^{En portada: Una protesta contra el Ejército, en Acapulco. Bernardo Hernández (Cuartoscuro)}

8 de septiembre, 2020. Agricultores protestan para exigir el cierre de la presa La Boquilla en Chihuahua. Están enfurecid@s, pues en medio de una temporada de sequia, exigen detener el flujo del agua que va del embalse en México con dirección hacia los EEUU.

Tras las manifestaciones, se retiran, pero son vigilados de cerca por elementos de la Guardia Nacional (GN). Jessica Silva viaja en camioneta con su esposo después de que ambos participaron en la manifestación. A la altura del municipio de Delicias, una camioneta de la GN les da alcance y sin previa advertencia, dispara en su contra, provocando la muerte a Silva e hiriendo a su acompañante.

Los primeros reportes de la GN divulgaron que sus elementos dispararon como respuesta a una agresión, “por lo que su personal se vio obligado a aplicar medidas de seguridad, conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la fuerza”, refiere la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en informe obtenido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Los elementos de la GN elaboraron una narrativa en la que ellos fueron objeto de un ataque e incluso reportaron heridos. Todo era mentira.

Más tarde, la propia SSPC confirmó que no hubo ningún elemento de la GN lesionado o fallecido. Además, en la carpeta de investigación del caso no existen elementos que acrediten que las víctimas hayan efectuado disparos de arma de fuego, por lo que no se justifica que el personal de la GN accionara sus armas, lo cual de acuerdo a la CNDH constituyó un uso excesivo de la fuerza.

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Por estos hechos, la CNDH emitió la Recomendación 52VG/2022 dirigida a la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, institución responsable por la GN, aunque el control operativo cotidiano recae en el Ejército.

Mediante evidencias recabadas, testimonios de los propios elementos de la GN y de testigos que presenciaron la agresión, la Recomendación concluye que los integrantes del cuerpo de seguridad militar hicieron uso ilegítimo de la fuerza y de las armas de fuego que derivó en la ejecución arbitraria de Silva.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH, la Sedena y la Guardia Nacional contabilizan 2,169 quejas por violaciones a derechos humanos en los tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A casi tres años de su creación y pese a registrar casi 5 mil reportes de violencia en su unidad de control interno, hasta junio del 2021, ésta es la primera recomendación emitida por la CNDH que cataloga como violación grave a los derechos humanos la actuación de los elementos de la Guardia Nacional.

Investigarse a sí mismo

El artículo 22 de la Ley de la Guardia Nacional dispone que el cuerpo de seguridad militar contará con áreas especializadas como la Unidad de Asuntos Internos.

Según el Reglamento de dicha ley, le corresponde a esta unidad la realización de actividades de supervisión e inspección generales, tales como la recepción e investigación de quejas, y en su caso, la presentación de casos ante el presidente del Consejo de Carrera o a los Consejos de Disciplina. Estos últimos,conforme a los artículos 70 y 71, están compuestos por los propios mandos de la Guardia Nacional, en quienes recae la facultad de resolución definitiva de las denuncias.

Voces que han cuestionado el proceso de militarización en México por más de dos sexenios, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), critican que esta normatividad excluye la posibilidad de contar con mecanismos independientes y externos de supervisión para atender las quejas por abuso y violencia de los elementos de la GN.

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Además, en el informe “Poder Militar”, el Centro Prodh detalla que “la Unidad de Asuntos Internos la encabeza un General de Brigada retirado, con antecedentes de haber sido parte de un cuerpo especialmente opaco y propenso a la vulneración de derechos humanos como lo es la Policía Judicial Militar. No es claro, además, que en efecto el nombramiento haya sido realizado desde la Presidencia”.

Esta es una referencia a David Enrique Velarde Sigüenza, titular de la Unidad desde enero de 2021 y sobre quien pesan acusaciones de tortura, retención arbitraria y detención ilegal. Acorde a la norma, el titular “contará con autonomía de gestión y conocerá de las quejas y denuncias, incluso anónimas, para llevar a cabo actividades de vigilancia, inspección, supervisión e investigación y las demás que determine el Reglamento”.

El Centro Prodh lamenta que, aún cuando la ley buscaba que quien ocupara esta posición fuera un civil que sirviera de contrapeso independiente de las Fuerzas Armadas, esto no ocurriera así. “El caso de la Unidad de Asuntos Internos es especialmente delicado pues la Ley de la Guardia Nacional dispone que ésta sea prácticamente el único control interno relevante”, advierte la organización de derechos humanos.

La reflexión cobra sentido ante el desdibujamiento del carácter civil de la Guardia Nacional, como fue prometido en el momento de su creación en 2019, pues prácticamente el 75% de los elementos que la integran son de extracción castrense.

Para febrero del 2022, la misma Guardia Nacional reporta que cuenta con más de 113 mil elementos, de los cuales el 88 por ciento está desplegado en todo el territorio nacional.

Miles de denuncias

Un análisis realizado por el Centro Prodh del periodo comprendido del 27 de mayo de 2019 al 10 de marzo de 2021 arroja que se han iniciado 4,867 expedientes de investigación en la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, órgano de control interno del cuerpo de seguridad militar.

De estas carpetas, 3,483 se encontraban en trámite hasta junio del año pasado y de las 1,370 concluidas, solo 39 fueron declaradas procedentes para iniciar los procedimientos administrativos ante la Dirección General de Consejos Superiores.

Entre las conductas que registran los expedientes procedentes se encuentran: Incumplimiento a los requisitos de permanencia (no aprobar las evaluaciones de permanencia); vínculos con delincuencia organizada; conductas que desacreditan la imagen de la institución; toxicológico positivo en evaluación de control de confianza y delitos contra la salud.

“El que un cuerpo colegiado de oficiales de la propia Guardia Nacional, que actualmente –hay que insistir– sería de extracción predominantemente castrense, resuelva en definitiva sobre estas conductas tampoco asegura ni debido proceso para los acusados ni exhaustividad en el análisis”, argumenta el informe del Centro Prodh.

Aunado a ello, el Centro también resalta que, de acuerdo con la información brindada por la propia Guardia Nacional a través de su Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, los Consejos son incipientes, pues o no cuentan con información de sus actividades o han sesionado en pocas ocasiones.

Por otro lado, la ley de la GN obliga a dicho organismo a registrar los eventos en que se hizo uso de la fuerza. En respuesta a solicitud de información, la Guardia Nacional refiere que de 2019 a 2021 registró 161 eventos con uso de fuerza y armas de fuego, mientras que señala la inexistencia de casos con determinación de exceso de la fuerza.

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“Que no se reporten casos con determinación de exceso de uso de la fuerza en un contexto en el que es la propia Guardia Nacional la que realiza la investigación y en un entorno en el que se reportan 161 eventos de uso de la fuerza no resulta convincente. Máxime cuando la propia Guardia Nacional reportó que cuenta al menos con 33 registros de denuncias o quejas por uso excesivo de la fuerza”, cuestiona el Centro Prodh, a quien se le negó el acceso a los reportes pormenorizados pues la GN reservó la información por cinco años.

Para el Centro Prodh, la composición castrense de la Unidad de Asuntos Internos incide en la repetición de conductas de las instituciones militares, quienes al indagar denuncias relacionadas con militares no realizan su labor con exhaustividad.

“Resulta especialmente grave que la Guardia Nacional reporte que entre las conductas analizadas en estas instancias se encuentran algunas que, por ser delitos, deberían ser indagadas por el Ministerio Público de la Federación y no por la Guardia, a efecto de que no se construya una suerte de fuero fáctico para sus integrantes”, alerta el Centro, en referencia a que la GN indague conductas como los vínculos con delincuencia organizada.

Abuso de la fuerza

Intersecta es una organización feminista que ha documentado “cómo la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública, lejos de disminuir la violencia, ha derivado en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”.

Un reporte de esta organización señala que desde 2019 existen indicadores que muestran un crecimiento en el abuso de la fuerza en los “enfrentamientos” del ejército mexicano.

En 2020, se registraron 260 enfrentamientos con involucramiento de elementos de la SEDENA con un saldo de 237 civiles muertos y apenas 6 militares fallecidos. “Por sí solo, el 2020 da suficientes motivos para sonar las alarmas. Cuando se contrasta el 2020 con años previos, la preocupación solo aumenta”, señala el informe De Nuevo Laredo a Mazapa de Madero: el índice de letalidad de la SEDENA crece.

De acuerdo al Centro Prodh, en estos casos han sido las propias Fuerzas Armadas quienes reportan los eventos, sin que ninguna de las instituciones externas de control, como la Fiscalía General de la República (FGR) o la Comisión Nacional de Derechos Humanos realicen investigaciones al respecto de los casos y denuncias.

“El silencio de la CNDH es especialmente grave, pues tratándose de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, claramente ha retrocedido en la práctica de emitir pronunciamientos para expresar preocupación por el uso excesivo de la fuerza y anunciar el inicio de expedientes de queja cuando hay casos públicos y notorios, práctica que sí mantiene respecto de otras autoridades y violaciones a derechos humanos. Esto, desde luego, impactará previsiblemente en una disminución de emisión de recomendaciones”, señala el documento del Centro Prodh.

Según los registros de la GN, hasta mediados de 2021, sus elementos han privado de la vida a 94 personas, de las cuales sólo cinco son reconocidas como civiles, mientras 89 son catalogadas como “agresores”, una identificación en que las Fuerzas Armadas tradicionalmente han reportado los ‘saldos’ de sus operaciones.

“Es relevante analizar en cada uno de estos casos si en efecto la fuerza letal se empleó como último recurso y si en realidad la Guardia Nacional fue objeto de la agresión a la que se refiere su registro”, destaca el informe “Poder Militar”. Para el Centro Prodh, resulta previsible que sigan ocurriendo las violaciones a derechos humanos “considerando la forma en que las inercias relacionadas con el abuso de la fuerza arraigaron en las instituciones de seguridad desde el inicio de la ‘Guerra contra el Narcotráfico’. Por otro lado, frente a la comisión de éstas no se están activando los controles externos, sino que –como en el pasado– se continúa dejando a las propias Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional el procesamiento de tales casos, aun cuando en nuestra historia reciente ese proceder ha desembocado siempre en la impunidad.

Este miércoles (6) fue amenazada una de las representantes de las niñas y niños de Homún, quienes presentaron un amparo contra la mega granja porcícola de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Kekén.

Así lo denuncio el Equipo Indignación, quien destacó que la infancia de Homún y el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) han luchado ante el riesgo de contaminación que implicaría el funcionamiento de la mega granja porcícola.

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La representante de la niñez de Homún recibió una llamada telefónica mediante la cual le cuestionaron su labor como activista. “La persona al otro lado de la línea le preguntó si le daba miedo luchar por los cenotes y si no temía que le pasara algo a sus hijos”, refiere el Equipo Indignación.

Esta agresión sucede a unos días de que el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, resuelva si mantiene o no la suspensión de operaciones de la fábrica que pretende criar 49,000 cerdos.

Ante la amenaza, el colectivo Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes), y el equipo Indignación exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de la defensora de los derechos humanos y de todas las personas que integran el colectivo.

Agresiones

Mediante comunicado, reiteran que se han reportado varias acciones de intimidación contra defensores de derechos humanos del pueblo maya de Homún. Esta no es la primera vez en que se realizan amenazas contra quienes se han pronunciado ante la contaminación que representa la operación de la mega granja porcícola.

“En el 2018 un integrante de Kanan Ts’ono’ot fue víctima de amenazas e intento de extorsión. En septiembre de ese mismo año, mientras el pueblo de Homún clausuraba simbólicamente la fábrica de cerdos, un equipo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), apoyado por la Policía Estatal, puso sellos de clausura en los cenotes de los cinco miembros de la coordinación de Kanan Ts’ono’ot”, detalla el documento.

También, en mayo de 2021, después de que se ratificara la suspensión definitiva de operaciones de la fábrica de cerdos, la Secretaría de Salud estatal, clausuró los paradores turísticos de algunos integrantes de la directiva del colectivo maya.

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“Además de estas acciones, es importante recalcar que el gobierno estatal ha sido omiso en garantizar nuestros derechos como pueblo maya, en vez de esto, ha favorecido y alentado a dicha empresa porcícola”, denuncian las organizaciones.

Sobre todo, hacen énfasis en que la amenaza más reciente esta dirigida contra la infancia de Homún, “la cual está en su legítimo derecho de defender el agua, los cenotes y su derecho a la libre determinación y a un ambiente sano”.

Despojo de territorios, contaminación, crimen organizado, hidroeléctricas, extracción minera y de hidrocarburos son las constantes denuncias de los pueblos originarios al paso de la Caravana por el Agua y la Vida, a dos semanas de haber iniciado su travesía por nueve entidades mexicanas.

El pasado 22 de marzo, organizaciones convocadas por Pueblos Unidos de la Región Choluteca y de los Volcanes, a propósito del aniversario de la toma de la sede de la empresa Bonfont en Puebla, partieron de la comunidad Juan C. Bonilla y, respetando el itinerario, continuaron con actividades en el Mercado Hidalgo, Calpan, Atlixco, Ahuacatlán, Ocotepec, en Puebla.

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Durante las dos primeras semanas también visitaron Apizaco, Tlaxcala; Actopan, Puerto de Veracruz y Santa Marta, en Veracruz. Aunque hubo alertas del cuerpo de seguridad este fin de semana (2 y 3 de abril) las organizaciones realizaron las actividades previstas en Chilapa de Álvarez y Alcozacán, Guerrero, sin incidentes.

El domingo llegaron a Milpa Alta en la Ciudad de México y el lunes (4) compartieron un mitin con el Campamento Triqui y a las afueras de Okupa Chiapas.

En el trayecto participan en acciones como mítines, marchas, foros, asambleas, conversatorios, eventos culturales que organizan los grupos en cada destino.

“En los diferentes puntos que hemos recorrido los compañeros denuncian la contaminación que hay en los territorios, la violencia que se desata por parte del mismo Estado y las empresas”, señaló Camilo, integrante de la caravana, en entrevista con Avispa Midia.

Resistencia 

La primera denuncia de la caravana tiene contexto en la comunidad Juan C. Bonilla, en la zona cholulteca, con la extracción masiva de agua por parte de los corredores industriales y embotelladoras (Danone) que provocaron consecuencias, como el socavón de 50 metros de profundidad y 126 metros en su eje mayor, que apareció el 29 de mayo de 2021. Según estudios del Instituto Politécnico Nacional, fue ocasionado por extracción masiva de agua.

A su paso por Xoxtla y en Tlaltenango, la queja se causó contra las industrias Ternium; una fundidora de hierro que “genera montañas de desperdicio” de armex, de varillas, de latas, “que no les funcionan y son montañas a cielo abierto que han contaminado ya todo el aire de la región”, explicó Camilo.

En el mismo estado de Puebla, con el problema de basureros en San Juan Tautla, hicieron visibles la contaminación por los líquidos que se filtran al subsuelo que dañan los mantos acuíferos y el aire. Mientras en la sierra norte denunciaron los proyectos mineros.

La privatización del agua, extracción de hidrocarburos, delincuencia y crimen organizado, de nueva cuenta, fueron los temas centrales de las acciones en Veracruz.

Por ello, Camilo reiteró la importante labor de la Caravana en visibilizar las batallas, para organizarse como pueblos y trabajar en colectivo con el Consejo Nacional Indígena (CNI) y el Consejo Indígena de Gobierno (CIG).

Alerta

El sábado 2 de abril, el portal del CNI publicó un reporte de la presencia de 50 camionetas y 20 motocicletas del grupo de sicarios «Los Ardillos» en la comunidad de Colotepec, Chilapa, uno de los puntos por donde la caravana transitaría para continuar su recorrido en Guerrero.

El CNI reiteró que el movimiento es pacífico y repudió las prácticas de guerra en contra de los pueblos, “hacemos responsables a los tres niveles de gobierno de cualquier atentado en contra de la Caravana y de nuestros hermanos del CIPOG-EZ”, se lee en la información.

Camilo dijo que en la marcha se incorporan más organizaciones como Sol Rojo de Oaxaca, la Red de Resistencias y Rebeldías de Veracruz, Euskadi de Tlaxcala, medios de comunicación y una delegación de Francia y Alemania.

Los que faltan 

Este 5 de abril la caravana cumplió 15 días de haber iniciado su trayecto para fortalecer la defensa de los territorios con un llamado reiterado a la conciencia, como lo expresó en su mensaje María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno, también conocida como Marichuy.

“Los megaproyectos se aprovechan de lo que da la vida en nuestras comunidades”, dijo en el mitin realizado a las afueras de Casa Okupa Chiapas en la Ciudad de México, en el que hizo llamado para unificar luchas y construir “algo más fuerte”.

En la misma ciudad, la caravana visitó el plantón de mujeres Mazatecas por la Libertad de siete indígenas, presos políticos de Eloxochitlán, que mantienen frente al Consejo de la Judicatura Federal, ante la omisión del gobierno de Oaxaca.

“Hoy hacemos uso de nuestra autonomía a nuestra libre determinación. Los pueblos seguimos resistiendo. Mientras ustedes permanecen sordos nosotros seguiremos luchando”, se escuchó en las participaciones.

También acudieron a Ciudad Universitaria y a las instalaciones de Conagua, “es la culpable de la sequía en nuestros pueblos … la declaramos culpable de las muertes que provoca en nuestros pueblos, le decimos a Conagua que el agua no se vende, se ama y se defiende”, se escuchó al unísono.

El 6 de abril continuarán en actividades en el plantón en la Preparatoria Benito Juárez de Iztapalapa; el 7 estarán en Calixtlahuaca en el Estado de México y regresan a Xochimilco en la Ciudad de México para participar al día siguiente (8) en el Encuentro Internacional en defensa de la Madre Tierra con la Casa de los Pueblos y las comunidades indígenas “Samir Flores Soberanes”; y con la comunidad Otomí.

El 9 de abril planean llegar a Querétaro donde serán recibidos por el Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán de Amecalco. Un día después vuelven a la Ciudad de México para una movilización por el 103 aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. El 11 de abril está calendarizado en Asurco y Huexca, Morelos; y el 12 en Amilcingo y Tetlama, en la misma entidad.

Del 13 al 16 de abril las actividades serán con organizaciones internacionales en reuniones por plataformas digitales. El 17 y 18 estarán en Tehuacán y Chila de las flores, respectivamente; para después viajar a Santa Rosa, el 20 de abril a 4 Venados, el 21 a Yerba Santa y el 22 al Istmo de Tehuantepec. La caravana concluye en Cuentepec el 23 y 24 abril con la Primera Asamblea del Pueblo Nahum de Morelia.

“Falta Querétaro, Estado de México y Oaxaca para concluir en Morelos donde se realizará un decreto comunitario de los Pueblos Nahuas de Morelos: es sobre la minería, se nos quiere imponer un proyecto de muerte pasando por los derechos indígenas de los compañeros de las comunidades de Tetlama y Cuentepec y de lo que se va sumando”, dijo un morelense integrante de la caravana.

El decreto es con base en la ley de los pueblos y la libre determinación que tenemos las comunidades originarias “para decidir qué es lo que queremos o no, en nuestro territorio”.

Al finalizar la caravana, las organizaciones trabajarán un informe sobre la documentación realizada en la ruta por los nueve estado de México, “para acordar lo que sigue”, precisó Camilo.

Las amenazas de Estados Unidos (EEUU) y Reino Unido, en el contexto de la guerra en Ucrania, de dejar de comprar petróleo y gas a Rusia, han servido para que los costos de los energéticos se dispararan drásticamente, incluso, por arriba de los precios alcanzados con la crisis financiera del año 2008.

Para empeorar la situación, el jueves pasado (31), el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que establece que “países extranjeros no amistosos” comiencen a pagar en rublos el gas que les vende o, de lo contrario, cortará los suministros. “Nadie nos vende nada gratis, y tampoco vamos a hacer obras de caridad, es decir, se detendrán los contratos existentes”, sostuvo Putin.

El precio de la gasolina en el país norteamericano ha alcanzado su máximo histórico. En el estado de California, por ejemplo, el galón llegó a costar 6 dólares; en 2021, estuvo a 3,73.

“Los costos los tenemos que pagar los ciudadanos que vivimos al día. ¡Todo está aumentando de precio!”, comparte para Avispa Midia, Mara de Cordero, residente de California, quien se dedica a la limpieza de oficinas.

Cordero asevera que no solo es la gasolina que esta subiendo y asegura, “nos afecta, sobre todo, a quienes tenemos un salario mínimo; nuestra situación ya era vulnerable con la pandemia y hoy, con esta guerra, sentimos que los tiempos que vienen serán más difíciles”.

Semanas antes de la declaración de guerra de Rusia contra Ucrania, las empresas petroleras ya comenzaban a beneficiarse con el alza de los precios de los combustibles fósiles y los ciudadanos de a pie sufrían los impactos.

Elvys D. Cordero, mecánico residente en California, comparte con Avispa Midia que, actualmente, están gastando en sus cuentas diarias el doble de lo que gastaban antes de la pandemia. “En este país hay personas que trabajamos dos o tres turnos para poder solventar nuestros gastos y esta situación nos está afectando aun más”, comparte.

El escenario bélico viene impactando en escalada los costos de los energéticos y la inestabilidad en la oferta y la demanda podría agudizar aun más la situación. Según la agencia Bloomberg, la Casa Blanca debe anunciar próximamente un plan para liberar hasta un millón de barriles diarios de sus reservas estratégicas durante varios meses para frenar la inflación e intentar estabilizar el mercado.

El gobierno de los EEUU ha incentivado a los Estados y a las compañías petroleras a producir más petróleo y gas frente a la inestabilidad del mercado.

Por ejemplo, Jennifer Granholm, secretaria de energía de EEUU, pidió a Bento Albuquerque, ministro de Minas y Energía de Brasil, durante una videoconferencia el jueves 10 de marzo, que aumentara su producción de petróleo.

“Ella [Jennifer Granholm] me preguntó si Brasil podía formar parte de este esfuerzo, y yo le dije ‘por supuesto que sí’. Ya estamos aumentando la producción, mientras que la mayoría de los países de la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​] la han reducido”, respondió Albuquerque.

La OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados) redujó su producción en 1,1 millones de barriles por día (bpd) por debajo del objetivo establecido, según La Agencia Internacional de la Energía.

Reducción en la producción Rusa

De acuerdo con un estudio llamado La invasión rusa de Ucrania y los escenarios del mercado mundial del petróleo, del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, se contempla la reducción de 1,1 millones (bpd) de producción de petróleo ruso para mayo de 2022 y en 2023 podría alcanzar pérdidas de crecimiento de hasta 2,5 millones de barriles por día.

En 2021 Rusia ocupo el 2º lugar como productor mundial de petróleo crudo, 14% de la producción mundial. Un 60% de este petróleo tienen como destino Europa y otro 35% termina en Asia, señala el informe de Oxford.

Acuerdo entre China y Rusia

Los analistas de Oxford destacan que, con el acuerdo comercial de gas entre Rusia y China, anunciado el 4 de febrero de 2022, se pretende vulnerar la dependencia de Europa. Según este estudio, la sorprendente rapidez con la que se ha firmado este pacto, se remonta a planes que se vienen dando desde el año 2014. “Sus bases se establecieron en diciembre de 2017, cuando se firmó un acuerdo de intenciones para el suministro de gas ruso a China a través de la ruta del Lejano Oriente”, remarca el documento.

Si Europa dejara de comprar gas a Rusia, los países impactados inmediatamente serían Italia y Alemania, principalmente con el aumento de los precios de la calefacción, que ya se consideran altos.

En un acto desesperado, este lunes (5), el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, dio la orden a la Agencia Federal de Redes para tomar el control fiduciario de Gazprom Germania, la filial alemana de Gazprom Rusia. El ministro justificó esta acción asegurando que las relaciones legales con Rusia han sido poco claras y esto implica una violación de las normas de información.

Por otra parte, la petrolera rusa ya había anunciado desde días antes que abandonaba su participación en Gazprom Germania GmnH, también de Gazprom Marketing&Trading Ltd. “El 31 de marzo el grupo Gazprom puso término a su participación en la compañía Gazprom Germania GmbH y todos sus activos”, informó en su sitio web la empresa.

Mientras tanto la Agencia Federal de Redes de Alemania asumirá por un período transitorio la función de accionista fiduciario de Gazprom Germania.

EEUU

Por su parte, EEUU se mueve rápidamente para intentar llenar los vacíos que podría dejar Rusia y responder a la inestabilidad de los precios. La compañía de capital estadounidense, ExxonMobil, anunció recientemente que ha decidido invertir 10 mil millones de dólares en su cuarto proyecto de producción de petróleo frente a la costa de Guyana, el mayor del país sudamericano.

Estados Unidos, con tan solo 4% de la población mundial, consume más de 17 millones de barriles de petróleo por día que representa el 25% del consumo de energéticos a nivel mundial. En Guyana se busca producir hasta 1,2 millones de barriles diarios de petróleo y gas (boed), que se espera alcanzar para 2027.

Exxon y sus socios Hess Corp (HES.N) y el Consorcio CNOOC Ltd. iniciaron la producción en Guyana en 2019 y son responsables de toda la producción del país.

Este proyecto es uno de diez que estas empresas tienen previsto instalar en Guyana.

Además, la casa blanca esta buscando, según el The Wall Street Journal, reiniciar operaciones en Venezuela. La estadounidense Chevron se prepara para iniciar operaciones comerciales del crudo venezolano y pretende asumir el control operacional de cuatro empresas mixtas que comparte con Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).

Los principales países exportadores de petróleo hacia Estados Unidos son: Brasil, Argentina, Colombia, México, Venezuela, Ecuador y Guyana.

“Fue una embestida por parte del Instituto Nacional de Migración [INM] y la Guardiana Nacional, gritaban: ¡violencia, violencia!”, relató Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos y acompañante del viacrucis migrante que el pasado viernes (1) salió de Tapachula, Chiapas.

El 18 de marzo cerraron las oficinas de regulación migratoria del INM después de un disturbio y destrozos provocados por las mismos migrantes que hace meses esperan una respuesta a sus trámites en Tapachula, frontera sur de México, una ciudad que no conocen, sin empleo ni acceso a derechos básicos. Además enfrentan discriminación desde las redes sociales, hasta en las aceras de las calles.

El tenor obligó a los extranjeros a organizarse para salir en grupo hacia a la frontera norte de México, previo a la Semana Santa. Antes de partir, junto a defensores de derechos humanos, hicieron pública la solicitud de diálogo con las autoridades migratorias; y directamente al Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. Pero no hubo retroalimentación.

En esta petición buscaban que se respetara la minuta que representantes federales signaron en diciembre de 2021 y que los compromete a respetar los derechos humanos de personas con necesidades de protección internacional.

Salida

Con alrededor de 700 amparos interpuestos ante un juez federal, acompañados por organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, como Luis García Villagrán, el viernes 1 de abril el ‘viacrucis migrante’ se puso en marcha.

Las personas originarias de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Honduras caminaron 18 kilómetros, precedidos por una cruz blanca de madera y la bandera de Venezuela. En el camino ya habían logrado pasar un muro de las fuerzas federales en el paso a desnivel conocido como Viva México.

Pero en el cruce del poblado Álvaro Obregón, la Guardia Nacional con equipo antimotines se desplegó otra vez, para frenar el objetivo del éxodo.

Con la misma cruz de madera y al grito repetido de ¡libertad!, el éxodo se abrió paso entre la valla de escudos, cuerpos humanos, macanas y gases que hirieron al menos a 30 personas, entre ellos varios menores de edad.

En la persecución, muchos dejaron tirados objetos personales y mochilas completas. Al menos 90 personas fueron detenidas y trasladadas a estaciones migratorias en Oaxaca, mientras otras corrieron entre la maleza para esconderse de los uniformados, “hay personas desaparecidas y familias separadas”, aseguró Luis García Villagrán.

El operativo fue coordinado personalmente por la delegada del INM en Chiapas, Paola López Rodas, agregó Villagrán. “Una mujer de Venezuela de tres meses de embarazo estuvo con complicaciones; mucha gente dañada en este intento de detención y criminalización”.

Las más de 20 organizaciones que integran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, en el Sureste Mexicano, evidenciaron que el operativo migratorio se realizó con violencia, con el uso de gases lacrimógenos, la detención de personas y el hostigamiento e intento de detención de defensores de derechos humanos.

Durante el despliegue militar, el grupo del viacrucis corrió y se resguardó en la parroquia de Álvaro Obregón, donde recibieron atención médica por parte de Protección Civil. Durante dos días se refugiaron en ese espacio.

Feligreses y habitantes de la comunidad les proporcionaron alimentación. Por otro lado, medios locales publicaron declaraciones del obispo de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, en las que desacredita el viacrucis y a los defensores acompañantes de la causa.

“El obispo crispa más la atención y el odio que hay en contra de la población migrante. Nosotros estamos solicitando diálogo desde antes de salir”, añadió Villagrán cuando recordó las violencias que enfrentan en “la ciudad cárcel”, como llaman los migrantes a Tapachula.

Estos repetidos actos de violencia por parte de las fuerzas federales se ejercieron, según el defensor, a pesar de las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos antes de iniciar la travesía.

Ciudad cárcel

Las personas en contexto de movilidad humana acamparon por varios meses en el Parque Bicentenario de Tapachula. En un tubo de agua se aseaban todos y la niñez dormía en el piso. “Son condiciones infrahumanas”, explicó Villagrán.

Después de varias semanas de protestas contra la administración del INM, el 11 de marzo, cerca de 800 personas lograron hacerse visibles en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tapachula.

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Para callar sus voces les entregaron visas humanitarias en Ciudad Hidalgo, razón que motivó a más personas a exigir también la regulación migratoria para poder salir de Chiapas. Pero sin la presencia de López Obrador, no hubo respuesta y la desesperación desencadenó nuevas protestas y reclamos entre migrantes.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano alertó, entonces, sobre la falta de transparencia en las promesas de regularizar a la población migrantes. “Estos conflictos son resultado de las acciones de las autoridades”, y sumó que, de esta manera, se promueve un trato diferenciado entre nacionalidades que generan tensión entre los grupos.

De raíz

Alrededor de las 15h de este domingo (3), el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado de prensa, que difundió en redes sociales, para llamar al éxodo de migrantes a no autolesionarse, “ni a convertirse en rehenes de intereses de terceros”.

Migración señaló a los defensores de promover acciones que dañan la integridad física y psicológica de los extranjeros, en referencia a la protesta en la que de nueva cuenta se costuraron los labios y a la huelga de hambre que iniciaron en la comunidad Álvaro Obregón, donde fueron reprimidos por las fuerzas federales.

La situación colocó rápidamente a Chiapas a la vista del mundo y la respuesta del INM tampoco demoró. Dos horas más tarde, de la publicación de su comunicado, llegó a un acuerdo con el grupo de migrantes.

Al menos 600 personas en contexto de movilidad aceptaron y comenzaron ser trasladadas en autobuses de la comunidad Álvaro Obregón a Tabasco y Oaxaca, para que puedan avanzar sus trámites de regularización migratoria.

En la documentación del Centro de Dignificación Humana, se detectó la presencia de infiltrados dentro del grupo de migrantes, así como en medios de comunicación, que contribuyen a un contexto de tensión.

“El Estado mexicano no tiene ninguna intención de hacer las cosas conforme a la ley sino todo lo contrario y ha gastado mucho dinero en estas actividades; por ello es responsable de lo que pueda ocurrirnos”, dijo VIllagrán.

Para el defensor, estas violencias que se ejercen son normalizadas por las mismas autoridades, que envía un mensaje erróneo a la sociedad, sin importar que se trate de un grupo vulnerable.

Los defensores de los derechos humanos coincidieron que, además de medidas inmediatas, se necesita mayor capacidad de atención del INM con base en el respeto de los derechos humanos y con conocimiento de leyes y acuerdos internacionales.

En el último comunicado del Colectivo Observación hizo un enérgico llamado para que las autoridades mexicanas detengan la violencia y los operativos. Asimismo, demandaron a la Secretaría de Gobernación, el INM y GN respeto y garantía de la integridad física y emocional de todas las personas que se desplazan.

Al mismo tiempo, las organizaciones pidieron al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dar debida respuesta a los procedimientos migratorios.

Este domingo (27), la empresa canadiense Minerales de Occidente S.A. de C.V. (Minosa), subsidiaria de la minera Aura Minerals, empezó a dinamitar el cerro llamado El Cementerio donde estaba el camposanto de la comunidad maya Chortí de Azacualpa, departamento Copán, en Honduras. Las explosiones continúan el día de hoy (28), denuncia el Bufete Estudios para Dignidad, que asesora jurídicamente a la comunidad en su lucha contra la minera.

“Adiós cementerio de Azacualpa, teníamos una esperanza en el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, pero hoy se desvanece como el polvo en el aire. Nos invade un mar de tristeza, en un país donde pesa más el dinero que la vida del pueblo que resiste”, publicó en sus redes sociales Azacualpa Resiste.

En los últimos meses la minera Minosa no detuvo sus trabajos en el cerro, a pesar de existir resoluciones judiciales que obligan a parar sus operaciones. La minera destruyó el camposanto de la comunidad y su entorno porque posee planes de explorar oro y plata en el cerro. Otros cerros en la región fueron destruidos por la empresa en su proceso de explotación. Tres comunidades ya fueron desplazadas.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la Justicia ordenó, en noviembre de 2020, que la empresa parara las exhumaciones. Sin embargo, Minosa continuó con la destrucción. En febrero de 2022, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán detuvo de forma provisional las exhumaciones. De nuevo, la empresa no hizo caso a la decisión judicial.

De acuerdo con denuncia de Bufete, el día 26 de marzo, en la madrugada, con apoyo de la policía nacional de la zona, subió maquinaria a la superficie del cerro del cementerio para continuar con las acciones de destrucción de este, realizando perforaciones para dinamitarlo.

En esta ocasión, en la zona del cementerio, se encontraba un grupo de trabajadores de la empresa y otras personas, contratadas y pagadas por la empresa Minosa para detener violentamente y agredir a las personas que se oponen a la destrucción del cerro El Cementerio.

Hoy las amenazas continúan. Un equipo del Bufete Estudios para Dignidad, del Comité de Afectados por Minosa y del Movimiento Amplio de Honduras buscó llegar al cerro en su labor de defensoría de derechos humanos, pero fueron alertados que serían atacados por personas vinculadas a Minosa. Un funcionario de la empresa amenazó directamente a uno de los abogados del Bufete, Víctor Fernández: “Víctor, no eres bienvenido”.

En un comunicado, las organizaciones sostienen que la destrucción del cerro “lo permitió un nuevo gobierno sin claridad, sin fuerza y con la cobardía de anunciar grandes decisiones y recular a la primera reacción de los mineros opresores”, refriéndose al hecho de que la presidenta de la República que recién asumió su cargo, Xiomara Castro de Zelaya, hizo la promesa de acabar con la minería a cielo abierto en Honduras.

Recientemente misiones de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) visitaron el cementerio y confirmaron las violaciones a derechos, el hostigamiento y discriminación contra quienes defienden derechos y denuncian a la empresa minera.

En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos reconoció que la “conflictividad social regresó a la zona al continuar con la destrucción del cementerio de la localidad por parte de la minera, generando hostigamiento y discriminación en contra de las y los defensores de derechos humanos que protegen la tierra y sus bienes naturales”.

En sus redes sociales el Alto Comisionado expresó que “lamenta la conflictividad social generada el día de hoy [27] con la entrada de maquinaria pesada en el cerro del cementerio de Azacualpa, a pesar de existir resoluciones judiciales que ordenan detener exhumaciones en el cementerio, procurando su integridad”.

La Oficina hace un llamado a acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional y de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán que ordenaron el cese de exhumaciones e insta a las autoridades a garantizar la seguridad y protección de las personas.

“Las 43 familias estamos enojadas, encabronadas, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años”, reclamó Mario González, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

La reacción de los familiares de los normalistas desaparecidos se dio tras la publicación del Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), mediante el cual se confirma la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los estudiantes, así como la actuación de las autoridades para falsear los hechos de la “verdad histórica”.

Así fue como el gobierno de Peña Nieto divulgó la versión oficial en la cual argumentaba que los estudiantes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del crimen organizado, quienes los asesinaron e incineraron en un basurero en Cocula.

Esta narrativa fue puesta en duda desde 2015, después de las investigaciones realizadas por el GIEI, quienes participaron para coadyuvar en el caso tras denuncias de irregularidades de la versión oficial.

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La publicación mas reciente de los expertos del GIEI expone un video donde se demuestra que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) intervinieron y manipularon el basurero de Cocula para la construcción de la “verdad histórica”.

Además, el GIEI también resalta que el Ejército diseño una estrategia de contrainsurgencia mediante la cual infiltró la normal de Ayotzinapa para espiar las actividades de los estudiantes. Incluso, el Ejército mantuvo la vigilancia de los normalistas en tiempo real durante los momentos en que fueron atacados por policías y criminales entre la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

Tras las revelaciones, las madres y padres de los estudiantes desaparecidos demandaron investigar al Ejército mexicano, así como llamar a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto para resolver su participación en el caso.

Promesas incumplidas

En conferencia de prensa realizada este martes (29), madres y padres de los estudiantes desaparecidos también demandaron una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador con quien, aseguran, no han tenido comunicación desde septiembre de 2021.

María Elena Guerrero, madre del normalista Giovanni Galíndez, aseveró que nunca creyeron posible que después de tres años de que asumiera el cargo el gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación”, no exista aún información sobre dónde se encuentran los estudiantes.

Por su parte, Cristina Bautista, madre del estudiante desaparecido Benjamín Ascencio, enfatizó que con la información del GIEI se debe proceder con la investigación del Ejército “porque ahí es donde hay obstáculos y no podemos alcanzar la verdad”.

Emiliano Navarrete, padre del normalista José Ángel Navarrete González, reclamó que en México los pobres no tienen justicia y prueba de ello es la manera en cómo se ha realizado la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes, pues desde el gobierno pasado existían motivos suficientes para sospechar del involucramiento del Ejército mexicano en el crimen.

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Navarrete también criticó la actuación de la administración federal actual, pues aseguró que las instituciones no le hacen caso al presidente, pues permanecen los obstáculos para acceder a información y continuar con las investigaciones.

“(El presidente) Debe dejar un poco las mañaneras y enfocarse un poco en los compromisos que ha tenido con el pueblo. Sí da coraje de ver que esas instituciones del gobierno federal siguen guardando información. Si nos ocultaron esto, ¿qué más pueden ocultar? El que miente una vez miente dos veces o tres veces. Y el gobierno solamente utiliza el poder para sí mismo, y no dar justicia al pueblo”, reclamó Navarrete.

Para Mario González, acciones como la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia para el Caso Ayotzinapa, muestran que las instituciones mexicanas han jugado con ellos durante tres años.

González señaló que, a escasos dos días de la toma del poder de AMLO en 2018, las autoridades federales firmaron un decreto en el que se comprometían a entregar toda la información sobre el caso y que los hicieron ir al 27 Batallón “a sabiendas de que no íbamos a encontrar nada”.

“¿Cómo no estar enojado, si a tres años sale una información que debía haber sido entregada en su momento? ¿Cómo no estar enojado si no sabemos nada de nuestros hijos?”, recriminó González.

¿Justicia?

En la conferencia de prensa también participó Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los normalistas desaparecidos quien aseguró que con la publicación del informe del GIEI queda claro que la manipulación del basurero en Cocula revela que fue una acción para ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad.

De acuerdo al abogado, este montaje complicó la exploración de otras líneas de investigación en por lo menos cinco años. Así mismo, negó que exista un cambio entre la anterior y la actual administración federal pues a mas de tres años de la creación de la Comisión para la Verdad y la Justicia, los secretarios de la Marina y de la Defensa Nacional se han negado a colaborar con las investigaciones.

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“Una cosa es que se le entregue al GIEI y otra que ya se hagan diligencias concretas para fincar responsabilidad”, reclamó Rosales pues a pesar de la publicación del informe de expertos, esta información no se ha vertido de manera concreta a la investigación, pues el Ministerio Público está teniendo dificultades para darle cauce jurídico a lo difundido por el GIEI.

Cabe destacar que, de acuerdo con el GIEI, el Ejército también realizó actuaciones e investigaciones que no ha compartido para esclarecer los hechos. El grupo de expertos alertó que aún existe información relevante en poder de los militares y de las fuerzas de seguridad  que “ha sido omitida tanto en los documentos entregados al GIEI como a la fiscalía especializada, así como en las declaraciones de los funcionarios militares, entre ellas: información sobre los hechos del Palacio de Justicia en Iguala de una patrulla militar; omisión del reporte de la caseta tres de la carretera, donde se tenían desplegados militares, y la entrada en barandillas de normalistas esa noche”.

El pasado viernes (25) un comunicado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) incendió las redes sociales.

En el documento, titulado ¿Dónde estaban los pseudoambientalistas cuando hace años empezó la verdadera devastación del sureste de México?, la dependencia reclama que el actual gobierno federal “trabaja en la remediación del desastre socioambiental”, permitido y promovido por administraciones pasadas en dicha región del país.

Uno de los temas que menciona el comunicado de Semarnat por contribuir a la devastación del sureste mexicano es la siembra de cultivos exóticos como la palma de aceite, los cuales demandan grandes cantidades de agua, así como la utilización de agroquímicos que generan severas afectaciones ambientales.

Una semana antes, Avispa Midia publicó la investigación El dilema de La Encrucijada: el lavado verde de la palma aceitera, donde revelamos la existencia de más de 7 mil hectáreas de palma aceitera cultivadas dentro de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, un Área Natural Protegida (ANP) en Chiapas.

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Días después, el comunicado de Semarnat corroboró esta información al referir que existen 8,000 hectáreas de palma aceitera dentro de La Encrucijada, una ANP con extensión de 144 mil hectáreas, la cual alberga los ecosistemas de humedales más importantes del Pacífico Americano.

Lo que no menciona el comunicado de Semarnat, al pretender justificar que la expansión de la palma aceitera es un problema del pasado, es que la agroindustria recibe el apoyo de la actual administración federal por distintas instituciones. Mediante acciones u omisiones, permiten la expansión de los monocultivos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como las Secretarías de Bienestar y la de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), bajo la administración de la autodenominada “Cuarta Transformación”, continúan el trabajo de gobiernos pasados al apoyar el avance de la palma aceitera en el sureste mexicano.

Tal es el caso de la poca o nula fiscalización de la Profepa ante las reiteradas denuncias de contaminación por parte de las plantas procesadoras de aceite de palma ubicadas en Chiapas.

En ese estado, como reitera el comunicado de Semarnat, existen más de 49 mil hectáreas sembradas con ese monocultivo. Chiapas también posee la mayor infraestructura para su procesamiento, lo que en regiones como Benemérito de las Américas, en la frontera con Guatemala, está causando severos problemas de salud.

Apenas el pasado febrero, más de 4 mil personas se movilizaron para denunciar la contaminación que les provoca malestares como nauseas, mareos y dolores de cabeza; sequía, así como afectaciones en las tierras y muerte de ganado.

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La protesta de febrero sucedió tras años de denuncias ignoradas por las autoridades ambientales. Incluso, previamente los habitantes de Benemérito de las Américas enviaron documentos y cartas, tanto a la Profepa como al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin obtener respuesta alguna.

Como documentó Avispa Midia, la expansión de la palma aceitera en la costa de Chiapas obtiene un nuevo impulso con el programa de gobierno Sembrando Vida. Así lo aseguró Juan Carlos Castro, director de La Encrucijada quien alertó que productores palmeros se “colaron” como beneficiarios del programa que pretende atender la degradación ambiental del país.

La organización Earthworm Foundation, quien trabaja con palmeros para alcanzar la “sustentabilidad” del monocultivo, también señaló que dentro de Sembrando Vida existen productores que están combinando sus cultivos de palma aceitera con cacao.

Esto lo confirmó la empresa Nestlé, quien mediante el documento Abastecimiento responsable de aceite de palma de 2020 aseguró que trabajó con el programa de subsidios del gobierno federal con productores dentro de La Encrucijada, quienes suministran a cuatro procesadoras de la región.

Cabe destacar que la multinacional Nestlé es la principal compradora del aceite de palma proveniente de La Encrucijada, lo cual implica numerosas infracciones al manejo del ANP.

Por su parte, la expansión de la palma en México también cuenta con el apoyo de la Sader. Su titular, Víctor Villalobos Arámbula ha mostrado su respaldo a la industria palmera, tanto con productores nacionales como con alianzas con compañías trasnacionales.

“La Sader es un aliado de los productores de palma de aceite, por lo que juntos revertiremos las opiniones infundadas y negativas de su cultivo con argumentos basados en la ciencia y la investigación, lo que redundará en ampliar la producción de aceite”, expresó Villalobos en una reunión de 2019 con representantes de gremios palmeros.

Entre los presentes en aquella reunión se encontraba Jorge Terrones López, Director General del Grupo Oleosur y presidente del Consejo Mexicano para el Desarrollo de la Palma de Aceite. Resalta la cercanía de representantes de Olesur con Sader, debido a que su subsidiaria, Plantaciones del Soconusco, cuenta con plantaciones dentro de la Reserva de La Encrucijada, sin contar con autorización de la Semarnat.

Más recientemente, en 2021, la Sader y el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) se han sumado a las metas de PepsiCo a través de su programa “Agrovita”.

En mayo de 2021, Villalobos Arámbula participó en el lanzamiento del programa Agrovita, una iniciativa de PepsiCo Alimentos México, quien anunció una inversión de 20 millones de pesos para la expansión de palma de aceite en Chiapas y Tabasco, lo que se traduce en un renovado impulso para la expansión de las plantaciones de este monocultivo, principalmente en zonas que cuenten con las condiciones climáticas, como la región costa, selva y zona norte de Chiapas.