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Wixárika-Tepehuana: 8 años de gobierno autónomo

Por Renata Bessi

Municipio de Villa Guerrero, Jalisco, un estado al norte de México. Una zona alta, 2800 metros sobre el nivel del mar, cercada por bosques de pinos. Una zona baja, con selva mediana caducifolia, localizada al fondo del cañón de Bolaños. En estas localidades, donde impera una diversidad de climas y vegetación, viven desde hace siglos los pueblos Wixárika y Tepehuana, que hace ocho años consolidaron la Comunidad Autónoma Wixárika – Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán.

Son dos pueblos hermanados en una misma comunidad. Los Wixárikas están concentrados en la parte alta, principalmente en las localidades de San Antonio, Cerro del Medio, Los Carretones y Los Valles. Los Tepehuanas están principalmente pegados al rio Bolaños, en las localidades de Azqueltán, de Izolta, La Guacima.

Entre sus cultivos resalta la pitaya y el orégano en la parte baja, y los hongos comestibles en la parte alta, donde también nacen los manantiales que abastecen la comunidad. Además viven de la pesca que obtienen en el rio Bolaños.

Cada localidad se organiza por asambleas y posee un comisario que ejerce el gobierno local. Además existe un gobierno tradicional para toda la comunidad, con una asamblea general.

Justamente el 10 de noviembre la comunidad Wixárica-Tepehuana conmemora el hecho de haberse declarado formalmente una comunidad autónoma. En aquella ocasión, en 2014, el Congreso Nacional Indígena se dio cita en la comunidad y reconoció mediante un acta sus autoridades comunitarias, el gobernador tradicional, los jueces, la guardia comunitaria, su comandancia comunitaria y el comisariado agrario autónomo.

“Esto está conmemorando la comunidad en estos días, la consolidación de su autonomía como una institución comunitaria para la defensa del territorio”, explicó Cristian Chávez, integrante del equipo jurídico de la comunidad.

La comunidad tomó este fin de semana, del 5 a 7 de noviembre, para celebrar una amplia agenda conmemorativa. Entre las actividades estuvo la inauguración de la clínica autónoma de los pueblos, completamente gestionada por la comunidad, con la solidaridad de colectivos y organizaciones de muchas partes del mundo.

La ayuda no vino solamente de la donación de recursos económicos. Se conformó una brigada de salud multidisciplinaria en herbolaria, partería, en medicina alópata, para formar promotores de salud comunitarios, inspirados en las clínicas autónomas de las comunidades indígenas zapatistas. La clínica ya está lista y los promotores ya están listos para recibir la capacitación de la brigada.

Chávez puntualiza que en estos días no se realizaron solamente actividades conmemorativas, sino también una “asamblea profunda con sus deidades, con sus dioses, con la madre tierra para determinar los pasos que siguen, con la solidaridad de los colectivos y de las organizaciones que, no solamente se han identificado con nuestra lucha, la han apoyado determinantemente, entre ellos el Congreso Nacional Indígena y el EZLN”, dijo Chávez.

Agresiones y violencia

Por estas mismas fechas también fue el punto de cierre de la Campaña por la Justicia y el Territorio en Azqueltán, iniciada por la comunidad en abril de este año 2021.

Esta campaña se inició después de que la comunidad concluyera una serie de trabajos tradicionales sagrados en su territorio. Estos trabajos fueron hechos por la comunidad “por mandato de sus deidades en ceremonias tradicionales”, explica Chávez. “Se señalaba que era necesario reconocer las mojoneras antiguas de la comunidad. Las mojoneras son lugares sagrados donde se hace ceremonia de los varios pueblos de la región y que delimitan el territorio. En cada lugar, las cuatro esquinas de la comunidad y el centro, en cada lugar se hicieron sacrificios de animales”, cuenta.

“Hay personas con una economía pudiente que agarran tierras de manera ilegal y con violencia, como el cacique Fabio Flores Sánchez, que intentó asesinar a varias autoridades, que estuvieron al borde de la muerte. Los compañeros están vivos pero con muchas secuelas de estos ataques”, sostiene Chávez.

Ha habido impunidad. “Los jueces han respondido criminalizando la lucha de la comunidad. No hay justicia o acción legal contra los que perpetran ataques armados, golpean, amenazan de muerte”, dijo.

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La cuestión de la tierra

Las agresiones y violencias son resultado del no reconocimiento por parte del Estado mexicano de las tierras de la comunidad autónoma Wixárika-Tepehuana, lo que ha favorecido la especulación y el despojo territorial.

Las comunidades históricamente han habitado esta región y han vivido autónomamente de acuerdo con sus usos y costumbres. Su territorio fue reconocido en el año 1733 por el gobierno colonial y hasta hoy posee el título virreinal emitido en esta época.

“Estos documentos coloniales siguen teniendo valor legal en México. De hecho la propia ley establece que para que tenga su reconocimiento y titulación de los bienes comunales, el título virreinal constituye una prueba plena de su identidad indígena y de su territorio que está delimitado por este mismo título”, explica el asesor jurídico.

El embate de los indígenas lleva décadas. La comunidad empezó el procedimiento de la titulación agraria cuando todavía estaba en curso la reforma agraria en el país, iniciada con la Revolución Mexicana y finalizada en 1992, en el marco de las reformas neoliberales.

El abogado explica que antes de 1992 el reconocimiento de los bienes comunales era realizado, en un proceso burocrático, por instancias del poder ejecutivo y había dos tipos de figuras: la confirmación y titulación de bienes comunales y la otra era la restitución de bienes comunales. Y de ambas salía una resolución presidencial reconociendo una comunidad indígena y su territorio.

En el caso de la comunidad se intentó el trámite de restitución de bienes comunales, porque personas externas a la comunidad ya habían invadido el territorio. Básicamente casi todo el municipio de Villa Guerrero estaría dentro de los terrenos de Azqueltán, incluso la cabecera municipal, que es un núcleo urbano, también forma parte de este territorio ancestral. Son 94 mil hectáreas las que tiene reconocido el titulo virreinal.

Antes de 1992, la Comisión Agraria Mixta y el Cuerpo Consultivo Agrario eran las instancias del estado mexicano para la titulación de los bienes comunales. Hicieron estudios topográficos, agrarios, dentro de la superficie de las 94 mil hectáreas.

De acuerdo con Chávez, se localizaron posesiones de pequeñas propiedades bien consolidadas en el territorio. “Varios de estos pequeños propietarios interpusieron un amparo contra la titulación de los bienes comunales de Azqueltán. Entonces la Comisión Agraria Mixta sacó una determinación señalando que al existir el amparo debía continuarse por la vía de dotación de ejidos en la superficie donde no hubiera conflicto”, explica.

En este proceso el territorio se redujo a 38 mil hectáreas. Son estas 38 mil hectáreas que la comunidad tiene actualmente en posesión, son las que están en el juicio agrario del tribunal unitario agrario distrito 16, en la ciudad de Guadalajara, ya que después de 1992 las tierras pasaron a ser reconocidas y tituladas mediante un juicio en un tribunal agrario. “Dentro de esta superficie de 38 mil hectáreas es donde se da el jaloneo y los intentos de despojo y de privatización”, explica Chávez.

El abogado sostiene que el intento de despojo del territorio Wixárika – Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán es un intento de “robo descarado”, ya que convenios internacionales y jurisprudencias en tribunales mexicanos otorgan pleno valor probatorio a las comunidades que están en un juicio de reconocimiento y titulación de bienes comunales. “Si la comunidad, su gobierno tradicional determina que un terreno lo tiene en posesión determinado comunero esto es equivalente a una constancia de posesión de una comunidad formalmente constituida”.

Ataque institucionalizado

Según la ley en México, existen tres tipos de propiedad. La pequeña propiedad, la ejidal y la comunal. Si una tierra no está en ninguna de estas tres categorías, se considera que son bienes nacionales. La ley de bienes nacionales le otorga facultades al gobierno federal y a los gobiernos de los Estados para entregar títulos de propiedad sobre estos terrenos. En el caso de Jalisco hay el Programa de Reglamentación de Predios Rústicos, con el cual el Estado empezó a promover la necesidad de que las tierras tuvieran escrituras en esta zona.

“Pues entonces quienes tienen el dinero, los abogados, con los huecos de la corrupción del estado – porque no se puede hacer de otra manera más que por la corrupción por ser tierras indígenas -, logran títulos de propiedades”, explica el asesor jurídico. La comunidad ha interpuesto recursos de amparos, para que se nulifiquen estos presuntos títulos de propiedad que están dentro de las 38 mil hectáreas.

En pie de lucha

Pese a las agresiones múltiples que ha recibido la comunidad por parte de los tres niveles de gobierno, por parte de los magistrados agrarios y de los jueces penales, de los intentos de homicidios, de las amenazas de muerte, “la comunidad está de pie, está con la determinación de no permitir más despojos territoriales y ni violaciones a sus derechos humanos colectivos e individuales”, añade Chávez.

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Colombia | Dos líderes indígenas del Cauca son atacados en menos de doce horas

Por Sare Frabes

El lunes, 8 de noviembre, se cometieron dos graves atentados en el departamento de Cauca, en Colombia, con un modus operandis similar, contra líderes indígenas de la región, lo cual ha alertado a las autoridades tradicionales.

El primer atentado aconteció durante la tarde, fue en contra del exgobernador indígena Cauca, Ovidio Hurtado. Cuando el indígena se encontraba en la vereda Santa Helena, municipio de Caldono, en Cauca, dos sujetos armados intentaron interceptar el auto en donde viajaba acompañado de su familia y personal a cargo de su seguridad.

El personal de seguridad, al percatarse de que ambos sujetos tenían en su poder armas, optaron por acelerar el auto en un intento de sobrepasarlos. Acto seguido, los sujetos dispararon al auto en movimiento en varias ocasiones. Afortunadamente, ni el exgobernador, los miembros de su familia, ni su guardia resultaron heridos.

El segundo siniestro sucedió por la noche y tuvo como objetivo a Edison Zetty, coordinador Kiwe Thegnas de la Guardia del Resguardo de Las Delicias, Cauca.  El indígena habría sido amedrentado esa misma tarde por miembros de grupos delictivos de la región.

No obstante, no fue hasta la noche, mientras Zetty y sus guardias se movilizaban en un auto hacia su hogar, cuando en medio de la zona rural del municipio de Buenos Aires fueron abordados por hombres armados que les dispararon repetidamente. Nuevamente, la reacción de los guardias salvó la vida del indígena y el personal, únicamente dejando como consecuencia danos al automóvil.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) lanzó un comunicado rechazando y criminalizando los actos violentos a los que se enfrentan los defensores del territorio y puntualizando que el atentado contra Zetty cobra relevancia considerando que en menos de tres días la asamblea del Plan de Vida Sa’th Fxinxi Kiwe se reunirá en Las Delicias.

“En el 2018 se registraron 26 homicidios, en el 2019 fueron 108, en el 2020 se contaron 106, y en lo que llevamos de este 2021, son 81 los comuneros y líderes asesinados en el Cauca. Es una situación complicada, rechazamos la ola de violencia en nuestros territorios y exigimos al Gobierno Nacional que nos dé las garantías”, expresó Mauricio Capaz, consejero mayor del CRIC, de la zona norte.

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COP-26 contaminada por los intereses de la industria del combustible fósil

Por Vanessa Garcìa Navarro

Al menos 503 cabilderos defensores del combustible fósil hacen acto de presencia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que tuvo inicio el 1o de noviembre y se extiende hasta el 12 de noviembre en Glasgow, Escocia. Es el grupo más grande que de cualquier otra delegación. Estánpresentes 100 empresas de este giro, con 30 asociaciones comerciales, destacando entre ellos corporativa Shell, Gazprom y BP.

Fueron 27 los países que inscribieron cabilderos de combustibles fósiles, sobresaliendo Canadá, Rusia y Brasil. El chequeo fue realizado por laorganización Global Witness y divulgado el lunes 8 de noviembre.

En cambio, incrementó la disparidad con los gobiernos y comunidades de países que recienten y pagan la crisis climática. Posibles participantes, sobre todo de la circunscripción indígena oficial, cuyas voces no son tomadas en cuenta, o simplemente no pueden asistir al COP-26 por falta de recursos para viajar, falta de vacunas contra COVID-19 o carencia de condiciones que garanticen su seguridad personal dadas los peligros que representa ser activista por el medio ambiente.

Pascoe Sabido, investigador y activista del Observatorio Corporate Europe, indica que “la COP-26 está plagada de cabilderos de combustibles fósiles cuya única ambición es permanecer en el negocio [de la energía]. Empresas como Shell y BP están dentro de estas conversaciones a pesar de admitir abiertamente que han aumentado su producción de gas fósil. Si tomamos en serio, entonces los cabilderos de los combustibles fósiles deberían ser excluidos de las conversaciones y de nuestras capitales nacionales”.

Quienes están tomando dominio en el COP26 y estableciendo las reglas son quienes dañan al planeta. “Son las personas que están en primera línea de esta crisis, no los contaminadores, quienes tienen la balsa salvavidas que necesitamos en este momento”, expresa Rachel Rose Jackson, directora de investigación y políticas climáticas en Corporate Accountability.

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MÉXICO | Puente comercial del mundo arrasará con los pueblos y la biodiversidad

Texto y fotos: Santiago Navarro F

Roque Antonio Santiago es un indígena zapoteco que tiene más de 80 años de edad y vive en la comunidad de San Pedro Comitancillo, al sur de México. Escarbando entre sus recuerdos rememora muy bien el año 1958. En aquella época, él era estudiante de la Escuela Normal Rural que había en su localidad, donde se formó como profesor. Estas escuelas, creadas entre los años 1934-1940 por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, eran una de las pocas opciones para los indígenas y campesinos que querían estudiar un nivel superior. “Fue lo más importante para nuestra comunidad”, cuenta Roque con cierta nostalgia, al ver que el gobierno ha cerrado la mayoría de estas instituciones, incluyendo la de su zona.

Además de esa escuela, otro recuerdo de este campesino es el tren, “porque fue un medio de transporte para los estudiantes y para los habitantes de las comunidades que transportaban su totopo (tortilla de maíz crujiente)”, dice Roque.

Este ferrocarril que conectaba el océano Pacífico con el Atlántico tuvo su apogeo entre 1899 y 1915, hasta que se vino en picada con la construcción del canal de Panamá. En su punto más álgido “llegó a cruzar alrededor de 60 trenes diariamente”, dice Jaime Torres Fragoso, investigador de la Universidad del Istmo. Por esta ruta, añade, pasaban las tropas y pertrechos militares de los Estados Unidos. También el azúcar y el petróleo que tenían como destino la costa Este estadounidense.

Sesenta y tres años después de donde se desprenden los pedazos de recuerdos de Roque, las vías del tren están siendo habilitadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es convertir a esta región en el puente comercial del mundo, a través de la modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

Una de las cuatro Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), elaborada por la empresa paraestatal FIT, indica que el ferrocarril absorberá parte de los contenedores que cruzan por el canal de Panamá, los cuales, “sumado a los 10 días que deben esperar para que llegue su turno para pasar, tardan aproximadamente nueve horas en atravesar el canal. En cambio, en el FIT realizarán su recorrido en menos de cuatro horas”, es decir, menos de la mitad del tiempo requerido en Panamá.

Por otra parte, en 2018, el Estudio de Demanda de Carga para la Zona de Influencia de las vías del sureste, desarrollado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), identificó que en esta franja de tierra de un poco más de 200 km que separan al Golfo de México con el océano Pacífico, “existe una demanda potencial de 5 millones 600 mil toneladas anuales que ya se mueven por la carretera transístmica” y, también, “pueden ser captadas por la Línea Z”, como se le denomina a la vía del FIT.

Dicha modernización no cabe en la imaginación del indígena Roque. Él no sabe que forma parte de un proyecto más amplio de reordenamiento de todo el Istmo, llamado Corredor Multimodal Interoceánico (CMI). “La modernización del FIT será la primera acción a ser desarrollada dentro de un marco estratégico y actuará como elemento catalizador del resto de proyectos de modernización y desarrollo del CMI. En este esquema, se contempla que el FIT, a partir de 2023, comience a transportar las mercancías que llegan a tierra firme (en los puertos) después de haber sido movilizadas por cualquiera de ambos océanos”, según la MIA.

Un ferrocarril que impactará muchas vidas

Los principales pueblos originarios afectados son 12: los zapotecos o binniza; mixe o ayuuk; náhuatl; popoluca; huave o ikjots; chontal o lajl pima; chinanteco o tsa ju jni; mixteco o ñusavi; zoque chimas o angpon; mazateco o shuta enima; tzotzil y barreños.

Estos pueblos se encuentran distribuidos en los 79 municipios que recorrerá el ferrocarril. Y se considera que los impactos que tendrán serán severos, porque se convertirán en ciudades industriales. Además, sumada a la reactivación del FIT, se contempla más “infraestructura, carreteras, gasoductos, ampliación y modernización de aeropuertos, fibra óptica”, pero, sobre todo, “se irán desarrollando polos urbanos”, indica Rafael Marín Mollinedo, director del organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

La investigadora Ana Esther Ceceña, del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, resalta que desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se propuso que, esta región, con el programa llamado Plan Puebla Panamá (PPP), se reconfiguraría con infraestructura vial, comunicaciones, puertos y polos industriales y con el sector manofacturero, conocido coloquialmente como maquilador. “El Istmo sería un corredor maquilador e industrial que competiría con China, ofreciendo bajos salarios, incluso más bajos que el país asiático. Será una región donde los indígenas dejarán de cultivar sus tierras ancestrales para convertirse en obreros”, asevera Ceceña.

Las vías del ferrocarril cruzan entre los estados de Oaxaca y Veracruz, una zona altamente productiva, en la que destaca el sistema ancestral de cultivo conocido como milpa, en el que siembran maíz, frijol y calabaza. También, predomina el café, arroz, caña de azúcar, piña, plátano, cacao, mango, tamarindo, naranja, papaya y limón.

Además, en la parte central del Istmo existe una alta biodiversidad, pues ahí confluyen la Sierra Madre de Oaxaca, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Atravesada.

De acuerdo con el informe El Istmo de Tehuantepec en Riesgo, presentado el pasado mes de marzo por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, en la Sierra Atravesada resalta la selva de los Chimalapas, “definida como prioritaria por su gran extensión (594 mil hectáreas) y por presentar una de las masas forestales más extensas de América, con un elevado índice de especies endémicas”, es decir, únicas de este lugar, como las más de 20 especies de cícadas (de los géneros de Dioon y Ceratozamia), identificadas por la investigadora Silvia Salas Morales. Estas cícadas son plantas cuyas hojas semejan las frondas de las palmas, dispuestas en roseta. También resaltan más de seis orquídeas, como la Mexipedium.

La Selva Zoque, que incluye la Sierra Atravesada en Oaxaca hasta la Sierra Madre de Chiapas, es la segunda región de mayor conservación de selvas y bosques en el norte de Mesoamérica. “Tan sólo entre las especies de reptiles que se han encontrado en esta zona, el 23% son endémicas”, según el estudio llamado Mamíferos de la Selva Zoque, México: riqueza, uso y conservación, presentado en 2012 por la Revista de Biología Tropical.

No obstante, sostiene la bióloga Patricia Mora, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), “mientras avanza la remodelación de esta ruta comercial, también viene fracturando el tejido comunitario y la biodiversidad”.

La bióloga Mora sostiene que “los primeros impactos hacia el medio ambiente y el tejido comunal comenzó con la implementación de más de 28 parques para la generación de energía eólica en la región”, refiriéndose a más de cinco mil aerogeneradores que se han desplegado, desde el año 2000, en diversas partes de la región del Istmo.

 Campesino acorralado por los aerogeneradores. Foto por Santiago Navarro F
 Además de los parques eólicos, se han edificado líneas de alta tensión por doquier y una red de carreteras para el flujo de mercancías, lo cual “ha afectado el sistema milpa de las comunidades y su soberanía alimentaria”, advierte la bióloga Mora. Estos proyectos han sido la primera fase de esta reorganización en el Istmo que, con el tren interoceánico, vienen cambiando de forma acelerada la cotidianidad de los pueblos indígenas de la región.

El ferrocarril cruza por 80 municipios, entre Oaxaca y Veracruz. Foto: Santiago Navarro F

 Un tren cada 17 minutos

En agosto de 2019, en la ciudad de Oaxaca se realizó el evento “Hacia un Sur-Sureste del futuro: una nueva etapa de desarrollo de industrialización socialmente incluyente”, en el que participó el actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Durante esa actividad, Rafael Marín, director del CIIT sostuvo que las proyecciones para el FIT son “movilizar anualmente 31,111 trenes de 45 vagones al año; 85 trenes diarios; uno cada 17 minutos. Y esta demanda estará muy por encima de los 60 trenes que corrían diariamente en la década de 1907”.

Actualmente, esta red ferroviaria cuenta solo con una vía y, con la remodelación, “se pretende convertirla en doble, lo que demandará un área mayor de la destinada para ello”, siendo uno de los principales objetivos “que el tren alcance velocidades de 160 km/h”, asevera el documento El Istmo de Tehuantepec en Riesgo.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó, entre junio de 2019 y mayo de 2020, la MIA de cuatro obras fragmentadas, referentes a la rehabilitación de vía férrea por tramos y de trazo de la vía del tren, pero en ninguna contempla la contaminación acústica, uno de los principales impactos que provocará la circulación del ferrocarril que cruzará cada 17 minutos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios (dB). En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir de los 120 db. El límite establecido para el ferrocarril en la Unión Europea es de 70 decibelios. Contrario a esto, la normatividad mexicana, permite hasta 96 decibelios en el dispositivo de aviso audible (silbato) de cada locomotora y el mismo límite en las cabinas, pero no contempla el ruido que genera el cruce del ferrocarril por poblaciones indígenas.

 

Un megaproyecto que correrá a gran velocidad

La información solicitada a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coincide con las MIA asegurando que, el FIT, “será hasta 50% más rápido que la opción que ofrece el canal de Panamá para cruzar ambos océanos”. Para lograrlo se corregirá la curvatura y pendiente en 202.97 km, la longitud de la Línea Z (como se le conoce a esta vía férrea).

En la MIA del FIT se justifica la remodelación porque revivirá la vieja ruta comercial que había dejado de funcionar tras un fuerte deterioro provocado por los conflictos sociales y económicos en el contexto de la revolución mexicana en 1910. Esto “permitirá aumentar su velocidad y absorber el flujo de carga que actualmente se mueve por medio de camiones, así como la producción que se generará en los nuevos complejos industriales”, reza el documento del FIT.

Otro dato relevante es que anualmente, entre ambos puertos, se prevé circularán al menos 1 millón 400 mil contenedores normalizados de 20 pies (6.1 metros cada uno); una caja metálica de tamaño estandarizado en la que se trasportan las mercancías o carga en general. Estas cajas mejor conocidas como TEU (Unidad Equivalente a Veinte Pies, en español), pueden ser transferidas fácilmente entre las embarcaciones o buques, hacia los trenes o camiones.

Sin embargo, el flujo de carga del ferrocarril podría ser mucho más elevado de lo que se ha proyectado. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación requirió realizar un nuevo análisis de este aspecto, contemplando “los escenarios de la reconfiguración de la región del Istmo de Tehuantepec con la creación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (parques industriales) y el conjunto de proyectos contemplados dentro del Corredor Interoceánico”, asevera la Auditoría de Desempeño de 2019.

Roque, al igual que sus paisanos, piensa que el tren será parecido al de sus recuerdos. Pero, comparado con el tren de esa época, no va a trasladar gente con sus totopos y artesanías. El FIT será una bestia que diariamente transportará miles de toneladas de cargamento las 24 horas del día.

Recuerdos de Roque Antonio Santiago

De acuerdo con la información solicitada sobre la capacidad y número de vagones que circularán por el ferrocarril, Carolina Medina Laguna, Titular de la Unidad Administrativa del FIT, se limitó a indicar vía correo electrónico: “el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. no cuenta con equipo rodante”, es decir, esta empresa, de participación estatal mayoritaria, solo es dueña de la vía, pero no de los ferrocarriles que trasladarán a las personas y las mercancías.

Lo que sí comentó Medina es que las unidades que actualmente transitan por una fracción de las líneas del FIT “son propiedad de otros concesionarios y/o usuarios”. Esto ya lo había sostenido el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador al anunciar que los gobiernos que le antecedieron privatizaron el sector ferroviario y que, es parte de “los saldos de la política neoliberal”.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, desde el año 1998, al menos 22,130 kilómetros de vía férreas, 84% de la red mexicana, estaban concesionadas al sector privado, una suerte que también correrá el FIT.

Tramo remodelado de vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Foto: Santiago Navarro F.

Para la investigadora Ceceña, “el Istmo de Tehuantepec se convertirá en un permanente corredor de flujo de contenedores, que marcará una especie de cinturón de traslado de mercancías, el cual cortará al país en dos, con fuertes afectaciones, sobre todo, en los pueblos originarios que lo habitan”, además, advierte la académica, “esta reconfiguración del Istmo también es una amenaza a la flora y la fauna con la cual conviven los pueblos”.

El informe El Istmo de Tehuantepec en Riesgo, donde participó Ceceña, con nueve investigadores más, también alerta que “el Tren Transístmico y los polos de desarrollo que le acompañan, marcadamente bajo la figura de parques industriales, también se convertirán en un muro de las diásporas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Son una amenaza de arrasamiento cultural, ambiental y físico del hábitat y del modo de vida de sus pobladores, que conducirá a un proceso de extinción que se resisten a admitir”.

A Perseida Tenorio, indígena zapoteca, de Asunción Ixtaltepec, le llena de incertidumbre la reconfiguración que se está dando en esta región y que se perfila como una próxima gran urbanidad industrial. “En mi pueblo quieren instalar un parque metalúrgico, y eso, sabemos la cantidad de agua que van a ocupar. Nos van a dejar sin agua y me preocupan nuestros alimentos. ¿Qué tipo de vida vamos a tener en nuestras comunidades? Hay quienes ya estamos pensando en migrar a otro lugar”, agrega.

El escenario en la vida de los pueblos originarios será de grandes dimensiones porque, “cambiará su dinámica cotidiana al estar insertados a un nuevo contexto, al ritmo que exige una ciudad industrial. Van a tener que lidiar con la polución, con los desechos, con la movilidad de los camiones y el flujo de mercancías. Va a cambiar todo. Va a cambiar la vida de los pueblos y también la biodiversidad”, agrega la bióloga Mora.

Lo que nuestros abuelos no ven, afirma Perseida, es que “estos proyectos nos vienen quitando todo: el aire, el agua, la tierra, la alimentación, la lengua. Vienen fracturando todo”, y alerta, “si no hacemos nada ahora, va a ser eso, van a ser historias de qué era el Istmo, porque no quedará nada, ni de la cultura, ni las tradiciones. Vamos a desaparecer como pueblos originarios. Seremos como esas ciudades industriales donde nadie se conoce ni nadie se habla. Llenas de cárteles de la droga, con la juventud despedazada por la drogadicción, van a denigrar nuestra vida y nuestro territorio, se acabará la diversidad natural y cultural del Istmo”.

En algunas comunidades del Istmo resguardan vestigios milenarios, como la comunidad de Ixtaltepéc, ahí se ubica, en la zona conocida como Cerro Blanco, un sitio ceremonial con pinturas rupestres de más de dos mil años. “Se pensaba que ahí se originaba la vida, por eso se hacen ofrendas. Si no luchamos ahora, nuestra memoria y nuestra historia podría desaparecer. Si eso pasa, también vamos a desaparecer como pueblos originarios”, coincide la indígena zapoteca Victoria Guzmán.

Lo más preocupante es el flujo de capitales que se atraerá con los parques industriales, porque el Istmo es una posición geopolítica muy importante para el mercado mundial, además, porque “en el siglo XX el mercado fluyó por el Atlántico y a finales de este siglo se ha trasladado hacia el Pacífico. Por ello el Istmo es una región en disputa, principalmente, entre Estados Unidos y China”, destaca Ceceña.

La investigadora Ceceña asegura que Estados Unidos sigue siendo un país con mucho poder y está en constante competencia con China. De tal modo que la disputa se trasladará a la región geoestratégica del Istmo de Tehuantepec. Un objetivo es la mano de obra barata que ofrece la región, pero también la migración centroamericana que nutrirá los parques industriales. “El Istmo también fungirá como un muro de contención de la migración y absorberá la mano de obra para estos parques industriales”, afirma la investigadora.

Esta región es de vital importancia para los Estados Unidos, ya que por esta ruta cruzan las mercancías y materias primas que tienen como destino la costa Este. “Es ahí donde se genera el 40% de su riqueza económica (de EEUU). Pero esta costa tiene un problema, ya no está bien ubicada geográficamente. Le había servido el canal de Panamá para hacer el traslado de mercancías, petróleo y pertrechos militares. Pero esta vía está cada vez más saturada y no tiene capacidad para mover el actual volumen mundial de mercancías”, explica la académica Ceceña.

El 80% del comercio mundial se mueve por el mar, entonces, “el Istmo de Tehuantepec es esa pieza clave para resolver el problema en el sentido de la competencia entre el flujo de mercancías”, asevera Ceceña.

 

Indígena Zapoteca comiendo su almuerzo sobre las vías del tren interoceánico. Foto: Santiago Navarro F.

Antecedentes de la reconfiguración del territorio

El viejo sueño de conectar al Golfo de México con el océano Pacífico data del año 1800 con el Tratado de McLane-Ocampo, “donde la parte mexicana cedía a perpetuidad, y con toda libertad, los derechos a Estados Unidos para transportar bienes, tropas, pertrechos militares y gente”, aunque nunca fue ratificado, sí definió “la geopolítica estadunidense en la parte de Las Américas que va de Panamá hasta Canadá”, puntualiza la MIA del FIT.

Desde 1800 ha habido diversos intentos por crear las condiciones para lo que sería el puente comercial más importante del mundo. Uno de ellos ocurrió en un contexto que se presentó con aires de cambio en México, en el año 2001, durante el gobierno de Vicente Fox. Él impulsó el “Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec”, con el llamado “Plan Puebla Panamá (PPP)”, un acuerdo signado por nueve entidades federativas del sur de México y los gobiernos de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

El viejo plan de reorganizar el sur de México y el resto de Centroamérica también viene acompañado de programas de seguridad, como la llamada Iniciativa Mérida que, con el objetivo de contrarrestar el tráfico de drogas y armas, Estados Unidos financió un paquete de “ayuda militar” para México y Centroamérica. Tan solo para México, desde 2008 hasta 2021, “el gobierno estadounidense ha asignado más de 3,300 millones de dólares”, según el Departamento de Estado.

Para América Central, se implementó la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés), iniciada en 2008 y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), iniciada en 2009.

Desde 2015, el Departamento de Estado de los EEUU ha registrado que han destinado 58.5 millones de dólares para control de inmigración y seguridad fronteriza de México. “Los fondos han permitido la provisión de equipos de inspección no intrusivos, quioscos móviles, equipos caninos y vehículos, así como la capacitación de más de mil funcionarios”, según el Congreso estadounidense.

“Primero empezaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), porque desde ese momento se piensa este territorio como único y articulado. Desde Centroamérica hasta el Norte del continente, los Estados Unidos asumen como un solo territorio donde protegen principalmente las inversiones de capital”, agrega la investigadora Ceceña.

Posterior a la firma del NAFTA, el PPP se presentó con la urgencia de atender temas de población en condiciones de pobreza y el medioambiente, las estrategias se enfocaron a la mejora de la infraestructura física, sin que se previera abiertamente la articulación (de los megaproyectos) “ni se introdujera el concepto de la interconexión y el transporte”, sostiene el Grupo Funcional Desarrollo Económico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Hoy, la interconexión y la reorganización de todo este territorio se anuncia abiertamente y sin tapujos. Se comienza a perfilar como un objetivo nodal, desde la perspectiva de crear nuevos espacios para el capital, tal y como lo afirma el Comunicado no. 14 del CIIT. Esta integración del Sur-Sureste de México también se pretende expandir con “Centroamérica y la vinculará con las corrientes mundiales de producción y comercio”. Para ello se tiene contemplado ampliar la red de gasoductos, oleoductos, carreteras y complejos industriales que absorberán la mano de obra barata que ofrece la región la migración, demás, más proyectos de seguridad regional.

Mientras tanto, esta “reconfiguración de todo el Sur-Sureste de México” avanza con la reorganización de los territorios indígenas que, entre otros objetivos, ha comenzado “mediante la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, incluyendo la terminal de Contenedores en el Recinto Portuario Pajaritos y el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en Minatitlán, Veracruz, e Ixtepec, Oaxaca”, según la información solicitada a la ASF.

 
 Líneas de transmisión de energía eólica generada en el Istmo de Tehuantepec. Foto: Santiago Navarro F

 Sin consultas previas

Jorge Aragón, campesino oriundo de San Pedro Comitancillo, indica que las comunidades que habitan a orillas de la ruta del tren poco saben de qué va este megaproyecto, este sistema de transporte que pretende mover mercancías y materias primas provenientes principalmente de Asia, conectando con la Costa Este de Estados Unidos.

Aragón dice: “quienes se han acercado a nosotros para informarnos son puros mensajeros, como las constructoras, pero nada oficial. Una de ellas es COMSA Corporación (de capital español) y la otra, Grupo Diamante (Fideicomiso Grupo Diamante, de capital mexicano). Sus representantes nos han dicho que les urge terminar su compromiso con el tren, pero no conocemos la dimensión de este proyecto”, cuenta Aragón. Mientras, las autoridades locales de su comunidad iniciaron desde julio pasado, un bloqueo de las vías férreas que cruzan por su territorio. Exigen información y una serie de proyectos para su comunidad. El gobierno se ha limitado a prometerles obras públicas.

“Se habla y se dice que habrá dos tipos de trenes, uno de mucha velocidad y de carga; otro de pasajeros. Tal vez daría vida al pueblo, pero no sabemos propiamente el resultado que va a dar. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? No la sabemos. Pero Comitancillo, pues sí, necesita de este medio de transporte acá, porque solo tenemos una carretera”, comparte un poco confundido el indígena Roque, quien se queda sin palabras cuando se le pregunta si sabe de la contaminación auditiva que generará el flujo del ferrocarril cada 17 minutos, por 24 horas, los siete días de la semana.

Ante el desconocimiento de los detalles del megaproyecto por parte de las comunidades que atravesará el ferrocarril, se le preguntó al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, si consideraba que los pueblos indígenas tenían la suficiente información para emitir su desacuerdo o aprobación sobre estos proyectos que ya van avanzando y respondió: “El papel que juega el INPI es de carácter técnico. Nosotros apoyamos a las instituciones en cuanto a la realización de los procesos de consulta, relacionados con el tema del procedimiento. Quien tiene el deber de proporcionar toda la información necesaria para conocer los proyectos, es la autoridad responsable de ejecutarlos, que entendemos es el CIIT”.

El INPI ha anunciado más de una vez que se han realizado las consultas correspondientes en los pueblos originarios que ya están siendo afectadas por la polarización de las comunidades y los conflictos que han escalado a confrontaciones. Aunque, Montes, se contradice al asegurar que no se ha compartido toda la información necesaria, ya que parte de ella “aún se encuentra en construcción”.

Fragmento de entrevista al titular del INPI, Adelfo Regino.
En marzo de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el INPI, emitió la convocatoria para realizar Asambleas Regionales Consultivas con respecto de la creación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024. No obstante, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, “el CIIT, como entidad coordinadora del programa regional, no proporcionó evidencia documental que acreditara las actividades realizadas en 2019, para dar cumplimiento a los procedimientos, etapas y acuerdos previstos en las Asambleas Regionales; ni las convocatorias de las reuniones de seguimiento de los acuerdos; ni los resultados de la consulta realizada”.

El indígena Roque, al igual que las demás personas entrevistadas, asegura que no hay información clara de lo que implica toda esta reorganización de sus territorios, lo único que les han compartido los funcionarios de gobierno es “que van a traer desarrollo, van a generar empleo. Pero no hay documentos o una información amplia de estos proyectos”, reflexiona.

Para este reportaje se solicitó al CIIT el “Plan Maestro y Plan Estratégico del Corredor Interoceánico”, petición a la que respondieron indicando que se trata de “una información reservada”. Esta es la misma respuesta que le han dado a los diversos pueblos que la han requerido.

 

 Los supuestos beneficios del CMI

El Plan de Desarrollo para esta región busca atender a los municipios más pobres, los mismos que serán impactados por los proyectos. No obstante, la ASF documentó que “no se estableció la identificación de las problemáticas específicas que se buscan resolver en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec”. Por ello, emitió una recomendación, pues “es primordial que el CIIT establezca los mecanismos de coordinación suficientes con la instancia responsable, a fin de concretar dicha acción y que se disponga de un diagnóstico completo de las problemáticas que afectan a cada uno de los 79 municipios”.

A pesar del desconocimiento de las necesidades específicas de cada municipio, para contribuir a su supuesto desarrollo, de acuerdo con la Agenda Estratégica del Sur-Sureste, se busca construir al menos, “10 polos de desarrollo (parques industriales) a lo largo de la región”, los cuales aprovecharán la cercanía del FIT, y el Estado brindará los servicios necesarios, así como la reducción de impuestos y otros incentivos a las empresas que quieran invertir en ellos.

Discurso de Andrés Manuel López Obrador.

 

En la parte de Oaxaca, los terrenos para los parques industriales “ya están en el proceso de adquisición”, señaló el director del CIIT y, asegura que, una vez cumplidos todos los requisitos, “saldrán a licitarlos para que los desarrolladores se queden con ellos y atraigan empresas al país. Un atractivo serán los incentivos fiscales que ofrecerán durante un tiempo determinado a los participantes”, destacó Rafael Marín Mollinedo.

Estos polos de desarrollo, según El Programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se ubicarán en los municipios de Coatzacoalcos, Sayula de Alemán, Minatitlán y Acayucan en el estado de Veracruz; en Matías Romero, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Asunción Ixtaltepec, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz, en Oaxaca. En total, abarcarían un área de más de nueve mil kilómetros cuadrados para actividades industriales, ocho veces más grande que la ciudad de Juchitán, una de las principales zonas urbanas de la región.

Por su parte, el titular del INPI sostuvo que previo a determinar dónde se edificarán los polos de desarrollo fue necesario “un proceso de consulta, porque se tiene que escuchar la voz de los pueblos, de las comunidades indígenas, en cumplimiento a lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de otros instrumentos jurídicos internacionales”. El funcionario argumenta que solo falta una comunidad por consultar.

El indígena David Hernández Salazar, autoridad de la comunidad de Puente Madera, de San Blas Atempa, se muestra escéptico sobre estas consultas y sobre los impactos de estos parques en su territorio y asegura: “no hay información real en qué consisten los parques industriales que pretenden instalar en nuestras tierras de uso común, por eso, nosotros como comunidad de San Blas Atempa nos mantenemos en resistencia”. Hernández, junto con su comunidad, han realizado diversos bloqueos carreteros y otras acciones directas como protestas que iniciaron en 2020.

Hernández agrega que constató que el Estado mexicano está sobornando a los comuneros para que aprueben los parques industriales y hasta están falsificando las firmas. “Hubo una supuesta asamblea en la que supuestamente 900 comuneros, de un total de 1,390, aprobaron el parque industrial (en San Blas Atempa). Revisé la lista de asistencia y resulta que tan solo de Puente Madera falsificaron 52 firmas de comuneros. Entonces vemos que estos proyectos se quieren imponer a la fuerza y de forma ilegal”, enfatiza el indígena zapoteco.

Hernández, como autoridad comunal, sostiene: “nosotros como comuneros de la comunidad de Puente Madera, asistimos a esa reunión de comuneros (con otras comunidades de la región) donde se aprobó el parque industrial. Al llegar nos encontramos que había pocos comuneros y la mayoría eran personas pagadas, que, además, son funcionarios del municipio”. Actualmente, a Hernández, junto a otros indígenas, se les ha ordenado su detención por haberse manifestado en la autopista principal de esta región y, por mostrar su inconformidad con el avance de estos proyectos.

David Hernández Salazar-San Blas Atempa.

 

Perseida Tenorio, de Asunción Ixtaltepec, otra comunidad que se supone ya fue consultada para otro parque industrial, asevera que no participaron todos los habitantes de su comunidad. A Perseida le preocupan las mujeres, “porque somos nosotras las que trabajamos en el Istmo, somos los pilares económicos, culturales, comunitarios y emocionales. Lamentablemente, hay pocas mujeres en el Istmo que tienen la oportunidad de estudiar un nivel medio superior”. Por eso, se pregunta, “¿Qué mano de obra va a estar trabajando en estos parques industriales? ¿Va a ser la mano de obra menos calificada, con jornadas laborales largas y mal pagadas?”.

En cuanto a los jóvenes, una incertidumbre los ha invadido. Su voz tiene mínima validez en las asambleas, por no ser comuneros o comuneras, es decir posesionarias de la tierra comunal o colectiva. En esos espacios de decisión, son las personas mayores quienes están tomando la última palabra, pero, con una mala o nula información y, con los viejos recuerdos del tren, medio siglo atrás.

 
 Campesino Zapoteca en el Cerro de la Garza. Foto: Santiago Navarro F.

Una selva a la mitad

A orilla de los nuevos rieles del tren existe una gran diversidad de árboles nativos, hay ciénegas y riachuelos, y a simple vista se pueden apreciar distintas especies de aves y reptiles que gozan del clima tropical imperante en la región.

Sin embargo, los habitantes de las comunidades aledañas a las vías del ferrocarril están preocupados porque atravesará por una de las seis zonas de alta importancia para su conservación en el estado de Oaxaca, la cintura de la Selva Zoque. Esta selva tiene una superficie de un millón 139 hectáreas, que comprende las comunidades de los Chimalapas en Oaxaca; El Ocote en Chiapas y Uxpanapa en Veracruz.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la selva Zoque “es la segunda superficie más grande de selvas y bosques conservados en Mesoamérica, después de la Selva Maya”, además “presenta altos índices de diversidad biológica y un importante número de endemismos, resultado de factores como el relieve, el clima, el tipo del suelo la geología, aspectos evolutivos y condiciones micro-climáticas excepcionales”.

Desafortunadamente, el corte con la vía férrea también afectará la diversidad biológica de la región y la situación no se resuelve “con caminos (que aún no han sido construidos) para el cruce de la fauna, ya que estos, además de alterar las rutas de los animales, podrían generar confrontaciones entre especies”, sostiene el documento El Istmo de Tehuantepec en Riesgo.

Este informe asevera que, “un tren de alta velocidad provoca varios efectos que alteran el dinamismo ambiental. La vibración y el ruido ocasionan cambios en las rutas y comportamiento de las especies, que reaccionan, alejándose del lugar o sintiéndose atraídas a este. Cuando priva lo último, corren el riesgo de ser atropelladas por el tren”.

Para la bióloga Mora, uno de los principales riesgos con la reconfiguración del Istmo en su conjunto es que agudizará los cambios climáticos de la zona y esto provocará el desplazamiento de las especies, lo cual cambiará el entorno, porque esta selva es un reservorio único que concentra una gran diversidad de vida. En la Selva de los Chimalapas se ha identificado que una sola hectárea de vegetación virgen alberga hasta 900 especies vegetales y más de 200 especies animales, añade Mora.

La investigadora Silvia Salas Morales, de la Sociedad para Estudios de los Recursos Bióticos de Oaxaca, ha registrado siete especies de cícadas (plantas) en los Chimalapas, especies que se diversificaron en el Jurásico (hace 210 a 140 millones de años). Estas especies solo han sido identificadas en Sudáfrica, Australia y México.

Tras una modificación de los ecosistemas, “comenzará un proceso de desertificación, que hará vulnerable a la selva Zoque y en, especial, a los Chimalapas. De tal forma que también se verán afectadas las zonas marinas a donde llegarán las embarcaciones con los miles de contenedores que cruzarán diariamente. Estos escenarios agudizarán los impactos del cambio climático”, advierte la bióloga Mora.

Mora agrega que, en el pasado, “ya hubo registro de mucho daño con las escolleras y dragados en el puerto de Salina Cruz y, en el puerto de Coatzacoalcos, hace tiempo que se viene impactando fuertemente a lo que resta de flora y fauna en las costas. Los daños serán de una magnitud inimaginable y esto no lo contemplan en los estudios de impacto ambiental”.

Ceceña alerta que el riesgo ambiental es de gran dimensión, “porque lo que queda de selva en México es muy mínimo”, de facto, una extensión de cerca del 9.2% de selvas en el territorio mexicano se ha reducido a 4.7% (91, 566 km²), según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

De una superficie de 594 mil hectáreas que conforman los Chimalapas, el 78.3% se mantiene bien conservada, con 48% cubierta por la selva alta perennifolia y, seguida por la selva mediana subperennifolia, con 14.4% y bosque mesófilo de montaña 13.5%. “En el Istmo es una manchita de selva, muy importante, más en este momento en que el planeta se encuentra en una situación muy crítica en términos de la sexta extinción y la aceleración del aumento de la temperatura”, agrega la investigadora Ceceña.

La propia Auditoría Superior de la Federación ha documentado que en la MIA de la modernización del tren, “no se incluyeron indicadores específicos de cada tema por entidad federativa y municipio, ni datos cuantitativos y cualitativos en materia de manejo sustentable del medio ambiente: caudal tratado de aguas residuales; pérdida de superficie cubierta por árboles; volumen de residuos sólidos generados; disposición adecuada de residuos sólidos; certificados de “industria limpia” emitidos; reforestación; empresas socialmente responsables; productividad agrícola por uso de agua; intensidad del uso agua; contaminación del aire; riesgo ambiental”.

Juan Carlos Sánchez Antonio, profesor originario de San Pedro Comitancillo, observa que “el desequilibrio ambiental ya se ha sentido con la instalación de los parques eólicos”, de los cuales no se realizaron las consultas correspondientes. “Aunque no lo percibamos directamente, sí ha generado cambios en las cadenas de reproducción de los seres vivos. Cada vez llueve menos, hace más calor, las lluvias son impredecibles. Lo que se avecina en los próximos 30 años es un colapso ambiental en la región”.

Un estudio encabezado por Robert Vautard, especialista en simulaciones climáticas en el Laboratorio de Ciencias Climáticas y del Medioambiente (LSCE por sus siglas en francés), asegura que “cerca de los parques eólicos se registra un aumento significativo de las temperaturas, especialmente en la noche. Este escenario es una de las afectaciones en el Istmo, donde actualmente se han instalado más de cinco mil aerogeneradores.

Diversidad de la zona costera del Istmo de Tehuantepec. Foto: Santiago Navarro F

El profesor Sánchez, también zapoteca, asevera que, en unos 20 años, “aunque se tengan los trenes y carreteras más modernos, será con el costo de un desastre ecológico irreversible” y avizora que “si no atendemos a resarcir los efectos de las políticas neoliberales, nos vamos a encontrar en un mundo colapsado en términos ambientales y eso, desencadena crisis a nivel global: alimentaria, hídrica…, un desmantelamiento de la madre tierra”.

Los riesgos de la reconfiguración del Istmo.

 

Este reportaje fue producido con el apoyo de la Earth Journalism Network de Internews.

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Radio Kurruf

Continúan manifestaciones por el asesinato de Yordan Llempi y en contra de la militarización del Wallmapu

Durante la jornada de éste lunes se llevó a cabo una concentración en memoria de Yordan Llempi, y rechazo al decreto de estado de excepción para comunas de la región del Biobío y de la Araucanía, medida que ha significado permanente presencia militar en caminos y accesos a comunidades mapuche, procedimientos considerados como irregulares por parte de las familias mapuche como controles excesivos y dirigidos a personas mapuche en vías y rutas públicas, e incluso la muerte del joven Yordan en el sector de Huentelolen.

Cerca de las 15 horas comenzó la manifestación en la plaza Camilo Catrillanca (ex plaza Dagoberto Godoy). En el lugar se reunieron decenas de personas con el fin de visibilizar la realidad que se vive en las comunidades mapuche del Wallmapu

Sin embargo, ésta acción no ha sido la única; a pesar de encontrarse muchas zonas del territorio mapuche bajo la militarización del estado chileno, las manifestaciones por la muerte de Yordan a manos de un miembro de infantería de marina se han multiplicado y diversificado en distintos territorios. Desde cortes de ruta, recuperaciones territoriales, concentraciones y marchas, hasta acciones de sabotaje, han sido algunas de las formas en que se ha expresado el descontento ante éste nuevo episodio donde un mapuche muere en manos de las fuerzas de orden durante el gobierno de Sebastán Piñera.

Compartimos registros de algunas de las acciones llevadas a cabo estos días, y declaraciones de familiares de Yordan donde desmienten la versión oficial entregada por fiscalía e incluso gran parte de representantes del gobierno en Tv abierta, donde afirman la hipótesis de enfrentamiento

Cárcel de Temuco 07 de noviembre: Comunicado del machi Celestino Córdova

Panguipulli 07 de novimbre: Inicio de reuperación territorial » la comunidad José Miguel Velásquez Aillapan y las comunidades en resistencia del territorio de Panguipulli Mapu, honramos a través de la recuperación territorial a nuestro peñi Jordán llempi caído en la defensa de nuestro territorio por las balas asesinas del Estado chileno.Creemos que la recuperación territorial es una de las mejores formas de honrar a todos los weichafe que han entregado su vida por la defensa y recuperación de nuestro territorio que fue usurpado y robado a través del genocidio de nuestro pueblo por parte del Estado chileno…», señalan en una declaración pública.

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Puede ser una imagen de 3 personas, naturaleza y césped

Osorno 05 de noviembre:

Temuco 05 de noviembre: Jóven del hogar mapuche Pelontuwe resulta lesionado por fuerza policial en manifestación por Yordan Llempi:

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05 de noviembre 07:42 AM: En estos momentos las comunidades Kilape López y Liempi Colipi están realizando una acción en conjunto en un camino local que conecta con la ruta internacional, en las afueras de Curacautín. El corte de camino que se está concretando, es en respuesta al asesinato de Jordan Lliempi Machacan y en contra de la militarización del Wall Mapu . Información en curso.07-42 AM.»

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Concepción, 04 noviembre 2021- Conversamos con Danitza Herrera, pareja de Yordan Llempi Machacán, desde el Servicio Médico Legal donde estuvimos a la espera que entregasen el cuerpo del joven mapuche asesinado por la armada. Relata que Yordan fue baleado al interior de su hogar, que los militares impidieron que lo trasladaran aún consciente hacia el hospital más cercano en Cañete, teniendo que ir hacia Tirúa perdiendo tiempo valioso en lo que pudo quizás ser reanimado. Describe como disparaban a mansalva hacia las personas que transitaban por la ruta.

Ercilla, 04 novimebre 2021: Fuerte represión de fuerzas policiales y ejército a comunidades mapuche que se manifestaron por el asesinato de Jordan Llempi Machacán. Registro de Werken Noticias

Villarrica, 4 de noviembre del 2021 20:30 hrs: Se realiza una concentración en el frontis de la municipalidad de Villarica, en memoria de Yordan Llempi.

Puede ser una imagen de al aire libre y texto que dice "AM NINNRL A DEFENDER LA INFANCIA y LA TIERRA DE LA MILITARIZACION WALIMAPU EN"

Éstas son solo algunas de las manifestaciones y expresiones que se han dado desde que cae Yordan Llempi, en un estado de excepción que desde el primer día fue motivo de cuestionamiento por parte de autoridades tradicionales del pueblo mapuche y las comunidades en general.

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Avispa Midia

El infierno vivido por los trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá

Por Vanessa Garcia Navarro

Para muchos trabajadores mexicanos Canadá parece un destino tentador para buscar mejores oportunidades laborales y de vida, en los campos de cultivo de moras, frutas, vegetales, flores y plantas ornamentales, incluso son estimulados por iniciativas como el Programa de Trabajadores Agrícola Temporales (PTAT), del gobierno mexicano.

No obstante, los testimonios de mexicanos que confiaron en estos programas no deberían ser ignorados, pues muestran al mundo una realidad diferente, totalmente contrastante a las promesas maquilladas de las páginas web de los gobiernos y las agencias de trabajo que les prometen ayudarlos a realizar sus trámites y conseguirles ofertas laborales con condiciones de calidad.

El jueves (4) se llevó a cabo el conversatorio testimonial Trabajadores Agrícolas Mexicanos en el Extranjero, ¿Se respetan sus derechos en Canadá?, en el cual se exhibieron las inhumanas vejaciones que viven los trabajadores agrícolas mexicanos cuando laboran en Canadá.

La lista de denuncias es larga. Jornadas de hasta 15 horas diarias (cuando sus contratos estipulan claramente que deberían ser de 8), omisión del día de descanso por semana (sin reposición del mismo posteriormente), que no se les paguen las horas extras ni días festivos con la tarifa correspondiente, negación de servicio médico, hacinamiento en las viviendas, agresiones físicas y psicológicas por parte de los jefes de las granjas, dificultades a la hora de comunicarse por no dominar los idiomas del país (inglés y francés), así como la escasez de material traducido al español o traductores que los apoyen al momento de anteponer denuncias, entre otras.

Byron Cruz, proveniente de Guatemala y miembro del Colectivo Santuario (una red de derechos migrantes de Canadá), en un ejercicio de solidaridad con los mexicanos, puntualizó como la pandemia por COVID-19 fue la ocasión perfecta para dejar en descubierto las injurias vividas por los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá.

Por experiencia puede dar fe de que en muchas ocasiones los trabajadores son puestos por sus jefes en habitaciones pequeñas que tienen que compartir con un elevado número de compañeros, lo cual, por si mismo es incómodo, pero tomando en cuenta que seguimos atravesando una pandemia, estas condiciones pasan al ámbito de lo peligroso e insalubre: los dos metros de distancia entre camas son imposibles, de hecho, los habitantes duermen codo a codo.

Por si fuera poco, en caso de que los trabajadores experimenten un accidente o enfermedad la estrategia de varios dueños y administradores de granjas es no reportar el incidente, lo cual deja desamparado al trabajador, cuya siguiente opción de acudir a un servicio medico privado (incosteable por ellos).

Finalmente, en un punto de vulnerabilidad absoluta del trabajador, los contratantes aprovechan y les proponen regresarlos a México, prometiéndoles que ahí tendrán la mejor atención médica patrocinada por ellos. “Esta por supuesto es una mentira, una manera de desechar a los trabajadores cuando consideran que ya no son una fuerza de trabajo útil”, dijo Byron.

Elizabeth Muñoz, socióloga con especialización en desarrollo comunitario, coordinadora del Centro de Trabajadores Inmigrantes (CTI), con una trayectoria de 8 años trabajando directamente con los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá, observa que los empleadores tienen una visión de los trabajadores “como si fueran de su propiedad”, no respetan los contratos y los amenazan con regresarlos a México si se niegan a las jornadas exhaustivas. Los jefes no se presentan a acompañar a los trabajadores (como es el derecho de estos últimos) en caso de que estos acudan al hospital de emergencia.

Otro fenómeno alarmante, según indica la socióloga, es que cuando un trabajador agrícola se lesiona es regresado a su país. “México está teniendo una acumulación de trabajadores enfermos y lesionados que no pueden trabajar ni en Canadá, ni en México”.

De la vista gorda

Muñoz comparte la voz de los trabajadores agrícolas con los que ha trabajado. Estos le dicen que se sienten desamparados, pues cuando llaman al consulado mexicano la respuesta que obtienen de los que se supone deberían protegerlos es “trabajen”, y posteriormente obtienen una segunda estocada de parte de los empleadores que se enfurecen con ellos por haber contactado al consulado.

Karla Meza, periodista independiente mexicana que se encuentra en Canadá, enfoca su investigación en los problemas que viven los trabajadores agrícolas. Indica que la secretaría del trabajo tiene quejas, sin embargo, estas no son atendidas. Una amenaza común de los empleadores a los trabajadores mexicanos es que si no desean perpetuar el ritmo de trabajo se les remplazará con “algún trabajador guatemalteco”. Al parecer este racismo sistémico se fundamenta en que Guatemala no tiene acuerdo bilateral con Canadá, como es el caso de México, lo cual vulnera aun mas a los trabajadores proveniente de Guatemala.

Además, Muñoz reporta que el tráfico de humanos se está volviendo una realidad en Canadá. Ante la desesperación, muchos trabajadores prefieren pagarle a un traficante (de los denominados coyotes o polleros) para que los lleven a Estados Unidos, donde prefieren vivir indocumentados que tolerar los maltratos en las granjas e invernaderos donde laboran en Canadá.

Covid-19

Otros trabajadores narraron las dificultades para ser inoculados contra el COVID-19 (por no contar con seguro), lo cual desencadena un circulo vicioso, dado que sin certificación de haber sido vacunados no son aceptados para laborar y ni siquiera pueden desarrollar actividades tan esenciales como entrar a comer establecimientos, ya que les solicita pruebas de haber recibido las dosis de vacunas.

Otro empleado agrícola, quien si obtuvo acceso a la vacuna contra COVID-19 narra que se lesionó el pie durante su jornada laboral, y su jefe tradujo incorrectamente la situación en el hospital, atribuyéndolo a una reacción de la vacuna, a fin de entorpecer el uso del seguro médico.

¿Las autoridades?

La diputada Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, refirió que desde el congreso se está trabajando en un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que garantice los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentran en Canadá, por la falta de oportunidades laborales en México. El punto de acuerdo  ha sido presentado el 28 de octubre.

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Avispa Midia

COP26: Mercado de carbono y expolio territorial se consolidan en nombre del clima

Por Ñanì Pinto

En portada: Indígenas Pataxó forman barricadas en carretera de la región Monte Pascoal, Bahía, lugar donde ONGs conservacionistas promueven proyectos de compensanción de carbono mediante la plataforma REDD+. Brasil, 2014. Foto Santiago Navarro F.

En vísperas de la realización de la 26a Conferencia de las Partes (COP26), evento convocado por las Naciones Unidas para discutir estrategias contra el cambio climático, más de 80 organizaciones brasileñas alertaron sobre la falsa solución a la crisis ambiental mundial que representa el llamado mercado de créditos de carbono.

La consolidación de este mercado a escala mundial forma parte medular de las negociaciones que se realizan a partir de este domingo (31) en Glasgow, Escocia. Este mecanismo permite comercializar licencias de contaminación, es decir, con ello una empresa europea puede adquirir créditos de carbono en otro país, como Brasil, para que de esta manera dicha industria pueda registrar la transacción como sinónimo de reducción de sus emisiones contaminantes.

En contraste, organizaciones como El Grupo de la Carta de Belem y la Comisión Pastoral de la Tierra denuncian las consecuencias negativas de este mercado. “Entre los efectos de su aplicación se encuentra la expansión de las actividades destructivas en los ámbitos de la minería, el extractivismo a escala industrial y la quema de combustibles fósiles (que pueden compensarse/neutralizarse en otro lugar)”.

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Esta denuncia enfatiza que el mercado de carbono no toma en cuenta soluciones efectivas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), tales como la demarcación y defensa de las tierras indígenas, quilombolas y colectivas, así como el fortalecimiento de las prácticas agroecológicas que contribuyen a la conservación de la sociobiodiversidad y a la soberanía alimentaria.

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La Voz del Pueblo de Magdalena Aldama

Comunicado del Pueblo de Magdalena Aldama, Chiapas

MAGDALENA ALDAMA, CHIAPAS. OCTUBRE DE 2021.

A LA OPINIÓN PÚBLICA.
A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA AMNISTÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
A LOS DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS INDEPENDIENTES.
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL.
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA CNI.
AL CONCEJO INDIGENA DE GOBIERNO CIG.
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL.
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDIA.
A LAS MUJERES QUE LUCHAN.
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES NO GUBERNAMENTALES.
A LAS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIONES LOCALES, NACIONALES, INTERNACIONALES E INDEPENDIENTES.
AL PUEBLO DE MÈXICO Y AL MUNDO.

Presente.

Somos la Voz del Pueblo.

Somos un pueblo que vive bajo la lluvia de disparos por los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha del municipio de Chenalho, somos un pueblo de lucha y de resistencia. Somos la semilla de nuestros antepasados Mayas. Somos pueblo. Que hoy en día corre la sangre en nuestras venas. Somos bats`i vinik-antsetik. Somos Tsotsiles.

El problema no es nuevo, a la comunidad de Santa Martha (Manuel Utrilla) en los años 70s en una resolución presidencial de José Portillo le entregaron 60 hectáreas las cuales le pertenecían al municipio de Santa María Magdalena Aldama después se reconoció que los dueños eran los de Aldama y acordaron en el convenio de 1977 respetar el derecho de posesión de Aldama y también que las cooperaciones y cargos hacerlas en Aldama pero los acuerdos no se respetaron y Santa Martha en 1997 exige la devolución de 30 hectáreas y en el año 2009, el tribunal unitario agrario resuelve la posesión a favor de los 115 comuneros de Aldama.

En el año de 2016 las problemáticas recrudecieron con el despojo de las tierras durante en el gobierno de Manuel Velazco Cuello y ahora en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas. Por disputa de tierras de 60 hectáreas que fuimos despojados por personas del poblado de Manuel Utrilla (Sector Santa Martha) del municipio de Chenalho. Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente. Dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias que en 2016 fueron despojados y amenazados a puntas de armas de fuego y fueron refugiados en las diferentes comunidades del municipio de Aldama. En este año de 2016, se activó el grupo armado paramilitar que operan en Chenalho.

Somos 115 Comuneros afectados, despojados, amenazados y desplazados en nuestros hogares, en nuestras tierras; que ancestralmente nuestros abuelos, padres nos los han heredado y está certificada ante el Tribunal Unitario Agraria y nos reconoce como dueños legítimos de nuestra madre tierra.

En el año 2018 las agresiones de armas de fuego de altos calibres intensificaron y fueron desplazados forzados internos 2036 personas en ese tiempo, hacia las montañas por este grupo armado, lo cual nos atacan en los diferentes puntos de ataques que ellos tienen, desde las localidades de Yok Ventana, Saclum hasta Sector Santa Martha nos rodean de disparos afectando a 10 localidades.

14 de marzo de 2020, nuestro compañero Cristóbal Santiz Jiménez fue detenido y fue recluido en el penal de el “Amate“ del municipio de Cintalapa, Chiapas. En la hora de su aprehensión fueron violados sus derechos humanos, así como; recibió agresiones físicas y verbales y fue amenazado por los elementos cuando fue trasladado de San Cristóbal al CRSS No 14 el Amate.

El motivo de la detención de nuestro compañero Cristóbal Santiz Jiménez, es por ser uno de los representantes de los 115 Comuneros afectados y desplazados de las 60 hectáreas de tierras, por parte del poblado de Sector Santa Martha, Chenalho.

Cristóbal Santiz, es uno de los rehenes del gobierno de Rutilio Escandón Cadenas e Ismael Brito Mazariegos (Secretario de Gobierno), de la Fiscalía del Estado Jorge Luis Llaven Abarca y de la Fiscalía Indígena de la Zona Altos de Chiapas.

Desde el inicio del año 2020 y 2021 las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad hacia nuestras comunidades afectando a 12 comunidades y entre 5000 personas; mujeres, niñ@s, ancian@s y hombres, que han sido afectados y victimas de estas agresiones.

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Avispa Midia

En medio de pandemia, asesinatos de indígenas en Brasil aumentan 37%

En portada: En las tierras indígenas de Comexatibá, en Bahía, el pueblo Pataxó -al igual que muchos otros pueblos en todo el país- ha levantado sus propias barreras sanitarias para restringir la circulación de personas y del coronavirus en su territorio. Foto: Ingrid Ãgohó Pataxó

En 2020, primer año de la pandemia de coronavirus, 182 indígenas fueron asesinados en Brasil, un aumento de 37% en comparación a 2019. Los conflictos registrados relacionados a derechos territoriales más que duplicaron, pasando de 35 casos en 2019 a 96 en 2020, un aumento de 174%. Los datos fueron revelados en el Informe Violencia Contra los Pueblos Indígenas de Brasil, publicado por el Conselho Indigenista Missionario (Cimi).

“La grave crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, al contrario de lo que se podría esperar, no impidió que grileiros [invasores de tierras], garimpeiros [minería ilegal], madereros y otros invasores intensificasen aun más sus ataques sobre las tierras indígenas”, aclara el relatorio.

Además de la violencia, la devastación del medio ambiente y la contaminación de los principales cursos de agua con mercurio, también existe una coincidencia entre la presencia de los mineros y el empeoramiento de la situación sanitaria de la población yanomami. Imagen registrada en el Territorio Indígena Yanomami en mayo de 2020Foto: Chico Batata

En 2020, los casos de invasión de tierras, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio de los pueblos también se incrementaron, aún relación con el ya alarmante número que se había registrado en 2019, primer año de gobierno de Jair Bolsonaro. Fueron registrados 263 casos, un aumento de 141% en relación a 2018, afectando a por lo menos 201 tierras indígenas, de 145 pueblos, en 19 estados brasileños.

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Los agresores invaden las tierras indígenas para apropiarse ilegalmente de la madera, devastar ríos enteros en búsqueda de oro y otros minerales, además de deforestar y quemar anchas áreas para la apertura de pasto para ganado. En muchos casos, los invasores dividen la tierra para ser comercializada, inclusivo en territorios indígenas habitados por pueblos aislados.

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Festivales Solidarios

Una mina de níquel y la militarización en El Estor, Guatemala

Fotografías: Diego Alvarado y Festivales Solidarios.

Foto: Diego Alvarado.

Este es un breve relato, de los miles de sucesos que existen y de cómo se conecta la historia de despojo y terror que la empresa minera en los alrededores del lago de Izabal, hoy la CGN-PRONICO y su origen en la EXMIBAL, han provocado durante los últimos 60 años en Guatemala y que ahora, siguen siendo los responsables intelectuales y materiales de criminalizar y perseguir a las y los defensores de la naturaleza que se oponen rotundamente a la destrucción del lago de Izabal y su entorno y también de cómo, las empresas extranjeras que han sido dueñas a lo largo del tiempo de la mina de níquel, han utilizado a las fuerzas represivas del Estado como guardias privadas para garantizar que sigan con el saqueo del recurso mineral que existe en la región.

Los orígenes

Esta mina empezó a funcionar en 1970, cuando el gobierno de Carlos Arana Osorio, conocido como el “Chacal del oriente” (mote otorgado por la ciudadanía por ser un dictador militar sanguinario) otorgó una concesión para explotación de níquel, cobalto, hierro y cromo durante 40 años a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International Nickel Company (INCO).

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