represión
Denuncia de JBG zapatista sobre violencia en el Municipio Autónomo Magdalena de la Paz y en la comunidad Santa Martha, Chiapas
Foto: Comunidad zapatista en Aldama. @Luis Aguilar (Tragameluz)
Colectivo RZ, 9 de febrero, 2019.
Hoy, 9 de febrero, se cumplen 24 años del arranque de una persecución contra integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional planificada por el entonces presidente Ernesto Zedillo y su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Aunque el gobierno se encontraba en negociaciones con el EZLN, se giraron órdenes de aprehensión y se movilizó al ejército para aniquilar a las comunidades zapatistas y encarcelar a su dirigencia. La traición de febrero fracasó, pero decenas de comunidades vivieron semanas de desplazamiento forzado y dolor. A estas violaciones siguieron años de ataques por parte de grupos paramilitares que resultaron en masacres como la de Acteal o El Bosque (Unión Progreso y Chavajeval), así como en el encarcelamiento de habitantes de comunidades en lucha.
Las caravanas civiles de observación que se movilizaron en días posteriores a la traición recopilaron testimonios sobre graves violaciones a derechos humanos. Una imagen en particular vuelve a nuestra memoria. Una comunidad zapatista en mitad de las cañadas de Chiapas. Las casas destruidas y abandonadas. Algunas personas acercándose con cautela a rendir testimonio. Una escuela a la que acudían niñas y niños zapatistas hecha jirones. El aula despedazada. Los libros rotos y orinados por soldados. Los cerdos hozando en el muladar. Moctezuma Barragán, uno de los principales responsables de esa barbarie, encabeza hoy la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Al día siguiente del intento de aniquilación, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional respondió con un comunicado en el que podía leerse: “Usted se está equivocando demasiado, con la decisión que ha tomado en contra de nosotros, usted cree que matando a los zapatistas de Chiapas o matando al subcomandante Marcos puede acabar con esta lucha, no señor Zedillo, la lucha zapatista está en todo México, Zapata no ha muerto, vive y vivirá siempre.”
En días recientes (6 de febrero, 2019), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó un Informe de la Junta de Buen Gobierno “Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo”, con sede en Oventik, Chiapas, que documenta violaciones a derechos humanos de población perteneciente a pueblos originarios en los municipios de Aldama y Chenalhó. El informe habla de 25 personas asesinadas y 14 personas heridas. También presenta 4 videos con testimonios de bases de apoyo zapatistas sobre la situación actual.
La organización autónoma zapatista avanza. La violencia gubernamental continúa.
Reproducimos aquí la denuncia de la JBG y los videos:
México necesita una Política Pública Integral para proteger a las personas defensoras y periodistas
Ciudad de México, 30 de enero de 2019
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas
Titular de la Unidad de Derechos Humanos y Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Aaron Mastache
PRESENTE
Reciba un saludo cordial de las organizaciones de derechos humanos, colectivos, personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas que firman la presente carta.
El motivo de ésta es para manifestar nuestra preocupación ante la poca atención en el discurso del actual gobierno sobre la crisis que afrontan las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el ejercicio de sus derechos. Esto, sin darle la debida importancia al papel fundamental de estos colectivos en el fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho y la construcción de paz, tal como lo han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de forma conjunta(1).
En la actualidad, México es uno de los Estados más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos(2) y el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión(3), siendo insuficientes las actuales políticas de protección, que a más de seis años de ser implementadas, no han logrado contrarrestar las causas estructurales de violencia y agresiones contra ambas poblaciones, siendo reflejo de eso los más de 48 periodistas y 190(4) personas defensoras asesinadas en los últimos seis años, incluyendo a seis personas beneficiarias del actual Mecanismo de Protección. Lo anterior da cuenta de las limitaciones del modelo y de la necesidad de fortalecer las políticas existentes como el Mecanismo Federal, así como encauzar los esfuerzos hacia la discusión y construcción de una Política Pública Integral de Protección que atienda a las necesidades de ambas poblaciones y garantice el derecho a defender derechos humanos, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión acorde a los estándares más altos en la materia.
Para ello, esta Política Pública Integral tiene que reconocer la interrelación e interdependencia de las obligaciones que tiene el Estado para posibilitar que las personas de estos colectivos puedan ejercer de forma libre y segura sus labores de defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Siendo esencial que esta política no sólo identifique a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Personas Periodistas como objetos de protección sino como sujetos de derecho. Además debe garantizar que el Estado, con una perspectiva de género, interseccional y un enfoque integral, cumpla con sus obligaciones de:
- Respetar los derechos de las personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
- Prevenir violaciones a los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas debidas a su labor.
- Proteger y garantizar los derechos a la vida e integridad personal de Personas Defensoras de Derechos humanos y Periodistas cuando se encuentran frente a una situación de riesgo debidas a su labor.
- Investigar, juzgar, sancionar, reparar y dar garantías de no repetición a las violaciones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Para la construcción de esta Política Pública Integral, exhortamos a convocar una discusión amplia e incluyente que garantice la participación de todas las ramas del poder público, en todos los niveles de gobierno, así como de organismos autónomos, y personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Lo anterior cobra vital importancia considerando el contexto actual en las Américas, de cierre de espacios democráticos y de políticas restrictivas para el derecho a defender y el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, siendo la coyuntura actual una oportunidad para que México pueda convertirse en un referente a nivel internacional en la adopción de Políticas Públicas Integrales de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas.
Ante lo anteriormente expuesto, les queremos solicitar:
- Establecer los lineamientos para la construcción de una política pública integral para personas defensoras y periodistas dentro de la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.
- Reconocer y promover públicamente en todos los niveles de Gobierno la labor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
- Reforzar la capacidad técnica y operativa del Mecanismo Federal de Protección, a través del aumento de personal en la Secretaría Ejecutiva Nacional, capacitación de las y los funcionarios y mayor coordinación con las entidades federativas.
- Realizar Foros regionales para la discusión y construcción de una Política Pública Integral, participativa e incluyente.
- Observar y atender las diferentes iniciativas legislativas encaminadas a construir una política pública Integral para ambas poblaciones, que varias organizaciones han presentado para su discusión y enriquecimiento en la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Gobernación y Población.
