Ciudad de Guatemala,

Lunes 22 de julio de 2024

PRONUNCIAMIENTO

Familiares de las 10 personas guatemaltecas desaparecidas originarias de Suchitepéquez, exigimos al Estado mexicano investigar el paradero de nuestros seres queridos.

Autoridades del Estado mexicano no han realizado una investigación diligente para dar con el paradero de nuestros familiares desaparecidos, y han sido omisas en atender nuestras necesidades.

El grupo de familias de las 10 personas desaparecidas, el pasado 16 de noviembre de 2023, en los linderos de los municipios de Frontera Comalapa y Siltepec en Chiapas, México, exigimos el cumplimiento de las medidas urgentes otorgadas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 21 de diciembre de 2023 a favor de nuestros seres queridos. La ONU exigió al Estado mexicano: una investigación penal exhaustiva y diligente, la búsqueda en vida de los 10 desaparecidos, y el establecimiento de un mecanismo para que las familias estemos informadas de los avances en ambos puntos.

Las víctimas de esta desaparición masiva son: el adolescente Luis Alberto Vásquez Sarat, Dan Josué Rosales Tzunún, Jorge Luis De León, Juan Carlos Calel de León, Amilcar Isaac Enriquez Villatoro, Juan Francisco Tupul García, Julio Cesar Vásquez Pérez, Leonardo Morales Alvarez, Mayco Josué Morga Enriquez y Francisco Socorro Morga De León.

El impacto emocional por la desaparición de nuestros seres queridos ha sido devastador. La noticia de la desaparición nos ha causado un duelo complejo y la falta de apoyo de las autoridades mexicanas nos ha generado impotencia, afectando nuestros proyectos de vida y nuestra estabilidad económica. El grupo de familiares está compuesto en su mayoría por mujeres (esposas, madres, hermanas), quienes hemos tenido que asumir roles dobles, mientras que, nuestros hijos e hijas, han sido afectados en su rendimiento escolar, salud mental y desorden alimenticio, entre otras.

En el mes de abril, las autoridades de Chiapas tomaron acuerdos para que las familias podamos tener una participación activa en la búsqueda e investigación. En concreto, se comprometieron a presentarnos los avances de la investigación, facilitar el otorgamiento de un visado humanitario, así como brindarnos ayuda material para nuestros traslados a México. Agradecemos esta oportunidad de diálogo; sin embargo, a más de 8 meses de los hechos, denunciamos las omisiones, indolencias e ineficacias de las autoridades chiapanecas para atender este caso de graves violaciones a nuestros derechos humanos, y los de nuestros familiares desaparecidos.

Por otro lado, reiteramos la necesidad de espacios de trabajo conjunto entre el gobierno guatemalteco y el gobierno mexicano para remover los obstáculos que hasta ahora hemos encontrado para localizar en vida a nuestros seres queridos. En específico, que nos brinden una fecha de reunión con ellas y las organizaciones que nos acompañan, para informar de los resultados sobre las comparaciones genéticas y avances en la búsqueda de nuestros familiares.

Llamamos a las autoridades mexicanas del más alto nivel a tomar seis medidas urgentes que permitan avanzar en la localización de nuestros seres queridos:
 
1. Exigimos la búsqueda en vida de nuestros familiares desaparecidos en territorio mexicano y el trabajo conjunto con las autoridades de Guatemala para el seguimiento de nuestras peticiones,

2. Solicitamos medidas de protección a favor de nuestros familiares y de cada una de nosotras en el proceso de denuncia y búsqueda,

3. Otorgamiento de visados humanitarios a nuestro favor por parte del Instituto Nacional de Migración,

4. Ante la ineficiencia de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas, solicitamos la referencia del reporte de búsqueda por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas,

5. Envío de información sobre la investigación penal por parte de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada adscrita a la Fiscalía General de la República,

6. Otorgamiento de las medidas de atención inmediata con un enfoque psicosocial integral por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con especial atención en nuestras necesidades de salud, estudio y proyectos de vida.
 
 
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡HASTA ENCONTRARLOS!

GRUPO DE FAMILIAS DE LAS 10 PERSONAS GUATEMALTECAS DESAPARECIDAS

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indigena de Gobierno
A la Sexta Mundial
A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida
A las Redes de Resistencia y Rebeldia
A los organismos de derechos humanos
Al Pueblo de México
A los medios libres y autónomos

16 de julio de 2024.

Hermanos, hermanas: Con mucha preocupación, les compartimos que el día 15 de julio, nuestro hermano, delegado del Congreso Nacional Indígena y promotor del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, Jesús Plácido Galindo y otro compañero del CIPOG-EZ de nombre Francisco Vazquez Mendoza, recibieron llamadas telefónicas del número 7471352147 en las que fueron amenazados con «partirles la madre», les dijeron que «los tienen ubicados» y que ya le «bajen de huevos».

Es de todos sabido el panorama del estado de Guerrero, donde el crimen organizado está por encima de cualquier institución y autoridad, e incluso, éstas mismas son la delincuencia y forman parte de los grupos narco-paramilitares que azotan a nuestro estado. Es por eso que nos queda claro que las llamadas vienen del grupo narco-paramilitar los Ardillos que por muchos años han asesinado, torturado y aterrorizado a nuestras comunidades, valiéndose de la red de complicidad que han tejido con autoridades y policías municipales, estatales, con la fiscalía y con gobierno del estado.

Les pedimos hermanos y hermanas que en la medida de lo posible estén alerta por lo que pueda suceder y que hagan llamados a quienes se supone que y al estado de Guerrero para que detengan violencia gue vivimos. De la misma forma, responsabilizamos al gobierno federal, a la gobernadora del estado de Guerrero Evelyn Salgado, así como a la fiscalía y demás autoridades de lo que pueda suceder a algún Compañero o compañera del CIPOG-EZ, pues a éstas autoridades les hemos pedido ya por varios años que desarticulen a los grupos delincuenciales y lo único que hemos obtenido, ha sido su silencio.

Sin más, les decimos que no nos vendemos, no claudicamos, no nos rendimos.

Atentamente:

Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata.

¡NO HABRÁ PAZ, VIDA Y FUTURO SIN AGUA!

Al CCRI CG EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN
A los Gobiernos Autónomos Locales, GAL
A los Colectivos de Gobierno Autónomos Zapatistas, CGAZ
A las Asambleas de Colectivos de Gobierno Autónomos ZAPATISTAS, ACGAZ
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena, CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG
A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal
A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios
que nunca fueron conquistados
A las organizaciones que defienden los derechos colectivos, el territorio, el agua y por ende la vida
A los Pueblos que luchan y resisten en la Cuenca del Anáhuac
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A quienes firmaron la Declaración por la Vida
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…

Herman@s Tod@s

En este país todos sueñan. Ya llega la hora de despertar…

LA TORMENTA…

…la que está

Nacerá del choque de estos dos vientos, llega ya su tiempo, se atiza ya el horno de la historia. Reina ahora el viento de arriba, ya viene el viento de abajo, ya la tormenta viene… así será…

LA PROFECÍA…

…la que está

Cuando amaine la tormenta, cuando la lluvia y fuego dejen en paz otra vez la tierra, el mundo ya no será el mundo, sino algo mejor. 

Selva Lacandona, agosto de 1992., y  publicado en Enlace Zapatista el 27 de enero de 1994.

Recordando: 

Primero. Que la Asamblea Nacional por el Agua y la vida tuvo su primera sesión en agosto del año 2022 como una iniciativa del Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno para unir y fortalecer las luchas de los pueblos y organizaciones en defensa del Agua, la Vida y el Territorio y que, desde su nacimiento se ha declarado autónoma, autogestiva, antipartidista, anticapitalista, antipatriarcal, antifascista, antimilitarista y se rige bajo los principios del mandar obedeciendo: servir y no servirse, representar y no suplantar; construir y no destruir; obedecer y no mandar; proponer y no imponer; convencer y no vencer; bajar y no subir.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
11 de Julio de 2024
 
Boletín No. 16

 

El Estado mexicano mantiene como rehén a Base de Apoyo del EZLN

• Con dilación judicial culmina el desahogo de pruebas en juicio de José Díaz.
• Advertimos una investigación deficiente y sucia para criminalizar al Base de Apoyo y a cuatro más de sus compañeros zapatistas.

Finalizó el proceso de desahogo de pruebas después de 1 mes y 4 días, en contra de José Díaz Gómez, indígena Ch´ol, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN). La apertura a Juicio inició el 4 de junio para culminar el 8 de Julio del presente año, fijándose el próximo 6 de agosto a las 17:00 horas para llevarse a cabo la audiencia de alegatos de clausura, que da pie para el pronunciamiento de la sentencia. En este contexto, José Díaz permanecerá 1 año y 9 meses como rehén del Estado mexicano y sujeto a criminalización por un delito que no cuenta con sustento probatorio para condenarlo.
 
Durante el desahogo de 4 pruebas, el Fiscal del Ministerio Público del Distrito Selva pretendió vincular la participación del delito de robo ejecutado con violencia en contra del BAEZLN. Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que la investigación realizada por el Fiscal del Ministerio Público no cumplió con los requerimientos de ser objetiva, ni logró acreditar la teoría del caso, además existió deficiencia e insuficiencia probatoria.
 
Las pruebas presentadas en el caso contra José Díaz son inconsistentes y carecen de credibilidad. Desde contradicciones en el modo, lugar y tiempo del supuesto delito, hasta la falta de pruebas sustanciales como la acreditación de la preexistencia del delito y la experiencia del perito contable, cada detalle revela una investigación deficiente con injusticia en el proceso judicial.
 
La posibilidad de que José Díaz y otros cuatro BAEZLN con órdenes de aprehensión sean sentenciados injustamente es alarmante, dado el cúmulo de irregularidades y falta de fundamentos sólidos en su contra.
 
El juez al emitir su sentencia además de considerar el estándar del delito de robo, deberá tomar en cuenta que se trata de una criminalización por motivos políticos en medio de un patrón de fabricación de culpables en contra de personas defensoras indígenas, además de considerar el contexto en el que se lleva a cabo el supuesto robo, tomando en cuenta todas las circunstancias que rodean este caso y que demuestran que la fiscalía no realizó una investigación legal, científica y objetiva.
 
Así también, el Juez debe dictar sentencia absolutoria atendiendo a los numerales 20 inciso A fracción I de la Constitución, que ordena proteger al inocente, 20 inciso B fracción I que establece el principio de presunción de inocencia, relacionado con el numeral 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el principio de duda razonable establecido en los numerales 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios pro persona e indubio pro reo.
 
Por lo anterior exigimos al gobierno Estatal y Federal, y en particular al Poder Judicial del Estado de Chiapas, la libertad de José Díaz Gómez con una sentencia absolutoria.
 
Agradecemos e insistimos en el llamado a todas las personas, colectivos y organizaciones nacionales e internacionales, a continuar solidarizándose y seguir exigiendo la libertad inmediata de José Díaz Gómez y que cancele las órdenes de aprehensión en contra de las 4 BAEZLN. Así como estar pendientes de las acciones en el marco del dictamen de sentencia la semana del 29 de julio al 6 de agosto.

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Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.}

Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.

Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.

Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.

Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazas de desplazamiento forzado.

Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles. 

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F y Regina López

^{En portada: Para la comunidad es importante tener su propia Guardia Comunal ya que son personas conocidas, los propios familiares y vecinos que la conforman, conocen los estatutos, el territorio y las dinámicas comunitarias internas. Foto: Santiago Navarro F.}

La conocen como la mexicana. Es una mujer indígena Nahua de un poco más de 50 años de edad. En su mirada firme guarda como un secreto los momentos más decisivos de los últimos 15 años de su vida “haciendo resistencia”, como dice ella. Ha aprendido a sortear el hostigamiento del crimen organizado en sus tierras. Primero fue el cártel de la Familia Michoacana, cuenta ella, después Los Caballeros Templarios y, ahora, el llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Ella, la indígena Teresa Regis Nicolás, hace quince años volvió de los Estados Unidos. Tras la muerte de su padre regresó a su tierra natal, con un legado que le había dejado, luchar por las tierras comunales que pertenecen al pueblo indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, localizado en el estado de Michoacán de Ocampo, que llega hasta la costa del Océano Pacífico, en el oeste de México.

En ese entonces, en el año 2009, tenía solo tres meses que este pueblo había ejecutado una estrategia armada para recuperar una fracción de sus tierras, en las que hoy habita Teresa, su hijo y más de 70 familias indígenas. Un poblado que fue bautizado como Xayakalan, tierras que estaban en manos de personas que habían conseguido escrituras como pequeños propietarios, vinculados al crimen organizado. Aunque los indígenas cuentan con la titulación de sus tierras comunales por decreto presidencial de 1964 y los títulos primordiales de los años 1700 que respaldan que estás tierras son suyas.

Xayakalan pasó a ser el poblado número 24 que forma parte de Ostula, que los originarios reconocen como encargaturas, similar a las agencias municipales. “No me tocó la acción de la recuperación. Pero tres meses después fui una de las primeras ocho familias que se establecieron con una casita en este lugar y, desde entonces, hemos resistido”, recuerda la mexicana.

La Comunidad Otomí anunció este 5 de julio el fin del plantón que mantenía en la avenida México-Coyoacán debido al nulo avance del diálogo con Martí Batres, actual jefe de gobierno y su equipo de trabajo. Así la comunidad lanzó un mensaje a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum y a la virtual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

¿Claudia Sheinbaum y Clara Brugada tendrán la capacidad de resolver las demandas de la Comunidad Otomí? Su exigencia principal es una vivienda digna y el avance en los proyectos que garanticen el acceso digno y decoroso, para así desocupar el edificio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que mantienen tomado desde hace casi 4 años y se ubica a un costado de la Cineteca Nacional.

Resolver estas peticiones significa un gran reto, pues supone garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad que tienen los pueblos originarios. Resolver las peticiones significa garantizar que una comunidad originaria goce de un plan integral con condiciones para desarrollar una vida libre de violencia racial y discriminación, lo que marcaría un gran precedente. El reto es tener voluntad política para resolver una situación que diferentes funcionarios intentaron gestionar.

Desde el 12 de octubre de 2020 la Comunidad Indígena Otomí mantiene tomadas las instalaciones del INPI. En ese entonces la jefa de gobierno era Claudia Sheinbaum, que fue citada en distintas ocasiones para resolver las peticiones e instalar mesas de trabajo. Sin embargo, nunca se presentó y los acuerdos a los que se llegó con sus representantes no tuvieron validez. A partir de octubre de 2024 asumirá un nuevo cargo, con lo que tendrá nuevos grandes retos y oportunidades.

Con la actual administración se tuvieron mesas de para alcanzar negociaciones, además se les entregó un oficio que contenía una propuesta de 9 puntos para llegar a una resolución. Tuvieron conocimiento Martí Batres Guadarrama, jefe de gobierno de la Ciudad de México, Inti Muñoz, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México (SEDUVI) y Tania Libertad Argumedo Chávez, coordinadora ejecutiva del Instituto de Vivienda (INVI), pero no ha habido un avance. Sin embargo, la Comunidad Otomí no descarta que en los 95 días que les queda de administración logren establecer una ruta justa. De lo contrario emprenderán acciones dirigidas a la nueva administración.

Palabra pública por la liberación inmediata e incondicional de José Díaz Gómez, indígena Ch´ol, Base de Apoyo del EZLN, Defensor del Territorio de Trapiche, municipio de Salto de Agua, Chiapas

06 de Julio de 2024

Demandamos que el juzgado de Catazajá Chiapas cumpla con su deber de impartir justicia verdadera a nuestro hermano José Díaz Gómez, Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), Defensor de la vida y el Territorio, originario de Ranchería el Trapiche, municipio de Salto de Agua, Chiapas acusado injustamente, que desde el 25 de noviembre de 2022 fue secuestrado y rehén por el gobierno del Estado de Chiapas, donde le fabricaron un delito de robo ejecutado con violencia, estrategia del Gobierno para encarcelar a los más indefensos.

En el marco de la apertura del juicio oral que dio inicio el 4 de junio, después de un año y siete meses de prisión preventiva oficiosa, solo han llevado a la larga su proceso penal, estamos sabedores que el 8 de julio de 2024, se dará continuidad a su proceso, para posteriormente dictarse una sentencia, nos preocupa que el Juez vaya a dictar una sentencia de condena a nuestro compañero sin prueba alguna que justifique su encarcelamiento y criminalización. Estamos conscientes que no existen elementos para sentenciar a José Díaz, al tratarse de un delito fabricado.

Repudiamos la actitud de las autoridades por el maltrato a nuestro hermano José Díaz Gómez al ser víctima de detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza, víctima de tortura, desaparecido e incomunicado por la policía especializada de la fiscalía del Distrito Selva, estratégicamente le hicieron firmar y poner su huella en varios papeles en blanco y no le facilitaron un traductor de su lengua materna Ch´ol , ni por un abogado, lo que es una grave violación a sus derechos humanos.

Nos unimos a la voz de todos aquellos que claman justicia desde las cárceles:

EXIGIMOS:

• La liberación inmediata e incondicional de nuestro hermano Defensor de la vida y el Territorio José Díaz Gómez BAEZLN y de otros cuatro hermanos de Base de Apoyo Zapatista, que tenemos conocimiento que cuentan con órdenes de aprehensión.
• Respeto a nuestros derechos humanos indígenas.
• Respeto a nuestras autonomías comunitarias.
• Basta de los trabajos sucios e ineptos de los jueces y la fiscalía del Estado.
• Basta de la corrupción de las autoridades que ponen en riesgo la vida de los más indefensos.
• Basta del encarcelamiento y criminalización injustificado de los más indefensos.

ATENTAMENTE
CONCEJO DEL GOBIERNO COMUNITARIO
Chilón, Chiapas.

La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena, nos sumamos a la exigencia de la comunidad indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Muchoacán y URGIMOS a que se tomen de inmediato las acciones necesarias para resguardar la seguridad en la región costa sierra de Michoacán, y se detenga el avance del Cartel Jalisco Nueva Generación, que  acrecentó de una manera desmedida su ataque armado a la encargatura de La Cofradía, en la zona sierra de la comunidad indígena de Ostula.  

Desde el día 1 de julio comenzó el ataque a los puntos de seguridad de la comunidad. Y desde el 3 de julio comenzó un artero ataque con explosivos arrojados desde drones sobre lugares públicos de la comunidad, a los que cada 40 minutos estuvieron arrojando explosivos y atacando con grupos de alrededor de 50 sicarios con armas de guerra, sumados a los ataques que la comunidad ha denunciado en semanas anteriores y ante los cuales, los gobiernos han sido omisos, permitiendo con ello la expansión del Cartel Jalisco Nueva Generación a costa de la vida de los pueblos indígenas y campesinos

Denunciamos que el gobierno estatal de Michoacán y el gobierno federal están dejando sola a la comunidad de Ostula. No solo no han hecho presencia para resguardar y defender al pueblo indígena de la sierra costa, sino que permiten que los atacantes puedan transitar por la región para reabastecerse de parque y armamento para mantener su guerra a la que nuestras hermanas y hermanos resisten de manera heroica con organización y dignidad. 

Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo nahua de Santa María Ostula, Michoacán y su guardia comunal y convocamos a los pueblos originarios de México y el mundo, a la sexta nacional e internacional, a las organizaciones de derechos humanos y colectivos solidarios y conscientes, a denunciar y exigir que se detenga el ataque armado y sean desmantelados los grupos criminales. 

ATENTAMENTE
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena. 

COMUNIDAD NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA BAJO ATAQUE DEL CRIMEN ORGANIZADO

¡Exigimos acción inmediata para desarticular los grupos criminales!
¡Exigimos respeto a la libre determinación de la comunidad Nahua de Santa María Ostula!

Un pueblo en resistencia: la historia de lucha de Santa María Ostula

Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante la situación que vive la comunidad indígena de Santa María Ostula. Desde hace décadas, la comunidad ha sido un ejemplo de dignidad y organización en la defensa de su territorio y el ejercicio de su derecho a la libre determinación. En 2009 El Manifiesto de Ostula, firmado en conjunto con los pueblos Wixárika, Purhépecha, Binnizá, Hñahñuu, Coca, Tzeltal, Ñuu Savi y Rarámuri, reiteró su empeño por continuar ejerciendo su derecho histórico a la autonomía y libre determinación. Días después, miles de comuneros de Ostula recuperaron cientos de hectáreas de tierra que estaban en poder de caciques locales bajo el artilugio de “pequeños propietarios”. Estos territorios, ahora llamados Xayakalan, son codiciados por empresarios del turismo, minería, crimen organizado y comercio de maderas preciosas. Además, Ostula se encuentra estratégicamente ubicada entre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, los dos más importantes de México.

Rápidamente, Santa María Ostula se constituyó como un referente de autonomía y autogestión, estableciendo control comunitario sobre sus tierras y playas y creando la Guardia Comunal, que se encarga de suministrar paz, seguridad y justicia para los habitantes de la región.

Sin embargo, la comunidad no ha estado exenta de hostigamiento y violencia. Desde 2008 en el proceso de organización para la recuperación de su territorio y a lo largo de los años, han sufrido asesinatos, desapariciones, intentos de desarme y ataques armados por parte del crimen organizado.

Denunciamos los ataques del 1 al 3 de julio de 2024

Entre el 1 y el 3 de julio de 2024, la comunidad de Santa María Ostula fue nuevamente víctima de una brutal embestida por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los ataques armados se intensificaron, poniendo en grave riesgo a la población. El 3 de julio, los criminales utilizaron drones para lanzar explosivos contra la comunidad, incluyendo la cancha central, casas y la escuela.

La población civil, principalmente mujeres, niños y personas mayores, fue aterrorizada por la violencia y rodeada por grupos de hasta 50 criminales. A pesar de la heroica resistencia de la comunidad, las autoridades estatales y federales han brillado por su ausencia, permitiendo el ataque impune de los agresores.

Exigimos a las autoridades Federales y Estatales: 

1. La intervención inmediata para detener la embestida del CJNG.
2. El reconocimiento y respeto a la libre determinación y autonomía de Santa María Ostula como un ejemplo histórico de lucha por la tierra y la dignidad.
3. El respeto al derecho de la comunidad a ejercer su autodefensa y el otorgamiento de garantías para el funcionamiento de la Guardia Comunal.
4. Castigo a los responsables de este ataque, de  los asesinatos, desapariciones y demás violaciones a los derechos humanos de la comunidad que se perpetran impunes desde 2008.

¡Alto a los ataques contra la comunidad Nahua de Santa María Ostula!

Espacio de Coordinación Nacional Alto a la Guerra contra los Pueblos Zapatistas