En portada: Misión de observación visitó tres albergues y contabilizó mas de 3 mil desplazados por la violencia del crimen en Pantelhó y Chenalhó. Foto del CDH Frayba

Más de tres mil personas, en su mayoría mujeres, ancian@s y niñ@s se encuentran en situación de desplazamiento forzado tras la continuación de sucesos violentos en el municipio de Pantelhó y los límites de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas.

Así lo informaron organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes realizaron una misión de observación el pasado sábado (10). Según registraron, las familias desplazadas se encuentran entre los municipios vecinos de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y San Juan Cancuc.

De acuerdo a los testimonios recogidos por organismos de la sociedad civil, nacionales e internacionales, las víctimas del desplazamiento enfatizan tener miedo y preocupación por sus vidas y las de sus familiares, pues “el hecho de haberse visto forzadas a salir de sus casas no elimina el riesgo al que se encuentran expuestas, pues temen ser perseguidas y atacadas por sus agresores que siguen presentes y operando en la región”.

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Las organizaciones enfatizan también la falta de actuación del Estado ante la contingencia, pues no ha instalado suficientes albergues ni tampoco ha implementado un mecanismo de atención integral a desplazad@s, puesto que ha sido la sociedad civil, el pueblo creyente y las iglesias, quienes han reaccionado para atender la grave crisis humanitaria.

“Cabe destacar que dentro de las víctimas de desplazamiento se encuentran personas defensoras de derechos humanos como la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quienes han sufrido amenazas constantes por su labor a favor de la paz y la no violencia”, enfatizan las organizaciones que visitaron la región.

Según la comunicación, preocupa el alto riesgo de inseguridad alimentaria para las familias desplazadas. Tanto porque dependen totalmente de la ayuda externa para su alimentación, como por el abandono de sus cultivos de milpa, frijolar, traspatios y cafetales, los cuales de no atenderse representarían la pérdida de la producción de granos básicos para la alimentación de al menos, un año.

Esta situación agrava aún más la crisis alimentaria imperante desde la pandemia del COVID-19.

“Preocupa el aislamiento en el que se encuentran estos campamentos ya que la falta de señal telefónica aumenta su situación de riesgo frente a una probable agresión”, denuncian las organizaciones defensoras.

Por lo mismo, hacen un llamado urgente para garantizar las necesidades básicas de alimentos, sobre todo: maíz, frijol, arroz, chayotes, papas, sal; así como de productos de higiene: jabón, toallas femeninas, pañales, etc., para sostener a las familias, así como el abastecimiento de leña para la cocción de alimentos en los campamentos de desplazados.

Durante su visita, las organizaciones atestiguaron que las principales enfermedades en los campamentos son casos de diarreas, deshidratación aguda, enfermedades respiratorias y fiebres, lo cual pone en particular riesgo a menores de cinco años.

También identificaron afectaciones a la salud mental de la población, tales como tristeza y ansiedad.

“Las condiciones actuales de hacinamiento y falta de privacidad representan un riesgo para la salud física y mental, para la violencia de género y para la aparición de casos de COVID-19”, sintetiza el documento difundido este jueves (15).

Autoridades locales exigen renuncia de alcaldesa y presidente electo

El mismo sábado (10), mediante reunión entre autoridades locales y representantes de 66 de las 85 comunidades que integran el municipio de Pantelhó, habitantes exigieron la renuncia de la presidenta Dayli Wendy Lorena López Gochez, así como también del presidente electo, su esposo, Raquel Trujillo Morales, por encabezar a los grupos delictivos que operan en la región.

En la reunión, agentes municipales, comisariados ejidales y representantes religiosos desmintieron la versión difundida por Trujillo Morales, quien en entrevista aseguró mantener el respaldo de las 85 comunidades.

“Es totalmente falso que están formando grupos paramilitares y que están encabezados por el padre Marcelo Pérez Pérez, y por personas de la comunidad San José Terceros, ya que no existe tal grupo”, enfatizaron también sobre la criminalización de parte del alcalde electo contra el párroco, quien es conocido entre la población por denunciar las actividades criminales en los Altos de Chiapas.

El comunicado, firmado por las autoridades rurales municipales reunidas en la comunidad San José Tercero, enfatiza su preocupación por “el crimen organizado que ‘SÍ’ está encabezado por Austreberto Herrera Abarca”, a quien señalan como responsable de la violencia, junto a la presidenta actual, el presidente electo y bajo la protección del PRD, sus dirigentes y diputados.

Por último, aclararon que sí es verdad el surgimiento de “Autodefenzas del Pueblo de Pantelhó ante la presencia del crimen organizado y por la ausencia total del gobierno federal y estatal”.

Por su parte, la misión de observación que visitó la región enfatiza que la principal razón que ha impedido la paz dentro de las comunidades es la presencia de grupos criminales que buscan el control del territorio.

“Aunado a ello se encuentra la violencia estructural que se vive en el Estado de Chiapas, que ha llevado a los pueblos a generar procesos organizativos que tienen el objetivo de hacer frente al contexto de injusticia histórica”, señala el documento.

Por lo menos de marzo de 2021 al 05 de julio se han registrado 12 personas asesinadas (entre ellas un niño y la ejecución de Simón Pedro Pérez López), una persona desaparecida y una mujer y un niño herido con arma de fuego. De acuerdo a las organizaciones defensoras de derechos humanos, “estos hechos han sido perpetrados por un grupo criminal de Pantelhó vinculado a funcionarios públicos municipales”.

Cabe señalar que después de nueve días del asesinato de Simón Pedro Pérez López, la Fiscalía General del Estado de Chiapas dio a conocer la tarde de este miércoles (14) la captura de Hugo Rolando “N”, presunto responsable por el asesinato, quien fue trasladado a la capital para determinar su situación jurídica.

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Mientras, aún con la presencia de efectivos policiacos y militares, continúa el desplazamiento forzado de familias enteras, debido al temor de más enfrentamientos violentos.

En portada: Acción para exigir justicia por el asesinato de Sergio Rojas ocurrido en 2019.

Integrantes de distintos pueblos originarios, partícipes de procesos de recuperación de tierras en la región sur del país, denunciaron que solo en el año 2020 registraron 86 agresiones en su contra.

Estos datos se desprenden del Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica; Enero – Diciembre 2020, presentado la semana pasada.

El documento señala el amedrentamiento y hostigamiento de finqueros, peones y otros actores, invasiones a recuperaciones, amenazas de muerte, incendios provocados y el ingreso de ganado a recuperaciones, todas acciones que forman parte de las agresiones y ataques que sufrieron los pobladores indígenas de la zona sur de Costa Rica.

Menores en frecuencia, pero no menos graves se encuentran el homicidio y el intento de homicidio. El 2020 atestiguó el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, segundo líder indígena asesinado en menos de un año, después del homicidio de Sergio Ortíz.

El informe también denuncia el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Tubolwak, quien sobrevivió a un intento de homicidio en su contra.

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El informe contextualiza el escenario en el cual se incrementaron las agresiones. Este responde al reinicio de procesos de de recuperación de tierras-territorios por parte de los pueblos originarios de la zona sur, acciones que además cuentan con sustento legal derivado de la Ley Indígena, incumplida desde 1977.

Por ello, hace 10 años el pueblo Bribri de Salitre realizó una serie de recuperaciones de tierras dentro de su territorio, las cuales habían sido usurpadas y explotadas por terratenientes no indígenas. Con el transcurso de los años, estas recuperaciones de tierras-territorios son realizadas por más pueblos, tales como el Bribri Iríria Sá Ká (conocido como Cabagra), Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Yimba Cajc (conocido como Curré).

“Estos 10 años de resistencia directa han sido respondidos con violencia racista, patriarcal y colonial por parte de los terratenientes, cuyas fincas fueron recuperadas o por quienes se han visto amenazados con una recuperación de sus fincas. Así, los Territorios Indígenas han sido el escenario de un choque directo de visiones del mundo: la de los Pueblos Originarios y la de los terratenientes”, señala el informe.

Por su parte, días antes a la presentación del informe, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) señaló la campaña racista y de odio contra el Movimiento Autonomista y de Recuperación de Tierras Indígenas en Buenos Aires.

“En la medida que el proceso de Afirmación territorial se fortalece y aumenta, también ha crecido la violencia, en sus métodos y en sus autores intelectuales, físicos, directos e indirectos, así como sus cómplices y acompañantes”, denunció la organización indígena.

De acuerdo a la organización indígena, este señalamiento se da en un contexto de violencia racista, la cual señalan como responsable por la promoción de agresiones y el abierto llamado para atacar las comunidades y desalojarlas, así sea mediante el asesinato de l@s recuperadores.

Debido al riesgo para las comunidades indígenas, desde abril del 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar para obligar al estado de Costa Rica el “garantizar la vida y la integridad personal del pueblo indígena Teribe (o Térraba) y del Bribri de Salitre”.

No obstante, el promedio de agresiones contra las comunidades durante el año 2020 fue de mas de 7 ataques por mes.

Las agresiones

Para la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), el informe proviene de la necesidad de construcción de la memoria colectiva y popular y para enunciar los procesos de denuncia y exigencia de justicia para las comunidades originarias.

“El informe responde a un esfuerzo minucioso, veraz y serio de parte de todas las organizaciones que forman parte de la CLSS (…) y pretende ser un grito de justicia. A través de la sistematización y la construcción de datos duros se evidencia el alto riesgo en el que se encuentran los Pueblos Originarios”, compartió Nery Chaves García, autora del informe, durante la presentación del documento.

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Entre los datos que resaltaron durante la presentación del informe se encuentra que, en 24 casos de violencia contra l@s recuperadores, están involucrados agentes de la Fuerza Pública.

Un ejemplo es lo ocurrido el 4 de octubre del 2020, cuando “la Fuerza Pública presente en Yuwi Senaglö realizó un operativo en condiciones extrañas y que evidencia un ataque del ente policial contra las personas cabécares que se encuentran en el terreno recuperado desde el pasado 28 de septiembre”.

Entre las agresiones de los elementos policiacos se encuentran el arresto, así como el abuso de autoridad en contra de l@s recuperadores indígenas. También, el informe enfatiza que actualmente existen 14 personas de pueblos originarios amenazadas de muerte.

Los datos consignados en el documento fueron recolectados mediante un monitoreo de agresiones que realiza la CLSS, la cual trabajó junto con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y Asociación Voces Nuestras.

También se utilizó información brindada por diversos grupos y comunidades que son parte de procesos de recuperación de tierra– territorio en la zona sur de Costa Rica.

“A través de esta sistematización y clasificación, fue posible identificar los picos de violencia durante el 2020, las principales formas de agresión contra los Pueblos, la frecuencia en cada uno de los Territorios Indígenas y los actores más importantes en las agresiones. Estos datos pretenden aportar a la discusión política del conflicto existente en los Territorios Indígenas de la Zona Sur, pero sobre todo a demostrar evidencia popular y organizativa del profundo riesgo que acecha a los Pueblos Originarios”, resaltaron durante la presentación del documento.

Finalmente, Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, señaló que todos los crímenes realizados por particulares, así como las violaciones a los Derechos Humanos en los que incurrió el Estado de Costa Rica, hasta en la actualidad se encuentran impunes.

En el municipio de Tepixtepec, Veracruz, campesinos denunciaron agresiones por parte de elementos armados de la Marina, Fuerza Civil y Guardia Nacional para la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

Acorde a un comunicado difundido este martes (13), el pasado 8 de julio, los cuerpos de seguridad invadieron un predio de más de 140 hectáreas con la intención de desalojar las viviendas y a sus habitantes, pese a no contar con ninguna orden judicial.

“Machetean las casitas que estaban ahí de palos. Le prenden fuego a una que estaba hecha de lona, le prenden fuego a unas cosechas que estaban por ahí”, compartió Ramón García, abogado de los posesionarios legales del terreno, quienes acusan despojo por parte del gobierno federal.

L@s campesinos señalaron que los elementos armados entraron realizando disparos al aire con la intención de provocar terror entre los campesinos, quienes desde hace más de 30 años posesionaron estas tierras a la altura del kilómetro 18 de la autopista Minatitlán-Acayucan.

En el comunicado difundido, los afectados señalan que el plan del actual gobierno es generar la cultura del terrorismo de Estado “que ha sido una constante igualada con los anteriores representantes del gobierno”.

Días antes del ataque, estas mismas tierras fueron anunciadas por la administración federal como parte de uno de los 10 sitios que albergarán los denominados “polos de desarrollo del bienestar”, espacios que integran el “ecosistema de producción industrial” del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

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Mediante video proyectado durante la conferencia matutina de la presidencia el pasado 5 de julio, la administración federal anunció que el Programa Istmo ha formalizado la tenencia de la tierra en cuatro municipios, uno en Oaxaca y tres más en Veracruz.

“En coordinación con dependencias federales se elaboran los estudios y proyectos necesarios para su habilitación y la dotación de servicios básicos para la industria”, detalló el video presentado en la conferencia.

Uno de los polos anunciados se encuentra en Tepixtepec, en las tierras atacadas tres días después por los elementos policiacos y militares.

Sin embargo, para los campesinos, ese predio es el lugar donde desarrollan su vida campesina sembrando maíz, frijol, y otros alimentos de la tierra que sirven para el sustento de sus familias.

Además, enfatizan que cuentan con una sentencia de jurisdicción voluntaria emitido por un Juez mediante la cual se reconoce su propiedad sobre el predio. “Pero ahí en el registro público de propiedad de Acayucan, pues desapareció el folio”, lamenta el abogado García sobre las distintas irregularidades que han encontrado l@s campesinos para hacer valer su posesión legal.

¿Diálogo o represión?

“Nos daban 30 días para desalojar”, recuerda el abogado García cuando en mayo del año 2020 se les notificó la acción de compra-venta de sus tierras por parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En aquel momento, García se encontraba en el proceso para legalizar la posesión del predio por parte de los campesinos, trámite interrumpido por las medidas sanitarias implementadas ante la pandemia por la Covid-19.

Además, l@s campesinos señalan que a partir del anuncio de compra-venta del predio, elementos de las Fuerzas Armadas comenzaron a rondar en las proximidades del terreno. También denunciaron a elementos civiles armados dentro de sus tierras.

Por ello, l@s campesinos contactaron a las oficinas del CIIT, con lo cual consiguieron agendar una reunión el pasado 2 de julio con Irma Ruth Lara Gallegos, representante legal del organismo responsable por la implementación del Programa Istmo.

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“En el enterado de esa reunión es que íbamos a estar tranquilos, en son de paz y que íbamos hacer trabajos técnicos para ver si estábamos en la posesión”, rememora García. No obstante, tres días después vino el anuncio de la conferencia presidencial y para el 8 de julio sucedió el ataque.

“(Lo) tomamos como una traición lo que nos hizo el Corredor Interoceánico”, señala el abogado de l@s campesinos afectados.

Según García, para l@s campesinos en ese momento fue claro que el gobierno federal responde a la presión de los empresarios, sobre todo trasnacionales, quienes desean certeza legal para sus inversiones en el Corredor Interoceánico.

“Entonces, tú tienes que sacar como gobierno de México: ‘Ya tengo mis cinco polos’, pero ¿Qué pasa? Unos días antes llegó un abogado a Palacio Nacional a decir, oye estamos en posesión y le compraste a un huachicolero. (Con el desalojo) lo que tienen que ir a decir es que ya está todo tranquilo”, afirma el abogado.

Negocios con delincuentes

Además de la agresión denunciada por l@s campesinos, también existe el señalamiento de que el CIIT realizó la compra de los terrenos con una persona dedicada a actividades ilícitas.

“Ricardo Cano Trueba nos ha violentado durante todo nuestro tiempo de posesionarios que llevamos en el predio. Así mismo denunciábamos que el C. Ricardo Cano Trueba junto con el alcalde de Texistepec han venido usando esos predios para el aprovechamiento del ‘Huachicol’ y que siempre han mantenido una vigilancia armada rondando por nuestra posesión”, enfatiza el comunicado.

Para l@s campesinos es evidente la actuación entre las fuerzas policiacas y militares con la delincuencia para amedrentarles.

“En los predios siempre ha habido gente civil armada, los que trabajan para el ‘huachicol’ están ahí. Cuando están trabajando andan en camionetas, en caballo, armados, pero justamente, obviamente, está todo preparado cuando llegan ellos, nada mas llegan los elementos oficiales”, relata el abogado García sobre la relación entre los distintos grupos para llevar a cabo el ataque.

Por último, l@s denunciantes responsabilizan de su seguridad, vida y cualquier otra afectación sobre sus posesiones al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Veracruz y al presidente municipal de Texistepec.

A la denuncia también se adhirieron más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos.

En portada: Simón Pedro Pérez López (centro) durante ceremonia en Acteal. Fue asesinado el 5 de julio pasado por su labor en defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Foto de Luis Enrique Aguilar

Durante la primera mitad de la administración de Andrés Manuel López Obrador se han registrado 56 asesinatos de activistas en México. Entre las víctimas se encuentran defensor@s del medioambiente, el territorio, los derechos de la comunidad LGTBI+ y pueblos indígenas.

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De acuerdo a registros de la organización Frontline Defenders, durante el año 2019 el saldo fue de 24 defensor@s de derechos humanos asesinad@s y durante el 2020 se suscitaron otros 20 homicidios.

Estos casos se suman al registro de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), institución que contabiliza 12 activistas asesinados durante los primeros seis meses del año en curso.

No obstante, los homicidios del 2021 podrían ser mayores. Registros de organizaciones no gubernamentales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y la plataforma de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional arrojan un saldo de 19 víctimas mortales en lo que va del año.

“Hoy en día México es uno de los países mas letales para la defensa de los derechos humanos”, señaló Sandra Patargo, representante en México de la organización Frontline Defenders, para entrevista a medios nacionales.

Por su parte, la misma organización, así como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos (ONU-DH) señalaron que existen casos que no han sido denunciados ni a las autoridades, ni públicamente debido al riesgo que implica para otr@s defensor@s de los derechos humanos.

Los asesinatos de este 2021 ocurrieron en estados como Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sonora, Oaxaca y Colima.

Otros organizaciones como la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) han documentado que las agresiones ocurridas en los años 2019-2020 fueron ejecutadas principalmente por agentes del Estado, empresas y crimen organizados, estos últimos en colusión con las autoridades de diferentes niveles.

En portada: Familias del municipio de Pantelhó abandonan sus hogares ante el incremento de la violencia en la región. Foto por CDH Frayba

Desde el pasado miércoles (7) se han suscitado enfrentamientos armados entre grupos de autodefensas comunitarias y células del crimen organizado en la cabecera municipal de Pantelhó, informó la asociación civil Cáritas, perteneciente a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Así mismo, denunció que las balaceras se han extendido en la región de los Altos de Chiapas hacia comunidades del municipio vecino de Chenalhó, enmarcadas en la espiral de violencia que azota la región desde ya varios años.

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“Se habla de 26 muertos, 40 heridos, lo cierto es que la Cabecera de Pantelhó ha permanecido incomunicada, y un número indeterminado de desplazados de ambos municipios que podrían llegar hasta más de 2,000”, contextualiza Cáritas sobre el saldo de los enfrentamientos.

De acuerdo al comunicado de la asociación religiosa, las familias desplazadas se han trasladado a distintos puntos de la región, entre ellos la ciudad de San Cristóbal de las Casas, aunque la mayoría se ha refugiado en comunidades de los municipios vecinos y en la parroquia de Chenalhó, donde existen cinco centros de atención a desplazados.

Por su parte, mediante pronunciamiento conjunto, personas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional exigieron justicia para Simón Pedro Pérez López, expresidente de la Mesa Directiva de la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal e integrante del Congreso Nacional Indígena, quien fuera asesinado el pasado lunes (5).

En dicho pronunciamiento, las organizaciones denuncian que las incursiones del grupo criminal han sido acompañadas por elementos de la policía municipal y estatal. A su vez, reafirman que la operación del grupo criminal en Pantelhó forma parte de las estructuras del poder municipal y actualmente están vinculados al Partido de la Revolución Democrática (PRD) que gobierna el municipio.

“Por su parte la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) tiene conocimiento de la situación, ya que varios pobladores del municipio de Pantelhó han presentado denuncias por hechos de violencia perpetrados por grupos criminales y su vínculo con las autoridades del municipio. La Fiscalía ha sido omisa y poco diligente para realizar las investigaciones y acercar la justicia a las víctimas de esta violencia”.

Un ejemplo de la complicidad de las autoridades con la estructura criminal es la denuncia de que el pasado 6 de junio, durante la jornada electoral, testimonios denunciaron que los vehículos de la Guardia Nacional fueron conducidos por integrantes del grupo delictivo.

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La Diócesis de San Cristóbal de Las Casas también ha denunciado la reactivación de “las fuerzas que mutaron de paramilitares a crimen organizado aliados al narco gobierno que han invadido nuestro estado para controlar la resistencia de los pueblos organizados que defienden su autonomía”.

Actualmente son al menos 19 comunidades de los municipios de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó las cuales se encuentran en un nivel máximo de riesgo ante la operación del grupo criminal.

“Hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores viven con miedo y terror debido a la amenaza que han recibido por parte de las personas vinculadas al crimen. La vida de quienes denuncian está en riesgo”, señala el pronunciamiento difundido la tarde de este jueves (8).

En el mismo documento explican que, debido a la nula actuación de los gobiernos federal y estatal para garantizar y proteger la vida, seguridad e integridad personal de la población, grupos de pobladores se organizaron para la defensa de la población atacada por la estructura criminal.

También enfatizaron la criminalización de dicho grupo, denominado Defensores del Pueblo, pues han sido señalados por la prensa local y nacional como otro grupo delincuencial renombrado como “los Ciriles”.

Según su documentación, el grupo criminal apoyado por la estructura municipal y policiaca “ha crecido en poder basado en los pactos de impunidad institucionales de los gobiernos, aunado a la complicidad y omisión, lo que configura aquiescencia del Estado perpetrando violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, denuncia el pronunciamiento.

Cabe resaltar que el día martes (6) se encontraron dos artefactos explosivos de manufactura casera en la comunidad Nuevo Israelita, población donde vivía Simón Pedro Pérez López.

Según testimonios de los pobladores, las casas donde encontraron los explosivos pertenecían al grupo criminal señalado como responsable por el asesinato del defensor e integrante de Las Abejas de Acteal. Acorde a la denuncia del pronunciamiento, hasta la tarde del jueves (8) dichos artefactos no habían sido desactivados, lo cual representa un riesgo para la población local.

Por último, las organizaciones señalan que cuentan con información de actos de intimidación, vigilancia y amenazas del grupo criminal “a personas que no se han quedado calladas ante esta situación, como lo son las y los integrantes de la Organización de La Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, así como las servidoras y servidores de la Parroquia de Santa Catarina Pantelhó, que abarca comunidades de Pantelhó, Simojovel y Chenalhó, por lo que tememos por su vida, integridad y seguridad personal. Hacemos responsable al Estado mexicano de cualquier agresión hacia ellas y ellos”.

Al cierre de esta edición, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó sobre la presencia del crimen organizado y el inminente riesgo de un ataque armado contra 120 personas desplazadas, integrantes de Las Abejas de Acteal, quienes se encuentran refugiadas en la sede de dicha organización.

En México, durante la primera mitad del 2021, 14 personas indígenas han sido asesinadas como represalia por su participación en procesos para la defensa de sus derechos, tierra y territorios.

De acuerdo a registros de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos crímenes han ocurrido en los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Sonora.

Mediante pronunciamiento público, las organizaciones que forman parte de la iniciativa recalcaron que las consecuencias de dicha violencia en comunidades indígenas tienen un fuerte impacto colectivo, no solo a las familias de las personas que han sido asesinadas, sino a las comunidades en su conjunto.

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“La defensa de sus derechos depende de su cohesión como pueblos, de sus asambleas e instancias de decisión comunitaria. La forma como la violencia ha irrumpido en sus territorios lastima fuertemente el tejido social y la vida que depende de ello”, enfatiza el pronunciamiento.

También señalaron la inacción de los diferentes niveles del Estado mexicano, lo cual impide la realización de investigaciones sobre los responsables de las agresiones, así como la falta de justicia y la implementación de medidas de no repetición hacia l@s sobrevivientes, las familias y comunidades.

El caso más reciente es el asesinato del ex presidente de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, ocurrido el pasado lunes (5) en el municipio de Simojovel.

Chiapas, violencia desbordada

Recientemente, debido a su trabajo como defensor de derechos humanos, Pérez López había participado como enlace para realizar denuncias sobre la operación de grupos vinculados al crimen organizado y al narcotráfico en el municipio de Pantelhó y en los Altos de Chiapas.

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En entrevista para medios locales, Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel y director de la Pastoral Social de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, detalló que debido al activismo de Pérez López, los pobladores de Pantelhó le solicitaron su colaboración para realizar un llamado de auxilio a las autoridades estatales con la finalidad de detener el acoso y violencia de los grupos criminales.

Por ello, el 26 de junio se entregó un documento a la la Secretaria General de Gobierno del estado de Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez, donde se detalla la denuncia de los pobladores de Pantelhó quienes señalan existen vínculos entre las autoridades municipales, tanto actuales como electas recientemente, con los grupos armados que participan en la distribución de drogas, venta de armas y otras actividades ilícitas.

En la carta, se denuncia a los responsables de los grupos armados y su relación con Raquel Trujillo Morales, recién electo para ocupar la presidencia municipal con el respaldo del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Además, el documento señala que durante los últimos tres años dichos grupos criminales son responsables por el asesinato de 11 personas, así como también por el desplazamiento de familias de mas de 10 comunidades del municipio.

Nueve días después, Simón Pedro Pérez López fue asesinado.

“La muerte de Simón Pedro es consecuencia de la injusticia, del narcoayuntamiento, del narcotráfico, del crimen organizado en Pantelhó”, sentenció el párroco Marcelo Pérez durante la ceremonia de velación de su cuerpo.

Desde la mañana de este miércoles (7) se han registrado hechos violentos en múltiples puntos de Pantelhó. Reportes en redes sociales mencionan el actuar de grupos con armas de grueso calibre y explosivos quienes tomaron caminos y catearon viviendas en la cabecera municipal y en distintas comunidades del municipio.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de Chiapas informó sobre ocho efectivos policiacos y militares lesionados en una emboscada la mañana de este jueves (8).

Agresiones sistemáticas

La denuncia de los grupos integrantes de la Iniciativa Global en México por los Derechos de los Pueblos Indígenas contextualiza también casos de asesinatos registrados en otras geografías de México.

Es el caso de Oaxaca, donde el 23 de marzo fue asesinado Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de la comunidad Paso de la Reyna y quien fuera parte del Consejo de Pueblos Unidos del Río Verde (COPUDEVER), organización que defiende su territorio desde hace más de una década contra la construcción de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reina” y el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

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Debido a la organización contra dicho proyecto, en solo un periodo de tres meses fueron asesinados cinco defensores indígenas. Fidel Heras Cruz, Presidente del Comisariado Ejidal, así como Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes son las víctimas en una comunidad de apenas 500 habitantes.

Por otra parte, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, han ocurrido cinco homicidios. Las personas asesinadas formaban parte de cinco comunidades que han decidido ejercer su derecho a la Autonomía ante la amenaza de la violencia por parte del crimen organizado en la región.

María Eufemia Reyes Esquivel fue asesinada el 4 de diciembre de 2020. El 17 de enero de 2021, Vicente Guzmán Reyes, Ambrosio Guzmán Reyes y José Luis Chávez Mondragón fueron asesinados mientras actuaban como parte de la ronda comunitaria.

Hasta la actualidad, ningún oficial gubernamental acudió al lugar de los hechos para documentar las agresiones.

“Para el gobierno del estado de Michoacán, estas muertes no han sido si quiera registradas, mucho menos investigadas. A ese escenario de ignominia, se suma el asesinato del joven Manuel Carmona Esquivel el 17 de febrero. Todas estas muertes vinculadas a la defensa del territorio que esas comunidades han emprendido en contra del control territorial que el crimen organizado quiere mantener en el territorio”, detalla la Iniciativa.

Por último, también se menciona el caso de desaparición del vocero de la tribu Yaqui, Tomás Rojo Valencia, ocurrido el pasado 27 de mayo, en el sur de Sonora.

“Días más tarde, el 21 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora notificó en un comunicado público que habían encontrado su cuerpo sin vida. A este terrible hecho se suma el asesinato de Luis Urbano Domínguez el 12 de junio. Indigenous Peoples Rights International tiene información de diversas fuentes de la región, que reportan de más de 20 personas indígenas yaquis desaparecidas. El pueblo Yaqui ha sido uno de los grandes referentes de las luchas de los pueblos indígenas en México por la defensa de sus derechos colectivos como pueblos indígenas y desde hace varios años enfrenta una situación de violencia cada vez más delicada”, denuncian las organizaciones de derechos humanos.