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Riesgos a la población de la Región Frontera de Chiapas ante la omisión estatal

Fecha:14 Sep 2023

Llamamos a asegurar la vida e integridad frente al control de grupos criminales

A más de tres meses del enfrentamiento armado entre grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, y comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa, aún no existe un plan integral de atención por parte del Estado mexicano que garantice la vida y seguridad de la población civil de esa, y otras comunidades de la región.

Desde el 7 de julio de 2021, después del asesinato en la capital del estado de Chiapas de una persona vinculada a uno de los grupos criminales, iniciaron los enfrentamientos en diversas regiones. Se tomó paulatinamente el control territorial de la región frontera, particularmente del corredor frontera-centro[1].

Las amenazas, extorsiones, secuestros, la desaparición de líderes y autoridades comunitarias, la cooptación e integración forzada de diversas organizaciones sociales, campesinas, de transportistas y comerciantes, se han convertido en constantes y cotidianas.

El enfrentamiento en la comunidad de Lajerío entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, fue equiparable a una “guerra”: detonaciones de armas de alto calibre, explosiones de granadas, drones artillados y otros artefactos explosivos, así como el uso de vehículos “monstruos” blindados. Inició la mañana del 23 de mayo, después de la desaparición de autoridades ejidales un día antes; duró alrededor de cuatro días sin intervención alguna del Estado, y fue hasta el 30 de mayo que hubo presencia de la Guardia Nacional y del Ejército en la zona.

Estos hechos provocaron que alrededor de 3,500 personas se desplazaran forzadamente de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, su seguridad e integridad personal. En este contexto también ocurrió la muerte de un adolescente de 14 años por una bala perdida que entró por el techo de lámina de su domicilio. Además, la interrupción de la vida cotidiana de la población con el cierre intermitente de escuelas, comercios y de los servicios de salud y de transporte, ha implicado daños al patrimonio y medios de vida de las familias, poniendo en riesgo su seguridad alimentaria e impactando profundamente en la salud física y mental de las personas, que viven en constante temor de nuevas agresiones.

Después de los enfrentamientos, los grupos criminales limpiaron evidencias y levantaron casquillos, armas y cuerpos de personas heridas y sin vida. Hasta después de estos sucesos, alrededor de 1, 500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército mexicano y Policía Estatal llegaron al territorio. Hasta la fecha, no hay ninguna persona detenida; su presencia tampoco ha implicado que los grupos de la delincuencia organizada paren sus actividades ilícitas, pues las extorsiones y las amenazas continúan.

Posterior a la guerra de los 4 días, se ha expandido este conflicto hacia comunidades y ejidos de otros municipios, como Chicomuselo y La Trinitaria, en los que la delincuencia organizada llega a ofrecer proyectos y protección, para continuar creciendo su control territorial. También, es notorio que lejos de estarse resolviendo los conflictos y estableciéndose bases para la paz, se siguen permitiendo las condiciones para el crecimiento y expansión de estos grupos delictivos.

En las últimas semanas se han presentado bloqueos, retenes, agresiones y enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en los municipios de Chicomuselo y Siltepec, Frontera Comalapa, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla, Bella Vista, La Concordia, Villacorzo y El Parral; además de un aumento en la presencia de personas armadas en la región. Todo esto no hace más que mantener vigente la agudeza de la violencia en la región así como la responsabilidad del gobierno Federal y el de Chiapas en ser omiso en presentar rutas de atención duradera a las problemáticas.

La población, que se encuentra en medio de la violencia desde hace más de 2 años, actualmente vive secuestrada por los grupos delincuenciales: la circulación de personas y vehículos está controlada a través de retenes y bloqueos que se colocan en los caminos; hombres adolescentes, desde los 13 años, son reclutados para actividades de halconeo (vigilancia y recolección de información); mujeres jóvenes de la localidad y de países centroamericanos son víctimas de trata y explotación sexual. Con la presencia de los grupos delincuenciales se ha incrementado también el narcomenudeo y el consumo de drogas entre jóvenes; sin programas ni espacios educativos, recreativos o deportivos, las “opciones” son desplazarse o incorporarse forzadamente a las actividades ilícitas.

Existe un intento de total sometimiento y silenciamiento de la población, la cual está constantemente amenazada, en medio de la complicidad de autoridades municipales, ante las que no se tiene confianza para pedir apoyo y denunciar.

Desde la llegada de las Fuerzas Armadas al lugar, no existe certeza de su función ante el contexto. La población advierte de posibles enfrentamientos; además, se tienen noticias de que varias de las familias desplazadas fueron presionadas a regresar a sus hogares, aun cuando no existían las condiciones de seguridad para su retorno. Este alto grado de incertidumbre genera miedo, preocupación e inseguridad, lo que implica una constante revictimización de la población.

Nos preocupan de manera particular las afectaciones que la violencia está provocando en los medios de vida de la población y en el ciclo campesino en la región, así como la obstaculización constante del comercio y transporte de productos básicos, lo que pone en riesgo el derecho a la alimentación a corto y mediano plazo, agudizando la violencia económica, lo que se suma a las causas estructurales de desplazamiento forzado de la población. Derivado del incremento exponencial de la violencia en la región, la migración de la población, que constituye una forma paulatina de desplazamiento, se ha venido desatando aun con mayor fuerza, pues ya no hay condiciones para la vida en esos territorios.

Existe una violencia sistemática que sigue escalando bajo la impunidad con la que opera la delincuencia organizada de la región, con aquiescencia de los gobiernos municipal, estatal y federal. El abandono y las reiteradas omisiones del Estado en todos sus niveles para garantizar la integridad y seguridad de la población de la región y la minimización de la situación por parte de la administración Federal, colocan en una situación de mayor riesgo y vulnerabilidad a la población civil, periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Por ello exigimos al Gobierno mexicano:

Una investigación imparcial y profunda por parte de la Fiscalía General del Estado, así como de la Fiscalía General de la República sobre los hechos de “la guerra de los 4 días” en el municipio de Frontera Comalapa, así como de los mecanismos de control poblacional y del territorio de la Región Frontera por parte de estos grupos de delincuencia organizada, que desde el 2021 mantienen amenazada y sometida a su población.
El cese de la estigmatización y criminalización de la población que se encuentra en medio de la violencia en condiciones de sobrevivencia, reconociéndoles su estatus de víctimas.

Una ruta y estrategia integral urgente hacia la pacificación real y sostenida de estos territorios, que garantice la seguridad y el bienestar de la población a corto, mediano y largo plazo.
Que desde los tres niveles de gobierno se activen mecanismos de ayuda humanitaria para atender las necesidades alimentarias, sanitarias y de salud mental de las personas afectadas que han sufrido daños y/o pérdidas de sus medios de vida.
Que los Gobiernos federal y estatal impulsen procesos para reconstruir el tejido social, en lógica de paz, reconciliación y diálogo, para proteger a las comunidades que están resistiendo a la violencia de la delincuencia organizada en sus territorios, tanto en el municipio de Frontera Comalapa, como en los demás municipios que sufren esta misma realidad en el estado de Chiapas.
Que se garantice la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general en Chiapas, y particularmente en la Región Frontera.

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género

Guatemala – México (MTMG)

Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS)

Red Mesoamericana de Educación Popular, Red Alforja

[1] Los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria y Comitán de Domínguez son vías utilizadas para el trasiego de drogas, tráfico y trata de personas; robo de vehículos, comercio de armas y secuestro; además de ser rutas de tránsito y movilidad de personas migrantes provenientes de Centro y Sudamérica.

Miguel Peralta Betanzos

Carta de Miguel Peralta ante la sentencia del amparo interpuesto contra la condena de 50 años de prisión

Fecha:11 Sep 2023

Cuando la justicia sigue simulando que tiene independencia y atiende los principios de derechos, no es más que la continuidad de la expansión del poder caciquil, que a toda costa pretende mantener acallada la voz de quienes se organizan.

Recientemente nos notificaron de otro hecho que se suma a esas simulaciones jurídicas y que reafirma la intromisión política de la actual directora de la Secretaria de la Mujer en Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas, que desde el uso y abuso de su cargo público, pretende retroceder el camino trazado de los presos y perseguidos de Eloxochitlán de Flores Magón.

El amparo promovido en agosto de 2022 por mi defensa, Los Otros Abogadoz, en el que se demostraba una vez más las reiteradas contradicciones y fabricación de pruebas dentro del expediente 02/2015 fue resuelto sin entrar al fondo de lo que se plantea.

Atendiendo a la simulación de la justicia, los magistrados decidieron regresar el proceso jurídico a la etapa de presentación de pruebas con la supuesta finalidad de realizar careos entre mi persona y los seis testigos aleccionados, marionetas de Elisa Zepeda y su padre Manuel Zepeda Cortes.

Esto conlleva a una regresión de por lo menos siete años del trayecto jurídico de mi proceso y a la insistencia de la privación de mi libertad.

No es menor recordar que una de esas marionetas reconoció que en 2014 no hizo su declaración ante el Ministerio Público porque se la llevaron a firmar; otra marioneta se amparó para no testificar en los interrogatorios; para lograr que Manuel Zepeda y su hermano se presentaran, se tuvo que recurrir a que se realizaran en la misma fecha en la que acudían al Juzgado de Huautla a firmar por otra causa penal en la que estaban siendo procesados; y finalmente Elisa Zepeda y las otras dos marionetas demoraron por más de un año para presentarse.

Con estos antecedentes, sumados al poder que actualmente ostenta Elisa Zepeda, es imposible hablar de un juicio justo en igualdad de condiciones, cuando por casi nueve años, desde el conflicto sociopolítico en Eloxochitlán de Flores Magón, la persecución, los encarcelamientos, la represión y la intromisión de poderes ha escalado.

Ante el escenario indolente de la fabricación de dos delitos que no cometí, la pretensión de mantener la persecución y devolverme a la prisión, les llamo nuevamente a fortalecer la solidaridad que han mostrado por la exigencia de una firme libertad de todos los presos y perseguidos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

Encendamos nuestra furia hasta que todas y todos seamos libres !

Nos queremos en las calles!

#LibresYa
#AltoALaPersecuciónPolítica

Libertad a los y las presas políticas

Miguel Peralta Betanzos

Militarización en México se profundiza de forma inédita en este sexenio

Fecha:11 Sep 2023

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado profundizar el proceso de militarización en México de manera inédita, de modo que la actual concentración de tareas civiles en las fuerzas castrenses no podrá ser desmontada fácilmente.

Este es al análisis realizado por parte de la investigación llevada a cabo por la organización no gubernamental Washington Office on Latin America (WOLA), con base en datos públicos del gobierno y en solicitudes de acceso a información pública. Los resultados fueron presentados este mes de septiembre en el informe Trasnformación Militarizada: Derechos Humanos y Controles democráticos en un contexto de creciente militarización en México.

El gobierno de López Obrador logró, según el informe, lo que sus antecesores no lograron: aprobar leyes y normativas que garantizan la institucionalización de la militarización. En 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto logró que se aprobara la Ley de Seguridad Interior, pero fue invalidada en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2018, por pretender normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas civiles.

Po su parte, López Obrador logró una reforma constitucional en marzo de 2019 que, entre otros puntos, se les brindó a los militares la facultad de realizar tareas policiales hasta 2024, si es que el presidente lo considera conveniente.

En 2020, el mandatario mexicano publicó un nuevo Acuerdo Presidencial mediante el cual ordenó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Hasta ahora la SCJN ha validado la procedencia de este Acuerdo citando el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019. Ya para el año 2022, se decide que la disposición de las fuerzas armadas en tareas policiales se extiende hasta 2028 mediante otra reforma constitucional. Es decir, que quien suceda a López Obrador en el poder, tendrá la posibilidad de hacer uso de las fuerzas armadas en el ámbito civil y administrativo.

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Como consecuencia, a través de la reforma constitucional de marzo de 2019 y la posterior aprobación de la Ley de la Guardia Nacional, en mayo del mismo, se creó la Guardia Nacional (GN) como nueva fuerza de seguridad federal, en sustitución de la ahora extinta Policía Federal entrenada y equipada por los Estados Unidos.

Aunque el artículo 21 de la Constitución dispone que la GN sea “una institución policial de carácter civil”, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los hechos se trata de una fuerza cuya formación, estructura de mando, despliegue territorial mediante cuarteles e identidad institucional son fundamentalmente militares.

De acuerdo con la investigación, existen documentos oficiales que revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió la coordinación operativa de la GN a partir de octubre de 2020.

Para formalizar y profundizar la identidad de la GN como una fuerza armada, López Obrador logró una reforma a la Ley de la Guardia Nacional en septiembre de 2022 para otorgar el control operativo y administrativo de la GN a la Sedena. Cabe mencionar que dicha reforma figura entre los cambios previstos por esta institución en un esquema más amplio de reestructuración interna dado a conocer en 2021.

Para abril de este año 2023, la SCJN invalidó la reforma a la GN por contradecir el texto de la Constitución, al considerar a la GN como una fuerza civil. No obstante, la SCJN otorgó un plazo hasta enero de 2024 para el cumplimiento de su resolución. De cumplirse lo ordenado por la SCJN en ese plazo, presumiblemente la GN seguiría bajo la coordinación de facto de la Sedena.

Militares reconocen “logros” del presidente

El informe menciona el recuento de este proceso que hace el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, que ilustra cómo las propuestas de las fuerzas armadas encontraron eco en la presente administración federal:

“[En sexenios anteriores] nunca nos dieron lo que siempre, tanto mi general Galván como mi general Cienfuegos, pidieron. En esta administración se dio de una manera fácil porque el señor presidente entendió perfectamente cuál era la necesidad que teníamos para no exponernos y para obviamente tener la facultad legal de actuar. Además, se logró con algo muy sencillo, no con una ley sino con un artículo transitorio que nos da respaldo legal. Con uno, dos o tres renglones, que es lo que abarca ese transitorio, se logró lo que en tantos años no pudimos. […]”.

Despliegues

El despliegue de fuerzas militares y militarizadas se mantiene en niveles históricos, señala el informe. El Primer Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, presentado por las fuerzas armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en mayo de 2023, reporta un despliegue de 79 mil 399 “efectivos de la Fuerza Armada Permanente repartidos en el territorio nacional en tareas de seguridad pública”, de los que 59 mil 217 corresponden al Ejército y 20 mil 182 a la Marina.

Si se suma el despliegue de las fuerzas federales en otras tareas, de acuerdo al informe mensual de seguridad del gobierno federal, de junio de 2023, en el periodo que va del 30 de mayo al 12 de junio de 2023, estaban desplegados 109 mil 281 integrantes de la GN y 145 mil 995 integrantes de las fuerzas armadas, dando un total de 255 mil 276 elementos adscritos a Sedena.

La militarización de las tareas policiales también ocurre a través del nombramiento de mandos militares en las instituciones de seguridad estatales y locales, sostiene el informe. López Obrador ha recomendado públicamente a los gobernadores y gobernadoras consultar con la Sedena y la Semar antes de nombrar a las personas titulares de las secretarÌas de seguridad pública estatales, “para que se tenga personas honestas, íntegras, honestas, repito, incorruptibles”.

En megaproyectos

El gobierno federal también ha asignado una creciente lista de otras tareas civiles a las fuerzas armadas, mediante una serie de acciones y reformas tanto administrativas como legislativas.

Estas tareas incluyen la construcción de megaproyectos o la administración de empresas a cargo de estos, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, aeropuertos, con planes para que pronto empiece a operar una aerolínea militar. Las instituciones militares también controlan puertos y aduanas.

El estudio alerta que al tiempo que crecen sus facultades y su poder, las fuerzas armadas no cuentan con controles civiles eficaces sobre su actuación. Además, México sigue experimentando niveles históricos de violencia, y la gran mayoría de delitos quedan impunes.

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Avispa Midia

(English) Oaxaca: Communities Denounce Collusion between Agrarian Ombudsman and Mining Project

Fecha:11 Sep 2023

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Fuente: Avispa Midia

By Renata Bessi

^{over Photo: Mining tailings from the company Minera Cuzcatlán in San José del Progreso. Photo: Santiago Navarro F}

Indigenous Zapotec communities surrounding the gold and silver mining project of Minera Cuzcatlán, a subsidiary of the Canadian corporation, Fortuna Silver Mines, in San José del Progreso, Oaxaca, have condemned intensifying harassment from the mining company. The communities of Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes and el Vergel denounced that they are being pressured to accept the expansion of the mining project, which has been in operation since 2011. The communities form part of the organization, Frente No a la Mineria.

Through a communique, the ejido authorities explained that the harassment is being carried out in coordination with the agrarian ombudsman in Miahuatlán. According to the law, agrarian ombudsman must “promote the defense of rights and guarantee the well-being of Indigenous people’s lands.”

One of the strategies of the agrarian institution is to prevent the communities from naming authorities who are against the project. “It benefits them that agrarian communities do not have accredited authorities. Without accreditation there isnt any validity in our appointments,” the agrarian commissioner of the ejido Monte del Toro explained to Avispa Midia, who for security reasons omits his name.

Furthermore, the agrarian ombudsman has purposely generated erroneous documentation in order to delay accreditation processes with the National Agrarian Registry. “When we sent the documents to the Agrarian Registry, they sent them back to us because of the errors. In the case of San Martín de los Cansecos, they delayed the accreditation process of their commissioner for two years,” added the agrarian commissioner.

In Monte del Toro, officials from the agrarian ombudsman are acting to divide the ejido, explained the authority. He admits that there is an agrarian dispute in the community dating back decades where one of the localities wants to separate from the ejido Monte del Toro, which is not accepted by the authorities of the agrarian community.

However, the question has worsened within the context of mining expansion. “The people of this locality have received resources from Cuzcatlán. The company wants to be able to enter the territory. The agrarian ombudsman insists on trying to convince the authorities to make the division,” explained the commissioner.

The agrarian ombudsman has taken other actions considered by the commissioner to be “strategies to divide the community.” For example, the institution has filed documents of ejido members seeking to change the titles of their lands without permission from the agrarian community. “They are stepping over the ejido authorities, which is not correct. We have autonomy over our lands, guaranteed by agrarian law.”

In a communique from the organization, the ejido Monte del Toro sustained that “we will not permit any division. Our grandfathers and grandmothers struggled for the ejido, for which we value the collective spirit of the land, and the care and protection of our territory.”

The company seeks a legal basis to enter the territories, they explained in a communique.

As the exploitation is underground, “we do not know where exactly they are digging, if its beneath Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, or San Martín de los Cansecos,” explains the agrarian authority of Monte del Toro.

In 2021, Avispa Midia asked the company where they were advancing with the exploration, but the question was ignored.

According to data solicited by Avispa Midia from the Ministry of Economy, Minera Cuzcatlán has 15 active mining concessions registered in Oaxaca as of 2023. Together, these concessions total approximately 36,000 hectares. One of the concessions, located in the Lote Reducción Unificación Cuzcatlán 4, was updated during this government on May 16 of 2022. It is the company’s largest concession making up more than 10,000 hectares including territories of Magdalena Ocotlán, San Lucas Ocotlán, and San Pedro Taviche.

What “they want is to enter the communities to make air vents to be able to continue working beneath the earth. They want the agrarian communities to authorize their entry. Once the ejido authorizes it, they will buy the land and be able to work,” explains the ejido commissioner.

From San José

The ex-ejido lands commissioner of San Martin de los Cansecos, who also decided to omit his identity for security reasons, explains that the agrarian ombudsman operates on many occasions from San José del Progreso, the location of the mining project, when they should be at the ejido offices. “We know that all the current municipal infrastructure and projects in San José are related to the mining company,” he sustains.

Since 2009, San José del Progreso has not had agrarian representation, like the ejido lands commission, as a result of conflicts generated with the arrival of the mining company. “The agrarian ombudsman, far from resolving the agrarian conflict in San José, promotes visits of other commissioners to the community where the mining project is located,” he told Avispa Midia, the ex-ejido lands commissioner.

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The head of the Miahuatlán agrarian ombudsman, Amauri Fernández Alvarado, in an interview with Avispa Midia, said that it was up to them to provide services of agrarian counsel, “to all agrarian communities in the district of Ejutla and part of the district of Ocotlán, communities around the mine,” he said.

Regarding the denunciations from ejido authorities against the agrarian ombudsman, Alvarado denied all of them. “I do not have anything to do with mining. I don’t work in mining. We do not have contact, none whatsoever, with the people from the mining company. …I am not blocking any community…nor we do we go to the agrarian community saying that they accept or not contracts or jobs with the mining company. My work is to provide counsel that must be correct.”

SEMARNAT’s Deceptions

In December of 2021, the Canadian mining company, Fortuna Silver Mines, from their offices in Canada, announced in a communique that the Secretariat of Environment and Natural Resources (SEMARNAT) had “authorized a 12-year extension to the environmental impact authorization” of the mine in San José.

The Secretariat of Environment and Natural Resources had denied the extension request in July of 2021. The environmental impact assessment presented by the company sought the legalization of the expansion of the mining operations, something which had already been carried out without permission from the environmental secretariat.

“Fortuna appealed…SEMARNAT reevaluated the request and granted the extension…,” the company announced in its press release.

However, Fortuna Silver Mines, from Canada, sustained by means of another communique, published on February 4, 2022, that it had received a notice from SEMARNAT in which the environmental secretariat said that it had committed a typo in the expansion of the mining term in San José. That is to say, the extension would be 2 years and not 12 as stated in the resolution document.

At that time, Avispa Midia obtained the SEMARNAT document (SGPA/DGIRA/DG-06101-21), signed by the General Director of Risk and Impact of the Secretariat (DGIRA), directed to the legal representative of Cuzcatlán, Rocío Martínez Lozano, dated December 14, 2021. This document proves that the agency authorized the extension of the mining company’s work for 12 more years.

Minera Cuzcatlán “considers that the notice was erroneously issued by the local office (of Oaxaca) of SEMARNAT,” said the company in its communique.

Minera Cuzcatlán “is working with the authorities to resolve this matter. Likewise, Minera Cuzcatlán has begun a judicial process in federal court to challenge and revoke the typo,” the communique states.

Avispa Midia solicited an interview with SEMARNAT to clarify the issue. The Secretariat ignored the request.

During all this time, the information had remained contradictory. “We were latent. While the company publicly informed that it was 12 more years, SEMARNAT kept telling us that the mining company was leaving, that it would only have two more years in operation,” said the ejido commissioner of Monte del Toro.

The doubt was resolved approximately three months ago. “We went to the offices of SEMARNAT in Mexico City and they told us that it was 12 years. They told us that yes it had been a typo in the permit, but nonetheless the permit was already granted, they had already given it to them,” said the commissioner. “What we want the company and government to know is that we will continue struggling until the end to defend our lands,” added the ejido authority.

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Campaña nacional contra la guerra y por la vida

Fecha:07 Sep 2023

En el marco de los acuerdos alcanzados en la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida, realizada en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX, los pueblos, barrios, organizaciones, redes, colectivos y comunidades que la integramos declaramos:

Que la guerra que enfrentamos en todo el territorio nacional, es dirigida y ejecutada por Andrés Manuel López Obrador, “Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas” y titular del Ejecutivo Federal, el objetivo, garantizar y salvaguardar los intereses del gran capital, los intereses de los dueños del poder y del dinero, y la impunidad con la que opera el narco Estado mexicano; el usos de las armas son para imponer el despojo del agua a través de las instituciones nacionales, estatales o municipales; la manipulación, el miedo, la división, privatización, mercantilización, municipalización y remunicipalización, las concesiones que privilegian a empresas privadas e industria, la cooptación de comités comunitarios del agua, y los planes y programas de reordenamiento territorial, son la justificación para despojarnos del vital líquido.

El Estado en complicidad e impunidad con las transnacionales, es el principal actor que impulsa el despojo del agua e instrumenta la guerra en contra de nuestros Pueblos, esta guerra que vivimos contra la vida en todos los territorios, que se manifiesta con cientos de miles de pres@s polític@s y militarización, persecución y asesinato a defensor@s del territorio, desaparecid@s, feminicidios, transfeminicidios y multiplicidad de crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ+.

Es por esta situación, que los pueblos, barrios, organizaciones, redes, colectivos y comunidades reunidas en la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida Anunciamos: El inicio de la “Campaña Nacional contra la Guerra y por la Vida” que, a través de denuncias, foros, encuentros, talleres, movilizaciones, etc. Harán eco a la exigencia de Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, los pueblos originarios y alto al despojo, explotación, desprecio y reprensión; es decir, las 4 ruedas del capitalismo sobre las que camina esta Cuarta Transformación y que se vive, se padece, en todo el territorio nacional.

Como primera actividad, invitamos a participar en la ACCIÓN DISLOCADA CONTRA CONAGUA (mítin-rueda de prensa-evento cultural) el lunes 25 de septiembre a partir de las 10:00 am frente a las oficinas de CONAGUA (Insurgente Sur, 2416).

Invitamos también a colectivos, organizaciones, redes, pueblos e individu@s a sumarse a esta campaña registrando sus actividades en el correo: asamblenacionalporelagua@gmail.com

Porque para los pueblos originarios el agua no será guerra sino unión por la vida.

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Avispa Midia

Familiares de los estudiantes de Ayotzinapa demandan al ejército preservar documentos del caso

Fecha:05 Sep 2023

Fuente: Avispa Midia

Este domingo (3) se dio a conocer que el Poder Judicial mexicano ordenó al Ejército no destruir los documentos relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, acontecida en septiembre del 2014.

Esta orden deriva de un juicio de amparo, interpuesto el pasado 15 de agosto, en el cual los padres y las madres de los normalistas han demandado a la cadena de mando de inteligencia militar por incumplir con lo establecido por el Decreto Presidencial firmado el 4 de diciembre de 2018, violando con ello el derecho de las familias y de toda la sociedad a la verdad.

En el decreto, se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Sin embargo, como comprobó el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), divulgado el 27 de julio, el Ejército ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. En estos, los expertos infieren que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.

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Es debido a este ocultamiento, en desacato de las instrucciones conferidas por el decreto de la Presidencia de la República, que los padres y las madres señalan la responsabilidad del Secretario de la Defensa Nacional; del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; y del Director del Centro Militar de Inteligencia, entre otras dependencias.

Mediante comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) difundió que, con esta acción legal, las familias consiguieron que el Poder Judicial “ordene preservar la información para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada. Esto con la expectativa de que, al resolverse el fondo, el Poder Judicial ordene la entrega de la información faltante empleando todas las facultades que le confiere la ley a los juzgados de amparo para hacer valer sus determinaciones”.

Fue el pasado viernes (1) cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito notificó la resolución a las familias. Dicho Tribunal consideró que “la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales” y ordenó a las autoridades militares abstenerse de “destruir, depurar, eliminar, esconder, u ocultar la información” que los padres y las madres identificaron en su demanda.

En el comunicado, enfatizan que, a casi nueve años de las desapariciones, el caso Ayotzinapa permanece irresuelto. “El último informe del GIEI y la decisión de los expertos de concluir su labor mostraron con contundencia que los obstáculos subsisten, señaladamente en las instituciones castrenses que no han querido entregar los documentos generados por las áreas de inteligencia, desobedeciendo así lo que expresamente les ordenó su Comandante Supremo en el Decreto de 4 de diciembre de 2018”.

El Centro Prodh aseveró que los padres y las madres continúan a la espera de que el Presidente de la República les reciba para dialogar sobre el incumplimiento del compromiso de esclarecer plenamente el caso. Así mismo, informó que los familiares de los estudiantes desaparecidos “seguirán acudiendo a las instancias legales nacionales e internacionales disponibles para hacer valer sus derechos, incluso judicializando el contenido de los informes del GIEI como lo han hecho con esta acción, y mediante el acompañamiento de las organizaciones que han caminado a su lado a lo largo de casi una década”.

CDH Fray Bartolomé de las Casas

Colectivo Colembij, palabras de Conmemoración en Memoria de las personas desaparecidas en Chiapas

Fecha:01 Sep 2023

Al Pueblo de México

Al Pueblo Creyente

A los familiares y colectivos de desaparecidos en México y el Mundo

A las Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

A las Organizaciones No Gubernamentales de México y el Mundo

A la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas

Al Colectivo Nacional de Desplazados Internos en México

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A la Organización de las Naciones Unidas

Al Gobierno de México

Conmemoración del Día de Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Conmemoración en Memoria de las personas desaparecidas en Chiapas

Colembij, significa: Colectivo en memoria para la búsqueda de un camino a la Justicia y Verdad. Fue creado hace cuatro años por familiares de las víctimas y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno en Chiapas, provocado por el grupo paramilitar Organización Paz y Justicia, quienes estaban protegidos por Estado Mexicano, por las Fuerzas Armadas y Policías estatales y municipales.

El 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de Desaparición Forzada estamos presentes para honrar la memoria de todas aquellas personas que en contra de su voluntad fueron brutalmente desaparecidas, tal y como fue a nuestras hermanas y hermanos de la zona baja del municipio de Tila, Chiapas. Este día, como en cada año, estamos presentes aquí familiares, compañeras y compañeros de lucha para exigir la Verdad y Justicia, la No Repetición y las Medidas de Reparación Integrar de los daños.

No olvidemos como fueron violentados nuestros derechos humanos por las autoridades del gobierno mexicano en el 1995 al 2000, estando como presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y el gobernador de Chiapas Julio Cesar Ruiz Ferro, y el presidente municipal de Tila Carlos López Martínez, entre otros funcionarios públicos del estado de Chiapas.

Ante nuestra resistencia al sometimiento ellos mismo desplegaron grupos de policías municipales, Ejercito mexicano para atacar a las comunidades y al mismo tiempo están financiando, dando adiestramiento y proporcionando armas de alto calibre para acabar con nosotros, por otro lado reclutaron y convencieron a nuestro propios hermanos del mismo municipio de Tila y de otros municipios vecinos, para destruirnos, haciendo formar una organización Desarrollo Paz y Justicia, haciendo pasar como una Asociación Civil para gestionar proyectos para el pueblo, pero todo el dinero que se les daba por parte del gobierno era para compra más armamentos, como resultado de esta Asociación Civil fue el grupo paramilitar.

Llevamos 28 años exigiendo justicia, pero el Estado mexicano se ha hecho de oídos sordos, es por eso que exigimos que se castiguen con todo el peso de la ley a los responsables autores materiales e intelectuales de todas las víctimas desaparecidas y ejecutadas de manera forzada en la zona Norte de Chiapas, ni perdón, ni olvido.

Exigimos que no se repita este tipo de este tipo de Crímenes de Lesa Humanidad y que las desapariciones y desplazamiento forzados que siguen ocurriendo en nuestro estado de Chiapas y país, no quede impune, porque actualmente sigue ocurriendo en otros municipios, como Frontera Comalapa, Pantelho, Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.
Exigimos también la aparición de nuestras compañeras Minerva Guadalupe Pérez Torres, María Rebeca Pérez Pérez, y nuestros compañeros Juan Ramírez Torres, Encarnación Pérez Pérez, Mateo Jiménez López, entre otras personas que no están con nosotros, que no están con su comunidad, que no están con su familia.
Exigimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita el informe de Fondo Caso 12-901 Rogelio Jiménez y otros, para dar un paso a la justicia.
Exigimos al Gobierno mexicano que se apruebe la Ley de Desplazados Internos en México y el Reglamento a la Ley del Desplazamiento Interno en Chiapas.

Por último, exigimos a las autoridades actuales que reparen los daños que dejaron y que responsabilicen a los funcionarios que actuaron en ese momento y que cometieron este Crimen de Estado.

Agradecemos a las compañeras y compañeros de diversas organizaciones que nos han acompañado. Agradecemos al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y al Servicio Internacional Para la Paz por estar siempre con nosotros y nos solidarizamos en la lucha de todos y todas las colectivas, activistas de familiares de desaparecidas en México y el Mundo.

¡Sin Justicia no hay Paz¡

¡Ni Perdón Ni Olvido¡

¡Alto a las persecución y violaciones a los Derechos Humanos¡

¡Castigos a los Responsables de Crímenes de Lesa Humanidad¡

Colembij

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Avispa Midia

Justicia anula condena de 25 años contra indígenas tzeltales, pero permanecerán en prisión

Fecha:30 Aug 2023

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Habitantes de San Juan Cancuc se manifiestan en la ciudad de San Cristóbal de las Casas contra la detención arbitraria de cinco defensores del territorio tzeltal. Foto: Frayba}

El pasado lunes (28), el poder judicial de Chiapas resolvió anular la sentencia, emitida en mayo de este año, mediante la cual cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc habían sido condenados a 25 años de prisión acusados por el delito de homicidio.

En entrevista, Jorge Gómez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), contextualiza que esta resolución es resultado de los argumentos presentados en la audiencia de apelación, efectuada apenas el 22 de agosto.

En dicha audiencia, resalta Gómez, la defensa enumeró violaciones al proceso legal contra los indígenas tzeltales. Entre ellas, la falta de imparcialidad e independencia de la jueza María Guadalupe Flores Rocha, quien amenazó e intimidó a los litigantes durante las distintas audiencias.

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Según el abogado, el sentido de la resolución se debe a que, entre las irregularidades destaca que los acusados no contaron con la adecuada traducción al tzeltal, su lengua materna. “La mayoría de las pruebas de la Fiscalía son de personas que hablan tzeltal, pero no hubo una adecuada traducción, que es un derecho constitucional de las personas indígenas que intervienen en un proceso legal, por eso se tiene que repetir todo de nuevo”, detalla.

Acorde al equipo legal del Frayba, lo que sigue es la reposición de la última etapa del proceso penal, el juicio oral, para el desahogo de pruebas de los testigos, peritos y policías involucrados en el caso. Aún queda pendiente la designación del juez que tomará el caso, así como la fecha en que reiniciará el proceso.

Gómez enfatiza que la reposición del juicio obedece a lo que el centro de derechos humanos denomina “fábrica de culpables”, pues considera que la actuación de las autoridades y el poder judicial de Chiapas tiene como objetivo que los defensores “permanezcan el mayor tiempo posible en prisión, sabiendo que son inocentes. Lo que hacen es retrasar su libertad, retrasar el debate sobre si son inocentes o culpables”.

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El abogado explica para Avispa Mídia que la adecuada traducción es una garantía que debió haber cumplido el Estado, y que, debido a su falta, los cinco acusados continuarán en prisión de manera indefinida hasta que se repita el juicio y el dictamen de una nueva sentencia. Debido a que son acusados por un delito considerado grave no cuentan con la posibilidad de solicitar medidas cautelares para llevar el juicio en libertad.

Jorge Gómez explica que el trabajo de defensa legal que realiza el Frayba, en el caso de los cinco defensores de Cancuc, así como con el caso de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), torturado y acusado por un delito que no cometió, es parte de un patrón de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en Chiapas.

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“No es una situación solo de estos seis presos tzeltales, sino de muchas personas en Chiapas, muchas personas en México, que representan que las cárceles están llenas de personas inocentes y pobres”, acusa el abogado quien refiere que existe una colusión entre las fiscalías, poder judicial y jueces para fabricar delitos y culpables.

“El sistema, más allá de buscar la verdad o impartir realmente justicia, se dedica a fabricar delitos a la gente, para que sus estadísticas de justicia y de cero impunidad queden reforzadas ante la sociedad (…) lo que vemos atrás de esas cifras es que están acabando con la vida de las personas, porque mantienen a personas inocentes privadas de la libertad y sujetas a proceso legales que no están a su favor, y donde lamentablemente, en Chiapas, desde el momento que eres detenido, tú ya eres culpable”.

Para el litigante, en el caso de los presos de San Juan Cancuc, la estrategia del poder judicial es buscar el desgaste de los detenidos, sus familiares y de las organizaciones que los acompañan. “Buscan alargar todo. El hecho de que repongan el proceso, el sistema sigue ganando, porque siguen en la cárcel y ellos siguen diciendo que ya resolvieron un crimen, cuando no es así”.

Por este caso, así como por la prisión de Manuel Gómez Vázquez, el Frayba presentó una demanda contra el Estado mexicano ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, para denunciar la sistemática violación a los derechos humanos. “El grupo de trabajo tiene que analizar el caso, y pues tendrían que darle vista al Estado mexicano para que dé su versión de por qué están pasando estas cosas”, contextualiza el abogado quien se mantiene a la espera del reinicio del juicio.

Avispa Midia

Justicia Federal atrae caso del asesinato de Samir Flores

Fecha:30 Aug 2023

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Samir Flores durante sus labores de comunicador en la radio comunitaria Amiltzinko.}

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala anunció que la Justicia Federal atraerá el caso del asesinato del indígena nahua, Samir Flores Soberanes.

El 20 de febrero del 2019, Samir Flores, defensor del territorio y comunicador comunitario de la Radio Comunitaria Amiltzinko, fue asesinado en la puerta de su casa, en la comunidad de Amilcingo, Morelos, México. Samir tenía 7 años luchando junto a su comunidad y el Frente de Pueblos contra el megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos.

La investigación del caso había quedado en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Durante años el órgano “no ha investigado con seriedad las diferentes líneas de investigación, principalmente las relacionadas con sus actividades como defensor del territorio y comunicador comunitario, tratando de minimizar su asesinato a una acción aislada de la delincuencia organizada”, denunció el Frente de Pueblos.

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El 22 de agosto, el Juez de Distrito Eduardo Antonio Velasco Treviño determinó que la facultad de atracción de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) es fundada al existir los indicios y datos de prueba suficientes para considerar que lo asesinaron por su labor de periodista.

El Fiscal a cargo de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozzo, también señaló que en la carpeta de investigación se advierten datos de prueba en que uno de los testigos presenciales de los hechos, en que se planeó su ejecución, “señala que se iban a chingar a todos los que se encontraban en el tema del Proyecto Integral Morelos (PIM) y porque Samir era un locutor de la radio que les debía varias”, sostuvo el Frente de Pueblos en un comunicado.

La FEADLE también señaló que, conforme al análisis de contexto que realizó, se observa la vinculación entre el trabajo de Flores contra el PIM y su asesinato, “por lo que será esta una de las líneas de investigación que abrirá, tomando en cuenta las personas y empresas que estaban a favor de este proyecto millonario”, añade el Frente de Pueblos.

La atracción es también un avance en materia del reconocimiento a los comunicadores indígenas y comunitarios como periodistas para contar con los mismos derechos de protección con que cuentan los que ejercen el periodismo en medios públicos y privados, ya que la Fiscalía de Morelos había argumentado que no existían las pruebas suficientes para determinar que Flores era periodista.

De acuerdo con el Frente de Pueblos, el expediente del caso de Flores ya fue entregado a la Justicia Federal, “por lo que ahora toca a la justicia federal dar con los asesinos materiales e intelectuales del asesinato”.

Red Ajmaq

Libertad inmediata para José Díaz Gómez base de apoyo del EZLN

Fecha:29 Aug 2023

A la sexta nacional e internacional
A los firmantes de la Declaración por la vida
A los medios de comunicación honestos
A quienes luchan por la verdad y justicia

Desde la Red de Resistencias y Rebeldías Ajmaq nos pronunciamos.

Sabemos que las cárceles son un negocio más del capitalismo y que la “justicia” mexicana se distingue por la impunidad, la violación a derechos humanos y que sólo está al servicio de quienes pueden comprarla, no así para quienes son pobres e indígenas, para quienes luchan y construyen alternativas de vida se les criminaliza y se les fabrican delitos, tal es el caso de José Díaz Gómez, base de apoyo del EZLN, que se encuentra encarcelado injustamente desde hace 9 meses, en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17 “El Bambú”,en Catazajá, Chiapas. Acusado de robo ejecutado con violencia, al igual que otros cuatro BAEZLN quienes tienen órdenes de aprehensión.

José Díaz, es indígena Ch’ol y campesino de 45 años, originario de la Ranchería “El Trapiche”, en el municipio autónomo zapatista Francisco Villa, Caracol V, Roberto Barrios (Municipio oficial Salto de Agua). Fue detenido arbitrariamente, con uso excesivo de la fuerza, fue torturado, desaparecido e incomunicado por parte de elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva. En la fiscalía le obligaron a poner su huella y firmar varios papeles en blanco, no fue asistido por un traductor de su lengua originaria, ni por un abogado.

Todos estos atropellos a la dignidad de José y a los mismos procedimientos legales dan cuenta de la fabricación de delito y la criminalización. El motivo real del encarcelamiento de José es el interés por el uso individual de la tierra que se quiere imponer al uso colectivo y de cuidado de la Madre Tierra pero que tiene sus raíces en el despojo de tierras al EZLN provocados por el mal gobierno con su Guerra integral de desgaste diseñada desde hace décadas por las diferentes administraciones.

Hemos realizado visitas al compañero José Díaz Gómez y nos duele ver su dolor pero también nos llena el corazón su amor y dignidad por la vida y la libertad. Al igual que el otro compañero zapatista preso Manuel Gómez Vázquez vemos que en estos sitios crueles las violencias generan un mayor desgaste psicosocioemocional y económico para ellos y sus familias. Aún así, ambos mantienen una luz en medio de tanta obscuridad.

Nos pronunciamos para exigir la libertad inmediata e incondicional de José Díaz y Manuel Gómez Vázquez porque sabemos de su inocencia, de la fabricación de delito en su contra por parte de la Fiscalía. No confiamos en la justicia del mal gobierno pues son ellos quienes encarcelan inocentes con argucias legaloides, por eso hacemos un llamado a luchar políticamente por la libertad de los presos políticos, a difundir información por todos los medios que tengamos a nuestro alcance sobre las injusticias que están pasando estos campañeros BAEZLN y a mostrar solidaridad con ellos y sus familias. Así como exigir que se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de cuatro compañeros más.

Invitamos a diseñadores, artistas visuales y personas de buen corazón a realizar materiales gráficos por la libertad de José Díaz Gómez, para que puedan difundirse por redes sociodigitales, calles y plazas. Estos materiales gráficos se recibiran en formato digital a partir del 24 de agosto del 2023 al correo ajmaq_chiapas@riseup.net

¡Libertad a José Díaz y Manuel Gómez Vázquez!
¡Alto a la criminalizacion de quienes luchan!
¡Abajo los muros de las prisiones!

Adel Gutiérrez
Adriana del Moral Espinosa
Alberto Coria
Alejandro Mira Tapia
Alfinio Zendejas, Docente de educación física Veracruz
Ana María Vera Smith
Arnoldo Vargas García
Ageliki Kostari Grecia – Chios
Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista, Grecia
Asociación Cultural el Raval – El Lokal
Association Espoir Chiapas, Francia
Bárbara Suárez Galeano
Bertha Leticia loya Martinez
Betsy Zamarripa
Blanca Estrella Ruiz
Bonifacia Hernandez Flores
Borja Tomé Castedo
Braulio Montequin ( País Vasco)
Bruno Baronnet
Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona (Catalunya)
Caitlin Manning
Camila Padilha Costa – Porto Alegre/RS – Brasil
Carlos Tornel
Carolina Dutton
Casa Okupa Chia-Paz
Cecilia María Salguero, Neuquén, Argentina
Centro Comunitario U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on
Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria A.C.
Chara Tzouma Grecia
CNI Milpa Alta
Colectiva Mujeres que Luchan Xalapa
Colectiva Mujeres Tierra
Colectiva Corazón del Tiempo, Puelmapu territorio ancestral mapuche, nor Patagonia Argentina
Colectiva zapatistas Somos batallas ganadas
Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía de la Red Morelense en Apoyo al Congreso Nacional Indígena / Consejo Indígena de Gobierno
Colectivo Aequus.- Promoción y Defensa de Derechos Humanos
Colectivo Compas Arriba – Medios Libres
Colectivo gata-gata, Alemania
Colectivo Sí a la Vida, Coahuila
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC)
Comitè Acollida Zapatistes – Illes Balears i Pitiüses
Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata CIPOG-EZ
Coordinadora Anarquista Tejiendo Libertad CATL
Darien De Lu, Sacramento, California, USA
DESMI, A.C.
Diana Itzu Luna
Dionisios Apillonatos atenas Grecia
Dr. Gilberto López y Rivas
Dra. Alicia Castellanos Guerrero
Dra. María Candelaria May Novelo. (Centro Cultural y de Derechos Humanos Casa Colibrí)
Edo Schmidt, Sociologo
Elena Morúa, San Cristóbal, Chiapas
Enclave Caracol (TJ)
Espacio de Lucha contra el Olvido y la Represión (ELCOR)
Eugenia Vigil
Eva Arán Vidal, adherente a la Sexta. Puebla.
Eva María Serna Arán, adherente a la Sexta. Puebla.
Fabiola Ceballos Loya
Felipe I Echenique March
Fernanda Sanchez Pillot
Foro Internacional, Grupo México de Dinamarca
Fortino Domínguez Rueda / Universidad de Guadalajara, México
Francesca Cozzolino
Frente Xonacatlán en resistencia
Gabriela López
Groupe CafeZ (Bélgica)
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Gruppe B.A.S.T.A., Münster, Alemania
Guadalupe Castillo Feliciano CNTE CDMX
Guadalupe Nuñez Salazar
Guillermo Castelán CNTE Sección 9
Irma I. Vázquez Cárdenas
Israel Pirra
Inés de la Crass
Inés Durán Matute, CIESAS
Jesús Meza
Johanna Bouchardeau, activista feminista, Francia
Jorge Alonso
Jorge Villa Medina
Jorge Luis López, Abogado Defensor de Derechos Humanos
Jorge Luis Hernández Castro
Josa Sanchez
José Antonio Olvera
José Luis García Valero
Kristian E. Vasquez
La ReVuelta, Grupo de trabajo de Economía Feminista Emancipatoria. Abya yala.
La Voz del Anáhuac – Sexta por la libre.
Laura Ulloa
Leonor Hurtado Paz y Paz, Asociación Q’anil
LifeLockDIY
Lumaltik Herriak, País Vasco
Lylia Palacios (Monterrey)
Ma Luisa Vargas T. CDMX
Ma. Agustina Martínez Pérez
Ma. Eugenia Sánchez Díaz de Rivera
Magdalena Gomez
Malú Huacuja del Toro, novelista, dramaturga y guionista mexicana.
Márgara Millán, FCPyS, UNAM y red de feminismos descoloniales
María Estela Barco Huerta
María Flores
María Isabel Pérez Enriquez
Maria Vanda Ianowski
Mario Galván
Mayvelin Flores Villagomez
Mecha Lamothe
Melva Vázquez
Mexicanos Unidos
Miguel Angel Samano Rentería, Profesor Investigador de la UACh
Mtra. en Estudios Latinoaméricanos Brenda Porras Rodríguez
Mujeres y la Sexta – Abya Yala
Nelly Bocchi
Nodho de Derechos Humanos
Octavio García, Profesor de Estudios Chicanos/as/x San Diego City College, San Diego, CA
Omar Valencia
Othir Santistevan
Pantaleon Riquelme. Docente, Buenos Aires (Argentina)
Pantelis Pailopoulos Atenas Grecia
Patricia Botero-Gómez, Centro de estudios independientes, Color tierra
Patrícia Rios Brandi – Brasil
Patricia Sepúlveda Parrao, Chile
Peter Rosset
Peter Stedman
Profra Martha Lechuga Luna
Rabia Callejera (TJ)
Radio Zapote
Raíces en Resistencia, Ciudad de México
Ramona Mercado Autogestivo Natural – Córdoba – Argentina
Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan
Red de Ristencias y Rebeldías Ajmaq
Red de mujeres del oriente del Edo de Méx
Resistencias Enlazando Dignidad – Movimiento y Corazón Zapatista (REDMyCZapatista)
Rocío Servín Jiménez, Guanajuato, México
Rojos y Anarquistas Skinheads, sección Guadalajara. RASH GDL
Sara Díaz
Schools for Chiapas/Escuelas para Chiapas
Silvia Resendiz Flores
Sociólogo Fernando Alan López Bonifacio
Solidarisches Mittelhessen (Alemania)
Stephan Lynn DeWeese-Parkinson, abogado jubilado, Playas de Tijuana.
Taller Ahuehuete
Ulli Röding
Valeria Sbuelz – Córdoba – Argentina
Vendaval, cooperativa panadera y algo más
Ymoat Luna

Radio Zapatista

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Militares reconocen “logros” del presidente

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