Integrantes del movimiento por la libertad de los defensores del agua y la vida de San Pedro Tlanixco , municipio de Tenango  del Valle,  Estado de México,  Inauguraron en  el auditorio José Revueltas en Ciudad Universitaria,  “La Jornada por la libertad de los  defensores del agua y la  vida de San Pedro Tlanixco”.

Escuchar audio de la conferencia: (Descarga aquí)  

La jornada inicio con la lectura de un pronunciamiento en voz de Yolanda Álvarez, esposa   de uno de los defensores del agua y la vida, actualmente preso;   depués  continuo con  Rosario Peralta, (vocero de la comunidad), quien realizó un recuento de los acontecimientos que dieron lugar al conflicto, pues desde el año de 1998, la comunidad se ha organizado para resistir el despojo de su recurso vital.  Producto de ésta lucha organizada y autónoma, en el año 2003, seis de los guardianes del agua, fueron detenidos y encarcelados en el Penal de Santiaguito Almoloya de Juárez. Es por lo anterior que la comunidad de San pedro Tlanixco,   se ha organizado una vez más para convocar a una jornada de lucha,  y exigir  la libertad de Pedro Sánchez Berriozábal, Teófilo Pérez González, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez, Lorenzo Sánchez y Dominga González,  cuyo único  agravio cometido ante el mal gobierno,   es ser   guardianes del agua  y la  vida de su comunidad.

Denuncian agresiones y hostigamiento las comunidades organizadas de San Francisco, de Teopisca, y Cruztón, de Venustiano Carranza, ambas pertenecientes a Semilla Digna, y participantes en el Congreso Nacional Indígena. Las agresiones fueron realizadas por grupos de choque que buscan invadir la tierra que les pertence, y por la que se encuentran organizados y luchando como adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

San Francisco, Teopisca denuncia hostigamiento de grupo de choque

Campesinos de la ranchería San Francisco municipio de Teopisca Chiapas México a 15 de agosto del 2016.

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI)

A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL

Somos un grupo de campesinos y campesinas de San Francisco, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y en defensa de la tierra y el territorio de pueblos originarios.

Hoy 15 de agosto denunciamos nuevamente al señor Pedro Hernández Espinosa quien inicio una demanda por despojo en la fiscalía de distrito altos de Teopisca, integraron una investigación y el día 17 de agosto de 2015, el juez libero 7 ordenes de aprehensión dentro del expediente penal 38/2015 en el juzgado primero de San Cristóbal de las Casas, en contra de nuestros compañeros de la Sexta miembros de nuestro grupo en defensa de la tierra y el territorio, Adherentes a la Sexta Declaración del EZLN. Mismo que en estos días están siendo buscados por la policía para capturarlos y sean juzgados por las leyes del mal gobierno.

Mientras tanto nosotros ya interpusimos un amparo para demostrar que no estamos cometiendo ningún delito, lo único que estamos haciendo es defender lo que es de nosotros que son las tierras. También volvemos a denunciar al grupo de choque organizados por Pedro Hernández Espinosa, Francisco de la Cruz Estrada y Felipe de la Cruz Alvarez, que nuevamente el 31 de julio llegaron a nuestras tierras recuperadas y ocupadas mostrando documentos falsos (Contratos de compra-venta), que ya ellos son dueños de nuestras tierras, haciéndose pasar por el grupo en resistencia llamada “Luz y Fuerza del Pueblo”, adherentes a la Sexta, provenientes de la comunidad El Escalón y de otras comunidades.

Responsabilizamos  al señor Pedro Hernández Espinosa y al grupo de choque que quiere invadir nuestras tierras de todo lo que suceda en nuestra lucha.

Exigimos la cancelación inmediata de las 7 ordenes de aprehensión giradas en contra de uestros 7 compañeros, de no ser así responsabilizamos a los 3 niveles de gobierno y a las autoridades correspondientes de cualquier daño o detención en contra de nuestros compañeros y miembros de nuestro grupo en defensa de la tierra y territorio, exigimos el reconocimiento legitimo de nuestras tierras recuperadas y de nuestros derechos ancestrales.

ATENTAMENTE

Grupo Organizado de San Francisco

Municipio de Teopisca, Chiapas México

Adherentes a la Sexta Declaración del EZLN

Comunidad Cruztón denuncia invasiones a su territorio y agresiones

Tomado de Chiapas Denuncia Pública

PALABRAS DE LA COMANDANCIA GENERAL DEL EZLN, EN VOZ DEL SUBCOMANDANTE INSURGENTE MOISÉS, EN LA APERTURA DE LA PARTICIPACIÓN ZAPATISTA EN EL CompARTE, EN EL CARACOL DE OVENTIK, CHIAPAS, MÉXICO, LA MAÑANA DEL 29 DE JULIO DEL 2016.

Escucha: (Descarga aquí)  

A nombre de las compañeras y compañeros de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quiero platicarles lo que sentimos de lo que nos hacen a nosotras y nosotros en los pueblos originarios de México, y creo está igual en el mundo entero.

Queremos decirles, explicarles, una vez más, de los ya tantos dolores que nos ha hecho este podrido sistema capitalista.

NO se vayan a sentirse mal, compañeras y compañeros de la sexta nacional e internacional, hermanas y hermanos del mundo, de todo lo que les voy a decir, porque no se trata de ustedes.

Se trata de cómo nos hace o cómo nos tiene el sistema capitalista, en especial a nosotros LOS PUEBLOS ORIGINARIOS de este país que se llama México.

Voy a hablar de cómo nos sentimos nosotras y nosotros, zapatistas, de lo que les hicieron a nuestras hermanas y hermanos indígenas de pueblo de San Juan Chamula, el pasado 23 de Julio de este año.

A nosotras y nosotros Zapatistas, nos duele lo que pasó ahí.

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COMUNICADO URGENTE:

POLICIA MUNICIPAL DE JUCHITAN ATACA A BALAZOS A COMPAÑEROS DE LA ASAMBLEA COMUNITARIA DE ALVARO OBREGON

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Sábado 14de mayo de 2016

Al Consejo Nacional Indígena

A la opinión pública nacional e internacional

A los pueblos indígenas de México y el mundo

El día de hoy 14 de Mayo de 2016, la policía municipal de Juchitán agredió a balazos a miembros de la asamblea general de la comunidad y la policía comunitaria, con un saldo hasta el momento de 5 heridos.

Siendo aproximadamente la una de la tarde, cuando los compañeros Ezequiel Sánchez, Mariano Virgen y Adalberto López de la Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón pasaron frente la oficina de la candidata del PRD-PAN a presidenta municipal, Gloria Sánchez López, fueron apresados por la policía municipal de Juchitán y los agredieron brutalmente, rompiéndoles la cabeza, costillas, brazos y otras partes del cuerpo, miembros del cabildo y la policía comunitaria llegaron en auxilio para ayudar a los compañeros, pero fueron recibidos a balazos por la policía municipal de Juchitán y personas armadas vestidas de civil, resultando heridos de gravedad los compañeros Juan Martínez Jiménez, suplente del agente comunitario; Cesar Toledo Vicente, comandante de la policía comunitaria y José Andrés Jiménez de 14 años y miembro de la Asamblea del pueblo de Álvaro Obregón.

Antecedentes

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Agentes del INM torturan hasta a mexicanos para frenar migrantes

[INM]

Por Agencias

04/04/2016 – 04:00 PM

Ciudad de México.- Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) están involucrados en la detención de mexicanos, a quienes, por provenir de comunidades indígenas, intentan deportar a Centroamérica mediante amenazas y malos tratos, revela un reportaje publicado este día por The Guardian.
El diario británico menciona que esta ofensiva ocurre en medio del Plan Frontera Sur y de la estrategia impulsada desde el Gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo de migrantes que atraviesan México para cruzar su frontera norte.

Los datos refieren que agentes migratorios han recurrido a amenazas, malos tratos e incluso tortura, contra mexicanos indígenas para obligarlos a decir que provienen de otros países de Centroamérica. Organizaciones sociales consultadas por el medio dijeron que lo anterior es para cubrir “cuotas”. (Continuar leyendo…)

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Mexico tortures migrants – and citizens – in effort to slow Central American surge

Esther Juárez, 15 and her sister Amy, 24. Photograph: Nina Lakhani

Nina Lakhani in Ocosingo

Monday 4 April 2016 12.10 BST6

Amy and Esther Juárez were edgy with excitement as they boarded the bus full of seasonal workers heading for a farm at the other end of Mexico from their home in the poverty-stricken southern state of Chiapas.

Although their brother Alberto,18, had made the same journey the previous year, it was the first time Amy, 24, and Esther, 15, had left the tiny indigenous community where they had grown up.

But about half-way there, immigration agents boarded the bus, and after checking all the passengers’ papers, ordered the three siblings to get off. (Continuar leyendo…)

Berta Cáceres’ killing was a symptom, not an isolated incident. In memory of Nelson García.

by Andrea Reyes Blanco and Tim Shenk
This article appeared first on teleSUR, here.

Berta Cáceres wasn’t the first and, unfortunately, she hasn’t been the last. The world-renowned Lenca leader assassinated last month in Honduras for her opposition to government-backed megaprojects is one of an increasing litany of fallen fighters for indigenous and environmental rights in Honduras and around the globe.

The pattern of murder and criminalization of those who would defend land and the rights of rural people has only gotten more clear. We argue that this pattern responds to the land grab phenomenon that has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008.

On March 15 another Honduran environmental and indigenous activist was murdered. Nelson García was an active member of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh). His murder took place “when he came home for lunch, after having spent the morning helping to move the belongings of evicted families from the Lenca indigenous community of Rio Chiquito,” said Copinh.

García was a colleague of the recently slain Cáceres, working with communities opposing the Agua Zarca hydroelectric dam project. The Agua Zarca dam project, which has recently begun to lose funding, would provide energy for the numerous extractive projects slated for Honduras in the coming decade. Since the 2009 coup d’etat against President Manuel Zelaya, 30 percent of Honduran territory has been allocated to mining concessions.

The eviction after which García was killed was one of many recent violent evictions carried out by Honduran military police in indigenous territories. Elevated levels of state violence and disregard for due process are business as usual nowadays in Honduras, according to civil society organizations.

In its February 21 report on the Situation of Human Rights in Honduras, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expressed concern about the high levels of violence and insecurity present in Honduran society, highlighting risks to indigenous people. The report pointed out that violence against indigenous people has emerged to a large degree from land grabs. The violence is exacerbated by a context of inequality and discrimination, in addition to the consequent barriers to access to justice. Official figures released in April 2013 by then Attorney General Luis Alberto Rubí indicate that 80 percent of killings in Honduras went unpunished due to a lack of capacity on the part of investigative bodies.

According to the IACHR report, the challenges that indigenous communities face are mainly related to: “(i) the high levels of insecurity and violence arising from the imposition of project and investment plans and natural resource mining concessions on their ancestral territories; (ii) forced evictions through the excessive use of force and (iii) the persecution and criminalization of indigenous leaders for reasons related to the defense of their ancestral territories.”

Moreover, the IACHR has clearly stated that many of the attacks carried out against indigenous leaders and advocates are specifically aimed at reducing their activities in defense and protection of their territories and natural resources, as well as the defense of the right to autonomy and cultural identity.

Harassment takes the form not only of targeted criminal attacks, as we have seen in the case of Berta Cáceres, Nelson García and many others, but a much broader net has been cast against environmental and indigenous leaders. Official state entities, enacting formal legal procedures, have used the judicial system to catch activists in false charges, resulting in months or years of preventive prison, bogus sentences, legal fees and often a permanent criminal record. In a context in which state violence intertwines itself with the violence of international economic power, corruption and unethical practices, hundreds of leaders have been prosecuted for crimes such as usurpation of land and damage to the environment.

What we see in Honduras is part of the global land grab phenomenon, a term that in the words of Phillip McMichael, professor of development sociology at Cornell University, “invokes a long history of violent enclosure of common lands to accommodate world capitalist expansion, but it sits uneasily with the ‘free market’ rhetoric of neoliberal ideology.” Land grabs are a symptom of a crisis of accumulation in the neoliberal globalization project, which has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008. This in turn is linked to an acceleration of a restructuring process of the food regime as a consequence of a large-scale relocation of agro-industry to the global south.

According to the 2011 Oxfam briefing paper, “Land and Power, the growing scandal surrounding the new wave of investment in land,” recent records of investment show a rapidly increasing pressure on land, resulting in dispossession, deception, violation of human rights and destruction of livelihoods. It is a war on indigenous peoples conducted in order to establish modern corporate capitalism.

Indeed, all around the world peasants and indigenous people are being displaced from their territories in order to develop large-scale agribusiness, such as massive palm oil and soy plantations, mining projects, hydroelectric dams and tourist resorts, among other investments. State-sanctioned violence and impunity create the conditions for investors to acquire land that would otherwise not be for sale. The result is a serious threat to the subsistence and socio-ecological resilience of millions of people across the world.

One of the most dramatic examples of this process is the case of the Honduran Palm Oil Company Grupo Dinant, which has an extended record of violence and human rights abuses associated with the killing of more than 100 peasants in Lower Aguan Valley. The Unified Peasants Movement of the Aguán Valley (MUCA) waged a long battle to defend their land rights, sustaining many losses. In addition, international human rights groups such as FoodFirst Information and Action Network (FIAN) brought pressure to bear, and in 2011 the Honduran government was forced to convene MUCA and the company to negotiate a deal. Paradoxically, according to the deal, the farmers have to buy back the disputed land at market prices (Oxfam 2011).

Land grabbing in Honduras has a long and lamentable history, and related violence has increased dramatically since the 2009 coup d’etat. Despite regular violent evictions by state security forces, indigenous and peasant groups continue to pursue their right to control their ancestral lands through land occupations.

Those who are incensed by the killing of Berta Cáceres must understand that her assassination was not an isolated event carried out by those who had a personal vendetta against her. Rather, Berta, her colleagues at Copinh and other indigenous organizations represent an obstacle for those who would further a vision of society that values profit over all else.

Andrea Reyes Blanco is a Humphrey Fellow at Cornell University, and Tim Shenk is Coordinator of the Cornell-based Committee on U.S.-Latin American Relations (CUSLAR).

Haciendo historia. Notas de Radio Zapatista. Nota 1.
Por: Eugenia Gutiérrez, Colectivo Radio Zapatista.
Ciudad de México, 5 de abril de 2016.

Escucha aquí: (Descarga aquí)  

En 1982, después de dos décadas de guerra en Guatemala, la comunidad q’eqch’i de Sepur Zarco, en Izabal, fue sacudida por una violencia de proporciones inesperadas. Sus habitantes se habían organizado para defender tierras ancestrales que eran reclamadas por terratenientes. Para ello, a principios de ese año comenzaron un proceso legal en demanda del reconocimiento de sus títulos de propiedad, pero el proceso duró poco. La respuesta de los terratenientes frente al despojo frustrado fue salvaje. Se coordinaron con el ejército guatemalteco para secuestrar y desaparecer al grupo que encabezaba la defensa de la tierra. No conformes con haberse llevado a los hombres, los militares guatemaltecos arrasaron con la comunidad Sepur Zarco y violentaron sexualmente a muchas mujeres frente a sus familias.

Las que lograron huir a las montañas tuvieron que volver al paso del tiempo porque estaban viendo morir de hambre a sus hijas y a sus hijos. Cuando las familias sobrevivientes regresaron a Sepur Zarco en julio de 1982, los militares habían instalado un puesto de descanso y recreo para sus soldados sobre las cenizas de la comunidad, entre los municipios de El Estor (Izabal) y Panzós (Alta Verapaz). Y como era un puesto de descanso y recreo, los soldados giraron la instrucción de servicio para las mujeres de comunidades aledañas. Como resultado, ellas padecieron seis años de explotación sexual y laboral.

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Compartimos boletines de la conferencia de prensa Hacia el Encuentro Latinoamericano Con la Encíclica ”Laudato Si” defendemos los derechos a la tierra, el territorio y los bosques, que se realizó el día 03 de febrero de 2016 en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Solicitamos y agradecemos apoyo en difusión.

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