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AnRed

Crónica de una muerte anunciada: cómo se preparó el escenario para asesinar a un mapuche

Foto: Germán Romeo Pena (ANRed).

Estigmatización y criminalización mediática, encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, ataques e incendios anónimos en lugares emblemáticos, un cerco del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro, el envío de Gendarmería por parte del gobierno nacional y una política de desgaste por más de 50 días. Estos hechos fueron construyendo el escenario que terminó – poco después de que se levantara el acampe solidario en apoyo a la lof – con el ingreso a Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificación que dispararon contra comuneros de la Lof Quemquemtrew, asesinando a Elías Garay y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen. Como broche, sectores de ultra derecha festejaron y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en El Bolsón. Soraya Maicoño, vocera de la lof, relató: «entraron a matar. Ingresaron dos personas de civil. No sabemos si eran policías, parapolicías o matones del empresario Rocco». Por su parte, Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro sentenció: «que no nos vengan hablar de violencia porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la policía de Río Negro: o la liberaron o son ellos». Por ANRed.


Cómo se preparo el escenario previo

La Lof Quemquemtrew comenzó la recuperación territorial el sábado 18 de septiembre: «hacemos público y reivindicamos la recuperación territorial del cuadro conocido como ‘Tapera de los Alamos’ en el paraje de la Cuesta del Ternero, deshabitado hace mas de 50 años y a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hidricos», anunciaba la comunidad mapuche, y agregaba: «esta porción territorial además de estar muy contaminada viene padeciendo sequías e incendios, situaciones que solo benefician al wingka capitalista, al Estado, y sus funcionarios de organismos como la Dirección de Tierras, de Bosques, del Servicio Forestal Andino, y Enforsa, quienes luego hacen posesión de la tierra y la entregan a empresarios, por lo general, de origen extranjero».

Más tarde, en declaraciones a ANRed, una abuela de la comunidad expresaba: «Nosotros somos preexistentes: no vinimos de afuera, nacimos en este lugar».

Luego de la recuperación territorial, el 24 de septiembre hubo un primer intento del gobierno de Arabela Carreras de desalojar la recuperación con al menos 50 efectivos del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro. Tras la represión, la policía llevó detenidos a varios integrantes a la Comisaría 12° de El Bolsón, a pesar de que había un acuerdo con el fiscal de la causa, de Francisco Arrien, para una audiencia de conciliación.

Ante los hechos represivos, se conformó una amplia red de organizaciones para acompañar a la Lof Quemquemtrew y repudiar la represión. Incluso, el premio Nóbel de la Paz y titular del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Adolfo Pérez Esquivel se expresó al respecto sosteniendo que «la Lof Quemquemtrew se encuentra en emergencia humanitaria por el accionar violento del Estado». También, a fines de septiembre, hubo una caravana en apoyo a la Lof Quemquemtrew y conferencia de prensa en el acampe humanitario. En tanto, la CIDH pidió informe al Estado argentino por la Lof Quemquemtrew.

En este marco, el pedido de apoyo humanitario y la puesta en marcha de una mesa de diálogo para la comunidad que recuperó territorio ancestral en la Cuesta del Ternero fue rechazada por el juez de garantías Ricardo Calcagno, quien negó el ingreso de alimentos y abrigo a la Lof Quemquemtrew, y consideraba: «entiendo, al igual que el Ministerio Público Fiscal (la fiscal Betiana Cendón), que el ingreso de alimentos consolida la usurpación».

Así se fue instalando un clima de militarización, hostigamiento y racismo, sin garantías para los pueblos originarios con un cerco del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro que llegó a superar los 50 días.

Esto fue acompañado, desde los mediático, con una campaña estigmatizadora y criminalizadora contra los pueblos mapuches y las recuperaciones territoriales, de la que participaron casi todos los medios locales y a nivel nacional estuvo encabezada por un periodismo de comisaría que preparó la represión al pueblo mapuche, de la mano de Clarín (con los informes de Lanata anunciando que «los indios vienen por la patagonia» y que quienes integraban la Lof Quemquemtrew eran una «guerrilla terrorista»), Infobae y La Nación, principalmente, vinculando además los ataques e incendios anónimos en lugares emblemáticos de El Bolsón con las comunidades protagonistas de las recuperaciones.

En el caso del programa «PPT» de Jorge Lanata, el informe construyó y difundió una imagen del «indígena» como el enemigo interno, reforzando de esta manera el discurso del poder, sesgando información y avalando la violencia contra las comunidades. La transmisión del programa ocurrió, casualmente, cinco días después de la desaparición del militante social Santiago Maldonado durante la represión a la comunidad de Lof en Resistencia del departamento de Cushamen, Chubut, de la cual el gobierno actual ni el pasado aún no ha dado respuestas. Este informe cosechó un fuerte repudio de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), que consideró que se trataba de una «campaña de estigmatización hacia el pueblo mapuche, en la que reprodujeron discursos racistas y persecutorios de distintos sectores de la política».

Finalmente, a la campaña estigmatización y criminalización se fortaleció también de la mano de los encuentros ultraderechistas impulsados por la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras y familias terratenientes, en defensa de la propiedad privada y contra las recuperaciones territoriales mapuche. Asimismo, en la previa de las elecciones legislativas, denunció que en el gobierno nacional de Alberto Fernández y en el Instituto de Asuntos Indígenas (INAI) había cómplices de la violencia mapuche. En aquella ocasión también acusó a otras dependencias, como el directorio de la Administración de Parque Nacionales (APN) que está bajo la órbita del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde el Estado argentino desistió de avanzar en la causa por la recuperación de tierras en Villa Mascardi, ubicada a unos 35 kilómetros de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Finalmente, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández determinó el envío de efectivos de Gendarmería a la zona.

Crónica de una muerte anunciada

Todos estos hechos fueron construyendo en el tiempo el escenario que terminó este domingo 21 de noviembre por la tarde – alrededor de las 15, según los testimonios de los comuneros – con el ingreso al territorio recuperado de Cuesta del Ternero de dos individuos sin identificar – supuestos cazadores – que lograron pasar el fuerte cerco que el Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la Policía de Río Negro mantuvo por más de 50 días. Allí, según los testimonios de la Lof Quemquemtrew, estos hombres discutieron con comuneros y efectuaron disparos, asesinando a Elías Garay – cuyo cuerpo aún se encuentra dentro del predio – y dejando a Gonzalo Cabrera con heridas de bala calibre 22 en su abdomen, que luego tuvo que ser intervenido en el quirófano del Hospital de El Bolsón y ahora se encuentra internado y estable.

Como broche del día, sectores de ultra derecha del pueblo de El Bolsón festejaron en las calles el asesinato y echaron a las protestas que se realizaron ayer por la noche en la localidad en repudio al ataque.

El hecho en el cual ayer dos individuos asesinaron a un joven mapuche e hirieron a otro ocurrió inmediatamente después de que el sábado 20 por la tarde el acampe humanitario, que se había instalado en solidaridad con la Lof Quemquetrew, tras 52 días de aislamiento y amedrentamientos, anunciara que se levantaba. Los dos supuestos cazadores ingresaron al lugar a pesar de haber un reten policial que evitaba la circulación de personas. Como dijo un testimonio, al lugar «no ingresaban alimentos ni abrigos pero si las balas». Pero otro dato que agrava el escenario del asesinato es Gonzalo, el comunero mapuche herido por un disparo en el abdomen, se le extrajo una bala de calibre 22 milímetros, que no se corresponde a las armas reglamentarias de las fuerzas especiales COER y que, según testimonios de la lof, había personal de civil disparando. El dato alerta sobre el proceder de las fuerzas de seguridad cuando evitan la identificación para realizar actos ilegales, lo que trae al recuerdo episodios como fue el asesinato de hace unos días del joven Lucas González por parte de efectivos no identificados de la Policía de la Ciudad.

Foto: Germán Romeo Pena (ANRed)

Ante los señalamientos al gobierno provincial de que hubo una zona liberada, Arabela Carreras desmintió por la tarde que hubiera realizado cualquier tipo de operativo policial.

Este domingo por la tarde, desde la guardia del hospital Soraya Maicoño, vocera de la Lof Quemquemtrew, pudo dialogar con Gonzalo Cabrera, quien antes de ingresar a cirugía pudo dar testimonio de los hechos a la vocera, que comunicó: «me contó que entraron dos personas al territorio. Dijeron que estaban cazando, pero en realidad no sabemos si eran policías de civil o parapoliciales o matones de Rocco. Finalmente, se pusieron muy nerviosos y dispararon a matar. Se hicieron los que andaban perdidos en el territorio. Cuando se dieron vuelta y los vieron tenían armas calibre 22. Estos empezaron a ponerse nerviosos y decir ‘quédense tranquilos, si ustedes se quedan tranquilos, nosotros no vamos a hacer nada’. Los lamgen respondieron, ‘entonces, si no van a hacer nada, bajen las armas y váyanse ya mismo del territorio’. Cuando le plantearon eso, estos dos empezaron a disparar. Al lamgen Elías le dispararon de muerte y Gonzalo tiene dos entradas de bala en el estómago’, relató Maicoño.

«Nuestros lamien están resguardados en el monte todavía. Entonces nos preocupa esa situación. La abogada está tratando de convencer a la fiscal que dé una orden para frenar a la policía», agregó la vocera. Finalmente, informó que la policía y la gendarmería mantienen la ruta cortada, y agregó: «mañana (por hoy) se va a intentar entrar al territorio con el lamgen Néstor y luego recién se va a ver cómo continúa la cuestión legal. Hay que presionar en fiscalía para que la gente mapuche pueda llegar al territorio. Exigir que se desmilitarice«.

Silvia de los Santos, abogada de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCh) fue contundente sobre el contexto legal en la cual ocurrió el crimen: «el viernes a la mañana intentamos presentar recurso extraordinario federal en el habeas corpus, ya que el superior tribunal de Río Negro rechazó el recurso de casación diciendo que acá está todo bajo el control del poder judicial ‘con las debidas garantías’. En ese recurso estamos denunciando tentativa de genocidio, hoy ya consumada, y tortura. Preguntamos en ese recurso si estaban esperando que aparezcan cuerpos o simplemente que desaparezcan. Denunciamos ya desaparición forzada. No son ‘dos cazadores’. Fue una ejecución parapolicial. Es el estado. Es genocidio. Es tortura. Es lisa y llanamente exterminio. Impotencia de observar cómo la Constitución Nacional no sirve para nada. Como, especialmente, la fiscal Betiana Cendón, y el juez Ricardo Calcagno, al frente de este operativo de exterminio, son quienes fueron junto a criminalística al territorio. La compañera de la persona asesinada denunció la semana pasada violencia de género (acoso) por parte de dos policías del retén. Nada es casual. Esta es una nueva crónica de una muerte anunciada«, destacó.

Con esta observación también coincide Susana Lara, periodista editora de Patagonia Extremo e integrante de la Multisectorial Contra la Represión de Bariloche, quien señaló: «la versión de los cazadores es inadmisible por el cerrojo policial, con efectivos y drones, mantenidos desde los dos intentos de desalojo fracasados. Además, el joven asesinado es el compañero de una mujer mapuche que el 16 de noviembre denunció a dos efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate (COER) de la policía provincial, por acoso, en el marco de la ley 26585 de prevención y eliminación de la violencia de género, indicó el Colectivo Feminista Nómada. De ser así, la ejecución de la víctima no fue circunstancial ni tampoco la presencia de los cazadores, que contaron con información de inteligencia previa».

Foto: Germán Romeo Pena (ANRed).

En tanto, desde FM Alas, medio comunitario de El Bolsón, informaron: «había muchísima policía, muy enfierrados y con actitud jodida hacia quienes nos presentamos como parte de la prensa y los vecinos. Estuvimos hablando con el oficial que estaba a cargo del COER, Méndez, que no nos atendió, pero sí el subcomisario Zapata, que es el oficial a cargo de la Comisaría 12, que estaba en la delegación de Cuesta del Ternero y hablamos varias veces con él. Negaba todo y no estaba en conocimiento de lo que había ocurrido, incluso no sabía que había una persona muerta, ni de las personas heridas. Negó absolutamente todo. Alrededor de las 22 llegó una ambulancia con gente del Hospital de El Bolsón con gente de comunidades, que habían hecho un arreglo con el fiscal Francisco Arrien para poder acercarse a constatar la muerte del peñi. La policía estuvo largo rato dando vueltas hasta que les dejó acceder, previa llegada de otra ambulancia con la directora del Hospital y un oficial a cargo de la oficina de criminalística. Más allá de que ese no hubiera sido el acuerdo con el fiscal Arrien, siendo que era un solo oficial de criminalística y que se ponía en riesgo la posibilidad de acceder al territorio para conocer la situación dejaron que también subiera. El arreglo con la fiscalía es que hoy luego de las 7 am, después de que pueda llegar también la abogada de comunidad de Fiske Menuco se van a hacer presentes en el territorio el fiscal Arrien y el fiscal adjunto del Bolsón Francisco Torchia y la gente de criminalística, con bastante policía, suponemos. Para esto se harán presentes personas de la comunidad mapuche y organizaciones que acompañan para controlar el ingreso de toda ésta gente al territorio. Las personas que subieron pudieron verificar que había una persona fallecida, pudieron hablar con la gente en la comunidad. El cuerpo está en territorio y hasta que no se hagan las pericias no lo van a mover. Luego de eso, al bajar se decidió que no quedara nadie porque se había organizado un pequeño acampe en el retén policial, sino acompañar el procedimiento de la fiscalía y criminalística», detalló en su informe FM Alas.

Por su parte, Orlando Carriqueo, el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, manifestó: «que no nos vengan a hablar de violencia, porque los muertos los seguimos poniendo nosotros. La zona liberada es responsabilidad de la policía de Río Negro; o la liberaron o son ellos«, sentenció con respecto al ataque mortal que desató el grupo de individuos que ingresaron a Cuesta del Ternero. También expresó que hay «discurso de odio del gobierno provincial» a cargo de Arabela Carreras, y agregó: «que no le echen la culpa a la justicia, porque ellos la dominan; hace lo que la gobernadora dice. No quieren sentarse al diálogo y permiten estas cosas. La responsabilidad política es innegable, tanto del gobierno provincial, que se niega a dialogar, quiere resolver las cosas a los tiros y no reconoce una comunidad, como del nacional, por ser tan tibio en esta situación. La Secretaría de Derechos Humanos, con una denuncia en la Comisión Interamericana, no intervino. Esperó a que haya un muerto», remarcó, por lo que consideró que «hay una responsabilidad doble», del gobierno provincial y el nacional.

En este marco, la Lof Quemquemtrew convocó a una conferencia de prensa online urgente desde las 13.20 para dar a conocer la situación actual del conflicto, que será transmitida por la plataforma Zoom, de la que participarán Mauro Millán, longko de Pillañ Mawiza y Nelson Ávalos por la APDH Regional Noroeste de Chubut. El link para participar es https://us02web.zoom.us/j/87121135229 y la ID de reunión: 871 2113 5229.

Al cierre de esta nota, también se anunciaban convocatorias improvisadas en repudio al ataque a la Lof Quemquemtrew.

Hoy por la mañana organizaciones de pueblos originarios, sociales, políticas, sindicales, ambientalistas y de derechos humanos convocaban a concentrar desde las 10 en el acampe que llevan adelante las Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA (OPINOA) frente al Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires, para repudiar el asesinato de Elías Garay: «comienzan los desalojos y muertes, a horas del vencimiento de la Ley 26.160», alertan sobre la ley que fue prorrogada por el gobierno nacional por otros cuatro años a través del decreto 805/2021, y que las organizaciones originarias reclaman que sea aprobada como ley por el Congreso.

Asimismo, se convocaba a una movilización para hoy a las 20 en la Plaza Rivadavia de la localidad bonaerense de Los Toldos, en repudio al ataque, convocada por la Lof Epu Lafken y la Comunidad Ñuke Mapu.

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Red Ajmaq

Ataque armado y quema de la secundaria Autónoma Zapatista de Moisés y Gandhi por paramilitares de la Orcao

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. A 21 de noviembre de 2021.

A los Pueblos del Mundo
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencias y Rebeldías

Como Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona denunciamos el cobarde ataque armado que sufrieron nuestras compañeras y compañeros Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), de la comunidad Autónoma Moisés y Gandhi, perteneciente a la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, por parte de los paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

Los paramilitares de la ORCAO de la comunidad San Antonio Las Flores, que a la vez están dentro de la Región Siete de Febrero, a las 10 de la mañana hicieron recorrido para revisar tuberías de agua, solo unos momentos estuvieron revisando y empezaron a disparar desde diferentes puntos hacia la comunidad de Moisés y Gandhi.

Así estuvieron disparando de manera intermitente, varios disparos de alto calibre impactaron en tres casas de la comunidad poniendo en riesgo a las BAEZLN de la comunidad.

Continuó el ataque armado y a las 4.30 de la tarde, un grupo de los paramilitares se acercó hasta la Escuela Secundaria Autónoma Zapatista “Siguiendo el Caminar de los 2 Mártires” de la comunidad y prendió fuego a tres aulas quemándose al instante. Cabe recordar que la Escuela Autónoma el 14 de octubre sufrió un ataque armado por parte de la ORCAO, el día de hoy cumplieron su amenaza y su intento de acabar con la educación autónoma.

Este grupo de paramilitares han llevado a cabo acciones al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo donde gobierna el mal llamado Partido Verde (apéndice del PRI y que le hace el juego sucio a Morena), en donde su principal líder es funcionario del municipio. Actúan cobijado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas a cambio de los votos que le dio el Partido Verde para llegar a la gobernatura de Chiapas. Favor con favor se paga.

Entre las acciones que han llevado a cabo y se han denunciado públicamente, sin embargo han quedado en total impunidad: el saqueo, robo y quema de la tienda el Arco Iris el 22 de agosto de 2020, ubicada en el crucero Cushuljá, municipio de Ocosingo.

El día 8 de noviembre de 2020 la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva denunció “el secuestro y tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés y Gandhi, por parte de la organización paramilitar llamada ORCAO.”

El día 11 de septiembre de 2021 el grupo paramilitar secuestró a dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno a José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, manteniéndolos en calidad de desaparecidos hasta el día 19 de septiembre.

Ante los hechos realizados por los paramilitares de la Orcao, la complicidad del gobierno municipal del Verde, el Estatal y Federal de Morena,

Exigimos:

Cesen de inmediato las agresiones contra la comunidad autónoma de Moisés y Gandhi,

Basta de la contrainsurgencia contra las comunidades zapatistas iniciadas con el PRI, continuadas con el PAN e implementadas ahora con Morena.

Respeto a las Autonomías que construye el EZLN en su territorio rebelde.

¡¡¡Abajo y a la Izquierda está el Corazón!!!
¡¡¡No están solas, solos!!!

Red de Resistencia y Rebeldía
Ajmaq

Fuente: Red Ajmaq

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London Mexico Solidarity

Nuestro viaje fue como una odisea

Por Isabel Cortés

Isabel Cortés vive en Londres y es parte de los colectivos Chile Solidarity Network y Bordando por la Memoria. También colabora con el sindicato United Voices of the World (Voces del Mundo Unidas).

Photo: Zapatista Solidarity Network

Nuestro viaje fue como una odisea.

El trayecto duró una hora y tomamos tres trenes para llegar a nuestro destino.

No dormí mucho la noche anterior. Tenía esa sensación familiar de cuando estoy a punto de llegar a un entorno repleto de amor en el cual uno se siente acogido. Me parece que tuve ‘the channels’, que según el camarada Mcintosh, es una sensación que los marineros tienen antes de comenzar una travesía. 

Pelusa y yo llegamos temprano, primera y segunda generación juntas, sentadas lado a lado, caminando codo con codo, riendo y hablando; y aunque haya 30 años de diferencia entre nosotras, estamos unidas porque las mismas circunstancias revolcaron nuestras vidas, como revolcaron y siguen revolcando la de tantos otros.

Estábamos camino a un evento que sabíamos que iba a ser una experiencia de aprendizaje y al que, definitivamente, era un gran privilegio asistir. Precisamente íbamos comentando esto en nuestro trayecto.

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Avispa Midia

Armas ilegales de la alemana Heckler & Koch fueron usadas en Ayotzinapa

Por Avispa

Las fuerzas de seguridad pública estatal y federal que atacaron a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa en la noche del 26 de septiembre de 2014, en connivencia con el crimen organizado, utilizaron fusiles exportados ilegalmente a México por la empresa alemana Heckler & Koch, fabricante de pistolas, fusiles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas. “De acuerdo con los permisos oficiales alemanes, estos nunca debieron haber llegado a Guerrero”, sostienen siete organizaciones de derechos humanos, de México y Alemania, en un informe publicado este mes.

El documento se basa en las conclusiones del Tribunal Federal de Justicia de Alemania (BGH, por sus siglas en alemán) en su sentencia, dictada en marzo de 2021, en el caso Heckler & Koch sobre exportación ilegal de armas.

De acuerdo con las conclusiones del tribunal alemán, la licencia para la exportación de más de 4,200 rifles de asalto de la empresa a México se obtuvo porque se presentaron declaraciones de usuario final falseadas.

Los certificados de usuario final son un elemento utilizado por el gobierno alemán para el control de las exportaciones de armas en Alemania y en Europa. Documentan, ante las autoridades encargadas de autorizar las licencias, donde serán utilizadas esas armas. En este caso, el gobierno alemán había considerado crítica la situación en varios estados mexicanos, y había prohibido las exportaciones de armas hacia ellos, siendo Guerrero uno de ellos. Sin embargo, los rifles acabaron allí.

Dos empleados de la empresa enfrentan penas en régimen de libertad condicional y multas por la exportación ilegal de fusiles de asalto G36 a México. El tribunal los consideró responsables de aportar los datos falsos. La empresa debe pagar más de 3 millones de euros.

Las organizaciones subrayan que, además de los 4,200 fusiles de asalto exportados de forma ilegal, se exportaron miles de fusiles más a otras regiones de México, las cuales el gobierno alemán considera seguras. “La exclusión de solamente algunos estados mexicanos especialmente conflictivos es más que cuestionable desde la perspectiva de los derechos humanos. Si se hubieran tenido en cuenta la situación de violencia, violaciones de los derechos humanos, corrupción e impunidad imperantes, México en su conjunto nunca debería haber recibido armas”, dicen en su informe.

Al día de hoy, Alemania no cuenta con instrumentos jurídicos adecuados que permitan revisar decisiones gubernamentales cuestionables, autorizando exportaciones de armas, dice el informe. “Una nueva Ley de Control de la Exportación de Armas debe contener criterios claros y estrictos indicando la forma en que el gobierno federal debe justificar sus decisiones de exportación. Dicha ley debería otorgar a las asociaciones el derecho de interponer demandas contra las decisiones de exportación, ofreciendo la posibilidad de que estas puedan ser examinadas”, defienden.

Desaparición forzada

El caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa muestra la terrible realidad de México: miles de personas han sido víctimas de desaparición forzada en los últimos años. Según las cifras oficiales, el número supera ya los 90,000. En muchos casos, las fuerzas de seguridad del Estado están directa o indirectamente implicadas en los hechos. Los delitos no suelen ser investigados judicialmente con lo que se desconoce el paradero de las personas desaparecidas y los autores de estos delitos no son castigados. La impunidad resultante se perpetúa ya que las víctimas de las numerosas fosas comunes no son identificadas.

El informe fue realizado por las siguientes organizaciones: Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel! (Grito a la acción – ¡detengan el comercio de armas!), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Coordinación Alemana por los derechos humanos en México, Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos, Academia protestante Bad Boll, Global Net – Stop the Arms Trade (Red Global – detengan el armamento) y Ohne Rüstung Leben (Vivir sin Armas).

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Frayba

Organizaciones civiles de Chiapas expusieron a embajadores/as de la Unión Europea las principales problemáticas en el estado


San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
16 de noviembre de 2021
PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Del 11 al 13 de noviembre, varias Embajadoras, Embajadores y personal de Embajadas de países miembros de la Unión Europea visitaron Chiapas y su primera reunión fue con personas defensoras de derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil, agradecemos esta primera visita.

En dicha reunión, quienes estuvimos participando les expresamos nuestra preocupación con respecto a:

  • La extrema marginalización económica, social y política, misma que se ha visto agudizada por la pandemia de COVID-19, en particular en el acceso a la salud y la educación.
  • La debilidad institucional en el estado y los niveles de violencia en las elecciones de junio pasado (treceavo Estado con más casos de asesinatos de políticos; no se instalaron 232 casillas; simulación en la paridad de género y en los distritos electorales federales reservados para indígenas; participación de la delincuencia organizada en el financiamiento y el nombramiento de candidatos).
  • La impunidad y la dificultad para acceder al aparato de justicia: subrayamos el uso sistémico y sistemático de la tortura y la ausencia de sentencias condenatorias por este delito en los casos que se han denunciado; el impacto de la pandemia de COVID-19 y el preocupante indicador que representan los asesinatos del defensor Simón Pedro Pérez y el fiscal Gregorio Pérez Gómez en julio y agosto, del presente año.
  • La remilitarización del Estado, que ha implicado el cierre de la frontera Sur desde 2019 con más de 11 mil efectivos federales desplegados. Eso en un estado de por sí fuertemente militarizado desde los 90 a raíz del levantamiento armado. Justamente esta experiencia de varias décadas, genera mucha preocupación a que se siga fomentando la prostitución, se acentúe el alcoholismo y el consumo de drogas, y se generen más violaciones a derechos humanos y divisiones comunitarias.
  • Además, vemos que a pesar de la militarización masiva y prolongada, no se está logrando detener el aumento de la violencia por la actuación cada vez más descarada de la delincuencia organizada.
  • Las desapariciones pasadas y presentes. El reporte del primer semestre de 2020 arrojó, en este sentido, una cifra de 2,332 personas.
  • El desarrollo de grandes proyectos estratégicos o sociales sin tomar en cuenta la voz de las comunidades indígenas cuyos territorios se encontrarán afectados.
  • La discriminación histórica y estructural que ha resultado en la marginación y pobreza multidimensional de los Pueblos Indígenas, así como en un continuum de violencias y violaciones graves a los derechos humanos de esta población sin que se de atención a las mismas. Su perpetración proviene tanto del Estado como de los agentes del crimen organizado, que cada vez están dentro de las estructuras de la organización socio comunitaria y del mismo Estado. De los 90s a la fecha la impunidad ha sido una constante. Reconocer a los Pueblos Indígenas como sujetos de derecho público sigue siendo una asignatura pendiente, incluido el derecho a veto, como muestra de su derecho a la libre determinación.
  • El desplazamiento forzado masivo sin que se atienda el fondo esta problemática, ya que, hasta la fecha hay cerca de 14,776 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas ligado a la violencia por grupos armados. Por parte del gobierno de México, a las personas desplazadas se ofrece ayuda humanitaria insuficiente y convenios temporales de paz, como acción mediática que no atienden las causas estructurales de las diferentes expulsiones forzadas que han vivido las comunidades de la zona Altos y Norte de Chiapas que en los últimos años han generado entornos torturantes porque victimizan y revictimizan a los sujetos, con impacto psicosociales graves por lo que no permiten la cotidianidad de la cultura comunitaria de los Pueblos Originarios, y por consecuencia obstruyen los proyectos de vida.
  • La agravación de la violencia hacia la infancia: Los feminicidios de niñas y adolescentes han incrementado desde el 2016, la mayoría de los casos están impunes y casi la mitad son indígenas; en 2020, 10 niñas fueron asesinadas. En 2021 tenemos una cifra récord en el número de desapariciones de niñas, niños y adolescentes (565), lo cual significa que cada 2 días desaparecen 3 de ellos. En Chiapas se concentran casi 65 mil niñas, niños y adolescentes en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos.
  • La situación de riesgo a la cual están expuestas las personas defensoras de derechos humanos: particularmente se hizo referencia a las agresiones de las cuales han sido víctimas las personas defensoras de la tierra y el territorio, de migrantes y medioambientales. Frente a ello, se expuso que la respuesta del Estado tanto federal como chiapaneco no ha sido suficiente para garantizar el ejercicio de la defensa de derechos humanos en un entorno seguro y propicio. Por lo que se considera indispensable contar con una política pública integral para personas defensoras y periodistas con amplia participación de la sociedad civil.
  • La agravación de la violencia contra personas defensoras: Una de las personas defensoras dio testimonio de su trabajo, especialmente de las acciones que realiza para lograr una paz sostenible. También expuso los graves riesgos a los cuales está expuesto por lo mismo.
  • Vulnerabilidad de los defensores del medio ambiente, ejemplificando esta situación las personas defensoras de los humedales de montaña en San Cristóbal de Las Casas. A pesar de ser reservas ecológicas, se encuentran bajo fuerte amenaza por la expansión de la mancha urbana y a pesar de representar el 70 % del agua potable de la ciudad. Desde 2018, se han interpuesto más de 60 denuncias ante distintas autoridades. Mientras tanto los defensores ambientales han sufrido múltiples agresiones por grupos de choque que invaden y destruyen el patrimonio natural de San Cristóbal.
  • El incremento de la violencia hacia las mujeres: la violencia estructural ya que no está garantizado su derecho a la tenencia/uso/usufructo de la tierra con lo que quedan excluidas de todo proceso de información y toma de decisiones sobre problemáticas que afectan la vida comunitaria; las dificultades para gozar de derechos básicos como salud, educación y alimentación; el aumento de la violencia doméstica, de los abusos y violencia sexual, y de los feminicidios (de enero a septiembre del 2021, 160 muertes violentas y 57 feminicidios); trata de personas, tráfico y corrupción de menores e incremento de hostigamientos y amenazas a mujeres defensoras del territorio; impunidad y naturalización de la violencia de género por parte de las autoridades.
  • Políticas cada vez más restrictivas de derechos hacia la población migrante, a través de la detención, contención, represión, y deportación de personas en movilidad sin reconocer sus necesidades de protección internacional ya que un número creciente de personas migra por la violencia, la pobreza extrema, desastres climáticos y crisis económicas agravadas por los impactos de la pandemia. Se observa que la externalización de las fronteras y la militarización de las mismas, implica mayores riesgos a la seguridad de las personas que buscan protección y vida digna, encontrándose en México con la corrupción e inoperancia de los programas e instituciones que deberían atenderlas.
  • Dificultades crecientes en materia de libertad de expresión, ante el incremento del impacto de los grupos de la delincuencia organizada; se han documentado agresiones, amenazas (físicas y en redes sociales), presiones, intentos de soborno, y muchos casos no se denuncian por temor a represalias. Ello ha provocado que se creen zonas de silencio y autocensura.

Además de las principales problemáticas, las y los participantes plantearon una serie de propuestas para ser atendidas por el Estado mexicano y la Unión Europea (Lee el documento completo aquí)

Nuevamente agradecemos el interés expresado por las Embajadas en su visita y valoramos positivamente que en la conferencia de prensa que sostuvieron en Tuxtla Gutiérrez el 12 de noviembre,se hayan referido a la existencia de varias problemáticas y a la necesidad de seguir avanzando en temas de derechos humanos (defensores de derechos humanos y periodistas, derechos de la niñez, de las mujeres y de los migrantes, desplazamiento forzado interno, tortura, medioambiente e impactos negativos de la militarización). Esperamos puedan dar seguimiento a lo abordado desde las prioridades que ratificaron en aspectos de derechos humanos, paz, desarrollo sostenible y crisis climática.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas-Frayba

Servicio Internacional para la Paz-SIPAZ

Servicios y Asesoría para la Paz-SERAPAZ

Movimiento Sueco por la Reconciliación-SweFOR

P. Marcelo Pérez Pérez

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova

Melel Xojobal

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, CDMCH

Red Ambiental del Valle de Jovel

Ángeles Mariscal, Periodista de Investigación

Descarga el documento completo entregado a los embajadores/as de la Unión Europea

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Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

Extorsión y amenazas a compañera y compañeros autoridades de Acapulco, Guerrero

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Congreso Nacional Indígena.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las Redes de Resistencia y Rebeldía.
A los medios de comunicación libres.

A lo largo de nuestra lucha por la vida y desde que nos constituimos como CIPOG-EZ, nos hemos cruzado con individuos, colectivos y organizaciones que apoyan nuestro andar, que simpatizan con nuestro caminar y nos acompañan.

Pero con profundo coraje nos damos cuenta que el mal gobierno y el crimen organizado no solo atacan a nuestra organización, sino que en éste afán de golpearnos por todos los flancos posibles para debilitarnos, también van atacando, extorsionando y amenazando a aquellos que apoyan y acompañan nuestro andar.

El día de ayer 13 de noviembre, entre las 2:30 y 3:30 de la tarde, se amenazó y extorsionó a tres autoridades pertenecientes a Llano Largo, Lomas de Chapultepec y Barra Vieja, del Municipio de Acapulco. La persona dijo llamarse José Luis González Valencia llamó del número 7442626162 y mencionó que la actual presidenta de Acapulco, Abelina López Rodriguez come de sus manos, seguido de pedir 90,000 pesos como una cuota que duraría solo 7 meses y amenazar con matar a los familiares de nuestros compañeros y compañera si se negaban a pagar.

Sabemos que esta acción no es casualidad, que fue una acción planeada y precisa de intimidación. La denuncia y todas las pruebas de audios, número y nombre ya se presentó a la Fiscalía de Guerrero, la cual muestra claramente una complicidad innegable ante su forma de retrasar y minimizar la denuncia.

Hacemos responsables de esta extorsión y amenaza, así como de todo aquello que les pueda pasar a nuestros compañeros, compañera, a sus familiares y comunidades, a la Presidenta Municipal de Acapulco, Abelina López Rodriguez, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, Evelio Méndez Gómez y a la gobernadora Evelyn Cecia Salgado Pineda.

Quienes no sólo son culpables por no hacer nada ante la violencia que se vive en Guerrero, sino también por ser cómplices y formar parte de aquellos que atacan, torturan, acechan, disparan y asesinan a integrantes de nuestra organización; y ahora también amenazan y extorsionan a aquellas personas que nos acompañan.

Exigimos que la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía de Guerrero, por una vez hagan su trabajo y encuentren a los responsables.

Llamamos al pueblo de Acapulco y a los medios de comunicación a alzar la voz, justamente para evitar lo que quiere la Presidenta Municipal, Abelina López Rodriguez, que es callarlos y negar la violencia que viven. Pero principalmente, los llamamos a organizarse pues solo así se le puede hacer frente al mal gobierno que pacta con el crimen organizado.

Atentamente
Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata

14 de noviembre de 2021

radio
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba)

Pronunciamiento conjunto: Quince años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

Conmemoración de los 15 años de la Masacre en las oficinas de la Coordina Xi’nich, Palenque Chiapas. Foto: CDH Frayba

Palenque, Chiapas, México
13 de noviembre de 2021

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO
Quince años de impunidad de la Masacre de Viejo Velasco

  • Estado mexicano responsable por acción y omisión de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado
  • La fuerza de nuestro corazón y nuestra conciencia seguirá caminando en la búsqueda y exigencia de justicia verdadera, no nos vamos a cansar.

El día de hoy, reunidos en las oficinas de la Coordinadora de Organizaciones Sociales Indígenas, quienes conformamos el Comité de Defensa de la Libertad Indígena CDLI-XI’NICH’, Tsoblej yu’un Wokoltik y UCISECH ubicado en el municipio de Palenque, Chiapas, México, damos a conocer nuestra palabra como pueblos mayas Tseltal, Ch’ol y Zoque, así también organizaciones que acompañamos de manera presencial y desde el corazón exigiendo Verdad y Justicia.

Hoy se cumplen 15 años de impunidad en la Masacre de Viejo Velasco. Hasta hoy, continúan desaparecidos los ancianos Mariano Pérez Guzmán y Antonio Peñate López que tenían el cargo de principales de nuestra iglesia comunitaria. Por lo que preguntamos: ¿dónde están? ¿a dónde se los llevaron? ¿qué les han hecho?, además 36 personas de la comunidad aún se encuentran en desplazamiento forzado, sin garantías mínimas para su retorno, sin ninguna atención por parte del Estado mexicano.

Frente a la impunidad, el Estado mexicano continúa cometiendo graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas que defendemos nuestros territorios. No olvidamos que el 13 de noviembre de 2006, aproximadamente a las 6:00 horas, alrededor de 40 civiles armados más 300 elementos de la Policía Sectorial de Chiapas ingresaron violentamente a la comunidad de Viejo Velasco, acompañados de funcionarios de otras dependencias del estado de Chiapas y de la federación responsables de las ejecuciones, desapariciones y desplazamiento forzado. En su  momento el terror invadió nuestra comunidad, pero hemos logrado mantener nuestra lucha y organización.

La responsabilidad de funcionarios públicos no se ha investigado, entre ellos se encuentran Vicente Fox expresidente de México, Pablo Salazar ex gobernador de Chiapas y Mariano Herrán Salvatti ex procurador de justicia (fallecido en 2017) que hasta hoy se encuentran gozando de una completa impunidad. El 25 de septiembre de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso y aprobó el Informe de Admisibilidad No. 264/20.

En este acto conmemorativo hacemos presente a:

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radio
Prensa Comunitaria

El Estor: las dos caras del estado de sitio

Por Paolina Albani y Francisco Simón Francisco

La presencia del Ejército y de la policía solo ha devuelto la calma a los mineros. Los camiones de la mina rusa, cargados de carbón, ferroníquel y otros materiales, transitan por las calles del municipio con libertad y son custodiados por la misma policía que acosa a los comunitarios y que, días antes, les lanzó bombas lacrimógenas y allanó sus casas con vehículos blindados. Para los defensores del territorio no hay paz, únicamente miedo y ese parece ser uno de los objetivos del Gobierno.

El 24 de octubre, el Gobierno de Alejandro Giammattei impuso sin muchos miramientos un estado de sitio en El Estor, Izabal, un municipio caribeño de habla Q’eqchi’ al nororiente del país, con la promesa de “devolver el orden y la paz” a la comunidad, luego de que los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi´ realizaron una manifestación pacífica que duró 20 días para defender a las montañas y al Lago de Izabal de las consecuencias de la minería a manos de CGN-Pronico. Exigían su derecho a ser incluidos en el proceso preparatorio para la consulta libre, previa e informada, ordenada por la Corte de Constitucionalidad.

***

El 6 de noviembre, periodistas de varios medios de comunicación arribaron al municipio para documentar la vida de El Estor bajo el estado de sitio como parte de la caravana “Caravana a El Estor”, en la que también viajaban artistas y activistas, quienes hicieron actividades lúdicas. Han pasado dos semanas desde que las fuerzas armadas y la policía se instalaron en el lugar. Dos retenes instalados en la entrada a El Estor son algunos de los puestos de control encontrados en el camino a las comunidades. No hay un desborde de presencia policial como lo hubo previamente, pero las patrullas mantienen la vigilancia.

Al entrar al municipio, en las calles hay calma, sobre todo para los camiones de la mina, conocidos como “góndolas” y custodiados por patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) en su salida con destino al Puerto Santo Tomás de Castilla. En un período de dos horas, 22 de ellos salieron del municipio y fue fácil detectarlos por los ruidos y el temblor que generaban a su paso.

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radio
Avispa Midia

Chiapas al borde de la guerra Civil

Por Vanessa Garcìa Navarro

Foto portada: Santiago Navarro F.

Hace un par de meses (19 de septiembre) el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) lanzó un comunicado en el cual divulgaba sobre el secuestro de dos zapatistas – Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, autoridades Autónomas de la Junta del Buen Gobierno de Patria Nueva -, orquestado por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Por ocho días ambos hombres fueron privados de su libertad hasta que, gracias a la presión de párrocos de San Cristóbal y Oxchuc, la movilización de organizaciones de derechos humanos y la difusión nacional e internacional sobre el agravio, fueron liberados. Este fue un hecho que comenzó a extinguir la paciencia y que evidenció la brutalidad vivida al Sur del país.

Las noticias sobre ataques paramilitares, atentados y secuestros en contra de los miembros y familias del EZLN en Chiapas se vuelven cada día más constantes y violentas. Aunque para algunos podrían parecer eventos aislados y recientes, en realidad existe una historia de criminalidad que se gesta desde hace décadas y los acontecimientos se tejen entre sí. Como se revela en el comunicado del EZLN, la ORCAO está en coalición con el gobierno, que alienta a la violencia y muerte en un estado que poco a poco es devorado por la paramilitarización, el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

Días después de publicarse el comunicado, se llevó a cabo un conversatorio transmitido en “La Comuna” – un programa de difusión política, de acompañamiento en la defensa del territorio-, organizado por la Red Universitaria Anticapitalista, en el cual participaron los miembros de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, Diana Itzu y Rigoberto Albores, y el columnista de la “Jornada”, Luis Hernández Navarro, para ahondar en la temática.

El antecedente

Ocosingo, municipio chiapaneco ubicado en la frontera ente México y Guatemala, es un territorio de interés para el gobierno, pues es una de las zonas en donde se planea asentar el Tren Maya, además de ser un área en la que se ha implementado el proyecto del gobierno federal “sembrando vida”. Dentro de Ocosingo se localizan tanto Nuevo San Gregorio, sede del caracol zapatista 10, como en Moisés Gandhi, hogares de familias del EZLN que se dedican a la agricultura, tejido en telares, carpintería y alfarería para subsistir. Los habitantes de estas localidades se consideran a sí mismos guardianes del territorio, no dueños, y por ende aprovechan los recursos para subsistir en lugar de lucrar.

Los pobladores de Ocosingo se enfrentan constantemente a las intimidaciones y ataques armados de la ORCAO. Aunque en un principio la relación entre las comunidades del EZLN y la ORCAO fue relativamente pacífica, con el pasar de los años la ORCAO comenzó a adquirir matices paramilitares y a acosar a los cohabitantes de la región.

Las tácticas

La táctica de la ORCAO consiste básicamente en destruir las bases económicas de las familias zapatistas, quemando sus cultivos, allanando sus cooperativas y destruyendo sus plantas medicinales, aunque eso no es todo. Según los testimonios de los participantes del conversatorio, las familias zapatistas están secuestradas en sus propios hogares, constantemente amedrentados por ráfagas de balas que les impiden salir de sus hogares a buscar alimento, agua, acudir a las escuelas o a las clínicas. Dolorosamente, el escenario en las casa es igual o aun más fatídico, dado que las paredes de los hogares no rivalizan con la potencia de los disparos. “Los niños duermen con las botas de hule puestas”, en caso de que se inicia un tiroteo, pero ¿a dónde ir? No parecen existir lugares seguros para ellos.

Pese a que la ORCAO es perpetrador de violencia psico-socio-emocional y física hacia poblaciones enteras, sin importar si niños salen heridos, ellos han adoptado una postura en la cual se victimizan, calumniando y difamando a las familias del EZLN.

Las constantes

El patrón observado por los invitados de “La Comuna” es que cada vez que el EZLN realiza anuncios de acciones de peso político sucede algún ataque en contra de la comunidad chiapaneca del EZLN. Un ejemplo de ello es que Lázaro Sánchez Gutiérrez y Victórico Gálvez Pérez, activistas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, fueron secuestrados el 12 de abril, apenas unos días antes de que zarpara en Europa el escuadrón 421, contingente marítimo de la gira zapatista por la vida en Europa.

Otro ejemplo es que los secuestros de Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez se suscitaron a la brevedad de la partida de “la extemporánea”, segundo contingente de la gira por la vida.

Como remarca Hernández Navarro, “no son hechos aislados, son parte de una matriz, el modelo regional de dominio está reventando por todos lados y tiene que ser enfrentado como una situación de conjunto y no como hechos aislados”.

Apenas el 14 de octubre sucedió otro terrible ataque por parte de la ORCAO. Individuos fuertemente armados que a menos de 30 metros de los hogares de las familias zapatistas se dispusieron a abrir fuego. Ninguno de los tres niveles de gobierno se muestra interesado en actuar. El trabajo colectivo ha sido el pilar en el cual se sustenta la fortaleza de la comunidad, reforzado por el interés internacional que ha alzado la voz al ver tremenda injusticia e indiferencia.

radio
Asamblea de Solidaridad con Mèxico

ORGANIZACIONES EUROPEAS EXIGEN EL ALTO A LA VIOLENCIA PARAMILITAR EN MAGDALENA ALDAMA, ESTADO DE CHIAPAS. La Voz del Pueblo de Magdalena Aldama, Chiapas: “Somos un pueblo que vive bajo la lluvia de disparos”

Luis Enrique Aguilar

ORGANIZACIONES EUROPEAS EXIGEN EL ALTO A LA VIOLENCIA PARAMILITAR

EN MAGDALENA ALDAMA, ESTADO DE CHIAPAS.

El presente comunicado será enviado a las autoridades mexicanas a nivel federal y del Estado de Chiapas, así como a los medios de comunicación.

Las organizaciones abajo firmantes exigimos el alto a la violencia y a las amenazas paramilitares en las comunidades de Magdalena Aldama en el Estado de Chiapas y la libertad incondicional para Cristóbal Santiz Jiménez.

La organización La Voz del Pueblo de las comunidades de Magdalena Aldama ha denunciado en octubre de 2021 que viven “bajo la lluvia de disparos por los grupos armados de corte paramilitar de Santa Martha del municipio de Chenalho”. Las comunidades señalan que la violencia responde a un conflicto territorial: “Las 60 hectáreas nos han pertenecido al pueblo de Magdalena Aldama ancestralmente. Dentro de las 60 hectáreas vivían 7 familias que en 2016 fueron despojados y amenazados a puntas de armas de fuego y fueron refugiados en las diferentes comunidades del municipio de Aldama. En el año de 2016, se activó el grupo armado paramilitar que opera en Chenalho”. De hecho, el Tribunal Agrario en 1997 resolvió la posesión a favor de los 115 comuneros de Aldama, acuerdo que no se respetó.

Desde el inicio del año 2020 y 2021 las agresiones armadas han ido aumentando de intensidad hacia sus comunidades afectando a 12 comunidades y a alrededor de 5000 personas; mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos y hombres, que han sido afectados y victimas de estas agresiones.

En el mes de octubre, estas agresiones continuaron a diario aún habiendo intervenido las autoridades de los tres niveles, pero parece ser, señala la organización “que es una guerra que nadie hace caso. El día domingo 10 de octubre de este año, un grupo de personas pertenecientes a Sector Santa Martha Chenalho, pusieron un ultimátum al gobierno estatal (el día 12 de octubre) para solucionar esta problemática” A mediados del mes de octubre ya habían ocurrido 203 ataques directos hacia 9 comunidades de Magdalena Aldama: Xuxch’en, Coco’, Tabac, San Pedro Cotzilnam, Yeton, Ch’ivit, Stzelejpotobtik, Juxton y la Cabecera municipal de Aldama, siendo ataques directos hacia las casas en donde hay ahora casquillos de bala, láminas rotas, carros y máquinas con impactos de bala.

Como pueblos indígenas señalan que seguirán “resistiendo ante el colonialismo y las amenazas. Decimos ya basta y hacemos responsables a los tres niveles de gobiernos si nos llega a pasar algo de nuevo, así como pasó con nuestros compañeros Pedro Lunez Pérez y Domingo Santiz Jiménez miembro de EZLN, que fueron asesinados cobardemente (…) y exigimos una justicia verdadera”.

Además exigen la liberación inmediata e incondicional de su compañero y hermano Cristóbal Santiz Jiménez.
Aquí se puede consultar el comunicado completo: https://radiozapatista.org/?p=40160

LAS ORGANIZACIONES FIRMANTES A CONTINUACIÓN, APOYAMOS EL COMUNICADO DE LA VOZ DEL PUEBLO DE MAGDALENA ALDAMA Y NOS SUMAMOS A SUS EXIGENCIAS.

Asambea de Solidaridad con México. País Valencià, Estado Español
Asociación Entreiguales. València, Estado Español.
Ass. Cafè Rebeldía-Infoespai Catalunya
Campaign for Psychiatric Abolition (CPA) England, London
Canopia Coop. V. Almedíjar, España
Caravana obrim fronteres Valencia España
Ca Saforaui. País Valencià.
Casa Nicaragua Bélgica, Liège
Citizens Summons Alemania, Bonn
Ciudades Invisibles – Universidad del mar Egeo Grecia
Colectivo Acción Solidaria Austria, Viena
Comité de Solidaridad México Salzburgo Austria, Salzburgo
COOPERAZIONE REBELDE NAPOLI ITALIA
Ermuko komite internazionalistak Ermua País Vasco
Gira por la Vida Viena Austria, Viena
Groupe écosocialiste de solidaritéS Ginebra Suiza
Grupo CafeZ Bélgica, Liège
Jornal MAPA Portugal
KOMUN.ORG Estado Espanyol
la milpa orto collettivo italia
La Roue Libre Suiza
libero mondo italia
London Mexico Solidarity Londres – Reino Unido
Perifèries del Mon País Valencià
Rede de Apoio Mútuo do Porto Porto, Portugal
spazio vitale odv. italia
Taller Ahuehuete. Estado Español.
Tatawelo Italia
Taula per Méxic Catalunya
TxiapasEKIN Euskal Herria

Luis Enrique Aguilar
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