corral a la entrada de San Jerónimo Palantla en el Municipio de Chilapa de Álvarez.

BONIFACIO XOCHITEMPA TLALXINTLI, de la comunidad de Xochitempa en la montaña baja de Guerrero, en el municipio de Chilapa de Álvarez, fue ASESINADO extrajudicialmente en la cabecera municipal el día 12 de septiembre del presente año, por hombres armados, en la base de trasporte público con destino a Alcozacán.

ESTEBAN XOCHITEMPA TEPEXCO y su hijo JUAN XOCHITEMPA MACARIO de 16 años, ambos de la comunidad de Xochitempa, de la montaña baja de Guerrero, son ASESINADOS EXTRAJUDICIALMENTE, el día 13 de agosto del presente año en la gasolinera del municipio de Chilapa.

Por los hechos ocurridos RESPONSABILIZAMOS A CONSTANTINO CALVARIO CAMERINO, EFRAIN TORRES FIERRO y CLEMENCIA GUEVARA TEJEDOR, integrantes del Frente de Defensa Popular- Frente Popular Francisco Villa México Siglo XXI, actualmente pertenecientes al partido político MORENA, líderes de la Comunidad de San Jerónimo Palantla y que hoy en día trabajan para el grupo  delincuencial “LOS ARDILLOS” DENUNCIAMOS QUE ESTAS PERSONAS SE VICULARON HACE UNOS AÑOS CON EL GRUPO DELINCUENCIAL “LOS ROJOS”, hasta la detención de su líder, AHORA TRABAJAN CON “LOS ARDILLOS”, entregan a nuestros compañeros a manos de la delincuencia organizada, se benefician a sí mismos dando una imagen de organización popular, cuando la realidad es que con sus acciones terminan siendo parte de los grupos narco-paramilitares.

LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD, para EXIGIR QUE SE DETENGAN LOS CRIMENES EN CONTRA DE NUESTRAS COMUNIDADES, se está perpetrando un GGENOCIDIO por el hecho de resistir a este sistema capitalista. El Gobierno Federal, Estatal y Municipal sabe de estos crímenes, pero lo invisibiliza, lo niega y tiene el descaro de decir que en Guerrero primero los pobres.

Es URGENTE organizarnos para frenar todos estos delitos cometidos en nuestra contra, el Gobierno es incapaz de dar una solución a la violencia que se vive día a día en Guerrero, ellos saben y saben bien donde se encuentra el máximo líder de “LOS ARDILLOS” CELSO ORTEGA JIMENEZ, quien tiene encuentro privados con la alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández Martínez.

“EXIGIMOS ALTO TOTAL A LAS DESAPARICIONES Y ASESINATOS A LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS QUE CONFORMAMOS EL CONCEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA (CIPOG-EZ)».

“JUSTICIA POR NUESTROS COMPAÑEROS ASESINADOS EN LA CIUDAD DE CHILAPA” “LIBERACIÓN DE NUESTRO COMPAÑERO GODOFREDO CORTEZ REYES SENTENCIADO POR UN DELITO FABRICADO POR LA FISCALÍA Y EL GOBIERNO ESTATAL” EXIGIMOS JUSTICIA PARA NUESTROS MUERTOS, DESAPARECIDOS Y RETENIDOS INJUSTAMENTE.

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!
¡VIVAN LOS PUEBLOS INDIGENAS!
¡VIVA EL CONSEJO NACIONAL INDIGENA!
¡VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL!

ATENTAMENTE
Concejo Indígena Y Popular De Guerrero Emiliano Zapata CIPOG-EZ

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COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO

Comisión de coordinación y seguimiento del CNI-CIG denuncia acciones de desacreditación y criminalización contra MAIZ

A los medios de comunicación

A la opinión pública nacional e internacional

Al espacio de coordinación nacional contra la guerra,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las redes de resistencia y rebeldía,

A la sexta nacional e internacional,

A los pueblos indígenas de México y del mundo,

A quienes enfrentan la guerra contra el narco estado capitalista y resisten,

Nosotros, los pueblos originarios que conformamos el Congreso Nacional Indígena, nuestra casa común que constituimos el 12 de octubre 1996, hace 27 años, para fortalecer nuestras luchas de resistencias y rebeldías mediante la solidaridad, denunciamos enérgicamente, con mucha preocupación y mucho dolor, la terrible situación de guerra que viven nuestras hermanas y nuestros hermanos de Chiapas, zapatistas y no zapatistas, hemos manifestados reiteradamente, que nuestro mundo hoy está en grave riesgo; la guerra para despojarnos de nuestras formas de vida, que nace desde la voluntad Servil al capital mundial en Palacio Nacional, es hoy el verdadero rostro paramilitar que opera con carteles de la droga y del crimen, para llevar acabo la guerra contra los pueblos Zapatistas en Chiapas y en México, con la manipulación mediática para continuar con la criminalización del EZLN y la autonomía  indígena, que desde el levantamiento en 1994 hasta hoy

Desde hace años, pero más acusadamente desde hace meses el estado mexicano ha abandonado regiones enteras de Chiapas en manos de la narco delincuencia. La disputa entre los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación para el control de la plaza deja a cientos de miles de habitantes en situación de total indefensión, sitiados y atrapados bajo el yugo de esta ola de violencia y terror en Chiapas, utilizándolos como escudos civiles, obligándolos a afiliarse a uno y otro de los carteles, a manifestarse en las carreteras para dar apoyo e incluso a hacerse sicarios, y matando y torturando a las familias que no se prestan. Las escuelas e instituciones de gobierno están cerradas, el comercio paralizado. Un caos total bajo la ola de terror de las ultimas semanas. Llevando a un contexto alarmante y de alto riesgo en la vida de las poblaciones afectadas, más de 280 mil habitantes de esta región están sitiados, atrapados entre la disputa por el territorio, bajo la venia de este Narco Estado que permite esta situación y deja en total indefensión y bajo el yugo de esta ola de violencia y terror a Chiapas. Y frente a esta terrible guerra que esta impulsando el narcoestado, ha comenzado una campaña de desprestigio contra el EZLN en medios de comunicación, queriéndolos implicar dentro del crimen organizado, cuando son y somos los pueblos originarios los que sufrimos y enfrentamos esta política de muerte y es, en zona zapatista donde los pueblos organizados no permiten la incursión en sus comunidades del crimen organizado, pero que cada vez están mas asediados por ellos.

Advertimos que el despojo y la guerra de exterminio que se está profundizando mediante los planes de contra insurgencia, no solo contra nuestras hermanas y hermanos zapatistas sino también contra compañeros de organizaciones que conformamos el CNI, buscando vincular al Movimiento Agrario Indígena Zapatista con un grupo paramilitar que se denomina Mano Izquierda, que es parte de estos grupos del crimen organizado y nada tiene que ver con la lucha del zapatismo.

Todo esto, como una estrategia para reordenar el territorio a nivel nacional y en especial ahora, en la región sur del país con el mal llamado Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos y cientos de proyectos extractivistas en el resto del país. En todos los estados del país, los pueblos enfrentan proyectos mineros, hidroeléctricos, carreteros, polos de desarrollo, entre otros, lo que ha costando la vida a decenas de compañer@s miembros de CNI y de otros pueblos en rebeldía, por oponerse a la destrucción de la casa común, como lo hemos demostrado y denunciado públicamente, señalando que la voluntad de esta administración federal es la de pisotear y recrudecer la violencia contra los pueblos que estamos defendiendo la vida y nuestros territorios, que la mentira de ser un “gobierno para el pueblo” que se repite todas las mañanas desde Palacio Nacional se desploma, porque cada vez es mas claro que su gobierno es un servil de los cárteles y las políticas económicas internacionales a través de la violencia y el despojo.

Manifestamos que el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) forma parte del Congreso Nacional Indígena, teniendo presencia en varias regiones del país, con trabajo y compromiso que durante 24 años ha realizado a favor de los pueblos originarios. Y que estas acciones de desacreditación y criminalización son parte de la guerra contra los pueblos y organizaciones, al poner en riesgo la integridad de sus miembros y el trabajo comunitario que realizan. Nuestros compañeros, como muchos pueblos y organizaciones que conformamos el CNI, han vivido la criminalización del estado, el asesinato de compañeras y compañeros en varios momentos de su historia, como es el caso de nuestra hermana Bety Cariño asesinada por grupos paramilitares de la región triqui de Oaxaca, que hoy desde las filas de Morena ocupan cargos en el Gobierno del Salomón Jara o diputaciones federales; así como el caso de Sergio Rivera Hernández defensor del territorio de la Sierra Negra de Puebla, desaparecido por oponerse al proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan que pretendía imponer minería Autlán, y que mediante el Instituto Poblano se los Pueblos Indígenas protejan a sus captores, los cuales son premiados con cargos en sus  consejos indigenistas para que operen a favor del crimen organizado, replicado la misma metodología que se generaliza en todos los territorios, donde existe resistencia indígena contra sus megaproyectos neoliberales del Capital mundial.

A casi 30 años del levantamiento zapatista y de la construcción, desde sus raíces culturales, de un sistema de vida autónomo con paz y dignidad en su territorio liberado de los grandes terratenientes, verdaderos hacendados del siglo XX, afirmamos que nuestras hermanas y hermanos mayores han sido los garantes de la defensa de su territorio contra los intereses del gran capital mundial y han sido nuestr@s maestr@s en nuestras luchas de resistencia en todo el país, única esperanza de salvaguardía de la humanidad frente a la locura capitalista de destrucción de la naturaleza que provoca la actual crisis climática planetaria.

Manifestamos que como pueblos originarios, zapatistas y no zapatistas, seguimos y seguiremos resistiendo contra la represión que el estado ejerce a través de las fuerzas armadas, la guardia nacional y los cuerpos policiacos y ahora contra la ola de terror sembrada por los carteles y  los paramilitares respaldados por los gobiernos federal y estatales. Y seguiremos reconstruyendo sistemas de vida autónoma sin capitalismo, ni patriarcado que garantice una vida digna para las futuras generaciones.

Por ello, hacemos un llamado urgente a todas las organizaciones, colectiv@s y personas de buen corazón a denunciar esta guerra contra los pueblos, a solidarizarse, organizarse y levantarse en una lucha civil y pacífica por la vida. Otra vida es posible, otro mundo es posible. No dejemos que la triada Estado, empresas mundiales y narco delincuencia nos acabe.

Por lo que reiteramos el llamamiento de urgencia de participar en la acción global convocada para el próximo 12 de octubre donde se cumplen 531 años de resistencia indígena: ¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas!

¡LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS EN MEXICO SE LLAMA NARCOESTADO CAPITALISTA!

COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO

¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS!

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PADRES Y MADRES DE LOS 43

Ayotzinapa: La lucha por la verdad sigue

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2023.- Queremos agradecer a todas las organizaciones sociales, colectivos y personas que se solidarizaron y nos tendieron la mano en el plantón y en la exigencia de verdad y justicia en esta jornada de lucha por los nueve años de la desaparición de nuestros hijos.

Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa seguiremos en la lucha por saber lo que pasó con nuestros hijos el dia 26 de septiembre en Iguala y cuál es su paradero. No claudicaremos en nuestra legítima demanda sea el gobierno que sea, pues tiene el deber ineludible de darnos verdad y justicia.

A las afueras del Campo Militar número 1, símbolo de la represión contra los que han luchado por la justicia, nos plantamos desde el dia 21 de este mes para exigir que el Ejército Mexicano entregue la información relacionada con el paradero de nuestros 43 hijos que mantiene en sus archivos y que se niega a poner a disposición de las autoridades civiles que investigan el caso.

Desde aquí, rechazamos en todos sus términos la “narrativa de hechos” realizada por el “gabinete de seguridad”, que hizo pública el gobierno federal, considerando al menos las siguientes cuestiones: 1) criminaliza a los estudiantes desaparecidos; 2) diluye la extensión del espectro criminal en Iguala, enfatizando el ámbito municipal, minimizando particularmente el papel del Ejército mexicano de quien omiten señalar el papel en el seguimiento puntual que que hizo a los estudiantes y como consecuencia de ellos la acumulación de información en sus archivos que dan cuenta de la salida de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, su arribo a Iguala y el momento de su desaparición; 3) presenta conclusiones de lo que ocurrió con nuestros hijos describiendo hechos cruentos contra su integridad física sin sustento probatorio, 4) incorpora declaraciones de testigo que fueron desestimadas por haber sido obtenidas mediante tortura; 5) utiliza capturas de pantallas de chats de WhatsApp no verificados; y 6) omite señalar a los autores de la construcción de la llamada “verdad histórica” . Por estas falencias, exigimos que esta “narrativa de hechos del gabinete de seguridad” sea retirada.

Por lo demás, enfatizamos que el informe presentado el dia de ayer por el Subsecretario de Derechos Humanos se separa de esta “narrativa de hechos descrita”, pues no retoma estos seis aspectos, y sobre todo en razón de que por primera vez señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades federales del más alto nivel como artifices de la verdad histórica. Además, hace una descripción de los chats de Chicago, obtenidos por autoridades norteamericanas, que dan cuenta de la colusión de diversas autoridades, incluyendo a elementos del Ejército Mexicano, con el grupo delictivo Guerreros Unidos. También establece que el Ejército Mexicano aún tiene información en sus archivos misma que debe entregar a las autoridades que investigan el caso, precisando incluso que fueron funcionarios de la COVAJ los que encontraron en archivos militares secretos un documento incompleto relativo a una intervención telefónica que informa del paradero de 17estudiantes, lo que en sí mismo evidencia que los militares se han abstenido de cooperar proactivamente. En este sentido, destacamos que ayer se informó que el Presidente de la República giró una nueva instrucción para que el Ejército busque y entregue la información que tiene en sus archivos, por lo que entendemos que la tendenciosa y poco respetuosa carta-oficio del Secretario de la Defensa Nacional que se ha hecho pública, no es ni será la última palabra.

El informe del Subsecretario de Derechos Humanos, al referir que existe una nueva instrucción presidencial para que el ejército entregue la información pendiente, abre una ruta que permite continuar el diálogo con las autoridades respecto de las investigaciones para dar con el paradero de nuestros hijos superando las confrontaciones que tuvieron lugar los dias pasados.

Por todo lo anterior exigimos: 1) que a las autoridades cumplan la nueva instrucción presidencial para que el Ejército busque y entregue la informacion que hemos solicitado; 2) que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de alto nivel que se describen en el informe al ser los artífices de la verdad histórica, y 3) que el gobierno cumpla las recomendaciones del último informe del GIEI, particularmente las relacionadas con la entrega de los documentos del Ejército mexicano que son relevantes para el esclarecimiento del caso.

Estaremos pendientes del cumplimiento de la instrucción presidencial, en caso de no avanzar en esa dirección regresaremos a este lugar para reinstalar nuestro plantón y exigir la entrega de la información sobre el paradero de nuestros hijos.

ATENTAMENTE

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

PADRES Y MADRES DE LOS 43

Conferencia de prensa de las madres y padres de los 43

 

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San Sebastián Bachajón

Bachajón: A 10 años del asesinato de Juan Vázquez Guzmán

Chiapas, México, a 21 de septiembre del 2023
CIDH. Caso 15.305

COMUNICADO DE PRENSA

Hace 10 años Juan Vázquez Guzmán fue brutalmente asesinado por defender el territorio de la comunidad indígena de San Sebastián, Bachajón, Chiapas del despojo y de proyectos de desarrollo en las cascadas de agua azul sin el consentimiento de la comunidad. El 30 de agosto de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un paso trascendental para la búsqueda de justicia, al notificar la admisión del caso por la impunidad imperante y la necesidad que se investigue la participación de agentes del Estado.

Antes de ser asesinado Juan Vázquez Guzman luchaba contra la destrucción de las tierras ejidales y se oponía al desarrollo de megaproyectos en territorios indígenas, sin el consentimiento de las comunidades impactadas. Vázquez Guzman denunciaba el impacto ambiental y en derechos humanos que puede traer consigo proyectos de desarrollo llevados a cabo sin las garantías del derecho internacional, así como la desigualdad, los conflictos internos, el divisionismo entre hermanos indígenas, las confrontaciones y la explotación a las comunidades.

El Estado mexicano a través de la violencia y uso de la fuerza pública quiso imponer un megaproyecto denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP) en el año 2007 en la zona conocida como las cascadas de Agua Azul, específicamente en un lugar denominado Bolon ajaw, que se encuentra a un costado del Centro Ecoturístico las Cascadas de Agua Azul, ubicado dentro de las tierras del ejido San Sebastián, Bachajón, Chiapas y que conecta entre la carretera Ocosingo-Palenque y de fácil acceso y salida hacia san Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Posteriormente (2008) las empresas Norton Consulting, experta estadounidense en desarrollo turístico y la empresa española EDSA Construcción, presentaron el proyecto turístico CIPP, en la zona denominada como “Las Cascadas de Agua Azul”, conocida por ser una de las principales atracciones turísticas del estado de Chiapas y ser una de las áreas naturales protegidas por el Estado mexicano (Decreto publicado en el DOF), y que se encuentran dentro de las tierras indígenas de san sebastián, Bachajón.

Este caso es doblemente emblemático. Por un lado refleja la importancia del trabajo que realizan los defensores del territorio frente a la imposición de proyectos ecoturísticos a gran escala que afectan las tierras del pueblo indígena Tzeltal de San Sebastián Bachajón, Chiapas, sin una consulta previa e informada. Juan Vázquez Guzman levantó su voz para impedir la ejecución del proyecto denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP), posteriormente oponerse a la construcción de una caseta vehicular y un centro de emergencias por parte de las autoridades estatales en su territorio ancestral, sin consentimiento.

El líder comunitario Juan Vázquez Guzmán, se destacó por su participación activa en distintos foros nacionales e internacionales convocados por organizaciones indígenas en resistencia, mismos que en esos espacios exponía las intenciones del Estado mexicano en las tierras ejidales de San Sebastián, Bachajón.

Por otro lado, el caso se admite al cumplirse 8 meses de la desaparición forzada del abogado Ricardo Lagunes Gasca, quien representa a la familia Vázquez Guzman requiriendo de la Comisión Interamericana un análisis profundo sobre los patrones de obstaculización violenta a la reivindicación efectiva de derechos que logran personas extraordinarias como Ricardo y Juan. México es el país con uno de los mayores números de defensores asesinados y desaparecidos. Estos crímenes quedan en la impunidad. Al admitir este caso la CIDH estudiará las violaciones al derecho a la vida, garantías judiciales y protección judicial.

Litigio y Defensa con perspectiva en Derechos Humanos

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 27 de septiembre 2023

(Descarga aquí)  

ROMPIENDO FRONTERAS

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

  • CHIAPAS: NotiFrayba: Chiapas; la memoria, la lucha por la justicia y libertad. Por Cdh Frayba.
  • MÉXICO: Conferencia de prensa de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Por Noticias de Abajo
  • MÉXICO: Ayotzinapa 9 años de un crimen de Estado. La herida sigue abierta. Desilusionados de la 4t ante demanda de verdad y justicia. Por Noticias de Abajo
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Avispa Midia

Chiapas: Desaparecer en la frontera sur de México

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Familiares de desaparecidos realizan labores de búsqueda en todo el país, sin ayuda del gobierno, desde el incremento de la violencia en el sexenio de Calderón. Foto: Santiago Navarro F.

Hace dos años, la violencia, las desapariciones, desplazamientos y reclutamiento de personas por la disputa territorial de dos cárteles mexicanos trastocaron por completo la vida de diferentes comunidades de Chiapas.

Uno de los grupos identificado como el Cártel de Sinaloa tiene presencia en esta entidad desde finales de los ochenta, pues Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, tuvo mucha influencia, además de posesión de propiedades.

“Grupos locales del crimen organizado se encontraban vinculados a este grupo mayor, hay que recordar que son redes y funcionan como células que se van reproduciendo”, explica para Avispa Mídia, Carla Zamora Lomelí, investigadora del grupo de Estudios Socioambientales y Gestión Territorial en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).

En 2018, en las elecciones para presidente, gobernador y alcaldes, la violencia criminal se agudizó en el sur de México. “Pareciera casualidad, pero no lo es tanto”, señala la investigadora, pues la llegada de Morena fue coincidente con la incursión del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los cárteles comenzaron a disputar los municipios y la violencia se repitió en junio de 2021 en las elecciones de 118 alcaldías y legisladores locales. En municipios como Pantelhó y Frontera Comalapa no hubo garantías de seguridad ni para los trabajadores de los órganos electorales, se designó un consejo municipal y comenzó a ser más visible la violencia.

Integrantes de Las Abejas de Acteal exigen justicia por el asesinato de Simón Pedro.

El 5 de julio del mismo año electoral, Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos e integrante de Las Abejas de Acteal fue asesinado frente a su hijo y su padre en el mercado público de Simojovel.

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Avispa Midia

Gobierno de México rechaza entrega de información militar sobre caso Ayotzinapa

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Plantón de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el Campo Militar 1, en la CDMX. Foto: Tlachinollan

Este martes (26) se cumplen nueve años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. A casi cinco años de distancia queda también la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), la cual mediante decreto presidencial ordenó a todas las instituciones del Estado mexicano entregar información relacionada con la desaparición de los normalistas.

Ayer lunes (25), tras una reunión con funcionarios federales en Palacio Nacional, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos, quienes durante las últimas semanas se han movilizado para exigir la entrega de información específica, resguardada y ocultada por el ejército, salieron decepcionados.

De acuerdo a oficiales de gobierno, durante la reunión se hizo entrega de una carta del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), un reporte del general secretario de la defensa nacional, Luis Cresencio Sandoval González y un nuevo informe por parte de Encinas. Acorde a los testimonios, la entrega de estos documentos no cumplió con las peticiones puntuales de los familiares de los normalistas desaparecidos.

Vidulfo Rosales, abogado de las familias, acusó que la narrativa presentada por Encinas, también subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de gobernación, “está esgrimiendo una narrativa de los hechos parecida a la verdad histórica”, en referencia a la versión propagada por el gobierno de Peña Nieto, la cual fue derribada por el trabajo e informes del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI).

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A dónde van los desaparecidos

La instrucción: Cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa

Por John Gibler

Desde una ciudad de Estados Unidos, Omar Gómez Trejo, extitular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, detalla cómo una “decisión de Estado” hizo posible cancelar en 2022 las órdenes de aprehensión contra 16 militares y armar en 24 horas la carpeta que permitió judicializar al ex procurador general Jesús Murillo Karam, el autor de la “verdad histórica”. Es también el testimonio de cómo el gobierno desarticuló el área encargada de investigar la desaparición forzada de los 43 normalistas

El viernes 12 de agosto de 2022, Alejandro Gertz Manero, el octogenario fiscal general de la República, llamó al entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo, a su oficina.

–Omar –cuenta Gómez Trejo que le dijo el fiscal–, necesito un favor, una ficha de trabajo donde me diga cómo va el caso, qué hay, qué avances. Tengo un desayuno el próximo lunes.

El abogado de 43 años, barba canosa y brazos tatuados, especializado en temas de derechos humanos, llevaba tres años al frente de la más extensa, compleja y ardua investigación judicial de la historia reciente mexicana: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Gómez Trejo no lo sabía, pero a ese desayuno también asistirían el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar, y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas. Él no lo sabía ni tenía cómo saberlo, pero en ese desayuno todos se pondrían de acuerdo y darían luz verde a una serie de acciones que dinamitarían la investigación del caso Ayotzinapa, y provocarían su salida del país.

Ajeno a lo que se desataría, ese viernes de verano, en el piso 25 del edificio de la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez Trejo le dijo a su jefe que sí, que manos a la obra.

Años de terror

Alrededor de las 17:30 horas del 26 de septiembre de 2014, dos autobuses con estudiantes salieron de Ayotzinapa. Llevaban días intentando conseguir camiones para organizar una caravana con alumnos de las normales rurales del país que viajarían desde Ayotzinapa a la Ciudad de México para participar en la marcha conmemorativa de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco.

Entre las 19:30 y las 20:00 horas, los dos autobuses se separaron; uno se quedó en el cruce de Huitzuco, un lugar conocido como Rancho del Cura, y el otro se dirigió a la caseta de cobro de Iguala. Los estudiantes no sabían que habían sido infiltrados e identificados, y que eran monitoreados por elementos de inteligencia militar. Tampoco tenían cómo saberlo, pero los comandantes de los dos batallones del Ejército en Iguala, el 27 y el 41, y muchos de sus subordinados, formaban parte de una empresa ilegal conocida como Guerreros Unidos, que traficaba heroína desde las montañas de Guerrero hasta los barrios de Chicago.

Los normalistas tomaron tres camiones más y salieron hacia la carretera por dos rutas distintas. Policías de Iguala los persiguieron y atacaron a balazos, parando los cinco autobuses en dos lugares distintos. Llegaron policías de Huitzuco y Cocula, policías estatales y ministeriales, policías federales y soldados en diferentes momentos para apoyar u observar. Ninguno intervino en favor de los estudiantes. Los policías sometieron y se llevaron a los normalistas de dos de los cinco camiones.

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Avispa Midia

Empresarios mexicanos y de EEUU aseguran su lugar en el Corredor Interoceánico

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Funcionarios del gobierno estatal junto a representantes del sector privado y el embajador de EEUU en el anuncio de la “Iniciativa Oaxaca”

Acompañados del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, el pasado miércoles (20), se firmó la llamada “Iniciativa Oaxaca” entre el gobernador de esta entidad, Salomón Jara, y el Consejo Coordinador Empresarial, máximo órgano de representación del sector privado en México, representado por 14 organizaciones líderes.

“Ellos están aquí porque ven grandes oportunidades en Oaxaca”, destacó Jara haciendo alusión a los llamados “proyectos estratégicos” del gobierno federal, entre ellos el Corredor Interoceánico, establecido en el Istmo de Tehuantepec, en los estados de Oaxaca y Veracruz.

En la presentación de esta iniciativa, se señaló que uno de los principales objetivos es fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte, permitiendo aprovechar más ampliamente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Resaltaron que el Corredor Interoceánico será un centro logístico que, hasta el momento, conecta con 50 mercados a través de 15 acuerdos comerciales internacionales con EEUU, Asia y Europa.

Ken Salazar, embajador de los EEUU en México

El gobernador oaxaqueño hizo énfasis en que su gobierno es un aliado de los inversionistas y que serán respaldados por la gobernabilidad, la seguridad y la paz que se ofrece en su mandato en Oaxaca. “El proyecto que hoy firmamos es una muestra más de que vamos por la ruta correcta, el desarrollo, la justicia y el bienestar que espera y merece el estado de Oaxaca”, dijo Jara, quien presentó al embajador como un testigo de honor de este acuerdo.

Salazar por su parte anunció que el sur-sureste de México es una prioridad para ellos, por tanto “desde la Embajada de los Estados Unidos hemos impulsado esta agenda con socios del sector privado, principalmente de la American Chamber of Commerce (AmCham), así como con las autoridades mexicanas”, puntualizó, recordando que el año pasado (2022), en la Casa Blanca, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador destacaron que las inversiones en puertos, aeropuertos y el Interoceánico potencializarán las economías de ambos países.

Continuidad

En septiembre del 2022, el embajador de EEUU, junto a empresas como Visa, Amazon, Facebook, AT&T, META, Google, Mercado Libre, FEMSA y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, realizaron el sexto encuentro de gobernadores del sur-sureste de México, puntualizando que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es uno de los más importantes. Jara, quien apenas iba a suceder a Murat, dijo que iba a dar continuidad, “vamos a trabajar para que nuestro estado sea motor del desarrollo nacional y del sur del país”.

También, la AmCham, la federación empresarial más grande del mundo, que ha participado en diversas reuniones que abordan los proyectos estratégicos desde 2021,  anunció que invertirán más de 600 millones de pesos en la región, declaró el embajador el pasado mes de abril.