Por Sare Frabes

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Displaced women and families in the municipality of Aldama, after they had to take refuge from the constant attacks from the community of Santa Martha. Photo: Isaac Guzmán

Just this morning, May 26th, we received messages from compañeros in the highlands of Chiapas that gunfire in the direction of the communities of Aldama has become more fierce over the past 4 days. In the municipality of Aldama, which includes the Zapatista support base community of Magdalena de La Paz, consistent paramilitary fire from the Santa Martha community in the neighboring municipality of Chenalhó threatens the lives and livelihoods of its residents. Under these conditions, milpa cannot be sown, coffee can’t be picked, and children cannot go to school.

Under the nose of government officials and with incentives from political parties and “social programs,” territorial conflicts have escalated across the Mexican countryside; and in Chiapas, several such conflicts (Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, and Chilón to name a few) have worsened as the June 6th elections approach. The violence follows a predictable cycle of territorial dispossession, with extractive megaprojects on one hand and militarization on the other. Government programs intended to entice party affiliation and shred the rural social fabric prey on indigenous communities in a perpetual internal colonization.

The twists and turns of the relationship between what is now Aldama and Chenalhó date back to 1921, when the original municipalities of Santa María Magdalena (Aldama) and Santa Martha (Chenalhó) were subordinated under the municipal seat of San Pedro Chenalhó. Over the course of several decades, the families of these indigenous communities struggled together against displacement and submission by wealthy mestizos, sharing territories and celebrations. However, in 1975, a misallocation under the Secretary of Agrarian Reform catalyzed the current day dispute over 59 hectares between the two communities. In 1999, in an attempt to constrain Zapatista support bases in Santa María Magdalena, the Secretary of Agrarian Reform tried to force the two communities under a new municipality of Aldama. But residents of Santa Martha rejected the proposal and strengthened their affiliation with Chenalhó, whose leaders, with ties to the perpetrators of the perpetrators of the 1997 Acteal massacre, have actively fostered paramilitary rule.

Since February 2018, more than 2,000 residents of Aldama have been forcibly displaced from their homes. Among the casualties, a trustee of the municipality and member of the National Indigenous Congress was tortured and murdered, and a nun from a humanitarian brigade was shot in the leg., This past May 8th, Pedro Lunes Pérez of Chocó (Aldama) was killed in his home by paramilitary gunfire, as the National Guard patrolled nearby.

Attempts to resolve the conflict have failed to dissipate the rancor. On the part of officials, they appear to be half-hearted at best, for no effort has been made to disarm the perpetrators of the violence. From carelessness to negligence to all-out corruption, the three levels of government have served only to fan the flames of conflict between communities. Under López Obrador’s administration, militarization continues to intensify throughout southeast Mexico, particularly in zones of Zapatista support, to reinforce the economic advantage and firepower on the side of the paramilitaries.

We might ask why all levels of government have failed so miserably to intervene in a meaningful solution. In fact, the same question might be asked of other global conflicts in the news this past week. And the answer is this: destabilizing the autonomy of the people, catalyzing conflict through inequity, and perpetuating rifts via dis-information are all cornerstones not only of the 4T, but of the hegemonic neoliberal project globally — a project bent on territorial dispossession and plunder.

• Burguete, Cal y Mayor, Araceli. “Aldama-Santa Marta, Chenalho: Las Aristas de un Conflicto.” Chiapas Paralelo. 2019. https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2019/01/aldama-santa-marta-chenalho-las-aristas-de-un-conflicto/
• Hernandez Navarro, Luís. “Noviembre en Aldama.” La Jornada. 2020.  https://www.jornada.com.mx/2020/11/24/opinion/026a2pol
• Hernández Navarro, Luís. “Los Demonios Chiapanecos.” La Jornada. 2019. https://www.jornada.com.mx/2019/06/04/opinion/016a2pol
• Mariscal, Ángeles. “Si no Hay Reconciliación, que Se Aplique La Ley Contra Civiles Armados Piden En Chiapas.” Pie de Página. 2020. https://piedepagina.mx/si-no-hay-reconciliacion-que-se-aplique-la-ley-contra-civiles-armados-piden-en-chiapas/
• Rompeviento TV. 2019. “Aldama, Chenalhó y los paramilitares: AMLO, Alejandro Encinas y Ernesto Ledesma.”  https://www.youtube.com/watch?v=lWOwRiiakzY

Ayer, 20 de mayo de 2021, regresaron a sus hogares en el barrio Río Jodrán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, Chiapas, las seis familias pertenecientes a la organización civil Las Abejas de Acteal desplazadas hace casi dos años. De la sede en Acteal salió la caravana compuesta por los más de 30 miembros de las familias, decenas de miembros de Las Abejas, el Coro de Acteal, observadores de derechos humanos y periodistas de medios libres. Con ellos viajaba también el dolor y la indignación por las muchas vejaciones sufridas antes del desalojo, la destrucción y saqueo de sus viviendas y la muerte de dos bebés a causa de las condiciones del desplazamiento forzado: Angélica Jiménez Ramírez, de 11 meses, y María del Carmen, de apenas 3 meses de edad.

En el transcurso de la mañana llegó la caravana a la comunidad de Guayabal. De allí, la procesión continuó a pie hasta la casa semidestruída de una de las familias desplazadas en Río Jordán, donde se celebró el retorno, en un acto emotivo que simbolizó la larga lucha por lekil chapanel, la justicia verdadera que nunca llega pero la cual Las Abejas de Acteal continúa buscando por medios siempre pacíficos.

La historia de las mútliples violaciones a los derechos de las familias y su eventual desplazamiento es reflejo fiel de las políticas contrainsurgentes del Estado mexicano, la impunidad otorgada a los grupos paramilitares u oficialistas y el uso de proyectos y recursos gubernamentales para dividir a las comunidades y acabar con la organización y la resistencia.

El conflicto inició en 2015, cuando tres familias de Las Abejas rechazaron en asamblea un proyecto gubernamental de drenaje, argumentando que, por un lado, ellos no lo utilizarían, pues contaban con baños secos que evitan la contaminación ambiental, y por otro, porque estando en la resistencia no aceptan proyectos de gobierno. Por otro lado, un tiempo después se les intentó obligar a asumir cargos para la gestión de una clínica de salud que sólo atendía a quienes recibían apoyos de gobierno por medio del programa Prospera (ve la denuncia aquí), a pesar de que existía el acuerdo previo de que sólo se impondrían dichos cargos a quienes hicieran uso de la clínica.

A partir de entonces el conflicto fue escalando, con la aplicación de multas, detención arbitraria, cortes de luz y de agua y amenazas de todo tipo, denunciadas en diversas ocasiones tanto por Las Abejas como por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. En 2018, las autoridades de Río Jordán detuvieron a José Vázquez, presumiblemente por no tener derecho de usar el camino de la comunidad. Cuando una delegación de diez personas de Las Abejas llegó para revisar su estado de salud y ofrecerle apoyo emocional, los ocho hombres de la delegación también fueron detenidos. Fue la determinación y el valor de 22 mujeres, 13 de ellas sobrevivientes de la masacre y cuatro con bebés en brazos, que, tras una acción pacífica, logró la liberación de los detenidos. Finalmente, el 10 de agosto de 2019, las seis familias fueron desplazadas violentamente, destruyendo sus hogares y saqueando sus pertenencias.

En todo el proceso, las autoridades municipales fueron omisas o abiertamente cómplices con los agresores. Es importante resaltar que, como lo ha denunciado múltiples veces Las Abejas, Los Chorros es la cuna de los paramilitares que cometieron la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Y es allí a donde regresaron algunos de ellos después de su indignante liberación por la Suprema Corte de Justicia en 2010, entre ellos Víctor López López, uno de los reconocidos autores materiales de la masacre y uno de los instigadores de las agresiones a las familias de Las Abejas.

Es la persistente resistencia por vías pacíficas y la inquebrantable fe de Las Abejas de Acteal lo que logró finalmente el retorno de las familias desplazadas, tras intensas negociaciones con autoridades locales, municipales y estatales. En el acuerdo que se firmó con las autoridades de Río Jordán el día de ayer, se estableció que las familias aceptarían las obras de drenaje, pero no asumirían cargos en la clínica.

Como afirmó el Frayba en el boletín leído durante la celebración, el retorno se da en condiciones difíciles de violencia y desplazamiento forzado en Chiapas, en particular en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chilón, Pantelhó y Venustiano Carranza. Esta victoria de la lucha pacífica contra la violencia y la impunidad es una pequeña luz de esperanza en la búsqueda de la justicia por medio del diálogo y la paz.

Palabras de Las Abejas de Acteal.
Palabras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

Acteal, Chiapas. 19 de Mayo de 2021. La Organización Sociedad Civil las Abejas no ha claudicado en el prpopósito de retorno de sus integrantes a la comunidad de Río Jordán, dirigiéndose desde el diálogo y hacia el acuerdo con las autoridades y ex autoridades de Rio Jordán, tal y como defiende la organización desde los modos de Lucha No Violenta para la construcción de la paz, el Lekil Chapanel (justicia verdadera), el autogobierno y la defensa del territorio.

Mañana desde la Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, retornan las seis familias a sus hogares en Rio Jordán. Después de un año y nueve meses de haber sido expulsados violentamente de su comunidad y de haber sufrido cortes de luz y de agua, así como el derrumbe y saqueo de sus viviendas “por negarse a aceptar cargos que no son comunitarios y no aceptar una obra de drenaje”. “Fue así que su opción a la resistencia de nuestros compañeros y compañeras del barrio Río Jordán, miembros de la Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, les fueron destruidas sus casas y pertenencias”.

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Comuna de Lautaro, 19 de febrero 2021.- Comunidad Quiñehual 2 inicia recuperación territorial en fundo San Carlos. Esta decisión la toman en conjunto como familias desplazadas de los territorios que ancestralmente habitaron sus antepasados. Se suman así a una serie de recuperaciones territoriales iniciadas en la comuna en apoyo con otras que también han comenzado a recuperar sus tierras.

La policía y soldados guatemaltecos rociaron gas lacrimógeno y utilizaron sus garrotes y escudos sobre la caravana de migrantes hondureños y hondureñas que intenta cruzar territorio guatemalteco.

El bloqueo policial y militar fue montado estratégicamente en un cuello de botella en la carretera de dos carriles hacia Chiquimula, en un área conocida como Vado Hondo.

La caravana, que salió desde el viernes anterior de la terminal de buses en San Pedro Sula, sigue con más de cinco mil integrantes. Muchos migrantes fueron obligados a regresar por las autoridades guatemaltecas pero el grueso de la misma sigue instalada en Vado Hondo.

Los migrantes han pasado una noche muy fría en Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala. Los migrantes permanecen allí sin poder pasar por el bloqueo policial y militar que ha impuesto el gobierno de Guatemala. No hay alimentos ni acceso al agua. Las tiendas cercanas cerraron sus puertas.

Se han comunicado con este equipo, para ayudar a la difusión de esta informacion:

Empleados que operan en la vía del tren maya en el tramo Calkini-Izamal amenazan con destruir casas y cultivos de pobladores de Maxcanú. Los pobladores de la villa exigen que FONATUR y el comisariado ejidal aclaren los pagos efectuados.

Esta mañana los pobladores detuvieron la maquina que amenazaba con destruir al menos 9 casas y 50 parcelas. Hasta ahora ninguna de las autoridades involucradas ha decidido aclarar la situación a los pobladores.