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“La autonomía es todo”: una entrevista con el preso político indígena José Antonio Arreola de Nahuatzen

La siguiente es una entrevista con el preso político indígena José Antonio Arreola Jiménez, uno de los tres presos políticos de la comunidad p’urhépecha de Nahuatzen, Michoacán, que actualmente están cumpliendo sentencias de siete años basadas en delitos inventados. La entrevista fue realizada a finales de noviembre por Scott Campbell, un colaborador de IGD.

¿Puedes presentarte y hablarnos un poco sobre ti?

Sí, mi nombre es José Antonio Arreola Jiménez. Soy originario de la comunidad indígena de Nahuatzen, Michoacán. Nahuatzen es una comunidad indígena que está enclavada en el corazón de la Meseta Purépecha. Tengo a mi esposa y tengo cinco hijos.

¿Puedes compartir con nosotros algunos detalles sobre Nahuatzen, su lucha, y tu papel en esa lucha?

La lucha de Nahuatzen comenzó en el 2015, cuando el último presidente municipal se nos fue impuesto por el gobierno del estado, por Silvano Aureoles Conejo. Entonces, este Miguel Prado Morales, que es su nombre, él llegó con más de veinte o treinta gentes armadas fuera de la comunidad, manifestando que era su policía particular, que era su escolta. De lo cual, a nosotros, como comuneros, nos pareció mal porque dentro del pueblo no hay necesidad traer armas, no somos gente de pelea, de armas. Somos gente de trabajo, gente pacífica. Eso fue, más que nada, lo primordial.

Entonces, un día se les pidió audiencia al presidente este, la cual se nos dio y le pedimos que queríamos que la seguridad fuera de la comunidad de Nahuatzen, resulta que dijo que sí, pero posteriormente ya no quiso. Cuando al día siguiente nos citó para presentar a los elementos de seguridad, se nos hecho encima toda su familia, todo el ayuntamiento. Entonces, hubo una revuelta, hubo un conflicto y hubo descalabrados y golpeados. Pero en ese momento, la comunidad decide hacer una reunión, una asamblea general, y desconocer al ayuntamiento. Entonces, nosotros ante un auditorio público en la plaza principal, hicimos esta asamblea.

Yo soy un representante de nosotros. La comunidad de Nahuatzen se rige por cuatro barrios: primero, segundo, tercero, y cuarto. Su servidor, represento el barrio primero. Entonces, el día que se hizo la asamblea, se llevó a cabo la propuesta para los compañeros. Déjame decirte que yo era suplente, yo no era concejal mayor, yo era suplente. El concejal mayor de mi barrio en ese entonces éramos nada más cuatro, éramos un concejal por barrio y un suplente. Entonces nos dimos cuenta que él que estaba propuesto como encargado de mi barrio, el representante de mi barrio, pues tenía vínculos con el crimen organizado. Se decidió hacer una reunión y retirarlo y yo subí al representante del barrio. Yo soy el representante del barrio primero y me encargo de la seguridad de la comunidad. Cada concejal tenemos una tarea, entonces mi cargo, que yo tengo, o que yo tenía, era la seguridad del pueblo de Nahuatzen.

José Antonio Arreola

¿A qué condena te enfrentas y cuál es la situación de tu caso?

La condena que se nos dio es de siete años por sabotaje. Explico que el sabotaje no existe, es una condena que se le da a personas como yo, que peleamos por un movimiento social en común, por los derechos humanos de la comunidad indígena en particular. Porque si tuviéramos que haber defendido una ciudad o algún otro pueblo, posiblemente no accedió al sabotaje, pero como es una comunidad indígena, como es también de saber que, en el 2017 la Suprema Corte nos da el fallo a favor de que fuéramos una comunidad indígena y nos da la libre determinación, la autonomía, y el autogobierno, entre otras cosas, representatividad en el gobierno del estado y en el gobierno federal. Entonces, prácticamente fue una lucha que, con esa resolución de la Suprema Corte de la Nación de México, ganamos. Ganamos todo lo que estábamos luchando. Fue una situación muy difícil, que el gobierno del estado con su nuevo gobernador nos echó más encima todavía, incluyendo policías estatales, municipales y políticos allí de la comunidad porque hay unos que están con políticos todavía.

La Suprema Corte nos dio una resolución en el 2017, cuando nos reconoce como comunidad indígena y autónoma. Somos autónomos. Simplemente que el gobierno del estado ha estado imponiéndonos el ayuntamiento. Existe el Concejo en Nahuatzen, el ayuntamiento no debería de existir en Nahuatzen, pero ese es el pleito político que tenemos. Entonces el ayuntamiento no debe de existir en nuestra comunidad de Nahuatzen. Más bien, está impuesto por el gobierno del estado.

Te comento que el sabotaje realmente no existe. Nos dieron siete años con beneficio de tres y medio. Entonces se nos inventa un delito el gobierno del estado, junto con el ayuntamiento y los partidos políticos de nuestro pueblo, nos inventaron un delito en donde nosotros robamos un camión de volteo y dos Tsurus, despensas, de lo cual no pudieron comprobar nada, el de dos Tsurus y el camión de volteo. El camión de volteo, comentarles que es con lo que recolectamos la basura, y los dos Tsurus es donde se movía la ronda comunal, que es la seguridad que nosotros tenemos registrada en nuestra comunidad. No es policía municipal ni estatal, se llama ronda comunal porque son puros comuneros del pueblo de Nahuatzen. Entonces, nos inventan un delito, el cual que no ha sido comprobado.

En coordinación también con los jueces, incluso de un ministro de Morelia, del estado, de la capital, dicen que somos culpables, entonces nos tienen encerrados desde el 14 de noviembre de 2018, y pues esa es la situación de lo que se nos acusa.

¿Cómo pueden ayudar los de fuera a apoyar tu lucha por la libertad?

Las personas, como ustedes, como organizaciones, como la comunidad de mi pueblo, en lo que nos pueden ayudar, nos pueden ayudar en presionar la Suprema Corte para que ya resuelva, pues el caso de nosotros se fue hasta la Suprema Corte. Lo tiene allí un ministro del apellido Pardo, entonces legalmente ya está fuera de tiempo, ya debería de haber resuelto en este mes, pero yo no sé por qué no ha pronunciado todavía. Entonces, esa es la ayuda que podemos recibir de ustedes de afuera, que se le mandan cartas al ministro que se le presione, y más que nada ayudarnos a tener una manifestación fuera de la Suprema Corte.

[Ver la alerta de acción de la Federación de la Cruz Negra Anarquista para obtener información sobre cómo ponerte en contacto con la Suprema Corte y hacer donaciones para apoyar la lucha en Nahuatzen].

¿Puedes compartir con nosotros un poco de cómo es la vida dentro de la cárcel?

Sí, decirles cómo está, es que la vida aquí es muy difícil. Cuando uno es en contra del sistema, del gobierno, tiene muchas carencias, muchas más de las que los compañeros pueden tener. No es muy fácil acceder a medicamento, a comida, a ropa. Entonces, de recién de que llegamos los mismos custodios, golpes, abuso del gobierno, pero en el momento en que se dieron cuenta que es realmente el gobierno del estado en lo que nos estaba inventando el delito, pues como que comprendieron ellos también y a conocernos un poco más, miraron que no somos personas problemáticas, más que nada.

Sí, comentarles que aquí para acceder a un medicamento tiene uno que comprarlo. Y lo curioso, que los mismos doctores de aquí, todos tienen una farmacia, entonces ellos mismos te lo venden. Aquí ha habido accidentes muy grandes, donde se han muerto compañeros por falta de un medicamento, por falta de un doctor. Entonces, creo que es muy triste vivir una situación aquí. Y, como nosotros, hay muchos compañeros que no deben de estar aquí o no deberían de estar aquí, pero el gobierno del estado y el sistema así se maneja. No agarran a quien es, pero sí, al que no la debe.

Pues, es muy difícil la vida aquí dentro de la cárcel. Yo pienso que muchas veces se le hace muy fácil a la gente decir que le den muchos años de cárcel o que se pudren en la cárcel, por esto, por alguna acción que han cometido los compañeros. Pero no se dan cuenta que creo yo que con cinco o un año, cinco, seis, siete años, creo que es suficiente para pagar muchísima condena. Porque aquí es  la situación diferente, que no en veces te dejan pasar cobijas, estás con una o dos, tienes frio, o los cuartos están totalmente agujerados, no hay electricidad, no hay muchas cosas a las que tengas acceso.

¿Qué significa la autonomía para ti y para Nahuatzen?

La autonomía, ¿qué significa? Pues, es la separación de nuestra comunidad, de quitarnos el yugo, de quitarnos el pie de encima del gobierno del estado. De autonomía significa ser libre, significa poder decidir tú con la gente en que gastan tu recurso, cómo hacerlo, porque todo el ayuntamiento que ha pasado más de cien años por la comunidad de Nahuatzen ha robado a manos llenas. Decirles que en las alturas hay gente que literal se sigue durmiendo en el piso, gente que en verdad necesita un tejado o un piso donde poder poner una cama para dormir, una cocina donde puede cocinar bien, y no la hay. Se necesita empleo, se necesita economía, se necesita mucha educación, muchos doctores.

Entonces, es en la autonomía, el ganar la autonomía para Nahuatzen es todo, y para un servidor también es lucha de varios años de seis, siete años ya de lucha que no vamos a dejar de hacerlo hasta que logremos terminar el proyecto, porque este es un proyecto, no es algo que se termina en uno, dos, tres años, no. Quedó que vamos empezando nuestro proyecto. Desafortunadamente nos tomaron presos, pero no nos han dejado trabajar, nosotros estamos convencidos primeramente que la Suprema Corte va a dar el fallo a favor y vamos a regresar siendo autoridades en nuestra comunidad y vamos a seguir manejado el recurso, el cual significa mucho. Significa todo. Significa la ayuda a los necesitados. Eso es la autonomía, es lo que significa para nuestra comunidad, para la mayoría, y para un servidor.

Déjame decirte que a nosotros nos da mucho orgullo ser punta de lanza en la Meseta Purépecha. Somos los segundos, Cherán fue el primero, que es una comunidad hermana de nosotros, y que colindamos con ellos. Para nosotros ser la autonomía es ser punta de lanza en Nahuatzen en donde ya ahorita si tú te fijas o si te das cuenta, ya no somos dos, las comunidades indígenas autónomas, ya son varias, son Santa Fe de la Laguna, Pichataro, Comachuén, Sevina, Turícuaro, Arantepacua, y prácticamente del municipio de Nahuatzen son ya cinco o seis, fuera de ella están cinco o seis más. Significa que este es un movimiento muy bueno. Creo que, en su momento, Pichataro lo vivió y lo han vivido varias comunidades más, pero gracias al no bajar la mano, gracias al estar enfrentándose al gobierno, al sistema, creo que hay muchas comunidades hermanas que se están levantando también y creo que están en su derecho de ser autónomos.

¿Qué conexiones ves entre tu caso y la lucha en Nahuatzen con los de otros presos políticos indígenas, las luchas por la autonomía y la política estatal de represión?

La conexión es siempre la misma. Dar, echarle con todo, con todo el corazón, con todas las ganas del mundo, para que tus hijos y los hijos de tus hijos tengan un futuro mejor, tengan mejor estructura, mejor obra, mejor educación, mejores escuelas. Y que sus padres tengan un trabajo, un sueldo, una economía, que nuestro pueblo tiene una economía estable. Ahorita decirte que de los cien por ciento comuneros que hay en Nahuatzen, el veinte por ciento trae dinero, entonces ochenta por ciento no lo trae o no lo tiene. Nuestra idea, la ideología de su servidor es que dentro de a tardar a dos o tres años, dejándonos trabajar como se debe, el ochenta por ciento trajera dinero, tenga dinero, y el veinte por ciento nos falta por tenerlo.

Creo que mientras no bajen las manos, mientras tenga uno la respiración en el cuerpo y el corazón latiendo no debe uno dejar luchar porque es un orgullo ser un luchador por tu pueblo, por tu comunidad.

¿Hay algo que te gustaría añadir que no hayamos tocado?

Mira, solamente, esta cuestión de la autonomía es mucho sentir, pero sí me gustaría añadir que llegamos hacer la comunidad más segura del estado de Michoacán, ya que nosotros mismos nos cuidamos, nos autoprotegemos. Decirte que nosotros, en cuatro meses que nos lleva la oportunidad a trabajar y con el recurso que se nos dio en ese momento hicimos más obras públicas de lo que hizo en setenta años los partidos políticos en la comunidad. Bajamos el drenaje, el drenaje para nuestro pueblo, pusimos red eléctrica a nueve colonias, las más abandonadas, pusimos cuatro calles, dimos más de trescientos empleos. Entonces, creo yo que esto es un movimiento social y común bastante fuerte. El orgullo de todos nosotros debe de ser que somos indígenas y que debemos demostrar que no por ser indígenas no sabemos gobernar, no podemos gobernar. Creo que el gobierno se equivocó al enfrentarse con nosotros y no ayudarnos, al no darnos la oportunidad como nos dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando decidió darnos la autonomía. Ella en la federación confió en nosotros, y no la estamos defraudando.

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Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Pronunciamiento ante las agresiones contra la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio

A las mujeres que luchan en todo el mundo
A los Pueblos del Mundo
A las Juntas de Buen Gobierno
Al EZLN
A las familias zapatistas
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencias y Rebeldías

 

Valle de Jobel, Chiapas 02 de diciembre del 2021

Desde la Red de Resistencia y Rebeldía AJMAQ abrazamos y hacemos eco de las palabras de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo amanecer en resistencia y rebeldía por la vida y la humanidad” del Caracol 10 para extender la denuncia contra el grupo de los 40 invasores que insisten con actos criminales de invasión, destrucción, despojo y agresiones contra las familias zapatistas, la tierra recuperada de 1994 y la Madre Tierra en la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio.

El 29 de noviembre 2021 los señores Nicolás Pérez y Pedro Hernández Gómez del ejido San Gregorio Las Casas, y a Javier Gómez Pérez de la Ranchería Duraznal accedieron al potrero colectivo de 9 hectáreas para privar de agua a 22 animales, afectar el pozo de agua que alimenta el colectivo de peces e invadir con un tractor los trabajaderos autónomos.

Esta Guerra Integral de Desgaste contra las Bases de Apoyo Zapatistas está enfocada en invadir la tierra recuperada y en destruir las formas colectivas para el autosustento material/alimentario que vienen construyendo y sosteniendo desde hace años las familias zapatistas. Siendo la forma en la que ejercen el derecho a las autonomías y que paralelamente ha sido el modo en que se cuida el apego y sostenimiento de la vida y de la Madre Tierra.

Recordamos que hace apenas 10 días sucedió el ataque armado y la quema de la Secundaria Autónoma de la comunidad zapatista Moisés y Gandhi, perteneciente a la misma JBG y Caracol, sólo que estos actos criminales se ejecutaron por parte de los paramilitares de la ORCAO de la comunidad San Antonio Las Flores.

Exigimos cesen de inmediato las agresiones contra la comunidad autónoma de Nuevo San Gregorio y de Moisés y Gandhi,
Basta de la guerra contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas iniciadas con el PRI, continuadas con el PAN e implementadas ahora con Morena.

Respeto a las Autonomías que construye el EZLN en su territorio rebelde.

 

¡¡¡Abajo y a la Izquierda está el Corazón!!!
¡¡¡No están solas, solos!!!

Red de Resistencia y Rebeldía
Ajmaq

 

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Prensa Comunitaria

Huehuetenango: hidroeléctrica que mintió sobre presencia de pueblos indígenas, ahora demanda al Estado

Por Luis Ovalle y Francisco Simón

La empresa Energía y Renovación, S.A. demandó al Estado de Guatemala a nivel internacional porque sus proyectos hidroeléctricos de sus empresas subsidiarias Generadora San Mateo y  Generadora San Andrés, ubicados en la microrregión de Yichk’isis, en el municipio de San Mateo Ixtatán se encuentran suspendidos por la falta de una consulta comunitaria para los pueblos indígenas ahí asentados y porque no fueron reconocidos como pueblos originarios. La empresa pretende operar a 470 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala.

De acuerdo con la información, dada a conocer este miércoles 1 de diciembre en medios locales, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), registró el 15 de noviembre de 2021 una solicitud de arbitraje en contra del Estado de Guatemala, presentada por la empresa Energía y Renovación Holding, S.A, registrada en Panamá. Lo irónico del caso es que Energía y Renovación SA es una empresa Guatemalteca “cuya misión es trabajar para el desarrollo energético del país”, explica la página de la Asociación Nacional del Café  Anacafé.

En una publicación de Prensa Libre, el ministro de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel, dijo que Guatemala no puede ser culpable de lo que señala la empresa, por la oposición de una comunidad, cuando “hay evidencia de que el proyecto fue aprobado de forma legal, con permisos”. En su criterio, esos problemas se pueden resolver con la intervención del Ministerio de Economía, que deberá contratar a un despacho internacional de abogados, así como la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El funcionario resaltó la legalidad de los permisos otorgados a la empresa, a pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas en cuanto a la construcción de proyectos de carácter extractivistas en sus territorios. Esta “legalidad” ha sido duramente cuestionada por las comunidades del pueblo Maya Chuj, Q’anjob’al y mestizas de la microrregión de Yich’Kisis  y de los municipios norte de Huehuetenango. La CC decidirá sobre legalidad de la licencia ambiental de la hidroeléctrica Pojom II

La empresa Energía y Renovación, sufrió un duro revés cuando el pasado 13 de octubre el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), publicó el Informe de Verificación de la Observancia de los Proyectos Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A. El informe enfatiza que el Banco Interamericano de Desarrollo BID desconoció la presencia de pueblos indígenas en la microrregión de Yichk’isis, al financiar dos proyectos hidroeléctricos solicitado por esta empresa. La empresa prácticamente mintió sobre los pueblos originarios históricamente asentados en esta municipio.

Ante esto, el MICI recomendó al BID retirar la inversión mediante una “salida responsable”, que priorice a las mujeres de la comunidad. Señala, además que los proyectos impactaron de manera diferenciada a mujeres y niñas de la microrregión en términos de prácticas tradicionales, participación equitativa y violencia de género.

Asimismo, reconoce que generó impactos ambientales y que no se garantizó el acceso a la información a las comunidades, que los proyectos representan un riesgo de conflictividad y violencia hacia las comunidades y no al contrario, como se ha hecho creer. Dicha empresa es propiedad de la Corporación Castillo Hermanos, afirma El Observador. Dentro de esta corporación y con intereses dentro de las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán se señala a los Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), como afirmaron unas 70 organizaciones en un comunicado de Front Line Defenders FLD en 2018.

En enero de 2020, a pocos días de haber tomado posesión de la presidencia, Alejandro Giamamttei, sus ministros, la Fiscal General del MP, Consuelo Porras acudieron a San Mateo Ixtatán centro, para firmar un supuesto acuerdo de Paz, promovido por la empresa Energía y Renovación SA, la Municipalidad y varias empresas contratadas para realizar acciones en esta municipio. Giammattei crea comisión de “Paz” para promover megaproyectos en San Mateo Ixtatán

Entérese más aquí:

Las hidroeléctricas y el préstamo

Las operaciones de préstamo a la Generadora San Mateo S.A. (GSM) y a la Generadora San Andrés S.A. (GSA), financian la construcción de dos proyectos hidroeléctricos al filo de agua con capacidad de 20 MW y 10.65 MW, respectivamente. La hidroeléctrica GSM utilizaría las aguas de los ríos Negro y Pojom con capacidad de generación de 120.087 MWh por año, con dos turbinas de 10 MW cada una. Mientras que, GSA utilizará las aguas de los ríos Primavera, Varsovia y Tercer Arroyo con capacidad de generación de 44.300 MWh por año, con dos turbinas de 5 MW cada una.

Las hidroeléctricas, ubicadas en forma adyacente en San Mateo de Ixtatán, son desarrolladas por la empresa Energía y Renovación S.A., Cliente de BID Invest, y su construcción se planificó de forma simultánea.

El 25 de septiembre de 2013 el Directorio Ejecutivo de la entonces Corporación Interamericana de Inversiones (CII), ahora BID Invest, aprobó las dos (2) operaciones de préstamo en apoyo a los Proyectos.

Fuente: Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), 2021.

San Mateo Ixtatán, en defensa de los ríos

San Mateo Ixtatán, un municipio de habla Chuj, en la frontera de Guatemala con México, se encuentra situada la microrregión de Yichk´isis, habitada por cuatro pueblos indígenas originarios, con un territorio rico en recursos naturales que sorprende por la cantidad de ríos y bosques que conviven con ocho comunidades y cuatro caseríos que conforman la microrregión.

La empresa Energía y Renovación, S.A logró las licencias municipales para las dos plantas de hidroeléctricas entre julio y agosto de 2011. Desde ese entonces, el desarrollo que ofreció nunca llegó a las comunidades, el escenario de vida para los pobladores se encuentra entre la violencia y el conflicto social. Las aldeas se dividieron entorno a los proyectos, algunas autoridades locales fueron cooptadas para respaldar el trabajo de la empresa y persiguieron con discursos contrainsurgentes a quienes se oponen a la construcción de los proyectos San Mateo y San Andrés.

Los opositores exigían ser consultados sin embargo, algunos fueron perseguidos penalmente, como el caso de Julio Gómez Lucas, autoridad Chuj, que fue enviado a juicio de debate oral y público por dos delitos en abril de 2021, y otros asesinados por manifestar su oposición a las hidroeléctricas, como ocurrió con Sebastián Alonzo Juan de 72 años, asesinado por la seguridad privada de la empresa en enero de 2017, en las orillas del río Negro.

En 2014 con el visto bueno del expresidente, Otto Pérez Molina, llegaron a esa región una base militar del ejército y una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) para apoyar a la empresa y reprimir a la población opositora a la construcción de hidroeléctricas.

La empresa recibe financiamiento del BID a través de fondos destinados para el desarrollo de generación de energía renovable, así como del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco de cooperación alemán KFW, según fuentes consultados de NISGUA.

De ser así, BID Invest deberá preparar, en consulta con las comunidades, un plan de transición orientado por los principios de no hacer daño, transparencia y responsabilidad.

Créditos: Francisco Simón Francisco
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CDH Fray Bartolome de las Casas

Junta de Buen Gobierno Caracol 10 Patria Nueva: Denuncia de agresiones contra Nuevo San Gregorio

JUNTA DE BUEN GOBIERNO
NUEVO AMANECER EN RESISTENCIA Y REBELDÍA
POR LA VIDA Y LA HUMANIDAD
CARACOL 10
FLORECIENDO LA SEMILLA REBELDE
ZONA PATRIA NUEVA, CHIAPAS, MÉXICO

A 2 DE DICIEMBRE 2021

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y ALTERNATIVOS
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LOS ADHERENTES DE LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA OPINIÓN PUBLICA.

Nosotros como Juntas de Buen Gobierno del caracol 10 denunciamos lo siguiente:

Denunciamos a los invasores Nicolás Pérez Pérez del ejido San Gregorio las casas, Pedro Hernández Gómez del ejido San Gregorio las casas, a Javier Gómez Pérez de la Ranchería Duraznal, integrantes del grupo los 40 que siguen invadiendo nuestros territorios y siguen haciendo su cometido teniendo como objetivo despojar de sus tierras a nuestros compañeros y compañeras que luchan.

Denunciamos los echos sucedidos el pasado 29 de noviembre del año en curso, a las 8: am 22 invasores comandado por los invasores ya mencionados entran a nuestras tierras con azadones y picos para tomar el potrero colectivo de nuestra comunidad zapatista Nuevo San Gregorio, estos invasores se ponen a crear una sanja de 50 metros de largo para el pozo de agua fuente de ayuda y sostenimiento del colectivo de ganado de nuestros compañeros y compañeras zapatistas con el fin de provocar que se seque el abrevadero de sus animales; el objetivo principal de estos invasores es hacerle camino a un tractor para seguir invadiendo mas territorio rebelde y provocar que los 22 animales que siguen resistiendo ante estas agresiones, desfallezcan.

Estos invasores siguen avanzando su mal en nuestros territorios llegando al potrero colectivo de 9 hectáreas que está ubicado a 50 metros del centro de la comunidad, ahora atentando con la vida de los animales que han sido el sostenimiento en la lucha de nuestras compañeras y compañeros durante años con resistencia y rebeldía. El pozo de agua también alimenta el colectivo de peces, un estanque de 2×3 metros, los dos colectivos ahora se encuentran en un alto riesgo de desfallecer. Cabe mencionar que los colectivos son grandes fuentes de apoyo y sostenimiento en nuestra lucha por la vida no para hacer algún daño, pero estos invasores nos siguen hostigando e invadiendo nuestros territorios.

Responsabilizamos al gobierno Municipal, Estatal y Nacional de lo que vaya a suceder con nuestros colectivos, por que siendo llamados Autoridades no mueven ni un dedo ante estos atentados que están viviendo nuestras compañeras y compañeros bases zapatistas, solapan los echos cometidos por este grupo de personas que no hacen mas que atacar a nuestras compañeras y compañeros que están luchando, cuidando de nuestra madre tierra, el gobierno Mexicano no hace nada para detener las invasiones y agresiones que cada vez mas se expande.

El gobierno no hace mas que fortalecer la invasión y la agresión al quedarse callado ante estos actos de despojo, acciones de destrucción que atentan contra la integridad y la vida de la gente que resiste y lucha por la vida.

Seguimos en pie de lucha, no nos vamos a rendir.

ATENTAMENTE:

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO
NUEVO AMANECER EN RESISTENCIA Y REBELDÍA
POR LA VIDA Y LA HUMANIDAD.

Fuente: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

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Avispa Midia

Incendios en Brasil: crímenes vinculados al crecimiento del agro negocio y minería

Por Sare Frabes

Portada: Líderes Apurinã en la zona quemada. Foto: Antonio José Apurinã

Desde las trágicas imágenes de la Amazonía brasileña envuelta en llamas del año 2019, los incendios que han ganado visibilidad mundial, lejos de apagarse, se multiplican y con ello también el avance del acaparamiento de tierras y la expulsión de comunidades indígenas, tradicionales y quilombolas de sus territorios.

Existe un patrón que indica el uso criminal de los incendios, cuyo objetivo es deforestar territorios para después convertirlos en espacios para la expansión del agronegocio e incluso la minería.

“Los incendios no terminaron. Es la casa de estas comunidades que continúa quemándose”, señaló Carolina Motoki, integrante de la Articulación El Agro es el fuego, durante la presentación del informe que reúne análisis y denuncias de los impactos y conflictos por tierras producidos por los incendios, los cuales además de la devastación ambiental, también contribuyen al incremento de otros problemas sociales como el hambre.

Fuego

Como evidencian en los materiales de la Articulación El Agro es el fuego, el uso del fuego para expandir al agro negocio es una práctica recurrente en zonas de enorme importancia natural, tales como el Pantanal, el humedal más grande del mundo, así como en Tierras Indígenas (TI) en regiones como la Amazonía y la ecorregión del Cerrado, afectando también a comunidades tradicionales y quilombolas.

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Avispa Midia

Pueblos de los Valles de Oaxaca se oponen a consulta de la minera Cuzcatlán

Por Avispa

Foto: Santiago Navarro F.

Comunidades zapotecas de San Pedro Martín y San Pedro Apóstol, en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, se posicionaron en contra de la realización de una consulta indígena que pretende realizar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), como parte del procedimiento llevado a cabo por la minera canadiense Cuzcatlán, que busca autorización de dicho órgano ambiental para ampliar su área de explotación de oro y plata en la región, con el llamado proyecto minero San José II. Desde 2009 la minera explota los metales preciosos, cuya sede esta en la comunidad de San José del Progreso.

En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los titulares de la Semanart, María Luisa Albores, y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, las comunidades comunican a los representantes del gobierno que ya han decidido “no permitir en nuestros territorios ningún proyecto minero”.

La Semanart en un comunicado de prensa, el 11 de noviembre, anunció que ya trabaja en la organización del proceso de consulta indígena a comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca.

Sin embargo, las comunidades exigen que se respete la decisión ya tomada por sus asambleas. “Nuestros municipios, ejidos y comunidades ya nos hemos consultado, por lo que le solicitamos respete nuestra decisión y no intente imponer otra consulta, que en base de las experiencias dadas en torno a las consultas, atenta en contra de la auto-determinación de nuestros pueblos, y busca ser un mecanismo dizque democrático e inclusivo para legitimar el proyecto de ampliación San José II”.

La decisión de las comunidades se justifica por la contaminación que ha generado la minera en sus aguas, suelo y aire.

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Además, se ha instalado un conflicto social en la región que ha dejado muertos. Las comunidades conviven con el “crecimiento del crimen organizado, el consumo y la distribución de drogas así como una ola de asesinatos con violencia, unos de los últimos es el de un trabajador minero en las puertas de la empresa y otro en un pozo de exploración de la compañía”, argumentan.

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“Presión asfixiante”

El 6 de julio de este año la Semanart a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental negó la solicitud de manifiesto de impacto ambiental en su modalidad regional del proyecto denominado San José II que presentó la empresa. El objetivo es ampliar por 10 años más la operación del proyecto minero. La dirección tuvo desde 3 de septiembre de 2020 la tarea de revisar este proyecto y después de extender por varios meses la revisión decidió no autorizarlo.

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“Y cuando parecía que Cuzcatlán no tenía margen para revertir la resolución tomada por Semanart viene una campaña agresiva de la empresa que va desde la presión en las calles de los trabajadores que son sacados por medio de amenazas de despido si no participan en las movilizaciones a favor del proyecto”, sostienen en su comunicado, hasta una “presión asfixiante del poderoso lobby minero que se ha encargado de poner de rodillas a la Semanart y ante esta presión la secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora quiere vender como un ejercicio democrático y legítimo”, dicen.

La minera Cuzcatlán es “una empresa con un enorme poder de corrupción, con un poder económico aplastante y que tiene acuerdos con todos los partidos políticos, con todos los actores políticos de la región y que además tiene como operadores a un ejército de caciques regionales expertos en estrategias políticas legales y no legales para lograr la continuidad de este asqueroso proyecto”, sostienen las comunidades.

¿Contradicción?

En su comunicado, las comunidades apuntan contradicción en las acciones de la Semanart. El órgano ambiental pone a consulta de los pueblos la continuidad de un proyecto que él propio negó su continuidad, por reconocer “la violación de una serie de derechos además de una serie de irregularidades de parte de la empresa que generaran daños”, sostienen.

Los pueblos ya han decidido. “No permitiremos que se establezca ningún mecanismo de despojo como la consulta. Nuestros pueblos ya han decidido y hemos dicho no a la minería. Hemos decidido defender nuestra tierra y no le pondremos precio”.

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La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones de México y del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

27 de noviembre de 2021.

                                                  

 

A las y los que luchan por la vida, el Territorio y la Madre Tierra

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

 

Hermanas y hermanos:

Desde esta Tierra Sagrada saludamos a todas aquellas organizaciones que luchan por la vida y el Territorio, defendiendo a la Madre tierra, que generosamente nos da lo necesario para sobrevivir cada día, en contra de los intereses de los poderosos que sólo quieren extraer sus riquezas y usarla para generar más y más ganancias, aunque la dejen estéril y destruida, condenando a muerte a todos los vivientes del planeta.

Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones, Movimientos y Colectivos de México y otros países del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día– y que aún es muy pequeña- desde hace casi 29 años, como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ayudando a cuidar y proteger nuestro territorio. Nuestros esfuerzos se han tejido en una red muy grande, un movimiento por la defensa de la vida, que hoy trae a muchos compañeros y compañeras hasta nuestra sede para celebrar con nosotros la entrega de este premio a la defensa ambiental, que se hace cada año para nunca olvidar a nuestro hermano Mariano Abarca, quien fue perseguido, encarcelado y asesinado por la empresa minera canadiense BlackFire hace exactamente 12 años, por participar en la lucha y resistencia colectiva y organizada de su pueblo contra las afectaciones a su vida y a sus tierras, por la extracción de un mineral que se llama Barita, en Chicomuselo, Chiapas. Nuestra propia historia nos ha llevado a un camino muy parecido al suyo y hoy les decimos que no nos vamos a cansar de seguir su ejemplo.

Desde diciembre de 1992, nuestra organización se fundó en el proceso de lucha del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas por sacar de la cárcel a 5 catequistas tsotsiles de nuestro municipio que fueron culpados de asesinato a base de mentiras, para espantar y desanimar a quienes, como ellos, se atrevían a hablar abiertamente de las injusticias que cometía el gobierno en nuestras comunidades mayas tsotsiles. Tras lograr su liberación con Peregrinaciones, plantones, ayuno y oración, esta experiencia donde vimos que unidos tuvimos más fuerza y contamos con el apoyo de otras organizaciones solidarias para liberar a nuestros compañeros, los participantes decidimos conformarnos como Organización de la Sociedad Civil, identificarnos como “Las Abejas” y nombrar representantes en cada una de nuestras comunidades, de modo que pudiéramos informarnos y defendernos juntos de los problemas que vivimos, como la amenaza a los pueblos campesinos que ya se veía venir con la reforma al Artículo 27 que emprendió Carlos Salinas y el inicio de la parcelación y posibilidad de venta de las tierras colectivas. Es así como en 1993, nos organizamos para resguardar el territorio frente a la amenaza de la exploración para extracción de petróleo en nuestras tierras y cerros. El gobierno estaba enviando comisiones de exploración a nuestros terrenos comunales, sin tomarnos en cuenta ni pedirnos permiso. Hermanos de los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán y Chenalhó nos organizamos para hacer marcha-peregrinación, orar e ir a rezar con nuestros ancianos a los cerros sagrados para pedirle a sus protectores que ayudaran a cerrarle el paso al gobierno, para que nos dejaran en paz. Fue así como pudimos parar esa invasión, ya que, al ver los resultados de los estudios, los ingenieros encontraron agua en vez de petróleo.

Ese año también supimos que el gobierno preparaba un Tratado de Libre Comercio con otros países para ponerse de acuerdo con ellos y facilitarles venir por nuestras riquezas (oro, petróleo, grava, etc.), lo que quiere decir, despojarnos de nuestras tierras y contaminarlas. Fue en 1994 que escuchamos que se juntaron los zapatistas para taparles el camino y que se levantaron el 1º de enero de ese año. En el proceso de guerra que siguió, nosotros dejamos claro que somos civiles sin armas, y demandamos que hubiera diálogo para tomar acuerdos y parar la guerra, con diferentes acciones dentro y fuera de nuestras comunidades, lo que no le gustó a los priístas y cardenistas de nuestro municipio. El no colaborar con la guerra contrainsurgente del gobierno contra el EZLN y actuar organizadamente en el camino de la lucha no violenta, nos costó ser perseguidos, tener que vivir desplazados de nuestras comunidades por varios años y ver cómo paramilitares de los partidos políticos mencionados, asesinaron con tanta crueldad a nuestras 45 hermanas, hermanos y otros 4 hermanitos más pequeños que ultrajaron aún antes de nacer, el 22 de diciembre de 1997, asesorados, financiados y encubiertos por altos funcionarios de los tres niveles de gobierno y el Ejército mexicano.

Desde entonces, Las Abejas nos hemos fortalecido con la sangre de nuestros Mártires y la solidaridad de muchos hermanos que se han identificado con nuestro dolor y nos hemos animado mutuamente. Tal es el caso de nuestros hermanos tseltales y ch’oles de “Xinich” en Palenque, con los que juntos organizamos una Peregrinación a pie hacia la Basílica de Guadalupe en 2001 para pedirle a la Jme’tik -la Vírgen, que es nuestra madre- y al Estado Mexicano, que respetaran los Acuerdos firmados en San Andrés con el EZLN, para dar lugar en la Constitución Mexicana al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, y con ello, el respeto a nuestra vida y Territorios. Por los caminos de esta lucha no violenta, también hemos podido ir a solidarizarnos de distintas maneras con varios hermanos y hermanas que se resisten a abandonar su tierra, sus casas y su modo de vivir, amenazados por los intereses capitalistas, como los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco, que siguen en lucha contra la Presa El Zapotillo; o los compañeros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero, donde precisamente acudió representando a Las Abejas de Acteal nuestro hermano Simón Pedro, ex-presidente de la Mesa Directiva de nuestra organización, quien fue cobardemente asesinado el pasado 5 de julio por no cansarse de trabajar por la defensa de los derechos humanos, y seguir siempre preocupado por buscar caminos no violentos para apoyar a los pueblos que defienden su tierra contra la violencia del crimen organizado, las minas, las presas y los grandes mega-proyectos.

Queremos aprovechar para decirle a la Fiscalía Indígena y a la Fiscalía General de la República que hoy hay miles de ojos mirando cómo están procesando el caso de nuestro hermano Simón Pedro, y que, como hemos demostrado por casi 24 años sin rendirnos en la exigencia de la justicia en el Caso de la Masacre de Acteal, jamás dejaremos de demandar que se encuentre y castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de su asesinato. Hoy también invitamos a todas las organizaciones solidarias a que nos acompañen y apoyen en este camino, sobre todo para poder cumplir nuestra promesa de nunca abandonar a la familia de Simón Pedro, nuestro hermano.

Hermanas y hermanos, aunque nos siguen asesinando, nos siguen persiguiendo, nos han querido silenciar y nos han querido exterminar, nosotros seguimos y seguiremos aquí, guardando la memoria y luchando de manera no violenta, con la palabra y la verdad como única arma. También queremos decirle hoy a la familia de nuestro hermano Mariano Abarca que su memoria y su lucha siguen vivas a través de nuestras voces, a través de nuestras denuncias y de nuestra resistencia. Y que sepan que seguiremos apoyando la lucha por que en su caso puedan tener el consuelo de la justicia.

¡Mariano Vive! ¡Simón Vive! ¡Vivan las Abejas de Acteal!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

 

Atentamente

La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                         Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                       Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez                                         Pedro Pérez Pérez

Tesorero                                                           sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

 

radio
Camino Al Andar

Pronunciamiento del Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, Colectivo de Apoyo al CNI CIG – EZLN con relación al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación

Integrantes del Colectivo de Apoyo al CNI CIG – EZLN Llegó la Hora de los Pueblos, manifestamos nuestro rechazo al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre de este año, ya que es un atropello al Estado de Derecho instaurado sobre la base de los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos, al declarar de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México. Al hacer esto, el mencionado Acuerdo legaliza el autoritarismo al remover las regulaciones ambientales que existen para la protección de la naturaleza promoviendo la construcción de proyectos de infraestructura federal. Lo mismo hace con las regulaciones en materia de protección hídrica de cuencas y en materia de monumentos y zonas arqueológicas del patrimonio histórico de México. Por tanto, ese Acuerdo también es violatorio de los derechos de los pueblos indígenas, consignados en el artículo segundo Constitucional, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al crear las condiciones para continuar con las políticas de despojo contra sus territorios.

Se trata de una des-regulación efectiva de la actividad económica público-privada en detrimento del interés social, un rasgo distintivo de los regímenes neoliberales que comenzó criticando la administración actual. Por lo tanto, desde los movimientos sociales no podemos más que observar con consternación la coronación y a la vez profundización del paradigma emprendido por las reformas de la administración de Peña Nieto, las cuales introdujeron la noción de utilidad pública prioritaria para proyectos federales que facilitó toda clase de abusos en la ejecución de grandes obras. En ese mismo tenor, sopesamos con recelo la puerta que este acuerdo abre para los atropellos de grandes contratistas federales en el presente y en administraciones federales futuras.

Por lo anterior, presentamos el 26 de noviembre ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos una solicitud para que active los mecanismos legales que resulten procedentes con relación a dicho Acuerdo y las implicaciones que conlleva.
 
 Atentamente
 Llegó la Hora de los Pueblos
 Colectivo de Apoyo al CNI CIG – EZLN
 
radio
Avispa Midia

AMLO implementa un “régimen de excepción” para ejecutar megaproyectos

Por Sare Frabes

Pueblos indígenas, organizaciones sociales y hasta instancias del gobierno federal se han manifestado en los últimos tres días en contra del acuerdo firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, como es el caso del Corredor Transístmico y el Tren Maya. La norma administrativa ya está en vigencia.

“El Acuerdo resulta problemático (…) ya que genera un régimen de excepción en la regulación de los proyectos de desarrollo en México”, sostienen en un comunicado diversas organizaciones sociales como el Artículo 19 México y Centroamérica,  Centro de Derechos Humanos – Miguel Agustín Pro Juárez y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Ver también: Tren transístmico será una bestia que cruzará miles de toneladas cada 17 minutos

De acuerdo con estos organismos, es inconstitucional que, mediante una norma administrativa, “se genere una calificación anticipada sobre el carácter de seguridad nacional”. Bajo este sello, el gobierno puede reservar indiscriminadamente las informaciones relacionadas con los proyectos.

La medida “genera una aplicación restrictiva del derecho de acceso a información y la máxima publicidad, pues posibilita que cualquier información pueda ser interpretada arbitrariamente como de seguridad nacional”, sostienen. Sin embargo, la restricción debería “llevarse a cabo sólo bajo un análisis casuístico de los contenidos de cada una de las obras para valorar si dicha clasificación procedería”.

En el acuerdo se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional de permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras en un plazo de cinco días de la solicitud. “Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, dice el acuerdo.

Dicha autorización tendrá una vigencia de 12 meses, tiempo para que se emita la autorización definitiva. Con ello, se eliminan las “obligaciones a las que el Estado Mexicano se ha comprometido y debe cumplir (…) tales como la realización de procedimientos de consulta y consentimiento previo, libre e informado, o la realización de estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que son indispensables para que los pueblos indígenas y equiparables puedan tomar una decisión informada con relación a dichos proyectos”, dicen.

Las organizaciones denuncian que, al establecer como de interés público estos proyectos – es decir, pasan a tener carácter preferente frente a cualquier otro uso del territorio -, el gobierno federal contraviene también el derecho a la tierra y territorio de pueblos indígenas y el derecho a la propiedad de los núcleos agrarios, “pues dicha propiedad, posesión, uso, disfrute y aprovechamiento se encuentran protegidos y garantizados a nivel constitucional y en tratados internacionales a los que el Estado Mexicano se ha comprometido”.

Reacciones

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció en el mismo día de la publicación del acuerdo que está preparando una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo.

El órgano sostuvo que “exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna”.

Las organizaciones que firman el comunicado hacen un llamado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al Congreso de la Unión para que “activen los mecanismos legales que resulten procedentes contra el Acuerdo, para resguardar los preceptos constitucionales”.

radio
Camino Al Andar

Demanda el cese inmediato de las agresiones contra las comunidades zapatistas

 Ilustración: Dante Aguilera

El colectivo Llegó la hora de los Pueblos demanda el cese inmediato de las agresiones contra las comunidades zapatistas

En días recientes tuvimos conocimiento de nuevos ataques armados por parte del grupo paramilitar Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) en contra de la comunidad autónoma zapatista de Moisés y Gandhi, perteneciente al Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”. Tenemos información de que, además de disparar en varias ocasiones contra casas de integrantes de la comunidad, los paramilitares incendiaron las instalaciones de la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista “Siguiendo el Caminar de los 2 Mártires”. Estos actos son violatorios de los derechos humanos de la niñez zapatista y contribuyen a situaciones de trauma que afectan su salud física y mental.

Este nuevo ataque contra comunidades zapatistas forma parte de las agresiones sistemáticas y recurrentes que ha perpetrado el grupo paramilitar ORCAO, embestidas en las que se han documentado delitos como ataques armados, secuestros, tortura y desplazamiento forzado, por mencionar sólo algunos. En noviembre de 2020, en el contexto de otro ataque similar, las propias autoridades zapatistas señalaron que el grupo paramilitar ORCAO desvió recursos oficiales destinados a la construcción de una escuela primaria para la compra de armas de alto calibre.
En el colectivo Llegó la hora de los Pueblos demandamos el cese inmediato de estas agresiones, así como la investigación de redes de corrupción e impunidad que permiten el financiamiento y operación de grupos paramilitares como la ORCAO.

A los pueblos de México y del mundo los llamamos a observar, denunciar y solidarizarse con los pueblos ante la grave situación que acontece en el estado de Chiapas. A las comunidades Bases de Apoyo Zapatistas y al EZLN les reiteramos todo nuestro aprecio, reconocimiento y solidaridad.

 Atentamente
 Llegó la hora de los Pueblos

Colectivo de Apoyo al CNI CIG – EZLN