paramilitares
Comunicado sobre la situación de la Comunidad Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas
11 de Febrero de 2021.
A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del EZLN
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A los organismos de derechos humamos nacionales e internacionales
A los medios libres, independientes, autónomos
A los pueblos de México y del mundo
Organizaciones, colectivos y personas a título individual, todas Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercicio Zapatista de Liberación Nacional, hemos llevado a cabo desde el mes de octubre Caravanas de Solidaridad con los Pueblos Zapatistas. En estás caravanas se ha realizado un trabajo de acompañamiento y observación de derechos humanos de niños, niñas, mujeres y hombres Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) en la comunidad Nuevo San Gregorio (NSG), se ha documentado la presencia y los daños que un grupo invasor está provocando a las tierras recuperadas ubicadas en esta comunidad, así como el hostigamiento constante a las familias zapatistas.
Durante los hechos, que desarrollaremos más adelante, hemos presenciado que los tres niveles de gobierno no han intervenido para frenar las agresiones, el despojo y las provocaciones del grupo de invasores hacia las BAEZLN. Pudimos observar la complicidad que tiene este grupo de invasores con los tres niveles de gobierno para despojar del territorio a las BAEZLN y controlar los bienes naturales, así como la estrategia de abrir paso a proyectos gubernamentales individualizados, como “Sembrando Vida” (entre otros programas), que agreden el proceso de autonomía e intentan romper con formas organizativas comunitarias.
Ante el hostigamiento de los invasores y para resistir a las provocaciones, las familias zapatistas han dejado sus casas y se han concentrado en el Centro de la comunidad, abandonando sus pertenencias y en algunos casos, sus animales (algunos de ellos ya han muerto por el abandono forzado). El trabajo de siembra de maíz y frijol que las BAEZLN tenían previsto del 1 al 4 de febrero no se realizó
, lo que amenaza la alimentación y la salud de las familias para los próximos meses. Esto significa atentar directamente contra la vida de las Bases de Apoyo, por una perspectiva de seguridad a corto plazo.
Parte de este grupo de invasores proviene de los ejidos San Gregorio de Las Casas, Duraznal, Rancho Alegre y San Andrés Puerto Rico, algunos de ellos con cargos ejidales y eclesiales. Nos preguntamos qué hace gente de otras comunidades en el territorio de las BAEZLN , quién los trajo aquí y con qué propósito.
Aquí presentamos la lista de hechos ocurridos entre el 1 y el 9 de febrero, documentados por la Caravana de Solidaridad:
1.- Desde hace un año y tres meses, el grupo de invasores ha cercado con alambre de púas y postes de madera 145 hectáreas de las 155 que hay en las tierras recuperadas. Han tomado posesión de la llamada “Casa Grande” (antigua finca) que es parte de los terrenos de la Escuela Secundaria Autónoma. Señalan las Bases de Apoyo: “Se decidió conservarla porque fue fruto del trabajo de nuestras abuelas y abuelos que fueron peones acasillados en la finca”. Como parte de los trabajos colectivos se ha invertido dinero y trabajo en arreglarla. Entre el 1 y el 9 de febrero fue utilizada como campamento por parte de los invasores, los cuales han estado haciendo cortes con motosierra detrás de la Casa Grande y la han estado usando para vigilar desde allí las actividades de las BAEZLN con binoculares, celulares y radios.
2.- A partir del 1 de febrero, los invasores instalaron 5 posiciones de guardia (2 de ellas a tan solo 50 metros de distancia del Centro de la comunidad, 3 de ellas a 250 metros), portando machetes, cuchillos, navajas, resorteras, macanas con punta, celulares, radios de comunicación y binoculares. Entre ellos se encuentra Felipe Henriquez Gómez de Rancho Alegre; Nicolás Pérez Pérez de San Gregorio Las Casas; Esteban Miguel Moshan, Manuel Moshan Moshan, Javier Gómez Mendez, Miguel Bolom Ara (ex policía municipal de Huixtán), Mario Bolom Ara, Alejando Pérez Pérez, Alonso Ara Moshan, Sebastián Ara Moshan y Pedro Pérez Pérez (sobrino de uno de los líderes de la ORCAO).
3.- Dentro de la comunidad se desarrollan varios trabajos colectivos, los cuales permiten diversificar la alimentación, así como la prevención y curación de enfermedades. El grupo de invasores ha impedido que estos trabajos se lleven a cabo. Las BAEZLN tienen un estanque de tilapia colectivo para alimento de la comunidad y un espacio donde las niñas y los niños se reúnen para jugar. Los invasores desconectaron varios tramos de la tubería que surte el agua al estanque, provocando la muerte de los peces, ya que las encargadas y encargados de alimentarlos no pudieron acercarse al lugar entre el 1 y el 6 de febrero por la presencia de los invasores.
Por parte de los y las estudiantes de la Secundaria Autónoma se tenía un trabajo colectivo de colmenas, ubicado detrás de la Casa Grande, pero también debido a la presencia de los invasores y al no poder cuidarlas, éstas ya no están.
Las Bases de Apoyo relataron algunos de los daños provocados por los invasores: “Nicolás Pérez Pérez quemó el monte seco de un trabajadero que suelen usar como abono. El fuego se descontroló y casi se queman unos borregos que tenemos en colectivo. Hay berro sembrado alrededor del estanque, los invasores lo cortaron. “Tenemos colectivo de ganado, hay que ir a cuidar hasta tres veces al día para moverlo del lugar, para que coma, para darle agua y sal”. Los invasores movieron varios ganados, los ganados sufrieron con el paso de los tractores y la presencia de tanta gente. Las compañeras han tenido que encargarse de los ganados y borregos, porque los compañeros no pueden abandonar sus guardias y por miedo de ser atacados. Cuando van a cuidar los animales, los invasores las vigilan, juguetean con el machete para intimidarlas y las alumbran con focos”.
4.- La Educación, como parte de las áreas de la autonomía zapatista, también ha sido afectada por los invasores. “El 18 de enero era la fecha de inicio de las clases de la Secundaria Autónoma, las clases no han podido iniciar ya que los invasores usan seguido la Casa Grande y las y los estudiantes tienen que pasar demasiado cerca del grupo invasor para llegar a la escuela”.
5.- La invasión de las tierras recuperadas también ha afectado el abastecimiento de agua y electricidad: “Se acumuló basura en la captación de agua y estaba entrando poca agua, por la cercanía con el grupo invasor no se ha podido limpiar. Se tiene un tanque de almacenamiento de agua desde el que bombean agua a las tomas del Centro de la comunidad y la Casa Grande. Normalmente bombean agua cada 3 días. En esta ocasión, por la presencia del grupo invasor en los terrenos cercanos al tanque, tuvieron que esperar 5 días para bombear el agua. Las compañeras son quienes han ido a bombear el agua y van con miedo porque hay invasores que las vigilan”. En la comunidad se cuenta con un transformador de luz, pero hay riesgo de que en la temporada de lluvias se caiga, y no se ha podido componer porque está en los terrenos cercados por los invasores.
6.- Entre el 1 y 9 de febrero el grupo de invasores contrató 2 tractores para arar las tierras. Al momento han afectado 12.5 hectáreas, se calcula un costo de 23,000 pesos por la renta de los tractores y 2300 por hectárea arada, más unos estimados 6 mil pesos por 320 litros de diesel comprados. Pedro López, comisariado ejidal de Los Llanos, es el encargado de los tractores. Mientras trabajan los tractores, entre 8 y 12 invasores hacen guardia. Las mangueras que proveen agua al ganado colectivo, así como al estanque de peces han sido desconectadas. Realizan quema de tierras, en algunos casos hay pelibueyes amarrados para la pastura. En algunos de los terrenos en los que ha entrado el tractor había trabajo colectivo de hortalizas y plantas medicinales. Con el paso del tractor, además de dañar parte de las mangueras, se destruyó el camino que lleva a la hortaliza colectiva; en ella dejaron varias macanas con punta clavadas, y esto es interpretado como provocación.
Toda esta serie de hechos no son menores. Como habíamos mencionado anteriormente, forman parte de una estrategia para despojar de las tierras recuperadas a nuestras compañeras y compañeros zapatistas, es también una estrategia de desgaste y un intento para romper el proceso de autonomía. Esta invasión ha provocado innumerables daños a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional: desplazamiento de familias, despojo de la tierra y el territorio, destrucción de trabajos colectivos, impidiendo el acceso al derecho a la educación y a la salud, ejes de la autonomía zapatista. En palabras de las BAEZLN: “Los invasores no tienen interés en cultivar la tierra, tienen dinero, carros, ganados y derechos en sus ejidos. Si realmente tuvieran necesidad, que vengan a trabajar en común, pero no quieren. La tierra es para luchar, no para hacer negocio”.
Como Caravana de Solidaridad, reiteramos que no dejaremos de acompañar a nuestras compañeras y compañeros zapatistas, no dejaremos de denunciar la complicidad de los tres niveles de gobierno, que es parte de una estrategia de contrainsurgecia para frenar la lucha del EZLN. Ha quedado claro que el cambio que prometía desde el inicio este gobierno, auto llamado de la Cuarta Transformación, no ha sucedido. Al contrario, bajo la legitimidad de los votos ha continuado con los proyectos de muerte de los gobiernos anteriores. Pero pese a su política de muerte seguiremos luchando por la vida, aquí “abajo y a la izquierda”; seguiremos defendiendo a la madre naturaleza, la tierra y el territorio; seguiremos luchando por un mundo más justo “donde quepan muchos mundos”.
Nuestra labor ha sido pacífica y con el objetivo de hacer valer los derechos humanos y libre autodeterminación de los pueblos y hemos contando con el acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Este acompañamiento se da de manera presencial y a la distancia con el objetivo de realizar un trabajo integral y continuo.
Organizaciones y colectivos firmantes…
Atentamente:
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH)
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI)
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Enlace Civil, A.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR)
Grupo de trabajo No Estamxs Todxs
Lumaltik Herriak
Médicos del Mundo, Suiza-México
Memoria Viva
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC)
BIZILUR
TxiapasEKIN Plataforma
Colectivo Anarcista El Pueblo
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
Guatemala | CC: los crímenes de lesa humanidad y genocidio no pueden ser amnistiables
Por Regina Pérez
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó ayer un amparo definitivo a varios ciudadanos que accionaron en contra de la iniciativa de ley 5377 que buscaba reformar la Ley de Reconciliación Nacional, debido a la amenaza ante la posibilidad de que entrara en vigor, ya que buscaba amnistía militares responsables de delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, que fueron cometidos durante el Conflicto Armado Interno.
La decisión del máximo Tribunal conformado por los magistrados Gloria Porras, José Francisco de Mata Vela, María Cristina Fernández, Rubén Gabriel Rivera Herrera y Roberto Molina Barreto, quien emitió un voto razonado disidente, fue recibido de manera satisfactoria por organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes del conflicto armado interno, que manifiestan que la sentencia los alienta a seguir impulsando los casos y reivindica el derecho de las víctimas a tener acceso a la justicia.
El amparo definitivo fue otorgado a los ciudadanos Paulina Ixpatá, Pedrina López de Paz, Sergio Vi Escobar, Helen Mack y Oswaldo Samayoa, que accionaron en la CC, con lo que dejó sin efecto la sanción y promulgación de dichas reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.
Este proyecto legislativo fue impulsado desde 2017 en el Congreso por los exdiputados Fernando Linares Beltranena, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez y otros congresistas que avanzó en el Legislativo durante el 2019, año en que la CC otorgó un amparo provisional que había dejado en suspenso la sanción y promulgación de la iniciativa.
¿Qué dictó la Corte?
El abogado experto en derecho constitucional Oswaldo Samayoa, quien fue uno de los amparistas, destacó tres puntos de la resolución que dictó la Corte: primero, señaló que la ley de Reconciliación Nacional que está vigente es clara en que los delitos relacionados a tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio no pueden ser amnistiables.
Por lo tanto todos los casos que se han llevado a Tribunales y las personas que ya están condenadas, más los casos que están en proceso, no puede decirse que se van a eliminar, eso da certeza a la Ley de Reconciliación Nacional que se obtiene a partir de los acuerdos de Paz, dijo el abogado.
Segundo, la Corte pone en evidencia que vivimos en un Estado constitucional de derecho, es decir que la Constitución tiene un contenido político y jurídico en torno a los derechos humanos y que le da prioridad a la protección de los derechos fundamentales, indicó.
Y el tercer impacto es que resuelve que el Congreso no puede continuar con este tipo de discusión parlamentaria observando que este tipo de legislación es contraria a los Acuerdos de Paz, a la Constitución y a los intereses del Estado en construir el bien común, agregó.
Samayoa señaló que el amparo fue presentado antes de que la Ley entrara en vigencia, (aún estaba en segunda lectura) debido a que existía el peligro de que personas que ya estuvieran condenadas o en proceso, guardando prisión preventiva, salieran libres.
Si esta ley entraba en vigencia, uno de sus artículos decía que las personas que ya estuvieran condenadas y que estuvieron guardando prisión, o procesadas en prisión preventiva, debían inmediatamente obtener su libertad, explicó.
“Con un día que hubiera estado vigente la ley, si los efectos hubieran surgido, luego no se podría retrotraer al proceso para volverlos a encerrar, porque la ley no puede ser retroactiva en perjuicio del reo, con medio día que hubiera estado vigente, hubieran quedado libres personas que ya estaban condenadas y eso hubiera sido una burla a las víctimas y al sistema de justicia”, expresó.
Sentencia reivindica derecho de las víctimas a la justicia
Manuel Farfán, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Guatemala (Famdegua) señaló que están satisfechos con la resolución de la CC a favor de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno.
Farfán señaló que esta resolución favorece a las víctimas, tanto de masacres y desapariciones, como a familiares sobrevivientes y especialmente a las que han fallecido con la esperanza de ver justicia y de conocer la verdad; es muy importante que la CC nos haya brindado ese amparo, indicó.
Agregó que esto alienta a seguir trabajando en la búsqueda de la verdad, “creo que eso es el sentido de las familias de las personas detenidas y desaparecidas y de las personas masacradas a quienes nosotros representamos como parte de esa búsqueda”.
Famdegua señaló que la iniciativa debe archivarse, “porque en el Congreso existen intereses de protección a personas que han sido señaladas de violaciones a derechos humanos. Creo que es un proceso muy grande para la historia que nos fortalece en la búsqueda de la verdad y la justicia”, subrayó Farfán, cuyo tío, Rubén Amílcar Farfán, fue detenido y desaparecido el 15 de mayo de 1984.
Por su parte, el abogado Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos, señaló que con la iniciativa se pretendía reformar la Ley de Reconciliación, decreto 145-96, dejando abierta una amnistía general y que incluso hacía responsables a jueces que no dieran trámite inmediato a las solicitudes. Pérez ha llevado casos emblemáticos de justicia transicional como la masacre de la Embajada de España y el caso de genocidio contra Ríos Montt, en el que fue querellante.
Con esto, asegura el abogado, se violentaban no solo las garantías fundamentales de las víctimas sino obligaciones internacionales del Estado, así como los Acuerdos de Paz que establecen que el Estado no debía tomar medidas legislativas para impulsar la impunidad.
Pérez señaló que la sentencia, aunque dividida por un voto razonado, reivindica las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco y los derechos de las víctimas a tener acceso a la justicia sin que existan obstáculos.
El abogado Pérez manifiesta que en Guatemala es difícil llevar casos relacionados al conflicto armado al sistema de justicia. “Hoy precisamente fue la audiencia de apelación del segundo juicio por genocidio, eso sucedió en los años 82, 83, estamos en el 2021, estamos hablando de 42 años de los hechos y apenas estamos conociendo en segunda instancia un juicio histórico pero que llevó muchos años prepararlo y esperar el momento que los Tribunales pudieran abrir las puertas para el acceso a la justicia”, indicó.
A pesar de que el número de casos que se ha logrado llevar a la justicia es mínimo, el abogado señala que por la lucha de las víctimas y organizaciones de derechos humanos ha habido casos emblemáticos, que representan ese patrón sistemático generalizado de políticas de Estado como la tierra arrasada, el desplazamiento forzado, las masacres y el genocidio.
Al preguntarle si esta es una sentencia histórica, Pérez señaló: “Todas las sentencias que hay hasta hoy en el sistema judicial guatemalteco relacionadas con el conflicto armado interno son históricas y representan a cada una de las víctimas que sufrieron las atrocidades cometidas durante el conflicto”.
Organizaciones como Impunity Watch Guatemala también se pronunciaron sobre la sentencia. “La resolución de la CC sobre la iniciativa 5377 es consecuente con el derecho internacional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guatemala tiene la obligación internacional de juzgar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y no puede otorgar amnistía en este tipo de casos”, indicó en su cuenta de Twitter.
Voto razonado disidente de Molina Barreto
El amparo tuvo el voto razonado disidente del magistrado Roberto Molina Barreto, quien busca ser reelecto como magistrado constitucional para el periodo 2021-2026 de la CC, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde presentó su expediente.
Molina Barreto fue nombrado como magistrado constitucional por los magistrados de la CSJ, para sustituir la vacante que dejó Neftaly Aldana.
Su nombramiento fue adversado por organizaciones de derechos humanos que recordaron que como magistrado de la CC, Molina emitió resoluciones contrarias a la ley como en el caso por genocidio, cuando se anuló la condena contra el general Efraín Ríos Montt, en mayo de 2013.
Para acceder a la sentencia completa:
https://drive.google.com/file/d/1hqueYTG6gIcQmjvGNgzTkZYHOmJ33MvJ/view