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Avispa Midia

StopCopCity: movilizaciones contra megacomplejo policial en los EEUU

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Al cierre de esta edición se registra un operativo policiaco masivo en las inmediaciones del bosque de Weelaunee. Según informes de los residentes, la policía está repartida a lo largo del perímetro del bosque. Esto sucede momentos antes de una rueda de prensa convocada por la familia del defensor del bosque asesinado en enero y ante el llamado de una semana de movilizaciones.

En Georgia, Estados Unidos, la Fundación de la Policía de Atlanta (APF, por sus siglas en inglés), en contubernio con empresas y funcionarios locales, pretende destruir más de 150 hectáreas del bosque Weelaunee para construir un enorme complejo cuyo objetivo es entrenar a policías de todo el mundo en tácticas policiales militarizadas.

El proyecto, impulsado por la APF junto a inversiones de corporaciones trasnacionales como UPS, Home Depot y Delta Airlines, así como capital de bancos tales como Wells Fargo y JPMorgan, representa una inversión de 90 millones de dólares para imponer una “Ciudad de los Policías” (Cop City en inglés).

El proyecto considera transformar el bosque, también conocido como “parque del pueblo Weelaunee”, con edificaciones para simular una población entera, donde además se incluyen campos de tiro, zonas para entrenamiento con explosivos y una pista de aterrizaje para helicópteros militares Black Hawk.

Un operativo policiaco masivo en las inmediaciones del bosque de Weelaunee se realiza desde la mañana de este lunes (6) de febrero, con la intención de avanzar en las labores de edificación del proyecto Cop City.

Desde el anuncio de Cop City, en 2021, el rechazo de distintas organizaciones y residentes de Atlanta no se hizo esperar. Surgieron críticas y movilizaciones que se oponen al proyecto tanto por la devastación ambiental, así como por la amenaza que supone, para las comunidades negras y pobres, un plan de expansión policial masivo en un contexto de constante abuso y violencia de los agentes de seguridad.

Como protesta, durante los dos últimos años, cientos de personas han ocupado y vivido en zonas del bosque de Weelaunee en tiendas de campaña e, incluso, edificando casas en los árboles. Los defensores del bosque buscan impedir su destrucción a manos de la corporación policial.

Violencia policiaca

La respuesta estatal ha sido la criminalización y persecución contra quienes se han movilizado para detener la Cop City. El 13 de diciembre del 2022, la policía ejecutó una redada contra manifestantes pacíficos y detuvo a cinco defensores de los bosques, quienes fueron acusados de terrorismo doméstico bajo leyes del estado de Georgia.

Lo peor ocurrió un mes después cuando, el 18 de enero pasado, policías asesinaron a un defensor del bosque. Manuel Esteban Páez Terán, conocido como ‘Tortuguita’, quien participaba en la defensa del bosque de Weelaunee, cayó abatido por una docena de disparos de fuego durante una redada policial.

Este viernes (3), los resultados de una autopsia privada, difundidos por la familia de ‘Tortuguita’, indican que el defensor del bosque recibió mas de 13 disparos, provenientes de distintos elementos policiacos, contradiciendo la versión de la policía de Georgia quien argumentó que sus agentes actuaron en defensa propia. Pese a que elementos de la policía de Atlanta contaban con cámaras corporales en el momento de la redada, la corporación se niega a hacer públicas las grabaciones de que disponen para aclarar lo ocurrido.

‘Tort’, como también era conocido, coordinó acciones de apoyo mutuo, entre otras, la construcción de viviendas en zonas de Florida afectadas por huracanes.

Manuel Esteban Páez Terán, conocido como ‘Tortuguita’, quien participaba en la defensa del bosque de Weelaunee, cayó abatido por una docena de disparos de fuego durante una redada policial.

De acuerdo al Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta, aquel día de enero, agentes fuertemente armados de la policía local y estatal cerraron los accesos al bosque y, junto a maquinaria pesada, ingresaron para continuar con la destrucción del mismo.

“La policía ha conducido redadas en muchas ocasiones en este parque público, destruyendo jardines comunitarios e instalaciones artísticas, atacando a los manifestantes con armas químicas y balas de goma, y amenazando con usar fuerza letal. Durante las últimas redadas, la policía ha aumentado la violencia en sus tácticas contra manifestantes pacíficos sentados en los árboles para protegerlos o contra quienes están caminando”, contextualiza el colectivo de prensa.

“Después del fatal disparo, la operación continuó con la maquinaria pesada de Brasfield y Gorrie (contratista de Cop City) ingresando al bosque y los policías disparando gases de pimienta a las personas que permanecian en el parque, como si nada hubiera pasado. La pérdida de nuestras vidas no significa nada para la policía. La policía mató a une defensore del bosque por amar a esta tierra, por oponerse a la continua destrucción del planeta y de su gente”, subrayó un comunicado difundido por el Colectivo de Prensa Comunitaria de Atlanta.

Los defensores del bosque señalan que esa es precisamente una de las razones por las cuales habitantes de Atlanta han exigido la cancelación de la ciudad policial. “A medida que los políticos invierten en más policía, en militarización, los presupuestos policiales aumentan. Mientras tanto, los asesinatos policiales alcanzaron su punto máximo en 2022: la policía estadounidense mató alrededor de 100 personas al mes”, detalla el documento.

Defender

La propuesta de CopCity, conocida oficialmente como Centro de Formación de Seguridad Pública, se anunció públicamente en 2021, aunque medios locales señalan que la APF trabaja en el proyecto desde 2017. La fundación destaca por financiar proyectos del Departamento de Policía de Atlanta, además de complementar el presupuesto policial de la ciudad.

El lugar propuesto para su construcción, el bosque Weelaunee es considerado uno de los cuatro “pulmones” de la ciudad de Atlanta y cobra relevancia pues por este lugar atraviesa el río Sur, el cual también sería afectado por el proyecto policiaco.

Medios norteamericanos enfatizan que, además del apoyo estatal y empresarial, el proyecto de Cop City también recibió respaldo de medios de comunicación locales como el Atlanta Journal-Constitution (AJC), el cual difundió artículos para validar su construcción en beneficio de su dueño, Alex Taylor, quien encabeza una campaña privada para recaudar 60 millones de dólares para la construcción del centro de entrenamiento policiaco.

Ahora, tras el asesinato de ‘Tortuguita’, el gobernador de Georgia, la policía y sus aliados han redoblado sus esfuerzos para imponer la construcción de Cop City, y han intensificado el proceso de criminalización contra los manifestantes. Siete de ellos fueron detenidos en la redada en enero y están siendo acusados por cargos de “terrorismo doméstico”.

Las protestas contra Cop City han destacado por ser parte de un movimiento descentralizado y diverso, sin portavoces ni líderes. Sus acciones van desde marchas con participación destacada de niños, hasta acciones directas como la ocupación del bosque que se pretende arrasar. Ahí, los defensores del bosque organizan comidas, fiestas y colectas de alimentos. Además, han plantado huertos comunitarios y han construido y reconstruido asentamientos dañados por las reiteradas incursiones violentas de la policía.

El pasado lunes (30), más de 1,300 grupos que trabajan por justicia climática se sumaron a la exigencia de una investigación independiente para esclarecer el asesinato de ‘Tortuguita’, además de demandar la renuncia del alcalde Andre Dickens quien, a pesar de tener facultad de rescindir los contratos para la construcción de Cop City, no se ha pronunciado al respecto.

Cop City repercutirá en la organización (por la justicia climática) de todo el país, se trata de una cuestión nacional. La justicia climática y la brutalidad policial están interconectadas, por eso nos unimos a los llamamientos a la acción de Stop Cop City con las comunidades de primera línea de Atlanta”, declaró ikiyA collective, miembro del comité directivo de People vs. Fossil Fuels, una entre las miles de organizaciones firmantes.

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del CIG/CNI

Convocatoria Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena frente a la creciente violencia del narcoEstado y la imposición de megaproyectos y para contestarnos en colectivo ¿Qué sigue? 4 Y 5 de marzo, Tehuacán, Puebla

CONSIDERANDO

  1. Que como humanidad y pueblos indígenas, estamos viviendo una guerra de exterminio capitalista y patriarcal contra la vida en el planeta, de sus plantas, selvas, bosques, ríos, montes, llanos, pueblos y culturas enteras por la ambición del capitalismo extractivista que no le importa el mañana y ha tenido el poder suficiente para estar imponiendo el absurdo de la muerte sobre nuestro planeta.
  2. Que en esta guerra continuada de exterminio al planeta tierra, estamos los pueblos indígenas defendiendo la vida frente a la imposición de megaproyectos de minería a cielo abierto, trenes, corredores industriales, carreteras, hidroeléctricas, termoeléctricas, gasoductos, eólicas, plantas solares, contaminación de ríos, extracción masiva del agua, programas de ordenamiento y despojo territorial y un sinfín de formas que el capitalista encuentra para hacerse mas rico destruyendo el planeta, para después lucrar con la escasez que el mismo provoca.
  3. Que la guerra continuada de exterminio tiene su brazo militar en la triada ejército-marina-guardia nacional que acompañan la imposición de los megaproyectos en territorios indígenas y generan una creciente militarización en todo el país, a la vez que permiten la extensión estratégica del crimen organizado en una cada vez mayor parte del territorio nacional. Que el brazo militar no actúa solo, sino que se acompaña de un brazo paramilitar desbordado en el crimen organizado, que junto con el mal gobierno, ha generado un clima de miedo, amenazas, ataques y asesinatos contra los que defienden la autonomía de sus pueblos, destacando el cerco militar y paramilitar hacia las COMUNIDADES BASE DE APOYO ZAPATISTAS o como los recientes asesinatos de nuestros compañeros ISAUL NEMECIO ZAMBRANO, MIGUEL ESTRADA REYES y ROLANDO MAUNO ZAMBRANO de Santa María Ostula el 12 de enero de 2023 por un ataque del Cartel Jalisco Nueva Generación, así como de GUILLERMO HILARIO MORALES, MOISES CUAPIPUSTENCO Y ADAN LINARES del CIPOG-EZ en Guerrero, asesinados el 5 de noviembre de 2022 por un ataque del grupo criminal Los Ardillos. La violencia se despliega y continúan con la impunidad y la falta de justicia en los casos de nuestra compañera y hermana BETY CARIÑO a trece años de su asesinato, de la desaparición de SERGIO RIVERA HERNANDEZ, en la mixteca poblana, y en el de nuestro hermano SAMIR FLORES SOBERANES, donde se encuentran como responsables de estos crueles y viles actos, el gobierno y el crimen organizado. Y así, dolorosamente se crece la violencia contra las mujeres, contra las y los diferentes, contra cientos de hermanas y hermanos que en los últimos años seguimos buscando y otros los hemos perdido, en esta guerra continuada de exterminio, donde existe una innumerable cantidad de municipios, comunidades, barrios y colonias en nuestro país que están siendo invadidas por el crimen organizado, mientras se mantiene una cortina de cuarta transformación nacional.
  4. Que los pueblos indígenas del Congreso Nacional Indígena y más allá de él, están resistiendo y luchando con dignidad y entereza para defender la madre tierra y que no estamos dispuestos a extinguirnos ni dejar que destruyan nuestra casa común. Que no estamos solos en esta odisea, sino que innumerables movimientos, organizaciones, grupos, colectivos y diversidades, se encuentran luchando todos los días por buscar a sus desaparecidos, erradicar el patriarcado o defenderse en diversas luchas contra el ataque del monstruo capitalista.
  5. Que el pasado 24 de septiembre de 2022 en la Reunión extendida del CNI-CIG en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, se acordó continuar con un diálogo nacional sobre la creciente militarización y violencia sistemática capitalista y patriarcal que se vive en nuestro país.
  6. Que en cada espacio de lucha que conforma el gran nosotros que somos se están cultivando, construyendo y cosechando miles de alternativas de vida para los pueblos del campo y la ciudad y que es necesario juntarnos para compartir experiencias, tejer lazos y celebrar nuestra existencia.
  7. Que sabedores que venimos desde distintas geografías, realidades y tiempos se invita a todas las naciones, pueblos, tribus, comunidades, barrios y colonias que integran el CNI y el gran nosotros que somos, que previa su llegada a la asamblea platiquen en colectivo: ¿Cómo estamos? y ¿Qué sigue? y nombren a sus delegad@s para asistir a la asamblea y compartir su palabra colectiva.

CONVOCAMOS

A LAS NACIONES, PUEBLOS, ORGANIZACIONES, COMUNIDADES Y BARRIOS QUE CONFORMAN EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA*:

A LA ASAMBLEA NACIONAL DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA**

FRENTE A LA CRECIENTE VIOLENCIA DEL NARCOESTADO Y LA IMPOSICION DE MEGAPROYECTOS Y PARA CONTESTARNOS EN COLECTIVO ¿QUÉ SIGUE?

LOS DÍAS 4 Y 5 DE MARZO DE 2023 EN LAS OFICINAS DEL MOVIMIENTO AGRARIO INDÍGENA ZAPATISTA, MAIZ, EN LA CIUDAD DE INDIOS DE TEHUACÁN, PUEBLA, BAJO EL SIGUIENTE:

PROGRAMA

Viernes 3 de marzo

Llegada por la tarde

8 pm Cena

 

Sábado 4 de marzo

8 am Desayuno

9 am Ceremonia

9.30 am Palabras de Inauguración

10 am Inicio de los trabajos

2 pm Comida

3 pm Reinicio de los trabajos

7 pm Cena

Domingo 5 de marzo 

8 am Desayuno

9 am Reinicio de los trabajos

2 pm Palabras de clausura

3 pm Comida

4 pm Salida de las delegaciones

Puntos a discutir en las mesas de trabajo:

1. Balance de la situación de resistencia y violencia en nuestras comunidades.

a) Análisis del avance de la                 militarización y crimen organizado en nuestros territorios y el país

b) ¿Desde qué parte estamos luchando en contra del capitalismo patriarcal y por la defensa de nuestros territorios y de la vida?

2. ¿Qué sigue?

a) Como le vamos hacer en nuestras comunidades

b) Como le vamos hacer como CNI-CIG

c) Como le vamos a hacer como el GRAN NOSOTROS QUE SOMOS.

*La asamblea se integrará con DELEGAD@S de los PUEBLOS, ORGANIZACIONES, COMUNIDADES Y BARRIOS que integran el Congreso Nacional Indígena y con aquell@s compañer@s, colectivos y organizaciones del GRAN NOSOTROS QUE SOMOS y que en forma expresa sean INVITAD@S por la Comisión de Coordinación y Seguimiento del CIG/CNI.

**La asamblea tendrá un carácter de diagnóstico, compartición y propuestas organizativas que respondan a la pregunta ¿Qué sigue?

Traer vaso, plato, cuchara, cobija, sleeping y los que gusten casa de campaña

ATENTAMENTE

México, a 04 de febrero de 2023.

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca Más Un México Sin Nosotros

Comisión de Coordinación y Seguimiento del CIG/CNI

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Ofraneh denuncia asesinato de defensor en territorio recuperado garífuna

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Entrada de miembros de la comunidad garífuna al centro comunitario Truinfo de la Cruz antes del acto cultural y ceremonia espiritual para recibir a la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos en 2015.

El pasado sábado (28) fue asesinado Ricardo Arnaúl Montero, joven integrante del Comité de Defensa de Tierra de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, en la costa atlántica de Honduras.

Arnaúl formaba parte del equipo de resguardo y seguridad del sector del Rio Gama, en las inmediaciones del territorio recuperado “Secundino Torres”, cuya propiedad comunal garífuna esta amenazada por la sobreposición de un área de conservación denominada Parque Nacional Punta Izopo.

Ya en el año 2015, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la razón a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y responsabilizó al Estado de Honduras por violar el derecho ancestral y colectivo al territorio de sus habitantes.

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En la conclusión de dicha sentencia, la CIDH constató que no se respetó el derecho a la consulta de la comunidad afroindígena “en ninguna de las fases de planificación o ejecución de los proyectos turísticos ‘Marbella’ y ‘Playa Escondida’, [tampoco en] la adopción del Decreto que estableció el área protegido Punta Izopo y la aprobación del Plan de Manejo” del parque nacional.

Entrada de miembros de la comunidad garífuna al centro comunitario Truinfo de la Cruz antes del acto cultural y ceremonia espiritual para recibir a la Corte y Comisión Interamericanas de Derechos Humanos en 2015.

Con ello, la CIDH confirmó la titularidad de la comunidad de Triunfo de la Cruz, quien además cuenta con un título de propiedad otorgado por el Estado hondureño en 1993 y evidenció la amenaza que representan los proyectos turísticos y de conservación que se sobreponen a las tierras garífunas.

Amenazas

Mediante comunicado, la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) enfatizó que han denunciado reiteradamente, “con nombre y apellidos, las amenazas a muerte en contra de los miembros del comité de tierra y la comisión de cumplimiento de la sentencia de la comunidad; hasta la fecha no hemos visto reacción de la policía ni de las demás autoridades del país”.

Además, la organización informa que, el 3 de febrero del año 2022, presentaron a las autoridades policiales y al Mecanismo de Protección, las cinco zonas de mayor riesgo y de mayores amenazas contra los defensores del territorio de la comunidad, dentro de las cuales se incluye el sector del Rio Gama donde recientemente fue asesinado Arnaúl.

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Ofraneh también contextualiza que, en el mes de octubre del 2022, presentaron a la comunidad de Triunfo de la Cruz ante Natalie Roque, actual ministra de los Derechos Humanos. Denunciaron las amenazas a muerte en contra de varios líderes de dicha comunidad.

“En esta visita, la comunidad solicitó a la ministra no solo investigar estas amenazas, sino que además que (…) acelere el cumplimiento de la Sentencia [de la Corte IDH] a favor de la comunidad”, detalla el documento difundido tras el asesinato del joven defensor garífuna.

En este contexto, la comunidad de Triunfo de la Cruz denunció el permanente hostigamiento y amenazas de Playa Escondida, “un complejo turístico usurpador que se ha apoderado del territorio y ha prohibido el paso al cementerio ancestral de esta comunidad”. Cabe resaltar que la ubicación del proyecto turístico ‘Playa Escondida’ forma parte de uno de los lotes de tierra que la Corte IDH ha ordenado sea devuelto y restituido a la comunidad de Triunfo de la Cruz.

La Ofraneh señala que, hasta la más reciente agresión contra la comunidad garífuna, no se ha investigado las denuncias de amenazas de muerte contra líderes de la comunidad. “No tenemos información sobre el paradero de los desaparecidos desde el 18 de julio del 2020 y tampoco tenemos indicios sobre el cumplimiento de la sentencia a favor de la comunidad”.

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Ante la respuesta oficial, que señalan se limita a publicar indignación en redes sociales, “sin llevar a cabo los mandatos establecidos para liberar, titular y sacar nuestros territorios y mucho menos tocar las estructuras que mantienen en terror y zozobra nuestras comunidades”, la Ofraneh aseveró que no normalizará la violencia, muertes y desapariciones contra las comunidades garífunas.

Garífunas protestan por la violencia impune contra sus comunidades.

Por ello, la organización garífuna exigió una investigación exhaustiva “de este vil y cobarde asesinato y de los demás asesinatos ocurridos en nuestras comunidades que no solo han traído dolor y luto, sino que se han constituido en el principal disuasivo para entregar nuestro territorio a la mafia del capital que domina el país mismo que en muchas de las oportunidades se disfrazan de ´empresarios y de funcionarios´”.

Cabe recordar que en octubre del año pasado se registraron amenazas de muerte contra el fiscal del Comité de Defensa de Tierra de Triunfo de la Cruz, Alfredo López Álvarez, quien fue intimidado para abandonar la comunidad y la lucha por la restitución de sus tierras ancestrales.

Recientemente, organizaciones de derechos humanos, de Honduras y Centroamérica, condenaron el asesinato del joven defensor garífuna. Aunado a ello, este lunes (30) la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) solicitó al gobierno hondureño que efectue una investigación exhaustiva por el asesinato del defensor. Por su parte, Alice Shackelford, la representante de la ONU en Honduras, lamentó la violencia contra los defensores de derechos humanos. “Me solidarizo con su familia así como con Ofraneh. ¡Es necesaria la protección de personas defensoras de DDHH y justicia en este tipo de casos! ¡No más muertes!”, señaló la funcionaria.

 

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Panorama: el Comando Sur de Estados Unidos y el colonialismo del siglo XXI

Fuente: Avispa Midia

por Darío Aranda / Foto de portada: Subcoop.

Estados Unidos explicitó su interés en el litio, los hidrocarburos y el agua de América Latina. La generala Laura Richardson reconoció la intervención de su país para incidir en el manejo de los “recursos naturales”. Equinor y Shell en el Mar Argentino, la israelí Mekorot para el manejo del agua, Barrick en San Juan y Syngenta en la Casa Rosada. Más extractivismo, la democracia desnaturalizada y un modelo que consolida la dependencia.

La titular del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, reconoció públicamente el interés de su país en el litio y el agua de América Latina. “Tiene mucho que ver con la seguridad nacional (de Estados Unidos) y tenemos que empezar nuestro juego”, advirtió. Una ratificación de la incidencia y decisión que tiene la potencia del norte sobre los “recursos naturales” y políticas de la región. La declaración, que décadas atrás hubiera escandalizado a países que se declaran independientes y soberanos, circuló de forma crítica entre asambleas socioambientales y activistas, pero pasó desapercibida por la clase dirigente de Argentina.

No es casual esa inacción. No hay grieta entre peronismo y la Unión Cívica Radical-Propuesta Republicana (UCR-PRO) referido al extractivismo, donde sobresalen actividades impulsadas por potencias (Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Rusia y Francia, entre otras) y sus corporaciones mineras, petroleras y transgénicas.

El litio, ubicado en las salinas, es el nuevo “espejo de color” de multinacionales y los gobiernos locales – Foto: Subcoop

En las últimas décadas, todos los gobiernos de Argentina actuaron en total alineamiento con los deseos y necesidades de esas potencias y empresas. Y no hay muestras de que vaya a cambiar con el próxima presidente/a. Al contrario, esos gobernantes (tanto nacionales como provinciales) replican esas lógicas coloniales en los territorios donde hay agua, minerales, hidrocarburos, bosques, naturaleza.

Textuales militares del Comando Sur

El Comando Sur de Estados Unidos es uno de diez espacios militares del Departamento de Defensa de ese país distribuidos alrededor del mundo. El Comando Sur tiene “jurisdicción” e influencia directa sobre todos los países del América Latina (a excepción de México, que figura bajo el Comando Norte).

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La autoridad militar Laura Richardson fue explícita:

-“¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 por ciento del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile”.

-Señaló la existencia de “las reservas de petróleo más grandes” y la importancia del Amazonas como “pulmones del mundo”.

-Precisó también que los países bajo el monitoreo del Comando Sur tienen “el 31 por ciento del agua dulce del mundo”.

-“Estados Unidos tiene mucho por hacer (…) Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego”.

Gobiernos alineados

El alineamiento del gobierno de Mauricio Macri con Estados Unidos fue total. Basta recordar el primer encuentro con Donald Trump y las reuniones con empresas extractivas: desde las petroleras Halliburton, Exxon Mobil y Chevron hasta las del agronegocio Monsanto y Cargill.

El kirchnerismo también cuenta con variados antecedentes de solidas alianzas con corporaciones extractivas. Los encuentros de Cristina Fernández de Kirchner con Monsanto, Barrick Gold y Chevron son solo botones de muestra.

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Respecto al Comando Sur y Richardson, la Vicepresidenta recibió a la militar estadounidense en su despacho del Congreso Nacional el 26 de abril de 2022. Lo difundió la propia Cristina Fernández desde su cuenta de Twitter. “Hoy recibimos a la generala de cuatro estrellas Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia. Nos acompañó el embajador de ese país en Argentina, Marc Stanley”, resumió la Vicepresidenta. E incluso difundió una foto, sonrientes, del encuentro.

La Embajada de Estados Unidos hizo lo propio, en la misma red social: “La general Laura Richardson, primera mujer jefa del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió con la vicepresidenta @CFKArgentina, y conversaron sobre el importante rol de las mujeres en el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región”.

En la misma semana de los dichos de Richardson, el peronismo gobernante dio claras señales de alineamiento con Estados Unidos. El presidente Alberto Fernández recibió al Asesor Especial del Presidente Joe Biden “para las Américas”. La Embajada de Estados Unidos difundió el encuentro: “Christopher Dodd se reunió con el presidente Alberto Fernández para conversar sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral y regional”. En otro twitt amplió la misión del enviado estadounidense en Argentina: “El Asesor Especial Dodd habló en la Celac con nuestros socios latinoamericanos y caribeños sobre la promoción de la democracia, los Derechos Humanos y el estado de derecho en la región, y sobre cómo podemos ayudar a alimentar y dar energía al mundo”.

En la cumbre de Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) realizada en Buenos Aires el presidente Fernández volvió mostró coincidencia con los planteos de Estados Unidos: “El mundo está necesitando hoy energía y alimentos y América Latina y el Caribe puede ser proveedora de ambas cosas”. Mencionó el gas y el litio y redobló la apuesta: “Debemos unir esfuerzos para lograr esa integración energética”.

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, también se reunió con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y con Christopher Dodd. Massa afirmó: “Estados Unidos es un gran socio comercial de la Argentina y es clave que sigamos incentivando sus inversiones en sectores estratégicos como la minería de litio, hidrocarburos, economía del conocimiento, agroindustria y energías renovables”.

En todos los discursos sobresale el nuevo “espejo de color”: el litio, presente en los salares de Catamarca, Jujuy y Salta y publicitados engañosamente como parte de una “transición energética” mediante los autos eléctricos. Desde hace más de una décadas que los pueblos indígenas y asambleas socioambientales denuncian la contaminación y el saqueo que implica la minería de litio.

De colonialismo y gerentes

Que otro país explicite sus intereses (y sus intervenciones) en Argentina y la región no ameritó replicas de clase política local. Es un espejo de cómo actúan funcionarios, científicos, economistas y periodistas (entre otros): decidir y opinar sobre territorios donde no habitan ni (muchas veces) conocen, ignorando las decisiones y modos de vida de quienes sí viven en las tierras pretendidos por el extractivismo.

“Es insólito que hablen sobre los ‘recursos’ de lugares que no habitan, es la lógica que subyace a gobernantes, ministros y empresarios. Para las comunidades el extractivismo, el despojo y el desarraigo tiene múltiples caras. Imperialismo y colonialismo interno se alternan. Muchos de los territorios que anhelan los imperios ya fueron certificados como zonas de sacrificio por los gobiernos nacionales y provinciales”, resumió el periodista e investigador del grupo de Ecología Política del Sur, Leonardo Rossi.

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En tiempos de sequía y crisis climática, se naturaliza que el ministro del Interior, Wado de Pedro, reciba en Casa Rosada a una empresa israelí (Mekorot) que intenta administrar el agua de cinco provincias (Río Negro, Catamarca, Mendoza, San Juan y La Rioja), se aplaude que el gerente general de Syngenta sea Jefe de Asesores del Presidente, se silencia el accionar contaminante de Barrick Gold en San Juan y se celebra que el Poder Judicial habilite la exploración petrolera en el Mar de Argentina, en beneficio de las empresas YPF, Equinor (de Noruega) y Shell (de Países Bajos).

En un año de elección presidencial, el abuelo diaguita Marcos Pastrana lo resume con precisión quirúrgica: “La democracia está desnaturalizada en su esencia. Hay una crisis muy grande de representatividad. Los representantes supuestamente del pueblo son solo representantes corporativos de partidos políticos y de multinacionales. No son gobernantes ni son ni funcionarios: son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”.

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Familiares y Comunidades de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes

Acciones planeadas por la liberación de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, Viernes 27 de enero 2023

-> En Morelia (Michoacán), 9am: manifestación pacífica en el Centro de Convenciones de Michoacán, donde estará presente Andrés Manuel López Obrador

-> En Ciudad de México: Protesta y entrega de firmas demandando una búsqueda más intensa y efectiva en las Representaciones de Michoacán (10am, calle Kansas 48, col. Nápoles) y de Colima (11:30pm en Gutenberg 176, col. Anzures). Posteriormente, a la 1pm concentración pacífica ante las oficinas centrales de la Procuraduría Agraria (Motolinia 11, Centro Histórico).

-> En Mérida, 10:30am: Protesta ante el Tribunal Unitario Agrario (calle 60 #338H)

El sábado y el domingo habrá más acciones. Contacto: todxsconricardoyantonio@gmail.com

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Avispa Midia

Gobierno de México desconoce cantidad de agua utilizada por minería

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: El futuro ineludible de la minería. Extracción de ilmenita en Chiapas. Foto: Santiago Navarro F.

La mayor parte de la actividad minera en México se ubica en zonas áridas y semiáridas, en los estados de Sonora, Zacatecas, Durango, Colima y Guerrero, los mismos que tienen el mayor volumen de agua concesionado.

El dato fue divulgado durante la presentación del Sistema de Información Geográfica, denominada Agua y Minería, herramienta desarrollada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Existen dos maneras de la industria minera para acceder al agua en territorio mexicano, explicó el director general del IMTA, Adrián Pedrozo Acuña. La primera es por la concesión de título de aguas nacionales, inscrito en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo la clasificación “uso industrial”.

Basado en este registro, en 2020, el volumen concesionado a la industria minera fue de 462.45 millones de m3 al año, donde más de 80% de las extracciones de agua se destina a la producción de cobre, oro y hierro.

El 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad y el 18.96% de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados.

Sin embargo, existe una segunda manera de la industria minera para acceder al agua. Es el uso de agua asociado directamente al título de la concesión minera, también llamada de uso libre o agua de laboreo. “La industria minera, específicamente la industria minera a cielo abierto, tiene la posibilidad de usar el agua que está libre, que se alumbra en los grandes pozos que se genera en el mismo territorio” de actividad minera, explica Acuña.

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Resulta que no existe un control, por parte del gobierno mexicano, del uso del agua por la vía de la concesión minera. “El Estado mexicano no sabe cuánta agua de laboreo es utilizada por la industria minera”, admite el director del IMTA.

El Instituto hizo una estimación del volumen del agua utilizada en 2020 por medio de las concesiones mineras. La aproximación revela que el uso fue casi tres veces más que el agua utilizada por medio de las concesiones de títulos de aguas nacionales: 1,131.58 millones de m3   por año. “Eso nos indica el tamaño del problema”, dijo el Acuña.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, admitió que la minería a cielo abierto requiere de grandes volúmenes de agua, lo que genera impactos negativos irreparables para las comunidades aledañas y sus ecosistemas. “En las últimas décadas la sobreexplotación de los yacimientos mineros ha contaminado ríos y mantos freáticos y se ha utilizado irracional y irresponsablemente del agua superficial y subterránea”, dijo.

Más agua

Acuña explicó que, en la actualidad, se requiere cada vez de mayores cantidades de agua para separar los minerales del suelo.

“Es cada vez más complicado encontrar minerales en el suelo. Se requiere de muchísima agua, lo que genera muchos más residuos, de manera que las presas de jales (presas formadas por residuos tóxicos del proceso de extracción de minerales) son mas grandes”, explica.

Para tener una idea, en el año 1900, por una tonelada de suelo removido se lograban 20 gramos de oro, y se generaban 999 mil 980 gramos de jales. Hoy, de una tonelada de suelo removido es posible sacar cinco gramos de oro, y se generan 999 mil 995 gramos de jales.

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El aumento del volumen de agua y de residuos “genera diferentes crisis”. “Por un lado, la necesidad de tener más agua para los procesos de concentración de minerales y, por otro, (son necesarios) más procesos de tratamiento para que los lixiviados y toda aquella agua residual no contaminen los cuerpos de agua que tenemos”, dijo Acuña.

Para 2050, las dos autoridades ambientales, Albores y Acuña, admiten que los riesgos hídricos asociados a la minería serán inmensos y ocasionarán mayor escasez, contaminación y conflictividad.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Comunicado del Pueblos Creyente a 12 años de la Pascua de jTatik Samuel

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE

A la sociedad civil
A las diferentes creencias religiosas
A los tres niveles de gobierno
A los medios de comunicación
A los hombres y mujeres que construyen la paz.

“Dijo Dios: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, porque temía mirar Dios. El Señor siguió diciendo: ¡He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores conozco sus angustias!
Voy a bajar para librarlo del poder de los Egipcios…” (Ex 3, 6-8)

Como Pueblo Creyente nos unimos en este día para recordar los 12 años de la pascua de jTatic Samuel que fue profeta y pastor, que acompañó al pueblo. Él sigue ÉI vivo en la memoria de este pueblo que peregrina y que nos fortalece en nuestro caminar. Nos unimos también para manifestar todos los atropellos e injusticias, violencia e inseguridad que estamos viviendo y para impulsar nuestra esperanza.

LA VIOLENCIA

La presencia del crimen organizado en las ciudades, en pueblos y comunidades se ha hecho cada vez más visible en un contexto de disputa y control del territorio Llevándonos a un clima de violencia generalizada, amenazas, enfrentamientos, desapariciones y asesinatos de personas de diferentes estratos sociales, así como también el reclutamiento de jóvenes. Provocando masacres, terror e inseguridad en comunidades y cabeceras municipales, no solo del territorio de nuestra diócesis sino en otras partes de las diócesis de Tuxtla y Tapachula.

El aumento de cantinas clandestinas en las cabeceras municipales y en algunas comunidades donde también se venden drogas y se da la prostitución, que generan adicción y destrucción de las familias.

Hemos visto que el actuar del crimen organizado ha la sido con la permisividad de los tres órdenes de gobierno generando impunidad e injusticia.

EI uso de las armas ha sido una herramienta de querer solucionar los conflictos en comunidades dejando en el olvido las formas comunitarias del diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas y de reconciliación que nos enseñaron nuestros abuelos y nuestras abuelas.

Chiapas ha sido uno de los estados en el que el fenómeno del desplazamiento forzado se ha visibilizado cada vez más y no ha y sido reconocido ni atendido por las autoridades de los tres niveles de gobierno. En muchos casos se iniciaron como disputas de tierras pero con la mala decisión de las instituciones de gobierno que provocaron el aumento de los conflictos por no tener en cuenta los antecedentes históricos entre comunidades ni sus acuerdos comunitarios anteriores.

En la actualidad los desplazamientos se han generado por la situación de extrema violencia provocada por los grupos armados, que tienen la permisividad del gobierno. También muchas veces esta situación de violencia ha provocado la migración a otros estados del país o a Estados Unidos y Canadá.

Todo lo anterior ha traido como consecuencia, la ruptura del tejido social y familiar.

Durante los desplazamientos mujeres y niñas-niños son los más expuestos al acoso, tortura sexual como forma de violencia directa, dejándoles en estado de vulnerabilidad, desprotección, discriminación, violación a sus derechos humanos y desamparo total.

PARTIDOS POLÍTICOS

Ya desde los últimos meses de 2022 se ha empezado por la carrera hacia las elecciones 2024, a nivel federal, estatal y municipal. Muchas veces con “pre-campañas” disfrazadas, de diversos actores y actoras políticas.

Así como empezar a repartir dádivas con despensas y demás mecanismos que siempre se utilizan para la compra de conciencias y por lo tanto de los votos. Además de causar la división en las comunidades.

También se ven las alianzas de ciertos políticos con grupos de poder, delincuencia organizada, algunas organizaciones sociales y caciques. Todo por la ambición del poder.

Por está colusión con la delincuencia se prevé nuevamente la violencia antes, durante y después de las elecciones, lo cual traerá sufrimiento y muerte en nuestros pueblos.

ECONOMÍA

Los campesinos y las campesinas seguimos resistiendo y produciendo alimentos a pesar de que los precios de nuestros productos se mantienen bajos: el maíz, el café, el cacao, el frijol, la caña de azúcar, el jitomate, el chayote, etc.

Existe un gran descontrol en los precios de la canasta básica y en los precios de los combustibles: la gasolina, el gas, la energía eléctrica; así como el transporte.

Los salarios en el campo siguen siendo bajos en relación a lo que ganan los obreros y los que se dedican a los servicios y los funcionarios.

Vivimos en un permanente despojo de nuestros bienes, de nuestras tierras, aguas bosques. Éstas son otras causas de la migración y de la destrucción de las familias en el campo y en la ciudad.

MIGRANTES

Hay mucha migración de nuestras comunidades que migran a los Estados Unidos y dentro del país, como ya expresamos antes. Así como muchos migrantes de Centro y Sudamérica. de otros países del mundo que atraviesan nuestro pais.

Los migrantes son violados en sus derechos. Sufren robos y secuestros, y muchos se han quedado pidiendo limosna en comunidades y ciudades. También hay migrantes que son arrestados por diversas instituciones del gobierno y los encarcelan durante un tiempo y después los devuelven a su país. Otros se mueren en el desierto por hambre y sed, o son asesinados o víctima de extorsión.

Hay mujeres migrantes que son contratadas por los centros de prostitución y son violentadas en sus derechos, asesinadas, secuestradas y forzadas a ejercer la prostitución. Hay familias completas que han migrado, dejan sus casas en busca de una vida mejor, otras por ambición de dinero o por otras causas.

LLAMADO A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Como Pueblo Originarios podemos seguir existiendo construyendo la paz y la justicia, si buscamos nuestras raíces y fortalecemos nuestra cultura, nuestras lenguas y el reconocimiento de nuestros derechos. Si mantenemos los significados de la vida que están presentes en la comunidad. Sì no caemos en las trampas y en los conflictos que nos dividen y nos enfrentan entre hermanos Y
hermanas.

EXIGENCIAS

Exigimos el alto a los conflictos en las comunidades: las injusticias, asesinatos, secuestros y desaparición de personas, la violencia y la inseguridad. Exigimos el alto a las cantinas clandestinas que promueven el consumo de alcohol, drogas y la prostitución.

Exigimos el alto a la destrucción de las familias con la violencia, el desplazamiento, el secuestro, el despojo del territorio y la inseguridad que se hace más grande con el aumento de las armas y la presencia del crimen organizado.

Exigimos el respeto a las mujeres en todos los espacios de la sociedad; que no se obstaculice su derecho a decidir libremente.

Exigimos que se deje de criminalizar la lucha por la defensa de la libre determinación de nuestros pueblos y la defensa del territorio en el que vivimos.

Exigimos justicia no impunidad ante la masacre de Acteal. Reconocemos la digna lucha de la organización civil “las Abejas”, que han luchado incansablemente por 30 años y tienen la memoria la viva de la masacre de 45 hermanas y hermanos, más 4 bebés no nacidos sacados del vientre de sus madres en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

ALTERNATIVAS

Organizar trabajos colectivos como comunidades o como familias, como mujeres, jóvenes, niñas- niños, hermanos catequistas y Pastoral de la Tierra y otras áreas. Para lograr nuestra propia alimentación sana y nutritiva.

Conservar y valorar nuestra madre naturaleza que somos parte de ella cuidarla; hacer conciencia de ya no usar químicos y desechables que la contaminan.

Juntar las basuras asi como nos enseñaron nuestros abuelos y abuelas. Sembrar árboles frutales, plantas medicinales, hacer hortalizas en común.

“Entonces Dios tomó al ser humano y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara cuidara” (cf. Gen 2, 15)

Buscar la paz y la reconciliación en nuestras comunidades, para que haya armonía en nuestros trabajos y pueblos.

Desde la Palabra de Dios que nos ¡lumina y nos muestra el camino para seguir fortaleciendo nuestro caminar como Pueblo Creyente.

También es fundamental recordar lo que ya se decía en una carta pastoral: “Es importante seguir tejiendo en común, porque a realidad no la podemos transformar solos 0 una sola comunidad, una sola zona, una sola organización; es nuestra tarea tejer alianzas con aquellas personas, comunidades, zonas, organizaciones, que están en una verdadera lucha construyendo esa nueva vida, que están construyendo el “Buen vivir con gran respeto”… Por tanto, tenemos que animar los corazones para fortalecer la unidad en la acción entre quienes están luchando por esa nueva vida que deseamos tener para todos, haciendo nuestra la experiencia de las primeras comunidades cristianas que “tenian un solo corazón una sola alma” (Hechos 4, 32)”. (Carta Pastoral ¡Caminemos juntos a la luz del Señor!, número 49, año 2020).

Como Pueblo Creyente damos gracias a Dios por los 5 años de acompañamiento en esta diócesis de nuestro obispo Rodrigo Aguilar Martínez y que continuemos caminando juntas y juntos la luz del Señor.

 

“LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES”
Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
A 25 de enero de 2023.

       
radio
Avispa Midia

Crisis forense impide que familias de desaparecidos accedan a la verdad y la justicia

Fuente Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Protesta de estudiantes normalistas, provenientes de distintas partes de México, por la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa. Foto: Aldo Santiago

Durante la conferencia internacional ‘Hacerle frente a la crisis forense’, convocada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Mercedes Doretti, la directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), destacó la urgencia de resolver la crisis forense que atraviesa México hace años. “No existe confiabilidad en la información que emiten las propias fiscalías del país”, sostuvo.

Roxana Enríquez, directora del Equipo Mexicano de Antropólogos Forenses (EMAF), explicó que la crisis se refleja en la existencia de las fosas comunes, en la acumulación de procesos de identificaciones o identificaciones que no son confiables y en los procesos de exhumación que tienen los sitios de enterramiento clandestino.

Pero sobretodo genera el “impedimento para acceder a la verdad y la justicia”, dijo Enríquez. En este momento se “tiene el resultado del abandono institucional de décadas en áreas clave para el esclarecimiento de hechos delictivos”.

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“La identificación de una persona es la tarea pendiente y el punto de partida para que pensemos en la recomposición de la sociedad lastimada”. Para ello, precisó Enríquez, se requieren investigaciones certeras.

Para Doretti, uno de los mecanismos para mejorar la situación es la creación de una mesa de intercambio de información forense.

Esta propuesta incluye, además de las instituciones, a los colectivos de familiares y a la sociedad civil, que se reunirían de manera periódica para exponer los casos y el mapeo de dónde se trabaja, así como los resultados que se habrían de alcanzar.

“De manera que esto no sea una información secreta de Estado”, reiteró Doretti.

Enríquez comentó que es urgente la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y las mismas instituciones, incluso evidenciar a otras instituciones estatales y federales que tienen un importante trabajo en la búsqueda de personas, como son las secretarías de Salud locales, los Ayuntamientos y el Registro Civil.

Protesta de integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos

Existen instancias que antes no se vincularon al tema y que desconocen —en el ámbito local— el alcance que pueden tener sus acciones en la búsqueda de personas desaparecidas. Aún cuando tienen la voluntad, desconocen la forma de participar.

Para las familias de personas desaparecidas, la crisis no solo se trata de estadísticas, sino de personas que tienen nombre, apellido y familia que los ama, los busca, los espera y los necesita, “y lo que tiene que hacer el Estado es darnos justicia”, sostiene Grace Fernández Morán, defensora de los derechos humanos.

Siamesas diabólicas

En 2008, Yolanda Morán comenzaba a formar los primeros colectivos de madres que buscaban a sus hijos por cuenta propia ante las incapacidades de las autoridades y fue de las primeras que alzó la voz para exigir justicia.

Destacó que la lucha de las organizaciones de familiares buscadores no se ha quedado en el reclamo, por el contrario, apoyan al Estado a fortalecer sus capacidades, a construir políticas y mecanismos.

En la mal llamada ‘guerra sucia’, cuando sucedieron desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, “estaba el reclamo de las familias y no hicieron nada, vinieron las muertas de Juárez y nuevamente el Estado no hizo nada; viene la violencia generalizada de la guerra contra el narco de Calderón y fuera de hacer algo, decía que no estaban preparados para tanta violencia y entonces se justificaban ante la falta de capacidades”, rememoró Fernández Morán.

En esos años, la sociedad creyó que los ejecutados eran criminales, como lo hizo creer el gobierno de Felipe Calderón, a propósito del Plan Mérida. Entonces las madres buscadoras implementaron un violentómetro que cuantificaba a los muertos.

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“Esos muertos son la gran mayoría de los que hoy buscamos identificar porque el Estado reportaba bajas del crimen organizado, pero nunca dijo quiénes eran, porque solo se trataba de presentar resultados del combate contra el crimen organizado”, dijo Fernández Morán.

Pero las familias siguen cuestionando quiénes son, si efectivamente eran parte del crimen organizado y por qué los mataron. En ese momento, Fernández Morán explicó que no podían aspirar a que hubiese la infraestructura para identificar a la cantidad de personas muertas, pero lamentó que no se hayan aplicado los protocolos mínimos que existían o que a nadie se le ocurriera documentar los hallazgos.

Madres buscando a sus hijos desaparecidos en Torreón, Coahuila.

“Había una obligación por simple lógica: proteger a la ciudadanía y garantizar sus derechos a la identidad y a la justicia, son dos de los derechos básicos que debieron de haber garantizado”, sostiene la defensora.

Fernández Morán argumentó que, en ese tiempo, los cuerpos se encontraban en el piso de los diferentes espacios del Servicio Médico Forense (Semefo) en estados muy avanzados de descomposición y, entonces, solo les interesaba sacarlos.

“Muchas madres, esposas, familiares de personas desaparecidas, lloramos y gritamos de rabia cuando nos enteramos que en Jalisco habían incinerado a miles y todavía no hay quién nos diga cuántos eran, si les abrieron carpeta de no identificados, si tenían averiguaciones previas o acta circunstanciada de levantamiento y recuperación del cuerpo. Es información que hoy en día seguimos sin conocer”.

No había estructura, pero tampoco hubo inversión, pues con la identificación las autoridades tenían que comenzar a dar respuestas. Para las familias todo recae en dos causas que identifican como las siamesas diabólicas: impunidad y corrupción.

35 sentencias

“Ha permanecido y ha imperado un gran involucramiento de muchos sectores del Estado de los tres niveles de gobierno. Ninguno está limpio ni uno solo de los poderes, ninguna de las instituciones, todas tienen su nivel de responsabilidad”, hizo hincapié Fernández Morán, quien recuerda que hasta ahora solo existen 35 sentencias por desaparición que resulta en la impunidad absoluta.

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Aunque las integrantes de la conferencia celebraron los cinco años de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, reconocieron que existen grandes retos y la crisis forense, además de los más de 110,000 desaparecidos, es una muestra de todas las deudas del Estado.

Cuando fue construida la ley ocurrió el caso Ayotzinapa y las familias de Guerrero comenzaron la búsqueda con sus propias manos y recursos.

Foto: Regina López

“La respuesta que nos daba la fiscal Areli Gómez era: dejen de buscar, no tengo cómo identificar, es más no tengo dónde meterlos”, dijo Fernández Morán. Entonces los antropólogos forenses de México, Argentina y Guatemala pusieron manos a la obra y, hasta ahora, aunque saturados, siguen apoyando a las organizaciones de familias buscadoras.

Las familias no se dan por vencidas y crearon en dos años el mecanismo extraordinario de Identificación Forense que, con la ayuda de expertas, buscan dar respuesta a dos cuestionamientos importantes: ¿quiénes son? y ¿qué les pasó?.

Intercambios

Doretti agregó que además existe un problema grave en cuanto cooperación interinstitucional esencialmente entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía General de la República (FGR).  “Hay una fractura en la relación interinstitucional”, dijo.

Es urgente la creación de la Base Nacional de Datos Forenses, defiende. Hoy existen diferentes registros – el Registro Nacional de Personas Identificadas y No Reclamadas, el Registro de Fosas Comunes, de Fosas Clandestinas y el Plan Nacional de Identificación Humana -, todos son responsabilidad de la FGR.

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“Estamos en un punto en donde podemos entrar a una mayor fragmentación de la información o podemos ir hacia una nueva consolidación con la Comisión Nacional de Búsqueda, a través de convenios con distintas fiscalías estatales y la creación de centros regionales”, dijo Roxana Enríquez.

radio
Familiares y Comunidades de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes

Convocatoria de acciones descentralizadas del 27 al 29 enero 2023 por la búsqueda y rescate de los defensores de Derechos Humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

Por favor, ayúdanos a difundir este mensaje entre tus contactos:

El 15 de enero de 2023, el abogado defensor de Derechos Humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada. La familia y los comuneros de Aquila hemos realizado acciones que van desde lo legal hasta bloqueos en carreteras y el cierre de una mina de la empresa Ternium.
Familiares y amigxs de Ricardo y Antonio lanzamos esta convocatoria para invitar a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero.
La comunidad indígena San Miguel Aquila está asentada sobre importantes yacimientos mineros. La empresa Ternium ha explotado desde hace décadas la mina extrayendo enormes cantidades de hierro, oro, plata y cobre, generando serios impactos ambientales y ruptura del tejido social en la comunidad.

El prof. Antonio Díaz representa al grupo mayoritario de comuneros, quienes litigan desde hace años, con asesoría de Ricardo Lagunes, con el fin de que se lleve a cabo un proceso de elección democrática. Esto resultaría en la pérdida de poder de un grupo minoritario que apoya incondicionalmente a la empresa minera y que ha gestionado cuantiosos recursos durante años por ese motivo. La familia y los comuneros están convencidos de que este grupo cercano a la empresa minera está detrás de la desaparición de Antonio y Ricardo.
Tanto el Tribunal Unitario Agrario como la Procuraduría Agraria han sido sumamente negligentes, favoreciendo con su inacción y con ventajas procesales al grupo de poder minoritario cercano a la empresa minera. Comparten por tanto responsabilidad en la situación de injusticia social que ha culminado con estas desapariciones.

Incluimos algunos ejemplos de acciones que podrían llevar a cabo:

1. Firmar y circular la acción urgente que se encuentra en el siguiente enlace: https://change.org/BusquedaRicardoyAntonio

2. Protestas ante oficinas de la empresa minera Ternium en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nicaragua, España, Uruguay y EE.UU (ver lista en: https://us.ternium.com/en/contact-us/our-offices#our-offices

3. Acciones frente a embajadas y consulados mexicanos para exigir la búsqueda y rescate.

4. Protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional.

5. Marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo.

Sugerimos incluir las siguientes demandas a sus acciones y protestas, además de otras que sean relevantes para ustedes en el ámbito local/regional:

1. A las instituciones públicas, intensificar la búsqueda para la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.

2. A la empresa minera, que asuma su responsabilidad y ponga presión sobre el grupo minoritario que se presume está detrás de la desaparición, con el que la empresa tiene fuertes vínculos.

3. Al Estado mexicano, la reforma integral del sistema de justicia agraria y de su marco legal.

Agradecemos sus muestras de solidaridad y les pedimos nos informen de sus planes de acciones al correo hastaencontrarles@buscamos.org, para subirlas en la web https://buscamos.org/

Materiales:

1. Acción Urgente: https://change.org/BusquedaRicardoyAntonio (puede imprimirse y presentar, de manera simbólica, ante las distintas representaciones, las firmas recabadas.

2. Drive con fotografías y materiales para su reproducción (iremos agregando más en los próximos días): https://drive.google.com/drive/folders/17IBPUL3aHBkArtZbVk7WRqPkblw4vkop

3. Web: https://buscamos.org/ (aún en construcción, pronto tendrá más contenidos), Twitter: https://twitter.com/buscamos_org fb: www.facebook.com/groups/846734636395194/people

Change.org (https://change.org/BusquedaRicardoyAntonio)
Firma la petición:
Demandamos presentación con vida de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia

radio
Avispa Midia

Corte canadiense rechaza investigar a su embajada por el asesinato de ambientalista en Chiapas

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Mariano Abarca al micrófono durante las protestas en la embajada de Canadá ubicada en la Ciudad de México durante 2009.

La Corte Suprema de Canadá cerró la puerta a cualquier investigación sobre el papel de la embajada de dicho país en México en el asesinato de Mariano Abarca, defensor del medio ambiente en Chiapas.

Abarca, líder comunitario de Chicomuselo, fue asesinado en 2009 debido a su activismo contra los impactos sociales y ambientales de las operaciones mineras de la canadiense BlackFire Exploration, empresa que explotó concesiones de titanio en la región de la Sierra Madre.

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La reciente decisión de la Corte responde a una queja presentada por la familia de Abarca sobre el rol de la diplomacia canadiense. En el año 2018, y bajo la ley de denunciantes de Canadá, los familiares del activista chiapaneco argumentaron que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso a Mariano Abarca en mayor riesgo durante las semanas y meses previos a su asesinato.

“Ignorando más de 1,000 páginas de pruebas que documentaban las acciones de la Embajada en apoyo a la empresa, el Comisionado de Integridad para la Administración Pública de Canadá -cuya responsabilidad es examinar denuncias y garantizar la confianza en el sector público- se negó a abrir una investigación”, difundió este lunes (23) la organización Mining Watch.

La resolución de la Corte contradice la revisión del juez federal de Canadá, Keith Boswell, quien en 2019 admitió que Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”.

No obstante, pese a los recursos presentados ante el Comisionado no consiguieron la apertura de una investigación y el 12 de enero la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por la familia Abarca.

“Hemos agotado todas las vías para llegar a la verdad en Canadá”, informó José Luis Abarca, hijo de Mariano, quien señaló que ahora acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir justicia.

“Mi padre fue asesinado hace 13 años y, hasta el día de hoy, no estamos más cerca de comprender el papel que los funcionarios canadienses pudieron haber desempeñado en poner en peligro su vida. Mientras no se investiguen las acciones de estos funcionarios canadienses, las embajadas de Canadá en todo el mundo seguirán prestando un importante apoyo diplomático a empresas mineras canadienses, probablemente poniendo en peligro las vidas de otros defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Es hora de que recurramos a organismos internacionales para que Canadá rinda cuentas”, sostuvo el hijo del defensor asesinado.

Diplomacia económica

La cronología elaborada por el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés), sobre el asesinato de Mariano Abarca, enfatiza que el crimen ocurrió apenas siete semanas después de que diplomáticos canadienses se reunieron con funcionarios del gobierno chiapaneco para promover las actividades de la minera BlackFire Exploration.

Ahora,con la resolución de la Corte Suprema se ha puesto un fin a la posibilidad de investigación, administrativa y judicial, sobre las irregularidades en que incurrieron funcionarios canadienses en el asesinato del defensor del medioambiente, apunta el asesor jurídico de la familia, Nicholas Pope.

Peregrinación del Comité para la Defensa de la Vida Samuel Ruiz García en Chicomuselo. Las y los manifestantes se oponen a la reactivación de la mina de titanio de la región. 23 de julio 2022. Foto de Sipaz

“La integridad de los procedimientos de revisión ética de Canadá en sus actividades internacionales es un asunto que preocupa enormemente a los canadienses. Es lamentable que la Corte haya cerrado esta puerta”, compartió el abogado.

Por su parte, Shin Imai, también integrante de JCAP, sostuvo que este caso cobra relevancia debido a que habría puesto a prueba al sistema de denunciantes de Canadá, “con importantes implicaciones para la democracia, la transparencia y el problemático apoyo diplomático de Canadá a las empresas canadienses en el extranjero”.

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Según Mining Watch, en 2022, el valor de los activos mineros canadienses en el extranjero ascendía a 188,000 millones de dólares, “activos de propiedad de empresas que reciben un importante apoyo financiero y diplomático del gobierno canadiense”, recalca la organización.

Ante ello, otra integrante de JCAP, la profesora Charis Kamphuis, afirma que la diplomacia económica puede tener repercusiones negativas sobre los derechos humanos y estar en contradicción con las obligaciones internacionales de Canadá.

“Los funcionarios canadienses ofrecen un sólido apoyo político para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero y a menudo no respetan las propias políticas canadienses de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente amenazados”. Una muestra de ello, acorde a la profesora, es el caso de Mariano Abarca, pues “los tribunales canadienses no quisieron tomarse en serio esta cuestión y exigir una investigación de las acciones de los funcionarios canadienses”.

Otros Mundos Chiapas y la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), quienes trabajaron con Abarca antes de su asesinato, afirman que la negativa de la Corte Suprema de Canadá a escuchar esta apelación es “decepcionante”.

Según Gustavo Castro, “reafirma nuestra percepción de hasta qué punto las autoridades canadienses están capturadas por los intereses de sus empresas mineras. Este caso trata del asesinato de Mariano Abarca en México, pero también de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que protegen su tierra y su agua de los daños causados por las explotaciones mineras canadienses en América Latina y en todas partes”.