Este fresco remanso de barullo y lucha nos recibe en calma. Nos respalda el escarpado Cerro de la Cruz, al que cada 3 de mayo sube la comunidad para invocar lluvia y buenas cosechas. Convocadas por la Comisión de Mujeres del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) para México del Congreso Nacional Indígena (CNI), mil cien mujeres indígenas y mestizas de trece pueblos originarios, veinticinco estados de la República Mexicana, dieciocho países y el Kurdistán nos reunimos los días 28 y 29 de julio en la comunidad indígena Hñähñu de San Lorenzo Nenamicoyan, Estado de México. La comunidad nos abre su auditorio y su escuela, mientras nos acondiciona un comedor solidario que se crece con puestos de comida y vendimia de muchos sabores y colores.
Las preguntas se nos agolpan en la mente y las respuestas van buscando su lugar.
¿Cómo ser estas “mujeres que somos” en el país más feminicida?
PRONUNCIAMIENTO POR LA LIBERTAD DE MIGUEL PERALTA, PRESO DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA
Después de 3 años dos meses de la detención del compañero Miguel Peralta, el día lunes 9 de julio de 2018, el colectivo Los Otros Abogadoz acudieron al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, Oaxaca, para entregar las conclusiones de inculpabilidad dónde se demuestran las múltiples irregularidades que ha habido en el proceso que mantienen preso a Miguel.
Luego de que 2 de los 8 testigos de la familia Zepeda Cortés no se presentaran a los interrogatorios, a pesar de ser citados en diversas ocasiones durante más de dos años, el 14 de diciembre de 2017, se solicitó el cierre de instrucción al haber concluido el desahogo de pruebas. Esta etapa, previa a la sentencia, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales del Estado de Oaxaca, no debía tardar más de una semana; sin embargo, le llevó al secretario de acuerdos Jesús Reynaldo Canseco más de 6 meses para acordarlo, siendo un ejemplo más de que su justicia ni es pronta ni expedita. Y una clara muestra de que este juzgado precedido por el juez Juan León Montiel, secretario de acuerdos Jesús Reynaldo Canseco y el ministerio público Porfirio Bernardino Sánchez, le sirve a una familia caciquil, que mantiene el control político más allá del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón.
A partir de la celebración de la audiencia final, es el juez Juan León Montiel, quién tiene la decisión de dejar en libertad al compañero Miguel, por ello es crucial que le exijamos, que no mantenga más su encierro, porque fuera de la línea política que pesa sobre él y los 7 presos más de Eloxochitlán, no hay una razón jurídica que lo sostenga.
Por ello, les hacemos un llamado para que realicen cartas exigiendo al juez, que la sentencia no demore y que por supuesto, sea de libertad. Les pedimos que las envíen al correo solidaridadelox@gmail.com para que puedan ser entregadas al juzgado antes de la audiencia final, fecha en que el juez dará por terminado el proceso e iniciará el tiempo para que dicte sentencia. Se estarán recibiendo hasta el 21 de julio.
Así mismo, les convocamos estar al tanto de la situación y que desde sus formas continúen exigiendo la libertad de Miguel y los presos de Eloxochitlán.
Que la solidaridad no sea sólo palabra escrita.
Abajo los muros de las prisiones!
Familiares y amigxs de los presos de Eloxochitlán de Flores Magón
Los Otros Abogodoz
Celebran familiares de los normalistas la valentía de los magistrados y agradecen a la CIDH por abrir caminos para la verdad.
Ciudad de México, 07 de junio de 2017. Ante la sentencia inapelable de un tribunal colegiado federal, que ordenó reponer la investigación del caso Iguala y generar una comisión investigadora especial, las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos le exigieron al titular del Poder Ejecutivo federal una señal de que cumplirá lo ordenado por los magistrados.
“Los 43 padres sabemos perfectamente que es el mismo gobierno que no nos ha dado respuesta durante cuatro años, pero es una oportunidad para el señor presidente de tener un poquito de dignidad y apoyar la nueva comisión”, sostuvo don Mario González, quien recordó que la sentencia es de obligatorio cumplimiento y acusó la actitud ambigua de la PGR al decir que no comparte el criterio del tribunal.
En conferencia de prensa, las familias resaltaron que la sentencia del tribunal nacional da la razón a lo que ellas han sostenido durante casi cuatro años y a los informes presentados por organismos internacionales. “Lo dijo el GIEI y lo corrieron, lo dijo la ONU y los maltrataron, ahora lo dice un tribunal mexicano con valentía: la teoría del basurero está sepultada”, sentenció la señora María Elena Guerrero.
Los representantes legales de los normalistas precisaron que la comisión ordenada por el tribunal colegiado es un mecanismo extraordinario de investigación que no quita a la PGR la potestad de investigar, pero sí establece la participación de víctimas, CNDH y organismos internacionales como controles externos para dar condiciones de independencia e imparcialidad, considerando el cúmulo de las irregularidades en el caso. Además, recordaron, el incumplimiento de lo ordenado por el tribunal podría generar responsabilidades penales para las autoridades omisas.
“La Comisión es una buena oportunidad para que regresen los expertos del GIEI, es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido”, demandó la señora Blanca Nava. Los representantes legales destacaron que la sentencia establece que la CNDH y las víctimas tienen la facultad de nombrar a quienes integrarán la comisión, y que expresamente se recomienda al GIEI.
Ante las dudas suscitadas en la opinión pública, el jurista Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, precisó que la comisión especial de investigación tiene pleno fundamento en el derecho internacional, “que también es parte de nuestro marco jurídico. Es falso que sea ilegal ordenar su creación”.
A pregunta expresa, las familias indicaron que la posible liberación de personas que participaron en hechos por violación al debido proceso es producto de deficiencias de la PGR y puede afectar su derecho a la verdad, por lo que pidieron que esa instancia adopte medidas para que no se pierda la información que esas personas pueden tener.
Las familias resaltaron la coincidencia entre el informe de la CIDH –que acusó falta de profundidad y resultados, así como lentitud en la investigación oficial- y la “devastadora” sentencia del tribunal, que señaló que la investigación de PGR carece de imparcialidad, independencia y autonomía, no ha sido eficaz y tiene sesgo hacia una teoría del caso sin asidero.
“Conocer la verdad es nuestro derecho, como dijo ayer la CIDH. El Estado está obligado a garantizarlo. Agradecemos a la comisionada Esmeralda, al comisionado Vargas y a todos los comisionados y comisionadas por acompañar nuestro caminar”, finalizó doña Cristina Bautista.
Cuetzalan del Progreso, Puebla a 2 de junio de 2018.
Desde julio de 2016 y hasta diciembre de 2017 ocurrieron ocho agresiones contra personas, comunidades u organizaciones defensoras del medio ambiente en Puebla, con lo que la entidad se ubicó como la segunda del país con más casos de este tipo, solo después del Estado de México donde hubo 10 ataques, según la el informe del Centro Mexicano de DerechoAmbientaldado a conocer en este año.
En lo que va de este año en el país al menos se han registrado el asesinato de 4 defensores de la tierra y el territorio. Guadalupe Campanur, el compañero Manuel Gaspar Rodríguez, Miguel Vázquez y el pasado miércoles, Adrián Tihuilit.
Ante la insistencia de instancias internacionales de derechos humanos en su preocupación por el papelque ha jugado el estado mexicano en cuanto al trato para con los defensores de derechos humanos, las autoridades mexicanas han sido omisas. No terminan de comprender las autoridades mexicanas en todos los niveles, que el ejercicio de los derechos humanos debe pasar de ser una mera declaración a la posibilidad de proporcionar un ambiente de libertad y de igualdad y cumplir con ellos con principio básico de garantizar la dignidad del ser humano a través de respetar ciertos derechos mínimos que le son reconocidos a los individuos en su sola condición de seres humanos.
La sierra norte del estado de Puebla es una de las más ricas en cuanto a diversidad bilógica y cultural del estado, a raíz de la reforma energética y de la política de despojo e imposición que han promovido las autoridades en su tres niveles de gobierno desde 2013, igualmente la sierra norte ha sido parte del estado más afectada en cuanto a concesiones mineras (equivalente al 28% del territorio poblano), proyectos hidroeléctricos (8 con algún tipo de permiso), fracking (10 mil 92 pozos proyectados) y otros proyectos de infraestructura para el desarrollo de empresas nacionales y extranjeras, según información de la organización PODER, (www.colaboratorio.org) y Jaime Patiño Ruíz, ex presidente de la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (http://www.e-consulta.com/nota/2017-08-24/sociedad/mas-de-10-mil-pozos-planean-perforar-con-fracking-en-puebla-denuncian).
Jessica Cerón Salinas tiene 28 años y está a punto de dar a luz. Es 13 de agosto de 2012 y su familia la espera para una fiesta en Cuernavaca. Es cumpleaños de su hermana, Lizbeth. Toda la familia, reunida por el festejo, está lista para recibir al bebé de Jessica, a quien han comenzado a llamar Max. En una última llamada telefónica, Jessica les informa que ya se dirigen a la reunión. Pero Jessica y Max no llegan a la fiesta. Desde ese día, su hermana Lizbeth, su madre Celia y toda la familia comienzan una búsqueda que no termina. Unas horas antes, otra joven morelense desaparece. Es Viridiana Anaid Morales Rodríguez, estudiante de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene 21 años y ha viajado con su esposo Roberto Altamirano López para festejar su primer aniversario de bodas en un campamento en el Estado de México. Pero Viridiana y Roberto tampoco vuelven.
Ríos de dolor materno empapan México. Miles de mujeres sin sus hijas e hijos pasan otro 10 mayo sin nada que celebrar. La tradición de antes llama a festejar nuestra ancestría y nuestra maternidad, pero la realidad genera una tradición nueva, la de hoy, una que nos empuja a recorrer calles, avenidas y plazas para no olvidar que, en tan solo una década, cientos de miles de personas han sido asesinadas y desaparecidas en nuestro país con absoluta impunidad. Quienes se reconocen como “madres del dolor” marchan en diez ciudades de los estados más heridos por la violencia incontrolable que nos golpea. En Cuernavaca, Morelos, decenas de familias se movilizan una vez más frente a la total indiferencia gubernamental. Aunque marchan con niñas y niños muy pequeños o en brazos, no hay un solo vehículo de tránsito que vigile su camino. Nadie las recibe en la Fiscalía General del Estado, nadie las escucha en las oficinas del palacio del gobernador Graco Ramírez Garrido.
En años recientes, el estado de Morelos ha visto crecer el horror de los crímenes y las desapariciones de la mano de la insensibilidad de sus instituciones. Las organizaciones civiles que destaparon los horrores cometidos en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, donde la Fiscalía General “volvió a asesinar” a sus familiares al arrojarlos “como basura”, insisten en que no se cumplen los protocolos mínimos de comportamiento humano frente a una persona fallecida. Y si esos protocolos no importan, las familias fracturadas importan menos.
Las madres, los niños y las niñas, los familiares jóvenes y ancianos que marcharon este 10 de mayo lo han intentado todo. Como si habitaran un mundo paralelo, se han organizado para aprender lo necesario y hacer el trabajo que las autoridades no realizan. Rastreo y hallazgo de fosas clandestinas, papeleo legal, investigación de expedientes, redacción de nuevas leyes, seguimiento de protocolos, llamados a la solidaridad, entrevistas y conferencias, relatos, gritos. Este día de las madres se visten de blanco y llevan las flores que debieron recibir. Reparten entre la gente que las acompaña un listado de consignas que se han ido ajustando a los tiempos que vivimos: “¿Dónde están, dónde están, nuestras hijas dónde están, nuestros hijos dónde están?” “Únete, únete que tu hija puede ser, que tu hijo puede ser” “¿Por qué los buscamos? Porque los amamos”. “Las madres en la calle no hay nadie que las calle”. Son las voces heridas de mujeres y familiares articulados en el Frente de Víctimas del Estado de Morelos, exigiendo “verdad, justicia, reparación y no repetición”.
Después de una larga caminata por la ciudad, un breve acto en la Plaza de Armas de Cuernavaca. Las familias y las madres se congregan en un memorial que es prueba irrefutable de la negligencia gubernamental. Colocan decenas de mantas y fotografías de quienes no están con ellas. Rodeadas por periodistas y grupos de apoyo, leen un boletín de prensa. Dicen que “los candidatos deberían tener en sus propuestas el tema de que le van a dar solución a las víctimas”, pero saben que no lo harán. “Creer, no creemos en nada”. Lo que las acerca a las autoridades, señalan, “es la esperanza”. Luego, el pase de lista de cada persona ausente, otra nueva tradición mexicana.
Entonces, los mariachis que no saben faltar, entonan lo mismo que están escuchando millones de madres en todo el país. Sólo que, aquí, Juanga y Denisse se sienten de otro modo. Cuando resuena el “tú eres la tristeza, ay, de mis ojos” la fortaleza de estas madres se vuelve llanto colectivo. Se acompañan, se abrazan y se identifican. Luego cada “guerrera invencible” se recupera y se retira para cumplir la promesa que llevan años gritando: “De norte a sur, de este a oeste, yo te encontraré cueste lo que cueste”.
A continuación, reproducimos audios con las palabras de madres, abuelas y hermanas de personas desaparecidas y asesinadas en Morelos en los últimos años, quienes explican cuál es su búsqueda y cómo se han organizado y articulado para caminar juntas:
Un niño enciende una vela por normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, SCLC, mayo de 2008. Foto: RZ.
Sin nada que celebrar este día de las madres, diversas organizaciones que buscan verdad y justicia para sus familiares desaparecidxs, secuestradxs, asesinadxs y encarceladxs realizarán movilizaciones de protesta en distintas ciudades de México el próximo jueves 10 de mayo de 2018. Aquí, algunas de las marchas difundidas en redes sociales:
En Coatzacoalcos, Veracruz, la marcha partirá a las 9:30 a.m. de las avenidas Ignacio Zaragoza y Nicolás Bravo para llegar al parque Independencia.
En el puerto de Veracruz, Veracruz, se reunirán a partir de las 17:00 horas en el Tranvía del Recuerdo para llegar a la Plaza de la Soberanía en el bulevar.
En Xalapa, Veracruz, el contingente saldrá a las 10:00 a.m. del Panteón Palo Verde con destino al Monumento de las Madres.
En Orizaba, Veracruz, habrá una caminata que partirá a las 15:00 horas de la plazoleta de Santa Gertrudis (Sur 43), recorrerá la calle Oriente 6 y llegará hasta el parque López. Al terminar la caminata, habrá una exposición fotográfica en la Galería Casa 243, donde madres que buscan a sus hijas y a sus hijos contarán sus historias de lucha.
En Culiacán, Sinaloa, se darán cita en la Catedral a las 9:00 a.m. para dirigirse a la Fiscalía General del Estado. Caminarán por las calles Ángel Flores, Rivapalacio y Teófilo Noris.
En Cuernavaca, Morelos, madres y familiares se reunirán a las 9:30 a.m. junto a la Fiscalía General del Estado (FGE) para marchar rumbo a la plaza central de Cuernavaca.
En Torreón, Coahuila, la marcha partirá a las 10:00 a.m. de la Fuente del Pensador de la Alameda Zaragoza, caminará hasta la Plaza Mayor y luego volverá al punto de partida.
En Morelia, Michoacán, partirán a las 10 a.m. de las instalaciones del cuartel militar en Av. Acueducto para dirigirse al Palacio de gobierno.
En Tijuana, Baja California, partirán a las 10 a.m. de la Glorieta Cuauhtémoc, Zona Río.
En la Ciudad de México, partirá una marcha del Monumento a la Madre a las 10 a.m. para dirigirse al Ángel de la Independencia. A las 11:00 a.m., madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se congregarán en la Procuraduría General de la República (PGR) con rumbo a la Secretaría de Gobernación.
Bajo los lemas de “Una madre nunca olvida”, “Hasta encontrarlos” o “Nuestros hijos, ¿dónde están?”, las madres invitan a unirse a estas marchas y piden “que nos acompañen para hacer visible que no es un día de festejo, sino más bien un día de dolor”.
A 8 meses de la huelga de hambre de enfermeras que evidenciaron la corrupción y crisis en el sistema de salud, el gobierno de Chiapas criminaliza a Jesús Espinoza de los Santos y a quienes defienden los derechos de expresión, manifestación, laborales y de salud.
Enfermeras anuncian posible tercera huelga de hambre si el gobierno del Estado de Chiapas no cumple los acuerdos firmados en mayo de 2017.
