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COMUNICADO URGENTE ATAQUE ARMADO Y BARBARIE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR, OAXACA.
COMUNICADO URGENTE
ATAQUE ARMADO Y BARBARIE EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE HUAZANTLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO DE SAN MATEO DEL MAR
A la opinión pública
A los medios de comunicación
A los organismos de defensa de los derechos humanos
Al Presidente de México
Al Gobernador del Estado de Oaxaca
San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, 03 de mayo de 2020.
Ante la actual situación generalizada que mantiene agobiada a muchas comunidades indígenas de México, en el municipio indígena Ikoots, San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, donde el actual Presidente Municipal, C. Bernardino Ponce Hinojosa, desde que tomó posesión del cargo no ha hecho nada más que amedrentar a la población con gente armada y encapuchados que asola el municipio, además de darse el lujo de no despachar en el palacio municipal, sino mantiene sus oficinas y el cabildo en la pequeña comunidad de La Reforma, de donde ordena las vejaciones a nuestros paisanos.
Tal es el caso que en la noche del día 2 de mayo de 2020, el C. Bernardino Ponce Hinojosa, asesorado por el porro Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, ordenó a atacar con armas de alto calibre a los ciudadanos de la Agencia Municipal de Huazantlán del Río, que mantenían un retén en la única entrada al municipio de San Mateo del Mar, para controlar el ingreso de gente externa a la comunidad y al municipio por motivos del estado de emergencia causado por el COVID-19.
Hasta el momento se sabe que el grupo armado encabezado por C. Bernardino Ponce Hinojosa y el porro Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, han hecho varios disparos, han quemado la casa del José Luis Chávez, Agente Municipal de Huazantlán del Rio, asimismo, han prendido fuego a las oficinas de la Agencia Municipal de la misma comunidad. Hay varios heridos por impacto de arma de fuego y dos vehículos quemados en la entrada a la comunidad de Huazantlán del Río, además de amedrentar con disparos en otras comunidades del municipio.
La Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, desde inicios del 2020 ha tenido conocimiento de la situación complicada que vive el municipio porque como autoridades comunitarias de las distintas agencias municipales de San Mateo del Mar, hemos acudido a las oficinas de la SEGEGO para solicitar su intervención y como siempre ha hecho caso omiso de las demandas de las comunidades indígenas.
Por estos hechos de barbarie y lo que pudiera pasar en lo posterior, responsabilizamos directamente al C. C. Bernardino Ponce Hinojosa, Presidente Municipal de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca y al cabildo, asimismo responsabilizamos por su omisión al C. Héctor Anuar Mafud, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca.
Atentamente
Autoridades comunitarias del municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca.
Barrio Nuevo; Barrio Espinal; Barrio Deportivo; Agencia de Policía San Pablo; Comunidad El Pacífico; Agencia de Policía Costa Rica; Agencia Municipal Colonia Juárez; Agencia de Policía Colonia Cuauhtémoc; Agencia de Huazantlán del Río; Comunidad San Martín y Comunidad Villahermosa
Iniciar el Tren Maya, aprovechando la pandemia es «deshumanizar a las personas así como a los pueblos y comunidades indígenas»
COMUNICADO
PODER JUDICIAL FEDERAL IMPIDE DEFENSA DE COMUNIDADES URBANAS E INDÍGENAS FRENTE AL TREN MAYA
28 de abril de 2020
Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación con sede en Campeche y Yucatán, respectivamente, han impedido el derecho al acceso a la justicia de personas y comunidades que se ven amenazadas por distintas acciones y omisiones de autoridades en el marco de la construcción del proyecto denominado “Tren Maya”. Denunciamos que en dos ocasiones distintas se ha visto obstaculizado el acceso a la justicia en casos urgentes, lo cual advierte que la administración de la Justicia Federal no está siendo eficaz en el marco de las medidas de distanciamiento social por la pandemia de SARS CoV2 (COVID-19).
En el primer caso, el viernes 17 de abril el Colectivo Tres Colonias de Campeche, conformado por vecinas y vecinos de las colonias Camino Real, La Ermita y Santa Lucía en la capital campechana acudieron a los Juzgados de Distrito con sede en Campeche a presentar un amparo en contra del proceso para desalojarlos por habitar al margen de las vías que serían utilizadas para el proyecto del Tren Maya. Las autoridades encargadas del proyecto, en conjunto con ONU-Hábitat, han realizado censos y entrevistas durante la pandemia como primera fase del proceso de desalojo y reubicación. Además, los colonos argumentaban la falta de información sobre a dónde serían reubicados y la falta de garantías de que no terminarán en una situación de calle.
Frente a esta solicitud, el personal del Juzgado Primero de Distrito de Campeche se negó a recibir la demanda de amparo, argumentando de manera oral que no era un “asunto de urgencia”, a pesar de no haber ni siquiera leído la demanda. Es decir, los quejosos no recibieron ni siquiera un acuerdo que sustentara la decisión. Frente a esta situación, el día 24 de abril se presentó un recurso de queja ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito señalando la ilegalidad de la acción del Juzgado Primero.
En el segundo caso, ocurrido en Yucatán, integrantes de la Asamblea Maya Muuch Ximbal presentaron una demanda de amparo presentaron una demanda en contra del acuerdo de fecha 06 de abril del presente año emitido por el Gobierno Federal, mediante el cual se estableció la continuación de los trabajos del Tren Maya a pesar de la emergencia sanitaria derivada del Covid.
Los firmantes, representantes de varias comunidades mayas del estado de Yucatán, señalaron que era urgente admitir el amparo y ordenar la suspensión de los trabajos del tren durante el período de cuarentena por el riesgo de contagio que tendrían las comunidades afectadas. Al principio, el personal de guardia se negó a recibirles la demanda, argumentando de manera oral y sin leerla que “no era urgente”.
Si bien la demanda, después de mucho insistir, fue finalmente recibida por el Juzgado Cuarto de Distrito del estado de Yucatán bajo el expediente 513/2020, la Juez Cuarto determinó posponer la admisión y resolución del amparo una vez “pasada la emergencia sanitaria” por no considerarlo un caso de urgencia. Es decir, a pesar de que lo que se impugnó fue un acto en el contexto de la pandemia, el Juzgado, en una actitud incongruente, pospuso su análisis una vez terminado el período de cuarentena, con lo cual no sólo negó el acceso a la justicia a dichas comunidades sino que las dejó a merced de una acción que podría implicar un incremento de casos de Covid en las comunidades afectadas por el tren maya.
Tanto en el caso de Campeche como en el de Yucatán se demandaron hechos que se encuentran ocurriendo actualmente y que tienen relación con la pandemia, pero que además son urgentes dadas las consecuencias que tienen y podrían tener para quienes reclaman. Decidir que las personas afectadas deben esperar al término de la contingencia para acceder a los Tribunales es igual a cancelarles ese derecho de acceso a la justicia que tienen constitucionalmente. Para cuando llegue ese momento los actos frente a los cuales buscan defenderse ya estarán consumados y serán de imposible reparación.
Independientemente de lo que ocurra con ambos casos tras la presentación de los respectivos recursos judiciales, resulta preocupante la actitud de los órganos juzgadores del Poder Judicial Federal frente a estos hechos, pues resulta evidente que el Gobierno Federal se está aprovechando de la pandemia y de la situación de contingencia y riesgo sanitario para avanzar en la implementación del proyecto del Tren Maya, poniendo en riesgo derechos elementales de la población como la vivienda, la salud e incluso la vida.
La pandemia no es excusa para que se suspendan los contrapesos constitucionales como lo es el Poder Judicial. Sobre todo porque en una democracia incluso durante una crisis de salubridad como esta es necesario que las autoridades se apeguen a la Constitución de la nación. Lo mismo ocurre frente a megaproyectos del Poder Ejecutivo que afecten los derechos de las personas. El Poder Judicial no puede ser ni omiso, ni condescendiente, sino garante de que lo que dice nuestra Carta Magna se cumpla. Descuidar ese papel implicaría estarle dando a las autoridades de los otros poderes un aval para hacer lo que deseen y, en el caso concreto del Tren Maya, podría interpretarse como una sumisión a un proyecto impulsado desde el ejecutivo.
Frente a esta situación, y si bien es cierto que todas las instituciones deben tomar medidas en el contexto de la pandemia del covid, recordamos que el derecho de acceso a la justicia es uno de los pilares básicos del estado democrático de derecho, mismo que debe garantizarse aún en los contextos más adversos. En consecuencia, el Poder Judicial de la Federación debe seguir reforzando las medidas para no dejar en la indefensión a aquellas personas que por su condición extrema de vulnerabilidad corren en riesgo de ver violados sus derechos más elementales.
Al Gobierno Federal, por su parte, le reiteramos la exigencia de suspender las obras de construcción del “Tren Maya” así como el proceso de desalojo y reubicación de personas. Realizar este tipo de actividades aprovechando la pandemia es deshumanizar a las personas afectadas, así como a los pueblos y comunidades indígenas por el simple hecho de no ser condescendientes con las decisiones que se han tomado sobre este megaproyecto.
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Ximbal”
Colectivo Tres Colonias de Campeche
Indignación- Promoción y defensa de los derechos humanos
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
https://asambleamaya.wixsite.com/muuchxiinbal/single-post/2020/04/28/COMUNICADO-PODER-JUDICIAL-FEDERAL-IMPIDE-DEFENSA-DE-COMUNIDADES-URBANAS-E-IND%C3%8