En días recientes de este mes de enero, el segundo año de la pandemia por el virus Covid-19, en los Estado Unidos se dio a conocer que el multimillonario norteamericano Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha comprado a través de la empresa de inversiones Cascade Investments, más de 97 millones 933 mil 925 hectáreas de tierras de cultivo. Gates ahora es el mayor propietario de tierras agrícolas en este país, pero su estrategia abarca el resto de América Latina, África y Asia, hacía dónde ha extendido la misma iniciativa que otra empresa del ramo, Bayer, para “ayudar a los pequeños agricultores y acelerar el desarrollo de tecnologías de vanguardia”.

La multinacional Bayer, quien produce investigación para la industria farmacéutica, mejoramiento de semillas, pesticidas, abonos e ingeniería genética, se fusionó en 2006 con la gigante de las semillas, Monsanto. Las acciones que la familia Gates mantenía en Monsanto antes de ésta compra superaban 500 mil acciones por valor de más de 23 millones de dólares estadounidenses, los cuales también se fusionaron con Bayer.

En su momento, esta multinacional afirmó que la adquisición de Monsanto sería “una gran oportunidad para crear un líder agrícola global (…). Esta transacción unirá las plataformas de Semillas y Tratamientos, Protección de cultivos, Biología y Agricultura digital. En concreto, este negocio combinado se beneficiará del liderazgo de Monsanto en semillas y tratamientos y de la línea de productos de protección de cultivos de Bayer (…)”, señalaba el comunicado de prensa difundido por la empresa en mayo del 2016.

Actualmente Bayer esta presente en los cinco continentes del planeta y desplega diversas estrategias en torno al sector agroindustrial. Esta multinacional asegura que el 97% de los agricultores del mundo cultivan en menos de 10 hectáreas de tierra, aproximadamente 550 millones de pequeñas granjas en Asia, África y América Latina. Estos agricultores “producen aproximadamente un tercio del suministro de alimentos del mundo y, en los países de ingresos bajos y medios, producen un poco más de la mitad de las calorías consumidas”.

No obstante, Bayer sostiene que estos “pequeños agricultores” necesitan elevar y tecnificar el nivel de su producción para hacer frente al cambio climático y al crecimiento de población. “Como líder mundial en agricultura, estamos en una posición única para ayudar. Es por eso que, para 2030, nos comprometemos a empoderar a 100 millones de pequeños agricultores en regiones en desarrollo mejorando el acceso al conocimiento, productos, servicios y asociaciones agronómicas”, afirma esta empresa.

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Coincidentemente, cuando los contagios de Covid-19 se expandían en el planeta y hacia la población más vulnerable, en enero de 2020, la fundación de Gates anunció su nueva incursión hacia la agricultura  a través de su estrategia bautizada como “The Bill &  Melinda Gates-Agricultural Innovations LLC”, también conocida como Gates Ag One. Gates Ag One fue creada como una subsidiaria de la Fundación Gates y dirigida por Joe Cornelius, el ex director de desarrollo de tecnología, nutrición y alimentos en Bayer Crop Science. Cornelius, en la década de 1990, también fue Director de Desarrollo Internacional en Monsanto.

La nueva organización de Gates justifica su iniciativa argumentando que todos tienen derecho a vivir una vida saludable y productiva, pero “muchas de las personas más pobres del mundo, aquellas que se ganan la vida con la agricultura, no tendrán esa oportunidad a menos que puedan acceder a las innovaciones necesarias para adaptarse a los desafíos causados por el cambio climático”.

Contrario a ello, el informe llevado a cabo por Navdanya International llamado Puertas a un Imperio Global, afirma que Gates apoya “la agricultura industrial que utiliza el 75% de la tierra mientras que proporciona menos del 20% de nuestros alimentos. A este ritmo, si la participación de la agricultura industrial y los alimentos industriales en nuestra dieta se incrementa hasta el 45%, tendremos un planeta muerto. Y uno sin vida ni alimentos”.

Gates Ag One se presenta como una organización sin fines de lucro que persigue, según el comunicado oficial, promover descubrimientos tecnológicos de alto impacto que puedan ayudar a los pequeños agricultores a adaptarse al cambio climático para que sean más productivos en una forma resiliente y sostenible. “Sin estas innovaciones, los agricultores se verán obligados a adoptar prácticas cada vez más insostenibles para alimentar a sus familias mientras se enfrentan al cambio climático”, afirma el comunicado de esta iniciativa.

Para lograr estos objetivos, según Gates Ag One, colaborará con un grupo diverso de socios locales, regionales e internacionales, “incluidas universidades, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado, gobiernos, organizaciones internacionales y otros, para poner mejores tecnologías a disposición de los agricultores que más las necesitan”.

AgTech Accelerator y la Agenda 2030

Al igual que Bayer, Gates Ag One, sostiene que busca “empoderar a  los  pequeños  agricultores” con estas tecnologías hasta el año 2030, hacia donde se han trazado los 17 objetivos desarrollo sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, en su programa llamado Agenda 2030. De tal forma que en esta agenda se ha considerado estratégico invertir en los pequeños productores para “Fomentar el progreso y alcanzar las metas de las ODS”, según el Informe de la ONU llamado Transformar el Mundo a Través de la Alimentación y la Agricultura.

En septiembre del 2018, en Nueva York, durante la reunión con el Secretario General de la ONU, abocada al financiamiento de la Agenda 2030, Bill Gates, subrayó el importante papel que juega la inversión privada, al enfatizar “que las organizaciones filantrópicas también pueden ser socios clave para promover metodologías e instrumentos innovadores para abordar los desafíos en la erradicación de la pobreza. Algunos ejemplos de tales innovaciones incluyen: “subvenciones de desafío” para estimular nuevas ideas; incentivos para reducir el riesgo de inversiones en tecnologías prometedoras, como inversiones de capital en empresas emergentes de biotecnología para prevenir y tratar enfermedades infecciosas”.

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En la plataforma de la Fundación Bill&Melinda Gates se anuncia que parte de sus acciones es invertir en un programa de aceleración para la implementación de esta tecnología llamada AgTech Accelerator, que entre otras tecnología trabaja con la modificación genética de semillas y plantas, fungicidas sintéticos entre otros. Los inversionistas que participan financiando este proyecto incluyen a Bayer, Syngenta Ventures, Alexandria Venture Investments, ARCH Venture Partners, Flagship Ventures, Harris & Harris Group, Inc., Hatteras Venture Partners, Mountain Group Capital y Pappas Capital.

“AgTech Accelerator ha reunido a un grupo diverso de constructores de empresas experimentados y exitosos para crear y gestionar la próxima generación de empresas emergentes basadas en las tecnologías centradas en la agricultura más prometedoras del mundo”, dijo Geoff Kneen, Ph.D. de Bayer.

Seún datos de Bayer esta tecnología es uno de los principales agentes de cambio en la actualidad y desde el 2015, “la inversión en tecnología en agricultura, también conocida como AgTech, alcanzó los 4,600 millones de dólares”.

Desde el año 2017, en América Latina, se viene acelerando la tecnificación de la agricultura con celulares inteligentes, computadores y drones para elevar a la productividad a mayor escala, con semillas modificadas genéticamente, con químicos y biología sintética. En Argentina, por ejemplo, se implementa mediante un programa promovido desde el gobierno titulado “AgTech. El nuevo paquete tecnológico del sector agropecuario”. Mientras en Brasil, hasta 2019, ya contaba con mil 125 empresas de AgTech, según el estudio “Radar Agtechs Brasil 2019”.

En México se ha creado una plataforma llamada AgtchMex, la cuál sostiene que, “es una red integrada por 200 emprendedores, productores, investigadores, inversionistas, gobierno y ONGs. Tenemos la misión de acelerar la adopción de la tecnología para impulsar el desarrollo sustentable del campo mexicano. Creemos que no puede ser un esfuerzo en una sola parte de la cadena. La innovación nace de las perspectivas de diversos actores”.

Bayer asume que ya se viene dando esta llamada “revolución tecnológica” y que “ya es una realidad en América Latina, la región que puede ser la principal proveedora de alimentos del mundo. Está conectado por teléfonos inteligentes que ya representan el 60% de los 690 millones de conexiones en redes móviles y por el aumento de la cantidad de drones en campo”.

La multinacional Bayer también puntualiza que estos nuevos escenarios permitirán nuevos mercados. “Estamos realizando pruebas en campos experimentales para hacer evolucionar nuestra cartera”, agrega la multinacional.

El despliegue de su iniciativa se da en diversas geografías del planeta, dónde también trabajan con Cargill, la mayor comerciante agrícola del mundo de productos como soja y carne, responsable de la deforestación en la Amazonía. “No trabajamos solos: el acercamiento a los pequeños agricultores se realiza en colaboración con socios como, Technoserve, Solidaridad y The Bill & Melinda Gates Foundation, particularmente para brindar capacitación y apoyo a estos pequeños productores”, asumieron los directivos de esta multinacional en  la Conferencia del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO en 2013.

La fundación Bill & Melinda Gates se muestra optimista y señala que las nuevas inversiones en el desarrollo de productos “pueden ampliar las soluciones disponibles para los pequeños agricultores. Si bien muchos desafíos relacionados con el desarrollo agrícola y el cambio climático se pueden abordar con los enfoques disponibles actualmente, otros desafíos requieren soluciones innovadoras. Con mayores inversiones en investigación y una variedad de otras intervenciones críticas, incluidos enfoques sostenibles para la gestión de la tierra y el agua, seguros asequibles y acceso a los mercados”.

Esta fundación asegura que los pequeños agricultores pueden tener acceso a estás tecnologías para adaptarse al cambio climático. Pero la misma ONU sostiene que son los pobres los que siguen suministrando el 80% de los alimentos a nivel mundial. “En muchos países, la agricultura sigue siendo el mayor empleador y el principal sector económico; es decir, la pobreza rural representa un gran problema y una gran oportunidad al mismo tiempo”, señala la ONU en su informe Trasformar el Mundo a Través de la Alimentación y la Agricultura.

La norteamericana Cargill y la holandesa Bunge, ambas compañías transnacionales del sector de producción y procesamiento de alimentos, están asociadas a la deforestación de por lo menos 101 mil hectáreas de bosques en la Amazonia (el mayor bosque tropical del mundo) y en el Cerrado brasileño (la mayor sabana tropical del mundo), desde Marzo de 2019. Los datos son de la investigación divulgada por la herramienta de monitoreo Mighty Earth que rastrea, en conjunto con la organización de investigación Aidenvironment, los vínculos entre la cadena mundial de comercio de soya y carne bovina con la destrucción de los bosques brasileños.

Además de Cargill y Bunge, el estudio rastreó otras empresas, como la brasileña JBS, todas vinculadas al abastecimiento de los mercados de carne y soya de los Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Francia.

Solamente en el Reino Unido, la Cargill detiene una cuota de 70% del mercado de importaciones de soya brasileña, que entra en la cadena del abastecimiento de los supermercados británicos. De acuerdo con Mighty Earth, 78% de las exportaciones directas de soya de Brasil para el Reino Unido posee origen en el Cerrado y Amazonia. Las exportaciones directas de soya del Cerrado y de la Amazonia también representan más de 50% de los volúmenes totales de soya de Brasil para Francia, Países Bajos y Alemania.

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Brasil exportó para estas regiones, solamente en 2018, un total de 7,1 millones de toneladas del grano. “Esta soya es, entonces, molida y refinada y vendida a las empresas de producción de carne, para raciones para pollo, puercos y ganados. Los supermercados, subsecuentemente, venden pollo, puerco, leche y quesos a los consumidores en productos de ‘marca propia’ o de empresas de carnes bien conocidas tales como a Moy Park (en Reino Unido), Le Gaulois e Maitre Coq (en Francia) o Vion (en los Países Bajos)”, dice el estudio.

Parte de la producción de carne de ganado también se da en tierras de deforestación. Brasil exportó alrededor de 180 mil toneladas de carne para la Unión Europea y casi 80 mil toneladas para los Estados Unidos, solamente en 2017, a través de empresas como la JBS que, según el estudio, está vinculada a la desforestación de 42,5 mil hectáreas de bosques. “Esta carne de vaca es después vendida por supermercados como carne de vaca brasileña ‘de lujo’ o productos de carne de vaca procesada tales como carne enlatada  Hereford (Reino Unido) o AH Excellent South American beef (Países Bajos)”, sostiene la organización en su informe.

Deforestación

Los números del Instituto Espacial Brasileiro (INPE) enseñan que por lo menos 11 mil km² de foresta tropical en la Amazonia fue eliminada entre Agosto de 2019 y Julio de 2020, el valor más elevado en más de una década. La herramienta Mighty Earth rastreo un poco más de 2 mil Km² , de algunos de los peores casos de deforestación y tala en el país.

Traducción: Paula Jiménez Argumosa

 A continuación se presenta el segundo artículo de la serie Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo, que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Este es el según texto de una serie de cinco que Avispa Midia publica cada domingo.

Lea aquí la primera parte de este especial

Honduras | Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo

Parte II

No toda la violencia colectiva en Honduras se puede explicar a través de las actividades de las organizaciones criminales y las pandillas. Los militares estatales, la policía y otros miembros de su aparato coercitivo, así como los actores armados no estatales, se involucran en la violencia pro-capitalista – un tipo de violencia que es funcional para el capital al crear, reproducir o restaurar las condiciones para la acumulación de capital.

El concepto de violencia pro-capitalista desarrollado por Hristov (2020) nos invita a conceptualizar una nueva forma de violencia – no en términos de los actores que la ejercen sino en términos de sus implicaciones estructurales – en función de su relación a las estructuras de clase.

Una de las razones por las cuales la violencia pro-capitalista es de naturaleza estructural es que interactúa con las estructuras legales, particularmente la legislación económica y de seguridad. Este aspecto es muy pertinente para el caso de Honduras. Como se demostrará en lo que resta de este artículo, el uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores de la sociedad civil no puede explicarse como producto de la criminalidad, abuso de poder o coincidencias accidentales entre las actividades de los actores armados y los intereses capitalistas.

La violencia pro-capitalista se utiliza cuando personas y colectivos se manifiestan contra la reestructuración económica neoliberal discutida previamente. La violencia llevada a cabo, no solo por actores estatales sino también no estatales, sirve para hacer cumplir leyes y políticas económicas neoliberales que facilitan la acumulación del capital, frente a la resistencia de la población adversamente afectada. Al mismo tiempo, la legislación en materia de seguridad legitima la violencia dirigida a neutralizar los obstáculos que surgen de los agravios de los movimientos sociales desde abajo y criminalizar a quienes obstaculizan los avances del capital.

La Violencia Paramilitar

La violencia pro-capitalista se presenta en diferentes modalidades: producto del tipo de actor (estatal / no estatal) y si la violencia contraviene la legislación existente. Debido a que académicos y funcionarios del Estado suelen clasificar la violencia según el tipo de actor armado, los casos de violencia pro-capitalista en Honduras y otros países de América Latina terminan categorizados simplemente como violencia criminal relacionada con actividades de pandillas u organizaciones de narcotráfico. Por lo tanto, es crucial reconocer las diferentes modalidades: (1) estatal legal, (2) estatal ilegal, (3) no estatal legal y (4) no estatal ilegal.

La primera modalidad es llevada a cabo por actores estatales dentro de los parámetros de sus deberes legalmente prescritos; por ejemplo, “contener” (es decir, reprimir) las protestas para mantener el orden y la seguridad, o desalojar a los campesinos en relación al cumplimiento de una orden judicial.

La segunda modalidad es lleva a cabo por actores estatales que participan en acciones fuera de su servicio; por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas. La tercera es la de actores armados no estatales que realizan operaciones que no contravienen la legislación existente; por ejemplo, personal de seguridad privada que dispara para proteger a su cliente en un ataque.

La cuarta ocurre cuando los actores armados no estatales se involucran en actividades que: (a) están fuera de sus obligaciones habituales (como parte de un trabajo asalariado) pero que no violan directamente ninguna ley, como es el caso del personal de seguridad privada que acompaña a la policía estatal en casos de desalojo, o para participar en registros y detenciones arbitrarias de personas; y / o (b) son contrarios a la ley como asesinatos, amenazas, violaciones, torturas, desplazamientos forzados y secuestros.

En esta modalidad (4b) pueden existir actores que se encuentran empleados formalmente, como guardias de seguridad privada que durante o fuera del horario de su trabajo formal realizan violencia ilegal, o actores que solo trabajan en la realización de actos de violencia ilegal, es decir, sicarios a tiempo completo. Categorizamos dos modalidades de violencia pro-capitalista, las 2 y 4, como violencia paramilitar – esto es, actores estatales que participan en violencia fuera de su servicio legalmente prescrito y actores armados no estatales que participan en violencia más allá de la definición formal de su trabajo (si lo hay) y / o infligen daño a civiles de manera ilegal.

En Honduras, tanto la violencia estatal como paramilitar sustentan estructuras de poder institucionalizadas. Así, actos de violencia como la represión violenta de las protestas estudiantiles o la violencia sexual vivida por mujeres lideresas comunitarias contra la minería, contrastan con la violencia de pandillas que surge de la guerra con pandillas rivales, extorsión y control social no orientado a reproducir relaciones institucionalizadas de acumulación del capital.

Los actores estatales (militares) o no estatales (personal de seguridad privada) utilizan la violencia descrita en todas las modalidades, junto con un grupo armado de civiles reclutados localmente o residentes integrados en las comunidades locales empleando la violencia descrita en la modalidad 4.

Estos reclutas locales o bandas (grupos delictivos organizados localmente a pequeña escala) cuentan con una cultura y unos conocimientos locales y pueden aportar información esencial que ayude a identificar a los agentes clave que representan una amenaza para los intereses capitalistas. Las bandas no solo ejercen violencia, sino que también generan terror psicológico que es particularmente efectivo cuando los grupos o comunidades en resistencia están extremadamente unidos y no se ven afectados por la violencia estatal.

Militarización y criminalización: dos condiciones esenciales para la violencia paramilitar

La violencia paramilitar en Honduras ha sido llevada a cabo por: personal de seguridad privada, militares en activo o ex-militares u otro personal de seguridad del Estado, sicarios (pistoleros contratados), pandilleros, bandas de narcotraficantes y grupos de civiles armados al estilo paramilitar.

Es importante señalar que la proliferación de la violencia paramilitar en el país ha concordado con un resurgimiento de las prácticas de contrainsurgencia, desde la Guerra Fría y justificadas bajo el mantra de la Guerra contra las Drogas. En 2009, Estados Unidos creó la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI), que surgió de la Iniciativa México-Estados Unidos Mérida.

CARSI recibió un presupuesto de $496 millones entre 2008 y 2013; el programa fue diseñado para incluir la participación de contratistas privados de seguridad, la CIA, así como las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia, para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico. En 2011, el Pentágono aumentó su gasto en contrataciones en Honduras a 53,8 millones (Paley, 2014).

El Plan Colombia, así como las organizaciones paramilitares colombianas, han servido como modelo para el diseño de reformas policiales y de militarización en Honduras, que han fortalecido el poder de las fuerzas de seguridad del Estado, aumentado la militarización y facilitado la “cooperación” entre la seguridad pública y privada.

Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.

Un ejemplo de ello son las reformas del artículo 335 del código penal, realizadas en el 2017, que ampliaron la definición de lo que constituye el delito de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades han expresado su preocupación por la ambigüedad de los delitos definidos en la reforma, que permiten interpretaciones muy dispares y sanciones sobre conductas que no corresponden a la gravedad y naturaleza del delito de terrorismo (OEA, 2017), y en consecuencia, perjudican el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales.

La criminalización de la disidencia se manifiesta en detenciones arbitrarias durante manifestaciones o acciones de recuperación de tierras, detenciones como parte de procesos judiciales, prolongación de procesos judiciales en los que se restringe enormemente la acción y libertad de movimientos de las víctimas, y estigmatizaciones mediáticas donde los principales medios de comunicación retratan a los movimientos sociales, activistas y quienes los defienden como criminales o terroristas (OCMAL, 2016).

Breves discusiones sobre los grupos paramilitares en el contexto hondureño comenzaron a aflorar en los medios de comunicación en 2009, dos meses después del golpe, en relación a la reclutación de alrededor de 130 ex-miembros de la organización paramilitar más grande de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para trabajar para empresarios y terratenientes hondureños en el Valle del Aguán y para sofocar las protestas nacionales contra el golpe (El Tiempo, 2009; BBC, 2009). Sin embargo, posteriormente, las menciones a los grupos paramilitares disminuyeron a pesar de que continuó la violencia paramilitar.

Por: Daniel Arellano Chávez y Javier Abimael Ruiz García

El día jueves 7 de Enero de 2021, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hizo pública la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en su modalidad regional (que implica que dicho estudio abarca más de dos municipios de una misma región), para la construcción del Libramiento Sur, carretera que conectará el valle de Tlacolula con la súper-carretera que conecta al Distrito Federal. Esta publicación se da casi una década después de que distintas comunidades de los valles centrales del estado de Oaxaca, organizadas en la “Coordinadora de pueblos en defensa del territorio”, se opusieran a dicho megaproyecto pensando que lo habían enterrado por completo.

La autopista tendrá una extensión de 67.5 km y se construirá con una inversión de aproximadamente 4,74 mil millones de pesos, es decir, “un costo de $70,215,016.53 por kilometro”, de acuerdo con la MIA.  Alrededor de 46% de dicha inversión será de capital privado. Además, la MIA sostiene que “solamente 434.8041 hectáreas serán afectadas de manera directa, entre el desmonte de vegetación y la fauna desplazada” de aproximadamente 21 municipios pertenecientes a la región de los valles centrales de Oaxaca.

Minería y parques eólicos

Dentro de las zonas de incidencia e influencia del proyecto están la producción minera y de energía eólica en el Estado. La intención del gobierno federal es agilizar el transporte de mercancías dentro del proceso de circulación de capital privado y potencializar los proyectos existentes, no solo como concesiones (en el caso de la minería), sino los que son considerados como altamente potenciales (zonas consideradas altamente potenciales para generar energía eólica y fotovoltaica, como lo señalan los documentos del Inventario Nacional de Energías Renovables y el Atlas de Energías Renovables).

Dentro de esta amalgama, la interconexión con el Istmo de Tehuantepec y, por lo tanto, con el Corredor multimodal seco – uno de los proyectos prioritarios del actual gobierno que intentará conectar el golfo de México con el Océano Pacífico -, así como las salidas a los grandes puertos y carreteras internacionales son de las cuestiones que más interesan en la construcción de este libramiento.

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De acuerdo con la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, a través de informaciones proporcionadas por la Coordinación General de Minería y la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, entre el 1 de Enero del 2000 y el 30 de Septiembre del 2010, en Oaxaca fueron concedidos 366 títulos mineros de exploración y explotación, que comprenden más del 15% del territorio oaxaqueño. Este dato se ha ido modificando hasta las actuales 427 concesiones reportadas por la actual administración federal en Diciembre de 2018.

De las 366 licencias mineras reportadas hasta 2010, 132, es decir más de un tercio de todo el estado, se encuentran en los Valles Centrales, divididas como sigue, según los distritos: 13 en Etla, 9 en Zaachila, 38 en Ocotlán, 47 en Tlacolula y 25 en Ejutla. Los municipios más “afortunados” en tierras explotadas por licencias mineras son: San Jerónimo Taviche, con 26; San Pedro Totolapa, con 20; Ejutla de Crespo, con 15; San Lorenzo Albarradas, con 9; San Baltazar Chichicapám, con 7; Magdalena Teitepec, con 7; Zimatlán, con 6; San Juán Lachigalla, con 5; San Dioniso Ocotepec, con 5; San Francisco Telixtlahuaca, con 5; San José del Progreso, con 4; lugares por donde debe pasar el Libramiento Sur, convirtiéndose en una ruta de transporte para la explotación de los recursos mineros de la región.

Es importante señalar que las dos minas impuestas en territorio del estado de Oaxaca – Fortuna Silver Mines-Minera Cuzcatlán en San José del Progreso y Gold Resource- Don David Gold en San José de Gracia – se encuentran en procesos de expansión del proyecto, tras 10 años de haber entrado por la fuerza a los territorios.

A más de 11 años de resistencia contra esta ruta de despojo, y de sucesivos intentos de los diferentes gobiernos estatales, que incluyeron el sangriento sexenio de Ulises Ruiz (2004-2010) a la “Alianza por la Paz y el Progreso” encabezada por Gabino Cué en la primera transición política pactada en el Estado de Oaxaca (2010-2016),  nuevamente con el PRI en el gobierno de mano de los Murat, y con el respaldo del Gobierno Federal, se activa dicha obra.

El Libramiento Sur nada tiene que ver con la bondadosa intención de conectar una comunidad con otra, ni el interconectar pueblos de diferentes regiones. Más bien, es un factor indispensable para la expansión minera en el estado de Oaxaca. Las condiciones para su expansión se crean a partir de la construcción de infraestructura adecuada para dicho propósito, construidas no solo con dinero privado sino también con dinero público.

El pasado 8 de Enero la Embajada de los Estados Unidos anunció que, como parte del compromiso con sus aliados en materia de seguridad, el Comando Sur (Southcom por sus siglas en inglés), dirigido por el comandante Craig Faller, visitará Guyana, un país de Sudamérica ubicado en la costa del Atlántico Norte. “Se reunirá con líderes gubernamentales y de defensa y discutirá la asociación bilateral de seguridad entre Estados Unidos y Guyana”, anunció la embajada.

Southcom, la Unidad de las Fuerzas Armadas estadounidenses que cubre el área que comprende América del Sur, América Central y el Caribe, viene fortaleciendo vínculos con Guyana desde 2017. En esta fecha este país se convirtió en la primera nación sudamericana en acoger la Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe. Un evento que en diversos momentos ha sido coordinado directamente por Southcom y utilizado para crear “mecanismos regionales de seguridad para apoyar operaciones en caso de desastres y las misiones para combatir amenazas trasnacionales”, según un comunicado de este comando del 2019.

Cabe resaltar que Southcom presentó su nueva estrategia para el continente americano en 2017, para completarse hasta 2027, llamada “Teatro de Estrategia”, una serie de dispositivos y programas que se vienen desplegando desde entonces para contener las llamadas redes ilícitas transregionales y transnacionales (T3Ns, por sus siglas en inglés). Estas son: las organizaciones criminales transnacionales y pandillas; organizaciones extremistas y el narcotráfico, según el documento. También incluye una respuesta rápida ante cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano) con ayuda humanitaria.

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En el caso de Guyana, desde Mayo de 2019 se desplegaron grupos de élite del ejército estadounidense hacia este territorio para realizar acciones de ayuda humanitaria. Estas actividades fueron enmarcadas en los programas de los ejercicios llamados “Nuevos Horizontes y Más allá de los Horizontes” (New Horizons y Beyond the Horizon). Entre las tropas desplegadas iban especializadas en ingeniería, construcción y atención a la salud. “El evento de tres meses capacitará a ingenieros civiles militares y profesionales médicos de los Estados Unidos, que trabajarán junto a los militares y profesionales de la salud guyaneses en ejercicios conjuntos de asistencia humanitaria”, anunciaba el Southcom.

La presencia del comandante Craig Faller Guayana, programada desde el día 11 al 13 de enero, así como los ejercicios militares, ha llamado la atención de la región y, en especifico de Venezuela, quien ha calificado esta acción como, “acción agónica de las últimas horas del Gobierno de Donald Trump contra la soberanía e integridad territorial (de Venezuela)”, dijo la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez en conferencia de prensa.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, ha catalogado de “grave amenaza” esta visita, por ello ha ordenado un “patrullaje constante y la observación permanente por vía aéreas y marítimas” de su territorio, dijo en conferencia de prensa.

Esto no es para menos, ya que el propio Faller sostuvo durante una mesa redonda, realizada en agosto del 2020, con el Consejo Atlántico, que “América del Sur es el hogar de una serie de democracias que comparten valores con los Estados Unidos, y son ricas en recursos, incluyendo el capital intelectual humano. Todo lo que está bajo asalto. Está bajo el asalto de un círculo vicioso de amenazas, cuyo centro es … Venezuela”, puntualizó el comandante.

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Mientras se decide el destino de la política interna en los Estados Unidos, la estrategia del Teatro 2017-2017 continuará vigente con sus programas y mecanismos de ayuda humanitaria, que, además, ha sabido aprovechar la coyuntura provocada por la pandemia de la Covid-19 en la región latinoamericana.