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Guardia Nacional reprime ‘viacrucis migrante’ que salió de Tapachula el viernes
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
“Fue una embestida por parte del Instituto Nacional de Migración [INM] y la Guardiana Nacional, gritaban: ¡violencia, violencia!”, relató Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos y acompañante del viacrucis migrante que el pasado viernes (1) salió de Tapachula, Chiapas.
El 18 de marzo cerraron las oficinas de regulación migratoria del INM después de un disturbio y destrozos provocados por las mismos migrantes que hace meses esperan una respuesta a sus trámites en Tapachula, frontera sur de México, una ciudad que no conocen, sin empleo ni acceso a derechos básicos. Además enfrentan discriminación desde las redes sociales, hasta en las aceras de las calles.
El tenor obligó a los extranjeros a organizarse para salir en grupo hacia a la frontera norte de México, previo a la Semana Santa. Antes de partir, junto a defensores de derechos humanos, hicieron pública la solicitud de diálogo con las autoridades migratorias; y directamente al Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. Pero no hubo retroalimentación.
En esta petición buscaban que se respetara la minuta que representantes federales signaron en diciembre de 2021 y que los compromete a respetar los derechos humanos de personas con necesidades de protección internacional.
Salida
Con alrededor de 700 amparos interpuestos ante un juez federal, acompañados por organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, como Luis García Villagrán, el viernes 1 de abril el ‘viacrucis migrante’ se puso en marcha.
Las personas originarias de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Honduras caminaron 18 kilómetros, precedidos por una cruz blanca de madera y la bandera de Venezuela. En el camino ya habían logrado pasar un muro de las fuerzas federales en el paso a desnivel conocido como Viva México.
Pero en el cruce del poblado Álvaro Obregón, la Guardia Nacional con equipo antimotines se desplegó otra vez, para frenar el objetivo del éxodo.
Con la misma cruz de madera y al grito repetido de ¡libertad!, el éxodo se abrió paso entre la valla de escudos, cuerpos humanos, macanas y gases que hirieron al menos a 30 personas, entre ellos varios menores de edad.
En la persecución, muchos dejaron tirados objetos personales y mochilas completas. Al menos 90 personas fueron detenidas y trasladadas a estaciones migratorias en Oaxaca, mientras otras corrieron entre la maleza para esconderse de los uniformados, “hay personas desaparecidas y familias separadas”, aseguró Luis García Villagrán.
El operativo fue coordinado personalmente por la delegada del INM en Chiapas, Paola López Rodas, agregó Villagrán. “Una mujer de Venezuela de tres meses de embarazo estuvo con complicaciones; mucha gente dañada en este intento de detención y criminalización”.
Las más de 20 organizaciones que integran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, en el Sureste Mexicano, evidenciaron que el operativo migratorio se realizó con violencia, con el uso de gases lacrimógenos, la detención de personas y el hostigamiento e intento de detención de defensores de derechos humanos.
Durante el despliegue militar, el grupo del viacrucis corrió y se resguardó en la parroquia de Álvaro Obregón, donde recibieron atención médica por parte de Protección Civil. Durante dos días se refugiaron en ese espacio.
Feligreses y habitantes de la comunidad les proporcionaron alimentación. Por otro lado, medios locales publicaron declaraciones del obispo de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, en las que desacredita el viacrucis y a los defensores acompañantes de la causa.
“El obispo crispa más la atención y el odio que hay en contra de la población migrante. Nosotros estamos solicitando diálogo desde antes de salir”, añadió Villagrán cuando recordó las violencias que enfrentan en “la ciudad cárcel”, como llaman los migrantes a Tapachula.
Estos repetidos actos de violencia por parte de las fuerzas federales se ejercieron, según el defensor, a pesar de las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos antes de iniciar la travesía.

Ciudad cárcel
Las personas en contexto de movilidad humana acamparon por varios meses en el Parque Bicentenario de Tapachula. En un tubo de agua se aseaban todos y la niñez dormía en el piso. “Son condiciones infrahumanas”, explicó Villagrán.
Después de varias semanas de protestas contra la administración del INM, el 11 de marzo, cerca de 800 personas lograron hacerse visibles en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tapachula.
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Para callar sus voces les entregaron visas humanitarias en Ciudad Hidalgo, razón que motivó a más personas a exigir también la regulación migratoria para poder salir de Chiapas. Pero sin la presencia de López Obrador, no hubo respuesta y la desesperación desencadenó nuevas protestas y reclamos entre migrantes.
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano alertó, entonces, sobre la falta de transparencia en las promesas de regularizar a la población migrantes. “Estos conflictos son resultado de las acciones de las autoridades”, y sumó que, de esta manera, se promueve un trato diferenciado entre nacionalidades que generan tensión entre los grupos.
De raíz
Alrededor de las 15h de este domingo (3), el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado de prensa, que difundió en redes sociales, para llamar al éxodo de migrantes a no autolesionarse, “ni a convertirse en rehenes de intereses de terceros”.
Migración señaló a los defensores de promover acciones que dañan la integridad física y psicológica de los extranjeros, en referencia a la protesta en la que de nueva cuenta se costuraron los labios y a la huelga de hambre que iniciaron en la comunidad Álvaro Obregón, donde fueron reprimidos por las fuerzas federales.
La situación colocó rápidamente a Chiapas a la vista del mundo y la respuesta del INM tampoco demoró. Dos horas más tarde, de la publicación de su comunicado, llegó a un acuerdo con el grupo de migrantes.
Al menos 600 personas en contexto de movilidad aceptaron y comenzaron ser trasladadas en autobuses de la comunidad Álvaro Obregón a Tabasco y Oaxaca, para que puedan avanzar sus trámites de regularización migratoria.
En la documentación del Centro de Dignificación Humana, se detectó la presencia de infiltrados dentro del grupo de migrantes, así como en medios de comunicación, que contribuyen a un contexto de tensión.
“El Estado mexicano no tiene ninguna intención de hacer las cosas conforme a la ley sino todo lo contrario y ha gastado mucho dinero en estas actividades; por ello es responsable de lo que pueda ocurrirnos”, dijo VIllagrán.
Para el defensor, estas violencias que se ejercen son normalizadas por las mismas autoridades, que envía un mensaje erróneo a la sociedad, sin importar que se trate de un grupo vulnerable.
Los defensores de los derechos humanos coincidieron que, además de medidas inmediatas, se necesita mayor capacidad de atención del INM con base en el respeto de los derechos humanos y con conocimiento de leyes y acuerdos internacionales.
En el último comunicado del Colectivo Observación hizo un enérgico llamado para que las autoridades mexicanas detengan la violencia y los operativos. Asimismo, demandaron a la Secretaría de Gobernación, el INM y GN respeto y garantía de la integridad física y emocional de todas las personas que se desplazan.
Al mismo tiempo, las organizaciones pidieron al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dar debida respuesta a los procedimientos migratorios.
Albergues de migrantes en el sur de México denuncian aumento de violencia
Por Jeny Pascacio
Durante el 2021 la violencia por parte del crimen organizado y autoridades incrementó en la ruta migratoria de Chiapas y Tabasco, asimismo las amenazas directas contra albergues que vulneran las condiciones de las personas en tránsito por México.
En octubre de 2021 el albergue para personas migrantes “Casa Betania Santa Martha” ubicado en Salto de Agua, Chiapas, fue allanado por un grupo armado que amenazó de manera directa a defensores de los derechos humanos.
En el 2019, intentaron ingresar en dos ocasiones pero no lo consiguieron, aunque el hostigamiento e intimidación es constante. Un escenario parecido vive el albergue La 72, en Tenosique, Tabasco, con al menos 10 incidentes presentados ante la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Pero no son investigados.
Ambos espacios se encuentran en dos entidades fronterizas con Guatemala y son paso obligado de cientos de personas migrantes que buscan condiciones justas de vida en México y Estados Unidos. “Este 2021 incrementaron las amenazas, la inseguridad y el hostigamiento por parte de las autoridades”, dijo la representante de LA 72 durante la presentación del informe ‘Voces que caminan’, de la Red TDT en colaboración con el Colectivo Ansur de Colombia. El equipo de trabajo sufre persecución y hostigamiento hasta vía telefónica.
Durante el 2021 también comenzaron a recibir mayor población migrante para solicitar apoyo para realizar trámites migratorios. “Llegan de Tapachula”, ciudad chiapaneca colindante con Tecún Umán, Guatemala. La ciudad es uno de los cruces más importantes de personas en movilidad y donde se concentran miles en espera de respuestas a sus trámites de las sedes del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
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Inseguridad
Dentro de la ruta migratoria, ubicado al norte de Chiapas, se encuentra el albergue Betania Santa Martha, un proyecto de los Misioneros del Verbo Divino en el que las Hermanas Franciscanas Misioneras de María colaboran. El equipo de trabajo es reducido, pero brindaron apoyo a 25 mil personas en 2021, año en que también incrementó la violencia.

Una de las hermanas, de identidad reservada, dijo que “las amenazas, allanamiento e intimidaciones por parte de autoridades coludidas con el crimen organizado buscan hacernos desistir de nuestra labor de defensa de derechos de las personas migrantes, que han incrementado. Y cuando se les cuestiona sobre su proceder su irónica respuesta es: ‘somos autoridades y podemos ingresar cuando queramos’”.
En este caso también existen hostigamientos y amenazas directas a defensores y a personas migrantes y, a pesar de la presentación de pruebas, como imágenes de las cámaras de video vigilancia, las denuncias no proceden ni en Chiapas, ni en Tabasco.
Victor Hugo López, Secretario Ejecutivo de la Red TDT, agregó que en la documentación de hechos y acompañamiento que realizan entre organizaciones notan que las Fiscalías a nivel estatal y federal niegan la atención, “se avientan la bolita”.
“Dentro del ámbito jurisdiccional no quieren asumir ni hacerse responsables de las denuncias que se interponen” y, en mucho caso, tampoco levantan registro de atención o de actas administrativas.

Durante este año, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano también registró violencia contra defensores de los derechos humanos que documentan el tránsito de personas en movilidad en Chiapas.
El año pasado, México recibió, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, un total de 131 mil 448 solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado: Haití (51,827), Honduras (36,361), y Cuba (8,319). Las mujeres representaron el 41.06%.