justicia
Pronunciamiento Conjunto. Sobre la situación de violencia generalizada en Pantelhó y la crisis de desplazamiento forzado interno
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
a 15 de julio de 2021
Organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil el 10 de julio de 2021 realizamos una misión de observación de derechos humanos en el municipio de Chenalhó, Chiapas, documentamos la situación de violaciones a los derechos humanos derivada de los impactos de la violencia suscitada durante los últimos días en los municipios de Pantelhó y los límites de Chenalhó.
Durante los últimos años, la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio ha impedido el mantenimiento de la paz dentro de las comunidades. Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica.
Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego, estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales.
La ausencia del Estado y su falta de atención ante el aumento de la violencia hace que los pueblos vean a las autoridades más como partes del problema que de la solución, ello aunado a altos niveles de corrupción e impunidad en el Estado. Cabe destacar que es un hecho que para garantizar la construcción de la paz de manera sostenible es fundamental la voluntad y el compromiso real de todos los actores involucrados.
A partir de las visitas que realizamos en la misión de observación de derechos humanos escuchamos los testimonios de las familias y el sufrimiento por el que están pasando fuera de sus comunidades. Según los datos con los que contamos hasta el momento son aproximadamente 3205 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, ancianas, ancianos, niñas y niños, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.
Estas víctimas de desplazamiento forzado han enfatizado durante la misión: “Tenemos miedo y estamos preocupados por nuestras vidas y la de nuestros familiares”. Así, el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región.
Se ha podido constatar que, ante la falta de actuación del Estado de instalar albergues y un mecanismo de atención integral a desplazados, la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, impulsaron campamentos para atender la grave crisis humanitaria. Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión.
Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia.
Es necesario y urgente garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.
Identificamos un riesgo alto de inseguridad alimentaria pues las familias desplazadas dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación y se encuentran en un riesgo alto de perder su cosecha si no retornan pronto a sus comunidades. Existe preocupación por el abandono en el que se encuentran los cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales. Dichos cultivos están en desarrollo y, si no se atienden, se perderá la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año. Lo mismo ocurrirá con los animales que no se están alimentando y morirán de hambre, vulnerando de esta manera la sustento de la vida comunitaria y salud de las familias. Esta situación llevará a agravar aún más la crisis alimentaria imperante desde el COVID-19.
Durante la visita, las principales enfermedades identificadas fueron casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres. Estos padecimientos pueden complicarse en personas con un estado nutricional inadecuado y en menores de 5 años, poniendo en riesgo su vida por complicaciones como la neumonía y la insuficiencia respiratoria. Se identificaron afectaciones a la salud mental de la población: llanto, tristeza y ansiedad.
Las condiciones de hacinamiento, la infraestructura de saneamiento insuficiente y la escasez de agua representan un riesgo muy alto para el aumento de enfermedades infecciosas y diarreicas que, en niños y niñas menores de 5 años, puede ser mortal si no se asegura su adecuado estado de hidratación.
También documentamos que dos mujeres dieron a luz en la montaña, mientras huían de sus comunidades. Es urgente asegurar que tanto ellas, como sus bebés, se encuentran fuera de peligro. Las familias han sido separadas y se reportan al menos dos menores desaparecidos en la montaña.
Adicionalmente, las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19.
Por tal situación, las organizaciones que emitimos este pronunciamiento exigimos a los gobiernos federal y estatal una atención integral ante la emergencia humanitaria de los desplazamientos forzados en acciones con pertinencia cultural; se propicie el retorno pronto y seguro a las comunidades con una acción planificada de reintegración comunitaria y, por último, se atienda a las causas estructurales de la violencia que posibilite el seguir construyendo condiciones para que la Paz y la Justicia sean una realidad en el territorio de Pantelhó, Chenalhó y de los Altos de Chiapas.
Todas estas peticiones se realicen de acuerdo al marco nacional e internacional de protección de derechos humanos conformado, entre otros, por: los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de Las Naciones Unidas, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobres los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley para la Atención de los Desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas, así como las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)
Médicos del Mundo Suiza
Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria A.C. (CORECO)
Desarrollo Económico y Social De Los Mexicanos Indígenas (DESMI)
Con el acompañamiento internacional del Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ)
Costa Rica: casi un centenar de agresiones contra recuperador@s de tierras en 2020
Por Sare Frabes
En portada: Acción para exigir justicia por el asesinato de Sergio Rojas ocurrido en 2019.
Integrantes de distintos pueblos originarios, partícipes de procesos de recuperación de tierras en la región sur del país, denunciaron que solo en el año 2020 registraron 86 agresiones en su contra.
Estos datos se desprenden del Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica; Enero – Diciembre 2020, presentado la semana pasada.
El documento señala el amedrentamiento y hostigamiento de finqueros, peones y otros actores, invasiones a recuperaciones, amenazas de muerte, incendios provocados y el ingreso de ganado a recuperaciones, todas acciones que forman parte de las agresiones y ataques que sufrieron los pobladores indígenas de la zona sur de Costa Rica.
Menores en frecuencia, pero no menos graves se encuentran el homicidio y el intento de homicidio. El 2020 atestiguó el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, segundo líder indígena asesinado en menos de un año, después del homicidio de Sergio Ortíz.
El informe también denuncia el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Tubolwak, quien sobrevivió a un intento de homicidio en su contra.
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El informe contextualiza el escenario en el cual se incrementaron las agresiones. Este responde al reinicio de procesos de de recuperación de tierras-territorios por parte de los pueblos originarios de la zona sur, acciones que además cuentan con sustento legal derivado de la Ley Indígena, incumplida desde 1977.
Por ello, hace 10 años el pueblo Bribri de Salitre realizó una serie de recuperaciones de tierras dentro de su territorio, las cuales habían sido usurpadas y explotadas por terratenientes no indígenas. Con el transcurso de los años, estas recuperaciones de tierras-territorios son realizadas por más pueblos, tales como el Bribri Iríria Sá Ká (conocido como Cabagra), Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Yimba Cajc (conocido como Curré).
“Estos 10 años de resistencia directa han sido respondidos con violencia racista, patriarcal y colonial por parte de los terratenientes, cuyas fincas fueron recuperadas o por quienes se han visto amenazados con una recuperación de sus fincas. Así, los Territorios Indígenas han sido el escenario de un choque directo de visiones del mundo: la de los Pueblos Originarios y la de los terratenientes”, señala el informe.
Por su parte, días antes a la presentación del informe, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) señaló la campaña racista y de odio contra el Movimiento Autonomista y de Recuperación de Tierras Indígenas en Buenos Aires.
“En la medida que el proceso de Afirmación territorial se fortalece y aumenta, también ha crecido la violencia, en sus métodos y en sus autores intelectuales, físicos, directos e indirectos, así como sus cómplices y acompañantes”, denunció la organización indígena.
De acuerdo a la organización indígena, este señalamiento se da en un contexto de violencia racista, la cual señalan como responsable por la promoción de agresiones y el abierto llamado para atacar las comunidades y desalojarlas, así sea mediante el asesinato de l@s recuperadores.
Debido al riesgo para las comunidades indígenas, desde abril del 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar para obligar al estado de Costa Rica el “garantizar la vida y la integridad personal del pueblo indígena Teribe (o Térraba) y del Bribri de Salitre”.
No obstante, el promedio de agresiones contra las comunidades durante el año 2020 fue de mas de 7 ataques por mes.
Las agresiones
Para la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), el informe proviene de la necesidad de construcción de la memoria colectiva y popular y para enunciar los procesos de denuncia y exigencia de justicia para las comunidades originarias.
“El informe responde a un esfuerzo minucioso, veraz y serio de parte de todas las organizaciones que forman parte de la CLSS (…) y pretende ser un grito de justicia. A través de la sistematización y la construcción de datos duros se evidencia el alto riesgo en el que se encuentran los Pueblos Originarios”, compartió Nery Chaves García, autora del informe, durante la presentación del documento.
Entre los datos que resaltaron durante la presentación del informe se encuentra que, en 24 casos de violencia contra l@s recuperadores, están involucrados agentes de la Fuerza Pública.
Un ejemplo es lo ocurrido el 4 de octubre del 2020, cuando “la Fuerza Pública presente en Yuwi Senaglö realizó un operativo en condiciones extrañas y que evidencia un ataque del ente policial contra las personas cabécares que se encuentran en el terreno recuperado desde el pasado 28 de septiembre”.
Entre las agresiones de los elementos policiacos se encuentran el arresto, así como el abuso de autoridad en contra de l@s recuperadores indígenas. También, el informe enfatiza que actualmente existen 14 personas de pueblos originarios amenazadas de muerte.
Los datos consignados en el documento fueron recolectados mediante un monitoreo de agresiones que realiza la CLSS, la cual trabajó junto con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y Asociación Voces Nuestras.
También se utilizó información brindada por diversos grupos y comunidades que son parte de procesos de recuperación de tierra– territorio en la zona sur de Costa Rica.
“A través de esta sistematización y clasificación, fue posible identificar los picos de violencia durante el 2020, las principales formas de agresión contra los Pueblos, la frecuencia en cada uno de los Territorios Indígenas y los actores más importantes en las agresiones. Estos datos pretenden aportar a la discusión política del conflicto existente en los Territorios Indígenas de la Zona Sur, pero sobre todo a demostrar evidencia popular y organizativa del profundo riesgo que acecha a los Pueblos Originarios”, resaltaron durante la presentación del documento.
Finalmente, Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, señaló que todos los crímenes realizados por particulares, así como las violaciones a los Derechos Humanos en los que incurrió el Estado de Costa Rica, hasta en la actualidad se encuentran impunes.
