^{En portada: Tom Goldtooth, director de la Red Ambiental Indígena que se opone a la estrategia REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques) en una conferencia de prensa en las conversaciones sobre el clima de la ONU de 2015 en París, Francia.}

Reflexionar sobre lo que REDD+ ha significado para los pueblos indígenas y sus luchas requiere insertar este mecanismo en una reflexión mucho más amplia sobre la historia de los pueblos indígenas. Una historia marcada por la resistencia a la colonización y el racismo, así como al capitalismo y la globalización neoliberal. En esta perspectiva, la resistencia a REDD+ no es un problema solo de los pueblos indígenas de los bosques tropicales; se trata de su histórica lucha mundial por la justicia.

A continuación, reproducimos una conversación entre el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) con Tom Goldtooth, de la Red Ambiental Indígena (IEN, por sus siglas en inglés), y también miembro del Comité Asesor del WRM.

WRM: Por favor, dinos un poco sobre ti, por qué y cómo te comprometiste con el tema REDD+, considerando que provienes de una región sin bosques tropicales ni proyectos REDD+.

Tom: En 1998 tuvimos una reunión sobre el cambio climático con la Red Ambiental Indígena (IEN), a la cual yo representaba, y fue entonces que recibí un mandato de algunas tribus indígenas, líderes espirituales indígenas y grupos de base. Creo que es bueno que la gente sepa que el gobierno de los Estados Unidos reconoce a nuestras 574 tribus, incluidos los nativos de Alaska, así como algunos aspectos de nuestra soberanía. IEN es una organización de base comunitaria, con membresías. No representamos a los líderes indígenas electos. Cuando uso la palabra tradicional me refiero a formas originarias.

En los años 1700 y 1800 hubo un enorme conflicto con la llegada de los colonos, los colonizadores de Europa. Al principio fuimos bastante amables con los colonos; ésa es nuestra naturaleza, cómo somos. Pero después de un tiempo nos dimos cuenta que estas personas tenían su propia agenda: apoderarse de nuestras tierras. Y en el norte siempre se ha reconocido que con la colonización, inevitablemente viene la iglesia. La iglesia necesita bendecir el saqueo de todo un país por colonizadores básicamente europeos. El derecho internacional en ese momento se basaba en leyes europeas, pero era ilegal conquistar un continente entero sin recibir las bendiciones de la iglesia. Dijeron que no éramos civilizados. De hecho, decían que no teníamos alma, a-l-m-a, que éramos menos que humanos. Eso es parte del proceso de colonización. Es fundamental comprender algunos de los antecedentes de los pueblos indígenas del norte. Pero básicamente el mismo proceso ocurrió en las tierras y territorios de la Amazonía y otros bosques tropicales con pueblos originarios allí, los pueblos indígenas, sus habitantes.

Así que hay una larga historia de colonización y saqueo de tierras, s-a-q-u-e-o. Siempre se ha tratado de la tierra. Y eso incluye los diferentes recursos y conceptos de cómo mirar la naturaleza. Por ejemplo, los colonos que llegaron a América del Norte querían los árboles de la costa este para construir su flota de transporte. Esas flotas navieras eran operadas como negocios ya sean del Estado o de individuos o de empresas. Y mucha gente no sabe que durante cientos de años devastaron sus propios bosques en Europa. Así que buscaban más madera para sus barcos, y otros productos. Los españoles buscaban minerales, por ejemplo; los holandeses tenían sus propios intereses. Pero todos basados en el colonialismo.

Entonces, con eso en mente, en 1998 nuestra Red recibió la responsabilidad de comenzar a trabajar en el cambio climático. Buenos Aires fue la primera reunión de la ONU sobre el clima en la que participé y solo asistieron cinco personas indígenas. No estaba familiarizado con las cuestiones vinculadas a los mecanismos de compensación de carbono. Pero como seguí asistiendo a esas reuniones, pronto escuché sobre los mecanismos de comercio de emisiones y escuché más sobre el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), y me interesó, porque la IEN no se limita a los Estados Unidos o a Canadá. Desde la formación de nuestra Red en 1990, siempre hemos contado con la participación de los pueblos indígenas del sur global, especialmente en lo que respecta a inquietudes sobre la protección de la biodiversidad. Esos fueron los primeros años de la formación de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB). En esos primeros años de 1990, la mayoría de los grandes problemas se relacionaban a productos químicos tóxicos alrededor de vertederos, a vertederos tóxicos y al vertido de desechos nucleares en tierras Indígenas. Pero a medida que continuamos comenzamos a identificar la terminología de la injusticia ambiental y el racismo ambiental, lo que amplió el diálogo con nuestras 574 tribus y más allá, con nuestra gente en el llamado Canadá.

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Esas terminologías crearon uno de nuestros marcos conceptuales para abordar los problemas de inequidad que enfrentábamos por parte del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros veíamos cómo mantener nuestros ecosistemas saludables, pero ellos solo veían los llamados recursos. Los pueblos indígenas que practicaron y practican el saber indígena, las formas de vida indígenas, siempre nos han aconsejado que no miremos a la naturaleza como recursos naturales, que no la miremos como recursos. Así que fuimos guiados por los poseedores del saber tradicional, quienes siempre dijeron que no deberíamos participar del marco conceptual colonialista que mira a la naturaleza desde una perspectiva capitalista o monetaria. Nuestra red fue formada por este tipo de representantes comunitarios de nuestras tribus, miembros que aún conservan nuestro saber tradicional indígena, nuestros conocimientos originarios que nos fueron dados desde el principio de los tiempos.

Como en la formación de la IEN tuvimos la participación de pueblos indígenas de América Latina y África, y de Filipinas, siempre nos hemos puesto en una posición en la que también tenemos que explorar cuáles son sus problemas. Queremos participar en temas que podrían significar la violación de los derechos humanos de esos hermanos y hermanas del sur global. Por eso acepté la invitación para ir a [la reunión de la ONU sobre el clima en] Durban. Comencé a ver que los planes de mitigación se estaban fusionando a nivel de la ONU, y que hablaban como si esos planes referidos a los mercados de carbono fueran a salvar a la Madre Tierra y a nuestros pueblos, y nos llevaran a un nivel en el que no tendríamos que preocuparnos por el calentamiento global, por el cambio climático. Siempre he sido cauteloso con el gobierno federal aquí en los Estados Unidos, pero soy más cauteloso aún en las reuniones de la ONU a las que traen no solo a gobiernos sino también al Banco Mundial, a grandes ONG y empresas. Entonces todas mis señales de alerta se encienden. Fue en estas reuniones de la ONU que escuché sobre Kioto y algunos de los debates sobre los bosques, y que hubo una lucha para evitar que se convirtieran en un mecanismo de compensación. Entonces aprendí cómo el Mecanismo de Desarrollo Limpio se convirtió en el mecanismo de compensación más grande del mundo, y luego todas estas cosas se unieron, incluidos los bosques como sumideros de carbono. Esto realmente se convirtió en una preocupación para mí.

Provengo de una región boscosa aquí en los Grandes Lagos, a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Estoy rodeado de bosques. Entiendo la relación con los árboles. Los árboles tienen espíritu. Por nuestro saber tradicional entendemos cómo respiran los árboles, así que entiendo el concepto de carbono. Pero pronto aprendí que las personas que viven en los bosques del sur global realmente corren un gran riesgo y que existen problemas graves, como el acaparamiento de tierras si el bosque está incluido no solamente en estos sumideros de carbono sino también en mecanismos como MDL. Y tuve que estudiar una nueva terminología, como conceptos de forestación y reforestación, y cómo podrían considerarse una metodología dentro del MDL. Pero llamarlos directamente crédito de carbono forestal, fue algo en torno a lo que comenzamos a organizarnos. Pero poco después vino RED, con una sola D, y después se convirtió en REDD, y después en REDD+.

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Al igual que el MDL, REDD+ fue lanzado por el Banco Mundial. Empecé a estudiar los mecanismos financieros que apoyaban esta falsa solución, las instituciones de desarrollo. Aquí es donde comencé a establecer el vínculo de cómo nosotros, como IEN, podemos ayudar a apoyar los derechos de nuestros hermanos y hermanas indígenas de las áreas boscosas del sur global, porque también nos estábamos involucrando, desde 1996, en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB). Y al ir a la CDB fue donde estos temas de interés comenzaron a juntarse, entendiendo el papel del Banco Mundial y las instituciones de desarrollo. Están detrás de algo con lo que estamos muy familiarizados aquí en el norte y es la globalización neoliberal que empezó a mostrar su rostro desagradable. Y recuerdo que usamos ese término, globalización económica y su vínculo con el capitalismo.

Parte de IEN también es el construir alianzas con otras personas de color que están marginadas aquí en los Estados Unidos, y trabajando y estableciendo redes a nivel mundial con organizaciones que luchan contra el capitalismo y la globalización económica. Entonces, todo comenzó a juntarse. Nos involucramos más para tratar de parar REDD+, y se convirtió en un símbolo de nuestra resistencia. En muchos sentidos, las luchas contra esta globalización económica y contra los mercados de carbono son la misma lucha. Me gusta subrayar eso. Y como para nosotros los mercados de carbono son parte de la continuidad de la colonización, no nos causó sorpresa que durante la reunión de la ONU sobre el clima, celebrada en Bali en 2007, el Banco Mundial, la ONU y el paradigma de desarrollo encontraran una manera de trabajar en torno a las compensacionesen bosques, que estaban siendo apiñadas bajo el extraño lenguaje y acrónimo de REDD+. Siento que eso estaba destinado a crear confusión y conflicto, muy cargado de desinformación respecto al clima.

Por supuesto, las organizaciones conservacionistas como la WWF estaban detrás de esto, y ya comenzaron a identificarnos como los malos de la película. Incluso en ese momento las ONG intentaron encontrar personas indígenas amigables que trabajaran con ellos, y trataron de ponernos unos contra otros, no solo aquí en las Américas sino también en el sudeste asiático, en Indonesia y en la reunión de la ONU sobre el clima celebrada en Bali. No me sorprendió que las ONG conservacionistas que estaban detrás de esto empezaran a actuar como ‘verificadores externos’ y se comenzó a evidenciar que iban a ganar dinero con REDD+. Y sí que han estado ganando dinero: Conservación Internacional (CI), WWF, Environmental Defense Fund (EDF) y otras, con sede aquí en Washington DC. En las últimas décadas fortalecieron sus organizaciones para establecer las compensaciones de carbono y verificar estos programas farsantes. Ésa es mi respuesta a tu pregunta.

WRM: Dijiste que REDD+ se ha convertido en un símbolo de tu lucha de resistencia más amplia. ¿Qué te hace decir esto?

Mencioné el colonialismo, la colonización, entonces estos programas colonizadores, como REDD+, parten de la lógica del desarrollo. Se basan en el principio de que los países del sur global pueden seguir el ejemplo occidental de expansión capitalista y salir de la pobreza. Pero como pueblos indígenas del norte, sabemos que eso no es cierto. Y sabemos que ésta ha sido la mentira desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, creo que ha sido bueno para mí, que vengo de las entrañas de la bestia, de los Estados Unidos, poder entender este vínculo con la colonización, con la lógica colonialista del desarrollo.

Los impactos sobre los pueblos indígenas son muy profundos. REDD+ es solo una continuación de esa misma lógica colonial, capitalista y patriarcal que ha llevado a este planeta al borde de la violencia y el daño. Es casi imposible decir cuáles han sido los impactos de REDD+ en los últimos 15 años porque REDD+ está integrado a un sistema que se remonta a más de 500 años. Desde mi perspectiva en el norte, deja en evidencia ese trauma histórico que ocurrió desde la colonización de nuestras tierras en el norte. No se trata solo del saqueo de nuestra tierra y nuestros árboles y nuestra agua, nuestras montañas y nuestros pastizales, sino del saqueo de nuestra identidad. Es el reemplazo de nuestras ceremonias tradicionales indígenas por el cristianismo; es que nos quitan nuestro idioma, la colonización que vino literalmente con la violación de nuestros hijos, el trauma histórico que está documentado en Canadá en las escuelas residenciales fundadas por la Iglesia. Éste es un tema serio. Si comparamos los 15 años de una iniciativa global que tiene tal impacto en la vida y el futuro de nuestros pueblos indígenas de los bosques tropicales, esto no es diferente para nosotros de los últimos 500 años.

Me preocupa cómo estos mecanismos del mercado de carbono con promesas de distribución de beneficios provocan la división de nuestros pueblos indígenas, y eso duele profundamente porque impacta en nuestra solidaridad nacional, regional y mundial, y en cómo trabajamos juntos. Muchos de nosotros trabajamos durante 19 años en la redacción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, y eso no fue fácil de hacer. Y ahora vemos que iniciativas como REDD+ se convierten en una herramienta divisoria, en una estrategia de divide y vencerás. Pero, reitero, éstos no son impactos nuevos, ha habido una historia de este tipo de tácticas utilizadas por los gobiernos coloniales y sus agentes, las empresas. Este nivel de racismo no es nuevo. Los pueblos indígenas tienen las respuestas al cambio climático. Pero si estamos divididos entonces no seremos capaces de liderar el camino que este mundo necesita. Quienes promueven REDD+ están provocando la crisis climática en este sentido. Tienen mucho por lo que responder.

WRM: En respuesta a las críticas e impactos, los promotores de REDD+ crearon las salvaguardas de Cancún, las mejores prácticas, los estándares de certificación, REDD+ participativo, etc., con el argumento de que pueden prevenir violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es tu opinión?

Veo las salvaguardas como pantallas de humo que utilizan para silenciarnos, para silenciar a nuestros hermanos y hermanas indígenas. Para que parezca que van a asumir alguna responsabilidad. Crean salvaguardas para confundir y cambiar el relato apartándolo de la destrucción, de la violencia que viene con esa destrucción, de la que son responsables. No les dicen a los pueblos de la Amazonía que el dinero proviene de empresas contaminantes. No les dicen que en algún lugar lejano podría haber una refinería, una ciudad de refinerías que continúan emitiendo químicos tóxicos y gases de efecto invernadero que causan una gran contaminación y enfermedades respiratorias entre las comunidades locales donde están esas refinerías de petróleo, que matan gente. No les cuentan de toda la violencia y destrucción de la que REDD+ es responsable.

He hablado con algunas personas indígenas después de que ONGs como EDF o Conservación Internacional (CI) hicieron talleres y les pregunté: “¿Les dijeron de dónde viene el dinero?” Y ellos contestaron: “No, creo que viene del Banco Mundial”. Yo les dije, “No, viene de Chevron”, porque en ese caso era Chevron, y se sorprendieron, quedaron consternados. “Gazprom”, “¿Qué?”, dijeron. Así es como funciona. Y también les dije “¿Sabían que hay pueblos indígenas, afrodescendientes, blancos pobres, mexicanos hispanohablantes, que viven al lado de una refinería de petróleo en Richmond, California, en la zona de San Francisco, que se están muriendo de enfermedades respiratorias por las emisiones de esas refinerías de petróleo? Y estas empresas les dicen a la gente que se han vuelto neutras en carbono. Les dicen que invierten su dinero en la selva del Amazonas para proteger a la gente”.

En el norte he tenido que explicar este maquillaje verde. La gente de los bosques no entiende cómo funciona, pero sienten que los están violando, que los quieren convencer de que es bueno recibir dinero de REDD+. Entonces, es por eso que la sola discusión sobre salvaguardas confunde y aparta del relato que habla de la violencia y la destrucción de la que son responsables estos vaqueros del carbono y los gobiernos que impulsan todo eso. Hay mucha gente de organizaciones conservacionistas que creen que REDD+ puede funcionar. Están confundidos y no ven cuán racistas son REDD+ y otros programas de compensaciónde carbono. Les he dicho que estos son mecanismos que certifican el robo de tierras, y no les gusta que hable así: Certificación de robos de tierras. ¿Salvaguardas para justificar más combustibles fósiles y más contaminación? Es una locura. ¿Mejores prácticas? ¿Para qué? ¿Para más despojo? Es ridículo.

El multimillonario Jeff Bezos creó el fondo Jeff Bezos Earth Fund. Puso cien millones de dólares estadounidenses justo después de la reunión de la ONU sobre el clima en Bali para financiar a WWF, el EDF, Conservación Internacional y TNC. Detrás de ese financiamiento está la agenda para ayudar a impulsar sus programas de compensación de carbono y de biodiversidad y sus programas de captura y almacenamiento de carbono. ¡400 millones de dólares en el bolsillo de las organizaciones que impulsan esta agenda! IEN y otras organizaciones todavía estamos tratando de sumar nuestras campañas para poder combatir esto.

Seguirá habiendo violaciones a los derechos humanos, desalojos. ¿Quién va a pedir cuentas al presidente de la República Democrática del Congo? ¿Quién va a pedir cuentas al presidente de Brasil? Quieren borrar la historia de los pueblos indígenas originarios de sus países. Quieren reescribir la historia. Quieren ignorar que los pueblos originarios tienen derechos inherentes. Eso es a lo que le temen.

WRM: Algunas organizaciones indígenas se han comprometido activamente con REDD+, lo que ha dado como resultado propuestas como ‘REDD+ indígena’ y campañas como ‘Sin derechos, no hay REDD’ (‘No Rights, No REDD’). Mirando en retrospectiva, ¿crees que es posible conciliar los derechos y valores fundamentales que defienden los pueblos indígenas con lo que representa REDD+?

Toda esa historia que tengo en relación con el trabajo con REDD+ nos atrapó, podría decirse. Siempre ha sido un tema que ha pasado factura. Fui invitado al Foro Social Mundial en Belém, Brasil, en 2009. Alguien me invitó a una reunión con pueblos indígenas para explicar desde mi perspectiva las preocupaciones y problemas que tenemos con respecto a la implementación de REDD+. Cuando me presenté, Steve Schwartzmann, de EDF, me miró y preguntó “¿Por qué está aquí?” Él ya tenía problemas conmigo. Fue en la época en que las ONG comenzaron a acercarse a nuestros pueblos indígenas. EDF tenía mucho dinero y obtuvo la aprobación de numerosos líderes de la Amazonía, incluida la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Así que la COICA comenzó a trabajar con las ONG y desarrolló el concepto de ‘REDD+ Indígena’.

Pero ha sido un largo camino. Tengo mucho tiempo trabajando en esto, y hubo una estrategia en Bangkok, Tailandia, cuando la ONU hizo una reunión sobre el clima allí y elaboramos estrategias [sobre derechos y REDD]. No creí entonces y todavía no creo que los gobiernos donde viven las comunidades y pueblos indígenas que habitan los bosques les otorgarán derechos a los pueblos indígenas; eso significa derechos sobre la tierra, títulos de propiedad de sus tierras, y en la Amazonía eso significa también derechos al subsuelo. Pero, mirando en retrospectiva, creo que cometí un error, porque había una estrategia en la reunión de la ONU en Tailandia, con la gente del sudeste asiático que estaba tratando de hacer que REDD+ funcionara, junto con otros delegados indígenas de la Amazonía, con la COICA, y nosotros planeamos una protesta en esa reunión de la ONU con el lema ‘Sin derechos, no hay REDD’. Recibió algo de atención. Hasta el día de hoy hay algunos debates en torno a esa estrategia. ¿Fue una buena estrategia? Planteó la pregunta: ¿existe la posibilidad en Perú o incluso en Colombia o hasta en Brasil de otorgar derechos a los pueblos indígenas? ¿Derechos a la tierra en zonas de bosque? No me parece. Y esa estrategia ha estado detrás del enfoque ‘REDD+ indígena’.

He hablado con algunas personas indígenas acerca de la pregunta: ¿cómo es posible que concilien sus costumbres, su cosmovisión, su espiritualidad indígena, cómo es posible conciliarlas con un sistema de mercado capitalista de hombres blancos? Incluso pudiendo implementar una iniciativa REDD+ de base indígena, igualmente deben participar de la mercantilización y la privatización de sus bosques y del carbono de sus árboles. No es el gobierno quien está haciendo eso, no son entidades externas, son ustedes que lo están haciendo ahora como pueblos indígenas. Parece tan contradictorio que nuestros hermanos y hermanas indígenas de la Amazonía estén luchando contra las concesiones petroleras, y en cualquier proyecto indígena REDD+ resulta que el financiamiento de REDD+ proviene de Chevron y de otros contaminadores. ¿Y cómo se concilia eso? Todavía formulo esa pregunta. No sé cómo pueden conciliarlo. Significa que dejaron de lado el saber espiritual indígena para participar del capitalismo climático.

Cuando hago un seguimiento de este tema con gente de base de la Amazonía, en los pueblos remotos lo entienden; no es complicado. A menudo no lo apoyan. Y en los últimos años comenzaron a cuestionar las alianzas indígenas de la Amazonía que actúan como intermediarias y como agentes de proyectos REDD+. Es un tema muy político en la Amazonía, de la misma forma que lo es de donde vengo, en el norte. Siempre valoro en IEN los mecanismos reales que aseguren una participación significativa, y para temas tan complicados como los mercados de carbono y los sistemas de compensación es imperioso aplicar los principios del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). En estas complejas relaciones políticas en la Amazonía es fundamental que haya una información cabal sobre todos los aspectos de estos mecanismos REDD+, y ahora de las llamadas ‘Soluciones basadas en la naturaleza’.

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Es una estructura política compleja. El jefe Ninawa HuniKui de Acre, Brasil, tiene su perspectiva y su posición y hay grupos que intentan dividir a su gente sobre este tema. Lo mismo ocurrió con Marlon Santi, de la comunidad Sarayako en Ecuador, cuando empezó a hablar sobre esto. Incluso Gloria Ushigua, de la comunidad Sápara de la Amazonía de Ecuador, tiene diferencias con familiares suyos en el pueblo que apoyan traer un proyecto REDD+ a la zona. Tener información es muy importante. El principio de implementación del Consentimiento Libre, Previo e Informado es muy importante. Los pueblos indígenas y las comunidades que dependen de los bosques deben conocer cabalmente y a fondo las complejidades de los proyectos REDD+ y cómo involucran a las industrias contaminantes que se adueñaron del carbono de los bosques. Realmente me preocupo y rezo para que no haya derramamiento de sangre en los pueblos por estos temas.

WRM: ¿Cuáles son los principales desafíos para los pueblos indígenas ante el renovado impulso de REDD+ con el atractivo nombre de: ‘Soluciones basadas en la naturaleza’?

He estado pensando en esto y hemos hablado al respecto considerándolo dentro de las falsas soluciones. Nuestro desafío es ¿cómo transmitir que esto [las Soluciones basadas en la naturaleza] es una especie de frontera rotunda de la colonización que se está apoderando sistemáticamente de la Madre Tierra a través de la privatización y la mercantilización? Este proceso mundial lo hace a través de mecanismos que separan y cuantifican los ciclos y funciones de la Madre Tierra, como el carbono y la biodiversidad, y los convierte en ‘unidades’ que se venden en los mercados financieros y especulativos.

¿Cómo podemos transmitir esto y producir materiales de educación popular para conectar los puntos que unen las estructuras de una economía fósil con la financiarización de la naturaleza, que no respeta los derechos humanos ni los derechos de los Pueblos Indígenas? ¿Cómo construimos nuestro movimiento de resistencia para que lo entiendan quienes están al frente de la lucha contra los oleoductos y la explotación de petróleo y defienden la tierra?

Los instrumentos de los gobiernos de los países colonizados giran en torno a los derechos de propiedad. Entonces, las ‘Soluciones basadas en la naturaleza’ se refieren a compensaciones. Las empresas contaminantes proporcionan el dinero para las tierras que harían la compensación, como compensacionesde conservación, y al final son las empresas las que se adueñan de esas tierras que se reservaron. Éste es el plan detrás del objetivo 30×30 [que para 2030, el 30% del territorio mundial quede bajo Áreas Protegidas]. Así que el cambio de nombre de REDD+ a ‘Soluciones basadas en la naturaleza’ es peligroso.

Estamos en presencia de un enorme impulso a este plan en todo el mundo. Y aquí en los Estados Unidos, en las entrañas de la bestia, actualmente hay un proyecto de ley, una legislación llamada “Ley de soluciones climáticas en crecimiento”, que otorga al Departamento de Agricultura autoridad para crear un sistema en línea para el registro de compensaciones de carbono, que ayudará a los agricultores a ingresar al mercado voluntario de compensación de carbono. Así que aquí también encontramos a REDD+. Pero también está en otros sitios, dentro de los sistemas de fijación de precios del carbono, como en Colombia. El problema principal ahora es cómo vamos a detener este sistema matriz que permite estos oleoductos. Estos programas, como la fijación de precios del carbono, se están volviendo cada vez más complejos. Impuestos con REDD+, banca de carbono, bonos verdes, y se puede seguir y seguir.

Todas estas compensaciones se consideran amigables con la naturaleza. ¿Cómo puedes cuestionar algo que protege a la naturaleza? Eso es lo que me pregunta la gente. Nos preocupa, porque estamos perdiendo la batalla, estamos perdiendo la batalla aquí en Washington D.C. por las falsas soluciones que impulsa Biden, que es neoliberal. Y todo esto tiene que ver con el capitalismo y el colonialismo. Y algunos de los grupos ambientalistas dicen, “bueno, no cuestiones esto, tenemos que trabajar con Biden”. Pero no podemos. Así que seguimos haciendo campañas, muchas campañas educativas.

Y por encima, están las promesas de ‘cero emisiones netas’ de numerosas empresas. Y es importante vincular los problemas y hablar de esto también. Bajo el paraguas de ‘cero emisiones netas’ se utilizan dos mecanismos. O bien pueden comprar compensaciones asociadas a la tierra, que se denominan ‘Soluciones basadas en la naturaleza’, o bien pueden utilizar la captura y el almacenamiento de carbono. Ambos mecanismos apoyan y refuerzan la industria de los combustibles fósiles. Esto no permite que la política de Estados Unidos, de Canadá, de Europa y de otros países que impulsan los combustibles fósiles, se aparte de los combustibles fósiles. No les permite conservarlos en el subsuelo, sino seguir como hasta ahora. Así que seguiremos teniendo oleoductos, seguirá el tránsito de camiones petroleros, seguiremos teniendo el transporte de energía sucia, de combustibles fósiles, hasta que lleguemos al núcleo de la matriz, de los problemas, y ésas son las ‘Soluciones basadas en la naturaleza’, que es la privatización definitiva de la Madre Tierra Naturaleza.

^{Una versión de esta entrevista fue publicada en 15 años de REDD. Un mecanismo intrínsecamente corrupto}

En conferencia de prensa realizada este miércoles (22), comuneras y comuneros zapotecas de El Rebollero, Los Arquitos y Rio Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, reclamaron una vez más que los tres niveles de gobierno “no tienen el mínimo interés, ni la voluntad de atender los llamados de justicia para una solución pacífica ante los ataques armados y hostigamiento que sufre nuestra comunidad, de la cual nos intentan desalojar aún a costa de nuestras vidas”.

Fue en la capital oaxaqueña, acompañadxs de individuos, colectivos y comunidades integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), donde lxs comunerxs presentaron evidencias de los ataques en su contra y detallaron a los medios de comunicación sobre las más recientes agresiones.

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“El recuento de los daños que nos han destruido y quemado son más de 30 viviendas, robaron todas las cosas personales, herramientas, maíz, gallinas y una yunta de bueyes. También destruyeron nuestra casa de salud que se iba a inaugurar el domingo 29 del presente año y nuestra galera de asambleas”.

El pasado 28 de mayo ingresaron 100 personas, portando armas de uso exclusivo del ejército, provenientes de las comunidades El Carrizal, El Manzano, Rancho Quemado y Cuilápam, quienes durante siete horas mantuvieron los ataques, destrozando las viviendas y cultivos de la comunidad.

Habitantes de El Rebollero rescatan lo que pueden de la milpa destruida por los paramilitares

Desde entonces, continúan los ataques armados. Lxs comunerxs registraron agresiones el 9 de junio cuando un francotirador intentó matar a dos niños que se encontraban jugando en su vivienda. También sucedieron disparos el 15 de junio, cuando vehículos con gente armada se posicionaron en el paraje La Mesa, desde donde realizaron disparos de arma de fuego.

“Estos ataques los hemos denunciado en diversas ocasiones, pero incluso la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha emitido medidas cautelares para la protección de la comunidad de Cuilápam de Guerrero. Hacia nosotros no hay ninguna atención por parte de ninguna instancia de gobierno. Por lo tanto, responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal por todos estos atropellos hacia nuestras comunidades, siendo nosotros los guardianes y legítimos dueños de estos territorios”.

Minería, detrás de los ataques

Para las y los comuneros zapotecas, los ataques armados, así como las campañas de odio y desprestigio contra sus comunidades son motivadas por los intereses de la industria minera, pues en sus territorios existen yacimientos de oro y plata concesionados por el Estado mexicano.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía, en el territorio de las comunidades zapotecas existe una extensión de 3,631 hectáreas concesionadas a la empresa Continuum Resources Mexico S.A. de C.V. En la región existen dos concesiones más, con lo que en total suman más de 5 mil hectáreas para la minería entre los municipios de Santa Inés del Monte, San Miguel Peras y Magdalena Mixtepec.

“En nuestro municipio existen tres concesiones mineras, donde ya se están realizando trabajos de exploración. Estos trabajos han comenzado a contaminar el Río Valiente, donde tomamos agua, pero no se ha informado o consultado a nuestra comunidad sobre lo que implican estos proyectos”, denunciaron lxs comunerxs zapotecas quienes han atestiguado que dicha empresa ya está avanzando con actividades de exploración al extraer rocas y abrir brechas con maquinaria pesada.

Estos hechos se denunciaron ante la Fiscalía de Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sin embargo, lejos de existir una solución, los ataques en los últimos meses se han incrementado fuertemente.

Las agresiones recientes ocurren después de que lxs comunerxs reconstruyeron sus viviendas tras el ataque armado ocurrido en mayo de 2019, cuando más de 500 personas quemaron las casas de la comunidad.

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Lxs comunerxs también denunciaron que existe un arreglo entre los Comisariados de Bienes Comunales de Cuilápam de Guerrero y de San Pablo Cuatro Venados, “pues nos enteramos que existe un convenio de nuestras tierras, dentro del juicio agrario numero 309/1996. Con este acuerdo dividieron la zona en dos polígonos, A y B. Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde hemos vivido siempre. En ningún momento se nos informó ni consultó”.

Por el contrario, aseguran lxs comunerxs que en ese momento se desató una campaña en los medios de comunicación para identificarlos como “invasores de tierras”, argumento que desmienten al mostrar los documentos que acreditan su pertenencia al municipio de San Pablo Cuatro Venados.

Reconstrucción interrumpida

“Quienes habitamos la comunidad regresamos y fuimos reconstruyendo nuestras viviendas en estos dos años. También retomamos nuestros cultivos y volvimos a comprar lo necesario para comenzar de nuevo. Esta vez estábamos por inaugurar nuestra casa de salud y nuestra capilla, pero todo ha sido destruido totalmente”, denunciaron lxs comunerxs.

Según sus registros, entre el 201 y lo que va del año 2022, las agresiones armadas se contabilizan en más de una veintena de ocasiones. “El ejército y Guardia Nacional han hecho acto de presencia, pero más bien es para intimidarnos, pues incluso mantuvieron diálogo con los agresores, a plena luz del día”.

Por último, subrayaron la responsabilidad de la operación de los grupos de corte paramilitar con respaldo de los tres niveles de gobierno por lo cual hacen responsables de los ataques al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa y al alcalde de Cuilápam de Guerrero, Javier Moreno Colmenares, “al no intervenir para investigar el uso desmedido de su armamento”.

^{En portada: Conferencia de prensa de Autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ para informar sobre la denuncia interpuesta ante la CIDH. Foto: Cortesía de Autoridades ancestrales}

La represión y criminalización contra las autoridades maya Q’eqchi’ que resisten a la operación ilegal de la minera CGN – Pronico, subsidiaria de la compañía ruso-suiza Solway, arreció en los pasados días con la detención de dos personas.

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El lunes (13), Cristóbal Pop, integrante de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q´eqchi´ y presidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, departamento de Izabal, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).

Pop fue aprehendido después de haber participado en una conferencia de prensa realizada en la capital de Guatemala, donde junto autoridades mayas Q’eqchi’, informaron sobre la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia es por la violación del derecho a la consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que dejó fuera de este proceso a 94 representantes de las comunidades Q’eqchi’ y con ello consiguió mantener en operaciones a la minería de níquel en El Estor.

Acorde a los testimonios de las autoridades Q’eqchi’ que viajaban con Pop, agentes con el rostro cubierto detuvieron el vehículo en que se movilizaban de regreso a sus comunidades. En el operativo policiaco también fue detenido Roque Sut Cucul, también autoridad del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’ y originario de Tierra Linda Panzós, departamento de Alta Verapaz.

Según información de Prensa Comunitaria, desde el 14 de enero de este año existe una orden de aprehensión en contra de Pop por el delito de instigación a delinquir, “supuestamente por agredir a 13 agentes de la PNC en una manifestación pacífica, organizada por las autoridades de los cuatro Consejos en la entrada del municipio en rechazo a la operación ilegal de CGN”.

Cabe destacar que dicha orden fue emitida por el juez Edgar Aníbal Arteaga López, denunciado por el Ministerio Público por beneficiar a un grupo de narcotraficantes en Izabal. Arteaga también giró órdenes de captura contra 11 personas que participaron en el plantón pacífico y contra el periodista de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, quien llegó a documentar el desalojo violento realizado por policías y militares en octubre de 2021.

No es la primera vez

En mayo de 2017, Cristóbal Pop fue una de las primeras personas que denunció ante el Ministerio Público (MP) la aparición de una mancha roja en el Lago de Izabal. Pese a denunciar la contaminación, de la cual después se sabría derivó de las actividades de la minera de níquel, la Fiscalía atendió una demanda de la minera contra Pop.

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Por ello fue detenido el 22 de enero de 2019 y permaneció preso más de tres meses. Actualmente Pop mantenía un proceso penal en su contra y recaían sobre él medidas sustitutivas por lo cual debía presentarse mensualmente al MP.

En testimonio para Prensa Comunitaria, Cristóbal Pop compartió que conocía de la orden de captura en su contra debido a sus labores en la defensa del territorio. “¿Qué podemos esperar de un Estado que criminaliza al pueblo indígena por exigir su derecho?”, reclamó a los medios locales.

“Tenemos un respaldo legítimo de las acciones legales y lo que hemos logrado durante los cinco años”, dijo Pop, en referencia a las acciones realizadas por la Gremial de Pescadores para detener la operación ilegal de la minería en El Estor. También responsabilizó al Estado de Guatemala por las consecuencias contra su salud y su vida derivadas de la detención.

“Mi lucha ha sido legítima, mi lucha no ha sido como lo que tildan, solo porque nos da la gana, sino que el mismo Estado nos obliga, por ejemplo lo que pasó en 2021, en octubre, sobre la resistencia, porque es ahí cuando se da esta orden de captura”, sostuvo.

CIDH

Autoridades ancestrales del pueblo maya Q’eqchi’ de los municipios de El Estor, departamento de Izabal y Panzós, departamento de Alta Verapaz, denunciaron al Estado de Guatemala ante la CIDH, el pasado 8 de junio, en reclamo por el despojo de tierras cedidas a la empresa Ferrocarril Centroamérica del Pacífico, además de la actual situación por las operaciones del proyecto minero Fénix.

Según las autoridades, son tres las razones de la denuncia ante la CIDH: El despojo de la tierra y el territorio; la violación al derecho a la consulta y la represión contra integrantes de las autoridades ancestrales y líderes comunitarios que defienden sus comunidades ante la imposición de megaproyectos.

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Las autoridades maya Q’eqchi’ compartieron que se ha recrudecido la violencia estatal en su contra y prueba de ello son las órdenes de aprehensión en contra de una docena de personas, quienes son acusadas por por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de instigación a delinquir durante la represión policial contra la resistencia antiminera el 22 y 23 de octubre de 2021.

Ya en noviembre del año 2021, las comunidades mayas Q’eqchi’ habían solicitado medidas cautelares a la CIDH durante la vigencia del estado de sitio declarado por el gobierno de Alejandro Giammattei. En aquella ocasión argumentaron riesgos por los atropellos que vivían pues fueron allanadas viviendas de autoridades ancestrales, periodistas y una radio comunitaria.

^{En portada: Personas se movilizan en la ciudad de Querétaro para exigir la inconstitucionalidad de la Ley de Agua aprobada recientemente y que legitima el despojo del recurso vital en ese estado. Foto: Eric Pacheco}

Ante representantes de comunidades indígenas, estudiantes y sociedad civil, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro negó que exista inconstitucionalidad en la “Ley que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Querétaro”.

El pasado 21 de mayo se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” la citada ley que fue aprobada dos días antes por los legisladores, del PAN y el PRI, mayoría en el Congreso. Aunque las resistencias de los pueblos originarios comenzaron hace varios años contra la privatización y el despojo de territorios, de acuerdo al Concejo Indígena Autónomo de Santiago Mexquititlán de Querétaro.

En el caso de los otomíes padecen el despojo desde que el pozo que les abastece es saqueado a sabiendas de los gobernantes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Estatal del Agua (CEA).

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“Hemos vivido mucho racismo desde que Rosendo Anaya gobernó Amealco (2009-20012). El agua nuestra se está yendo para el Estado de México y hay lugares aquí donde no llega”, dijo Ezequiel, que acompañado de otros sectores de la población, este lunes (21) se unió a la exigencia presentada ante la Defensoría de los Derechos Humanos.

Los manifestantes se plantaron en la entrada del edificio de la Defensoría donde llevaron a cabo actividades pacíficas. Entregaron documentos y una carta con la solicitud principal, declarar inconstitucional la ley.

Fueron atendidos por dos funcionarios públicos quienes alegaron que el titular, Javier Rascado Pérez, atendía otros asuntos. En el lugar estuvieron por más de 10 horas, lapsos en los que se denunció la reciente violencia que padecieron en la manifestación del 10 de junio.

Ese día, tres jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria durante la protesta, en la que mujeres, ancianos, mujeres embarazadas y niñez, también fueron reprimidos por fuerzas estatales. Los hechos quedaron documentados por los propios medios de comunicación.

“¿A nosotros por qué no nos atienden?, ¿por qué no somos leyes?”, insistió Ezequiel, pues recuerda que las demandas de las comunidades son añejas y las leyes son aprobadas en días, “no somos revoltosos, somos colectivos y ojalá que más se levanten y defiendan lo que es nuestro, es por los derechos de nuestros hijos y nuestros nietos”.

“En las comunidades están dando apoyos para que la gente no se levante”, pero agregó que las represiones también son muchas, desde la militarización, el clasismo y racismo como práctica de Conagua, CEA y los propios organismos de derechos humanos.

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A las 20:00 horas de ayer (20), la Defensoría publicó en sus redes sociales que luego de un análisis técnico-jurídico de la ley presentado en 42 páginas, que trabajó con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), concluyeron en no iniciar procedimiento alguno ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, no encontraron ninguna violación a los derechos humanos y se negaron a levantar un acta.

La resistencia continuará con la intención organizativa de poner un freno a la legislación de esta ley que, a decir de la Red en Defensa del Agua y la Vida (Redavi), abre las puertas a la privatización de los servicios del agua y saneamiento del estado de Querétaro la cual fue rápidamente promovida por el gobernador del estado Maurico Kuri y aprobada por la LX Legislatura del Estado.

Agua como mercancía

El equipo de investigaciones socio territoriales y legales de Bajo Tierra Museo realizó el informe ‘Acaparamiento de lo público; mercantilización de lo común’ en 2021, en el que dan cuenta que desde octubre de 2020, con la iniciativa de Código Urbano impulsadas por Jorge Herrera, “legislador promotor de la privatización”, se incluyó la “definición de lineamientos para el uso de las aguas asignadas a los organismos operadores del servicio de agua potable en el Estado”, para adjudicar jurisdicción estatal a las aguas asignadas para la prestación del servicio público.

Además, Querétaro es parte de las seis entidades del país que no acataron el mandato de incorporar los tratados internacionales de derechos humanos a todos los niveles de gobierno, en el caso del derecho humano al agua, asentado por el Programa Nacional de Derechos Humanos (2014-2018).

El estudio confirma que, antes de la aprobación de esta Ley Estatal de Aguas de Querétaro, en la práctica, el modelo de privatización ya se había materializado, “el 70% de los permisos municipales de concesión en la zona metropolitana de Querétaro fueron otorgados entre 2017 y 2019”.

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“La sociedad queretana necesita funcionarios públicos que defiendan los derechos básicos”, dijo una activista a las puertas de la Defensoría, “estamos encontrando muros, tecnicismos , brechas que no están ayudando, pues no están al servicio de la ciudadanía”.

De acuerdo a la organización Redavi, en cuatro municipios de Querétaro existe el control del abastecimiento por parte de particulares está permitiendo urbanizar y lucrar con el territorio, y convertirlo en un insumo del mercado de vivienda y de construcción.

Sólo en la ciudad de Querétaro, la investigación arriba mencionada, detectó la existencia de 22 entidades privadas autorizadas para el abastecimiento de agua potable; 16 empresas con objetos sociales o bien prácticas comerciales y permisos relacionados al abastecimiento de agua potable.

Estas empresas son responsables de los cortes de agua y la contaminación de la misma como la empresa AQUAA, Operadora Querétaro Moderno o Desarrollos y Construcciones del Centro señalado por tarifas excesivas.