COMUNICADO PÚBLICO

A la opinión pública nacional e internacional
A nuestras autoridades tradicionales y espirituales
A todo nuestro pueblo nación mapuche
Al pueblo no mapuche que resiste y lucha. Comunicamos lo siguiente:

El reciente eclipse que vivenciamos en territorio mapuche hizo difundir la visión que nuestro pueblo nación tiene acerca de estos fenómenos naturales y como lo abordamos desde nuestra creencia espiritual mapuche. Con respeto y un profundo recogimiento espiritual, más aún este sentir si se trata de una autoridad espiritual.
Nuestro Machi Celestino Córdova solicitó autorización para realizar una ceremonia de carácter espiritual en su rewe, dada la importancia y trascendencia de este acontecimiento natural para el futuro de la humanidad y así poder realizar rogativa por todos nosotros en su espacio de consagración como Machi. Sin embargo, pese a la importancia para nuestro pueblo en relación al eclipse, Gendarmería de Chile negó el permiso a nuestra autoridad ancestral espiritual de salida esporádica a su rewe, pese a cumplir con lo requisitos para ello.
El miércoles 16 de diciembre se realizó una ceremonia de carácter espiritual en el Centro de Esclavitud y Tortura CET de Vilcún, donde se procedió a la instalación de un ngillatuwe. Donde se espera que permanezca a resguardo y que no le ocurra ningún tipo de atentado al sitio ceremonial mapuche.
A pesar de la tremenda importancia de esta ceremonia, no fue autorizado el ingreso de 44 personas miembros de la comunidad del Machi Celestino Córdova para acompañar, asistir y participar de esta ceremonia. Dejando el ingreso de solo 4 personas en un lugar amplio, abierto donde se puede perfectamente cumplir con la norma sanitaria. Luego de aquella ceremonia donde participaron una cantidad reducida de “colonos”. La autoridad a cargo del lugar, la Mayor Jessica Rivas Hernández. Actualmente teniendo en su contra una querella criminal por tortura, una investigación sumaria administrativa y una denuncia en fiscalía. Inexplicablemente continúa trabajando y encabezando dicha unidad especial. Claramente debido a lo anterior no está facultada, ni capacitada ni a la altura de estar al frente de una unidad especial como un CET, teniendo presente de que se trata de un lugar de reinserción social donde los que están a cargo deben dar ejemplo de conducta intachable y honorabilidad. Cuestión que no es el caso, ya que debemos recordar que se trata de una funcionaria que ha utilizado practicas maliciosas que se vienen arrastrando desde hace años, incentivando a algunos internos para atentar contra la vida y generar un montaje en contra de nuestro machi Celestino Córdova y de todo aquel privado de libertad que luche por sus derechos. Dicha autoridad ha procedido en un acto irracional, a revocar distintos beneficios, persiguiendo y amedrentando a todos los que participaron de la instalación del Ngillatuwe.
Para nosotros todo lo anterior se enmarca en la persecución política religiosa en contra de nuestra autoridad ancestral y con ello a todo nuestro pueblo nación mapuche, que busca finalmente su aislamiento tanto de su comunidad y familia como además de los otros privados de libertad que se encuentran en el CET. Al amedrentar justamente a todos aquellos que socializan con nuestro Machi Celestino Córdova.
Con todo ello debemos denunciar del mismo modo, todas las represalias y el constante hostigamiento que han estado viviendo todos los privados de libertad que apoyaron las distintas denuncias que se han realizado y que a consecuencia de ello, fueron trasladados sin justificación a otras cárceles. Y a través de ellos, usarlos con el fin de acallar cualquier injusticia e irregularidad y que no deben luchar por sus derechos.
Por lo tanto, hacemos un amplio llamado a todo nuestro pueblo nación mapuche, principalmente a nuestras autoridades tradicionales y espirituales. A estar atentos ante esta situación, a pronunciarse, prepararse y organizarse en la defensa de este ngillatuwe en el CET de Vilcun ya que así ha sido mandatado. A hacerle frente y combatir todo acto de injusticia social. Igualmente, esperamos que sigan reaccionando los organismos externos que han estado observantes de estas situaciones, así como también, hacemos responsables al gobierno de turno y sus instituciones como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los llamamos a pronunciarse frente a estos hechos de abuso de poder, discriminación, negación del libre ejercicio espiritual y vulneración del Convenio 169.

La recuperación del territorio espiritual es fundamental para la recuperación del territorio ancestral!!

Justicia y dignidad para todos los Privados de libertad!!

Libertad a todos los presos políticos Mapuche!!

Machi Celestino Córdova
Ermiser Garrido Benítez
Alexis Solar Solar
Robinson Ramírez Garcés
Rodrigo Ruiz Godoy
Miguel Trangol Vivanco
Jonathan Carcamo Díaz
Familiares y amigos Comunidades en respaldo al Machi Celestino
Red de Apoyo.

23 de diciembre 2020

Por Joel Pérez

Unas 45 familias de la aldea San Jorge Ixcán permanecieron albergadas en la escuela primaria durante más de un mes porque el río Chixoy incrementó su caudal e inundo totalmente la aldea durante las dos tormentas tropicales.

Antonio Chub, vecino de la aldea, indicó que desde la llegada de la tormenta Eta se vieron obligados a ocupar las instalaciones de la escuela primaria y la Iglesia u utilizarlas las instalaciones como albergue porque es el único lugar ubicado en una parte alta en la aldea.

Chub recuerda que tuvo que abandonar su vivienda y resguardarse en uno de los albergues, el pasado 3 de noviembre. Cuando el agua empezó a disminuir e intentaban regresar a sus hogares llegó la tormenta Iota y se vieron obligados a quedarse resguardados en el albergue hasta el 8 de diciembre.

El acelerado incremento en el caudal del río no permitió que los pobladores recuperaran su producción de maíz y la mayoría de las familias perdió un aproximado de 200 costales de mazorca cada quien, según narran.

Según contaron las autoridades comunitarias, durante los días que permanecieron en los albergues las autoridades municipales enviaron tres raciones de víveres a cada familia, sin embargo para las necesidades de las familias las raciones resultaron insuficientes.

El acceso hacia la aldea es complicado porque río destruyó el ingreso principal, la única forma que tienen para ingresar es por la aldea “la Chapina”, la cual pertenece a Chisec, Alta Verapaz, el acceso hasta la aldea es en lancha.

Doña María Domingo, vecina de la aldea, narra en q’eqchi’ que durante la tormenta vivieron momentos difíciles y que temían que el río incrementara más su caudal y los arrastrara, el confinamiento en el que se encontraban también los afectó ya que en el espacio donde se encontraban era muy reducido.

Los pobladores tienen mayor accesibilidad a través del territorio de Alta Verapaz y no por su cabecera municipal por la falta de una vía de acceso vía terrestre.

Sin el vital líquido y salud

Durante el tiempo que permanecieron albergados en la escuela primaria recibieron atención en salud y según las autoridades comunitarias no contaban con agua para el consumo.

Doña María Domingo, relata que actualmente el único lugar donde obtienen agua para limpieza personal y familiar es en el cauce del río Chixoy, pero por las fuertes lluvias se encuentra sucio. Para consumo tienen dos opciones: comprarla o adquirirla con vecinos de la aldea que cuentan con pozo propio, pero la gran demanda de la población complica la situación.

San Jorge como aldea, se encuentra en Ixcán uno de los municipios de Quiché, a unos 370 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala y colinda con México.

Pueblo Shuar Arutam Ni un paso atrás!, es el video de incidencia en defensa de la Amazonia producido por el equipo de comunicación del #PSHA junto a Lluviacomunicación en coordinación con la Confeniae en el marco de la campaña de productores y productoras audiovisuales para generar conciencia en defensa de la Amazonia
#PshaYaDecidió #NoAlaMineria #FueraSolaris

https://www.facebook.com/comunicacionconfeniae.redacangau/videos/768970320494868/?t=0

Por Sare Fabres

Comunidades y asociaciones del pueblo Munduruku denunciaron la imposición del proyecto ferrocarril EF-170, mejor conocido como Ferrogrão, el cual afectaría las cuencas de los ríos Xingu y Tapajós, así como a 19 tierras indígenas, poblaciones ribereñas y quilombolas.

El repudio de las comunidades Munduruku responde a la realización, sin su aprobación ni participación, de una reunión para tramitar los permisos ambientales requeridos en la construcción del ferrocarril.

El suroeste de Pará se ha consolidado en los últimos años como una ruta estratégica para la agroindustria. Desde ahí transporta granos como el maíz y la soya producidos en el estado de Mato Grosso con destino a China y otros países consumidores de Europa.

El Ferrogrão planea cubrir 932 kilómetros de extensión, desde la ciudad de Sinop en Mato Grosso hasta la ciudad portuaria de Miritituba en el estado de Pará.

La reunión denunciada por los pueblos Munduruku fue agendada por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI, órgano del gobierno federal responsable por la implementación de la política indigenista) y la Secretaría del Programa de Asociación de Inversiones (SPPI).

El evento fue calendarizado para la primera semana de diciembre, sin informar ni a los dirigentes ni a representantes de todas las asociaciones del pueblo Munduruku, según lo determinado por su protocolo de consulta y en medio del aislamiento social provocado por la pandemia del Covid-19.

Ver también: Indígenas bloquean carretera por Covid-19, deforestación y contra construcción de vía férrea

Las organizaciones Munduruku de las regiones alta, baja y media del Tapajós, reafirmaron que “No aceptamos ninguna reunión decidida sólo por los organismos de Brasilia, sin diálogo con los líderes, jefes, guerreros, chamanes, maestros y representantes de todas las Asociaciones Munduruku”.

Antecedentes

Ya en 2017, cerca de 90 indígenas Munduruku bloquearon la entrada al Colegio de Itaituba en Pará para impedir una audiencia pública propuesta por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) en la que se discutiría la implementación del Ferrogrão.

“La audiencia pública no es previa, libre e informada, no intente engañarnos que esto es cumplimiento del Convenio 169, ¡Sabemos nuestros derechos!”, denunciaron lxs Munduruku en aquella reunión que se realizó pese a que el Ministerio Público Federal (MPF) recomendó lo contrario.

En aquella ocasión, el MPF también demandó que se consultara previamente y de manera libre, a todas las comunidades indígenas de los pueblos Munduruku, Kayapó y Kayabi, además de las comunidades ribereñas que serán impactadas.

Para octubre del 2020, el Ministerio Público Federal y cinco organizaciones de la Red Xingu+ enviaron una representación al Tribunal de Cuentas de la Unión sobre el incumplimiento del derecho de consulta a los pueblos indígenas durante la etapa de planificación.

Según el organismo, el ferrocarril tiene un impacto potencial en 48 territorios de pueblos indígenas y afirma que el gobierno brasileño se negó a consultar a los pueblos afectados, a pesar de haber recibido ocho solicitudes de asociaciones indígenas y dos adicionales emitidas por el mismo MPF.

En su comunicado más reciente, los pueblos Munduruku también exigen el cumplimiento del derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades de Montanha e Mangabal, Pimental y São Francisco, además de los demás pueblos indígenas amenazados por el proyecto.

“Los bancos que van a financiar ese proyecto de la Ferrogrão están pasando por encima de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales”, señalan las comunidades Munduruku en carta difundida el pasado 2 de diciembre.

Agronegocio, el promotor

Los megaproyectos de infraestructura que afectan a los pueblos de la cuenca del Tapajós, se presentan como una alternativa a la ruta que va de Mato Grosso a los puertos de Paranaguá y Santos, más alejados y con mayores tiempos de espera para las exportaciones del agro negocio.

Planeado en los últimos años por las principales corporaciones de esta industria, la ANTT espera que el Ferrogrão sea capaz de transportar entre 25 y 42 millones de toneladas anuales para el año 2050.

En 2016, el entonces presidente Michel Temer emitió la Medida Provisional 758 que redujo los límites del parque y la Zona de Protección Ambiental de Tapajós. Sin embargo, en 2018, una decisión del Tribunal Supremo Federal declaró inconstitucional la reducción de zonas de conservación del medio ambiente.

En una región en la que los conflictos agrarios se han intensificado por la construcción de la carretera BR-163, la unidad de conservación de Jamanxim, creada en 2006 para mitigar los impactos de la carretera, ha perdido una parte considerable para dar paso a los ferrocarriles.

En septiembre del 2019, el Ferrogrão se reanudó con dos audiencias públicas en las dos ciudades donde debe llegar el tramo final del ferrocarril: Itaituba y Novo Progresso ambas situadas en el oeste de Pará.

Dichas actividades, también promovidas por la ANTT, buscaron publicar el borrador de los estudios técnicos, así como el anuncio público de la concesión para la explotación del ferrocarril. En Itaituba, unas 80 personas participaron en el evento, al que asistieron representantes del Ministerio de Infraestructura y de la Superintendencia de Infraestructura y Servicios de Transporte de Carga por Ferrocarril de la ANTT. Para asegurar las actividades en 2019 e inhibir las protestas, dos vehículos de la policía resguardaron en el lugar.

“Este proyecto afecta a miles de personas y aquí no tiene el 1% de ellas. Y no lo hace porque su presencia tiene un costo”, criticó Ivaneide Rodrigues, de la comunidad de Mirituba, quien denunció lo excluyente del modelo propuesto por la ANTT y la falsa promesa de mejoras que la obra aportará al estado de Pará y a su población.

Trenes para la Amazonía

Iniciado en 2012 con el Programa de Inversiones Logísticas (PIL), el proyecto de Ferrogrão completa el conjunto de obras de infraestructura para el flujo de granos que forman parte del llamado Plan Arco Norte.

Además del ferrocarril, está prevista la construcción de vías navegables, puertos y el final de la pavimentación de la autopista BR 163, cuyo trazado guiará la dirección del Ferrogrão.

Para ello, los trabajos se llevarán a cabo utilizando el modelo de inversión Greenfield – una inversión en un proyecto que todavía está en el papel y que necesita recursos de inversión para iniciar los trabajos- con un costo estimado de 12,700 millones de reales, con una concesión para la exploración durante 65 años.

Por ahora corporaciones como Shanghai Pengxin Group, quien controla la brasileña Fiagril dedicada a exportar granos, ha mostrado su interés en invertir en el proyecto de infraestructura. Actualmente, China representa casi el 75% de las exportaciones de soja del Brasil.

Para el abogado de la organización Terra de Direitos, Pedro Martins, Ferrogrão es el proyecto ferroviario con “más tensión en este momento en el bioama amazónico. Esto se debe a que los grupos políticos a favor de las medidas ‘antiambientales’ pretenden utilizarlas para forzar la reducción de las Unidades de Conservación y legitimar el despojo de tierras alrededor del ferrocarril antes de su construcción”, explica.

Según Martins, las empresas tienen prisa por llevar a cabo este proyecto y las audiencias públicas están mostrando señales de ello. “La celebración de audiencias públicas significa dar un paso más en las etapas de concesión de Ferrogrão y, por consiguiente, de su licencia ambiental, sin considerar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y tradicionales de la región”.

La construcción del Ferrogrão también parece ser una de las prioridades del gobierno de Jair Bolsonaro, como declaró el actual Ministro de Infraestructura, el ingeniero militar Tarcísio Freitas, durante su toma de posesión.

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“Tenemos nuestro gran desafío y lo afrontaremos con todo nuestro valor, con toda nuestra determinación, que es la apuesta de Ferrogrão. Tal vez el proyecto ferroviario más desafiante de todos y el más importante”.

Los impactos socioambientales, no serán pocos. Se estima que, si se implementan al menos 48 áreas protegidas, entre Unidades de Conservación y Tierras Indígenas, se verán afectadas. El Parque Nacional de Jamanxim, por ejemplo, ya siente los efectos de esto.

Por lo mientras, los pueblos Munduruku reafirman su rechazo al Ferrogrão y refuerzan sus exigencias para la defensa de su territorio.

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“Aún tenemos dos tierras que aguardan la conclusión de los procesos de demarcación en la parte media del río Tapajós y nuestro territorio cada día está más afectado por invasiones, puertos, hidroeléctricas, minería y el gobierno además insiste en seguir con un proyecto de muerte más en la cuenca del río Tapajós”, señala la carta firmada por asociaciones de las tres regiones con comunidades Munduruku.

15, dic. CI.- Dos nuevas capturas a líderes sociales sucedieron esta tarde. Teófilo Acuña y Adelso Gallo, ambos integrantes del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario, sufrieron detenciones arbitrarias que son reflejo de la estigmatización, juducializacion y persecusión al movimiento social por parte del Gobierno de Iván Duque.

Adelso Gallo, reconocido dirigente del centroriente colombiano fue detenido en Villavicencio, con una orden de captura emitida por un juez de Santa Marta y fechada para el día de hoy.

Mientras tanto, Teófilo Acuña se desempeña como vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, Centro y sur del Cesar. Acuña fue detenido en la tarde de hoy en el municipio de Barranco de Loba.

En ambos casos las organizaciones denuncian que se trata de montajes judiciales que ya han sido utilizadospor el Gobierno para perseguir y criminalizar al movimiento social en Colombia.

Desde sus primeros pasos en 2012, el proyecto de gas esquisto en Bolivia, ha avanzado más hasta este 2020, con la concreción de la exploración mediante el contrato con la empresa canadiense Cancambria en 2018, y el impulso de autoridades de estado y YPFB en 2019 y 2020 ya bajo el régimen de Añez.

En una conversación con Pablo Claure, responsable de Recursos Naturales de la Capitanía Guaraní de Macharetí, la autoridad nos explica cómo el pueblo guaraní ha analizado el proyecto de fracking, el peligro que significaría para el agua y todo su espacio de vida, así como para las áreas protegidas que existen en la zona. Las comunidades han planteado en su Estatuto Autonómico la prohibición de realizar fractura hidráulica en su territorio y están en lucha para que no se concrete este proyecto que implica el uso y contaminación enormes de recursos hídricos y la destrucción del corazón de la tierra.

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Cómo ha avanzado el proyecto de fracking: las comunidades se pronuncian

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Las comunidades y las áreas protegidas en Macharetí ya han sido azotadas por plagas, pandemia, sequía e incendios

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El Estatuto Autonómico plantea prohibir el fracking en territorio guaraní: memoria de lucha y defensa del territorio

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YPFB no está cumpliendo con la consulta e información, las comunidades se quedan sin nada luego de los proyectos

(Foto de portada: CRIC Colombia)

Ante la promoción turística que han hecho institucionalidades públicas y empresas turísticas sobre el eclipse, comunidades, organizaciones y autoridades tradicionales Mapuche, a través de una declaración pública, calificaron dichos actos como irresponsables, denunciando que han mercantilizado y distorsionado saberes ancestrales por medio de prácticas colonialistas.

A su vez, dieron cuenta de las contradicciones con respecto a las medidas sanitarias en el manejo de la pandemia , anunciando controles territoriales en algunas zonas para resguardar espacios e integridad.

A continuación, la declaración pública.

DECLARACIÓN PÚBLICA

Como Territorio Mapunche de Panguipulli, los diferentes lof en procesos reivindicativos, resistencias, y organizaciones territoriales, abajo firmantes, frente a la promoción irresponsable del fenómeno natural conocido como eclipse, de parte de la institucionalidad pública de los gobiernos regionales y local, así como instancias privadas como cámaras de comercio y empresas ligadas al turismo, nos sentimos en la obligación de manifestar nuestra preocupación y advertir las consecuencias de ello, por tanto declaramos lo siguiente:

Kiñeke / Primero les hacemos saber que, para nosotros los mapunche el eclipse no tiene relación con un evento turístico, económico o de festejo, sino muy por el contrario es un momento en el que las personas necesitan permanecer tranquilas y protegidas de las energías que se desprenden durante ese momento, resguardarse para prepararse a los tiempos que traerá dicho anuncio. Con la promoción del eclipse, tanto el gobierno local como regional y los empresarios turísticos, en lugar de respeto al conocimiento propio mapunche, han promocionado la mercantilización de nuestro conocimiento, utilizando lenguajes inadecuado, creando nuevos conceptos afines a sus intereses económicos, ignorando la visión propia mapunche. Lo que trae consecuencias distorsionadas, perpetuando así las prácticas colonialistas y negacionistas, no solo con el ser humano mapunche, también con naturaleza y atropellando lo más trascendental de nuestras vidas, como es la espiritualidad. Lamentamos que en 500 años de convivencia o permanente irrupción, aún no se considere ni respete nuestra visión sobre todo en tiempo de crisis mundial y calentamiento global.

Epuke/ segundo Desde el punto de vista sanitario: constatamos la contradicción en las medidas de manejo de la pandemia que por un lado restringe la movilización social y comunitaria pero no limita las aglomeración que genera la promoción irresponsable de este fenómeno, ya que miles de personas llegaran desde fuera de la región, con el propósito de ver por unos minutos el fenómeno natural. Claramente al día de hoy, fase II, no están dadas las condiciones que protejan a la población que habita y convive en el territorio y es claro darse cuenta, la “utilización de la pandemia” para obedecer a los poderes que tienen intereses económicos en el territorio mapuche, dejando en segundo plano el bienestar y la salud de los habitantes de este territorio. Conjuntamente con esta omisión de deberes que implica la flexibilizacion de las medidas sanitarias, tampoco se ha considerado el colapso de la infraestructura básica, ni los efectos colaterales al medioambiente, también se desconocen las medidas de mitigación y reparación posterior que sin duda, nos afectara a todos. Frente a esto responsabilizamos tanto al gobierno regional como local de los efectos en la salud de las personas y del daño ambiental.

Külake/tercero Desde nuestra preexistencia mapunche en territorio Wallmapu, tenemos el deber, como lo han hecho siempre nuestros antepasados, de defender nuestros territorios de las invasiones, a nuestros lugares de relevancia espiritual, histórica, social y cultural, ejerciendo nuestro derecho ancestral y actual a vivir en paz y armonía, considerando además los convenios y leyes que el propio estado de Chile ha firmado, como es la Reserva de Biosfera, la ley indígena 19.253, Convenio 169 de la OIT. Que establece que; “a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”. Donde además se define que “La utilización del término «tierras» deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.”. Así como otros instrumentos de derechos que resguardan nuestros derechos sociales, políticos y culturales.

En ese contexto, dejamos claro que seguiremos defendiendo nuestro peweñentu, (parque nacional Villarrica) pu lafken, y otros espacios sagrados ante la invasión de quienes solo los moviliza el interés para la explotación económica empresarial, y atropello a la existencia y formas de vida mapunche como es kümefelen y küme mogen.

Melike/ Cuarto; ante el actual estado de desprotección, los diferentes lof hemos acordado de manera autónoma hacer controles territoriales en algunas zonas para no permitir la entrada a algunos territorios y sitios sagrados dentro la comuna; por otra parte, ante la necesidad económicas de nuestros hermanos mapunche, con y sin emprendimientos que ven en este evento como oportunidad comercial, recordarles que los mapuche hemos sido empobrecidos por el propio sistema neocolonial, a través del despojo de nuestras tierras, las cuales nos ha dado desde siempre el sustento para el buen vivir. Es por ello que, hoy más que nunca debemos cuidar lo que tenemos y recuperar lo que nos han quitado, ejerciendo nuestro derecho como pueblo mapunche.

Finalmente hacemos un llamado a la convivencia en armonía de todos los habitantes dentro un mismo territorio a participar y actuar frente a los problemas que nos amenazan a todos tales como la perdida de agua, la invasión inmobiliaria, la desprotección de ríos y humedales y el acaparamiento de tierras de algunos privilegiados y la falta de un desarrollo construido por los pueblos mapuche y chileno que habita esta comuna.

Firman

• Lof Pilinhue mapu,
• Lof/comunidad Dionisio Manquel Chepo.
• Lof Malchehue mapu.
• Lof Kona rupu Futa mapu
• Lof Trafun
• Lonko Pucura
• Lonko Traitraico
• Lof tralkapulli mapu
• Representante Cultural pu lof Hueitra, Ragintuleufu, Llashkawe.
• Koyagtun Koz koz mapu.

Por Juan Peláez, abogado

El 9 y 10 de diciembre la fuerza antimotines de la Policía Nacional Civil – PNC sin respetar los protocolos institucionales para realizar desalojos y los de la pandemia del Covid-19, quemaron las casas de las familias Q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, los agentes se robaron animales, ropa, aperos de labranza y, desalojaron violentamente a las familias de la comunidad Tres Lagunas, quienes tuvieron que quedarse a la orilla de la carretera, denunciaron los campesinos desalojados.

Fueron afectadas aproximadamente 200 familias, más o menos 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños. La policía además de quemar sus viviendas, arrancó las siembras y detuvieron a 3 personas, miembros de las Comunidades Indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas.

No se respeto el debido proceso, la comunidad nunca se enteró de algún proceso penal en su contra, ni quien emitió la orden de desalojo, ya que les presentaron un papel sin sello, sin firma, ni nombre de autoridad competente.

En plena crisis sanitaria y recién pasadas las tormentas tropicales Eta y Iota procedieron a arrasar sus casas. En pleno día de celebración de los derechos humanos se violentaron nuevamente los derechos humanos de las y los guatemaltecos más humildes.

Este es el testimonio de uno de los vecinos afectados por el desalojo en su comunidad

Pese a todo lo ocurrido durante el desalojo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó en su cuenta de twitter lo siguiente:

“La delegada de la Auxiliatura de La Libertad, Petén, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), observó el respeto de los derechos humanos y las actuaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Juzgado de Paz Penal, en la diligencia de desalojo en la finca El Zapotal, municipio de Sayaxché, departamento de Petén.

En la diligencia se realizó el desalojo de uno de tres grupos que ocupa la finca de forma irregular, sin que se reportaran incidentes; sin embargo, las diligencias de desalojo continuarán por parte de la PNC y el MP.”

Luego de varias semanas intensas de protestas sociales tras el golpe parlamentario contra el expresidente de derecha Martín Vizcarra, la ciudadanía en las calles logró derribar al gobierno de Manuel Merino dejando un saldo 112 heridos, al menos 62 de ellos hospitalizados y tres muertos. El pasado miércoles 2 de diciembre más de 90 ciudadanos peruanos fueron procesados, 74 de ellos por el delito de terrorismo.

De acuerdo con un boletín de prensa emitido por Ministerio del Interior, de las personas detenidas, por lo menos 72 de ellas son acusadas de terrorismo. Además, se afirma que los detenidos pertenecen al grupo armado Sendero Luminoso (SL), del Partido Comunista del Perú, motivo por el cuál justifican estas detenciones.

Las viviendas de estas personas fueron allanadas en un megaoperativo policial, denominado Olimpo. Participó la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la La Policía Nacional del Perú (PNP), junto con la Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú y la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial. En la intervención participaron 752 efectivos, con el apoyo de 98 fiscales.

Según la nota oficial del Ministerio los detenidos habrían creado organismos de fachada para realizar actividades terroristas en Lima y Callao, justo en las principales ciudades donde se desencadenaron las protestas.

La ciudadanía ha expresado que esto es más bien una cacería de brujas de los participantes en las movilizaciones y protestas. A esto se suma la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, como el Parlamento y  la Policía Nacional, quienes han sido cuestionadas por la brutal represión que terminó con la vida de tres jóvenes. Inti Sotelo y Bryan Pintado asesinados durante las manifestaciones en el centro histórico de Lima y, Jorge Muñoz, obrero agrícola, que protestaba contra la explotación de las agroindustrias en Trujillo, una ciudad al norte del Perú.

La Policía Nacional no solo enfrenta duras críticas por la represión en las manifestaciones, también por los casos de corrupción.

Según el registro de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, “19 de los 25 gobernadores regionales a nivel nacional vienen siendo investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF). Solo entre marzo y agosto de 2020 la Policía peruana tiene 127 casos abiertos en las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.”

Sumado a esta problemática, el 23 de Noviembre, a través de un mensaje por televisión, el presidente Sagasti anunció la destitución de 18 mandos policiales que ha generado una crisis en este aparato del Estado Entre esta destituciones están 3 tenientes generales y 15 generales de la Policía Nacional, lo que implica la renovación del Alto Mando Policial. Este Ministerio del Interior en menos de un mes tuvo ya dos ministros que renunciaron, y ahora va por el tercero. Aún así, la Policía intenta lavarse la cara por las denuncias de violaciones a derechos humanos.

El día de hoy (10), en conferencia de prensa, familiares de los detenidos en la represión del megaoperativo Olimpo anunciaron un plantón en exigencia por la liberación de los detenidos. Así mismo, han expresado que hay una grave crisis política y de derechos humanos en el Perú.

“Utilizan este operativo para legitimar a la policía que viene siendo cuestionada por asesinar al pueblo, nosotros venimos a desenmascarar que en este contexto a puertas del bicentenario, el pueblo peruano tiene abandonadas sus demandas, sus necesidades y se levanta el foco del terrorismo para desviar la atención de los verdaderos y principales del pueblo peruano”, puntualizaron los familiares de los detenidos.

 También agregaron que a sus familiares se le ha detenido por “ pedir nueva constitución, por expresar su opinión crítica, por la situación de nuestro país”.

Personas de la 3a edad detenidas

De acuerdo a la Policía Nacional, en el megaoperativo se detuvo a  72 integrantes de Sendero Luminoso. Entre los detenidos hay dos excarcelados que pertenecieron a esta organización.

Sin embargo en la conferencia de prensa las y los familiares denunciaron que la policía se ha negado a entregar la lista de los detenidos, además señalaron que entre las personas detenidas hay personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos y asmáticos, no saben en qué condiciones se encuentran, puntualizan.

“Llegaron en la madrugada rompiendo puertas, traumatizando a menores de edad que estaban junto a sus padres, separando y despojando a un bebe de ocho meses de sus padres, injustamente, llevándose a personas de 70 y 80 años, con problemas de salud”, señalaron las y los familiares.

‘Terruqueo’ peruano

En Perú, el llamado ‘terruqueo’ es una forma de denigrar a una persona calificada de terrorista por reclamar derechos o protestar en contra del régimen y el sistema. Es una herencia derivada de la guerra contrasubversiva que el Estado usa a su favor.  Con las protestas sociales tras el golpe, la población ha rechazado estas prácticas macartistas o de cacería de brujas del gobierno para acallar las demandas en contra de las políticas del Estado que no resuelven las desigualdades.

Los familiares de los detenidos en el megaoperativo reiteran en un comunicado publicado el día 10 de diciembre que sus familiares “no son terroristas” y que “no han cometido delito alguno, han ejercido sus derechos fundamentales, como libertad de expresión, opinión, reunión y organización  que la propia constitución asiste a todos los peruanos”

Frente a la inestabilidad política en el país andino, se tienen también las grandes desigualdades sociales que la pandemia ha agravado. Durante las manifestaciones en contra de la crisis política y el golpe parlamentario, también hay una demanda que ha crecido: una nueva Constitución a través de Asamblea Constituyente.

Diversos sectores populares han expresado que la nueva Constitución Política del Perú debe ser consensuada y redactada por una Asamblea Constituyente que represente a todos los pueblos y sectores del país.

Deberán participar decisivamente el mayor porcentaje posible de la población, tanto en el debate de los contenidos de la nueva Constitución Política, como en la aprobación del texto constitucional por voto popular.

La diversidad de este pueblo exige cambiar las leyes tan injustas, más aún, cuando en abril de 2021 se darán nuevas elecciones generales en Perú. Y la celebración a conmemorarse el bicentenario de la fundación de la República peruana.