
resistencia
Ecuador: Minería y acaparamiento de tierras amenazan el corazón hídrico en los Andes
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
Entre los Andes del sur de Ecuador se encuentra Nabón, un cantón de la provincia del Azuay. Aquí avanza el extractivismo amenazando con devorar los páramos, contaminar aguas y despojar a comunidades ancestrales. El Valle de Shincata y los páramos del Cerro El Mozo, son parte de la región que irriga con su vital líquido a comunidades enteras y hoy se han convertido en el epicentro de un conflicto socioambiental, donde una reciente alerta emitida por el Frente Nacional Antiminero (FNA) cataloga la situación como de “máxima amenaza”.
Los orígenes de este conflicto se desprenden de la presencia de empresas mineras transnacionales como la canadiense Lucky Minerals que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de la provincia de Azuay, esta empresa “conforman un bloque de 12 concesiones contiguas” en la región.
Aunque en el boletín de prensa del FNA se menciona que Lucky Minerals fue expulsada en 2022 por la acción comunitaria, también advierte sobre su anunciado retorno. Esta empresa canadiense de exploración minera, con su “Proyecto Fortuna”, representa la punta de lanza del interés extractivo a gran escala en la zona, buscando principalmente oro y otros minerales, tal y como rezan sus propios informes de la transnacional.

El FNA sostiene que esta empresa concentra más de 55 mil hectáreas en las zonas de los páramos de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay. Según esta organización de comunidades en resistencia, las tierras han sido apropiadas a través de testaferros y, además, a ello se suman “al menos tres hidroeléctricas”, denuncian en un comunicado difundido este miércoles (30).
En la provincia de Azuay existen al menos tres hidroeléctricas que suministran energía a diversos centros urbanos, ellas son: Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que forman parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Paute. Junto a la central Minas San Francisco, suministran el 40% de energía que consume el país según informes el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.
Como se reconoce incluso en documentos oficiales como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia Cochapata (2020), esta zona forma parte del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus, un área de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad andino-amazónica.
Los páramos configuran una zona considerada única por su diversidad biológica, ya que alberga especies endémicas y también por su adaptación a las condiciones extremas de altitud, son cruciales para el ciclo hidrológico. Legalmente, esta región está catalogada como Bosque y Vegetación Protectora, que la propia legislación ecuatoriana considera que “son áreas vitales para la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la protección de recursos hídricos”.

Las comunidades inconformes alertan que la presencia de concesiones mineras, la deforestación para monocultivos, ganadería intensiva y la proliferación de la minería ilegal muestran todo lo contrario y, más bien, las autoridades han iniciado una persecución judicial contra las comunidades que resisten. “Ahora al menos 20 comuneros de Azuay y Zamora Chinchipe se encuentran en una situación judicial de emergencia perseguidos por las élites nacionales, quienes amparados en un gobierno que defiende sus intereses y los intereses transnacionales de Lucky Minerals”, sostienen en su comunicado.
Esta estrategia de criminalización no es nueva, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) documentó en 2011 al menos siete casos de comuneros que enfrentaron un juicio por sabotaje y terrorismo tras protestar contra la minera Explorsur S.A. (Grupo El Juri) en el páramo de Shincate.
Tras el acoso judicial que sufren diversos integrantes de estas comunidades en resistencia, también señalan que hay “varios hacendados del Azuay y otras provincias” que, mediante guardias privados, se están posesionando de tierras históricamente comunitarias, presentándose como dueños de los páramos.

Además, el FNA es explícito al denunciar un incidente ocurrido el 16 de diciembre de 2024 donde intervino la guardia privada de un hacendado, tras incumplir acuerdos sobre extracción de pinos y realizar deforestación masiva, “disparó armas de grueso calibre contra pobladores de Nabón” que exigían pacíficamente el retiro de maquinaria.
Los comuneros denuncian que en la región reina la impunidad y la facilidad con la que se obtienen títulos de propiedad bajo el protectorado del sistema judicial y una constante persecución de los defensores ambientales.
Frente a este escenario, las comunidades sostienen una férrea resistencia en defensa de sus territorios, sus fuentes de agua y sus formas de vida. La expulsión de Lucky Minerals en 2022, mencionada en el boletín, es un hito significativo de esta lucha colectiva, por tanto, están alertas a su posible retorno.
La exigencia puntual de las comunidades y del FNA es clara: el cese inmediato de las actividades destructivas (minería legal e ilegal, agroindustria expansiva), la salida de los actores privados que han invadido los páramos, el retiro de las acusaciones contra los defensores y la garantía de protección integral para el Bosque Protector del Valle de Shincata y del Cerro El Mozo.
Desde la Europa Insumisa, solidaridad con las comunidades Zapatistas ¡Libertad inmediata a José y Andrés!
Desde la Europa Insumisa y Rebelde, más de 40 organizaciones de la Red de Europa Zapatista, denunciamos la violencia que afecta a los pueblos originarios y a la población civil de México
A el Congreso Nacional Indígena
A el EZLN
A los medios alternativos, libres y/o autónomos
A los medios de paga
A las Organizaciones de Derechos Humanos a nivel Nacional e Internacional
Una vez más nos enteramos en la Europ Insumisa que en México se asesina, se continúan violando los Derechos Humanos, se secuestra y se desaparece a aquell@s que buscan la vida, a quienes luchan por defender el medio ambiente y el territorio.
Marco Antonio Suástegui, lider histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, falleció el 25 de abril después de siete dias de convalecencia tras el ataque armado perpetrado en su contra el 18 de abril, cuando terminaba sus labores en la bahía de Acapulco, Estado de Guerrero. Marco Antonio debía estar bajo la protección dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que México, sin embargo, nunca facilitó. Al momento del ataque Marco Antonio estaba solo.
María del Carmen Morales, integrante del Colectivo Guerrero Buscadores de Jalisco, y su hijo de 26 años, Jaime Daniel Ramírez Morales, fueron asesinados la noche del 23 de abril en el parque del Fraccionamiento Las Villas, en Guadalajara, Jalisco. Horas antes, varias comunidades indígenas de Michoacán denunciaron acciones violentas por parte del grupo delictivo Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El gobierno local ha minimizado los hechos violentos, negando incluso la violencia contra lxs defensorxs, las madres buscadoras y las comunidades autónomas.
Estos hechos son algunos en la larga lista de víctimas de una violencia que va día con día en aumento. Asesinatos, desapariciones forzadas, ataques armados en contra de las poblaciones. El Estado mexicano niega y oculta la realidad. Es parte del problema al no reconocer la crisis de derechos humanos que atraviesa el país y al facilitar la operación de grupos armados en diversas áreas del país. Al día de hoy hay al menos 127 mil personas desaparecidas en todo el país, incluyendo miles de migrantes centroamericanos y del Caribe en su paso hacia Estados Unidos.
Como denunció y documentó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el 24 de abril, efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, las Fuerzas de Reacción Inmediata, el grupo Pakal, la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial, la Policía Estatal Preventiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, acompañados de dos vehículos con personas civiles armadas, realizaron cateos sin órdenes judiciales en domicilios de familias Bases de Apoyo Zapatistas en la zona del caracol 2 de Oventik, Chiapas. De manera violenta detuvieron a los compañeros tsotsiles José Baldermar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, de 45 y 21 años de edad respectivamente. Por 55 horas no se supo de su paradero y las autoridades no emitieron ninguna información al respecto a sus familiares, representantes legales o a la sociedad. Los compañeros fueron puestos a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuciamiento de San Cristóbal de las Casas sin aclarar el motivo de su detención ni los detalles de las 55 horas en las cuales estuvieron en calidad de desaparecidos.
El ataque contra las Bases de Apoyo Zapatistas ocurre a una semana del Encuentro de arte, rebeldía y resistencia convocado por el EZLN, donde el subcomandante Moisés denunció las amenazas constantes al Cideci y al Caracol 7 Jacinto Canek por parte de la Guardia Nacional y del grupo Pakal, una fuerza policial especial creada recientemente por el nuevo gobernador de Chiapas.
En lugar de amenazar las iniciativas de autogestión y autonomía y a quienes buscan construir un mundo distinto al de la opresión capitalista, las autoridades deberían garantizar el ejercicio de los derechos de las comunidades Zapatistas, y el acceso a la justicia para l@s defensores de derechos y las madres buscadoras así como la no repetición de crímenes como la desaparición forzada, los asesinatos por causas políticas y la represión. Pero esas mismas autoridades son parte de la causa de estos problemas.
En México hay una guerra que comenzó en los años 1960, una guerra sucia contra la población, contra l@s que resisten, contra l@s movimientos sociales, indígenas y campesinos, contra las mujeres, contra l@s disidentes sexuales, contra l@s migrantes. La narrativa absolvente para el Estado de la narcodemocracia ya no se sostiene, ¡Mexico es un estado criminal! En México hay una guerra, no declarada, que las economías legales, ilegales y el Estado llevan a cabo con el interés de controlar el territorio para especular con la vida, la tierra y los bienes comunes. Los asesinatos de Marco Antonio Suástegui y María del Carmen Morales son sólo una prueba más.
Llamamos a todas las personas solidarias, a l@s adherentes a la Sexta y a la Declaración por la Vida a firmar la denuncia del FrayBa para la liberación de José Baldermar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez:
¡Desde la Europa Insumisa y Rebelde denunciamos la violencia que afecta a los pueblos originarios y a la población civil de México!
¡No más guerra en México!
¡No más guerra contra los movimientos sociales y las comunidades en resistencia!
¡No más guerra contra el EZLN!
¡México no es un territorio de conquista, no es un botín para repartir!