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Colectivos e individuos Oulu, Finlandia

Con la comunidad Zapatista de Nuevo San Gregorio desde Finlandia

Una pequeña muestra de solidaridad desde la ciudad de Oulu, Finlandia, en donde se reunieron diferentes colectividades e individualidades para expresar su total enojo y digna rabia en contra de las constantes agresión de los grupos paramilitares hacia las comunidades autónomas Zapatistas.

Nos solidarizamos con los pueblos Zapatistas desde el Norte de Slumil K’ajxemk’op (Europa insumisa) y desde abajo a la izquierda abrazamos sus resistencias, sus dolores y luchas.

Exigimos al mal gobierno de México que detenga los ataques a las comunidades autónomas, rebeldes que construyen otra realidad día a día. Durante los encuentros de escucha y palabra celebrados durante la travesía por la vida nos enseñaron a caminar en unidad, con respeto, y coraje, construyendo poco a poco un frente común y resistiendo encontra del capitalismo voraz.

¡Viva el EZLN!

Colectivos e Individuos

Oulu, FInlandia

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El Salto Diario

Periodistas mexicanos denuncian su indefensión ante un repunte de violencia contra el gremio

El asesinato de cuatro comunicadores en lo que va de 2022 indigna a los periodistas que señalan un sistema de protección que consideran ineficiente.
 
Concentración del 25 de enero en protesta por el asesinato de dos periodistas en Tijuana. Foto: Luis Gutiérrez.
 Carlos Iván Molina Aguilar
Tijuana (México)

El lunes 31 de enero el periodista de Monitor Michoacán, Roberto Toledo, fue asesinado por tres individuos al salir de su trabajo. El empleado de este pequeño blog de información local elaboraba piezas que señalaban la corrupción en los distintos niveles de la administración y entre los políticos, y había recibido amenazas previamente. Su asesinato supone el cuarto crimen contra la prensa en México desde que empezara el año.

Según ha documentado Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, en lo que va de mandato del presidente López Obrador, han sido asesinados 28 periodistas, 148 desde el año 2000.

La semana pasada fue especialmente trágica, cuando dos periodistas fueron asesinados en pocos días en la ciudad fronteriza de Tijuana, una de las más violentas del mundo. Dicha ciudad ubicada en el estado de Baja California al norte de México y que colinda con el estado de California, registró el año pasado 1.987 asesinatos dolosos.

Bajo este contexto de violencia generalizada e inseguridad en el que el estado mexicano ha lucido por su ineficiencia para garantizar la integridad física de aquellos que ejercen el oficio, los periodistas no han dejado de realizar sus labores informativas.

Lastimosamente, el “Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas” del estado mexicano, no ha evitado que colegas como Margarito Martínez y Lourdes Maldonado asesinados en Tijuana, hayan sido ejecutados a balazos frente a sus domicilios.

Margarito Martínez

El pasado 17 de enero el periodista Margarito Martínez, con más de 20 años de reportero gráfico en temas policíacos, fue asesinado fuera de su casa aproximadamente a las 12:30 pm, el sonido de un arma de fuego calibre 9mm hizo que su hija de 15 años saliera y encontrara el cuerpo de su padre con heridas en su cabeza y pecho.Su fuerte era la cobertura de notas policíacas, su experiencia y profesionalismo lo llevaron a colaborar con los medios locales más reconocidos. Llegó a ser fuente de información de medios nacionales, internacionales e incluso documentales sobre temas de seguridad, dado que era un referente al respecto, su ausencia, aseguran colegas periodistas, dejará un vació informativo ya que solo él cubría esta fuente con una valentía y compromiso inigualable.

La reciente reforma en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2021 ha sido desvirtuada y utilizada por grupos criminales para transmitir sus mensajes

Su profesionalismo fue más que reconocido. A pesar de esto, cuando pidió ser beneficiario del “Mecanismo de Protección” un mes antes de su asesinato, la ineficiencia y burocracia del mismo no logró cumplir su objetivo y salvaguardar su vida.

Margarito fue acusado sin pruebas de ser administrador de una página de Facebook que señala a miembros de cárteles llamado “Tijuana en Guerra”, lo cual, pudo haber expuesto su integridad personal a manos de grupos criminales que se veían afectados por las publicaciones de dicha página.

Después de un altercado transmitido en vivo a través de Facebook con un pseudo-comunicador llamado Ángel Peña, —quien administra una página en dicha plataforma con más de 100 mil seguidores, pero carente de ética periodística— donde lo acusa sin prueba alguna. Margarito expresó temer por su vida a través de un comunicado hecho por el colectivo #YoSíSoyPeriodista con sede en Tijuana.

Para la presidenta del colectivo, Sonia de Anda, el gobierno estatal que tomó el poder en noviembre no le dio la importancia debida al mecanismo de protección, incluso se comunicaron con ella para decirle que no existían fundamentos jurídicos para operarlo y debían volver a comenzar todo desde cero.

Melva Adriana Olvera, Sub-secretaria de Derechos Humanos y encargada del mecanismo estatal tuvo que delegar la responsabilidad al gobierno federal con sede a más de tres mil kilómetros de distancia en la Ciudad de México. La federación hizo llegar documentación a Margarito pero se desechó su solicitud al no completarse con la burocracia requerida desde la capital.

“Quiere decir que ni siquiera le dijeron a Margarito de lo que se trataba el mecanismo porque él asumió que porque le llamaron por teléfono ya estaba incorporado. Sí tienen un problema de burocracia, pero en el estado no le dieron la importancia porque estaban metidos en la transición de gobierno, lo delegaron a la federación y ellos no tienen contacto cercano con nosotros”, dijo Sonia de Anda.

“Estos dos crímenes se dan en un contexto en el que los encargados del mecanismo están tratando de ponerlo en marcha, obviamente no saben cómo. No sé si no se pusieron en comunicación con la federación para que les explicaran que tenían que hacer o simplemente pensaron que podía esperar y en ese lapso es cuando asesinan a Margarito y seis días después a Lourdes Maldonado”, explicaba la integrante de #YoSíSoyPeriodista.

Esta centralización característica en el sistema republicano de México ha afectado a los periodistas no solo por su ineficiencia en la lejanía, sino también por la postura del presidente y su partido, que ha deslegitimado a los periodistas y dado vía libre a los “blogeros” e “influencers” de internet.

La reciente reforma en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2021, que según el presidente de México garantizaría la libertad de expresión, especialmente en las redes sociales, ha sido desvirtuada y utilizada por grupos criminales para transmitir sus mensajes sin necesidad de los medios y los periodistas.

La creación del colectivo #YoSíSoyPeriodista en Tijuana fue una forma en que los reporteros podrían diferenciarse de aquellos “bloggeros” o “influencers” que mantienen una línea muy fina y hasta dudosa entre la labor informativa y la propagandística en sus contenidos.

“El mismo gobierno nos vulneró porque creó una ley que dice que toda persona que publica de manera recurrente en cualquier plataforma de internet es periodista. Esta situación que generó el gobierno mexicano le abrió la puerta a los grupos del crimen organizado para preparar a personas como influencers o blogueros y lanzar sus mensajes tal y como ellos quieren. Margarito fue víctima de uno de esos blogueros”, comentó la presidenta del Colectivo.

El discurso de estos pseudo-comunicadores se ha popularizado gracias a una especie de “desencantamiento” hacia los medios de comunicación por parte de la población mexicana, la cual vivió años de lo que algunos llamaron una “Teletiranía”. Los contratos millonarios que los gobiernos de derecha tenían con las televisoras y que rayaban en lo propagandístico, la guerra sucia mediática/política en épocas electorales etc., deslegitimaron a la prensa tradicional, pero llevándose de paso a los medios libres.

Estos blogueros han encontrado cómo sacar ventaja del término “Chayotero” o prensa pagada ante sus audiencias, ya que para ellos el hecho de publicar fotos de presuntos miembros de carteles con rostros tapados, por no publicar narco-mantas (mensajes dejados por los cárteles) o fotografías explícitas, significa que los periodistas ocultan la verdad por tener compromisos económicos con el gobierno o como le dijeron a Margarito: “Yo no soy lame botas de nadie, a mí nadie me paga”.

“Estos blogueros no entienden que no es porque nos controle el estado, es por cuestión de leyes en materia de derechos humanos, que no podemos violentar el debido proceso, que debemos respetar la ley general de víctimas, el gobierno no ha sancionado a los blogueros que rompen con el debido proceso y estropean investigaciones”, argumentó De Anda.

Lourdes Maldonado

El contexto del asesinato de Lourdes Maldonado, periodista con 30 años de experiencia en el oficio, aunque concurrido solo seis días después, fue distinto. Ella sí era beneficiaria del Mecanismo de Protección desde marzo del 2021, a pesar de esto, a ella también le quitaron la vida a balazos justo enfrente de su vivienda.

Maldonado tenía una demanda laboral en contra del medio para el que trabajaba y el dueño del mismo; Jaime Bonilla. Dicho personaje ganó la gubernatura del estado y ejerció el puesto durante el 2019-2021, por el mismo partido del presidente de la república.

Días antes de su asesinato, Lourdes  ganó su demanda laboral. Al no obtener respuesta por parte de Bonilla, Lourdes y su abogado acudieron a las instalaciones del medio de comunicación —PSN— del que este es propietario a hacer un requerimiento de pago y no hubo respuesta por parte de nadie, ni siquiera de sus representantes legales.

Lourdes y su abogado procedieron a embargar el inmueble, lo que daría control a la periodista de todos los documentos contables de la empresa, así como de los documentos laborales que registran las altas en el Seguro Social de sus trabajadores. En caso de encontrar omisiones, Lourdes tendría la obligación de informar a las instituciones de seguridad social.

“No sabemos si el crimen de Lourdes ocurre porque se enfrentó a Jaime Bonilla o porque alguien quiere embarrar a Jaime Bonilla para obstaculizar su trayectoria política y Lourdes fue un elemento desechable. Imagínate que ahora estén escogiendo periodistas para atacar políticos, esa es la preocupación”. Explicó la presidenta del colectivo.

La periodista ya había sido atacada en su domicilio en marzo del año pasado, y desde entonces tenía un botón de pánico, un teléfono que la comunicaba directamente con la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, además de tener custodia policíaca permanente en su casa de las 8:00 pm a 6:00 pm. Según la Fiscalía General del Estado las autoridades recibieron una llamada al número de emergencias 911 y al llegar a las siete de la tarde Maldonado se encontraba muerta en su vehículo justo frente a su domicilio.

El problema, según piensa De Anda y el colectivo #YoSíSoyPeriodista, es que a pesar de que Lourdes no comunicó al gremio ninguna inconformidad sobre el mecanismo, la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, al inicio de su mandato en noviembre del año pasado y con el pretexto de la escasez de agentes de seguridad pública, requirió de vuelta al servicio a todos los policías que realizaban actividades de custodia de personas, porque según ella, cuidaban solo a empresarios.

La Secretaría no ha facilitado las bitácoras de la custodia que tenía Lourdes, de acuerdo con De Anda y el colectivo, ha existido un hermetismo por parte de las instituciones de seguridad y la fiscalía: “Tengo la sospecha que se le había retirado parte de la custodia que se le había otorgado. Queda en evidencia que algo no está funcionando en el mecanismo estatal y el federal”. A pesar de estos dos acontecimientos, el Fiscal General del Estado, Hiram Sánchez, quien acudió a la escena del crimen del asesinado de Lourdes dijo que el mecanismo no falló.

“Hoy tenemos compañeros que piensan que podemos ser blanco y que tenemos una bala destinada para cada uno de nosotros en la cabeza”

“No podemos decir que falló el mecanismo en opinión de nosotros, el mecanismo que ella tenía, tenía algunas cosas específicas en las que consistía, sabemos que tenía un botón de pánico y comunicación constante con Seguridad Pública, sabemos que había rondines y vigilancia permanente en un horario determinado y desafortunadamente el mecanismo como tal podemos ver, no fue suficiente para evitar que le quitaran la vida a la compañera, es algo que estamos determinado en este momento”, señaló Sámchez.

El ambiente actual en el gremio periodístico a partir de estos hechos ha tenido consecuencias emocionales, psicológicas, delirios y paranoias de persecución. “Hoy tenemos compañeros que piensan que podemos ser blanco y que tenemos una bala destinada para cada uno de nosotros en la cabeza”.

Los integrantes de #YoSíSoyPeriodista tuvieron que pasar de modo luto a modo lucha y organizaron el 25 de enero una movilización nacional para exigir justicia a los periodistas caídos en lo que va de este año. Más de 40 ciudades en todo el país se unieron a esta movilización.

Según datos de Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Y encabeza la lista de países que no se encuentran formalmente en guerra con más periodistas asesinados, incluso arriba de países como Afganistán.

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Avispa Midia

Mujeres Achí ganan una larga batalla en las cortes de Guatemala

Por Avispa

Texto: Roderico Y. Díaz y Emily Rhyne

Portada: La abogada Lucia Xiloj abraza a una de las mujeres achí sobreviviente de violencia sexual. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

En un caso histórico para la justicia en Guatemala, un tribunal especial condenó a cinco ex paramilitares a 30 años de cárcel por deberes contra la humanidad en su modalidad de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996). Los culpables de estos crímenes son Francisco Cuxum Alvarado, Damián Cuxum Alvarado, Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino y Gabriel Cuxum Alvarado.

En 2018, un grupo de 36 mujeres indígenas Maya Achí, todas sobrevivientes de violencia sexual, iniciaron el proceso judicial, casi 40 años después de sufrir estos vejámenes por parte de miembros de las patrullas de autodefensa civil (ex PAC), grupo paramilitar organizado por el ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno.

El tribunal estuvo compuesto por tres jueces, Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Gervi Sical, destacados por su trabajo en casos anteriores de derechos humanos de alto impacto.

Las 36 mujeres maya achí fueron representadas por un equipo de tres abogadas indígenas de la Asociación Bufete Jurídico y Popular de Rabinal, entre ellas la abogada Lucía Xiloj, reconocida internacionalmente por su trabajo en casos de derechos humanos enfocados en violencia contra las mujeres.

Una anciana mujer Achí camina frente a una manta de apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, con el mensaje “Justicia para las mujeres Achí”. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

La abogadaLucía Xiloj, en sus conclusiones finales ante el tribunal, argumentó que “la violencia sexual es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Es una práctica que se comete durante los conflictos armados […] Estos hechos han permanecido en la impunidad, al ser una estrategia contra las mujeres y sus comunidades.”.

El juez Sical leyó el veredicto histórico a la pequeña multitud de abogados, testigos, periodistas y observadores de derechos humanos reunidos dentro de la sala del tribunal, mientras en las afueras del edificio del tribunal, otro grupo de mujeres sobrevivientes, escuchaban la transmisión del proceso en un altavoz y teléfonos celulares, debido a las restricciones de salud pública.

El veredicto contiene un análisis importante que puede servir como precedente para litigios futuros relacionados a casos de violencia sexual durante la guerra en Guatemala. “Los soldados atacan a las mujeres […] con la intención de romper el tejido social, de romper emocionalmente al adversario. […] Violencia sexual contra las mujeres achí fue utilizada como parte de la estrategia militar que las consideraba enemigas internas [del Estado] […] A través de la violencia sexual buscaban destruir al pueblo maya achí a través de los cuerpos de las mujeres achí. [… ] Fueron utilizados como ‘botín de guerra’ y como instrumento de tortura”. […]

Continúa el veredicto: “Al escuchar las declaraciones de las sobrevivientes, este tribunal determinó que las mujeres achí sufrieron violencia sexual individual, colectiva y sistemática y esclavitud doméstica. […] Reconocemos la valentía y el respeto que merecen las mujeres Achí por su valentía y perseverancia al sacar adelante este caso, rompiendo el silencio sobre los hechos a los que fueron sometidas, y que crímenes de esta naturaleza nunca más se repitan.”

Afuera del juzgado, cientos de simpatizantes celebraron el veredicto y las sobrevivientes se dirigieron a la multitud. “Estamos contentas con esta sentencia y doy gracias a Dios y a nuestra sagrada tierra. […] Estamos aquí porque es nuestro derecho y es una obligación del Estado [guatemalteco]. Nos deben esto porque no solo por violarnos, también mataron a nuestros familiares”.

Las mujeres Achí junto a un grupo de apoyadores del caso celebran en las afueras de la corte la sentencia de 30 años de prisión a los 5 ex paramilitares. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

Testimonios dolorosos y actos atroces de violencia

Los dolorosos testimonios de las mujeres describieron abortos espontáneos y embarazos forzados, daño emocional severo y estigmatización como resultado del abuso.

Relataron cómo las Fuerzas Armadas de Guatemala y las PAC llevaron a cabo asesinatos y desapariciones forzadas de familiares mientras quemaban todas sus pertenencias, incluidas sus viviendas y cultivos alimentarios, durante las masacres. También describieron la destrucción del tejido social y los valores de apoyo mutuo en las comunidades indígenas.

Pedrina López tenía solo 12 años cuando el 29 de agosto de 1982, luego de que sus padres fueran capturados, los paramilitares Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, hermanos, se turnaron para violarla frente a sus hermanos menores. En su testimonio describió los hechos atroces:

“Mataron a mi padre y a mi madre. Luego regresaron a la casa y me violaron. No tengo vergüenza de contar lo que me pasó porque Benvenuto golpeó a mi hermanito contra la pared, hicieron lo que quisieron conmigo. Querían dinero, encontré 50 centavos en el cajón y se los di. Es duro vivir sin padres, pasamos hambre. Y queremos justicia, lo que hicieron, la violación, son mayores, yo no sabía, yo era una niña. Ellos vivían abajo de nuestra casa, los conocíamos, siempre los encontrábamos en el mercado. Me dejaron sangrando durante un mes por lo que me hicieron, y lo hicieron frente a mis hermanos. El dolor de mi corazón no se va, siempre lo recordamos.”

Haydeé Valey, (centro), abogada Achi, quién representó a las sobrevivientes del caso “Mujeres maya Achí” celebra junto a grupo de mujeres en las afueras del edificio de tribunales en las ciudad de Guatemala. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

Margarita Alvarado Enríquez estaba lavando ropa cuando los paramilitares la agarraron y procedieron a amordazarla y golpearla en todo el cuerpo. Amenazándola con armas de fuego, la obligaron a desnudarse y posteriormente procedieron a violarla en grupo a pesar de que estaba embarazada de tres meses, lo que resultó en un aborto espontáneo.

“Me pusieron la pistola en el pecho, me amordazaron la boca, me violaron, me patearon, me abofetearon. Yo tenía 20 años cuando me violaron, me violaron dos veces”.

Su hermana, Marcela Alvarado Enríquez, estaba con ella en ese momento y también sufrió un aborto espontáneo como resultado de los brutales ataques.

En su testimonio describe “a mi esposo lo mataron los paramilitares cuando estaba trabajando. Nos obligaron a salir de nuestras casas y tuvimos que vivir en la selva. […] Llegaron a la casa preguntando por mi esposo, pero ya lo habían matado. […] Estaba asustada y temblando, me dijeron ‘ahora vas a pagar’. Grité y me taparon la boca. ‘Quita tu corte [un tipo de falda usada por mujeres indígenas en Guatemala] te vamos a violar.’ […] Me violaron dos veces. Yo tenía unos dos o tres meses [embarazada]. Me duele la espalda. Nos llevaron [y nos obligaron] a hacer tortillas en la base militar de Xococ”.

Mujeres Achí observan la transmisión del juicio en las afueras del edificio de tribunales. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

Deportado de Estados Unidos para enfrentar la justicia

En un comunicado, la U.S Inmigration and Customs Enforcement (ICE), en enero 2020, indicó que Francisco Cuxum Alvarado se había refugiado en los Estados Unidos por varios años, y que fue localizado en Waltham, Massachusetts, y deportado hacia Guatemala para responder a los señalamientos de violencia sexual en contra de las mujeres maya achí.

Parte del comunicado de ICE señala: “Según documentos judiciales, desde principios de la década de 1980, las fuerzas armadas guatemaltecas, asistidas por milicias civiles conocidas como Patrullas de Defensa Civil (PAC), perpetraron una serie de masacres contra el pueblo indígena maya achí de Río Negro, en y alrededor del municipio de Rabinal, en Guatemala. Más de 400 maya achí fueron asesinados en estas masacres y cientos más fueron sacados a la fuerza de sus hogares. En 1998, Cuxum Alvarado fue nombrado sospechoso en la masacre del 13 de marzo de 1982 de 177 personas, incluidos 107 niños en Cerro Pacoxom.”

Margarita Alvarado Enriquez (centro) quien presentó su testimonio durante el juicio del caso mujeres Achí, conversa con otras mujeres en las gradas del edificio de tribunales después de la sentencia. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

El largo camino hacia la justicia

En 2011, el grupo de mujeres maya achí rompió el silencio denunciando lo sucedido durante la guerra de más de 30 años antes.

Unos años más tarde, en 2016, Guatemala vio un veredicto innovador que condenó a dos militares a más de 100 años de prisión cada uno por la esclavitud sexual de 15 mujeres maya q’eqchi’ de la comunidad de Sepur Zarco. Éste fue el primer caso en confrontar las secuelas de la violencia sexual generalizada cometida durante el brutal conflicto armado interno de Guatemala.

En mayo de 2018, seis presuntos integrantes de las PAC fueron capturados y acusados ​​de crímenes de lesa humanidad por violencia sexual contra 36 mujeres maya achí. Este es solo el segundo caso de alto impacto que aborda el tema de la violencia sexual y la esclavitud durante el conflicto armado.

En 2019, a pesar de las pruebas contundentes presentadas por la fiscalía, la jueza Claudette Domínguez desestimó los cargos contra tres de los acusados ​​y dejó en libertad provisional a los tres restantes.

En un comunicado de 2019, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), quien actuó como querellante en el caso en ese momento, aseguró que “la impunidad que [la jueza Claudette Domínguez Guerrero] otorga a militares acusados ​​de graves violaciones a los derechos humanos durante la conflicto armado interno” confirma “su parcialidad en estos casos”.

Dos mujeres se toman de la mano alrededor del altar maya colocado en la plaza de los Derechos Humanos, frente a la torre de tribunales en la ciudad de Guatemala. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

El Centro indicó que “la jueza se escudó alegando secreto militar para evitar revisar documentos militares presentados por el Ministerio Público”. Además, expresó su solidaridad con las mujeres maya achí de quienes dijeron que “valientemente” rompieron su silencio para buscar justicia e instaron al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional ya las autoridades competentes a “denunciar estos actos de impunidad”.

Las víctimas interpusieron recurso de apelación argumentando que en la audiencia de apertura de juicio, el juez Domínguez, además de dictar clausuras y sobreseimientos provisionales, “omitió o no se pronunció” respecto de los hechos de violencia sexual, “desvirtuando los hechos” y “omitiendo del caso el 80% de las víctimas exigiendo justicia para sus familiares que sufrieron violencia sexual”.

Luego de varios meses de espera para que una corte de apelaciones resolviera el estado del caso de violencia sexual Maya Achí, el 9 de septiembre de 2019 se resolvió que la jueza Claudette Domínguez no podía seguir presidiendo el “Caso Mujer Achi” por interés indirecto, ordenando que el caso fuera trasladado a otro tribunal.

Una anciana indígena Achí sobreviviente de violencia sexual, carga un ramo de flores después del veredicto que condenó a los patrulleros que la sometieron a violencia y esclavitud sexual en la década de 1980. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

La resolución de 2019 fue el momento crucial que permitió que el caso de las sobrevivientes siguiera adelante. El caso fue reabierto en enero de 2020 por el juez Gálvez, quien determinó que había pruebas suficientes para detener a 5 de los imputados, fijando la fecha del juicio público para enero de 2022 y que llevó a la condena de 30 años de prisión a los cinco acusados.

En sus alegatos finales, la abogada Lucía Xiloj recordó al tribunal que “la violencia sexual es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad”, y que tales crímenes no prescriben. Un elemento importante para el caso porque existen aún varios ex paramilitares prófugos por estos mismos señalamientos.

Una anciana maya Achí sostiene una flor roja en sus manos, después de presentar un amparo en contra de la jueza Claudette Domínguez, quien declaró el cierre provisional del caso “mujeres Achí” en el año 2019. Guatemala Agosto 2019. Fotografía: Roderico Y. Díaz.
radio
Prensa Comunitaria

Chiquimula: autoridad Maya Ch’orti’ es detenida por oponerse a minera

Timoteo Váldez, es Maya Ch’orti’, originario de la comunidad Tuticopote del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula a 220 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Timoteo Valdez es autoridad indígena espiritual, forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, quien fue detenido este 30 de enero en el centro del municipio de Olopa. Denuncian que detrás están los intereses de una de las empresas mineras que operan de manera ilegal en este territorio, afirman en un comunicado.

La Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Ch’orti’ y el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, denunciaron a través de una alerta la detención de Timoteo a las 10 de la mañana en el pueblo. La autoridad indígena fue identificada en el momento en el que buscaba atención médica por padecer de quebrantos de salud.

En comunicado expresaron que  condenan la detención de la Autoridad Indígena y Guía Espiritual Timoteo Valdez por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a bordo de la patrulla CHI-119, sin informarle el motivo de su detención. Denuncian que se encuentra en estado crítico de salud y que necesita atención.

“Dicha detención se da en el marco que, el día de mañana 31 de enero, 2022, el gobernador departamental de Chiquimula y responsables del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, INAB y DIPRONA y la municipalidad de Camotán, se comprometieron a dar una respuesta sobre el cierre de la Mina Cantera el Porvenir, la cual tiene múltiples denuncias de explotación ilegal de minerales en tierras Ch’orti’ y destrucción de bosques comunales.” Afirman autoridades indígenas y campesinas del pueblo Ch’orti’.

La PNC publicó en su cuenta oficial en twitter, a las 14:18 horas una fotografía en la que trasladan a Timoteo Vásquez, Autoridad Indígena Maya Ch’orti’ al juzgado de Chiquimula, supuestamente requerido por los delitos de por los delitos de coacción, amenazas y extorsión e instigación a delinquir.

Foto PNC

Lea más sobre el rechazo a las empresas mineras en Chiquimula:

 

Autoría y edición

radio
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

¡Urgente! Frente a los ataques en Tula, Xicotlàn y Zacapexco llamamos a estar atentos y a mantener las denuncias por otro posible ataque del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A los medios de comunicación

  

30 de enero de 2022

Hermanos y hermanas, como pueblos nahuas de la Montaña Baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ y al CNI-CIG, estamos atravesando por momentos difíciles, pues por un lado el grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” ha desatado una nueva escalada de violencia, con desapariciones e incursiones, como las de esta mañana en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, en las que por alrededor de 2 horas, abrieron fuego en contra de sus habitantes, sin que autoridad alguna interviniera, hasta pasadas las 2 horas, a pesar de haber una Base de operaciones Mixtas en la comunidad de Tula, no respondieron inmediatamente a las agresiones, tal como lo dicen la parte gubernamental en un  comunicado.

También dejamos claro que en el comunicado del gobierno no aclaran que son “Los Ardillos” quienes nos atacaron, lo cual nos deja mucho que pensar, vemos que les temen, que no los nombran, que los protegen; ya lo hemos dicho en otros momentos, dentro de las presidencias municipales, fiscalía, policías municipales, se pasa información y se protege a este grupo narco-paramilitar. Dicen también que intervinieron para “evitar que los pobladores continúen agrediéndose entre sí”, lo cual resulta absurdo, no nos agredimos entre nosotros, nos vinieron a atacar “Los Ardillos”.  Nuevamente llamamos a las autoridades a hacer su trabajo, a cuidar la vida de las comunidades y a desmantelar al grupo delincuencial “Los Ardillos”.

Les pedimos a nuestros hermanos y hermanas solidarias, a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos y demás compañeros y compañeras, que estén atentos a lo que pueda suceder, pues aunque ya hay presencia de la Guardia Nacional y otras autoridades, éstas no permanecen en el lugar para protegernos y no dudamos que “Los Ardillos” vuelvan a atacarnos. Como CIPOG-EZ, mantendremos las denuncias y la defensa de la vida, por lo que sabemos que nuestras vidas corren peligro, frente a lo que responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por lo que pueda suceder, pues saben lo que pasa en Guerrero, las denuncias se han hecho en todas las instancias gubernamentales, sin una respuesta clara que termine con la violencia en nuestras comunidades, ni en el estado.

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

radio
Radio Pozol

Colectivos de Francia, denuncian agresiones contra zapatistas en Chiapas y reiteran su solidaridad con la lucha por una vida digna. «No están solas» su mensaje de apoyo

A :
Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
Lic. Adan Augusto López Hernández. Secretario de Gobernación de México
Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Subsecretaría de Derechos Humanos,
Población y Migración
Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno en Chiapas
Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
Via :
Raymond de Las Casas de Saint-Martin, Consul honorario de México en Toulouse
Juan Manuel Gómez Robledo, Embajador México en Francia

Toulouse, suroeste de
Francia

14 de enero de 2022

Señores y Señoras,

Como Red de resistencia y rebelión del suroeste de Francia, y de apoyo a la lucha por la vida de nuestros compas zapatistas, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona, denunciamos las violencias ejercidas contras los pueblos indígenas deChiapas con impunidad total, a pesar de varias denuncias documentadas dirigidas a los 3 niveles de gobierno mexicanos.

Nos solidarizamos particularmente con la comunidades de Moises y Gandhi y de Nuevo San Gregorio, dependientes del Consejo de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol10 Floreciendo la Semilla Rebelde.

Desde el verano 2020, la ORCAO, grupo de paramilitares ha llevado a cabo acciones al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo donde gobierna el mal llamado Partido Verde (apéndice del PRI y que le hace el juego sucio a Morena), en donde su principal líder es funcionario del municipio. Actúan cobijado por el gobernador Rutilio Escandón  Cadenas a cambio de los votos que le dio el Partido Verde para llegar a la gobernatura de Chiapas.

Entre las acciones que han llevado a cabo y se han denunciado públicamente, sin embargo han quedado en total impunidad: el saqueo, robo y quema de la tienda el Arco Iris el 22 de agosto de 2020, ubicada en el crucero Cushuljá, municipio de Ocosingo.

El día 8 de noviembre de 2020 la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva denunció “el secuestro y tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés y Gandhi, por parte de la organización paramilitar llamada ORCAO.”

El día 11 de septiembre de 2021 el grupo paramilitar secuestró a dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno a José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el día 19 de septiembre.

El 21 de noviembre, una vez más los paramilitares de la ORCAO atacaron con armas de fuego a la comunidad de Moisés y Gandhi, e incendiaron la escuela secundaria autónoma.

En la misma zona, y desde noviembre de 2019, el poblado de Nuevo San Gregorio sufre la invasión de sus tierras por « el grupo de los 40 », cuyos líderes han sido identificados y denunciados públicamente varias veces.

Hoy en día, de sus 155 hectáreas , sólo le queda 7 hectáreas al pueblo ; sus habitantes resultan reducidos al estado de campesinos sin tierra. A pesar de la denuncia de esos actos por parte de la Junta de Buen Gobierno, via el CDH Fray Bartolomé de las Casas, el 2 de diciembre de 2021, el mismo grupo invasor entró los 6 y 7 de diciembre a arar el potrero colectivo de la comunidad, dejando 22 ganados con hambre y errando por la tierra arada.

A cada invasión, l@s habitantes de Nuevo San Gregorio se sienten « secuestrad@s » y ya no pueden desplazarse, ni trabajar ni siquiera salir de su casa, sometid@s a la guardia de los agresores apostados en varios lugares estratégicos. Para colmo de la impunidad que reina en Chiapas, existen testimonios e imágenes de los vínculos amistosos que entretienen los invasores con la policía municipal de Huixtán.

¿Así que se puede hacerlo todo en Chiapas bajo la mirada de la policía o del ejército ? ¿Robar tierras ? ¿Secuestrar a la gente ? ¿Desplazarla? ¿El concepto de respeto a los derechos humanos será menos importante que la lógica capitalista de la 4T ?

Los invasores de tierras pusieron un precio a las tierras que robaron : 100 000 pesos por hectárea, o sea más de 4300 euros, un precio exorbitante en la región. ¿ Quién comprará estas tierras robadas ? ¿ El Éstado o una multinacional de la electricidad que por fin podrá construir la presa de agua proyectada hace unos años, cuando la cañada esté librada de l@s zapatistas, guardianes de las tierras y protectores de la vida ?

Esta serie de actos de violencia incluido la detención de ilegal y arbitraria de autoridades autónomas han sido denunciado por las Juntas de Buen Gobierno. Por lo que urgimos al Estado mexicano quien tiene conocimiento pleno de los hechos desde marzo de 2020, a que ponga en marcha acciones tendientes para terminar con las violencias que muchas veces son sostenidas por autoridades comunitarias, municipales y estatales, bajo el respeto total de la tierra y el territorio que pertenece al EZLN en el marco de los Acuerdos de San Andrés, la Ley de Concordia y Pacificación, el Convenio 169 de la OIT, las Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los Estados Americanos.

El 10 de enero, en esta misma zona del Caracol 10, la comunidad autónoma de 16 de Febrero fue atacada por un grupo armado, ¡resultó que una mujer y sus 3 hijos fueron desaparecidos por 24 horas ! También denunciamos estas desapariciones forzadas.

También denunciamos la inacción de los 3 niveles de gobierno ante el clima de guerra y el desplazamiento de miles de personas durante el año 2021 en la región de Aldama a causa de ataques seguidos de grupos paramilitares (y últimamente, 49 ataques con arma de fuego los 7,8,9, y 10 de enero de 2022, un muerto, un zapatista herido mientras iba a trabajar a su milpa con su familia), o ante el asesinato de de Simon Pedro Pérez ex-presidente de la organización pacifista de Las Abejas, que sigue en la espera de una verdadera justicia en respuesta a la masacre de Acteal en 1997.

Como lo escribió el Subcomandante Galeano en septiembre de 2021, Chiapas está « al borde de la guerra civil », una situación creada por el mismo Estado Mexicano :

Desde 1994, su estrategia contra-insurreccional a favorecido la emergencia de grupos paramilitares que actúan en total impunidad. Ha fomentado el desmantelamiento de los ejidos y la división de las comunidades cuyos usos y costumbres eran la gestión colectiva tanto de la vida como de las tierras.

Promueve y alienta los grandes proyectos capitalistas como las minas o el Tren Maya que sólo pueden concretizarse desplazando comunidades enteras o obligándolas a romper con sus usos y costumbres.

Crea programas de « ayuda » como « sembrando vida » que, ellos también favorecen tanto la destrucción del modo de vivir de los pueblos indígenas y la de las tierras estimulando la monocultura productivista, como la invasión por la fuerza de las tierras por grupos violentos (ayuda otorgada a condición de poseer más de 2,5 hectáreas).

Denunciamos la violencia hecha a los pueblos indígenas y su impunidad. Y urgimos a que los responsables institucionales actúen como en un Estado de derechos, en el respeto de la vida y de los derechos de los pueblos. Ya es tiempo que los 3 niveles de gobierno actúen para que pare la violencia cada vez mayor en Chiapas.

Nosotr@s seguiremos apoyando la organización, la autonomía y la resistencia de las comunidades zapatistas por todos los medios posibles, porque l@s zapatistas luchan por la vida, por la protección de la tierra, y por ende por la de la humanidad.

Coordinación del suroeste de Francias de los colectivos de apoyo a l@s zapatistas
Colectivo intercerros de las dos orillas del río Aveyron, Tarn- Tarn et Garonne
Colectivo Elaff, Tarn
Colectivo Zapatería, Toulouse
Colectivo Sebag, Aveyron
Cazsa, Aveyron
Colectivo Chiapas Ariège
Cofirmantes :
Asociación Americasol, Red Escargot, Tarn
Asociación Mut Vitz31, Red Escargot, Haute Garonne
Asociación Chiapas Sol, Red Escargot, Aveyron
Asociación Café Kapel, Red Escargot, Finisterre
Foro Cívico Europeo
Movimiento de las Cooperativas Europeas Longo Maï
Coordinación del suroeste de Francias de los colectivos de apoyo a l@s zapatistas
Longo Maï, Alpes de Haute Provence
Le jaguar phocéen, Bouches du Rhône
Asociación Mut Vitz13, Bouches du Rhône
CH03, Bouches du Rhône
Asociación Café Z, Bélgica
Asociación Casa Nicaragua, Bélgica
Zapatisten Lagunak, País Vasco
Mujeres y disidencia de la Sexta en la otra Europa et en Abya Yala, Red de Resistencia y
de rebelión.

radio
It’s Going Down

(English) Two Members of the CIPOG-EZ Disappeared by Municipal Police in Guerrero

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Inglés Estadounidense. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Communique from the Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denouncing the disappearance of two of their members at the hands of the police, and announcing a highway blockade to protest insecurity in their communities

To the Zapatista Army of National Liberation

To the National Indigenous Congress

To the Indigenous Governing Council

To the National and International Sixth

To the Networks of Resistance and Rebellion

To the Network Against Repression and for Solidarity

To the Human Rights Organizations

January 27, 2022

Brothers and sisters. In the afternoon of January 25 at approximately 5:40pm, our compañeros Pablo Hilario Morales of the community of Tula, and Samuel Hernández Sánchez of the community of Zapapexco—both part of the CIPOG-EZ and CNI-CIG—were detained by municipal police of Atlixtac. We continue not knowing of their whereabouts.

As an organization, we are seeking information regarding their location. The authorities say they do not know anything, including in Atlixtac, where they even denied information to the National Human Rights Commission. We fear for the lives of our brothers, but the authorities seem to not care about life. It is more than evident that the government of Guerrero is afraid of confronting the criminal groups who move at will, kidnapping, assassinating, torturing, and shooting the population throughout the state. Acapulco, Chilapa, different parts of the Sierra, the Tlapa mountain region, Chilpancingo, are all scenes of extortion and assassination. The inaction of the authorities shows clearly that they are colluding with criminal and narco-paramilitary groups. We have denounced this to exhaustion, but the municipal, state, and federal authorities turn a deaf ear and look at us with contempt, as if we are only seeking charity, social programs, or crumbs to shut us up.

It is not only municipal authorities and municipal presidents. The National Guard, SEDENA, state and local police who are supposedly in charge of security, they also cover their eyes ignoring those who carry out crimes against the communities. At the same time, they continue claiming that they are engaged in actions to provide security. They do not understand that the criminals, the narco-paramilitary groups, must be sought out from within their own structures, inside the municipal police, prosecutor’s office, and municipal governments. With one hand they collect their salary from the taxes of the people, and with the other they collect pay from organized crime groups for their complicity and silence.

What good is a dialogue offered by the AMLO Administration, Evelyn Salgado Pineda, and the other levels of government, if when it comes to confronting organized crime, they don’t do it? We affirm that they are only acting as if they are truly listening to the people. We say to them, if they cannot provide security, they should resign. If they do not dare to confront organized crime groups, then they should get out of here. For the authorities, the lives of our people are just numbers, votes, political commodities. They only administer death, and resort to lies to avoid exposing their ineptitude.

The power vacuum that exists in Guerrero is visible. It is not possible that the government is afraid of confronting organized crime and narco-paramilitary groups. Just yesterday around 5:00pm, in the Valley of Ocotito, in the municipality of Chilpancingo, men armed with military grade weaponry and armored cars fired rounds for more than an hour against community police. No authority was there was confront these criminal groups. Not the army, ministerial police, nor the National Guard have acted to carry out arrests or stop the violence that plagues the state. This demonstrates that the criminal groups have the capacity to attack and move around as they please. It proves that they control the police who share with them inside information so that they can circulate and terrorize the population, assassinating those who decide to defend life.

For this, we demand the alive appearance of our brothers Pablo Hilario Morales and Samuel Hernández Sánchez.

  • We demand that the municipal police of Atlixtac, of Chilapa, and of José Joaquín de Herrera, be purged. It is well known that they are in collusion with the criminal narco-paramilitary group, “Los Ardillos.”
  • We demand the investigation and purge of municipal presidents. They are the ones who coordinate and dispute the resources of the people. They are also the ones who are allowing that the criminal groups operate with complete freedom.
  • We demand that SEDENA and the National Guard began to actually do their job of stopping organized crime, “Los Ardillos,” and those who allow these groups to kill and terrorize the population.

We hold responsible the municipal president and municipal police of Atlixtac for the disappearance of our brothers. We also hold responsible the three levels of government because they know what is happening in Guerrero. Denunciations have been made to all government agencies. There has not been a clear response on how to end the violence in our communities, and in the state of Guerrero as a whole. As the CIPOG-EZ, we will maintain a blockade on the highway which runs from Tlapa to Chilapa, and we will carry out more actions until the return of our brothers Pablo Hilario and Samuel Hernández, until the governments assume their responsibility to the people. We call on the different organizations, networks, collectives, and human rights organizations, to share, denounce, and be attentive to the situation.

Sincerely,

Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata

radio
La Zarzamora

Temuco: Comunidades mapuche se manifestaron en repudio a nuevo proyecto hídrico de Juan Sutil

Por: La Zarzamora

«Estamos en desacuerdo. No estamos contentos como lo señalo Juan Sutil, las comunidades se van a comenzar a organizar para rechazar la instalacion de cualquier proyecto que vaya a afectar nuestra Itxofil Monguen y sobre todo en este periodo en que estamos en escaces hídrica»

Lonko Cristina Painemal

Durante la mañana de este viernes 28 de enero, las comunidades que serían afectadas con el proyecto hídrico que pretende emplazar el empresario Juan Sutil en río Chochol, marcharon hacia Temuco para manifestar su absoluto rechazo al que calificaron «como mega proyecto frutícola extractivista» que comprendería 3 embalses de gran magnitud en Galvarino y Cholchol, dañando también los territorios de Lumaco, Traigén , Carahue, Nueva Imperial y Puerto Saavedra.

La manifestación comenzó con una caravana desde la plaza de CholChol, que partió en dirección a Temuco a eso de las 9:00 de la mañana, para agruparse posteriormente en la plaza Manuel Recabarren (plaza de los milicos). Desde ahí se dirigieron hacia la Superintendencia del Medio Ambiente de Temuco y luego a la Intendencia, lugares en los cuales entregaron cartas de rechazo al mega proyecto firmadas por 26 comunidades.

La lonko Cristina Painemal manifestó en a las afueras de la Superintendencia de Medio Ambiente los siguiente:

«Comunicar a la opinión pública, a las comunidades mapuche, que estamos en desacuerdo. No estamos contentos como lo señalo Juan Sutil, las comunidades se van a comenzar a organizar para rechazar la instalacion de cualquier proyecto que vaya a afectar nuestra Itxofil Monguen y sobre todo en este periodo en que estamos en escaces hídrica, donde las comunidades mapuche y no sólo mapuche sino también las ciudades que dependen del río Chol Chol, la comuna de Galvarino, Chol Chol, Carahue que tb se encuentran presentes queremoss manifestar nuestro rechazo al proyecto de Juan Sutil».

La numerosa marcha recorrió las calles céntricas de Temuco con gritos como: «el río se defiende», «el río no se vende» y «FUERA SUTIL» en referencia al empresario que desea emplazar este proyecto, quien pareciera tener una macabra fijación con las aguas de Wall Mapu, siendo conocido también por impulsar la cuestionada «carretera hídrica» que pretendía extraer aguas del río Queuco, hacia el norte de $hile.

Lonko Cristina Painemal

De la misma manera Painemal advirtió: «Somos comunidades autónomas, que no estamos vinculadas a ningún partido político. Con nuestro propio kimun, con nuestra propia organización, vamos a hacer la defensa de nuestra agua feley».

radio
Organización Viniketik en Resistencia

Nuestro compañero preso en lucha Marcelino Ruiz Gómez, de la organización Vineketik en Resistencia, se suma a la exigencia de justicia por los ataques y asesinatos a periodistas

28/1/2022

CERSS nº 10 Comitán, Chiapas, México

COMUNICADO DE PRESOS INDÍGENAS EN LUCHA

Organización Viniketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A los y las defensoras de derechos humanos.

A la sexta nacional e internacional.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Consejo Indígena de Gobierno.

A los medios de comunicación.

Al Pueblo Creyente.

A la sociedad civil organizada.

Al pueblo de México y al mundo.

Queridas compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, reciban mis saludos desde estas cuatro paredes con mucho cariño.

Al mismo tiempo, como presos tzotziles, les agradecemos el apoyo, su acompañamiento y solidaridad al estar pendientes de nosotros y de nuestro caminar a través de estos pasillos oscuros y fríos, pero sin bajar la antorcha de la esperanza, porque sabemos que no estamos solos, sino muchos los que estamos teniendo lazos de justicia y sembrando semillas de consciencia para cosechar justicia, esperanza, libertad y dignidad.

Sabemos que el enemigo opresor, la bestia capitalista, los poderosos y los políticos corruptos han estructurado el sistema político a beneficio suyo, y que les ha servido para oprimir a nuestros pueblos apropiándose de nuestros territorios, despojando las tierras, envenenando nuestros ríos, matando, desapareciendo, esclavizando y encarcelando. Y los medios de comunicación andan bombardeando con manipulaciones, escondiendo la verdad y publicando mentiras, quieren hacer creer a la sociedad a conveniencia de sus patrones los poderosos.

Cuántos periodistas de buen corazón que han sido asesinados, desaparecidos, sólo por informar la verdad y estar en contra de las mentiras de algunos, hasta algunos están en prisión.

Por todo ésto pedimos justicia y así todos juntos seguir caminando los que elegimos la vida y la libertad, organizándonos como hermanos que somos para juntos defender nuestros pueblos y nuestra madre tierra, nuestras raíces y vivir de acuerdo con nuestros corazones y seguir resistiendo con digna rebeldía.

¡Hasta que todos seamos libres!

Atentamente,

Organización Viniketik en Resistencia

Marcelino Ruiz

radio
Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México

Frente a la arrograncia, discriminación, desprecio y criminalización que ejerce Adelfo Regino Montes, titular del INPI, en contra de la comunidad indígena otomí residente en la CDMX, damos a conocer nuestra palabra humilde pero verdadera

Ciudad de México a 26 de Enero de 2022

 

Al CCRI CG EZLN.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A la Comisión Sexta Zapatista del EZLN.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de Jesús Patricio Martínez.

A las Redes de Resistencia y Rebeldía.

A la Sexta en México y el mundo.

A los Medios libres, independientes, alternativos o como se llamen.

A los Medios de Comunicación.

Al Pueblo de México.

 

Herman@s

Ante la traición, la mentira y el engaño no podemos quedarnos callad@s.

  1. Al titular del mal llamado INPI, Adelfo Regino Montes, ¿ya se le olvidó por que NO despacha en esta sede desde hace más de un año y tres meses?. ¿Por qué se llena la boca en decir, -refiriéndose a la Comunidad Otomí residente en la CDMX-, que: Yo no he visto que tengan ellos la voluntad de llegar a acuerdos y de cumplirlos, sino que lo que he visto es que hay un conjunto de pretextos para seguir apoderándose de los bienes de la institución».

Le recordamos Sr. Adelfo Regino Montes, que tomamos esta institución como un acto de repudio a los ataques paramilitares en contra de nuestros herman@s zapatistas mismos que Usted traicionó; tomamos esta institución como un acto de repudio a la traición que desde estas oficinas ejercía -y sigue ejerciendo- usted, en contra de los pueblos originarios y comunidades indígenas y que al amparo y cobijo de la impunidad y el poder del dinero, se impusieron consultas a modo para imponer, los mega proyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucia  y la Refinería de dos Bocas, entre otros; tomamos esta institución como acto de repudio a la indiferencia gubernamental para atender nuestras demandas más elementales: trabajo, alimentación, salud, cultura, vivienda, democracia, libertad y justicia. Sin embargo, como muestra un botón, a un año y tres meses seguimos esperando su respuesta.

  1. En días pasados, como tod@s lo sabemos, las noticias y las redes sociales, han dado cuenta que “Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, se pronunció a favor de que el acervo cultural que Banamex tiene en México y que se incluye entre los activos que Citibanamex ha anunciado que venderá debería formar parte del patrimonio nacional.” Esta nota fue el detonante, para que algunos funcionarios de la mal llamada Cuarta Transformación, se acordaran que al salir corriendo de esta Sede, se olvidaron del “Acervo de Arte Indígena”, que de acuerdo al libro “Arte y Memoria Indígena de México” y que publicara la extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 2014, es que supimos de la existencia de este Acervo.
  2. Es lamentable que Adelfo Regino Montes, ante el olvido y desprecio por el “Acervo de Arte Indígena” se justifique ante los medios de comunicación, señalando que “quienes mantienen tomada su sede en la Colonia Xoco no permiten el acceso a personal especializado”. Sr. Adelfo Regino Montes, Usted Miente; Usted dice que la Comunidad Otomí “impidió el ingreso al mismo para revisar el estado que guarda la valiosa colección.” Sr. Adelfo Regino Montes Usted Miente; tambien dice que “Esas personas que han tomado estas instalaciones no permiten siquiera la entrada de personal especializado para que pueda constatar de qué modo pudiéramos continuar con este resguardo, con este cuidado del patrimonio de la institución». Sr. Adelfo regino Montes, usted miente, pues nunca se ha presentado “personal especializado” y, sigue mintiendo al decir que el el Acervo es patrimonio de la Institución, mentira, es un patrimonio de los pueblos originarios y comunidades indígenas, asi como de otros pueblos más allá de nuestras fronteras y especialmente del pueblo de México.
  3. Sr. Adelfo Regino Montes, lo que sí denunciamos públicamente y ante los medios de comunicación, es que Usted como titular del mal llamado INPI, es el único responsable de los daños y deterioro que pudiera presentar el “Acervo de Arte Indigena”, pues en reiteradas ocasiones han dado la orden para cortar el suministro de luz, con la idea de fastidiar la lucha y resistencia de la comunidad Otomí, sin importarle el daño irreversible que le han provocado al Acervo que hoy tanto reclama. Si el problema es el recibo de luz, hable Usted con su hermano, con el funcionario más despreciable de este país, no solo por el grave despojo que cometen contra los pueblos, sino porque seguramente el dió la orden para asesinar a nuestro hermano “Samir Flores Soberanes”, abierto opositor a la Termoeléctrica de HUEXCA. Usted sabe bien a quien nos referimos, a Manuel Barlett, titular de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE). Usted dijo ante los medios, que “No se ha podido pagar porque no tenemos acceso siquiera a los recibos», déjese ya de pretextos
  4. Sr. Adelfo Regino Montes. No le exigimos congruencia porque no la tiene, lo que si le pedimos es que ya no mienta. Pues ha de recordar que en las Mesas de Diálogo a la que emplazamos como Comunidad Otomí, acudió el Anterior Secretario de Gobierno Alfonso Suárez del Real, y Usted, se presentó sólo en dos ocasiones y sin ningún compromiso, todo el tiempo se mantuvo agachado pues no tenía cara para vernos de frente. Prefirió abandonar las mesas de diálogo y desatenderse de su responsabilidad institucional, aún sabiendo que el edificio donde operaba la Dirección General del INPI, estaba tomado por la resistencia y rebeldía de nuestro pueblo. Ahora resulta que, “han sido los integrantes de la comunidad otomí quienes no han manifestado interés en continuar con el proceso de diálogo que se había iniciado.”

Peor aún, ya no solo vemos discriminación, desprecio, olvido, traición e indiferencia a nuestros pueblos originarios, hoy miramos abiertamente una guerra contra nuestros pueblos y comunidades indígenas, sobre todo aquellas que no le aplauden al finquero o las que se oponen al despojo del agua, el territorio y la madre tierra. Lo más grave de esta guerra, es que viene de quien en algún tiempo pasado pregonaba “la lealtad de la propias comunidades” esa que se traduce en fuerza politica, y este es su mayor miedo. Es por ello, que mientras alude diálogo con la Comunidad Otomí, públicamente también ha declarado, “que se ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por la toma del edificio.” No nos sorprende su doble discurso.

 

Por otro lado, denunciamos públicamente y lo responsabilizamos de los que le pueda pasar a nuestro compañero Diego García, pues usted declaró que, “…  la toma del INPI ha afectado las gestiones de autoridades comunitarias que buscan algún beneficio para los pueblos, cualquier pérdida en el acervo será responsabilidad de quienes han bloqueado el acceso al mismo.”

«Y en particular de la persona que los lidera, que es Diego García (líder de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata-Benito Juárez), que, por cierto, no tiene ascendencia relacionada con alguna comunidad, con algún pueblo indígena. «Él tendrá que asumir las consecuencias, asumir una responsabilidad ante este perjuicio que está causando con el Instituto, y en particular con este acervo tan importante», remarcó el titular del INPI.”

Sr. Adelfo Regino Montes, su discriminación y racismos exacerbado, se denota al señalar, que nuestro compañero Diego, no tiene ascendencia relacionada con alguna comunidad. Esta declaración de guerra y la evidente criminalización de la lucha social, es más clara que el agua y le exigimos a que se disculpe públicamente.

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Por lo anteriormente expuesto, proponemos lo siguiente:

1º. Que Adelfo Regino Montes, públicamente se desista de la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por la toma del edificio”, como una muestra de voluntad para retomar Diálogo, una condición indispensable para pasar a la siguiente propuesta.

2º. Tomando en cuenta que se ha señalado en los medios de comunicación que es la Comunidad Otomí la que no ha “manifestado interés en continuar con el proceso de diálogo que se había iniciado”. Frente a esta declaración, nuestra respuesta es clara.

Convocamos a reanudar las Mesas de Diálogo Público el próximo viernes 4 de febrero de 2022, a las 11:00 Hrs., y para ellos emplazamos al Titular del mal llamado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, Adelfo Regino Montes y al Secretario de Gobierno Martí Batres Guadarrama. Cita: Acceso principal de la Casa de lo Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, ubicada en Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco. Benito Juárez. En dicha reunión las partes nos obligamos a presentar el calendarios de trabajo para abordar las Mesas de Diálogo y la participación de las instancias y autoridades involucradas, con carácter resolutivo.

3º. Las 7 Mesas de Diálogo que se convinieron hace más de un año, son las siguiente:

– Salud y Alimentación, 

– Trabajo y Justicia

– Educación y Cultura (en esta mesa se abordaría el tema del “Acervo de Arte Indígena”)

– Vivienda y Derecho a la Ciudad

– Agua, Luz, Drenaje, Pavimentación, escuelas, mercado de artesanías, saqueo del agua y toma del Pozo en Santiago Mexquititlán

– Democracia y Libertad

– Mega Proyectos, Madre Tierra y Resistencia de los Pueblos

4º. En tanto prevalece la incertidumbre del resguardo, cuidado y preservación del “Acervo de Arte Indígena” la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, toma en sus manos y asume la defensa colectiva del Patrimonio de todos los Pueblos originarios y comunidades indígenas de México y de otros pueblos, que obran como parte del Acervo.

Para que esto sea posible, convocaremos a un Gran Foro de análisis, reflexión y propuesta para preservar y garantizar “ya no más abandono y descuido” de nuestro Acervo que data según la CDI del Siglo XVII. Convocaremos a especialistas, académico@s, investigador@s, antropólog@s, curador@s, etnólog@s, arqueólog@s, asi mismo a instituciones como la UNAM, la ENAH, Bellas Artes, INAH, Museos; pero sobretodo, a los pueblos originarios y comunidades indigenas, siempre respetando la autonomía, derechos, identidad, lengua y cultura de de nuestros pueblos. Y por supuesto, las autoridades responsables e involucradas, debido a que  “Las colecciones que conforman el Acervo son: Cerámica, Textiles, Lacas, Miniaturas, Cartón y papel, Fibras, Instrumentos musicales, Tecnología, Juguetería, Joyería, Lapidaria, Metales, Escultura, Mobiliario, Impresos, Gráfica y pintura, Máscaras, Vidrio, Arte plumario, Hueso y concha, Talabartería y Manufacturas diversas17. A su vez, cada colección se divide en tres subcolecciones, de acuerdo con la funcionalidad de la pieza dentro de su contexto de producción: Ritual, uso cotidiano y ornamental.”

Sres. y Sras. de Medios de comunicación, estas son nuestras propuesta, para atender las mesas de diálogo que llevan implícitas nuestras demandas y atender colectivamente y sobretodo, a la vista del pueblo de México, el estado que guarda el Acervo de Arte Indígena, para que a partir de este diálogo con las instituciones y las autoridades correspondientes, se de a conocer y preservase nuestro patrimonio de arte indígena, además, que deje de ser, solamente del conocimiento y dominio de las instituciones, y pase a ser del conocimiento público de nuestros pueblos y comunidades indígenas de de todo el pueblo de México, tomando en cuenta siempre, el cuidado, resguardo y conservación de este patrimonio.

Finalmente, queremos reiterar, para quienes no se dan por enterados, que en el marco de la conmemoración de los 500 años de la caída de México-Tenochtitlán, el pasado 13 de agosto de 2021, la Comunidad Indígena Otomí, anunció que a partir de esa fecha, tomaba posesión definitiva de la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y que a partir de ese momento, “se convierte en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’”. Así mismo, que “Frente a la indiferencia gubernamental, hemos resuelto que este inmueble lo arranquemos del patrimonio del gobierno federal y pasa a ser patrimonio de los Pueblos y Comunidades Indígenas que integran el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno”.

 

ATENTAMENTE

¡Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos!

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!

¡Samir Vive, la Lucha Sigue!

¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

Nunca más un México y una Ciudad sin nosotr@s 


Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México integrante del Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno y de la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal 

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