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Comunicado

9 de diciembre de 2021

ACCIÓN URGENTE: Tragedia en Chiapas deja 53 personas migrantes fallecidas y múltiples lesionadas: resultado de políticas migratorias mortales

Al menos 53 personas migrantes fallecieron y más de 50 resultaron heridas, tras accidentarse el tráiler en el que eran transportadas más de cien personas migrantes. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 15:30 horas, a la salida de Chiapa de Corzo, Chiapas, de acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil estatal.

Diversos medios de comunicación señalaron que las personas migrantes viajaban hacinadas en la caja del transporte de carga, cuyo chofer perdió el control debido al exceso de velocidad y huyó.

La tragedia deja nuevamente en claro que, el anonimato y las condiciones en las que las personas migrantes se ven forzadas a transitar, son mortales y consecuencia de políticas migratorias fallidas.

La muerte de estas personas se suma a las violaciones que se han documentado en los últimos años contra la población migrante en el contexto de la pandemia. La militarización de las fronteras y de las rutas; la falta de acceso a los procedimientos de asilo y regularización migratoria obliga a las personas migrantes a arriesgar sus vidas e integridad en un tránsito cada vez más peligroso.

Las organizaciones firmantes hemos denunciado que el endurecimiento de las políticas migratorias y la externalización de las fronteras traería como consecuencia el aumento de delitos y violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante, solicitante de asilo y refugiada en México.

Recientemente, el gobierno mexicano aceptó volver a implementar el programa Quédate en México, lo que implica que las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos permanecerán en nuestro país mientras dura el procedimiento, violando su derecho a estar en el país que ellos y ellas consideran seguro, y exponiendo a las personas a múltiples factores y contextos de riesgo y vulnerabilidad frente al crimen organizado.

Hemos visto que la manera de proceder del gobierno mexicano, en este tipo de casos, es “apagando el fuego”, sin buscar las causas de fondo. Es decir, mostrando en estos momentos su voluntad, pero dejando luego a las familias de las víctimas sin acceso a medidas de asistencia, sin verdad, justicia y reparación.

Las organizaciones firmantes hacemos un llamado a las distintas autoridades de gobierno para que:

1. Las personas heridas reciban atención médica de manera inmediata.

2. Se regularice la situación migratoria de las personas heridas y se permita que sus familiares, así como los de las personas que perdieron la vida, puedan ingresar al país para poder realizar el proceso de acompañamiento e identificación de restos y para buscar la verdad y justicia sobre lo sucedido.
3. Los procesos de identificación y restitución de restos se lleven a cabo de manera digna y humana, en apego a los estándares internacionales y aplicando en lo conducente el protocolo de notificación y restitución de restos de la Comisión Forense.
4. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) represente dignamente a las familias de las víctimas, garantizando que el Estado Mexicano respete todos los derechos establecidos en la Ley General de Víctimas y en la legislación procesal penal, así como en tratados internacionales.
5. La CEAV se encargue de todos los gastos funerarios y otros, que requieran las familias para dar sepultura a las víctimas de acuerdo con sus costumbres y tradiciones, consultando con ellas, no imponiendo ninguna acción.
6. Se lleve a cabo una investigación efectiva de los hechos, estableciendo las circunstancias y responsabilidades, haciendo partícipes a las familias de los procesos de verdad, justicia y reparación.
7. Se garantice el acceso a la justicia mediante mecanismos transnacionales, en el caso de que las víctimas directas e indirectas se encuentren fuera del país.
8. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dicte medidas a todas las autoridades responsables, para que se garantice lo aquí solicitado y funja como institución vigilante de que no se violen los derechos humanos de las familias.
9. La Procuraduría de Protección a la Infancia intervenga en los casos que involucren niñas, niños y adolescentes para determinar su interés superior.
10. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) garantice efectiva coordinación con los países de origen, sin que se impongan acciones o medidas que no se tomen en consenso con los familiares de las víctimas. Que en todo momento se respete su derecho a la información y se garantice su derecho a decidir, opinar y participar.

Atentamente

Organizaciones, casas de migrantes y redes:

Fundación para la Justicia (FJEDD)

Sin Fronteras, IAP

Casa Migrante de Saltillo

Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)

Asylum Access México (AAMX) A.C.

FM4 Paso libre

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones Estancia del Migrante Gonzáles Martinez

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT)

Casa Monarca. Ayuda humanitaria al migrante, A.B.P.

Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Ciudad de México Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.

Geopaz. Instituto de Geografía para la paz AC (IGP) Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios Programa Casa Refugiados

Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria

Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC (IIPSOCULTA)

Apoyo a Migrantes Venezolanos, A.C.

Red Nacional Pro Inmigrantes y Refugiados (NNIRR)

Voces Mesoamericanas,Acción con Pueblos Migrantes A.C.

Pastoral de Movilidad Humana en Honduras

Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)

Scalabrinianos en Guatemala

Espacio Migrante

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano

Centro de Derechos Humanos Texas Sur

Parroquia San Lorenzo de Toronto

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

Formación y Capacitación A.C.

Red Jesuita con Migrantes Centroamérica

Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala

Programa de Atención Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia. Red Jesuita con Migrantes Guatemala

American Friends Service Committee (AFSC), Oficina Regional de América Latina y El Caribe

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano Centro Comunitario de Apoyo al Migrante y Necesitado (CCAMYN)

Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género Alianza Américas

Servicio Jesuita a Refugiados

Asociación Pop No’j

Comités de familias:

Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO) Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH)

Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe (COFAMIDEAF) Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos La Guadalupe (COFAMIGUA) Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG) Asociación Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos y Fallecidos de El Salvador (COFAMIDE)

Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM)

Sabuesos Guerreras A.C Culiacán, Sinaloa

Comité Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’tantik” Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC) Colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz

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Por Vanessa Garcia Navarro

Para muchos trabajadores mexicanos Canadá parece un destino tentador para buscar mejores oportunidades laborales y de vida, en los campos de cultivo de moras, frutas, vegetales, flores y plantas ornamentales, incluso son estimulados por iniciativas como el Programa de Trabajadores Agrícola Temporales (PTAT), del gobierno mexicano.

No obstante, los testimonios de mexicanos que confiaron en estos programas no deberían ser ignorados, pues muestran al mundo una realidad diferente, totalmente contrastante a las promesas maquilladas de las páginas web de los gobiernos y las agencias de trabajo que les prometen ayudarlos a realizar sus trámites y conseguirles ofertas laborales con condiciones de calidad.

El jueves (4) se llevó a cabo el conversatorio testimonial Trabajadores Agrícolas Mexicanos en el Extranjero, ¿Se respetan sus derechos en Canadá?, en el cual se exhibieron las inhumanas vejaciones que viven los trabajadores agrícolas mexicanos cuando laboran en Canadá.

La lista de denuncias es larga. Jornadas de hasta 15 horas diarias (cuando sus contratos estipulan claramente que deberían ser de 8), omisión del día de descanso por semana (sin reposición del mismo posteriormente), que no se les paguen las horas extras ni días festivos con la tarifa correspondiente, negación de servicio médico, hacinamiento en las viviendas, agresiones físicas y psicológicas por parte de los jefes de las granjas, dificultades a la hora de comunicarse por no dominar los idiomas del país (inglés y francés), así como la escasez de material traducido al español o traductores que los apoyen al momento de anteponer denuncias, entre otras.

Byron Cruz, proveniente de Guatemala y miembro del Colectivo Santuario (una red de derechos migrantes de Canadá), en un ejercicio de solidaridad con los mexicanos, puntualizó como la pandemia por COVID-19 fue la ocasión perfecta para dejar en descubierto las injurias vividas por los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá.

Por experiencia puede dar fe de que en muchas ocasiones los trabajadores son puestos por sus jefes en habitaciones pequeñas que tienen que compartir con un elevado número de compañeros, lo cual, por si mismo es incómodo, pero tomando en cuenta que seguimos atravesando una pandemia, estas condiciones pasan al ámbito de lo peligroso e insalubre: los dos metros de distancia entre camas son imposibles, de hecho, los habitantes duermen codo a codo.

Por si fuera poco, en caso de que los trabajadores experimenten un accidente o enfermedad la estrategia de varios dueños y administradores de granjas es no reportar el incidente, lo cual deja desamparado al trabajador, cuya siguiente opción de acudir a un servicio medico privado (incosteable por ellos).

Finalmente, en un punto de vulnerabilidad absoluta del trabajador, los contratantes aprovechan y les proponen regresarlos a México, prometiéndoles que ahí tendrán la mejor atención médica patrocinada por ellos. “Esta por supuesto es una mentira, una manera de desechar a los trabajadores cuando consideran que ya no son una fuerza de trabajo útil”, dijo Byron.

Elizabeth Muñoz, socióloga con especialización en desarrollo comunitario, coordinadora del Centro de Trabajadores Inmigrantes (CTI), con una trayectoria de 8 años trabajando directamente con los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá, observa que los empleadores tienen una visión de los trabajadores “como si fueran de su propiedad”, no respetan los contratos y los amenazan con regresarlos a México si se niegan a las jornadas exhaustivas. Los jefes no se presentan a acompañar a los trabajadores (como es el derecho de estos últimos) en caso de que estos acudan al hospital de emergencia.

Otro fenómeno alarmante, según indica la socióloga, es que cuando un trabajador agrícola se lesiona es regresado a su país. “México está teniendo una acumulación de trabajadores enfermos y lesionados que no pueden trabajar ni en Canadá, ni en México”.

De la vista gorda

Muñoz comparte la voz de los trabajadores agrícolas con los que ha trabajado. Estos le dicen que se sienten desamparados, pues cuando llaman al consulado mexicano la respuesta que obtienen de los que se supone deberían protegerlos es “trabajen”, y posteriormente obtienen una segunda estocada de parte de los empleadores que se enfurecen con ellos por haber contactado al consulado.

Karla Meza, periodista independiente mexicana que se encuentra en Canadá, enfoca su investigación en los problemas que viven los trabajadores agrícolas. Indica que la secretaría del trabajo tiene quejas, sin embargo, estas no son atendidas. Una amenaza común de los empleadores a los trabajadores mexicanos es que si no desean perpetuar el ritmo de trabajo se les remplazará con “algún trabajador guatemalteco”. Al parecer este racismo sistémico se fundamenta en que Guatemala no tiene acuerdo bilateral con Canadá, como es el caso de México, lo cual vulnera aun mas a los trabajadores proveniente de Guatemala.

Además, Muñoz reporta que el tráfico de humanos se está volviendo una realidad en Canadá. Ante la desesperación, muchos trabajadores prefieren pagarle a un traficante (de los denominados coyotes o polleros) para que los lleven a Estados Unidos, donde prefieren vivir indocumentados que tolerar los maltratos en las granjas e invernaderos donde laboran en Canadá.

Covid-19

Otros trabajadores narraron las dificultades para ser inoculados contra el COVID-19 (por no contar con seguro), lo cual desencadena un circulo vicioso, dado que sin certificación de haber sido vacunados no son aceptados para laborar y ni siquiera pueden desarrollar actividades tan esenciales como entrar a comer establecimientos, ya que les solicita pruebas de haber recibido las dosis de vacunas.

Otro empleado agrícola, quien si obtuvo acceso a la vacuna contra COVID-19 narra que se lesionó el pie durante su jornada laboral, y su jefe tradujo incorrectamente la situación en el hospital, atribuyéndolo a una reacción de la vacuna, a fin de entorpecer el uso del seguro médico.

¿Las autoridades?

La diputada Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, refirió que desde el congreso se está trabajando en un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que garantice los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentran en Canadá, por la falta de oportunidades laborales en México. El punto de acuerdo  ha sido presentado el 28 de octubre.

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Por Vanessa Garcìa Navarro

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Por Ñanì Pinto

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México: Expulsión masiva de solicitantes de asilo a Guatemala

EE. UU. y México expulsan a migrantes sin debido proceso

Foto de portada: Autobuses en el lado mexicano del cruce fronterizo El Ceibo tras la expulsión de migrantes a Guatemala.© 2021 Cortesía de Alejandra Macías Delgadillo, Asylum Access México

(Washington D.C.) – México ha estado expulsando de manera masiva a migrantes y solicitantes de asilo de distintas nacionalidades, hacia una zona selvática remota de Guatemala, una medida que pone en riesgo sus vidas, señaló hoy Human Rights Watch.

Entre las personas expulsadas hay familias y niños y niñas no acompañados, que en algunos casos fueron expulsados primero por vía aérea desde Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente de EE. UU. Joe Biden deberían poner fin a estas expulsiones peligrosas e ilegales y cerciorarse de que futuras deportaciones se realicen en cumplimiento del derecho mexicano, estadounidense e internacional.

“Abandonar a familias vulnerables en una zona remota de la selva guatemalteca, sin dinero, alimentos ni albergue e ignorando sus solicitudes de asilo, evidencia nuevamente la falta de preocupación por los derechos humanos del Presidente López Obrador”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Durante su mandato, el presidente mexicano ha cooperado con algunas de las políticas más abusivas de Estados Unidos contra la inmigración. Ahora ha ido aún más lejos, reproduciendo políticas abusivas en la frontera sur de México con Guatemala”.

A inicios de agosto de 2021, Estados Unidos comenzó a expulsar a algunos migrantes centroamericanos por vía aérea a dos ciudades del sur de México —Tapachula, Chiapas, y Villahermosa, Tabasco— que quedan cerca de la frontera guatemalteca.

También en agosto, las autoridades migratorias mexicanas empezaron a trasladar al menos a 300 migrantes de distintas nacionalidades cada día, incluyendo algunos que habían sido expulsados desde Estados Unidos y otros que habían sido aprehendidos en México, hacia el lado mexicano del remoto cruce fronterizo El Ceibo, en la Selva Lacandona. A veces, los autobuses han llegado tarde por la noche. Las autoridades mexicanas han obligado a los migrantes a cruzar la frontera a pie. También han expulsado de esta manera a grupos de migrantes a través del cruce fronterizo entre Talismán, Chiapas, y El Carmen, Guatemala.

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Slumil K’ajxemk’op, 5 de septiembre de 2021

Desde hace meses, la situación de las personas migrantes que llegan desde la ruta centroamericana hasta Tapachula (Chiapas) se ha hecho insostenible. Hay muchas personas migrantes, en su mayoría de origen haitiano, quienes se encuentran atrapadas esperando los trámites oportunos ante el Instituto Nacional Migratorio (INM) en Tapachula, México.

Desde el 19 de marzo de 2021, las negociaciones entre EEUU y México provocaron el despliegue de operativos de contención migratoria en la frontera sur, operadas por el INM en coordinación con la Guardia Nacional y el ejército que llevaron a la detención de personas migrantes (muchas de ellas mujeres con menores) en condiciones de hacinamiento, falta de protocolos y medidas de bioseguridad ante el COVID-19, espacios insalubres, falta de alimentación adecuada, nula atención médica y de espacios diferenciados por género en la Estación Migratoria Siglo XXI (Tapachula). Tampoco se cumplen los convenios sobre protección internacional de personas víctimas de desplazamiento forzado y devoluciones “en caliente” (sin atención de las diversas formas de regularización migratorias).

Esta situación no es nueva sino que responde a la militarización de las fronteras y la externalización de los sistemas de asilo provocada por el acuerdo de EEUU firmado en junio de 2019, tras amenazar al gobierno mexicano con incrementar un 5% los aranceles si no conseguían disminuir el paso de personas migrantes en situación administrativa irregular desde México a EEUU.

El pasado 28 de agosto, una caravana con aproximadamente mil personas, principalmente provenientes de Haití, pero también de Venezuela, Centroamérica, y Guinea Ecuatorial, decidieron emprender una caravana como un intento de seguir su camino migrante hacia el Norte y superar la situación de violación de derechos humanos y la falta de atención por parte de las autoridades migratorias en la frontera sur, debido a la incapacidad de atender la expedición de tarjetas de residencia y obligando a las personas migrantes a permanecer en Chiapas durante meses. En los siguientes días, nuevas caravanas se han organizado con los mismos objetivos de atravesar el territorio mexicano y ejercer su derecho fundamental a migrar.

Estas caravanas migrantes están sufriendo la violencia desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad del estado mexicano, tal y como ha documentado Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano:

• El día 31 de agosto la primera caravana fue sorprendida en Mapastepec (Chiapas) mientras descansaba por un equipo de antimotines de la Guardia Nacional y funcionarios del INM. Las mujeres con niñxs fueron encapsuladas y los hombres detenidos con gran violencia, sin que existiera asistencia médica a las personas heridas. Del mismo modo, la segunda caravana fue interceptada y detenida, produciéndose persecuciones incluso dentro de casas y locales de la iglesia donde algunas pudieron refugiarse.
• El día 2 de septiembre, otra caravana sufrió una nueva represión violenta a su paso por Escuintla (Chiapas), donde también fueron heridas las periodistas que documentan y acompañan la caravana.

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Foto: Jacob García | Reuters

04 de septiembre de 2021

DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL COLECTIVO DE OBSERVACIÓN Y MONITOREO DE DERECHOS HUMANOS DEL SURESTE MEXICANO – COMDHSM Y PERIODISTAS SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO Y DENUNCIANDO LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS COMETIDAS EN LOS DESPLAZAMIENTOS FORZADOS DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS QUE SALEN DESDE TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO.

Desde el 28 de agosto el Instituto Nacional de Migración (INM) ha realizado operativos de detención para frenar el camino de las personas que buscan salir de Chiapas debido al desgaste y espera de resolución de sus trámites de regularización migratoria y refugio. En estos desplazamientos colectivos, forzados por las condiciones adversas de vida y violencias institucionales, caminan personas con necesidades de protección internacional y con trámites en curso.

Durante los días que hemos acompañado a estos grupos forzados a desplazarse hemos sido testigos y documentado la actuación violenta y el uso desproporcionado de la fuerza hacia personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional e incluso personas defensoras y periodistas, con graves impactos físicos y emocionales. Esta situación llevó a las personas migrantes a ejercer su legítima defensa frente a las agresiones que son de público conocimiento.

Frente a esta situación de violencia contra personas defensoras y periodistas y, por ser beneficiarias de medidas de protección, de manera reiterada se ha solicitado al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas adscrito a la Secretaría de Gobernación que garantice la seguridad a defensores, defensoras y
periodistas, quienes acompañamos documentando estos actos de violación a derechos humanos sin obtener una respuesta oportuna. En este sentido, por ser beneficiarias de medidas de protección, existe una obligación reforzada del Estado mexicano de velar por nuestra integridad física y nuestra vida, obligación que no está siendo cumplimentada.

Destacamos que, a pesar de los actos de represión, las personas se siguen rearticulando y autoconvocando para continuar con su legítimo reclamo de buscar protección y una vida digna. Estas son las mismas razones que les obligaron a salir de sus países de manera forzada. Así como las personas continuarán con su camino, las personas defensoras y periodistas continuaremos acompañándoles para visibilizar su situación y asegurarnos que el Estado mexicano cumpla con su obligación de proteger y garantizar los derechos de todas las personas que habitan el territorio mexicano.

Por ello, como personas defensoras y periodistas hacemos un llamado a no criminalizar la defensa de derechos humanos, a no cometer actos violentos y de hostigamiento como ya han ocurrido y hemos denunciado públicamente. En efecto, tenemos el derecho a defender derechos humanos en un entorno seguro y propicio, el cual dista de la realidad en la cual nos encontramos en Chiapas.
A su vez, llamamos al Poder Ejecutivo, la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional a que hagan un alto a la represión, detención y violencia que se ejerce contra personas desplazadas de manera forzada y a brindar estrategias reales que resuelvan las causas de fondo que provocan este desplazamiento, es decir, la resolución de trámites de regularización migratoria, la garantía de acceso al sistema de refugio y a la vinculación con actores que se han puesto a disposición para crear acciones de asistencia humanitaria que contrarresten las condiciones de marginación en la que se encuentra la población.

Llamamos a seguir fortaleciendo la solidaridad entre las comunidades, a generar procesos de empatía y apoyo a las personas que desde sus países de origen son obligadas a huir para salvar su vida, buscar protección y luchar por una vida digna y que hoy lo siguen haciendo en México enfrentando las violencias institucionales para hacer valer el derecho más fundamental que es la vida digna.

Por último, llamamos a la Comunidad Internacional, especialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los Procedimientos Especiales de la ONU y a otras organizaciones de la sociedad civil a que nos apoyen en la visibilización de lo que está sucediendo y que le exijan al Estado mexicano el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

#AltoALaViolencia y represión a personas que se desplazan de manera forzada por la nula respuesta institucional

#AltoALaViolencia a quienes acompañan y visibilizan las Violaciones a Derechos Humanos #Defensoras #Defensores y #Periodistas

FIRMAMOS: Redes, colectivos, organizaciones y personas

Source: Enlace Zapatista

Against Xenophobia and Racism: The Struggle for Life
The Zapatista Sixth Commission
Mexico
September 4, 2021

To Whom It May Concern:

In agreement with the Zapatista Good Government Councils, the Indigenous Revolutionary Clandestine Committee-General Command of the EZLN, and the Zapatista indigenous communities, we declare the following:

First- In recent days, we have witnessed the Mexican State’s inhumane treatment of the migrants who try to leave the unspoken and invisible trap in which they find themselves in the city of Tapachula, Chiapas, Mexico.

Second- Similar to previous administrations, in response to public outcry and complaints of these cruelties, the Mexican government promises penalties for the “excesses” committed by agents of the National Institute of Migration (INM in Spanish). This promise is just another lie. They tell their officers that this will be said publicly to avoid the pressure of so-called public opinion, but that officers should continue with their human hunting methods without fear of consequences: no migrant should get past Chiapas.

Third- Even among members of the so-called National Guard there is discontent. They told them that their mission was to fight organized crime and now they have them acting like hunting dogs chasing after dark-skinned people. Those are their instructions: hunt down anyone with dark skin: “Detain any fucking black person you come across” is the order. It’s quite a foreign policy statement.

Fourth- The indoctrination of the National Institute of Migration agents borders on ridiculous. They tell them that they are defending Mexico from an invasion, as an employee of the INM confidently stated. It wouldn’t hurt the National Institute of Migration to take some basic history classes, now that classes are back, to understand that those who invade come from the United States government which imposes this immigration policy that contradicts the entire history of Mexican foreign policy.

Fifth- The maneuvering performed by the INM to contain human rights organizations and the press so that they can’t document their actions reminds us of what the Salinas de Gortari administration did during the first days of 1994 when they closed off entrances to the Lacandón Jungle to prevent anyone from knowing what they were doing. The hunting of migrants reminds us of what the Zedillo administration did in 1995 when it ordered we be pursued with dogs.

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Por Sare Frabes