A Los y las adherentes del Ejido San Sebastián Bachajón
A los y las adherentes de San Isidro los Laureles
A las Juntas de Buen Gobierno y el EZLN
A la Sexta Nacional e Internacional
Al Congreso Nacional Indígena
A los medios libres, alternativos o como se llamen
A quien tenga un corazón que late abajo y a la izquierda.

Chiapas, 14.05.216

Desde nuestras trincheras de lucha, nosotrxs que conformamos El Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR) y El Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, denunciamos públicamente al Estado Mexicano corrupto y asesino, por la ola de represión con la que atenta contra la autonomía y la vida de los pueblos organizados en resistencia.

El mal gobierno, marioneta política del proyecto neoliberal, enajenado en sus tres niveles, no cesa en su intento de destruir todas aquellas semillas de rebeldía que florecen a lo largo y ancho del territorio mexicano, hostigando, atacando, destruyendo, asesinando, encarcelando y despojando a los pueblos organizados y en resistencia del Congreso Nacional Indígena, quienes luchan por defender el territorio, la madre tierra y a la vida misma. Los últimos días hemos sido testigos nuevamente de la vorágine de violencia con la que el mal gobierno se ensaña impunemente contra los y las compañerxs del Ejido de San Sebastián Bachajón, contra la Comunidad de San Isidro los Laureles y contra la comunidad e Cruztón municipio de Venustiano Carranza.

El pasado 8 de mayo, el paramilitar Carlos Jiménez Gómes, junto con sus dos hijos policías estatales, atacaron e hirieron de gravedad al compañero Esteban Jiménez Gómez y a su familia del Ejido de San Sebastián Bachajón,  adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,  los compañerxs  se encuentran defendiendo su tierra y territorio de los proyectos de muerte del mal gobierno, como es el Centro Integralmente Planificado Palenque, proyecto que pretende despojar a las comunidades de sus tierras para  hacer un desarrollo turístico.

En las tierras recuperadas desde el 20 de diciembre del 2015 por nuestrxs compañerxs de la comunidad de San Isidro los Laureles, municipio de Venustiano Carranza, integrantes del Congreso Nacional Indígena y del espacio de lucha de Semilla Digna, ya crece la milpa y la vida, ya se están por cosechar los frutos de la autonomía y la organización rompiendo con la esclavitud que deja la caña. Exigimos justicia para nuestrxs compañerxs que fueron desalojadxs violentamente de sus tierras el 12 de mayo por un grupo de guardias blancas liderados por Francisco Ruiz, Rodrigo Ruiz y Octovin Albores.

En la comunidad de Cruztón, Municipio de Venustiano Carranza, integrantes del espacio de lucha de Semilla Digna y el Congreso Nacional Indígena, fue retenido y torturado un compañero de la organización por el grupo Nuevo Guadalupe Victoria de la comunidad vecina de Guadalupe Victoria, esta nueva ola de agresiones contra Cruztón dio inicio el 21 de marzo pasado cuando dicho grupo les cerró el paso a su panteón, lugar sagrado para lxs compañerxs. Desde el año 2007 lxs compañerxs de Cruzton se organizaron para defender su tierra y con ello emprender la lucha por el cuidado de la madre tierra.

Nos pronunciamos también por Tila, Acteal y las comunidades que conforman Semilla Digna, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona e integrantes del CNI y les expresamos nuestra solidaridad con sus luchas y sus procesos organizativos.

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Foto: Argelaga

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

A los medios de comunicación
A las organizaciones solidarias
A las organizaciones defensoras de derechos humanos
Al digno pueblo binizza de Álvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca

Hermanas y hermanos

Con rabia e indignación vemos desde nuestros pueblos, tribus, comunidades, organizaciones y barrios, como el mal gobierno se jacta de demostrar su nula vergüenza, a través de sus partidos políticos de todos los colores, mientras el mal gobierno siga agrediendo a nuestros pueblos y sus partidos políticos sigan intentando imponer la división en nuestras comunidades, nuestra palabra no se cansará de denunciar y gritar ¡Ya Basta!

El 14 de mayo pasado, con saña y de manera desvergonzada, las armas de los policías y guarda espaldas de la candidata del pan-prd Gloria Sánchez López, se atrevieron a apuntar sus armas asesinas contra el digno pueblo de Álvaro Obregón, Juchitán, hiriendo a seis compañeros que se encontraban en la asamblea, defendiendo su territorio físico y político, de los proyectos eólicos de muerte, su energía “limpia” está sucia de sangre, corrupción y muerte. Los candidatos de todos los partidos políticos, que sienten que aun siendo candidatos ya pueden beneficiarse de la impunidad que les otorga el pertenecer a la banda de criminales que mal gobierna el estado de Oaxaca y al país, cree que con balas lograrán cambiar la conciencia y matar la dignidad del pueblo binizza.

La política nacional deja en evidencia cada vez más que no hay vergüenza ya en la clase política, que creen que podrán agredir, amenazar y amedrentar la digna lucha de los pueblos. Con agresiones y violencia intentan sembrar el miedo en los dignos corazones que defienden la tierra, el agua y los vientos. desde los cuatro puntos cardinales de nuestros territorios indígenas les decimos ¡No Podrán!  No podrán quitarnos la rabia que en nuestros corazones se convierten en solidaridad, No podrán arrancarnos la dignidad de luchar por defender nuestros territorios ya la vida de nuestros pueblos, No podrán amedrentar la digna lucha del pueblo binizza que honra al Congreso Nacional Indígena al ser integrante desde hace ya muchos años.

Por lo anterior, hermanas y hermanos de Alvaro Obregón, Juchitán, Oaxaca, desde los cuatro rumbos de nuestros territorios les decimos ¡No están solas! ¡No están solos!, nos declaramos en contra de los actos que el mal gobierno de México y de Oaxaca, a través de su secuaz Saúl Vicente Vázquez, presidente municipal de Juchitán, realizan contra los derechos de autodeterminación y autonomía del pueblo de Alvaro Obregón.

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COMUNICADO URGENTE:

POLICIA MUNICIPAL DE JUCHITAN ATACA A BALAZOS A COMPAÑEROS DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA DE ALVARO OBREGON

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Sábado 14de mayo de 2016

Al Consejo Nacional Indígena

A la opinión pública nacional e internacional

A los pueblos indígenas de México y el mundo

El día de hoy 14 de Mayo de 2016, la policía municipal de Juchitán agredió a balazos a miembros de la asamblea general de la comunidad y la policía comunitaria, con un saldo hasta el momento de 5 heridos.

Siendo aproximadamente la una de la tarde, cuando los compañeros Ezequiel Sánchez, Mariano Virgen y Adalberto López de la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón pasaron frente la oficina de la candidata del PRD-PAN a presidenta municipal, Gloria Sánchez López, fueron apresados por la policía municipal de Juchitán y los agredieron brutalmente, rompiéndoles la cabeza, costillas, brazos y otras partes del cuerpo, miembros del cabildo y la policía comunitaria llegaron en auxilio para ayudar a los compañeros, pero fueron recibidos a balazos por la policía municipal de Juchitán y personas armadas vestidas de civil, resultando heridos de gravedad los compañeros Juan Martínez Jiménez, suplente del agente comunitario; Cesar Toledo Vicente, comandante de la policía comunitaria y José Andrés Jiménez de 14 años y miembro de la Asamblea del pueblo de Álvaro Obregón.

Antecedentes

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Por Carolina

Suenan los cohetones. Brillan los machetes. Atenco llega a la Ciudad de México para encabezar una marcha desde el Ángel de la Independencia al Zócalo. Más de mil personas se suman en el camino. Corean: ¡Atenco vive! ¡La lucha sigue!

La marcha cierra dos días de actividades organizadas por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) para marcar la represión brutal del 3 y 4 del mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, donde se daba una lucha en apoyo a los vendedores de flores. El terror policiaco de Mayo Rojo, alentado por los medios de comunicación, fue un castigo contra un pueblo que logró echar abajo el proyecto estelar del gobierno de Vicente Fox en el 2002––un aeropuerto que les hubiera despojado de sus tierras.

Solo unos pocos días antes, el Subcomandante Marcos había dicho en una visita al pueblo de Atenco: “Venimos a reconocerles como nuestros hermanos mayores, porque nos han enseñado también a desafiar al poderoso, a enfrentarlo y a defender con nuestra propia fuerza aquello que nos quieren quitar: la tierra, la libertad y la vida. Esta tierra digna de Atenco tiene mucho que enseñar, no sólo a nosotros como zapatistas, sino a toda la gente que está luchando”.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 16 de abril 2016
Boletín de prensa No. 10

La represión del Estado mexicano criminaliza la protesta social en Chiapas

• Incomunicación, Privaciones Arbitrarias de la Libertad, Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes hacia al menos 24 personas detenidas

• 18 docentes de la CNTE trasladadas injustificadamente al Penal de Máxima Seguridad en Tepic, Nayarit

• Niñas, niños, mujeres y personas mayores afectadas por gases lacrimógenos ante el uso desproporcionado de la fuerza policiaca

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó violaciones a derechos humanos consistentes en: Uso Desproporcionado de la Fuerza Pública, Privaciones Arbitrarias de la Libertad, Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes que conforman un patrón de represión y criminalización de la protesta social. Hechos cometidos en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, durante los operativos de desalojo a las manifestaciones convocadas por la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado de Chiapas (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Acciones perpetradas por elementos de la Policía Federal, la Gendarmería y la Policía estatal quienes utilizaron de manera indiscriminada e injustificada gases lacrimógenos y balas de goma dañando la salud de quienes se manifestaban en la jornada del 15 de abril de 2016, de 10:00 a 14:00 horas aproximadamente. Además lesionaron físicamente a la población que pasaba o estaba en el lugar de la represión, incluyendo niñas, niños, mujeres y personas mayores de edad.

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EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL.
JUNTAS DE BUEN GOBIERNO
BASES DE APOYO ZAPATISTAS
SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA RED CONTRA LA REPRESION Y LA SOLIDARIDAD

REPRESION Y DESPOJO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO Y JEFATURA DELEGACIONAL EN CUAUHTEMOC.

Los días 31 de marzo por la noche y madrugada del 1o. de abril del 2016, llegaron al EJE UNO NORTE/TEPITO, 500 granaderos y con ellos un equipo de asalto portando metralletas, despojándonos a 120 familias comerciantes de nuestra fuente de trabajo. El operativo se ejecutó en las estaciones del metro Garibaldi-Lagunilla, Lagunilla y Tepito, cercando con entarimados diez metros a la redonda en acera sur, y en lado norte más de 20 metros. Cuando nos sentamos en nuestros espacios de trabajo para impedir pacíficamente la infamia de que estábamos siendo objeto, los granaderos nos obligaron a levantar golpeando con los escudos y amenazando los funcionarios JOSE FRANCISCO ACEVEDO GARCIA, SUBSECRETARIO DE PROGRAMAS DELEGACIONALES y HORACIO ROBLES OJEDA, DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO que comandaban el operativo. Metieron maquinaria roto-martillo para levantar el concreto, cortando una parte de los techos del corredor comercial.

Por la resistencia a la represión, desprecio y despojo de que fuimos objeto, se estableció una MESA DE TRABAJO con el gobierno capitalino. Se informó que el operativo continuaría de abril a agosto porque se pretende tener una zona comercial sustentable, segura con movilidad y moderna. Mediante un procedimiento burocrático se promete reubicación en lugares cercanos.

Nosotros les manifestamos a los funcionarios que continuaríamos con la resistencia civil y pacífica para lograr se respete nuestro derecho al trabajo digno como lo hemos hechos durante años, desde nuestro abuelos. No aceptamos la imposición porque se deja sin sustento a más de 500 NIÑAS, NIÑOS, JOVENES Y ANCIANOS QUE DEPENDE DE CADA LUGAR DE TRABAJO.

Marcelo Ebrard intento en 2007 , despojarnos y desalojar a más de 20 mil familias del barrio, con la intención de dejarlo a los grandes emporios financieros y comerciales como Wal-Mart, Mitsubishi, Palacio de Hierro, Martí, HSBC.., y demás. Pero la resistencia del barrio lo venció. Hacemos responsable de cualquier agresión al gobierno capitalino, ante la decisión de los comerciantes de organizarnos de manera autónoma e independiente.

ATENTAMENTE .

COMERCIANTES DEL EJE UNO NORTE

A LOS  PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS

Ante la cobarde traición a la comunidad indígena Ñatho de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México para imponer el proyecto carretero Toluca Naucalpan  y el atentado sufrido por policías comunitarios de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, como Congreso Nacional Indígena nos declaramos en alerta máxima y llamamos a los pueblos, organizaciones y personas solidarias a estar atentos y acudir al llamado realizado por la comunidad de Xochicuautla.  

Denunciamos que:

El lunes 11 de abril alrededor de las 9 de la mañana comenzaron a llegar más de 1000 policías estatales de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), entrando por 3 lados de la comunidad, la colonia Buenavista, por la calle Cuauhtémoc para llegar al paraje “Lampeni” y en el paraje “Lapondishi” donde se encontraba el Campamento de la Paz y la Digna Resistencia y que fue destruido por los policías.

En el paraje “Lampeni” el compañero Armando García Salazar, tío de David Ruíz García, delegado del Congreso Nacional Indígena y asistente a la compartición entre el CNI y el EZLN de agosto de 2014 llevado a cabo en La Realidad zapatista, tenía su casa y el patrimonio de sus hijos. Dentro de la casa se reunieron alrededor de 25 personas para defender la propiedad, en su mayoría mujeres y con lujo de violencia las desalojaron, empujando y tirando a la compañera Isabel Hernández de 64 años quien forma parte del Concejo Supremo Indígena y que en ese momento tenía en brazos a una niña.

Acompañados de policías le fue entregado al compañero Armando un papel en donde le informaban que su casa estaba en propiedad federal y la tenían que destruir, también le mostraron el decreto expropiatorio sobre el cual se ganó un amparo.

Sin mediar más palabras y a empujones sacaron de la casa a quienes estaban dentro, sacando también las pertenencias que se encontraban en el primer piso, quedando dentro documentos, ropa y herramientas de trabajo.

Nuevamente el mal gobierno demuestra que las leyes que dice representar o el supuesto estado de derecho no son mas que herramientas de despojo que cumple siempre y cuando están estén en contra de los pueblos. El despojo y represión viola la suspensión otorgada en los amparos 1123/2015 y 771/2015 que fueron otorgados el 18 de febrero de 2016 y que el juzgado notificó a la mayoría de autoridades el 23 de febrero, incluida SAASCAEM, que es la institución a la que se le otorgó el territorio de Xochicuautla en el decreto expropiatorio.

En tanto que en la noche del pasado  domingo 10 fueron atacados compañeros miembros de la policía comunitaria de de Santa María Ostula, en las inmediaciones de la localidad de San Juan de Alima, Michoacán, cuando desde un automóvil en movimiento fue asesinado el comunero Francisco Grajeda y herido el comunero Abraham Girón, quien además es comisionado de la comunidad para el Congreso Nacional Indígena y participante en la compartición realizada en La Realidad Zapatista.

Denunciamos el intento del mal gobierno  por minimizar este crimen con el que pretenden propiciar el regreso de la violencia a la región de la sierra costa de Michoacán y poner nuevamente en manos de narcopolíticos, sus paramilitares, sicarios y empresas el territorio, recursos naturales, la dignidad y paz en la región.

Llamamos a los pueblos de México y el mundo a solidarizarse de manera urgente con las acciones en defensa de los derechos de San Francisco Xochicuautla, asistiendo físicamente a la comunidad, movilizándose donde cada quien se encuentre para denunciar y exigir el cese de las agresiones en contra de la comunidad, su territorio y comuneros.

Responsabilizamos a Eruviel Avila Villegas y su jefe Enrique Peña Nieto de la integridad de nuestros compañeros y quienes se solidarizan con la digna lucha.

POR LA REIVINDICACIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

A 12 DE ABRIL DE 2016

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

Agentes del INM torturan hasta a mexicanos para frenar migrantes

[INM]

Por Agencias

04/04/2016 – 04:00 PM

Ciudad de México.- Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) están involucrados en la detención de mexicanos, a quienes, por provenir de comunidades indígenas, intentan deportar a Centroamérica mediante amenazas y malos tratos, revela un reportaje publicado este día por The Guardian.
El diario británico menciona que esta ofensiva ocurre en medio del Plan Frontera Sur y de la estrategia impulsada desde el Gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo de migrantes que atraviesan México para cruzar su frontera norte.

Los datos refieren que agentes migratorios han recurrido a amenazas, malos tratos e incluso tortura, contra mexicanos indígenas para obligarlos a decir que provienen de otros países de Centroamérica. Organizaciones sociales consultadas por el medio dijeron que lo anterior es para cubrir “cuotas”. (Continuar leyendo…)

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Mexico tortures migrants – and citizens – in effort to slow Central American surge

Esther Juárez, 15 and her sister Amy, 24. Photograph: Nina Lakhani

Nina Lakhani in Ocosingo

Monday 4 April 2016 12.10 BST6

Amy and Esther Juárez were edgy with excitement as they boarded the bus full of seasonal workers heading for a farm at the other end of Mexico from their home in the poverty-stricken southern state of Chiapas.

Although their brother Alberto,18, had made the same journey the previous year, it was the first time Amy, 24, and Esther, 15, had left the tiny indigenous community where they had grown up.

But about half-way there, immigration agents boarded the bus, and after checking all the passengers’ papers, ordered the three siblings to get off. (Continuar leyendo…)

Berta Cáceres’ killing was a symptom, not an isolated incident. In memory of Nelson García.

by Andrea Reyes Blanco and Tim Shenk
This article appeared first on teleSUR, here.

Berta Cáceres wasn’t the first and, unfortunately, she hasn’t been the last. The world-renowned Lenca leader assassinated last month in Honduras for her opposition to government-backed megaprojects is one of an increasing litany of fallen fighters for indigenous and environmental rights in Honduras and around the globe.

The pattern of murder and criminalization of those who would defend land and the rights of rural people has only gotten more clear. We argue that this pattern responds to the land grab phenomenon that has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008.

On March 15 another Honduran environmental and indigenous activist was murdered. Nelson García was an active member of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh). His murder took place “when he came home for lunch, after having spent the morning helping to move the belongings of evicted families from the Lenca indigenous community of Rio Chiquito,” said Copinh.

García was a colleague of the recently slain Cáceres, working with communities opposing the Agua Zarca hydroelectric dam project. The Agua Zarca dam project, which has recently begun to lose funding, would provide energy for the numerous extractive projects slated for Honduras in the coming decade. Since the 2009 coup d’etat against President Manuel Zelaya, 30 percent of Honduran territory has been allocated to mining concessions.

The eviction after which García was killed was one of many recent violent evictions carried out by Honduran military police in indigenous territories. Elevated levels of state violence and disregard for due process are business as usual nowadays in Honduras, according to civil society organizations.

In its February 21 report on the Situation of Human Rights in Honduras, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expressed concern about the high levels of violence and insecurity present in Honduran society, highlighting risks to indigenous people. The report pointed out that violence against indigenous people has emerged to a large degree from land grabs. The violence is exacerbated by a context of inequality and discrimination, in addition to the consequent barriers to access to justice. Official figures released in April 2013 by then Attorney General Luis Alberto Rubí indicate that 80 percent of killings in Honduras went unpunished due to a lack of capacity on the part of investigative bodies.

According to the IACHR report, the challenges that indigenous communities face are mainly related to: “(i) the high levels of insecurity and violence arising from the imposition of project and investment plans and natural resource mining concessions on their ancestral territories; (ii) forced evictions through the excessive use of force and (iii) the persecution and criminalization of indigenous leaders for reasons related to the defense of their ancestral territories.”

Moreover, the IACHR has clearly stated that many of the attacks carried out against indigenous leaders and advocates are specifically aimed at reducing their activities in defense and protection of their territories and natural resources, as well as the defense of the right to autonomy and cultural identity.

Harassment takes the form not only of targeted criminal attacks, as we have seen in the case of Berta Cáceres, Nelson García and many others, but a much broader net has been cast against environmental and indigenous leaders. Official state entities, enacting formal legal procedures, have used the judicial system to catch activists in false charges, resulting in months or years of preventive prison, bogus sentences, legal fees and often a permanent criminal record. In a context in which state violence intertwines itself with the violence of international economic power, corruption and unethical practices, hundreds of leaders have been prosecuted for crimes such as usurpation of land and damage to the environment.

What we see in Honduras is part of the global land grab phenomenon, a term that in the words of Phillip McMichael, professor of development sociology at Cornell University, “invokes a long history of violent enclosure of common lands to accommodate world capitalist expansion, but it sits uneasily with the ‘free market’ rhetoric of neoliberal ideology.” Land grabs are a symptom of a crisis of accumulation in the neoliberal globalization project, which has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008. This in turn is linked to an acceleration of a restructuring process of the food regime as a consequence of a large-scale relocation of agro-industry to the global south.

According to the 2011 Oxfam briefing paper, “Land and Power, the growing scandal surrounding the new wave of investment in land,” recent records of investment show a rapidly increasing pressure on land, resulting in dispossession, deception, violation of human rights and destruction of livelihoods. It is a war on indigenous peoples conducted in order to establish modern corporate capitalism.

Indeed, all around the world peasants and indigenous people are being displaced from their territories in order to develop large-scale agribusiness, such as massive palm oil and soy plantations, mining projects, hydroelectric dams and tourist resorts, among other investments. State-sanctioned violence and impunity create the conditions for investors to acquire land that would otherwise not be for sale. The result is a serious threat to the subsistence and socio-ecological resilience of millions of people across the world.

One of the most dramatic examples of this process is the case of the Honduran Palm Oil Company Grupo Dinant, which has an extended record of violence and human rights abuses associated with the killing of more than 100 peasants in Lower Aguan Valley. The Unified Peasants Movement of the Aguán Valley (MUCA) waged a long battle to defend their land rights, sustaining many losses. In addition, international human rights groups such as FoodFirst Information and Action Network (FIAN) brought pressure to bear, and in 2011 the Honduran government was forced to convene MUCA and the company to negotiate a deal. Paradoxically, according to the deal, the farmers have to buy back the disputed land at market prices (Oxfam 2011).

Land grabbing in Honduras has a long and lamentable history, and related violence has increased dramatically since the 2009 coup d’etat. Despite regular violent evictions by state security forces, indigenous and peasant groups continue to pursue their right to control their ancestral lands through land occupations.

Those who are incensed by the killing of Berta Cáceres must understand that her assassination was not an isolated event carried out by those who had a personal vendetta against her. Rather, Berta, her colleagues at Copinh and other indigenous organizations represent an obstacle for those who would further a vision of society that values profit over all else.

Andrea Reyes Blanco is a Humphrey Fellow at Cornell University, and Tim Shenk is Coordinator of the Cornell-based Committee on U.S.-Latin American Relations (CUSLAR).