^{En portada: Garífunas provenientes de distintas comunidades realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones del Ministerio Público para exigir justicia por la desaparición forzada de cuatro jóvenes y el respeto de sus derechos territoriales ancestrales.}

César Benedict suelta una pequeña sonrisa y dirige su vista en dirección al mar. “Los traje al lugar mas bonito de Triunfo de la Cruz”, menciona, orgulloso de su presencia en estas tierras, donde a su alrededor se asoman plantas de yuca y cocos sembrados por mujeres y hombres de la comunidad garífuna.

Nos encontramos con César, miembro de esta comunidad en la Bahía de Tela, costa atlántica de Honduras, quien nos recibe en una de las zonas de mayor conflicto por el control de las tierras entre la comunidad afroindígena y sectores empresariales, principalmente de la industria turística.

La parsimonia de las olas del mar caribe que bañan este paraíso contrasta con el contexto de violencia y despojo que viven las comunidades garífunas. Entre los años del 2012 al 2022 han reportado 105 ataques contra sus miembros y sólo en lo últimos siete años han sido asesinadxs 25 defensorxs de los territorios garífunas.

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Según la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), esta situación se agravó después de que en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la razón a esta comunidad garífuna y responsabilizó al Estado de Honduras por violar el derecho ancestral y colectivo al territorio de sus habitantes.

En Triunfo de la Cruz no existe la propiedad privada, pues cuenta con un título de dominio colectivo que prohíbe la venta a personas ajenas de la comunidad, pero en este paraíso de aguas cristalinas existen complejos turísticos de lujo que contrastan con las viviendas en la comunidad.

Invasión

“Acá hay una franja donde solo hay casas de millonarios, les molesta mucho cuando ellos nos miran aquí”, menciona César, indignado, pues argumenta que estas tierras le han pertenecido durante generaciones al pueblo Garífuna quien hace más de 225 años se estableció en las costas del caribe hondureño.

En el caso de Triunfo de la Cruz, la sentencia de 2015 ordenó al Estado de Honduras la demarcación de las tierras de propiedad colectiva de la comunidad garífuna, donde destaca una extensión de 408 hectáreas correspondientes al Bloque A1, tierras en disputa por la presencia de construcciones de personas ajenas a la comunidad, “de los poderosos del país, como es el caso de la familia Andonie”, ejemplifica César sobre uno de los grupos de mayor poder en Honduras que mantiene inversiones en sectores mercantiles, comerciales y políticos.

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Parte de las tierras en conflicto han pertenecido tradicionalmente al sector agrícola de la comunidad de Triunfo de la Cruz. “Aquí trabajaban nuestros ancestros, de acá nos hicieron crecer a varios de nosotros. Había mucho coco, siembra de yuca, de plátano”, relata César sobre la vida antes de la aparición de los megaproyectos turísticos y de las amenazas y violencias que vinieron en consecuencia.

Desde el año de 1950, el estado de Honduras otorgó títulos de propiedad a favor de la comunidad de Triunfo de la Cruz, por lo que la comunidad garífuna cuenta con 615 hectáreas en “dominio pleno” y 128 en “calidad de ocupación”. No obstante, pese a que desde el 2001 el Instituto Nacional Agrario de Honduras (INA) reconoció 408 hectáreas como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz, hasta la fecha estas tierras no han sido ni demarcadas, ni delimitadas, ni tituladas.

Además, entre los años 80s y 90s, la municipalidad de Tela realizó un proceso de ampliación del casco urbano mediante la cual incluyó tierras de la comunidad garífuna sin su aprobación. Según registra la sentencia emitida en 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre agosto de 1993 y julio de 1995, la municipalidad de Tela vendió 44 hectáreas de tierra dentro del territorio ancestral de Triunfo de la Cruz, las cuales pasaron a manos de la empresa Inversiones y Desarrollos El Triunfo S.A. de C.V (IDETRISA) y de terceros para la ejecución del proyecto turístico Club Marbella. Este hecho elevó la conflictividad con persecuciones, amenazas y criminalización contra lxs garífunas que denunciaron la comercialización de su territorio ancestral.

“El mismo Estado se prestó para hacer títulos para los (empresarios) que supuestamente habían comprado y también entraron amenazado a la gente que estaba trabajando en esta zona. Cuando nos dimos cuenta, el Patronato estaba negociando con la municipalidad (…) estaban firmando acuerdos en nombre de la comunidad sin asamblea”, por esa razón, enfatiza César, los habitantes crearon el Comité de Defensa de Tierras Triunfeñas (CODETT) para así tratar los asuntos de tierras de manera separada a los patronatos.

En la actualidad y pese a la ilegalidad con que fueron erigidos, diversos complejos turísticos se promocionan en estas tierras caribeñas. Ejemplos sobran, como el hotel Villa Escondida que presume sus instalaciones de lujo con playa privada. También se encuentra el exclusivo desarrollo inmobiliario de 30 condominios denominado Playa Escondida, el cual fue construido dentro del territorio tradicional reclamado por la comunidad garífuna.

Destaca el proyecto estrella del plan turístico en la Bahía de Tela conocido actualmente como Indura Beach and Golf Development y que cuenta con cientos de habitaciones de cinco estrellas, club de playa, áreas verdes, un área comercial y un campo de golf profesional. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Hondureño de Inversión en Turismo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, este megaproyecto se construyó partir de agosto de 2005. A pesar de que fue realizado de forma inconsulta con la comunidad, el complejo hotelero se impuso, afectando a otras poblaciones garífunas, tales como la comunidad de Barra Vieja la cual ha sufrido ataques y amenazas de desalojo al encontrarse próxima a la entrada del hotel.

^{Aspectos de la comunidad garífuna Barra Vieja, la cual ha sufrido intentos de desalojo después de la inauguración del megarpoyecto turístico Indura Beach a finales de 2013. Fotos: Aldo Santiago y Renata Bessi}

“Ellos han entrado, atropellando los derechos de la comunidad, sin ninguna consulta y diciéndonos a nosotros que no somos hondureños”, comparte Benedict sobre la discriminación de los grupos de poder político y económico que han invadido los territorios garífunas.

Recuperaciones

Benedict, padre de familia y músico, también es parte de la resistencia de su pueblo al participar en el CODETT, organización creada hace décadas para encaminar los esfuerzos de sus habitantes en la protección de su territorio.

“Las amenazas usualmente vienen de los empresarios, los dueños de los terrenos que han acaparado. Cuando ellos sienten presión de parte de nosotros, pues mandan a sus guardias de seguridad a amenazar”, resalta el hombre garífuna al tiempo que advierte sobre la molestia de nuestra presencia en el lugar.

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Pese a la sentencia de la CIDH, el gobierno ha dilatado por años el proceso para devolver las tierras a la comunidad afroindígena, pues uno de los pasos para conseguirlo es mediante el “saneamiento” de los terrenos, es decir, de la obligación del Estado hondureño para pagar indemnizaciones por más de 100 millones de dólares a los supuestos propietarios, algo que el gobierno se ha negado a realizar.

Cansados de esta omisión, lxs garífunas de Triunfo de la Cruz decidieron actuar para recuperar su territorio. “Les dije a mis compañeros, vamos a tomarnos ese espacio, porque después vamos a tomar todo”, rememora César sobre el momento en el que decidieron retomar las tierras desde donde ahora conversamos.

Benedict afirma que, pese a que aquí las amenazas e intimidaciones contra las y los garífunas se suscitan a diario, en esta acción participan 56 familias de Triunfo de la Cruz, quienes cuentan con el apoyo de la OFRANEH. “La mayor lucha la están haciendo las mujeres, son pocos los hombres que estamos aquí”, recalca César sobre las recuperaciones.

“La mayoría han dicho que van hacer su casa, por eso es que no han cultivado mucho porque quieren poner su casa para pasar a vivir aquí”, detalla César sobre los planes de la comunidad garífuna para continuar con la lucha por el reconocimiento del territorio garífuna.

Este territorio forma parte del denominado Bloque A1, el cual según la CIDH si es devuelto a la comunidad garífuna posibilitaría una prolongación geográfica entre los distintos territorios reconocidos de Triunfo de la Cruz, pues “esa falta de continuidad entre los distintos territorios que le fueron otorgados, dificulta el correcto uso y goce de los mismos”.

Dos años sin respuesta

De acuerdo a la OFRANEH, sólo entre septiembre de 2019 y agosto del 2020 más de una docena de líderes garífunas fueron asesinados o desparecidos debido a su participación en procesos de defensa de sus territorios ancestrales. Uno de los episodios más trágicos sucedió en la comunidad de Triunfo de la Cruz.

El 18 de julio del 2020, mientras regía un estado de excepción bajo el pretexto de la pandemia por la Covid-19, un grupo de hombres uniformados como policías y militares y portando armas de alto calibre secuestró a cinco personas de la comunidad. De entre ellos, cuatro jóvenes: Albert Snaider Centeno, quien entonces se desempeñaba como presidente del Patronato de Triunfo De la Cruz, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix.

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César rememora el momento preciso de la mañana en que sacaron por la fuerza a su amigo Sneider de su hogar, pues personas de la comunidad llegaron corriendo a su vivienda para alertarle sobre lo que ocurría y el peligro de que también él, involucrado en la defensa de su comunidad, fuera capturado por los sujetos armados.

“Fue un momento muy difícil en mi vida”, menciona César al tiempo que cambia su semblante. Luego retoma el relato con enojo cuando aborda la respuesta de las autoridades. “Cada vez que vamos a buscar investigación, no hay, nada. Dejaron de comunicarse con nosotros. Hicieron un grupo que según ellos eran los que iban a investigar y hasta ahora hay silencio. Después de cumplidos dos años, las familias y la comunidad garífuna aún no tienen respuestas sobre su paradero”, lamenta Benedict.

Para el hombre garífuna aún son palpables las consecuencias que afectan a la comunidad. Tras el secuestro hubo personas que tuvieron que abandonar la comunidad y los jóvenes no quieren involucrarse en la organización debido al riesgo de otra posible agresión, pues existe el miedo latente de morir o ser desaparecido. “Es preocupante porque nosotros como jóvenes somos los que tenemos que defender esto”, afirma César en referencia al territorio ancestral garífuna.

Racismo institucional

El pasado martes (9), acompañadxs de tambores y cantos, las voces de 300 garífunas tomaron por sorpresa las instalaciones del Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa. Al grito de “Vivos se lo llevaron, vivos los queremos”, lxs garífunas demandaron justicia en el caso de los cuatro jóvenes desaparecidos de la comunidad de Triunfo de la Cruz, así como la restitución de sus derechos territoriales ancestrales.

Para la OFRANEH, quien coordinó la acción y contó con apoyo de otras organizaciones y pueblos indígenas, es la falta de voluntad del Estado para el cumplimiento de las sentencias emitidas por la CIDH lo que le convierte en responsable de la ola de violencia desatada en contra de lideres y lideresas de las comunidades garífunas.

Según la organización, las violencias contra lxs garífunas son “mecanismos de presión y hostigamiento para el vaciamiento y despojo de nuestros territorios lo cual ha generado masiva migración de la población Garifuna para entregar nuestras tierras a los narco­empresarios quienes hoy controlan y tienen intervenidas todas nuestras comunidades”.

Indignada porque ningún funcionario del MP recibió a lxs garífunas y frente a la puerta cerrada de Óscar Chinchilla, fiscal general, Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH, reclamó que desde julio de 2021 se apersonaron en el mismo lugar para solicitar una reunión con el funcionario debido a los nulos resultados en la investigación sobre el paradero de los cuatro jóvenes secuestrados. Hasta ese momento, enfatizó, nunca obtuvieron respuesta.

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En un video difundido por el medio Contracorriente, Miranda recalcó: “Hace dos años nos secuestraron a nuestros compañeros, y a siete años de la sentencia de la CIDH no ha existido voluntad del estado para cumplir la sentencia. Hoy tenemos seis meses de este gobierno y no vemos tampoco voluntad política”. Cabe recordar que, en agosto de 2020, la CIDH emitió una resolución dirigida al Estado de Honduras en la cual le ordena la protección de las comunidades garífunas, así como la búsqueda de los cuatro jóvenes desaparecidos de Triunfo de la Cruz.

Para OFRANEH la irresponsabilidad demostrada por el Poder Judicial es una manifestación más de racismo que desconoce los derechos ancestrales de autonomía y libre determinación del pueblo Garífuna. Por ello, ha exigido la creación de una Fiscalía Especial contra la Desaparición Forzada, así como la incorporación del Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de la Cruz (SUNLA en garífuna) como un ente de investigación independiente.

Territorios de lucha

“Triunfo de la Cruz es una de las pioneras en ese tema de la lucha, este territorio que han venido buscando quedarse con él, nuestros ancestros pues han luchado bastante por la permanencia de nosotros y no ha sido fácil”, rememora César Benedict sobre la historia de lucha que no ha cesado por parte de las comunidades garífunas desde hace décadas.

“Los nueve pueblos indígenas de Honduras, sino seguimos fortaleciendo la lucha pues nos van a desaparecer porque ya destruyeron lo que ellos tenían que son sus ríos y sus bosques. Como nosotros somos los únicos que conservamos nuestros ríos y nuestros bosques, y ahora se dieron cuenta que es dinero, ahora ya están inventando leyes, están metiéndole de todo para que puedan despojarnos de los pocos recursos que le quedan a Honduras. Los pueblos somos muy cuidadosos con la naturaleza y ahora vienen por esto”, asegura Benedict.

Pese a la tristeza por la violencia que ha sufrido Triunfo de la Cruz, César recobra el ánimo cuando habla sobre los planes que tienen para la recuperación de tierras, pues son ideas que compartía con su amigo Sneider. “Acá nosotros nos reunimos varias veces y nosotros decíamos que íbamos a fortalecer la lucha como jóvenes y él siempre venía acá, ponía su carro y decía: ‘esto lo vamos hacer una maravilla hermano, todo esto, vamos hacer que nuestra gente se venga para acá”, rememora.

^{Por Darío Aranda / Foto de portada: Hernán Vitenberg}

El gobierno de Río Negro dio en concesión a empresas mineras más de 50 mil hectáreas, donde se incluyen territorios de comunidades mapuches. Fallos judiciales cruzados —que llegaron hasta la Corte Suprema—, una movilización histórica de pueblos indígenas y la decisión de no dejar pasar a las empresas extractivas.

Compañías extractivas, el Poder Judicial y el gobierno de Río Negro, de un lado. Del otro, comunidad mapuches con posesión territorial centenaria. Es el contexto de fallos judiciales cruzados, cierre de tranqueras y una marcha histórica sobre Viedma. “Hemos logrado organizarnos, desde las comunidades, para enfrentar a petroleras, mineras, forestales y los negociados inmobiliarios. Sabemos que el extractivismo en Argentina tiene directa relación con la deuda externa y nos vamos a permitir que esa deuda se pague con nuestros territorios”, afirmó Orlando Carriqueo, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche.

En julio de 2021 las comunidades mapuches de Río Negro se enteraron por los medios de comunicación que el gobierno provincial, mediante la Secretaría de Minería, había otorgado permisos de exploración sobre más de 50 mil hectáreas a la empresa Ivael Mining Sociedad Anónima. De inmediato, y como sucede a lo largo del país, exigieron que se cumplan los derechos vigentes, entre ellos el establecido en el Convenio 169 de la OIT (que en Argentina tiene rango supralegal, por encima de normativas locales). Intentaron diálogos con el Gobierno pero no dio respuesta.

Comenzaron un proceso de varios trawn (reuniones de comunidades, que incluye ceremonias y participación de werkenes y lonkos). Decidieron el “cierre de tranqueras a las mineras” y siete comunidades recurrieron al Poder Judicial. Presentaron un amparo donde denunciaban la vulneración de las leyes que protegen los derechos indígenas.

Fundamentalmente el derecho al consentimiento y a la consulta libre, previa e informada. También alertaron sobre el riesgo ambiental que significan las mineras y recordaron la vigencia de la Ley General del Ambiente (25.675).

En febrero de 2022, el juez Marcelo Muscillo dictó una medida cautelar en línea con los pedidos de las comunidades originarias. “Se prohíben las tareas de exploración, prospección, cateo y/o explotación minera como así también el ingreso de nuevos permisionarios dentro de los territorios indígenas”, destacó.

El gobierno de Río Negro, a través de la Fiscalía de Estado, apeló de inmediato. En mayo, el Superior Tribunal de Justicia (con los votos de Liliana Piccinini, Ricardo Apcarian y Sergio Ceci) revocó la medida cautelar (no resolvió el amparo), lo que significó un paso adelante para la magaminería y el gobierno de Arabela Carreras.

Las comunidades mapuches apelaron a la Corte Suprema de Justicia de Nación (que no tiene plazo para resolver). En paralelo, el Pueblo Mapuche organizó una histórica marcha el 10 de junio, a Viedma. “Igkaleiñ Taiñ Mapu (en defensa del territorio)”, se podía leer en la bandera que encabezaba la manifestación por las calles de la capital provincial. Hacía muchos años que las comunidades mapuches no se hacían presente de esa forma, masiva, en Viedma.

Hicieron cientos de kilómetros para explicitar la injusticia donde atiende el poder. Realizaron paradas en lugares emblemáticos que favorecen el extractivismo: el Poder Judicial, la Legislatura, la Dirección de Tierras, la Casa de Gobierno y el Superior Tribunal de Justicia.

María Cona Torres es “pillan cushe (mujer mayor con mucha sabiduría)”. Fue una de las voces que se escuchó, micrófono en mano, durante la movilización. Al hablar intercalaba mapuzungun con español. “En pandemia nos decían que nos quedemos en casa, mientras en nuestro territorios avanzaban las mineras y nos robaban la tierra. Pero acá estamos, fuertes, aunque nos traten de ‘indios ignorantes’ por no saber leer o escribir, sabemos que tenemos derechos y sabemos que la minería es daño para el agua, daño para la tierra y daño para nosotros”, afirmó. Denunció que el Gobierno no quiere escuchar: “La gobernadora (Arabela Carreras) nos cierra la puerta en la cara. Que sepa que queremos ser libres para vivir como lo marca nuestra cultura y nuestros derechos”.

Orlando Carriqueo es vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche. “Hay discusiones centrales que estamos dando en Río Negro gracias a que nos hemos organizado. Nos enfrentamos al poder político provincial y nacional, a las mineras y demás proyectos extractivos”, explicó Carriqueo y realizó un vínculo entre el presente y el pasado: “La historia de la Argentina demuestra que hay situaciones que no están resueltas, por ejemplo que no se reconoce el genocidio que sufrimos y que hoy sigue habiendo avances sobre las comunidades, tanto mapuches como de otros pueblos originarios del país”.

Otro debate, y conflicto, reciente se originó por el proyecto de “hidrógeno verde”, que incluye a la minera australiana Fortescue Metals Group y la cesión (por parte del gobierno provincial) de 625 mil hectáreas en la meseta de Somuncurá. “En esa zona hay al menos 32 comunidades mapuches afectadas, a las que se vulneran sus derechos”, explicó Carriqueo. El 14 de junio emitieron un comunicado conjunto, destinado a la gobernador Arabela Carreras: “Nos dirigimos a usted con el fin de hacerles llegar nuestra inquietud y preocupación como pobladores de la meseta de Somuncurá. Reclamamos la consulta previa, libre e informada de las comunidades ancestrales y de los habitantes que se encuentran viviendo en el territorio”. Recordaron que dentro de las 625 mil hectáreas “está incluida un área natural protegida y patrimonio ancestral mapuche”.

El embajador de los EEUU en México, Ken Salazar, realizó una gira de trabajo en el sureste del país para dar seguimiento a los compromisos migratorios acordados entre los presidentes Joe Biden y López Obrador durante su reunión de julio pasado.

Durante los primeros días de agosto, Salazar se reunió con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, así como con el secretario de desarrollo económico de Veracruz y funcionarios del gobierno federal. Según comunicado de la embajada, el trabajo del funcionario estaba destinado a “conocer más sobre la situación en el terreno en dichos estados, las oportunidades de desarrollo económico y nuestros esfuerzos conjuntos para proteger a los migrantes de la tragedia que representa el tráfico de personas”.

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Control

El embajador realizó esta visita tras cinco encuentros previos con funcionarios del gabinete del gobierno federal, los siete gobernadores del sureste de México y representantes del sector privado, “en las que hemos dialogado sobre el potencial de crecimiento económico y desarrollo en el sur de México y Centroamérica. Estos esfuerzos son parte integral del renovado compromiso bilateral con la prosperidad compartida en la región”, declaró el funcionario mediante comunicado.

En Tabasco, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos y el embajador Ken Salazar supervisaron los puestos de control de migración que opera la Guardia Nacional (GN) en la región del Puente Tonalá, municipio de Huimanguillo. Durante el recorrido, Campos declaró que no descarta que el gobierno de EEUU pueda invertir en tecnología en los puestos de revisión migratoria en dicha entidad.

Salazar también visitó un punto de control que instaló el Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con elementos de la GN en el kilómetro 188 de la autopista Cosoleacaque – La Tinaja en Veracruz. Según medios locales, el embajador cuestionó al personal de migración y de la GN para conocer la eficacia en el uso del equipo de rayos gamma con los cuales cuenta el retén.

En Chiapas, el embajador también visitó el municipio de Arriaga donde fue recibido en la antigua estación del ferrocarril por la presidenta municipal Yolanda Alonso de los Santos. En el municipio de la costa pacífico, la alcaldesa expresó que la visita del embajador “genera muchas posibilidades de inversión en nuestra localidad”, esto como parte del proyecto del Tren Transístmico, el cual busca frenar la migración hacia la frontera norte.

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Salazar también se encontró con el gobernador Rutilio Escandón con el propósito de “de promover estrategias dedesarrollo y seguridad” para el estado. Por su parte, el funcionario chiapaneco reafirmó el apoyo del embajador “parafomentar acciones y proyectos que potencialicen el desarrollo de esta región.

Según el comunicado de la embajada, el objetivo del funcionario era “conocer más a fondo el reto compartido de la migración irregular” en el marco de los compromisos de ambos países para contar con fronteras seguras.

Cabe recordar que, durante la declaración conjunta de Biden y Obrador emitida el 12 de julio pasado, el control migratorio fue uno de los puntos principales, por lo que México se comprometió a invertir 1,500 millones de dólares en infraestructura en la frontera entre los años 2022 y 2024.

“Tenemos la determinación, como nunca antes, de completar una iniciativa conjunta de modernización de la infraestructura en la frontera entre EE. UU. y México para proyectos a lo largo de las 2,000 millas de frontera. El esfuerzo conjunto procura armonizar las prioridades, unir a comunidades fronterizas y hacer que el flujo de comercio y de personas sea más seguro y eficiente”, enfatizó la declaración tras el encuentro de los presidentes.

Entre los objetivos del acuerdo conjunto derivado de la reunión de julio entre los presidentes de México y EEUU resalta la intención de potenciar “el libre flujo de bienes sin obstáculos, lo cual promueve la innovación que favorece la productividad y aumenta la resiliencia, y ayuda a ambos países a combatir la inflación y sostener a las familias”.

Ocho años han transcurrido desde uno de los mayores desastres ambientales registrados en México. Fue el 6 de agosto de 2014 cuando la mina Buenavista del Cobre derramó 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados en el cauce del río Sonora.

A pesar del tiempo, habitantes de los pueblos de dicha cuenca, al norte del país, aún reclaman justicia, reparación y condenas contra Grupo México, empresa responsable por la contaminación que ha impactado en su salud, afectado las tierras y envenenado el río.

“Me duele lo que nos está pasando (…) Nos truncaron la vida, nos quitaron nuestra costumbre, vivimos en una vida triste”, compartió Norberto Bustamante, de la comunidad de Huépac y miembro de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) durante conferencia de prensa realizada este miércoles (3).

Durante el evento, acompañados de científicos y organizaciones de derechos humanos, lxs afectadxs compartieron los hallazgos que la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) entregaron el 8 de abril de este año, los cuales confirman el daño a los habitantes de la región.

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Tras analizar a 650 afectadxs de ocho municipios de la cuenca del río Sonora, se encontró que en sus cuerpos mantienen la presencia “homogenizada” de metales. Más del 95% de la población registra plomo en la sangre y orina, 79% registra presencia de cadmio y 50% de las pruebas también evidenciaron el arsénico en lxs pobladores.

Acorde a Bustamante, en el Río Sonora existen personas con tumores, cáncer, alergias y leucemias, lo que implica la necesidad de tratamientos que son costosos y que la mayoría de la población no puede cubrir pues la economía de la región también se vio afectada por el derrame.

“Tengo tiempo padeciendo enfermedades y no sabía que era causa de la contaminación”, relató María Filomena Bonilla, habitante del municipio de San José de Gracia. Bonilla explicó también que la evidencia señala que el deterioro a su salud está causado por la presencia de los metales pesados en el río Sonora. “Mi esposo falleció el año pasado; se fue y nunca supo que los malestares eran por los metales”, reclamó.

Afectaciones, impunes

Durante la conferencia destacó la presentación de hallazgos sobre los daños a la salud, medio ambiente, al ecosistema y la economía, lo cual confirma los señalamientos de las comunidades sobre las graves afectaciones por el derrame de millones de litros de sulfato de cobre.

No obstante, desde el año de 2020, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) había informado a siete comunidades de la cuenca sobre la alta concentración de arsénico y plomo en los pozos de agua utilizados por las poblaciones para consumo humano y actividades agropecuarias.

“A esta información hay que agregar que los porcentajes de población en donde se detectó alto riesgo y muy alto riesgo van del 1 al 10% en cada municipio y en los cuales se reconoce el riesgo a desarrollar arsenicosis y neuropatía”, señala el informe El camino hacia la verdad tras 8 años de impunidad en el río Sonora, presentado por los CCRS y la organización PODER.

El documento también indica que, pese a los discursos de las instituciones, aún no se avanza en la reparación del daño. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha retrasado avances para la operación de plantas potabilizadoras y tampoco se ha conseguido la coordinación entre autoridades para la construcción de un hospital que había sido prometido para la atención de lxs afectadxs.

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Al contario, la administración federal permitió la expansión de Grupo México para la explotación minera con la construcción, a 23 kilómetros de Bacanuchi, uno de los poblados más afectados por la contaminación, de una nueva presa para sus residuos tóxicos.

“Grupo México lleva operando 11 años sin un plan de manejo de residuos, o sea, lleva 11 años haciendo lo que quiere”, denunció José ManuelLópez, también integrante de los CCRS quien añadió que los trabajadores de Conagua insisten en que el agua del Río Sonora está limpia, “van y le comentan a la gente que el agua está limpia y la pueden beber cuando los resultados nos arrojan que el agua está contaminada”.

Reparaciones que no llegan

Entre las afectaciones también se mencionó el valor económico en pérdidas cuantificadas por 10 mil 200 millones de pesos, más del triple de lo estimado inicialmente y una cifra cinco veces mayor al monto del Fideicomiso Río Sonora (2 mil millones de pesos).

En el año 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que dicho fideicomiso, creado por Grupo México para compensar económicamente a las víctimas, no cumplió con el proceso de reparación de los daños y violó el derecho de participación de lxs afectadxs. De acuerdo a PODER, sólo 351 personas recibieron pequeñas cantidades de dinero, lo cual representa solo el 10% de las ayudas que iban a ser destinadas para resolver las consecuencias del derrame.

Para noviembre del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció un “Plan de Justicia para Cananea” encaminado a resolver el problema ambiental en una de las regiones mineras más importantes de México.

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El informe de PODER hace énfasis en que en la presentación del Plan se incluyó en la mesa a Grupo México, pero no a representantes de las comunidades afectadas, por lo cual desde su inicio las comunidades rechazaron el hecho de que no se menciona al Río Sonora de forma explícita.

Martha Patricia Velarde, miembro de los CCRS, argumentó que existe una captura corporativa del Estado y por ello no puede haber justicia. Esto lo ejemplificó al mencionar que “en Sonora el gobierno está aplaudiendo todas las acciones que tiene Grupo México, cuando ellos (la minera) están promoviendo inversiones en su propio beneficio” y en cambio, pese a que la empresa ha ido citada en dos ocasiones por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Grupo México se ha negado a reunirse con las autoridades ambientales.

Pueblos zoques de Chiapas denunciaron que desde el pasado 26 de julio se presentó un derrame de petróleo, el cual está contaminando gravemente a los ríos Mezcalapa y Carrizal y afecta el suministro de agua para más de 600 mil personas de la región.

“La mancha de aceite crudo se dispersó por arroyos, ríos y pastizales principalmente en la ranchería El Platanar, municipio de Pichucalco, ubicada entre los límites de Chiapas y Tabasco, sobre la Cuenca Grijalva”, señalan organizaciones defensoras de la vida y del territorio zoque.

A su vez, identificaron como responsables de la contaminación a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como a la negligencia de los gobiernos de Chiapas y Tabasco por no realizar una revisión exhaustiva de los ductos de transportación de hidrocarburos.

Territorios de sacrificio

Mediante comunicado, el colectivo Defensoras de Nasakobajk, Concejo Zoque en Defensa de la vida y el territorio, así como el Centro de Lengua y Cultura Zoque y comunidades zoques residentes en Jalisco y Boston, reclamaron el hecho de que, pese a que desde hace meses se realizó el reporte de fuga en el municipio de Reforma, Chiapas, la petrolera mexicana no actuó para evitar el derrame.

“Ésta negligencia es una evidencia de las formas de operación del Estado Mexicano, en particular desde su empresa Petróleos Mexicanos, quien desde hace 5 décadas ha convertido a nuestras tierras en verdaderos territorios de sacrificios como ocurre en el ejido Nuevo Volcán Chichonal, municipio de Juárez, pozo Catedral en Ostuacán y la laguna El Limón de Reforma, Chiapas, que son pasivos ambientales generados por el gobierno”, detallaron las organizaciones.

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En el documento difundido este lunes (1), también exigen revisar los derechos de vía de los ductos, “pues muchas de ellas, se encuentran sobre viviendas, escuelas y torres de alta tensión de comunidades campesinas que además padecen los efectos de la lluvia ácida”.

Desastre

Según la versión de las autoridades municipales de Pichucalco, el desastre ambiental sucedió tras la perforación clandestina de los ductos que transportan los hidrocarburos, por lo que se decidió parar el bombeo de agua hacia los pueblos y comunidades de la zona, afectando con ello el suministro para 600 mil personas. En contraste, Octavio Romero Oropeza, director de PEMEX afirmó que aún están investigando las causas del derrame.

Por su parte, autoridades del municipio de Huimanguillo, Tabasco, informaron que pese a que desde el mismo 26 de julio se reportó el derrame, los especialistas de PEMEX arribaron al lugar un día después. A pesar de que, en un comunicado, el gobierno de Pichucalco informó que la fuga ya está controlada, los restos del hidrocarburo siguen filtrándose por la corriente del agua.

De acuerdo a un reporte de Pie de Página publicado este martes (2), aún se puede observar el líquido negro por varios kilómetros en las aguas de la subcuenca del río Mezcalapa, entre los municipios de Pichucalco, Chiapas y Huimanguillo, Tabasco.

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Cabe destacar que según la ASEA, desde 2016 y hasta mayo del 2022 registró 5,777 accidentes en el sector de hidrocarburos. El reportaje Pemex: el infierno que la petrolera ha provocado afirma que, del total de estos incidentes, en 3,836 está involucrada PEMEX y sus filiales PEMEX Exploración y Producción (PEP), Perforación, Logística, Refinación y Transformación Industrial (TI). Además, testimonios de Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tabasco demuestran graves afectaciones al medioambiente derivado de la extracción y distribución de hidrocarburos.

Para las organizaciones zoques, “ésta catástrofe es provocada por el sistema capitalista que, domina el mundo hoy en día. En este sistema, los dueños de las grandes corporaciones mundiales, en alianza con los gobiernos y todos sus aparatos de control y de represión, quieren obtener ganancias multimillonarias y acumular poder. Por eso, saquean nuestros territorios, destruyen la naturaleza, la vida del ecosistema y explotan nuestra fuerza de trabajo. Convocamos a los pueblos a fortalecer la organización comunitaria porque solamente como colectivos podremos defender a la madre tierra”.