Por Vanessa Garcia Navarro

Para muchos trabajadores mexicanos Canadá parece un destino tentador para buscar mejores oportunidades laborales y de vida, en los campos de cultivo de moras, frutas, vegetales, flores y plantas ornamentales, incluso son estimulados por iniciativas como el Programa de Trabajadores Agrícola Temporales (PTAT), del gobierno mexicano.

No obstante, los testimonios de mexicanos que confiaron en estos programas no deberían ser ignorados, pues muestran al mundo una realidad diferente, totalmente contrastante a las promesas maquilladas de las páginas web de los gobiernos y las agencias de trabajo que les prometen ayudarlos a realizar sus trámites y conseguirles ofertas laborales con condiciones de calidad.

El jueves (4) se llevó a cabo el conversatorio testimonial Trabajadores Agrícolas Mexicanos en el Extranjero, ¿Se respetan sus derechos en Canadá?, en el cual se exhibieron las inhumanas vejaciones que viven los trabajadores agrícolas mexicanos cuando laboran en Canadá.

La lista de denuncias es larga. Jornadas de hasta 15 horas diarias (cuando sus contratos estipulan claramente que deberían ser de 8), omisión del día de descanso por semana (sin reposición del mismo posteriormente), que no se les paguen las horas extras ni días festivos con la tarifa correspondiente, negación de servicio médico, hacinamiento en las viviendas, agresiones físicas y psicológicas por parte de los jefes de las granjas, dificultades a la hora de comunicarse por no dominar los idiomas del país (inglés y francés), así como la escasez de material traducido al español o traductores que los apoyen al momento de anteponer denuncias, entre otras.

Byron Cruz, proveniente de Guatemala y miembro del Colectivo Santuario (una red de derechos migrantes de Canadá), en un ejercicio de solidaridad con los mexicanos, puntualizó como la pandemia por COVID-19 fue la ocasión perfecta para dejar en descubierto las injurias vividas por los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá.

Por experiencia puede dar fe de que en muchas ocasiones los trabajadores son puestos por sus jefes en habitaciones pequeñas que tienen que compartir con un elevado número de compañeros, lo cual, por si mismo es incómodo, pero tomando en cuenta que seguimos atravesando una pandemia, estas condiciones pasan al ámbito de lo peligroso e insalubre: los dos metros de distancia entre camas son imposibles, de hecho, los habitantes duermen codo a codo.

Por si fuera poco, en caso de que los trabajadores experimenten un accidente o enfermedad la estrategia de varios dueños y administradores de granjas es no reportar el incidente, lo cual deja desamparado al trabajador, cuya siguiente opción de acudir a un servicio medico privado (incosteable por ellos).

Finalmente, en un punto de vulnerabilidad absoluta del trabajador, los contratantes aprovechan y les proponen regresarlos a México, prometiéndoles que ahí tendrán la mejor atención médica patrocinada por ellos. “Esta por supuesto es una mentira, una manera de desechar a los trabajadores cuando consideran que ya no son una fuerza de trabajo útil”, dijo Byron.

Elizabeth Muñoz, socióloga con especialización en desarrollo comunitario, coordinadora del Centro de Trabajadores Inmigrantes (CTI), con una trayectoria de 8 años trabajando directamente con los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá, observa que los empleadores tienen una visión de los trabajadores “como si fueran de su propiedad”, no respetan los contratos y los amenazan con regresarlos a México si se niegan a las jornadas exhaustivas. Los jefes no se presentan a acompañar a los trabajadores (como es el derecho de estos últimos) en caso de que estos acudan al hospital de emergencia.

Otro fenómeno alarmante, según indica la socióloga, es que cuando un trabajador agrícola se lesiona es regresado a su país. “México está teniendo una acumulación de trabajadores enfermos y lesionados que no pueden trabajar ni en Canadá, ni en México”.

De la vista gorda

Muñoz comparte la voz de los trabajadores agrícolas con los que ha trabajado. Estos le dicen que se sienten desamparados, pues cuando llaman al consulado mexicano la respuesta que obtienen de los que se supone deberían protegerlos es “trabajen”, y posteriormente obtienen una segunda estocada de parte de los empleadores que se enfurecen con ellos por haber contactado al consulado.

Karla Meza, periodista independiente mexicana que se encuentra en Canadá, enfoca su investigación en los problemas que viven los trabajadores agrícolas. Indica que la secretaría del trabajo tiene quejas, sin embargo, estas no son atendidas. Una amenaza común de los empleadores a los trabajadores mexicanos es que si no desean perpetuar el ritmo de trabajo se les remplazará con “algún trabajador guatemalteco”. Al parecer este racismo sistémico se fundamenta en que Guatemala no tiene acuerdo bilateral con Canadá, como es el caso de México, lo cual vulnera aun mas a los trabajadores proveniente de Guatemala.

Además, Muñoz reporta que el tráfico de humanos se está volviendo una realidad en Canadá. Ante la desesperación, muchos trabajadores prefieren pagarle a un traficante (de los denominados coyotes o polleros) para que los lleven a Estados Unidos, donde prefieren vivir indocumentados que tolerar los maltratos en las granjas e invernaderos donde laboran en Canadá.

Covid-19

Otros trabajadores narraron las dificultades para ser inoculados contra el COVID-19 (por no contar con seguro), lo cual desencadena un circulo vicioso, dado que sin certificación de haber sido vacunados no son aceptados para laborar y ni siquiera pueden desarrollar actividades tan esenciales como entrar a comer establecimientos, ya que les solicita pruebas de haber recibido las dosis de vacunas.

Otro empleado agrícola, quien si obtuvo acceso a la vacuna contra COVID-19 narra que se lesionó el pie durante su jornada laboral, y su jefe tradujo incorrectamente la situación en el hospital, atribuyéndolo a una reacción de la vacuna, a fin de entorpecer el uso del seguro médico.

¿Las autoridades?

La diputada Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, refirió que desde el congreso se está trabajando en un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que garantice los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentran en Canadá, por la falta de oportunidades laborales en México. El punto de acuerdo  ha sido presentado el 28 de octubre.

Por Vanessa Garcìa Navarro

Por Ñanì Pinto

México: Expulsión masiva de solicitantes de asilo a Guatemala

EE. UU. y México expulsan a migrantes sin debido proceso

Foto de portada: Autobuses en el lado mexicano del cruce fronterizo El Ceibo tras la expulsión de migrantes a Guatemala.© 2021 Cortesía de Alejandra Macías Delgadillo, Asylum Access México

(Washington D.C.) – México ha estado expulsando de manera masiva a migrantes y solicitantes de asilo de distintas nacionalidades, hacia una zona selvática remota de Guatemala, una medida que pone en riesgo sus vidas, señaló hoy Human Rights Watch.

Entre las personas expulsadas hay familias y niños y niñas no acompañados, que en algunos casos fueron expulsados primero por vía aérea desde Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente de EE. UU. Joe Biden deberían poner fin a estas expulsiones peligrosas e ilegales y cerciorarse de que futuras deportaciones se realicen en cumplimiento del derecho mexicano, estadounidense e internacional.

“Abandonar a familias vulnerables en una zona remota de la selva guatemalteca, sin dinero, alimentos ni albergue e ignorando sus solicitudes de asilo, evidencia nuevamente la falta de preocupación por los derechos humanos del Presidente López Obrador”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Durante su mandato, el presidente mexicano ha cooperado con algunas de las políticas más abusivas de Estados Unidos contra la inmigración. Ahora ha ido aún más lejos, reproduciendo políticas abusivas en la frontera sur de México con Guatemala”.

A inicios de agosto de 2021, Estados Unidos comenzó a expulsar a algunos migrantes centroamericanos por vía aérea a dos ciudades del sur de México —Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco— que quedan cerca de la frontera guatemalteca.

También en agosto, las autoridades migratorias mexicanas empezaron a trasladar al menos a 300 migrantes de distintas nacionalidades cada día, incluyendo algunos que habían sido expulsados desde Estados Unidos y otros que habían sido aprehendidos en México, hacia el lado mexicano del remoto cruce fronterizo El Ceibo, en la Selva Lacandona. A veces, los autobuses han llegado tarde por la noche. Las autoridades mexicanas han obligado a los migrantes a cruzar la frontera a pie. También han expulsado de esta manera a grupos de migrantes a través del cruce fronterizo entre Talismán, Chiapas, y El Carmen, Guatemala.

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Slumil K’ajxemk’op, 5 de septiembre de 2021

Desde hace meses, la situación de las personas migrantes que llegan desde la ruta centroamericana hasta Tapachula (Chiapas) se ha hecho insostenible. Hay muchas personas migrantes, en su mayoría de origen haitiano, quienes se encuentran atrapadas esperando los trámites oportunos ante el Instituto Nacional Migratorio (INM) en Tapachula, México.

Desde el 19 de marzo de 2021, las negociaciones entre EEUU y México provocaron el despliegue de operativos de contención migratoria en la frontera sur, operadas por el INM en coordinación con la Guardia Nacional y el ejército que llevaron a la detención de personas migrantes (muchas de ellas mujeres con menores) en condiciones de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el COVID-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados por género en la Estación Migratoria Siglo XXI (Tapachula). Tampoco se cumplen los convenios sobre protección internacional de personas víctimas de desplazamiento forzado y devoluciones “en caliente” (sin atención de las diversas formas de regularización migratorias).

Esta situación no es nueva sino que responde a la militarización de las fronteras y la externalización de los sistemas de asilo provocada por el acuerdo de EEUU firmado en junio de 2019, tras amenazar al gobierno mexicano con incrementar un 5% los aranceles si no conseguían disminuir el paso de personas migrantes en situación administrativa irregular desde México a EEUU.

El pasado 28 de agosto, una caravana con aproximadamente mil personas, principalmente provenientes de Haití, pero también de Venezuela, Centroamérica, y Guinea Ecuatorial, decidieron emprender una caravana como un intento de seguir su camino migrante hacia el Norte y superar la situación de violación de derechos humanos y la falta de atención por parte de las autoridades migratorias en la frontera sur, debido a la incapacidad de atender la expedición de tarjetas de residencia y obligando a las personas migrantes a permanecer en Chiapas durante meses. En los siguientes días, nuevas caravanas se han organizado con los mismos objetivos de atravesar el territorio mexicano y ejercer su derecho fundamental a migrar.

Estas caravanas migrantes están sufriendo la violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad del estado mexicano, tal y como ha documentado Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano:

• El día 31 de agosto la primera caravana fue sorprendida en Mapastepec (Chiapas) mientras descansaba por un equipo de antimotines de la Guardia Nacional y funcionarios del INM. Las mujeres con niñxs fueron encapsuladas y los hombres detenidos con gran violencia, sin que existiera asistencia médica a las personas heridas. Del mismo modo, la segunda caravana fue interceptada y detenida, produciéndose persecuciones incluso dentro de casas y locales de la iglesia donde algunas pudieron refugiarse.
• El día 2 de septiembre, otra caravana sufrió una nueva represión violenta a su paso por Escuintla (Chiapas), donde también fueron heridas las periodistas que documentan y acompañan la caravana.

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Foto: Jacob García | Reuters

04 de septiembre de 2021

DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL COLECTIVO DE OBSERVACIÓN Y MONITOREO DE DERECHOS HUMANOS DEL SURESTE MEXICANO – COMDHSM Y PERIODISTAS SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO Y DENUNCIANDO LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS COMETIDAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS QUE SALEN DESDE TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO.

Desde el 28 de agosto el Instituto Nacional de Migración (INM) ha realizado operativos de detención para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas debido al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio. En estos desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, caminan personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso.

Durante los días que hemos acompañado a estos grupos forzados a desplazarse hemos sido testigos y documentado la actuación violenta y el uso desproporcionado de la fuerza hacia personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional e incluso personas defensoras y periodistas, con graves impactos físicos y emocionales. Esta situación llevó a las personas migrantes a ejercer su legítima defensa frente a las agresiones que son de público conocimiento.

Frente a esta situación de violencia contra personas defensoras y periodistas y, por ser beneficiarias de medidas de protección, de manera reiterada se ha solicitado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a la Secretaría de Gobernación que garantice la seguridad a defensores, defensoras y
periodistas, quienes acompañamos documentando estos actos de violación a derechos humanos sin obtener una respuesta oportuna. En este sentido, por ser beneficiarias de medidas de protección, existe una obligación reforzada del Estado mexicano de velar por nuestra integridad física y nuestra vida, obligación que no está siendo cumplimentada.

Destacamos que, a pesar de los actos de represión, las personas se siguen rearticulando y autoconvocando para continuar con su legítimo reclamo de buscar protección y una vida digna. Estas son las mismas razones que les obligaron a salir de sus países de manera forzada. Así como las personas continuarán con su camino, las personas defensoras y periodistas continuaremos acompañándoles para visibilizar su situación y asegurarnos que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos de todas las personas que habitan el territorio mexicano.

Por ello, como personas defensoras y periodistas hacemos un llamado a no criminalizar la defensa de derechos humanos, a no cometer actos violentos y de hostigamiento como ya han ocurrido y hemos denunciado públicamente. En efecto, tenemos el derecho a defender derechos humanos en un entorno seguro y propicio, el cual dista de la realidad en la cual nos encontramos en Chiapas.
A su vez, llamamos al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a que hagan un alto a la represión, detención y violencia que se ejerce contra personas desplazadas de manera forzada y a brindar estrategias reales que resuelvan las causas de fondo que provocan este desplazamiento, es decir, la resolución de trámites de regularización migratoria, la garantía de acceso al sistema de refugio y a la vinculación con actores que se han puesto a disposición para crear acciones de asistencia humanitaria que contrarresten las condiciones de marginación en la que se encuentra la población.

Llamamos a seguir fortaleciendo la solidaridad entre las comunidades, a generar procesos de empatía y apoyo a las personas que desde sus países de origen son obligadas a huir para salvar su vida, buscar protección y luchar por una vida digna y que hoy lo siguen haciendo en México enfrentando las violencias institucionales para hacer valer el derecho más fundamental que es la vida digna.

Por último, llamamos a la Comunidad Internacional, especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Procedimientos Especiales de la ONU y a otras organizaciones de la sociedad civil a que nos apoyen en la visibilización de lo que está sucediendo y que le exijan al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

#AltoALaViolencia y represión a personas que se desplazan de manera forzada por la nula respuesta institucional

#AltoALaViolencia a quienes acompañan y visibilizan las Violaciones a Derechos Humanos #Defensoras #Defensores y #Periodistas

FIRMAMOS: Redes, colectivos, organizaciones y personas

Fuente: Enlace Zapatista

COMISIÓN SEXTA ZAPATISTA.
México.

4 de septiembre del 2021.

A quien corresponda:

En acuerdo con las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, el CCRI-CG del EZLN y las comunidades indígenas zapatistas, declaramos lo siguiente:

Primero.- En días recientes hemos sido testigos del trato inhumano que el Estado mexicano da a los migrantes que tratan de salir de la trampa, muda e invisible, en la que se encuentran en la ciudad de Tapachula, Chiapas, México.

Segundo.- Como en los gobiernos anteriores al actual, a las denuncias y reclamos ciudadanos por esas crueldades, el gobierno mexicano promete sanciones a los “excesos” cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).  Esa promesa no es sino una mentira más.  A los agentes se les dice que eso se dirá públicamente, para evitar la presión de la llamada opinión pública, pero que deben seguir con sus métodos de cacería humana sin temer las consecuencias.  Ningún migrante debe ir más allá de Chiapas.

Tercero.- Hasta entre los elementos de la llamada Guardia Nacional hay descontento.  Porque les dijeron que su misión iba a ser combatir al crimen organizado, y ahora los tienen como perros de presa persiguiendo a personas de piel oscura.  Porque ésa es la instrucción: cazar a toda persona con piel de color oscuro: “Detengan a cualquier pinche negro que topen”, es la orden.  Es toda una declaración de política exterior.

Cuarto.- El adoctrinamiento de los agentes del Instituto Nacional de Migración raya en lo ridículo.  Les dicen que están defendiendo a México de una invasión –como declaró con desparpajo una funcionaria del INM-.  No le haría mal al Instituto Nacional de Migración tomar unas clases básicas de historia –ahora que hay vuelta a clases- para entender que, quienes invaden, son del gobierno de Estados Unidos que impone esa política migratoria que contradice toda la historia de política exterior del Estado Mexicano.

Quinto.- Las maniobras que realiza el INM para encapsular a las organizaciones de derechos humanos y a la prensa, para que no documenten sus acciones, nos recuerdan lo hecho por el gobierno de Salinas de Gortari en los primeros días de 1994, cuando cerró los accesos a la selva Lacandona para impedir que se conociera lo que hacía.  Y la cacería humana de migrantes, nos recuerda lo del gobierno de Zedillo que, en 1995, mandó a perseguirnos con perros.

Sexto.- Bastante vergüenza da que un gobierno, que se dice progresista, se pliegue a la política exterior del gobierno norteamericano, como para agregar el remedo que hace de lo que los finqueros chiapanecos, todavía hace apenas unos años, hacían para someter a sus peones.  Acorde con las referencias religiosas, tan caras allá arriba, se predica: “que tu pie izquierdo no sepa a quién pateas con el pie derecho”.

Séptimo.- Llamamos a toda persona honesta y sensible para que exija que esa situación se detenga ya.  Y a que, en la medida de las posibilidades de cada quien, se brinde ayuda humanitaria a los migrantes.

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Por Sare Frabes

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía.

13 de agosto de 2021, a 500 años de la Resistencia contra la muerte y el olvido:

Cada vez más se va cuestionando en México, Latinoamérica y el mundo, la llamada Conquista de México; aquel proceso de genocidio, exterminio, despojo e imposición que inició en 1492 con la llegada de Cristóbal Colón y que se agudizó con la llegada de más y más invasores como Hernán Cortés. Sufrimiento, despojo, enfermedades
como la viruela, que dejaron millones de muertes a su paso, tal como la actual
pandemia (que hoy nos asedia pero a la que resistimos con nuestros propios
saberes y organización frente al abandono de los malos gobiernos), fueron las amenazas que llegaron junto a los invasores.

Sin embargo, hubo pueblos, comunidades enteras en resistencia, que pudieron preservan sus lenguas, cultura, tradiciones, creencias; que mantuvieron la relación con la tierra y los bienes naturales que el invasor pretendía destruir. Hombres y mujeres de maíz que se resistieron a ser historia pasada y mantuvieron la memoria para las generaciones venideras, que heredaron eso que algunos hermanos y hermanas, llaman la ética indígena, el cuidado de la madre tierra y con ello el cuidado de la vida, del nosotros, nosotras, nosotroas.

Así como en 1521 se intentó acabar con los pueblos originarios, hoy los malos gobiernos y el sistema neoliberal, buscan las formas de acabar con nosotros y nosotras. Cambian el nombre y las formas, desarrollo, bienestar, progreso, Cuarta Transformación, le llaman ahora a la guerra de conquista, pero en esencia continúan los mismos actos de muerte, despojo y destrucción. Siguen queriendo
exterminarnos, despojarnos, desaparecernos.

Los gobiernos, y el sistema, detrás de sus palabras de desarrollo, progreso, Cuarta
Transformación, busca exterminar todo aquello que no quepa en su lógica neoliberal. Quieren acabar con nosotros y nosotras, que no hablamos de competencia sino de cooperación, ni de ganancias, sino de bien común, ni hablamos de elecciones democráticas electorales, sino de autonomía y autogobiernos.

Hoy nos siguen amenazando las compañías mineras que se quieren imponer en nuestros territorios; el crimen organizado, los grupos narco-paramilitares; la guerra sucia de los malos gobiernos se mantiene. Nos amenazan los partidos políticos y su clientelismo pues buscan dividir a nuestras comunidades, comprándolas con sus migajas; todos ellos son los herederos de quienes llegaron en 1521 con su idea de superioridad respecto a nuestros pueblos, herederos de la idea de destruir para reconstruir, de despoblar para repoblar, como ya lo han explicado nuestros hermanos del EZLN, bajo una nueva lógica, la de la muerte de la madre tierra y de quienes con ella vivimos. Nosotros, nosotras, nosotroas, somos los herederos de quienes resistieron.

A pesar de todo, a pesar de ellos, seguimos aquí, defendiendo nuestro territorio, cuidando la vida de los niños, niñas, abuelos y abuelas, hombres y mujeres de nuestras comunidades. Hoy más que nunca decimos que no hemos sido conquistados, que no nos vendemos, no claudicamos, no nos rendimos, ni
olvidamos. Que caminamos con los pueblos del Congreso Nacional Indígena y con las y los hermanos y hermanoas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional así como con los pueblos del mundo que también pretendieron ser exterminados, pero que siguen dignamente en pie.

RESISTIMOS, recordando que la resistencia no solo es aguantar, sino luchar, enfrentar, proponer, organizar, construir el mundo nuevo desde la autonomía y desde los pueblos, desde abajo y a la izquierda, desde nosotros, nosotras y nosotroas.

Aquí seguimos y aquí seguiremos.

¡VIVAN LOS PUEBLOS EN REBELDÍA Y RESISTENCIA!
¡VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!
¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE
GOBIERNO!
¡VIVA EL CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA!

ATENTAMENTE

Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata