
impunidad

Ejército mexicano responsable de crímenes de lesa humanidad
A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García
El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.
El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”
El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]
El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.
Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.
Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.
Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.
En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.
La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018
Boletín No. 06
[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf
“Lo único que queremos es justicia para Lupita”
Isabel Benítez denuncia amenazas y reitera la exigencia de justicia y castigo a todos los culpables del feminicidio de su hermana Lupita
Ciudad de México, 24 de Enero de 2018.- Verónica Guadalupe Benítez apenas tenía 21 años y un bebé de tres meses cuando en Julio del 2017 fue lapidada y acuchillada en San José del Vidrio, Estado de México por su esposo Luis Ángel Reyes y su suegra María Gabriela Jímenez. En entrevista para Radio Zapatista, Isabel Benítez narró la muerte de su hermana Lupita. Contó que Lupita se defendió con todas sus fuerzas y tras el forcejeo le quedaron adheridos en el cuerpo restos de piel y cabellos. Aseguró que los primeros pertenecen al esposo de Lupita y sospecha que los cabellos pertenecen a su suegra, por lo que exigen la exhumación del cuerpo a pesar de que las autoridades les han dicho que los cabellos son de ella misma. Además, Isabel calificó como desgastante y frustrante el proceso judicial padecido en las Fiscalías de Barrientos y de Toluca y denunció las aún hoy constantes amenazas vertidas por la familia de Luis Ángel en las audiencias del caso, pues en ellas le han dicho “que ahora los que siguen son sus niños”. De hecho, las autoridades no han querido levantar un acta para hacer constar estas amenazas, pues dicen que esto no procede en el estado de México. “¿Quieren esperarse a que suceda algo más?”, concluyó la hermana de Lupita Benítez:
(Descarga aquí)Mi nombre es Juana Isabel Benitez Vega, soy hermana de Verónica Guadalupe Vega, estudiante de bioquímica diagnóstica en la FES Cuautitlán Izcalli. Ella tenía 21 años y tenía un bebé de tres meses. El pasado seis de julio del 2017 fue victima de feminicidio a manos de su esposo Luis Ángel y su suegra María Gabriela. Esto fue en la comunidad de San José del Vidrio, Nicolás Romero, estado de México. Ha sido un proceso muy difícil. Ya van casi siete meses. Ella fue lapidada. Le destrozaron su rostro y también recibió diecisiete puñaladas en todo su cuerpo. Le destrozaron sus pechos y le dejaron restos del arma punzocortante en la clavícula. El proceso ha sido muy difícil desde un inicio porque las autoridades, las mismas autoridades de feminicidios no nos han dejado tener acceso a la carpeta. El hoy imputado Luis Ángel está vinculado a proceso. Hay testigos que vieron cuando su esposo y la suegra golpearon a mi hermana y minutos después ella pierde la vida. Esos testigos ya declararon pero las autoridades no han querido jalar a la señora. Nos dicen que la señora no participó. Todo esto fue a metros de su casa. Él trabajaba vendiendo lunch en una escuela particular donde los mismos maestros de la escuela lo encubrieron, lo protegieron. Yo ese día recibí una llamada a las 11:30 de la mañana. Preguntaron si era la casa de Lupita y yo les dije que sí. Me dijeron “vente rápido al departamento porque Luis Ángel le está poniendo en su madre”. Cuando yo llego al departamento de mi hermana vi que había gente y cuando veo, me bajo del carro, veo que mi hermana ya está tendida, ya está cubierta con una sábana y la única que estaba ahí era la suegra de ella y en su ropa tenía sangre. Yo le pregunté qué fue lo que paso y ella nunca me contestó. Andaba más estaba muy agresiva y me decía que ella no sabía, que a ella no le preguntara, y se echó a correr. No estaba ni Luis Ángel ni el bebé de mi hermana, pero antes de que se fuera me dijo que estaban golpeados tanto el bebé como Luis Ángel. Esperé a que llegara más familia mía. Yo me quedé con el cuerpo de mi hermana y quise ir a buscar al niño. Cuando ya voy saliendo del camino de terracería Luis Ángel viene acompañado del esposo de la directora y de su hijo y ahí me lo dejan; pero él estaba todo rasguñado de los brazos, del cuello y traía un golpe, y yo le dije que qué le había hecho a mi hermana, y me decía “no, dime que lo salvé” . Me armó su teatro y dijo que un tipo grande y robusto con una playera blanca se había querido llevar a mi sobrino, luego “que no, que lo quería secuestrar” y luego que lo quería robar. Muchas versiones dio. Entonces yo les dije a los policías que él había sido. La familia de él ya estaba ahí. Desde ese momento empezamos a recibir amenazas. Yo tengo bebés. Y la familia de él nos dijo que los que siguen son mis hijos y mi sobrino, que los que siguen son los niños. Y esas amenazas a la fiscalía le ha valido. La fiscalía de feminicidios de Barrientos estaba llevando el caso pero ahí los MPS (ministerios públicos) y la fiscalía nos volvían a revictimizar. Nos decían que eso no se podía, que ya lo tenían. Es más, la misma fiscal Irma Millán[i] nos preguntó qué era lo que queríamos, y nosotros le decíamos que queríamos justicia, que paguen todos los feminicidas de mi hermana, todos los que la hicieron sufrir y padecer. Es lo único que queremos: justicia para Lupita. Pasaron dos meses, hicimos una marcha el 18 de septiembre a Toluca y entonces se pasó la carpeta para Toluca, y pensamos que el cambio iba a ser diferente pero no ha sido así. La fiscal Dilcia[ii] no nos quiere recibir. Nos dice que tienen asuntos mas importantes y le digo que cómo es posible que diga eso si todos los asuntos son importantes, más porque a mi hermana la mataron con mucha saña, con mucho odio. Ha sido un proceso super difícil. Hemos tenido que enfrentar a las mismas autoridades, al mismo sistema. Nosotros lo único que queremos es justicia, justicia para ella.
[i] Titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios de la Procuraduría General de Justicia Mexiquense (PGJEM)
[ii] Dilcia García Espinosa, fiscal central de atención a delitos vinculados a la Violencia de Género en el Estado de México.