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Ejidos de Ayala en Defensa del Agua

La termoeléctrica se lleva nuestra agua y nos devuelve sangre: Asesinan a Francisco Vázquez, Consejo de Vigilancia de ASURCO

Comunicado Urgente

 

Los ejidos de Ayala en defensa del Agua condenamos el vil asesinato del ExComisariado Ejidal de Abelardo L. Rodriguez y Presidente del Consejo de Vigilancia de ASURCO Francisco Vázquez Domínguez el día de ayer 11 de febrero de 2022 en su rancho ubicado en el ejido de Abelardo, presuntamente por sujetos en motocicleta, lo cual muestra una clara ejecución.

Se sabe que un día antes de su asesinato Francisco Vázquez como Consejo de Vigilancia de ASURCO se reunió con más de 20 comisariados ejidales en Chinameca, pertenecientes a ASURCO para tratar la destitución de Rogelio Plascencia Barreto como Presidente de la asociación de usuarios del Río Cuautla.

Se dice que en dicha reunión, Pancho Vázquez, como todos lo conocíamos, dijo que temía por su vida porque Rogelio lo había amenazado y que cualquier cosa que le pasara responsabilizaba a Rogelio Plascencia.

Pancho Vázquez tenía, como Consejo de Vigilancia, la facultad legal, conforme el artículo 35 fracc. VIII de los Estatutos de ASURCO, de convocar a asamblea para destituir a Rogelio Plascencia por manejo indebido de recursos financieros y mal servicio de riego, situación que justamente fue tratada como objetivo de la reunión donde denunció temer por su vida y al siguiente día lo ejecutan.

El mismo jueves 10 de febrero, horas antes de la reunión para tratar la destitución de Rogelio, este se presentó en el plantón de ASURCO con más de 40 personas, varias de ellas con palos en las manos, con el objetivo de abrir por la fuerza las oficinas de la asociación y desalojar el plantón.

Tras el fallido intento de desalojo, se acordó realizar el día de hoy sábado una reunión en el Axocoche, a la cual no asistiremos por temor a nuestras vidas y porque no podemos ver la cara al principal sospechoso del asesinato de Pancho Vázquez.

Destacamos que la inconformidad sobre el mal manejo de recursos deriva en la falta de transparencia de los recursos públicos que la CFE le dio a Rogelio Plascencia por la venta del agua, el desistimiento de los amparos y el retiro del plantón, situación que no ha podido cumplir Rogelio Plascencia.

Pancho Vázquez, además de ser Consejo de Vigilancia, cuando fue comisariado ejidal del ejido de Abelardo L. Rodriguez encabezó varios amparos contra el robo del agua para la termoeléctrica y cuando López Obrador anunció la consulta sobre el PIM en 2019. Hoy un opositor legal más al Proyecto Integral Morelos ha sido ejecutado y el principal sospechoso es quien ha recibido dinero de la CFE para usar, sin autorización de los ejidos, el agua para el funcionamiento de la termoeléctrica.

La tensión en Ayala sobre el plantón de ASURCO y los recursos económicos proporcionados por la CFE se da justamente después que el 21 de enero de este año, el Secretario de Gobernación de Morelos Pablo Ojeda, se reunió con Rogelio Plascencia para darle seguimiento a los apoyos económicos por causa de la termoeléctrica, así como en el 3er informe del gobernador señaló que con los recursos económicos dados a ASURCO se acabó la inconformidad sobre el PIM.

Pero. ¿Porque le darían más dinero a Rogelio Plascencia si los 118. 5 mdp prometidos eran a cambio de retirar el plantón y desistirse de los amparos, situación que a la fecha no logró Plascencia? Es evidente que Rogelio esta urgido de resolver el retiro del plantón y eliminar toda forma de oposición que se le presente, pues ha hecho compromisos con el Estado que no ha podido cumplir.

Es por todo esto que urgimos a las autoridades judiciales realicen las investigaciones necesarias con claras líneas de investigación que involucren la influencia y consecuencias que han causado los recursos económicos en favor del funcionamiento de la termoeléctrica en Huexca y como principal sospechoso de la ejecución extrajudicial de Pancho Vázquez, a Rogelio Plascencia Barreto, por ser el mismo Pancho Vázquez quien lo responsabilizó un día antes de su muerte.

Emitimos una ALERTA URGENTE a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de protección a personas defensoras que presionen al Estado Mexicano para garantizar la integridad de los ejidos de Ayala que nos oponemos al robo de nuestra agua para la termoeléctrica y la falta de transparencia y mal manejo de recursos de Rogelio Plascencia. Solicitamos al mismo tiempo a la CNDH y organismos internacionales de derechos humanos, emitan medidas cautelares en favor del plantón de ASURCO, pues Rogelio Plascencia declaró en medios de comunicación que, de no acordarse el desalojo del plantón el día sábado, este lo haría por medio de la fuerza/violencia.

Ejidos de Ayala en Defensa del Agua

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Avispa Midia

Istmo de Tehuantepec: Intentan asesinar a defensor del territorio en Unión Hidalgo

Por Avispa

El jueves (10), Edgar Martín Regalado, integrante del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, fue víctima de un atentado con arma de fuego desde un vehículo en movimiento cuando se trasladaba en un mototaxi rumbo a su casa, en Unión Hidalgo.

El atentado ocurrió tan solo horas después de participar en una rueda de prensa en la ciudad de Oaxaca, donde posicionó las acciones emprendidas por dicho colectivo con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC) contra la construcción y operación del parque eólico Gunaa Sicarú por parte de la empresa Électricité de France (EDF).

En la rueda de prensa, anunciaron la presentación de un recurso de apelación en contra de la determinación del tribunal civil de París, de negar la suspensión de la construcción del proyecto eólico Gunaa Sicarú por violar los derechos de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, incluyendo el derecho a la consulta indígena.

Ante estos hechos se exige, entre otros puntos, identificar y sancionar a los responsables del atentado y garantizar las medidas de protección y no repetición para las y los defensores del Colectivo en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo.

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

Posicionamiento frente a la situación que viven las comunidades de la Montaña baja de Guerrero, víctimas de los grupos narco-paramilitares y de los malos gobiernos

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A los medios de comunicación

 

8 de febrero de 2022

Hermanos y hermanas de los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y demás colectivos y organizaciones hermanas:

La situación por la que atravesamos los pueblos indígenas de la Montaña baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ es insostenible. Bien sabemos que no sólo nosotros y nosotras, la embestida en contra de los pueblos originarios del país está siendo brutal en estos tiempos que para los calendarios de arriba son conocidos como de la Cuarta Transformación, pero que para nosotros y nosotras es la continuidad del proyecto neoliberal, en el que la guerra en contra de la humanidad es evidente, donde las ganancias de unos pocos, valen la muerte y el sufrimiento de los más, tiempos en los que los tres niveles de gobierno sólo están ahí para simular orden, pero en realidad son parte de quienes explotan, despojan, reprimen y desprecian a quienes estorban a los megaproyectos de muerte y en general a cualquier acto que genere riquezas, sea legal o ilegal, sea una minera, una termoeléctrica, un Tren Maya o el crimen organizado sembrando y traficando drogas, secuestrando, extorsionando, como de por sí pasa en el estado de Guerrero, con el silencio y complicidad de quienes hoy encabezan al gobierno del estado.

¡Pero así como lo indica nuestra historia, por más de 500 años han intentado exterminarnos, pero aquí seguimos, como pueblos indígenas, pertenecientes hoy en día al Congreso Nacional Indígena, y desde siempre a la resistencia que con dignidad y organización, luchamos y lucharemos por la vida y el territorio, por la verdad y la justicia, por la paz y la libertad para nuestros pueblos contra cualquier mal gobierno y contra cualquier grupo delincuencial y narco-paramilitar que represente una amenaza!

Por eso dejamos claro que nuestras demandas son históricas, lo mismo que nuestra resistencia, no tiene que ver con que hoy gobierne Andrés Manuel López Obrador y que Evelyn Salgado sea la gobernadora de Guerrero y que ambos representen a eso que llaman “la Cuarta Transformación”. Para nada; seguimos luchando porque en este gobierno como en los anteriores, siguen desapareciendo a nuestros hermanos y hermanas, como a nuestros compañeros Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, desaparecidos el 25 de enero de 2022; nos movilizamos porque siguen los ataques del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”, como los del pasado 30 de enero de 2022 en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, en los que por alrededor de 2 horas, abrieron fuego en contra de nuestros hermanos y hermanas, sin que autoridad alguna interviniera hasta pasadas aproximadamente 2 horas; en el mismo contexto, seguimos responsabilizando a los gobiernos porque la desaparición de nuestros dos hermanos fue realizada por la policía municipal y comandante de Atlixtac y porque en vez de que el gobierno de Guerrero o incluso el gobierno federal se movilice para buscarlos, sacan un comunicado diciendo que ellos niegan tenerlos detenidos.

Seguimos alerta porque los ejemplos que dimos son recientes y se dan luego de varios ataques a nuestras comunidades y de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenara al Gobierno de Guerrero, en diciembre de 2021, brindar medidas para asegurar la vida de nuestras comunidades; es así que el gobierno de Evelyn Salgado simuló diálogo, enviando a funcionarios sin capacidad de proponer y mucho menos de resolver conflictos y se lo dijimos claro, que no simularan, que enviaran a quienes pudieran tomar decisiones ¡pero minimizaron y siguen minimizando el problema a un conflicto entre habitantes, a conflictos comunitarios! la consecuencia es que los ataques, desapariciones y amenazas continúan y con mayor intensidad.

En resumen, nos organizamos porque nos quieren exterminar y los malos gobiernos han sido cómplices de este exterminio. Por eso es que convocamos a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos, colectivos y organizaciones a esta conferencia de prensa, nuestro posicionamiento es claro y contundente, el gobierno de Guerrero está aliado con los grupos narco-paramilitares, con Los Ardillos, con Los Rojos y con todos los demás grupos que viven del sufrimiento de las comunidades, vale decir que hoy en día enfrentamos a los Ardillos y Rojos por igual; las pruebas son contundentes, nos detienen a nosotros y no a ellos, los dejan asesinar y aterrorizas a las comunidades, les permiten extorsionar a los presidentes municipales y que éstos junto a las policías municipales trabajen para los delincuentes, simulan escucharnos pero en realidad ignoran nuestras demandas, instalan puntos de vigilancia que no hacen nada cuando ocurre un ataque, desaparecen a nuestros compañeros y los entregan al crimen organizado, ordenan carpetas de investigación en contra de nuestros hermanas y hermanos, pero no de los narco-pramilitares, entre muchas otras vilezas ¿siguen pensando que son conflictos comunitarios? ¿siguen creyendo que resuelven los problemas con fotos y comunicados en los que ajustan la realidad a su creencia?

Nosotras y nosotros, como Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, con nuestro Sistema Comunitario, nacemos de entre nuestras comunidades, como una necesidad frente a la muerte que nos acechaba. Desde nuestro surgimiento, dejamos bien claro nuestro objetivo: LUCHAR POR LA VIDA DE NUESTRAS COMUNIDADES Y POR EL TERRITORIO. Es por eso que nos persiguen los grupos delincuenciales y narco-paramilitares, porque nos negamos a ser un botín de guerra, porque nos negamos a pagar extorsiones y a permitir secuestros, torturas y desapariciones. Desde nuestro surgimiento quedó claro que no formamos parte de ningún grupo delincuencial y hoy refrendamos nuestro compromiso de mantener la lucha por la vida y el territorio y nos deslindamos de cualquier pretensión de vincularnos con algún grupo criminal. Nosotras y nosotros no lucramos con la vida de nuestros pueblos.

También, desde que surgimos dejamos claro que no aceptaríamos migajas de los malos gobiernos, que nosotras y nosotros no tenemos líderes que se vendan y pacten con los gobiernos por un hueso, por unas monedas. Es así que refrendamos nuestro compromiso y que sea el partido que sea y la persona que sea que esté en el poder, nosotras y nosotros mantendremos nuestras demandas hasta que nuestras niñas, niños, hombres y mujeres, abuelas y abuelos, vivan con libertad, paz y justicia.

Por otro lado, al mismo tiempo que nos deslindamos de los grupos delincuenciales y de cualquier partido político, también nos deslindamos de quienes se han montado en el movimiento popular, en las policías comunitarias, a quienes utilizan a los niños para negociar con el gobierno, nunca lo hemos hecho ni lo haremos como CIPOG-EZ perteneciente al CNI, pues nuestra lucha es por la vida. Como organización, hemos sido claros en lo que somos y honestos hacia nuestros hermanos y hermanas que solidariamente nos han abrazado en esta lucha y así seguiremos, sin rendirnos, sin vendernos, sin claudicar.

Finalmente, seguimos responsabilizando a los 3 niveles de gobierno por lo que ocurre en nuestras comunidades y en todo el Estado, que a lo largo y ancho se desangra de tanta muerte e indiferencia.

Demandamos la aparición de nuestros dos hermanos, que sabemos que están con vida y siendo torturados y obligados a hacer declaraciones falsas. En este sentido, el día de ayer Lunes 7 de febrero de 2022, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emitió una petición de acción urgente a favor de nuestro hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez al Estado Mexicano, después de que fueran detenidos y desaparecidos por la policía municipal de Atlixtac, en el estado de Guerrero. Esta acción urgente demanda al Estado mexicano buscar y localizar a nuestros hermanos, una investigación exhaustiva, así como la identificación de los perpetradores de la desaparición forzada, sancionando “cualquier actividad o intervención de las autoridades u organismos que tengan por objeto el entorpecimiento de la efectividad de los procesos de investigación y búsqueda”. Es lo mismo que hemos demandado por muchos años a los tres niveles de gobierno, pues es de sentido común que quienes gobiernan y cobran por ello, aseguren mínimamente la vida, la seguridad y la paz en su territorio; esperamos que el Estado Mexicano y el estado de Guerrero, asuman su responsabilidad y atiendan al llamado de la ONU.

Denunciamos también, que el Ayuntamiento está llamando individualmente a nuestros comisarios para que se presenten a declarar, como si tuvieran algo que ver en los ataques que sufrimos y en las desapariciones de las que somos víctimas. Mejor Busquen y detengan a quienes nos dañan,  que ustedes saben bien quienes son y si tienen dudas, pregúntenle a la organización y no anden atemorizando a nuestros compañeros.

Sin más, dejamos claro que nuestra lucha es por la vida y que aquí seguimos, sin claudicar. Gracias a quienes escuchan y abrazan la lucha del CIPOG-EZ.

 

 

 

¡VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO!

¡VIVA EL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA!

¡VIVAN LOS PUEBLOS EN LUCHA!

¡FUERA LOS GRUPOS NARCO-PARAMILITARES DEL ESTADO DE GUERRERO!

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

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Avispa Midia

Sin justicia, familiares de migrantes víctimas de accidente carretero en Chiapas

Por Jeny Pascacio

En portada: Una mujer enciende una vela en el lugar del accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas, México. Foto: Alfredo Estrella

“Quiero justicia por la muerte de mi esposo, pero no tenemos recursos para buscarla”, dice Yesenia Flores. Su esposo, Leonel Gómez Zepeda, fue una de las 56 víctimas mortales tras la volcadura del tráiler en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, ocurrida el pasado 9 de diciembre.

Leonel Gómez Zepeda, de 37 años, fue un futbolista de Primera División del Deportivo Malacateco en Guatemala. Debido a su edad, el balompié dejó de ser redituable y la crisis económica de su país lo llevó a intentar migrar, por primera vez, a Estados Unidos.

El lunes 6 de diciembre, Leonel se despidió de su familia en Guatemala y unas horas antes del accidente, reaccionó a una foto de su hija en Facebook. Fue la última interacción que Yesina recuerda de su esposo.

El cuerpo de Leonel estuvo en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez y después fue trasladado al municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas. Yesenia tuvo que viajar varias veces a México, con recursos propios, para localizarlo.

También trasladó a sus hijas desde Malacatán, Guatemala, a Chiapas para las pruebas de ADN que solicitó la Fiscalía General de la República.

El 19 de diciembre, sin avisar, los gobiernos de ambos países trasladaron tres féretros de los muertos en el accidente, uno de ellos con los restos de Leonel, “sólo vinieron a dejar la caja y no supimos nada de ningún gobierno”.

Yesenia Flores lamenta que el único momento en que tuvo atención de las autoridades mexicanas fue para las pruebas de ADN, por la presión que ella misma ejerció. “No tuvimos apoyo ni antes ni ahora”.

Yesenia y Leonel procrearon cuatro hijas, todas aún menores de edad. Leonel buscaba darles una mejor vida que esperaba encontrar en Estados Unidos.

“A mis hijas todavía no les he comprado sus útiles porque aún no encuentro trabajo. Mi esposo por eso se fue, porque la situación aquí es difícil; por eso, aunque quiera darle seguimiento a la investigación para que se haga justicia, no puedo por el gasto que representa”.

Yesenia Flores recuerda que el féretro estaba sellado y le pidieron que sepultara a su esposo de manera inmediata por el estado de descomposición que presentaban. “Escuchar al gobierno de México decir que no hay detenidos, duele en el alma”.

Solicitud de apoyo, sin respuesta

Familiares de las víctimas se han manifestado por el nulo apoyo de los gobiernos de México y Guatemala

Domingo Giovanni Raymundo Mateo, de 18 de años, salió de su casa en Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala, el 8 de diciembre acompañado de su concuño Miguel Laynes Ortega, de 27 años.

Por segunda vez, Domingo se colgó la mochila con el ánimo de ganar dinero para apoyar a sus padres. Su tía les ayudó a contactar un coyote y lograron reunir dinero tras vender pertenencias y pedir prestado.

“Ya se murió el Mingo” dijo Miguel cuando dio la noticia de la volcadura del tráiler que los llevaría a Ohio. Miguel logró brincar del vehículo en movimiento. Resultó con lesiones en brazos y costillas.

En cuanto se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, la familia maya Ixil en Guatemala solicitó apoyo a las autoridades de ambos países para repatriar el cuerpo del joven que estaba en calidad de desconocido. Entonces no hubo respuesta.

Pedro Raymundo, padre de Domingo, cuenta que se trasladó a Chiapas para pedir el cuerpo de su hijo, “estuve viajando también por el acta de defunción y por eso en Guatemala me cobraron 4 mil quetzales”.

Los gastos de los traslados, alimentación y hospedaje para la realización de trámites también fueron cubiertos por ellos, “nosotros no tenemos dinero tampoco información, no sabemos ni a quién pedirle justicia”, lamenta Pedro en su fracturado español.

Pese a sus esfuerzos, Raymundo aún no cuenta con el acta de defunción de su hijo y la única respuesta que recibió fue por parte del Registro Nacional de las Personas (Renap), entidad guatemala quien aseguró se debe a que la Fiscalía General de la República mexicana aún no envía la información.

Antes de salir de Almolonga, Guatemala, Domingo y su concuño Miguel se dedicaban al campo. Dejó de estudiar hace dos años cuando su familia no pudo solventar los gastos escolares, fue entonces que uno de sus tíos, establecido desde hace un año en EEUU, lo convenció de migrar.

“Dijo que se podía hacer la lucha, porque aquí no hay trabajo ni para las mujeres y estamos en una casa prestada”, agregó Margarita Raymundo, hermana del joven.

Domingo y Miguel, recorrieron 432 kilómetros desde su comunidad hasta el municipio chiapaneco donde ocurrió el accidente. En el lugar, los pobladores locales, aún en shock, prenden veladoras por el descanso eterno de los fallecidos y la recuperación de los heridos.

No hay detenidos

Aún después de meses de ocurrido el accidente, pobladores de Chiapas colocan ofrendas en el lugar donde perdieron la vida 56 personas.

A dos meses de la tragedia, la Fiscalía General de la República se limita a decir que no tiene mayor información sobre el caso porque siguen las investigaciones. Pero en realidad aún no hay detenidos ni avances en la carpeta de investigación. Esto a pesar de que el 14 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los responsables fueron identificados.

El Instituto Nacional de Migración (INM) también evade los cuestionamientos de la prensa con respecto a los apoyos a las familias que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana siguiente del accidente carretero.

Los únicos reportes sobre el caso se publican en la página oficial donde recientemente destacaron la repatriación de cuerpos, realizados durante diciembre de 2021 y enero de 2022: 42 de Guatemala; 12 de República Dominicana; una de El Salvador y una más de Ecuador. A finales de enero, informaron que fueron trasladados los últimos restos que corresponden a un adulto y un menor de edad guatemaltecos.

Asimismo, la Secretaría de Salud en Chiapas señala que solo uno de los 114 heridos en el mismo accidente continúa con atención en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.

Contubernio

Organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste Mexicano, han hecho hincapié en las políticas de contención migratoria, las cuales orillan a las personas en movilidad a tomar alternativas peligrosas para trasladarse de una frontera a otra.

De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, existe un contubernio de la autoridad migratoria para permitir el transporte de migrantes por el crimen organizado. Esto debido a que pese la presencia de retenes para inspeccionar vehículos en la ruta migratoria en Chiapas, la mayoría no son detenidos. “Estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre esos tráileres y demás unidades que pasan invisibles por Chiapas”.

Para la organización nacional Brigada Callejera, la trata de personas no se podría concretar sin la complicidad de la policía, funcionarios de migración y el Ejército mexicano, sobre todo en las zonas de los Altos, Norte y Selva de Chiapas controladas por narcotraficantes que también se dedican a este delito. “Desde sus países de origen a muchos los engañan, les piden escrituras de casas y terrenos, para llevarlos endeudados y con engaños”.

En estas redes, participan desde pobladores de las comunidades indígenas, donde se encuentran algunas casas de seguridad, hasta transportistas que incurren en otros delitos para que los vehículos en que transportan a sus víctimas no sean descubiertos por la autoridad; hasta los uniformados encargados de la seguridad nacional.

Los grupos del crimen organizado se apropian de caminos de extravío o rutas claves; ofrecen o amenazan a los pobladores para que acepten ser reclutados o trabajar como halcones para la realización de varios delitos.

“Las autoridades se sientan y dicen que van a solucionar el problema e informan que no pasa nada”, lamentó Elvira Madrid de Brigada Callejera.

En el 2018, cuando comenzaron a llegar a México las primeras caravanas migrantes, los representantes el Consulado de Honduras en México, confirmaron que los delitos contra personas migrantes incrementaron, con un mayor número de víctimas por la trata de personas y el secuestro.

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Avispa Midia

Mujeres, violentadas por las políticas migratorias de México y EEUU

Por Jeny Pascacio

Portada: Santiago Navarro F.

Durante el 2021, la migración incrementó por factores asociados a la llegada de Joe Biden al gobierno de Estado Unidos y a los anuncios de las políticas migratorias ‘más justas’, así como a la violencia, la pandemia del COVID-19 y los desastres naturales.

En el mismo año las disposiciones migratorias afectaron negativamente a las mujeres que buscaban protección por las políticas restrictivas, pues siguen vigentes desde el gobierno de Donald Trump.

El reporte Atrapadas en la incertidumbre y expuestas a la violencia. El impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos y México en las mujeres solicitantes de protección internacional en 2021 señala los escenarios que viven las mujeres en movilidad humana, resultado de las políticas migratorias.

Son sometidas a actos violentos en razón de género en México, que incluyen violación y agresiones sexuales, secuestros, extorsiones, separación familiar, falta de acceso a la salud, además de que enfrentan más barreras para denunciar los hechos, acceder a la justicia y recibir apoyo.

De acuerdo con el informe, realizado por la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), a menudo las mujeres tienen que esperar sus procesos durante períodos prolongados, en circunstancias precarias y peligrosas, en las fronteras norte y sur de México.

La documentación da cuenta de que estos escenarios exacerban traumas que inicialmente las obligaron a escapar de sus países; y no les permite sentirse seguras en las ciudades de la frontera sur y norte de México, además les preocupa que las puedan seguir sus agresores a este país.

Una encuesta de 2017 de Médicos Sin Fronteras reveló que 31.4% de las mujeres que buscaban protección internacional habían sido agredidas durante su tránsito por México.

Algunas son secuestradas y agredidas sexualmente por sus captores, con frecuencia, frente a sus hijas e hijos. En muchas de las agresiones participan autoridades mexicanas de diferentes niveles.

De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil en Chiapas, muchas mujeres migrantes recurren a métodos anticonceptivos de larga duración para evitar embarazos por violación sexual en territorio mexicano.

Horror

El 72.5% de las mujeres migrantes que ingresaron en 2020 reportaron haber sufrido agresiones físicas en el país de origen y en México a manos de integrantes de pandillas y delincuencia organizada, familia, compañeros de trabajo y principalmente autoridades.

Por ello el Instituto para las Mujeres en la Migración, a través de los reportes que realiza, destaca la importancia de que el gobierno mexicano considere a la violencia de género como un motivo para solicitar protección internacional en el país y en consecuencia reconocerlas como refugiadas.

En 2021, la Comar recibió un incremento histórico de 131 mil 448 solicitudes de asilo, de las cuales 41% fueron de mujeres y 24% de niñez y adolescencia, pero no cuenta con recursos humanos y financieros suficientes para hacer frente al incremento de solicitudes, lo que ha dejado a muchas personas atoradas en el sur de México.

Un informe de las Naciones Unidas de 2015 reveló que aproximadamente 60% de las mujeres entrevistadas solicitantes de asilo de Honduras, Guatemala y El Salvador estaban escapando de violencias de género.

Un informe de 2021 de Kids in Need of Defense (KIND) señala que la violencia contra las mujeres en Centroamérica aumentó drásticamente durante la pandemia de COVID-19 ante el confinamiento que obligó a las mujeres a permanecer encerradas con sus agresores y el control de las comunidades por parte de las pandillas.

Por ejemplo, Liliana, una mujer guatemalteca, platicó al IMUMI que después de escapar de una relación violenta con su esposo, un militar activo, un grupo de hombres la habían secuestrado en Tijuana. Mientras sus secuestradores la tenían los escuchó hablar por teléfono haciendo arreglos para explotarla sexualmente.

Cristina, una mujer guatemalteca, que viajaba con su esposo y sus tres hijos, describió al equipo de WRC el “terror de ser obligados a esperar en Tijuana donde nos pueden encontrar nuestros agresores”.

De acuerdo a la bitácora del albergue Una ayuda para ti mujer migrante AC, ubicado en Chiapas, seis de cada 10 mujeres que llegan en busca de ayuda fueron violadas por integrantes del crimen organizado y uniformados como agentes de migración y otros que “reconocen como los policías de azul”.

Foto: SAntiago Navarro F.

Intensifica contención migratoria

En el 2019, México y Estados Unidos acordaron la contención migratoria en las fronteras sur y norte, de forma paralela a la creación de la Guardia Nacional que se desplegó con mayor fuerza en la frontera de Chiapas y Tabasco, México.

Desde entonces los delitos cometidos contra personas migrantes incrementaron, incluso las detenciones bajo presión de la Casa Blanca. El gobierno mexicano tomó una serie de medidas para intensificar sus políticas migratorias de disuasión.

Las restricciones a la libre circulación por el país de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional orillaron a las personas en movilidad a contratar a traficantes y arriesgándose por rutas de viaje más peligrosas.

En el 2021, el Instituto Nacional de Migración (INM), en conjunto con la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad, realizaron un número sin precedentes de eventos de detención de personas migrantes, de las cuales 30% eran mujeres y 27% menores de edad.

El INM también intensificó las medidas restrictivas en los aeropuertos mexicanos y negó la entrada a un récord de 72 mil 895 personas extranjeras en 2021, el doble de los 31 mil rechazos registrados en 2019. Estas personas no pudieron acceder a la solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

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Avispa Midia

Europa etiqueta gas y energía nuclear como sustentables; organizaciones acusan lavado verde

Por Ñaní  Pinto

El pasado miércoles (2), la Comisión Europea confirmó su postura para mantener la clasificación de la energía nuclear y gas natural como inversiones “verdes”, pues las considera como elementos claves para la transición energética.

Dicha acción causó polémica entre múltiples actores. Desde la crítica de organizaciones ambientalistas por considerar que fuentes energéticas como el gas son agravantes de la crisis climática, así como posiciones en contra de varios Estados dentro de la Unión Europea (UE) por el historial de accidentes en el manejo de la energía nuclear.

Por su parte, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, destacó que la decisión ayudará a impulsar la inversión privada en los sectores del gas y la energía nuclear. “Nos permitirán abandonar más rápidamente actividades más contaminantes, como la generación de energía a partir del carbón; en favor de un futuro climáticamente neutro y basado de forma preponderante en fuentes renovables”, remarcó la funcionaria alemana.

La Comisión puntualizó que esta decisión es solo por un periodo limitado de tiempo y en condiciones para contribuir a la descarbonización de la economía.

En contraposición, la organización Amigos de la Tierra manifestó su rotundo rechazo a la medida. “Es una broma de mal gusto que un combustible fósil como el gas y que una de las energías más peligrosas y contaminantes, la nuclear, pasen a catalogarse energías sostenibles que pueden promover la transición energética”, declaró mediante comunicado.

“La inclusión del gas y la energía nuclear en la taxonomía [de inversiones sostenibles de la Unión Europea] es cada vez más difícil de explicar como otra cosa que un regalo a dos industrias desesperadas con poderosos amigos políticos, y representa el mayor ejercicio de lavado verde de todos los tiempos”, denunció Greenpeace.

¿Sustentables?

La Comisión Europea señaló que basó su decisión con asesoramiento científico, apelando a los avances tecnológicos y a la inversión privada. Según Mairead McGuinness, comisaria de Servicios Financieros, Estabilidad Financiera y Unión de los Mercados de Capitales, “es necesario utilizar todos los instrumentos a su alcance” para cumplir con la meta de la UE para alcanzar la neutralidad climática en el año de 2050.

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Sin embargo, desde enero, un grupo de países integrado por España, Austria, Dinamarca y Luxemburgo se posicionó en contra de la propuesta de la Comisión Europea. Mediante carta pública, los países indicaron que se corre el riesgo de provocar un bloqueo tecnológico durante décadas debido al amplio ciclo de vida de las instalaciones gasísticas o nucleares.

En el documento, también destacaron los accidentes nucleares ocurridos en Chernóbil (1986) y Fukushima (2011), resaltando el problema para gestionar los desechos radioactivos.

Para Amigos de la Tierra, es especialmente preocupante la energía nuclear pues supone una amenaza para otros objetivos ambientales y no respeta el principio de “no hacer daño significativo”, contemplado en la taxonomía de inversiones sostenibles de la UE.

De acuerdo a la perspectiva del grupo ambientalista, se deben explorar alternativas para la producción energética, tales como las “comunidades energéticas” cuyo objetivo es capacitar a las poblaciones para democratizar la transición energética, colocando los beneficios económicos, sociales y medioambientales como prioridad.

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La reciente propuesta de la Comisión fue presentada tras dos años de discusión interna y pasará a ser definitiva si en un periodo de cuatro meses no se reúne una mayoría que la rechace. Para esto, el Consejo necesita que al menos 20 países, que representen al menos al 65% de la población europea, se posicionen en contra. También el Parlamento Europeo podría rechazar la propuesta si consigue 353 diputados que presenten esta postura.

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fidencioaldama.org

Situación jurídica de Fidencio Aldama – Libertad para Fidencio Aldama

Fidencio Aldama Pérez es un indígena Yaqui, originario de la comunidad de Loma de Guamuchil y defensor del territorio, desde el año 2009 vivía en la comunidad de Loma de Bácum, de donde es originaria su esposa. Ha estado privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, Sonora desde el 27 de octubre de 2016, acusado y sentenciado a 15 años y seis meses de prisión, por la supuesta comisión del delito de Homicidio Simple Doloso, cometido en agravio de la persona que en vida llevó el nombre de Cruz Buitimea Piñas.

El primero de noviembre de 2012 la empresa energética transnacional con sede en Estados Unidos, Sempra Energy, firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad de México para construir el Gasoducto Sonora de 835 kilómetros de longitud, destinado a importar gas natural de Estados Unidos a México. En consecuencia, el 29 de agosto de 2013, el Gasoducto Sonora, proyecto de Infraestructura Energética Nova, S.A. de C.V. (IEnova), obtuvo de parte de la Comisión Reguladora de Energía, el permiso para construir los tramos Guaymas-El Oro, el cual atraviesa los ocho pueblos yaquis.

En ese contexto, el 28 de mayo de 2015, durante una asamblea realizada en la comunidad de Loma de Bácum, el pueblo decidió no conceder permiso a ninguna persona, compañía o entidad para entrar a sus tierras y territorio con el propósito de llevar a cabo actividad alguna con relación al proyecto del Gasoducto Guaymas-El Oro.

Al iniciar el camino de la resistencia contra el Gasoducto Sonora, inicio también la lucha jurídica por lo que, el 26 de abril de 2016 el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón, ordenó la suspensión del Gasoducto Guaymas-El Oro por no tener el consentimiento de toda la tribu. Sin embargo, la empresa Ienova no acató esa resolución judicial y continuó con los trabajos de construcción.

Mientras los miembros de la comunidad se reunían en asamblea el 21 de octubre de 2016, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales de la comunidad e imponer otras autoridades a favor del Gasoducto. Este ataque dejó un muerto, varios heridos y doce vehículos quemados. El día de los hechos Fidencio se encontraba presente en el lugar, toda vez que formaba parte de la guardia tradicional. De esos hechos fue señalado como responsable, por lo que el 27 de octubre de 2016 fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales del Estado de Sonora, iniciando así un proceso penal plagado de contradicciones e irregularidades que fueron ignoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento que conoció de su proceso, mismo que en fecha seis de abril de 2018 dictó la sentencia condenatoria en contra de Fidencio, resolviendo que era responsable de la comisión del delito de Homicidio Simple Doloso en agravio de Cruz Buitimea Piñas, imponiéndole una pena de 15 años y 6 meses de prisión, más una multa de $23,080.64, pesos y una reparación del daño moral de $47,019.5 pesos y finalmente una reparación del daño material aún sin cuantificar.

Al ser violatoria de derechos fundamentales y causar serios agravios a Fidencio Aldama, se presentó la apelación correspondiente en contra de la sentencia de primera instancia, misma que le tocó conocer a la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, quien le dio entrada y la registró con el número de toca de apelación 22/2018. Seguidos los trámites ante dicha autoridad, en fecha 19 de noviembre de 2019 se emitió la sentencia de segunda instancia, resolviendo la Segunda Sala confirmar la sentencia condenatoria al considerar que se encontraban acreditados tanto el delito, como la responsabilidad penal de Fidencio, ignorando con ello, las contradicciones, irregularidades e inconsistencias que se hicieron evidentes durante todo el proceso penal seguido ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Continuando con el camino jurídico, el 20 de octubre de 2020, se presentó el Amparo Directo en contra de la sentencia emitida por la Segunda Sala Mixta, mismo que fue radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito del Estado de Sonora, asignándole el número 167/2020. Dicho amparo fue returnado a la ponencia de la Licenciada Luz Elba de la Torre Orozco en fecha 12 de agosto de 2021, quien a partir de esa fecha, tiene la encomienda de realizar el proyecto de sentencia que le puede devolver la libertad a Fidencio Aldama, misma será emitida en los próximos días.

Como se puede apreciar, el caso de Fidencio Aldama es una más de las injusticias que se cometen en contra de los defensores de la vida y del territorio, quienes se enfrentan a megaproyectos avalados por el Estado mexicano, donde siempre salen a relucir las empresas transnacionales, quienes al ver afectados sus intereses, utilizan el mismo modus operandi para continuar con sus proyectos de despojo: la represión y el encarcelamiento de los opositores.

Finalmente se destaca que, lo acontecido a Fidencio Aldama es un ataque directo y una afrenta a la tribu de Loma de Bácum, la cual tiene sus propias formas de organización, de toma de decisiones, de justicia, de auto defensa, por ello, el actuar del Estado al permitir la construcción de un Gasoducto sin consultar a las tribus yaquis, asi como la actuación de las instancias de procuración e impartición de justicia del Estado, han atentado contra ésta forma de organización, pero sobretodo, es un ataque a la autonomía y autodeterminación de toda una tribu.

¡LIBERTAD PARA FIDENCIO ALDAMA!

Febrero de 2022, Los Otros Abogadoz

radio
Radio Zapote

Declaratoria del Encuentro Nacional de Comunicación en Defensa del Territorio y la Vida

29 y 30 de enero de 2022, Tehuacán, Puebla

Como parte de los acuerdos celebrados en el Foro Nacional de las Resistencias y Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, más de una docena de medios de comunicación comunitarios, libres y autónomos nos reunimos en el Centro de Capacitación de la organización MAIZ en Tehuacán, para discutir sobre nuestros caminares, analizar la condición en que estamos los medios comunitarios y discutir formas de fortalecer con el arma de la comunicación, las luchas en defensa del territorio de nuestro país.

En nuestras geografías, la radio comunitaria, los medios de comunicación y reporter@s honest@s son cada vez más criminalizad@s y atacad@s de manera verbal, “legal” y violenta por afectar los intereses políticos y económicos de empresas y gobiernos que quieren afectar a los pueblos originarios de donde provenimos. A ello, se suma cada vez más grave, la intromisión del crimen organizado en los territorios donde se pretenden instalar megaproyectos.
Como medios comunitarios, nuestra objetividad está, en que somos parte del pueblo y estaremos siempre de su lado, del lado de la defensa del territorio y la vida. Nuestro camino es al servicio de los pueblos, en defensa de la vida y el territorio, en apoyo mutuo, anticapitalista, antipatriarcal y no partidista.

Y estamos buscando como hacer mas fuerte, sonora y visualmente, la lucha por la defensa del territorio y la vida.
Estamos buscando que más conozcan esta guerra que está pasando en nuestro país contra los pueblos indígenas, esta guerra “legal”. militarizada y narcomilitarizada de despojo de los territorios para instalar proyectos de muerte.
Estamos buscando que más medios de comunicación comprometidos y honestos podamos estar enlazados y coberturados frente a la guerra que existe contra el derecho a decir y difundir la verdad.
Es por ello que hemos decidido juntar una semilla que florezca en forma de red, a todos los territorios posibles donde hayamos medios honestos y comprometidos y nos fortalezcamos y protejamos entre sí. Ayudarnos juntos a hacer mas claro y grande el grito y la lucha contra la injusticia y los megaproyectos de muerte en nuestros territorios, y así poder difundir más ampliamente lo que pasa en nuestros pueblos y regiones de primera mano, desde los medios comunitarios del pueblo.

Por ello hemos ACORDADO, seguir un trabajo comunicacional bajo la siguiente agenda previamente acordada en los encuentros en defensa del territorio:

1. 16 de febrero – En el marco de 26 aniversario del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés en CDMX. Se coberturará la acción que se realizará en la casa de los pueblos y comunidades “Samir Flores Soberanes” comunidad indígena Otomí.

2. 20 de febrero – Difundir el tercer año de impunidad en el asesinato de Samir, a manos del narco estado.

3. 20 y 25 de febrero – Acción de búsqueda del compañero Sergio Rivera en la sierra negra de Puebla.

4. 22 de marzo a 22 de abril – Acuerpar Caravana de los Pueblos por la Vida y contra los Megaproyectos.

5. 19 de abril – Segundo Encuentro Nacional de Comunicación en Defensa del Territorio y la Vida, Santa Rosa, Oaxaca a cargo de compañeros de Sol rojo.

6. 20 de abril – Cobertura y acuerpamiento de la Caravana de los Pueblos por la Vida en la ciudad de Oaxaca.

Hacemos extensiva la invitación a todos los medios de comunicación y comunicador@s honest@s y comprometid@s a sumarse a estos trabajos de comunicación y encontrarnos el próximo 19 de abril en la ciudad de Oaxaca para discutir como podemos hacer redes de comunicación en defensa de la vida y el territorio.

Red Nacional de Comunicación Popular, “Voces de la resistencia”
Red de radios Indígenas y Comunitaria del Sureste Mexicano, Las Voces de los Pueblos, Radio Altepetl, Radio Zacatepec, Radio Tlayoli, Cholollan Radio, Radio Unitierra, Comisión Comunicación FPDTA-MPT, Radio Zapote, Radio Coatl, Periodico Mural, Maiz, Comité Contra la hidroeléctrica Coyolapa- Atzalan, Cooperativa Caffen Tepeyolo, Movimiento No Vivimos del Aplauso

 

radio
CDH Fray Bartolome de las Casas

No al gobierno por decreto. No es desarrollo, es despojo

México, reconocemos y denunciamos las consecuencias negativas e irreversibles sobre nuestros pueblos, territorios y la naturaleza con la que convivimos y cuidamos, que se derivan del Acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre de 2021, (DOF: 22/11/2021) por lo que… EXIGIMOS SU DEROGACIÓN INMEDIATA

El decreto, mal llamado Acuerdo, tiene dos puntos centrales:
1. Declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medioambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional; y deja abierto además a todos aquellos que el gobierno considere que “por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”.

2. Establece además que las diferentes instancias gubernamentales relacionadas, deben otorgar una autorización provisional en 5 días luego de presentada la solicitud y que si ésta no se expide, se entenderá resuelta en sentido positivo. Dichas instancias tendrán un año para tomar una resolución definitiva.

El decreto contraviene varios artículos de la Constitución y viola una serie de leyes existentes, como detalla Francisco López Bárcenas (Gobernar por decreto, La Jornada, 27/11/21).

Es la legitimización de cualquier proyecto del gobierno federal para ejecutarse sin cumplir los requisitos y los términos de ley que evalúan su impacto en el medio ambiente, su legalidad en el ámbito de la propiedad y la no violación de los derechos humanos como el derecho a la consulta previa, libre e informada establecida en las leyes nacionales y tratados internacionales, esto intenta excluirlos de la esfera legal y refrenda nuevos despojos de nuestros derechos, tierras, aguas, bosques y territorios.

Estas resoluciones llamadas provisorias por un año, intentan poner en situación de acto consumado los megaproyectos del gobierno, impidiendo el amparo y protección de la justicia a través del juicio de garantías, ya que si no se impide su realización, generarán impactos negativos irreversibles debido al tipo de obras de infraestructura, tala de bosques y selvas, contaminación de agua, inundaciones, arrasamiento de tierras y poblados. El acuerdo es en realidad una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados.

Adicionalmente es una legalización de la represión y persecución a quienes legítimamente nos organizamos y defendemos nuestros territorios y vidas ante los impactos irreversibles de estos proyectos sobre los que ni siquiera habremos sido informados, consultados ni dado nuestro consentimiento. En el gravísimo contexto del avance de la militarización del país que promueve y favorece el gobierno, esto es una declaración de impunidad ante la represión contra los pueblos indígenas y campesinos, quienes hemos vivido y cuidado los territorios desde tiempos inmemoriales y mucho antes de la constitución del Estado Mexicano. Para muestra basta con leer lo que declaró el director general del proyecto Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Rafael Marín sobre el decreto-acuerdo: “éste no sólo facilitará la reducción de los trámites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino también garantizará la intervención veloz de la autoridad para contener probables bloqueos ;esto nos va a ayudar a hacer más ágil la tramitología y por el otro, pues el que se declaren instalaciones estratégicas los proyectos, también nos ayudan a que puedan intervenir inmediatamente las autoridades en caso de bloqueos y este tipo de cosas”.

Son los mismos empresarios y partidos que han cuestionado este decreto por sus intereses comerciales y politiqueros que en gobiernos anteriores impusieron este mismo tipo de proyectos a nuestros pueblos, y contra quienes hemos protestado, denunciado y resistido igualmente desde hace muchas décadas, de lo cual hay numerosos testimonios e historia escrita. Entre éstas, las luchas y denuncias del Congreso Nacional Indígena desde 1996 al presente en todo el país, los testimonios asentados en más de 40 pre-audiencias y audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México entre 2011 y 2014, los testimonios de devastación territorial y ambiental en verdaderas zonas de sacrificio en más de 10 regiones del país, también constatadas por caravanas y misiones de pueblos y organizaciones nacionales e internacionales en 2020-21.

Mucho antes de 2018, nuestros pueblos ya estaban denunciando la devastación generada por infinidad de megaproyectos que ahora serán considerados estratégicos y de seguridad nacional: megaproyectos carreteros, hidráulicos, energéticos, de infraestructura que invaden y despojan nuestros territorios, como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transístmico, y el mal llamado Tren Maya, contra el que muchas comunidades nos hemos amparado.

Igual se pronunciaron las comunidades, movimientos y organizaciones en el Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, del 17 de enero de 2022, donde afirman los pueblos: “el Decreto Presidencial del 22de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal” (https://www.centrodemedioslibres.org/2022/01/20/pronunciamiento-del-enc…).

Sabemos que la SCJN suspendió la aplicación de este acuerdo en atención a lo planteado por el INAI, pero solamente en sus aspectos relacionados al acceso a la información, mientras que las consecuencias del decreto son mucho más amplias.

Comunidades y organizaciones del Congreso Nacional Indígena han interpuesto 17 amparos con reclamos de fondo. Uno de éstos fue aceptado y el juzgado en Puebla ha concedido un recurso de suspensión de la aplicación del acuerdo. (https://tinyurl.com/465yt4ek) En la mayoría de los demás amparos, los tribunales han contestado planteando a las comunidades indígenas dificultades innecesarias, demandando trámites complementarios absurdos y/o declarándose incompetentes, lo cual en los hechos es una negación al acceso a la justicia a los pueblos indígenas.

Denunciamos también que aunque muchos medios masivos quieran presentar una imagen como si los empresarios y algunos partidos políticos fueran críticos al decreto, en realidad su principal preocupación es que este decreto sólo favorece a algunas empresas nacionales y trasnacionales que trabajan en los proyectos considerados prioritarios por el gobierno, cuando lo que quisieran es que la suspensión de derechos y obligación de cumplir con las leyes ambientales y de consulta se aplicara a todas sus empresas y sus actividades.

Como manifiestan las organizaciones indígenas y campesinas de Oaxaca (https://tinyurl.com/f36nu9nt), lo que este gobierno y los anteriores llaman “desarrollo nacional” no es tal, sino un renovado plan para el despojo.
Denunciamos la utilidad pública al servicio de los intereses privados. Es utilidad privada y despojo público.

Exigimos la derogación inmediata del decreto…
Llamamos a todas las comunidades y pueblos a denunciar y…
Resistir por todas las vías pacíficas y de ley.
2 de febrero de 2022, día de la Candelaria.

Red en Defensa del Maíz: Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, SC. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Asamblea de defensores del Territorio Maya Múuch’Xíinbal. Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami). Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. Desarrollo Económico y Social para Los Mexicanos Indígenas (Desmi), AC. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam). Colectivo por la Autonomía. Grupo ETC. GRAIN. Ejidos en Defensa del Territorio Maya. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruíz García, Chicomuselo, Chiapas. Jóvenes Ante la Emergencia Nacional. Casa Temilco. Espacio de Todos para la Defensa Comunitaria (ETCO). Sección XXII CNTE-SNTE. Guardianes del Mar. Colectivo Xa´aybej. CODEDI. Frente de la Juventud Comunista. Partido Comunista de México. Frente Peninsular de la Resistencia Popular. Pueblo de Loma de Bacum de la Nación de la Tribu Yaqui. Lagos de Colores. ZODEVITE. Misión de Bachajón, Chiapas. Comuneros de San Pedro Atlapulco. Magdalena Gómez. Evangelina Robles González. Lorenzo Moreno Pajarito. Julián Vázquez Guzmán. Colectivo Matza de San Miguel

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en PDF aquí

radio
Avispa Midia

México | Empresa de EEUU explota ilegalmente una mina y no es sancionada

Por Avispa

La empresa Sac-Tun, subsidiaria de la empresa estadunidense Vulcan Materials Company, explota una mina de materiales pétreos para la construcción en la selva de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, mantiene sus operaciones de extracción y envío marítimo, a pesar de que la concesión federal para la exportación ya se le venció.

En la conferencia mañanera el lunes (31), el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que la empresa tiene un predio de 4 mil 200 hectáreas dividido en tres concesiones, dos de las cuales están vencidas y una que de forma irregular no tiene plazo de vencimiento. Además, posee la concesión de un muelle para exportar los materiales obtenidos a Estados Unidos, el cual también está operando sin permisos de exportación.

La empres exporta a Estados Unidos alrededor de 6 millones de toneladas anuales de arena y grava. Una investigación del periodista Xavier Méndez Camacho, realizada para el periódico El Despertador de Quintana Roo, en 2018, demostró que la empresa fornecía material al gobierno de Donald Trump para la construcción del muro a lo largo de la frontera con México.

El terreno en el cual la empresa opera sin permiso está ubicada aproximadamente a un kilómetro del Caribe. Ha extraído tal cantidad de material pétreo que ya acabó con el suelo a tal grado de que, el acuífero que cuza por esa zona, brotó y, ahora inunda gran parte del terreno de la mina con agua de color azul turquesa.

El gobierno federal se niega a renovar las concesiones alegando que la actividad causa daños ambientales, lo que ocasionó que la empresa demandara a México en un tribunal internacional para exigir una indemnización de mil 500 millones de dólares. “No se va a permitir nada de extracción a partir de marzo”, dijo Obrador.

Para evitar que la demanda contra México continúe en tribunales internacionales, el gobierno federal hizo una propuesta a la empresa. “Ofrecemos darles facilidades para que utilicen los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo, es decir, no se trata de construir 20 mil cuartos de hotel, sino los que puedan realizarse con la conformidad de las normas”, dijo el presidente.

De acuerdo con el mandatario, la empresa dará a conocer a sus acciones la propuesta. Si aceptan, se “espera que quiten las demandas y sino vamos a defendernos legalmente como se está haciendo”, sostuvo.

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