Ciudad de México, 27 de noviembre de 2021. El pasado domingo 21 de noviembre, la totalidad de las familias zoques del ejido Esquipulas Guayabal en las faldas del volcán Chichonal, municipio de Chapultenango, Chiapas, fueron violentamente desplazadas con lujo de violencia por un grupo de hombres encapuchados con vestimenta militar, chalecos antibalas y armas de alto calibre, en un operativo evidentemente planeado con anterioridad, según información recibida por este medio de comunicación.

Las mujeres, hombres, niños y ancianos desplazados se encuentran hasta ahora en un albergue en la cabecera municipal de Chapultenango, mientras los agresores continúan en la colonia, donde se posesionaron de casas, tierras, bienes y animales. Los ejidatarios desplazados denuncian la inacción del gobierno, que de promesa en promesa les va dando largas sin que haya ninguna intención evidente de solucionar el problema.

El contexto en el que se da la agresión revela una compleja trama de intereses petroleros, geotérmicos, turísticos y mineros, involucrando el capital internacional y el Estado mexicano, que desde hace años viene confrontando y despojando a los pueblos zoques, que habitan esas tierras desde hace 3 mil 500 años.

El desplazamiento forzado

Escucha cómo vivieron algunxs ejidatarios el desalojo, a partir de testimonios en audio recibidos por este medio (6 min):
(Descarga aquí)  

Ese domingo a las 10 am, un grupo de entre 25 y 30 hombres fuertemente armados, acompañados por pobladores tsotsiles originarios de Rincón Chamula que desde 2009 habitan en el ejido Esquipulas Guayabal, incursionaron en las casas de los pobladores zoques y los forzaron a huir con golpes, amenazas y balazos. Una casa fue quemada y varios animales fueron asesinados o heridos.

La mayoría de quienes se encontraban en sus casas eran mujeres y niños, pues muchos hombres estaban en el campo o en Chapultenango, a donde suelen ir los domingos de compras o a resolver otros asuntos.

Un adolescente cuenta:

Yo estaba trabajando en el campo. Como a las 10 am, escuché disparos. Regresamos a la casa y veo a mi mamá que está llorando. Me dice: creo que mataron gente porque hubo muchos disparos, golpearon a don Chevio, que es quien representa a la colonia. Están quemando casas y me dijeron que salga de una vez o me van a matar. En ese mismo instante salimos y veo un grupo armado. Estaban quemando la casa de don Chevio. Había un grupo de diez con armas, todos encapuchados. Ya para entrar a la línea del volcán había otro grupo. Todos estaban encapuchados con unas armas largas. Había un niño y estaba muy triste porque pensó que iba a quedar ahí muerto.

Y otro adolescente:

Me encontré a don Eusebio y me dijo: Ya nos corrieron de la comunidad y a tu mamá ya le pegaron, puro culatazo de arma. Entonces me fui, iba yo a caballo y vi varias personas encapuchadas con armas. Me vieron y corrieron a taparme, me bajaron del caballo y me quitaron todo, me pegaron, me dijeron que aquí no vales, aquí la ley no vale, ahora esta es nuestra tierra, aquí nadie nos saca.

“Lo más triste para mí fue que mataron a mi perrito”, dice un niño pequeño, “y me preocupaba mucho mi papá que le fueran a dar un balazo”.

Una mujer cuenta:

Estaba cocinando cuando escuché un troneteo como de triques. Eran balazos, pero demasiado. Cerré mi puerta con candado porque pensé que iban a pasar nada más. Pero se metieron en el solar y querían que abriéramos la puerta. Me dicen: “Abre la puerta o le echamos gasolina a la casa”. Pero por el miedo no encontraba yo la llave. Hasta que la encontró mi hija y ya abrimos. Se metieron y nos dijeron: “Sálganse rápido sin sacar nada”. Nos salimos y son balazo que están tirando, tiran por los pies, tiran por la cabeza. Aquí me pasó un tantito. Nos fueron siguiendo con la pistola, mi hija adelante y yo atrás porque ella está embarazada y corría peligro.

Es mucha la desesperación de los desplazados, que salieron sólo con la ropa del cuerpo. “Ahí se quedó todo”, dicen. Documentos, herramientas, todos los bienes. Algunos incluso salieron descalzos. Y se preocupan por los animales, pues de eso viven. ¿Qué vamos a comer?, se preguntan. ¿De qué vamos a vivir?

Contexto

Como en muchos casos actuales en el estado de Chiapas, la violencia deviene de un conflicto agrario exacerbado por el incompetente o malicioso manejo por parte del Estado, con el trasfondo de intereses del capital nacional e internacional y la participación de grupos armados de corte paramilitar o de la delincuencia organizada. Así, el caso de Esquipulas Guayabal es paradigmático para entender la violencia que en los últimos años se ha desatado a lo largo y ancho del estado de Chiapas.

A seguir, presentamos un breve resumen del conflicto agrario.

El ejido Esquipulas Guayabal se formó a mediados de la década de 1930, y para 1960 contaba con 2 mil 400 hectáreas. En 1982, la erupción del volcán Chichonal causó la muerte de 2 mil zoques y el desplazamiento de 12 mil familias, reacomodadas en 22 nuevos asentamientos en diversas partes de Chiapas, Jalisco y Veracruz. El ejido Esquipulas Guayabal se dividió en cuatro grupos que se asentaron en Ixtacomitán, Rayón, el barrio de Guayabal en Chapultenango y el valle de Uxpanga en Veracruz.

Con el tiempo, campesinos de Chapultenango comenzaron a ocupar las tierras que habían quedado abandonadas, aunque los ejidatarios desplazados por el volcán mantenían los títulos ejidales. Fue entre 2002 y 2003 que la Procuraduría Agraria inició la certificación de las tierras ejidales en el PROCEDE, con lo que se pretendía privar de sus derechos a los 130 ejidatarios y reconocer a los nuevos campesinos como titulares de la tierra. Ese fue el inicio del conflicto.

Para evitar el despojo, 29 ejidatarios de Rayón regresaron a las tierras con sus familias, encontrándolas ocupadas por campesinos de Chapultenango. Los campesinos de Rayón interpusieron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) exigiendo la cancelación del PROCEDE sobre las 2 mil 400 hectáreas, pero el TUA ignoró la demanda y, en noviembre de 2005, se certificaron las tierras a favor de los campesinos de Chapultenango.

Este hecho condujo a confrontaciones físicas en 2006 y 2009. Ese año, campesinos de Rayón alentaron el ingreso de tsotsiles de Rincón Chamula como aliados para recuperar las tierras. Un año después, interpusieron un juicio agrario exigiendo la cancelación del PROCEDE y apuntando a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional de ser los causantes del conflicto. Por su parte, los de Chapultenango interpusieron juicio solicitando la regularización de las tierras a su favor. En 2012, el TUA declaró nulos los trabajos del PROCEDE.

En 2016, un grupo de personas de Rayón, al parecer en alianza con personas de Chapultenango y los tsotsiles asentados en Esquipulas Guayabal, convocaron asamblea para reconocer a 11 avecindados y nuevos ejidatarios, y en 2019 eligieron nuevas autoridades, sin el debido conocimiento de los ejidatarios de Esquipulas Guayabal ni su participación en las asambleas. Todo esto, aparentemente, con la intención de despojar a los ejidatarios de la tierra.

En agosto de ese año, los ejidatarios interpusieron un juicio para invalidar ambas asambleas. El pasado 6 de octubre de 2021, el TUA declaró nulas ambas asambleas. Seis semanas después, al parecer ante la frustración de sus pretensiones legales a la tierra, el grupo armado atacó la colonia y desalojó a la totalidad de las familias zoques.

Intereses de fondo

Como en muchos otros conflictos en el estado de Chiapas, las disputas agrarias son utilizadas y exacerbadas por el Estado para favorecer intereses económicos y el control territorial. En el caso del territorio zoque alrededor del volcán Chichonal, son varios los intereses de alto perfil que entran en juego.

Desde 2015, la Comisión Federal de Electricidad declaró zona de interés geotérmico a 15 mil hectáreas, con la intención de construir una planta geotérmica en el volcán Chichonal, que continúa activo. Aunque según algunos estudios el nivel del agua del volcán es insuficiente para la construcción de una planta geotérmica, el proyecto continúa vigente.

En 2017, se pretendía reactivar un pozo petrolero como parte de la ronda petrolera 2.2. Dicha ronda contemplaba la extracción de 239 millones de barriles de petróleo de 10 municipios en 84 mil 500 hectáreas, entre ellos, Chapultenango. El Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio logró frenar la licitación internacional en junio de 2017. Sin embargo, con la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, que se encuentra a pocos quilómetros en línea recta del volcán Chichonal, es de suponer que se reactiva el interés en los yacimientos petroleros en la región zoque.

Al mismo tiempo, hay un fuerte interés turístico nacional e internacional en el área alrededor del volcán Chichonal. Desde 2012, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha promovido la creación de un geoparque. La avanzada de dicho proyecto fue la creación en 2016 del Centro Ecoturístico Comunitario Mujer de Fuego en las faldas del volcán Chichonal, que ha provocado fricciones con los campesinos de Esquipulas Guayabal.

Existen, además, fuertes intereses mineros sobre 70 mil hectáreas del territorio zoque. En conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas, los afectados denunciaron que en 2017 entró una empresa al ejido Esquipulas Guayabal con la intención de negociar con los invasores para adquirir la tierra. También denunciaron que presuntos empleados de una compañía minera se presentaron en los hogares de varios activistas con la intención de obtener información sobre la resistencia contra la minería. El pasado mes de junio de 2021, el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra alertó que los días 11 y 12 de ese mes, agentes de la minera Gold Corporation recorrieron ejidos de los municipios de Chapultenango e Ixtacomitán con la intención de promover la entrada de la minería en dichos territorios.

Por otro lado, empleados de empresas de la agroindustria han entrado a las tierras alrededor del volcán a ofrecer palma aceitera.

A todo lo anterior se le suma el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación un día después del ataque a Esquipulas Guayabal, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, acto que provocó el repudio de organizaciones sociales, pueblos indígenas e incluso instancias del gobierno federal.

Autores materiales e intelectuales

Los autores materiales de la agresión fueron los pobladores tsotsiles asentados en el ejido desde 2009, junto el grupo armado, compuesto por 25 a 30 personas presumiblemente provenientes de Rincón Chamula.

Según los testimonios de los desplazados, los pobladores tsotsiles se han ido apoderando de las tierras desde hace algunos años, al grado que hoy tienen más tierra que los propios ejidatarios. Al mismo tiempo, en los últimos años han agredido con cada vez más violencia y frecuencia a los ejidatarios. En los testimonios que recibió este medio, son varias las personas que denuncian haber sido golpeadas en diversas ocasiones, y cuyas demandas ante el Estado fueron desconsideradas. Hace cuatro años, el grupo tsotsil agredió con palos y machetes a los ejidatarios con completa impunidad.

Sin embargo, como autores intelectuales los desplazados acusan al profesor Alejandro M. y al señor Elías L., ambos de Chapultenango. Al profesor Alejandro M. se le vio circulando por la colonia en un vehículo hasta muy tarde la noche del sábado. Hoy se sabe que esa tarde el grupo armado llegó a las tierras del volcán como turistas y allá pasaron la noche, ingresando al ejido a las 10 am del domingo.

Por otro lado, los desplazados identifican también al ex comisariado Moisés Domínguez Bautista, de Rayón, cuya elección como comisariado y su pertenencia como ejidatario fueron anuladas el pasado 6 de octubre por la sentencia del Tribunal Unitario Agrario n. 476/2019. Según los testimonios, el señor Moisés Domínguez no vive en el ejido y su único interés es la venta de las tierras.

Inacción/complicidad gubernamental

Todo lo anterior contribuye para explicar la inacción de los tres niveles de gobierno. Ante el ataque armado con armas de uso exclusivo del ejército, agresiones físicas y psicológicas, desplazamiento forzado de 35 familias, destrucción y robo de propiedad, el gobierno se ha mantenido omiso. Hasta el momento, ninguna acción para restituir las tierras a sus legítimos dueños y castigar a los culpables ha sido efectuada, y las familias afectadas han sido tratadas con indiferencia y desprecio.

De las muchas personas que acudieron a la fiscalía en Pichucalco el domingo, sólo a una le tomaron la declaración. El lunes, desde las 8 am a las 6 pm, sólo tomaron dos declaraciones, mismas que quedaron suspendidas al día siguiente.

El día de la agresión se presentaron en el albergue funcionarios del gobierno estatal de Rutilio Escandón, dejando claro que la intención del gobierno era entablar una mesa de diálogo, sin desarmar al grupo agresor ni garantizar el retorno de los desplazados a sus tierras. El arribo a Chapultenango de la Guardia Nacional, que los desplazados supusieron ser con la intención de garantizar la paz y desarmar a los agresores, fue, en palabras del comandante, solamente para acompañar a la policía sectorial y estatal, los cuales a su vez llegaron para proteger a las autoridades.

Por otro lado, diversas reuniones fueron anunciadas a las que el gobierno nunca llegó. Y el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció “actos de hostigamientos hacia la población albergada de Esquipulas Guayabal por parte de funcionarios regionales del INPI, quienes bajo amenazas impiden a las familias hablar de manera libre o externar sus preocupaciones a los medios de comunicación e impiden fotografiar las condiciones del albergue”.

El presidente municipal de Chapultenango, Rubelio Mondragón, se ausentó desde el sábado, el día anterior de la agresión. Mientras tanto, el ayuntamiento ha publicitado supuestas acciones de apoyo a la comunidad, aunque los primeros días el único apoyo recibido por los desplazados fue organizado por la Iglesia, organizaciones sociales y la sociedad civil. La presidenta del DIF solicitó personalmente a uno de los organizadores del acopio que le cedieran alimentos para hacerles de comer a los desplazados, y más tarde publicaron una nota con fotos, supuestamente ofreciendo despensa y comida. Se publicaron también fotos del presidente municipal Rubelio Mondragón en Tuxtla Gutiérrez recibiendo ayuda para los desplazados, misma que sólo llegó en la noche del miércoles tras mucha presión por parte de activistas solidarios.

El jueves 25 de noviembre, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas publicó en su página de facebook que funcionarios de esa entidad visitaron el ejido para “entablar diálogo con las partes”. Ante dicho anuncio, el mismo Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció:

A casi 5 días del ataque armado (…) denunciamos que:

• El ataque ocurre en un contexto de creciente violencia armada contra pueblos y comunidades indígenas de Chiapas donde existen intereses petroleros, geotérmicos, geoparque y mineros, como en el caso del volcán Chichonal.
• El ataque fue un acto coordinado de corte paramilitar, y no un desplazamiento “involuntario”.
• El Gobierno de Chiapas (…) pretende “administrar el conflicto” mediante la simulación de diálogo y la reconciliación (…), pese a que el grupo atacante permanece armado.

El caso de Esquipulas Guayabal es uno más de los muchos en territorio chiapaneco, donde las disputas territoriales resultantes no sólo de conflictos agrarios, sino sobre todo de intereses energéticos, turísticos, extractivos y del crimen organizado, conducen a la violencia extrema por parte de grupos armados de corte paramilitar que asolan las comunidades, resultando en desplazamiento forzado y terror, como en los casos de Pantelhó, Aldama y muchos más, así como la formación de grupos de autodefensas ante la inacción, complicidad o participación implícita de diversas instancias de gobierno.

Chiapas, México. 23 de noviembre. “No te vayan a hallar, porque te van a salir matando, me dijeron. Me metí en el montazal. Pasé en el puro filo de la montaña, lo bueno que libré mi vida… ¿Por qué lo hicieron eso? ¡Nunca lo había visto eso!”, comenta un niño de 12 años que junto con mujeres, niños, ancianos y hombres zoques, fueron desalojados con golpes y balazos el pasado domingo 21, por la mañana, de su comunidad, el ejido Esquipulas Guayabal del municipio de Chapultenango, por parte de un grupo de corte paramilitar, señalaron.

Hasta este martes 23, las 40 personas desalojadas violentamente de sus tierras en las faldas del volcán Chichonal, permanecen en la cabecera municipal sin que alguna autoridad de cualquiera de los tres niveles defina cuando podrán volver a sus tierras y recuperar sus casas, ganado, gallinas y cosechas.

“Salimos sin zapatos, sin ropa, sin documentos, sin dinero, perdimos todo, ahora no tenemos de qué vivir”, expresan los ejidatarios que describen a los atacantes con vestimenta militar y armas R-15 y cuerno de Chivo, provenientes del municipio vecino, Rincón Chamula, los cuales “poco a poco se han ido asentando en la zona y apoderándose de vastas hectáreas de terreno”, denuncian las familias agredidas.

Otras de las personas a la que los ejidatarios responsabilizan del clima de violencia en la zona son: el profr. Alejandro Morales, el sr. Elías López y el ex comisariado Moisés Domínguez Bautista, a los cuales señalan de querer lucrar con las tierras ejidales. “La tierra no se vende, es patrimonio de los abuelos”, aseguran las y los indígenas zoques del norte de Chiapas.

“Queremos Justicia. Queremos que el gobierno nos tome en cuenta, que no nos tenga en esta situación”, exigen las familias afectadas, quienes denuncian que durante el desalojo sufrieron de golpes, patadas, tirones de cabello, garrotazos, culatazos y disparos a un lado de los pies y la cabeza mientras huían. “Nosotros ganamos la sentencia”, explican los ejidatarios de Guayabal, en referencia a la sentencia del tribunal agrario del pasado día seis de octubre, en el que las autoridades reconocen como únicos dueños a los ejidatarios zoques agredidos, lo que habría provocado el descontento de los atacantes, explican.

“Los viejitos tenían más idea. Nosotros no queremos perder El Costumbre, queremos heredarlo a nuestros hijos” aseguran los ejidatarios ahora despojados de sus tierras. “El Procede (ahora Fanar) afecta al ejido, el certificado de parcela significa que puedes vender la tierra”, exponen los indígenas zoques quienes años atrás denunciaron el registro ilegal de sus tierras en el entonces Procede, logrando la eliminación de dicho registro y que sus tierras estuvieran disponibles al “mejor postor”.

Las y los ejidatarios repudian enérgicamente la agresión en su contra y aseguran que harán lo necesario para dar con los responsables materiales e intelectuales de la violencia hacia sus familias.

En la región norte del estado, desde el 2017 diversas comunidades han denunciado lo que ellos llaman “la llegada de los proyectos de muerte”, en referencia a proyectos extractivos en el territorio zoque, como son: 12 pozos petroleros en 84,500 hectáreas; 11 concesiones mineras en 70 mil hectáreas; 1 proyecto geotérmico sobre 15 hectáreas en Francisco León, Chapultenango y Ostoacán; así como una represa en San Antonio Poyamó, Ocotepec, lo que despierta suspicacias en las comunidades del porqué de la urgencia del gobierno para que los ejidos puedan vender sus tierras.

Colectivos y organizaciones sociales nacionales e internacionales han condenado el ataque a los ejidatarios zoques de Guayabal, como es el caso del colectivo italiano Nodo Solidale, quienes señalan que “el Gobierno Federal mexicano, siguiendo los pasos del manual militar de la OTAN sobre guerras asimétricas, alimenta la fragmentación (y despojo) del territorio sin exponerse como actor militar activo, está omitiendo e ignorando las posibilidades de solución pacífica en los diferentes conflictos e impulsando la conformación de grupos civiles armados confrontados”, como en el caso de conflictos en las comunidades de Aldama, Venustiano Carranza, entre otras.

Antes del término de la presente edición los ejidatarios de denunciaron “actos de hostigamientos hacia la población albergada de Esquipulas Guayabal, por parte de funcionarios regionales del INPI”, quienes bajo amenazas impiden a las familias hablar de manera libre o externar sus preocupaciones a los medios de comunicación, denuncian los ejidatarios.

Información relacionada:

https://www.facebook.com/502679913100310/posts/4940480485986875/

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 4 de noviembre de 2021

A la sociedad civil nacional e internacional
A las organizaciones y colectivas independientes
A las personas que luchan por un mundo mejor
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
A la Organización de Naciones Unidas (ONU)

Nosotras desde nuestro sentir como mujeres que luchamos, queremos dar una palabra de apoyo respondiendo al llamado de la comunidad de Magdalena Aldama para pedir el inmediato cese de la violencia armada que se ha incrementado desde 2016 hasta la fecha, causando la pérdida de vidas de gente inocente, entre ellas niñas, mujeres, hombres y niños, abuelos y abuelas, lo que obliga a desplazarse de manera constante a 115 familias de la comunidad y a sobrevivir en condiciones inhumanas de manera cotidiana.

Por lo anterior y como un acto solidario de hermanamiento con la comunidad de Magdalena Aldama y ante la omisión total de las autoridades responsables, que ha resultado en más de 6 asesinatos, decenas de heridos en donde destaca una muchacha artesana de 13 años herida cuando se encontraba tejiendo en su telar de cintura adentro de su domicilio, así como una anciana de más de 70 años que había ido a cosechar naranjas a su solar. El dia de hoy 4 de noviembre, los representantes de la comunidad Magdalena Aldama, están reportando más de 3 mil personas desplazadas ante los ataques armados provenientes de Santa Martha Chenalhó hacia 10 poblados de Magdalena Aldama.

Hacemos un llamado urgente para que la sociedad civil se pronuncie en contra de este tipo de agresiones y se hagan múltiples llamados de cese a dicha violencia y al desplazamiento forzado.

Exigimos que ante la administración de este conflicto añejo (con la permisividad y tolerancia hacia grupos paramilitares de parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley), las instancias internacionales logren hacer cumplir los pactos y tratados que México ha firmado para evitar los desplazamientos internos forzados y la permanente violencia armada que en especial afectan a las mujeres de todas las edades de esta comunidad del pueblo tsotsil.

De igual modo se exige la investigación y castigo a los responsables de esta violencia permitida desde los más altos funcionarios encargados por ley de detenerlas, incurriendo en violaciones a derechos humanos por acción y/u omisión.

FIRMAN

(Continuar leyendo…)

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
a 4 de noviembre de 2021.
Acción Urgente No. 10

 Desplazamiento forzado de más de 3000 personas

• 47 ataques armados hacia 10 comunidades del municipio de Aldama.
• Imparable las agresiones de parte del grupo armado que actúa desde Santa Martha, municipio de Chenalhó.
• Consistente la ausencia y complicidad del gobierno mexicano para atender la situación de violencia armada

>> Firma la Acción Urgente aqui <<

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) manifiesta su preocupación por la imparable violencia armada y el constante desamparo que 10 comunidades del municipio de Aldama, Chiapas viven diariamente en este entorno torturante.

Según información proporcionada por los representantes de los desplazados del municipio de Aldama desde las 5.04 hrs. del 1 de noviembre de 2021 empezaron los ataques armados, al cierre de esta acción urgente hemos registrado 47 ataques con armas de alto calibre, que han generado el desplazamiento forzado de aproximadamente 3000 personas, poniéndolas en un alto riesgo a la vida, integridad y seguridad personal de las mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad de las comunidades de Aldama.

Las agresiones son realizadas por un grupo de personas armadas que operan desde Santa Martha, Chenalhó. Las agresiones armadas no han cesado y los habitantes se encuentran sitiados. Las 3000 personas desplazadas pertenecen a las comunidades de Chayomte, Juxton, Stzelejpotobtik, Chivit, Yeton, San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco y una parte de Xuxchen que han abandonado sus casas, huyendo a las montañas para refugiarse.

El Frayba manifiesta su preocupación por la escalada de violencia hacia las comunidades de Aldama que desde hace 5 años han sido permanente las violaciones a los derechos humanos en este territorio de Los Altos de Chiapas, todo esto bajo la tolerancia y complicidad del gobierno mexicano. Es por ello que exigimos de manera enérgica alto a la violencia, basta de simulación de los gobiernos federal y estatal para atender este horror que vive diariamente el pueblo maya tsotsil de Aldama y Santa Martha.

Les solicitamos a la solidaridad nacional e internacional envíen sus expresiones de repudio por esta grave situación de violencia en Chiapas:

(Continuar leyendo…)

3 de noviembre de 2021.

Según información de la comisión de comunicación de Aldama, Chiapas, las 10 comunidades que conforman el municipio (Xuxch’en, Coco’, Taba, San Pedro Cotzilnam, Yeton, Ch’ivit, Cabecera, Stzelejpotobtik, Juxton y Ch’ayomte’ de Aldama) se encuentran en este momento (20:00) bajo fuerte ataque armado por parte de grupos paramilitares de Santa Marta, municipio de San Pedro Chenalhó.

A esta hora, los habitantes de Ch’ayomte’, Juxton, Stzelejpotobtik, Ch’ivit, Yeton, en las orillas que están en San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco’ y una parte de Xuxch’en, ya abandonaron sus casas y se fueron a las montañas a refugiarse, sumando aproximadamente 3 mil personas.

Los ataques iniciaron a las 9:07 con disparos de alto calibre contra la comunidad de Xuch’en Aldama, desde el punto de ataque de Slumka’ en Saclum, Chenalhó. Para las 11:15, se había sumado el punto de ataque de Yaxaltik, ahora también contra la comunidad de Coco’, y poco después lanzaron una bomba contra esa comunidad.

A las 13:00, se suma el punto de ataque Chuch te’ 2, ahora también hacia la comunidad de Chi’vit Aldama, donde un taxi que transitaba por la Tijera Ch’ivit fue alcanzado. Afortunadamente, en el taxi sólo iba el conductor, que resultó ileso.  A as 14:00 se suma el punto de ataque K’ante’, también contra Chi’vit. En esta ocasión una moto que transitaba por la carretera fue alcanzada, afortunadamente sin daños para el conductor.

A las 15:00 la comunidad de Tabac Aldama también es atacada desde el punto de ataque de El Volcán, a los que se les suman a los pocos minutos los puntos de ataque de Telesecundaria y Tojtik, Santa Martha Chenalhó. Para las 17:45, las comunidades de Cabecera, Stzelejpotobtik y Juxton Aldama también estaban bajo fuego, desde los puntos de ataque de Chuch te’ 1 y 2, K’ante’, Panteón, Templo, Chalontik, Tijera Caridad y Puente, Santa Martha Chenalhó.

Una hora después, las 10 comunidades de Magdalena Aldama estaban bajo fuego. Los grupos armados estaban, y continúan hasta ahora, a todo lo largo del río, desde Yoc Ventana hasta Sector Santa Martha Chenaló. “Nos tienen rodeados”, advirtió la comisión de información de Aldama a las 17:15.

Cabe recordar que las comunidades de Aldama vienen siendo agredidas con armas de alto calibre constantemente desde hace cinco años, cuando siete familias fueron violentamente despojadas de 60 hectáreas en 2016, año en que se activa el grupo paramilitar que opera en Chenalhó. Las agresiones aumentaron dramáticamente en 2018, resultando en más de 2 mil desplazados. A lo largo del 2020 y 2021, los ataques armados se han incrementado aún más, afectando a 12 comunidades y más de 5 mil personas. Sólo en el mes de octubre de 2021 se reportaron 203 ataques armados hacia 9 comunidades.

Lee el Comunicado del Pueblo de Magdalena Aldama

Por Sare Frabes

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Inglés Estadounidense. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Displaced women and families in the municipality of Aldama, after they had to take refuge from the constant attacks from the community of Santa Martha. Photo: Isaac Guzmán

Just this morning, May 26th, we received messages from compañeros in the highlands of Chiapas that gunfire in the direction of the communities of Aldama has become more fierce over the past 4 days. In the municipality of Aldama, which includes the Zapatista support base community of Magdalena de La Paz, consistent paramilitary fire from the Santa Martha community in the neighboring municipality of Chenalhó threatens the lives and livelihoods of its residents. Under these conditions, milpa cannot be sown, coffee can’t be picked, and children cannot go to school.

Under the nose of government officials and with incentives from political parties and “social programs,” territorial conflicts have escalated across the Mexican countryside; and in Chiapas, several such conflicts (Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, and Chilón to name a few) have worsened as the June 6th elections approach. The violence follows a predictable cycle of territorial dispossession, with extractive megaprojects on one hand and militarization on the other. Government programs intended to entice party affiliation and shred the rural social fabric prey on indigenous communities in a perpetual internal colonization.

The twists and turns of the relationship between what is now Aldama and Chenalhó date back to 1921, when the original municipalities of Santa María Magdalena (Aldama) and Santa Martha (Chenalhó) were subordinated under the municipal seat of San Pedro Chenalhó. Over the course of several decades, the families of these indigenous communities struggled together against displacement and submission by wealthy mestizos, sharing territories and celebrations. However, in 1975, a misallocation under the Secretary of Agrarian Reform catalyzed the current day dispute over 59 hectares between the two communities. In 1999, in an attempt to constrain Zapatista support bases in Santa María Magdalena, the Secretary of Agrarian Reform tried to force the two communities under a new municipality of Aldama. But residents of Santa Martha rejected the proposal and strengthened their affiliation with Chenalhó, whose leaders, with ties to the perpetrators of the perpetrators of the 1997 Acteal massacre, have actively fostered paramilitary rule.

Since February 2018, more than 2,000 residents of Aldama have been forcibly displaced from their homes. Among the casualties, a trustee of the municipality and member of the National Indigenous Congress was tortured and murdered, and a nun from a humanitarian brigade was shot in the leg., This past May 8th, Pedro Lunes Pérez of Chocó (Aldama) was killed in his home by paramilitary gunfire, as the National Guard patrolled nearby.

Attempts to resolve the conflict have failed to dissipate the rancor. On the part of officials, they appear to be half-hearted at best, for no effort has been made to disarm the perpetrators of the violence. From carelessness to negligence to all-out corruption, the three levels of government have served only to fan the flames of conflict between communities. Under López Obrador’s administration, militarization continues to intensify throughout southeast Mexico, particularly in zones of Zapatista support, to reinforce the economic advantage and firepower on the side of the paramilitaries.

We might ask why all levels of government have failed so miserably to intervene in a meaningful solution. In fact, the same question might be asked of other global conflicts in the news this past week. And the answer is this: destabilizing the autonomy of the people, catalyzing conflict through inequity, and perpetuating rifts via dis-information are all cornerstones not only of the 4T, but of the hegemonic neoliberal project globally — a project bent on territorial dispossession and plunder.

• Burguete, Cal y Mayor, Araceli. “Aldama-Santa Marta, Chenalho: Las Aristas de un Conflicto.” Chiapas Paralelo. 2019. https://www.chiapasparalelo.com/opinion/2019/01/aldama-santa-marta-chenalho-las-aristas-de-un-conflicto/
• Hernandez Navarro, Luís. “Noviembre en Aldama.” La Jornada. 2020.  https://www.jornada.com.mx/2020/11/24/opinion/026a2pol
• Hernández Navarro, Luís. “Los Demonios Chiapanecos.” La Jornada. 2019. https://www.jornada.com.mx/2019/06/04/opinion/016a2pol
• Mariscal, Ángeles. “Si no Hay Reconciliación, que Se Aplique La Ley Contra Civiles Armados Piden En Chiapas.” Pie de Página. 2020. https://piedepagina.mx/si-no-hay-reconciliacion-que-se-aplique-la-ley-contra-civiles-armados-piden-en-chiapas/
• Rompeviento TV. 2019. “Aldama, Chenalhó y los paramilitares: AMLO, Alejandro Encinas y Ernesto Ledesma.”  https://www.youtube.com/watch?v=lWOwRiiakzY

Ayer, 20 de mayo de 2021, regresaron a sus hogares en el barrio Río Jodrán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, Chiapas, las seis familias pertenecientes a la organización civil Las Abejas de Acteal desplazadas hace casi dos años. De la sede en Acteal salió la caravana compuesta por los más de 30 miembros de las familias, decenas de miembros de Las Abejas, el Coro de Acteal, observadores de derechos humanos y periodistas de medios libres. Con ellos viajaba también el dolor y la indignación por las muchas vejaciones sufridas antes del desalojo, la destrucción y saqueo de sus viviendas y la muerte de dos bebés a causa de las condiciones del desplazamiento forzado: Angélica Jiménez Ramírez, de 11 meses, y María del Carmen, de apenas 3 meses de edad.

En el transcurso de la mañana llegó la caravana a la comunidad de Guayabal. De allí, la procesión continuó a pie hasta la casa semidestruída de una de las familias desplazadas en Río Jordán, donde se celebró el retorno, en un acto emotivo que simbolizó la larga lucha por lekil chapanel, la justicia verdadera que nunca llega pero la cual Las Abejas de Acteal continúa buscando por medios siempre pacíficos.

La historia de las mútliples violaciones a los derechos de las familias y su eventual desplazamiento es reflejo fiel de las políticas contrainsurgentes del Estado mexicano, la impunidad otorgada a los grupos paramilitares u oficialistas y el uso de proyectos y recursos gubernamentales para dividir a las comunidades y acabar con la organización y la resistencia.

El conflicto inició en 2015, cuando tres familias de Las Abejas rechazaron en asamblea un proyecto gubernamental de drenaje, argumentando que, por un lado, ellos no lo utilizarían, pues contaban con baños secos que evitan la contaminación ambiental, y por otro, porque estando en la resistencia no aceptan proyectos de gobierno. Por otro lado, un tiempo después se les intentó obligar a asumir cargos para la gestión de una clínica de salud que sólo atendía a quienes recibían apoyos de gobierno por medio del programa Prospera (ve la denuncia aquí), a pesar de que existía el acuerdo previo de que sólo se impondrían dichos cargos a quienes hicieran uso de la clínica.

A partir de entonces el conflicto fue escalando, con la aplicación de multas, detención arbitraria, cortes de luz y de agua y amenazas de todo tipo, denunciadas en diversas ocasiones tanto por Las Abejas como por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. En 2018, las autoridades de Río Jordán detuvieron a José Vázquez, presumiblemente por no tener derecho de usar el camino de la comunidad. Cuando una delegación de diez personas de Las Abejas llegó para revisar su estado de salud y ofrecerle apoyo emocional, los ocho hombres de la delegación también fueron detenidos. Fue la determinación y el valor de 22 mujeres, 13 de ellas sobrevivientes de la masacre y cuatro con bebés en brazos, que, tras una acción pacífica, logró la liberación de los detenidos. Finalmente, el 10 de agosto de 2019, las seis familias fueron desplazadas violentamente, destruyendo sus hogares y saqueando sus pertenencias.

En todo el proceso, las autoridades municipales fueron omisas o abiertamente cómplices con los agresores. Es importante resaltar que, como lo ha denunciado múltiples veces Las Abejas, Los Chorros es la cuna de los paramilitares que cometieron la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Y es allí a donde regresaron algunos de ellos después de su indignante liberación por la Suprema Corte de Justicia en 2010, entre ellos Víctor López López, uno de los reconocidos autores materiales de la masacre y uno de los instigadores de las agresiones a las familias de Las Abejas.

Es la persistente resistencia por vías pacíficas y la inquebrantable fe de Las Abejas de Acteal lo que logró finalmente el retorno de las familias desplazadas, tras intensas negociaciones con autoridades locales, municipales y estatales. En el acuerdo que se firmó con las autoridades de Río Jordán el día de ayer, se estableció que las familias aceptarían las obras de drenaje, pero no asumirían cargos en la clínica.

Como afirmó el Frayba en el boletín leído durante la celebración, el retorno se da en condiciones difíciles de violencia y desplazamiento forzado en Chiapas, en particular en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chilón, Pantelhó y Venustiano Carranza. Esta victoria de la lucha pacífica contra la violencia y la impunidad es una pequeña luz de esperanza en la búsqueda de la justicia por medio del diálogo y la paz.

Palabras de Las Abejas de Acteal.
Palabras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.