^{En portada: Trecho del Gasoducto Sonora que pasa por la comunidad de Loma de Bácum. Foto: Santiago Navarro F.}

El pasado 29 de septiembre se publicó oficialmente un decreto donde el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, restituyó 2 mil 900 hectáreas del territorio de la Tribu Yaqui, en Sonora. Reconoció el derecho a este pueblo originario de utilizar el 50% del agua del río Yaqui para uso agrícola en el territorio de los ocho pueblos que conforman la Tribu. El resto del agua es para productores a gran escala y las zonas urbanas más destacadas de la región, incluyendo la capital de esta entidad, Hermosillo.

La noticia fue emitida en una ceremonia pública en el municipio de Vicam, donde el mandatario pidió perdón por los agravios cometidos por los gobiernos que le antecedieron hacia los ocho pueblos originarios que componen la Tribu Yaqui: Loma de Bácum, Huirivis, Rahum, Potam, Vícam, Tórim y Corit o Loma de Guamúchil.

A escasos metros del evento se encontraba la autoridad tradicional de Loma de Bácum que, al igual que la gente de su comunidad, conocida como la Tropa Yoeme (niños, mujeres, hombres y ancianos), no se le permitió el acceso al evento.

La autoridad que representó a la comunidad de Loma Bácum en este evento, y en las negociaciones previas, no ha sido elegida de forma tradicional por esta comunidad y tampoco ha tenido el consentimiento de la Tropa Yohemia.

“Nosotros desconocemos a esta autoridad porque son los que atacaron (en 2016) con armas de fuego a la autoridad legítima y toda la comunidad para intentar imponer el cruce de un gasoducto por nuestra comunidad”, señaló Carmen García, de Bácum y esposa de Fidencio Aldama, integrante de la Guardia Tradicional que reconoce la comunidad de Bácum.

Fidencio fue detenido el mismo año en que el grupo armado irrumpió en la comunidad. Fue condenado a 15 años y seis meses de prisión por cargos falsos relacionados con la muerte de una persona. Hoy, personajes que conformaron este grupo de choque fueron los que se han sentado con el resto de los pueblos para recibir la noticia del decreto por parte del gobierno.

Carmen dice para Avispa Midia, “todo empezó porque querían imponer a una autoridad que aceptara el gasoducto”, el colmo dice, “es que llegaron armados y disparando. Mi esposo era parte de la Guardia Tradicional y, junto a los demás miembros, pues intentaron proteger a la comunidad. Entonces inculpan injustamente a mi esposo. A pesar de que presentamos pruebas que muestran todo lo contrario a lo que han montado, como el tipo de armas que usan legalmente nuestra guardia y el arma con la que se perpetró el asesinato. A la detención de mi esposo se suma la desaparición de diez integrantes de nuestra comunidad, esto sucedió desde el mes de marzo. Lo que pretenden es debilitar a nuestra comunidad para dar paso al gasoducto y proyectos mineros en la región”, arremete Carmen.

El gasoducto al que se refiere Carmen es un proyecto que inició en 2012 para la construcción y operación del sistema de transporte de Gas Natural denominado Gasoducto Sonora. Este complejo es propiedad de le empresa estadounidense Sempra Energy y es operada por su filial en México, IEnova. Un complejo dividido en dos segmentos que en total suman 830.56 kilómetros: Segmento I, denominado Gasoducto Sásabe – Guaymas (GSG); Segmento II, denominado Gasoducto Guaymas – El Oro (GGO), fracción que atraviesa el territorio indígena Yaqui.

La abogada Yaqui, Anabela Carlón, de Loma de Bácum, sostiene que el escenario de violencia vivido en esta región está vinculado al intento de implementar una serie de proyectos en sus territorios. “Los desaparecidos eran personas que se habían opuesto a la explotación minera, a la construcción del Acueducto Independencia, que suministra agua a la capital de Hermosillo, y al Gasoducto Sonora que fue proyectado para pasar a 300 metros de la comunidad”.

“Dos días después de que fueron desaparecidos nuestros hermanos, nos tenían que informar sobre las medidas para la reubicación de este gasoducto porque nosotros mantenemos nuestra postura de no dejar que cruce por Loma de Bácum. Después de las desapariciones no supimos más y hoy nos traen este decreto que, a pesar de decirnos que nos beneficia, no conocemos con profundidad lo que realmente implica”, puntualiza la abogada, ya que el gobierno federal legitima la autoridad indígena que está a favor de los proyectos.

Presión para concluir el gasoducto

Se supone que esta corporación brindaría al gobierno de México el servicio de transporte y venta de gas extraído en Estados Unidos mediante el método conocido como Fracking, desde el año 2014. Aunque nunca concluyeron esta infraestructura, por tanto, no han brindado nada de gas.

Sin embargo, el documento Estados Financieros Consolidados y Auditados de Sempra Energy de 2021 anuncia a sus inversionistas que su filial IEnova recibió pagos apegados a la cláusula “de fuerza mayor”. Es decir, de acuerdo con el contrato firmado, el gobierno mexicano tiene la obligación de pagar a la empresa, aunque dicha empresa no brinde el servicio. IEnova acusa el pueblo de Bácum de ser el culpable, ya que no permite que el gasoducto pase por su territorio. Estos pagos fueron desde 2017 hasta 2019.

El gobierno de Obrador renegoció con IEnova los contratos firmados antes de su administración por considerarlos “ventajosos y leoninos”. Resolvieron que los pagos por “fuerza mayor” se suspenderían y los pagos por los servicios se reanudarían cuando se repare la sección dañada del segmento Guaymas-el Oro, que se encuentra en Loma de Bácum.

El informe de Sempra Energy alertaba que “si el ducto no se repara antes del 14 de marzo de 2021 y las partes no acuerdan una nueva fecha de inicio del servicio, IEnova se reserva el derecho de rescindir el contrato y tratar de recuperar sus costos razonables y documentados y sus ganancias perdidas”.

Además, advierte, “si IEnova no puede hacer tales reparaciones (que no han comenzado) y reanudar las operaciones en el segmento Guaymas-el Oro del ducto Sonora o si IEnova rescinde el contrato y no puede obtener recuperación, puede haber un impacto adverso importante en los resultados de operaciones y flujos de caja de Sempra Energy y en nuestra capacidad para recuperar el valor en libros de nuestra inversión”.

El gobierno de Obrador está haciendo hasta lo imposible para activar el funcionamiento del Gasoducto Sonora, de lo contrario, tendrá que ajustarse a las acciones de la empresa. Hasta el momento no hay una declaración oficial del gobierno mexicano sobre las posibles acciones de la transnacional estadounidense.

Hasta 2018, junto al Gasoducto Sonora, 17 ductos más, de diversas empresas, como Carso y Transcanada, cobraron sus servicios sin brindarlos, como se detalla en la investigación “Los Ventajosos Beneficios de Sempra Energy en México” realizado por Avispa Midia. El saldo fue de 16 mil millones de dólares, de acuerdo con el informe financiero del año 2018 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cuando el gobierno de López Obrador asumió el poder, se sumaron 672 millones de dólares más por “pagos de fuerza a mayor” a estos proyectos que no estaban funcionando.

“Es por eso que nos llama la atención de que no hayan dejado pasar a nuestra autoridad tradicional, que obviamente, junto a la mayoría de la comunidad, nos oponemos a este proyecto. Por el riesgo que implica y porque no nos trae ningún beneficio”, dice Carmen.

La abogada dice, “si hay otros pueblos por donde quiere reubicar el gasoducto, pues que lo hagan. Aquí no hemos aceptado ningún dinero o proyecto, porque no lo queremos. Ahora queremos que aparezcan a nuestros hermanos y que liberen a Fidencio Aldama que esta injustamente en prisión”.

En el evento dónde fue presentado el Decreto, desplegaron una serie de pancartas. Resaltaba la mirada de rabia de las mujeres que, apenas dos días antes, les informaron oficialmente que habían encontrado los restos de sus familiares desaparecidos. “Ellos son cinco de diez hermanos que desaparecieron desde el 14 de junio”, dijo la abogada Yaqui quien se ha sumado a la búsqueda de los desaparecidos.

Por otra parte, este 27 de octubre, se cumplen cinco años desde que el preso político, Fidencio Aldama, se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de ciudad Obregón, Sonora. Diversos activistas y colectivos que trabajan contra las políticas carcelarias y la industria penitenciaria, que también forman parte de una campaña por la liberación de Fidencio, preparan acciones para seguir exigiendo su liberación inmediata.

^{En portada: Manifestaciones para exigir justicia por el asesinato de Samir Flores durante el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Morelos, 2019. Foto: Santiago Navarro F.}

Dos años y siete meses después del asesinato de Samir Flores Soberanes, la Fiscalía de Morelos anunció con bombo y platillo la detención de Javier N, inculpado como uno de los autores materiales del homicidio del activista y defensor indígena. Para l@s miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), esta acción representa un montaje y oportunismo al mismo momento en que el gobierno federal anunció la operación de la termoeléctrica de Huexca, a la cual Flores se opuso en vida.

“No fue fácil, nos tuvieron confianza la mayoría de las personas, de los campesinos, hicimos compromisos con ellos. Ya va a operar a toda su capacidad esa planta”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante un evento oficial realizado el pasado viernes (1) en Morelos. Un día antes, el Fiscal General del mismo estado, Uriel Carmona, informó sobre la detención del también conocido como “Tamalaco” ocurrida en la ciudad de Cuautla, pese a que el inculpado ya se encontraba preso desde hacia un año atrás.

De acuerdo a una denuncia publicada este lunes (4) por el FPDTA, las investigaciones que condujeron a la captura del presunto responsable datan de abril del año 2019 cuando la Fiscalía habría identificado a los probables responsables del homicidio de Flores sin realizar su detención, por lo cual la organización cuestiona el hecho de que las autoridades demoraran más de dos años en emitir las órdenes de aprehensión.

Para el FPDTA esta actitud además demuestra la protección de las autoridades hacia uno de los homicidas. Así lo indicó uno de sus integrantes, Juan Carlos Flores Solís, en entrevista con medios nacionales: “Él (Fiscal) tenía a los asesinos de Samir en la cárcel. Sabía en donde estaban y ahora inventa que lo que acaba de detener, eso evidentemente es un mal actuar del fiscal, es un encubrimiento o es la fabricación de un chivo expiatorio”.

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Cabe resaltar que el presunto homicida habría sido detenido, junto a su hermano Marcelo, en septiembre del 2019, ambos acusados de secuestro, robo y tráfico de drogas, aunque fueron liberados. En torno a ello, el FPDTA denuncia que “el Tamalaco es una persona que entra y sale de la cárcel aunque sea acusado de delitos graves y también tienen él y su hermano, la capacidad de estar en la política en altos puestos de representación en Morelos de partidos vinculados a la Cuarta Transformación su hermano, lanzarse de candidato, después de haber sido liberado”.

Por lo anterior, el FPDTA exige la renuncia del Fiscal Uriel Carmona, así como la realización de una investigación sobre la complicidad y posible vinculación que pudiera tener el funcionario por actos de encubrimiento y protección de los asesinos de Samir Flores Soberanes.

Termoeléctrica, móvil del asesinato

El discurso del Fiscal ha sido renuente en aceptar el registro de amenazas previas a Samir ocasionadas por su trabajo organizativo contra la construcción y operación de la termoeléctrica de Huexca, así como también de otras obras de infraestructura para la generación de energía, las cuales hacen parte del Proyecto Integral Morelos. Entre ellos un acueducto que despoja de su agua al río Cuautla afectando ejidos de Ayala y un gasoducto que recorre por zonas sísmicas aledañas al volcán Popocatépetl.

Por esta razón, durante la presentación del presunto asesino de Flores, el titular de la fiscalía descartó que el asesinato estuviera vinculado a la labor de Samir en la defensa del territorio. En contraste, el abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, enfatiza que las declaraciones oficiales son completamente falsas.

“Hemos logrado probar que Samir Flores fue asesinado por su activismo político. El móvil que llevó o que derivó en su asesinato fue precisamente un móvil de naturaleza política (…) el fiscal estatal señaló que no podía hablar del móvil específicamente, pero que podía afirmar que no había sido asesinado por su oposición a la termoeléctrica y eso es completamente falso, se ha logrado probar en la carpeta que intereses políticos, intereses económicos que pues les parecía incómodo o estaban enojados con la actitud y con la defensa que tenía Samir Flores precisamente en torno a su comunidad por oponerse al proyecto del gasoducto, fueron esos intereses los que mandaron a ejecutar a Samir”, destacó el abogado a través de video.

El asesinato de Samir ocurre tras una larga historia de actos de represión y mentiras que han acompañado la imposición del PIM desde su inicio, en donde la administración de AMLO no es la excepción. En 2019 él mismo le dio continuidad con la realización de una consulta y después en 2020 con el desalojo del plantón en Apatlaco, efectuado por elementos de la Guardia Nacional.

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Actualmente, pese a que el presidente asegura que la central termoeléctrica iniciará actividades una vez se resuelvan problemas técnicos, aún existen demandas de amparo a favor de habitantes de la región para evitar que con ello sean despojados de recursos como el agua. Ante esta situación, el FPDTA asegura que con estos antecedentes no pueden confiar en las autoridades.

“No olvidamos el papel que tuvo el Presidente en la muerte de Samir, insultándonos, soltando a los perros e impulsando la termoeléctrica con un montaje de consulta colonialista, discriminatoria, violatoria de los derechos de los pueblos indígenas y todo sin escuchar a las víctimas del proyecto. No olvidamos tampoco el papel de Hugo Erik Flores en la consulta y como uno de los sospechosos que pueden estar detrás de la muerte de Samir”, denuncian en el documento recién divulgado.

Por su lado, el abogado Peña advierte que el caso no se cierra con la detención anunciada la semana pasada. Al contrario, la investigación continúa para “deslindar la responsabilidad de quién o quienes ordenaron este asesinato y por qué lo hicieron en este contexto, en ese momento, justo cuando se celebraba, o se estaba convocando a una consulta para preguntarle a una parte de la población si estaban de acuerdo o no con la instalación de la termoeléctrica”.

^{En portada: Manifestación realizada en Oaxaca por comunidades indígenas en contra de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Foto: Santiago Navarro F.}

A unos días de concluir el evento denominado ‘Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021’ organizado por el gobierno de México y Canadá entre el 20 de septiembre y el 8 de octubre de 2021, diversos pueblos, colectivos y comunidades indígenas de Oaxaca se deslindaron y denunciaron una “simulación de hermandad” con la que se pretende “desviar nuestra atención de los problemas estructurales y las situaciones de despojo y saqueo de las que pretenden hacernos objeto”.

En un posicionamiento firmado el 29 de septiembre por autoridades de San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir, Ocotlán y de Capulálpam de Méndez, así como por las comunidades El Rebollero, Río Minas y Los Arquitos, San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, se advierte que “el Estado Canadiense y el Estado Mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros”.

Comuneros, comuneras y pobladores hacen un recuento del dolor y la violencia colonial que han sufrido los pueblos y comunidades indígenas de ambos países, desde el reciente descubrimiento en Canadá de fosas con cientos de cuerpos de infantes en antiguos internados para niñas y niños indígenas, hasta las concesiones mineras en México que han sido otorgadas a empresas canadienses en tierras comunales sin el consentimiento de los pueblos, las cuales han causado conflictos socioambientales que han provocado el asesinato de defensores y la contaminación impune de ríos y suelos.

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“Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral Sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para explotación mineras son otorgadas a empresas de dicho país” recalcan.

El comunicado también es firmado por el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, el Espacio de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra “Las Meñas”, el Colectivo Matza, San Miguel Chimalapas y la Articulación Por la Vida, Contra la Minería en el Valle de Ocotlán.

En el documento, los colectivos y las comunidades que han vivido en carne propia el embate de megaproyectos de capital extranjero con la anuencia de las autoridades locales, advierten que no le van a permitir ni material ni simbólicamente el avance “a quienes con sus leyes justifican o facilitan el exterminio indígena (…) a quienes confunden nuestra historia de resistencia con folklor y a quienes ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”.

Los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021” surgieron “gracias a la invitación del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a sumarse a las diferentes conmemoraciones que México celebra este 2021”. Así lo establecen en su página web. “En ese contexto, se decidió hermanar al pueblo de Canadá con el pueblo oaxaqueño”.

Mientras tanto, las comunidades señalan que se encuentran en alerta máxima ante este acto de simulación de hermandad. “Sabemos que sus intereses son y serán siempre otros. Los lazos de afinidad y reciprocidad con lxs indígenas de Isla Tortuga los tejeremos nosotrxs, con el objetivo de extender nuestra resistencia, hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio”, finaliza el documento de denuncia.