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Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Tanquetas, grilletes y cárcel: la escalada represiva contra la normal de Mactumactzá

Tlapa,Guerrero, a 22 de mayo de 2021.

El 18 de mayo más de 300 estudiantes de la normal rural de Mactumactzá, Chiapas, fueron desalojados violentamente por la policía estatal cuando se encontraban protestando en la caseta de cobro “Chiapa de Corzo” para exigir la publicación de la convocatoria y examen de nuevo ingreso en su modalidad presencial pues la mayoría de los aspirantes son indígenas sin acceso a las plataformas tecnológicas virtuales. El saldo de la represión fue de 95 estudiantes detenidos, siendo 74 mujeres. A la fecha están siendo procesadas en el Juzgado de control del Amate ubicado en Zintalapa Chiapas.

Testimonios de los estudiantes establecen que las normalistas fueron acosadas y agredidas sexualmente por policías que las sometieron y tuvieron bajo custodia.

A la fecha el juzgado de la causa lleva a cabo las audiencias de control de detención y formulación de imputación y en los próximos días se definirá su situación jurídica.

Es particularmente grave las detenciones masivas contra estudiantes que exigen el cumplimiento de demandas estrictamente académicas. No se puede judicializar y penalizar la exigencia de un derecho humano con el pretexto que se protege otro. En lugar de privilegiar el diálogo las autoridades estatales y federales se han obstinado por reprimirlos y encarcelarlos. De tratarlos como delincuentes y diezmar su lucha para dar el golpe final, de cerrar la normal de Mactumactza.

El gobierno de Herminio Escalante ** ha focalizado su poder represivo contra los estudiantes pobres, mayoritariamente indígena, que han encontrado en esta normal, la única opción para acceder a la carrera magisterial.

Además de incumplir con las demandas básicas de los normalistas, criminalizan su movimiento y les truncan las posibilidades de romper con el segregacionismo racial y la exclusión social que prevalecen en las élites politicas y económicas de Chiapas.

Exigimos que pare la escalada de violencia propiciada por las autoridades del estado y exigimos a los gobiernos federales y estatales:

  1. La liberación inmediata e incondicional los estudiantes normalistas y campesinos detenidos.
  2. Se investigue a los mandos policiacos y sus elementos que incurrieron en agresiones sexuales contras las jóvenes y otros excesos en el uso de la fuerza en que incurrieron.
  3. Solución inmediata a las demandas educativa de los estudiantes de Mactumactzá
  4. Alto a la represión contra los estudiantes de la Normal Rural de Mactumactzá.
  5. Alto a la represión contra los estudiantes de las Normales Rurales del país.

 

ATENTAMENTE.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

** Nota aclaratoria de RZ: El nombre del gobernador de Chiapas es Rutilio Escandón Cadenas

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Avispa MIdia

AMLO ¿Qué hicieron ambientalistas tras 1,609 concesiones mineras en áreas protegidas?

Por Ñaní Pinto

Foto de Portada: Protesta frente a la minera San Xavier, Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Por Santiago Navarro F

El pasado miércoles (19 de mayo), el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuestionó en conferencia de prensa a los ambientalistas mexicanos sobre su actuar en torno a 1,609 concesiones mineras que han sido emitidas en territorio mexicano. Sobre todo, puntualizó que de 142 Áreas Naturales Protegidas que existen en México, en 68 de ellas hay concesiones mineras, esto abarca 1.5 millones de hectáreas. El presidente, en un arranque cuestionó, “¿qué hicieron los seudoambientalistas, conservadores?, ¿dónde están las denuncias?, ¿dónde están los amparos?”, en relación a estas concesiones.

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De acuerdo con el informe que presentó la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), presidida por María Luisa Albores González, durante los últimos 12 años que, califica como “el periodo neoliberal”, se anuncia que alrededor del 75 por ciento de las concesiones mineras se otorgaron a empresas extranjeras.

Albores sostuvo que tan solo en el periodo de 2006 a 2018, en el caso del oro, se ha extraído “más de mil 59 toneladas de oro, que equivale a casi seis veces a lo que se extrajo en la época de la Colonia y Conquista”, de igual modo dijo que aconteció con la plata, se han extraído “48 mil 626 toneladas de plata, que es más del 90 por ciento de lo que se extrajo en esos más de 300 años en la Colonia”.

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Por ello, el mandatario mexicano, arremetió argumentando, “miren, mil 609 concesiones mineras en zonas protegidas, 75 por ciento en áreas de protección de los recursos naturales, 63 por ciento de las reservas de la biósfera, 45 por ciento de las áreas de protección de flora y fauna, 22 por ciento en santuarios de flora, de fauna nativa, 15 por ciento en los parques nacionales”.

Y cuestionó, entonces ¿qué hicieron los seudoambientalistas, conservadores?, ¿dónde están las denuncias?, ¿dónde están los amparos?

Los ambientalistas conservadores

Lo que quizás no recuerda el presidente López Obrador es que, hasta se reunió con varios de estos ambientalistas, cuándo aún estaba en campaña. Un caso muy emblemático es el pueblo de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, dónde lo recibieron en tres ocasiones y le expusieron las problemáticas ambientales, que, hasta el día de hoy, ha ocasionado la Compañía Minera Cuzcatlán que opera a menos de 800 metros del pueblo. “Nos sentimos traicionados, porque nos dijo que iba a resolver el problema y simplemente nos ignoró”, comparte el ciudadano Felipe Martínez.

Minera Cuzcatlán es filial de la canadiense Fortuna Silver Mines y actualmente opera 5 de 31 concesiones que tiene en su poder, que abarcan más de 64 mil hectáreas. Junto a ella, la empresa Don David Gold México S.A. de C.V., filial de la multinacional estadounidense Gold Resource Corporation (GRC) abarca más de 100 mil hectáreas. Son las dos únicas empresas que tienen concesiones en fase de explotación en Oaxaca, pero han sido denunciadas por las afectaciones que han comenzado a experimentar los pobladores. Mientras que los empleos prometidos son de limpieza y de ayudantes, mal pagados.

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Otro caso emblemático es la región del Soconusco en Chiapas, dónde el gobierno de Enrique Peña Nieto emitió 99 concesiones ubicadas principalmente sobre seis reservas ecológicas continuas, tres estatales: El Cabildo-Amatal, El Gancho-Murillo y Cordón Pico El Loro-Paxtal y tres federales: La Encrucijada-Volcán, Tacaná y El Triunfo. Una gran resistencia devino de diversos pueblos en esta región al enterarse de las concesiones, durante el gobierno de Peña Nieto, la respuesta fue la represión y la intimidación. Un problema que aún está latente.

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Cuándo el mandatario mexicano pregunta ¿Dónde estaban los sudoambientalistas? Muchos de ellos, en resistencia. Mientras que a otros los amedrentaban y los amenazaban de muerte, o peor aún, los mataban. Tan solo en el periodo de 2012 al 2019 se registraron 83 asesinatos de ambientalistas, según  datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Cartocrítica.

Los ambientalistas, principalmente campesinos e indígenas, que han sido asesinados en México no solo se han opuesto al sector minero, sino que también a los complejos de “desarrollo” que viene devastando ecosistemas y pueblos completos para dar paso a los grandes capitales. El riesgo, incluso de levantar la voz, siempre es latente. Como el asesinato del indígena Nahua, Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado frente a su casa un día después de denunciar, en un evento público en el estado de Morelos, los daños ambientales que provocaría el llamado Proyecto Integral Morelos (PIM), un ambientalista asesinado en el periodo de gobierno de AMLO.

Mucho se ha documentado ya de la devastación que va dejando el extractivismo minero, como el caso de la Minera Grupo México, quien, el 6 de agosto del 2014, derramó más de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, una contaminación que persiste en la zona, en los cultivos y que está presente en diversas enfermedades entre los habitantes.

Al parecer, para el gobierno mexicano, la era neoliberal ha concluido, mientras que las empresas extractivas marchan viento en popa y especulan con sus explotaciones a futuro, mientras el Estado les de la seguridad legal para su explotación, por otra parte, a los pueblos promete más empleos.

El caso Sonora o el Caso de Oaxaca, con los últimos indicios de contaminación, es algo con lo que tendrá que lidear el gobierno actual. Pero, además, también con la explotación acelerada de más minerales que exige el mercado, porque son acuerdos delimitados por las políticas neoliberales, enmarcadas en un primer momento, en el Tratado de Libre Comercio y retomadas con el llamado Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, (T-MEC).

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Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”


Foto: del Twitter de Gabriela Coutiño

• Riesgo de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa.
• El Estado mexicano debe garantizar el acceso a la educación.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información por parte de las alumnas y alumnos de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá” y sus familiares, que el 18 de mayo de 2021, se encontraban repartiendo volantes a la altura de la caseta de cobro de la carretera Chiapa de Corzo – San Cristóbal de Las Casas, cuando policías de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, efectuaron un operativo de desalojo con uso excesivo de la fuerza pública. Este mismo hecho se repitió en el tramo conocido como La Pochota y en el Libramiento Norte Poniente en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. En el operativo fueron detenidos 74 mujeres y 21 hombres, quienes fueron trasladados a la Fiscal General del Estado (FGE).

En la FGE se les impidió la comunicación con sus familiares. Fue hasta el día 19 de mayo de 2021, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos en compañía de sus familiares tuvieron acceso y documentaron de las lesiones de los estudiantes, durante la privación arbitraria de la libertad y en su permanencia en la FGE, posteriormente no se les permitió volver a verlos. Durante la noche de este mismo día fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 14, El Amate, sin que los familiares recibieran información sobre la situación jurídica de los estudiantes.

Posterior a la detención se instaló una mesa dialogo con la Secretaría General de Gobierno quienes han condicionado la libertad de las y los alumnos a cambio de no volver a realizar ninguna manifestación ni emitir crítica al gobierno.

Desde hace varios días, las alumnas y alumnos han realizando diversas movilizaciones en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, exigiendo demandas educativas, entre ellas que el examen de ingreso se realice de manera presencial y no vía internet, cumpliendo con las normas sanitarias frente a la pandemia, debido a que la mayoría de los aspirantes provienen de comunidades rurales sin acceso a equipo de computo e internet.

El Frayba manifiesta su preocupación debido al uso excesivo de la fuerza pública y la aplicación de diversos delitos como Motín, Pandillerismo, Robo con Violencia, Daños y Ataques a la Vías de Comunicación para criminalizar el derecho a la libertad de manifestación. Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de criminalización de la libre manifestación, señalando además que los cortes de ruta, el copamiento del espacio público, e incluso los disturbios que se puedan presentar en las protestas sociales, pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión.1

Las y los alumnos detenidos se encuentran en espera de la audiencia de vinculación a proceso, en donde el Juez determinará si existen elementos para someterlos a un proceso penal corriendo el riesgo de la prisión preventiva oficiosa que los mantenga privados ilegalmente de la libertad, por lo que exigimos al poder judicial del estado la liberación inmediata de los estudiantes a fin de que no se continúe criminalizando su ejercicio a la libre manifestación.

Exigimos además al Estado mexicano garantizar la vida, integridad y seguridad personal de las 74 mujeres y 21 hombres estudiantes detenidos y se investigue las violaciones a derechos humanos cometidas en su contra.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para que firmen esta acción urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y escriban a las autoridades mexicanas a fin de evitar violaciones a derechos humanos contra los estudiantes.

Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2021
Acción urgente No. 5

Descarga la Acción urgente aquí: Alto a la criminalización de la protesta social contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumatzá”

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FrayBa

Criminalización de la lucha en contra de la militarización de la tierra y el territorio en el pueblo Tseltal de Chilón, Chiapas

Los ejidatarios y sus familias tseltales de los ejidos San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, históricamente han sido defensores de su tierra y territorio contra la militarización y los megaproyectos; la incursión militar y establecimiento de bases y cuarteles militares en territorios indígenas a partir del levantamiento armado en 1994 trajo consigo un despojo territorial. Como ofensiva por parte del Estado mexicano para desarticular el movimiento y la organización sociocomunitaria del pueblo tseltal de Bachajón, municipio de Chilón, enfrentó los efectos negativos de la presencia militar en su territorio como la prostitución, el consumo de drogas, aumento del alcoholismo y la división comunitaria que se acentuó con el tiempo. Con base en su experiencia en la defensa de su territorio así como de su cultura comenzó de nueva cuenta una lucha en contra de nuevas formas de invasión y militarización territorial, como lo es la construcción del Cuartel General de la Guardia Nacional en la comunidad de Juculton, lo cual se hizo en contravención a los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la consulta y a lo no militarización de su territorio.

De acuerdo a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, la implementación de cualquier tipo de proyecto ya sea por parte del Estado o de particulares, tiene como obligación el efectuar una consulta con la finalidad de que los pueblos den su consentimiento de manera libre e informada. La forma organizativa de los pueblos originarios, tiene como base a su autoridad máxima la Asamblea, misma que está prevista por las leyes mexicanas. Sin embargo, autoridades de los tres niveles de gobierno omitieron su responsabilidad puesto que no generaron los mecanismos necesarios para la realización de una consulta, libre previa e informada y con ello, recoger el consentimiento del pueblo tseltal de Chilón sobre la construcción de una de las bases de la Guardia Nacional previstas en la actual administración en el estado de Chiapas.

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Padre Marcelo Pérez Pérez: La misión de la Iglesia es ser “abogada de la justicia y defensora de los pobres”

La misión de la Iglesia es ser “abogada de la justicia y defensora de los pobres” DA 395 y no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia” DA385, así afirman los obispos de Americalatina.

Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de todo el mundo, hoy 18 de mayo 2021, doy mi palabra como Sacerdote Indígena, Marcelo Pérez Pérez, coordinador de la Pastoral social de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas.

Así como es de conocimiento público, el 15 de octubre del 2020, los ejidatarios del municipio de Chilón: San Gerónimo y San Sebastián, a las 10 de la mañana en Crucero Temo municipio de Chilón se estaban formando para una manifestación pacífica con el objetivo de exigir la no intervención en la elección de sus autoridades de sus ejidos el Presidente de Chilón Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo ahora candidato para la presidencia municipal de Chilón por el partido MORENA.

Como respuesta del Sr. Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo fue la represión brutal y criminalización; en esa represión fueron detenidos José Luis Gutiérrez Hernández y Cesar Hernández Feliciano.

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Denuncia de los ejidatarios y ejidatarias de San Jerónimo Bachajón y de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas

A nuestros hermanos y hermanas tseltales de Chilón
A los Pueblos Originarios de México y el Mundo
A las organizaciones Sociales
A los Defensores de derechos humanos nacional e internacional
A los medios de comunicación

Los ejidatarios y ejedatarias de San Jerónimo Bachajón y de San Sebastián Bachajón nos dirigimos a ustedes para denunciar lo siguiente:

En el año 2019 sufrimos como pueblo la imposición de un comisariado nombrado por el actual presidente municipal de Chilón Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, no respetando nuestras formas propias de elegir nuestras autoridades agrarias.

El día 15 de octubre 2020, nos manifestamos en el crucero Temó en contra de la construcción del cuartel de la Guardia Nacional y por la exigencia del reconocimiento de nuestras autoridades agrarias. Como a las 10 de la mañana la policía municipal de Chilón, la Policía Estatal con apoyo de la Guardia Nacional empezaron a agredirnos con piedras, palos gases lacrimógenos, todos ellos estaban armados, golpeando a los ejidatarios, ejidatarias y vehículos, causando lesiones, daños materiales y la detención arbitraria de José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano.

Nuestros compañeros fueron detenidos y torturados, luego llevados a la comandancia de la policía de Ocosingo. Después los trasladaron al Centro de reinserción social de sentenciados del mismo Ocosingo. El día 17 de octubre por la mañana sin ninguna explicación fueron trasladados como delincuentes al Amate.

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Organización Vineketik en Resistencia

Comunicado de nuestro compañero indígena preso en lucha Marcelino Ruiz saludando a la Gira Zapatista, » Y desde este rinconcito les decimos que no están solxs ni van solxs que los vamos acompañando».

CERSS No 10

Comitán Chiapas México

Comunicado de los presos indígenas en lucha
Organización Vineketik en Resistencia adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Acanalador del EZLN

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A la sociedad civil nacional e internacional
A la Sexta nacional e internacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A los medios de comunicación
Al Pueblo Creyente
Al pueblo de México y del mundo

En esta Gira de nuestrxs hermanxs hacia Europa para llevar y compartir las semillas. Semillas de resistencia y por la vida, para sembrar paz, amor y dignidad de nuestros pueblos. Para compartir nuestro mundo con otros mundos del mismo lenguaje e historia mutuas de resistencia y digna rebeldía, donde las palabras son de esperanza y luz, para alumbrar los caminos para un solo caminar, que llevan nuestros corazones es decir nuestros pensamientos y sentimientos.
Y desde este rinconcito les decimos que no están solxs ni van solxs que los vamos acompañando.

¡Viva el EZLN!

Atentamente

Marcelino Ruiz Gómez

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FrayBa

Llamado por la Paz para todas y todos, ante la violencia en Venustiano Carranza y otros lugares de Chiapas, por todos los pueblos que sufren y luchan

«Como Pueblo Creyente les invitamos a Unirse a las Jornadas de Oración del 16 al 30 de mayo, para pedir por que encontremos caminos de diálogo y reconciliación que nos lleven a la paz con justicia y dignidad.»

 

Lee la palabra aquí: Pueblo Creyente, llamado a la Paz https://frayba.org.mx/wp-content/uploads/2021/05/comunicado-PC-mayo-2021.pdf

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Avispa Mídia

Lo qué está en juego con la reglamentación de la Consulta Indígena en México

Por Renata Bessi | Avispa Mídia

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.

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A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.

Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.

A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.

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Avispa Midia

Colombia | Continúan masacrando manifestantes que están en paro

Por Sare Frabes

Organizaciones de derechos humanos en Colombia han denunciado este martes (4) que “el Estado colombiano declaró guerra armada en contra de las manifestaciones pacíficas” que ocurren en todo país, con epicentro en Cali, desde el 28 de abril. La organización Temblores registró hasta hoy al menos 31 manifestantes muertos, 216 personas víctimas de violencia física, 814 detenciones arbitrarias, 21 víctimas de agresiones oculares y 10 casos de violencia sexual.

“A la gente que está protestando le está tirando a matar. A la gente que está llorando su muerto le está tirando a matar. A la gente que está auxiliando a los heridos le está tirando a matar. A la gente de derechos humanos le está tirando a matar. Al pueblo de Cali le están tirando a matar”, sostuvo un defensor de derechos humanos, durante rueda de prensa en la mañana de este martes (4), para denunciar la brutal represión a los manifestantes de Cali en la noche de ayer (3). 

“Necesitamos denunciar públicamente que ayer en Cali hubo un despliegue de la policía que utilizó armas de fuego y disparó indiscriminadamente contra cientos de manifestantes y además contra los equipos de derechos humanos y de salud. Es necesario rechazar la respuesta militar a la protesta social”, sostuvo uno de los representantes de las organizaciones de derechos humanos.

Linda Criollo

Según ellos, hasta el momento de la conferencia de prensa se desconocía las cifras de heridos, detenidos y muertos después del ataque de la policía en la noche de ayer. “No pudimos hacer nuestro trabajo, tuvimos que protegernos en las casas de vecinos. No hay garantía para el trabajo de derechos humanos en estos momentos.” 

Los defensores relataron que eran más de 30 efectivos de la policía disparando directamente contra las personas. “Exigimos que el Estado en sus distintos niveles asuman la responsabilidad de la masacre que se está perpetrando en Cali.”

Las organizaciones reportaron que hubo ataques a los periodistas que intentaban registrar la operación militar. “La casa donde les estaba dando resguardo también fue impactada”. 

Las ambulancias también han sido blanco de la fuerza policial. “Están tiroteando a las ambulancias. No les están dejando ingresar a recorrer los heridos. Están sacando a los heridos de los hospitales y no sabemos para dónde están llevando estas personas lesionadas”.

Además, informan las organizaciones, que se está organizando grupos de personas civiles para actuar con arma de fuego en contra de los manifestantes. “Hemos visto grupos de personas en camionetas saliendo a atacar a los manifestantes. Y todo eso con la complicidad de las fuerzas del estado”.

El gobierno “en lugar de estar dando solución a los problemas estructurales, su reacción es la represión, la muerte y la criminalización”, sostienen las organizaciones.

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