Las 22 comunidades indígenas del municipio de Chilapa, Guerrero, que nos organizamos en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) estamos de luto, pues durante el pasado mes de mayo hemos tenido que devolver a la tierra a cuatro de nuestros hermanos asesinados. Con amargura, dolor y con todos los honores que un pueblo puede brindar a sus hijos más ejemplares, nos despedimos de José́ Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, ambos emboscados el 4 de mayo cuando regresaban a sus casas después de participar en una reunión en la capital del estado; días después, el 23 y 24 de mayo, Bartolo Hilario Morales e Isaías Anteco Ahuejote, fueron secuestrados y ejecutados cuando regresaban de comprar víveres para sus comunidades. Sus cuerpos fueron descuartizados y embolsados para provocar terror nuestras comunidades.

También deben saber que nuestros hermanos que ahora hacen falta en sus familias y en nuestras comunidades, eran miembros del Congreso Nacional Indígena (CNI) que el año pasado impulsó la candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez, a la que con cariño llamamos Marichuy. El asesinato de nuestros compañeros se suma al de Samir Flores en Morelos, al de Gustavo Cruz Mendoza en Oaxaca y muchos otros que defienden la naturaleza, los bosques, los ríos y las montañas de la depredación de las empresas mineras.

La zona donde vivimos es rica en recursos naturales y minerales, sabemos que incluso se han realizado estudios para detectar la existencia de petróleo, mina, talas de árboles en nuestras montañas. Las grandes empresas, nacionales y transnacionales que saquean los recursos naturales que son de todos los mexicanos, han convertido a todo el estado de Guerrero en una zona de conflicto de guerra. Los pueblos indígenas que somos los guardianes milenarios de estas tierras vírgenes, somos un estorbo para su codicia. Resistimos como pueblos porque no hemos permitido que nuestras tierras sean lotificadas, individualizadas y arrancadas una por una.

Nos encontramos ante el acecho permanente de los grupos criminales que son el brazo armado de los dueños del dinero. Estos grupos siguen siendo protegidos, financiados y dirigidos principalmente por los gobiernos municipal, estatal y federal… muy pocas cosas han cambiado desde la noche de Iguala, los mismos grupos económicos, políticos y criminales que nos arrebataron a nuestros jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, siguen cobrando la vida de gente buena del campo.

Los grupos criminales se han apoderado de los caminos que utilizábamos para bajar a la ciudad a comprar víveres y estamos amenazados de muerte si pasamos por ahí. No hemos podido sembrar nuestras tierras y todas las escuelas están cerradas. Tienen que saber que necesitamos de su solidaridad y de la fuerza de todos ustedes, campesinos, trabajadores, obreros, amas de casa, estudiantes, sindicalistas de todo el país, para detener esta guerra, para romper el cerco paramilitar que rodea a nuestras comunidades. Llamamos a los organismos nacional e internacionales su solidaridad con nuestras comunidades y pueblos de esta región de la Montaña Baja de Guerrero. También hacemos de su conocimiento que las autoridades federales encabezada por Andrés Manuel López Obrador omiten nuestra exigencia de justicia. Únicamente los hermanos del Congreso Nacional Indígena CNI y las redes de organizaciones sociales culturales, hemos encontrados su solidaridad hasta ahora en la lucha por la paz, justicia y por la vida.

Pedimos de manera urgente nos brinden la mano, como hermanos que somos, llamamos a otros hermanos y hermanas para frenar la guerra en contra de nuestros pueblos. Les pedimos realizar todo tipo de actividades políticas para exigir por la paz y por la justicia, así́ mismo por la defensa de nuestra tierra y territorio. Les pedimos instalar centros de acopio de víveres para nuestras comunidades que a pesar del hambre y el frio resistimos y resistiremos como lo venimos haciendo desde hace 500 años. Por el bien de nuestros pueblos luchamos por la paz y la dignidad, que sin hacer daño a nadie vivimos en armonía con la naturaleza y así viviremos.

Atentamente
Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ)

Imagen de portada: Cuartoscuro

COMUNICADO DEL CNI-CIG Y EL EZLN ANTE LA VIOLENCIA DESATADA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

A los pueblos del mundo
A las redes de apoyo al CIG
A la sexta nacional e internacional
A los medios de comunicación

El paso del capitalismo neoliberal está marcando sus pasos con la sangre de nuestros pueblos, donde la guerra arrecia porque no cedemos nuestra tierra, cultura, nuestra paz y organización colectiva; porque no cedemos en nuestra resistencia ni nos resignamos a morirnos.

Denunciamos el cobarde ataque perpetrado el pasado 31 de mayo a la comunidad indígena nahua de Zacualpan, miembros del Congreso Nacional Indígena en el municipio de Comala, Colima, en la que un narco paramilitar disparó armas de grueso calibre contra un grupo de jóvenes, asesinando a uno de ellos y dejando gravemente heridos a tres más.

Ante los graves hechos, hacemos responsable a los tres niveles del mal gobierno que permiten la operación de estos grupos narco paramilitares en la región, principalmente el director de seguridad pública Javier Montes García. Exigimos el pleno respeto a los usos y costumbres de la comunidad indígena nahua de Zacualpan.

Condenamos la agresión y destrucción ocurridos la madrugada del 31 de mayo en las localidades de Rebollero y Rio Minas, pertenecientes a la comunidad binizza de San Pablo Cuatro Venados en el municipio de Zachila, Oaxaca, a manos de un grupo armado, que con violencia destruyeron la casa de decenas de familias.

Un numeroso grupo de personas llegó a la localidad disparando armas de grueso calibre y acompañados de maquinaria pesada, tras muchos disparos derribaron las casas, obligando a salir y refugiarse en el monte a las y los compañer@s, entre los que se encontraban menores de edad.

Derribaron 24 viviendas, quemaron maíz y otros granos almacenados como semillas para la siembra, quemaron las pertenencias personales de la comunidad como ropa y zapatos. Además, se robaron ganado, plantas generadoras de energía y bombas de agua.

Condenamos la represión y despojo cometido en contra de nuestros compañeros y compañeras de la comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México que de forma violenta, fueron desalojados por grupos de choque al servicio del mal gobierno y las empresas inmobiliarias, junto con cientos de granaderos al servicio de Néstor Núñez, titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc, el pasado 30 de mayo a las 11:00 horas en el campamento que mantenían sobre la calle de Londres No. 7, Col. Juárez, desde donde la comunidad otomí mantiene campamentos temporales desde el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

Condenamos el cerco narco paramilitar que grupos criminales, solapados y apoyados por los tres niveles del mal gobierno y todos los partidos políticos, mantienen en contra de las comunidades del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) en el municipio de Chilapa y José Joaquín de Herrera, que con autonomía construyen la paz con su lucha.

Hacemos un llamado a los pueblos de México y el mundo a estar atentos y solidarios con la lucha de los pueblos de Guerrero, a romper el cerco que impone la violencia por la apropiación capitalista de los territorios indígenas, que limita el ingreso de alimentos y medicamentos. Llamamos a apoyar el acopio de víveres que serán destinados a las comunidades afectadas, y que recibirá productos como maíz, arroz, frijol, chiles de lata, azúcar, sardina, atún, papel de baño, pañales y medicamentos, en el local de UNIOS, ubicado en la calle Dr. Carmona y Valle No. 32, colonia Doctores, en la Ciudad de México.

Reiteramos que nuestra madre tierra no está en venta al gran capital ni a nadie, nuestra existencia no se negocia y por lo tanto tampoco la resistencia de nuestros pueblos.

Atentamente
Junio de 2019
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Nunca más un México sin nosotros
Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de Gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

(Fuente: Enlace Zapatista)

A dos años de la Asamblea Constituyente del Concejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI), que se conformó los días 26, 27 y 28 de mayo del 2017, las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensifican como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio. En el epicentro de los hostigamientos y de la criminalización se encuentran las defensoras quienes son cuidadoras de sus milenarias culturas y de la Madre Tierra.

Una mirada a las resistencias en México nos ejemplifica las constantes violaciones a derechos humanos a pueblos que se oponen al despojo y defienden su derecho a la autonomía. Dos geografías: en Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena del pueblo Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado.(1) En Oaxaca, el Comité en Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) es constantemente perseguido: cuatro de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente este año y el 19 de abril, un ataque armado en contra de CODEDI dejó 5 personas heridas en Huatulco. Front Line Defender en su campaña por proteger a personas defensoras explica que «CODEDI ha trabajado por más de 20 años en la promoción y protección de los derechos humanos de 50 comunidades indígenas en diferentes regiones en el estado de Oaxaca.» (2)

Desde diciembre del 2018, el CNI ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones; destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

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ALTO A LA GUERRA NARCOPARAMILITAR CONTRA EL CIPOG-EZ
Comunicado urgente del CNI-CIG y el EZLN

Hoy, con indignación y dolor denunciamos un nuevo y artero crimen contra nuestros compañeros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

Alrededor de las 13:30 horas del día 23 de mayo, en las inmediaciones de Chilapa, Guerrero, fueron privados de la libertad nuestros compañeros Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, ambos integrantes de la Policía Comunitaria en las comunidades nahuas de Tula y Xicotlán, el primero de ellos comandante, ambos promotores del CIPOG–EZ y miembros del Congreso Nacional Indígena, quienes fueron encontrados sin vida y descuartizados el día de ayer 24 de mayo.

Este artero crimen se suma al reciente asesinato de los compañeros Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, concejal y delegado del CNI-CIG, por lo que denunciamos la política de terror que los grupos narco paramilitares, con la ayuda descarada de los tres niveles del mal gobierno, están implementando en contra de los hermanos del CIPOG-EZ y todos los territorios indígenas de México. En el presente caso el perpetrador de tan terrible crimen fue el Grupo Paz y Justicia, ligado a los Ardillos, quien cuenta con la complicidad del Ejército Federal.

Los pueblos, naciones, tribus y barrios indígenas, estamos resistiendo no solo a los megaproyectos con los que los dueños del poder se apropian de la naturaleza y la tierra, también en contra de la muerte, miedo y desolación que sus grupos armados imponen en todo el país. Aunque tengan la camisa de los Rojos, los Ardillos o las fuerzas represivas del mal gobierno, el poder del dinero y la ambición por hacerlo ganancias basadas en el sufrimiento de los pueblos, los hace uno mismo. Construir esa paz y autonomía para los pueblos de Chilapa y la región es el horizonte por el que luchan nuestros hermanos asesinados por el capitalismo neoliberal.

Por eso siguen luchando nuestros compañeros, porque su semilla germina en la determinación de los pueblos, que junto con nuestra madre tierra, no nos rendimos, no nos vendemos ni claudicamos en la batalla por no desaparecer de la historia en medio de la destrucción total. Su lucha, su palabra y determinación la haremos crecer en la conciencia colectiva de los que soñamos y luchamos un nuevo mundo.

Exigimos que cese la represión en contra del CIPOG-EZ, justicia para nuestros hermanos Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, justicia para los pueblos dignos de Guerrero.

Atentamente
Mayo de 2019
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Nunca más un México sin nosotros

Congreso Nacional Indígena
Concejo Indígena de gobierno
Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Diócesis de San Cristóbal de las Casas; Chiapas, México
15 de agosto 2018

A los Hombres y las mujeres de Buena Voluntad, creyentes y no creyentes.

El presente documento propone visibilizar el problema social ocasionado por los desplazamientos forzados de que han sido objeto personas de las parroquias de San Pablo Chalchihuitán y San Andrés Larrainzar. El problema se acentuó debido a que toda la Región de los Altos de Chiapas ha sido el escenario de múltiples episodios de violencia y conflictividad permanente por razones territoriales con intervenciones de paramilitares. En diciembre 1997, ocurrió la masacre de 45 personas en la comunidad de Acteal.

Estos asesinatos y otros incidentes de naturaleza político-territorial son el antecedente que facilitó que en 2017 grupos civiles armados encontraran poca resistencia para provocar que más de 5,000 personas de Chalchihuitan y Chenalho huyeran de sus hogares y se refugiaran en las montañas y en 2018 habitantes de Aldama y Chenalho vivieran la misma situación de desplazamiento.

Actualidad

El conflicto ha escalado hasta el punto en el que al día de hoy 15 de agosto de 2018 aún existen cerca de 1,450 personas desplazadas, unas 4000 personas retornadas, pero que aún no han podido regresar a su vida normal y los desplazados están organizados en 10 campamentos que requieren de servicios básicos, alimentación, refugio, salud y artículos de higiene personal para subsistir en espera de una resolución.

Quienes han tratado de volver a sus hogares, no lo han logrado debido a que son objeto de disparos disuasivos y amenazas que los obligan en última instancia a regresar a los campamentos, se puede decir con seguridad que la población actual de los campos de desplazados está formada principalmente por ancianos, mujeres, adolescentes y niños pequeños. (Continuar leyendo…)

De nuevo, hechos que indignan. El 4 de mayo algunos medios nacionales informaron en breves notas del hallazgo del cuerpo de Holger Franz Hagenbusch, cicloviajero alemán que llevaba más de dos semanas desaparecido en Chiapas, México, dijeron que fue localizado dentro de un pronunciado barranco en el kilómetro 158 de la carretera federal del tramo San Cristóbal – Ocosingo. El lugar conocido como La Ventana se encuentra en el municipio de Ocosingo, puerta a la Selva Lacandona. Días antes, el 26 de abril, había sido localizado muy cerca, tan solo a 200 metros, el cadáver que se presume es de Krzysztof Chmielewski, de origen Polaco, de éste no trascendió la noticia en los medios de comunicación.

Más allá de dar por hecho que los cuerpos sean de los dos cicloviajeros, es importante recalcar que lo único que se ha identificado son las pertenencias de las dos personas y que los cuerpos tienen características físicas ajenas a la región. Hasta el momento la Fiscalía General del estado de Chiapas a través de un video difundido en su cuenta de twiter ha dicho que han sido encontrados “presumiblemente los restos de Holger Franz, en el mismo lugar donde fueron encontrados los restos del ciudadano polaco… En el lugar del hallazgo fueron encontradas prendas de vestir del ciudadano alemán… el ministerio público agotará todos los actos de investigación para conocer las causas de la muerte y la plena identidad de ambos extranjeros”.

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Durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las 7 familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor.

Foto: Niños vulnerables de la comunidad de Kokó, Aldama, Chiapas. 31 de marzo 2018. Carlos Ogaz.

Lee también: Comuneros de Aldama denuncian despojo y desplazamiento forzado

Compartimos aquí la denuncia de los comuneros de Aldama:

Hacemos un llamado a:

Los medios de comunicación, local, nacional e internacional.
Al gobierno estatal y federal.
A las organizaciones civiles de derechos humanos.
A la sociedad civil.

Origen del conflicto:

El pueblo de Aldama Magdalena queremos externar nuestra preocupación que hemos vivido entre la comunidad de Santa Martha (Manuel Utrilla) y Aldama donde hemos sufrido el despojo de parcela de 60 hectáreas que son legítimos dueños ancestralmente de los 115 comuneros de Aldama.

1. 2014 empieza la agresión por parte de Santa Martha a Aldama robándoles mangueras de agua potable y tala de árboles (pino, liquidámbar) que son propiedades de Aldama, haciendo la denuncia correspondiente por ecosidio y robo.
2. 2016 el 19 de abril empiezan a cortar el fruto de café parcela por parcela y tala parcial de algunas matas de café.

En el mes de mayo y junio: tala total de árboles frutales de café con un total de 40 hectáreas de cafetal y talando todas las sombras de café (chalum).

El 12 de junio el grupo de invasores despojaron a 7 familias con un total de 52 personas de sus hogares bajo amenazas con armas de fuego y machetes, robándoles todas sus pertenecías.

El 15 de julio el grupo de invasores quemaron y destruyeron en su totalidad las 7 casas de las familias despojadas de sus hogares.

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En el municipio de Aldama, región Altos de Chiapas se encuentran alrededor de 638 personas en situación de desplazamiento forzado desde el pasado 3 de marzo cuando un grupo armado del vecino ejido Manuel Utrilla, también conocido como Santa Marta en Chenalhó realizó disparos de arma de fuego de grueso calibre contra las casas, y escuelas en las comunidades de Koko’, Tabak y San Pedro Cotsilnam. Los conflicos agrarios se potencian en medio de una región en donde los paramilitares nunca fueron desarmados, además de ser amparados por el estado mexicano. Regeneración Radio realizó un recorrido por las comunidades afectadas y pudo constatar los disparos constantes y el riesgo a la vida de las personas que se encuentran bajo escases de alimento, en medio de las inclemencias del tiempo y del terror; esta es su historia.

La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. El Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia.

Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes.

El territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. En esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal. El Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror; actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo, a brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos.(1)

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