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La Verdadera Voz del Amate

Denuncia de nuestros compañeros presos en lucha de la organización la Verdadera Voz del Amate por falta de una alimentación suficiente y de calidad

CERSS No 5

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

A la Sociedad Civil nacional e internacional.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Consejo Indígena de Gobierno.

A los medios de comunicación.

Al pueblo de México y del mundo.

A la Red Contra la Represión y por la Solidaridad.

A lxs defensorxs de los derechos humanos y ONGs.

Al Frayba

La organización La Verdadera Voz del Amate adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

Compañeras y compañeros antes que nada el día 19 de enero del presente año denunciamos al contador Giovani Ramos Morales.

Por lo mismos que no los quieren proporcionar nuestros desayunos y comida, las cocineras siempre hacen así para que sirvan lo que corresponde como la ley marca, nos dan la mitad lo que nos dan la comida que dan es de mala calidad. Nosotros respetamos las reglas, pero no podemos soportar esos tratos. Exigimos el cambio de la cocinera si no cambia la situación. La cocinera de nombre Beti es la que comienza todo, como si mandara en el centro. Es una humillación y discriminación lo que hace esa cocinera de nosotros y al que quiere que llegue en su mano al Subsecretario Jose Miguel Alarcón y al gobernador del Estado Rutiló Escandon Cadenas.

Esas son nuestras palabras.

Presos en lucha.

German Lopez Montejo.

Abraham Lopez Montejo.

Abrelio Sanchez Perez.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Persiste tortura en Chiapas para fabricar culpables


Reunión de familiares de Yonny Ronay con personal de la ONU-DH México

Quienes suscribimos el presente pronunciamiento reafirmamos que Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) un joven mestizo, estudiante de Ingeniería Mecánica Automotriz, fue detenido de manera arbitraria el día 13 de marzo 2019 y durante tres días fue torturado junto a otras dos personas por elementos de la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGECH). Primero fue torturado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y después en Villaflores, Chiapas.

Los actos de tortura que vivió Yonny Ronay consistieron en insultos, amenazas intimidatorias, sometimiento a posturas corporales incómodas, desnudez forzada, vendaje de ojos, golpes con puños, manos abiertas, pies y planchas “de manera” en las piernas, el rostro y cabeza; asfixia con agua, asfixia con una bolsa con sustancia picante, toques eléctricos y tortura psicológica. Los primeros actos de sometimiento bajo tortura ocurrió en el sótano de la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado y posteriormente en Villaflores antes de ser llevado a la Fiscalía de Distrito Fraylesca ubicada en ese municipio.

El día 14 de marzo del 2019, se le expuso en medios de comunicación como parte de una banda criminal con armas de grueso calibre. No obstante, en la noche del día 15 de marzo se le concedió su libertad, ya que la Fiscalía de Alto Impacto alegó que a Yonny Ronay solamente se la había encontrado una navaja multiusos.

La noche de su liberación, frente a su familia, Yonny Ronay fue detenido de nueva cuenta a solicitud de la Fiscalía de Distritoo Fraylesca, acusándolo de homicidio y robo. La orden de aprensión había sido solicitada el mismo 15 de marzo de 2019. Yonny Ronay fue trasladado al municipio de Villaflores, mientras tanto, durante el trayecto fue nuevamente torturado. Desde entonces está privado ilegalmente de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 08 de la Cuidad de Villaflores, Chiapas.

De acuerdo con la documentación del Frayba, la Fiscalía de Alto Impacto utilizó su licencia de conducir para colocarlo como testigo de cargo de un supuesto delito de robo ejecutado con arma de fuego de uso exclusivo del Ejército el día 24 de abril de 2019. De esta manera la Fiscalía de Alto Impacto falsificó el testimonio y firma de Yonny Ronay, con los cuales inculparon y sentenciaron a las dos personas privadas de la libertad en el CERSS No. 14 “ El Amate” en la Cuidad de Cintalapa, Chiapas.

En el caso del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la investigación pasó a la Fiscalía General de la República (FGR), quien concluyó que Yonny Ronay no pudo haber sido testigo de esos delitos porque ya se encontraba detenido desde el 13 de marzo de 2019. Así mismo, indicó que la Fiscalía General del Estado de Chiapas había simulado pruebas contra de las dos personas por el delito de robo y portación de armas. La FGR a sabiendas de los delitos cometidos por los servidores públicos del estado, no emprendió ninguna acción para investigar y sancionar las conductas ilícitas desplegadas por los servidores públicos.

A pesar de contar con pruebas ilícitas dentro de su proceso penal, Yonny Ronay fue sentenciado a 31 años de prisión el mes de septiembre del año pasado. Ante esa determinación judicial, la defensa apeló y se logró reponer el proceso, motivo por el cual la audiencia de juicio oral se llevará a cabo el 21 de enero de 2022 a las 13 horas, en el Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuidad de Villaflores. Debido a las violaciones al debido proceso, presunción de inocencia, juicio justo e imparcial cometidos contra Yonny Ronay, hacemos un llamado al Juez para efectuar un fallo que garantice la protección más amplia de los derechos humanos.

Desmentimos la afirmación del gobierno federal que la tortura ya está erradicada en nuestro país. Manifestamos nuestra preocupación de que este tipo de violaciones graves a los derechos humanos se siga dando en el actual sistema penal acusatorio. Existe “una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención” como ha señalado el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Y que las autoridades mexicanas deben “Pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley, estará sujeto a enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas…”1 Las autoridades deben comprometerse a llevar a cabo acciones que erradiquen la impunidad arraigada de manera profunda en las distintas esferas de la administración pública.

Por lo anterior, solicitamos:

• Que el Juez penal responsable del juicio oral a efectuarse el día 21 de enero de 2022, tome en cuenta las pruebas que acreditan que Yonny Ronay Chacón González es inocente y le otorgue la libertad inmediata.

• Como consecuencia de la privación arbitraria e ilegal de la libertad y tortura el Estado mexicano repare todo el daño que ha causado tanto a él como a sus familiares.

• Investigar exhaustivamente las violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso.

Suscriben

Familiares de Yonny Ronay Chacón González
Colectivo de Familiares de Presos en Lucha
Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República)

Personas, organizaciones y colectivas internacionales

Fionn O’Sullivan, London, Reino Unido; Dr Joey Whitfield, Universidad de Cardiff, Gales; Taula per Mèxic. Asociación por la Paz y los Derechos Humanos en México; Asamblea de Solidaridad con México – ASMEX País Valencià; Canopia Cooperativa Valenciana; Perifèries del Món, València; Taller Ahuehuete_México; Compagnie Tamèrantong – Paris, FRANCIA; Solidaridad Internacional Andalucía; CGT. Confederación General del Trabajo, España; Federación Unión Africana, España; Colectivo Acción Solidaria, Viena, Austria; CEDSALA. Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África; Lêgerîn Azadî, Colectiva No Mixta Transfeminista de Apoyo al Movimiento de Liberación del Kurdistan; colectivo «Zapateria Toulouse» ; colectivo (Scotland Zapatista); CSOA l’Horta; Marea Verde Valencia; ACUDES Valencia; Uhuru Valencia; Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá; Hijas de Alkebulan – Panamá; Lumaltik Herriak. Asociación por la Cooperación y el Desarrollo entre los pueblos; Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai – Barcelona, Catalunya; Asamblea Libertaria Autoorganizada «Paliacate Zapatista» – Grecia, Centro de Documentación sobre Zapatismo -Cedoz-; Colectivo Armadillo – Finlandia.

1 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MEX/CAT_C_MEX_CO_7_34944_S.pdf

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
20 de enero de 2022
Pronunciamiento conjunto

Descarga el pronunciamiento en PDF aquí: Pronunciamiento conjunto sobre la libertad de Yonny Ronay

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Radio Zapote

Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte | 17 de Enero 2022

Los y las representantes y miembros de pueblos originarios, organizaciones y colectivos provenientes de distintos puntos de esta geografía llamada México, nos reunimos el 15 y 16 de enero de 2022 en el Altepelmelcalli en el Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, con el objetivo de dialogar, compartir nuestras luchas y discutir propuestas de organización y articulación para enfrentar esta guerra ilegal e ilegítima contra los pueblos originarios afectados por los megaproyectos que sangran nuestros territorios, la madre naturaleza y a la humanidad entera.

Compartimos nuestras luchas en mesas de trabajo en donde realizamos un análisis conjunto enfocado en tres ejes: la guerra contra los pueblos, la ley de los Pueblos frente al Acuerdo Presidencial del 22 de noviembre 2021, así como propuestas de Acción.

CONSIDERAMOS:

Que la instalación de gasoductos en diversas geografías de nuestro país desde el territorio yaqui, pasando por Juanacatlán y Lagos de Moreno, Jalisco, Hidalgo, la Sierra Norte y centro de Puebla, Morelos, Tlaxcala y en el Istmo de Tehuantepec, así como en otros países como en el sur de Italia, se está llevando a cabo mediante la imposición, el uso de la fuerza pública, la criminalización, el despojo e incluso el asesinato de compañeros defensores como lo es el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes. Que estos gasoductos no son para beneficio de los pueblos y la humanidad, sino para los grandes capitalistas que tienen la intención de incrementar la industrialización en nuestros territorios afectando la vida de miles de mujeres y hombres que se dedican al campo y otras actividades diversas, queriendo estos capitalistas convertirnos en esclavos de la industria en nuestras propias tierras, viendo cómo se deteriora nuestra salud y se incrementan sus ganancias a costa de la contaminación que generan.

Que existe una guerra que tiene 529 años cimentada sobre el despojo. Una guerra que destruye el territorio y la vida y que también atenta contra los pueblos originarios, contra nuestros saberes, nuestra cultura, nuestras comunidades, así como contra los y las defensoras del territorio. Es una guerra racista, clasista, colonialista y patriarcal a la que nos enfrentamos en lo local y en lo global, que nos ve a nuestros pueblos y territorios como recursos a extraer. Se realiza a través de la militarización de nuestros territorios por el ejército o el narco, lo que es una evidencia más de esta cuarta guerra contra los pueblos originarios. Esta guerra pretende un exterminio de la diversidad cultural y biológica, que resulta en cambios climáticos y amenaza al mundo entero.

Que el Decreto Presidencial del 22 de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan, intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal en contra de quienes defendemos la vida y nuestros territorios, a través de declarar los megaproyectos de interés público, seguridad nacional y autorizarlos en un plazo no mayor de 5 días, al margen de toda protección ambiental y del derecho de autodeterminación de nuestros pueblos. Hoy su discurso de legalidad vuelve a ser la colonización y muerte, pues hace tan solo cien años, era legal matar yaquis y hoy es legal matar nuestra madre tierra y nuestros derechos como pueblos originarios, los primeros pobladores de estas tierras que han llamado México.

Que frente a esta nueva embestida se hace necesario entonces fortalecer la ley de los pueblos, a través de la autonomía y del control del territorio, lo que sólo es posible a través del fortalecimiento del tejido social y de la organización comunitaria. Como pueblos originarios, al existir desde antes de la constitución del Estado Mexicano tenemos derecho a que sean respetados nuestros sistemas normativos propios y para ello debemos continuar luchando a través de diferentes herramientas, que incluyen la organización comunitaria, las acciones directas, la defensa jurídica y la creación de proyectos de vida y formas de energía sustentables. Que debemos trabajar para construir la justicia de los pueblos, basada en la autodeterminación, que contenga la palabra de las mujeres, de la juventud y de la niñez, y que responda a los tiempos de los pueblos y no a los del gobierno.

Compartimos este análisis en asamblea y decidimos llevar a nuestros pueblos, colectivos, organizaciones barriales, vecinales los siguientes

 

ACUERDOS Y PROPUESTAS
PRIMERO: Realizar una Caravana de los Pueblos por la Vida y Contra los Megaproyectos del 22 de marzo al 22 de abril. Esta caravana será de relevos, recorriendo distintos puntos de lucha y atendiendo al calendario de las resistencias de la defensa de la vida. La Caravana iniciará el 22 de marzo en el Altepelmelcalli, Casa de los Pueblos, Juan C. Bonilla, en el primer aniversario de la toma de Bonafont y día Mundial del Agua.

La Caravana llegará a la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes en la Ciudad de México, los días 8 y 9 de abril y a Santiago Mexquititlán, territorio Otomí, el día 10 de abril, aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata.

La Caravana cerrará el día 22 de abril, día de la Jornada Global contra el Corredor Interoceánico y los Megaproyectos de Muerte “EL ISTMO ES NUESTRO”, en el Istmo de Tehuantepec, y Día de la Tierra . Convocaremos a acciones dislocadas que se sumen al cierre de la Caravana a través de las distintas geografías.

La Caravana también llegará al territorio del Consejo Regional Totonaco y al del Movimiento Agrario Indígena Zapatista en Tehuacán, Puebla, en una fecha por definir.

La Red Futuros Indígenas acuerparán las estrategias de comunicación de la Caravana. La Campaña Luces de las Resistencias donará material didáctico para la campaña.

Más puntos de ruta se definirán próximamente, en colectivo.

 

SEGUNDO: Nos sumamos al calendario de las resistencias

20-25 de febrero – MAIZ invita acompañar la acción de búsqueda del compañero Sergio Rivera en la Sierra Negra de Puebla.

29 y 30 de enero – Encuentro Nacional de Comunicación en Defensa del Territorio y la Vida, en Tehuacán, Puebla.

16 de Febrero – En el Marco de 26 Aniversario del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, se realizará un Foro en la Casa de los Pueblos y Comunidades “Samir Flores Soberanes”, Comunidad Indígena Otomí, CDMX, además de acciones dislocadas en cada región, comunidad y organización.

20 de febrero – Tercer Aniversario del Asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, con acciones articuladas en nuestras comunidades y territorios.

 

TERCERO: Realizar un Encuentro de Juventudes e Infancias en defensa de la vida y el territorio

Onergia cooperativa se suma al Encuentro para capacitación en alternativas energéticas La Red Futuros Indígenas se suma a este Encuentro

Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte: Pueblos Unidos-CNI-CIG, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala-CNI-CIG, Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Foro Nacional de las Resistencias y Alternativas de los Pueblos, Heroico Pueblo de Loma de Bácum, Movimiento Agrario Indígena Zapatista-CNI-CIG, Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla e Hidalgo, Futuros Indígenas, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Red Luces de la Resistencia, Un Salto de Vida, Lucha contra el Gasoducto en Lagos de Moreno-CNI-CIG, Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio-CNI-CIG, Consejo Regional Totonaco, Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México-Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, CNI-CIG

 

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Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Campaña Nuestra lucha es por la Vida

El 08 y 09 de enero del 2022 se realizó la Caravana de solidaridad y documentación con la comunidad autónoma zapatista de Nuevo San Gregorio, que tuvo por objetivo documentar las agresiones, amenazas y hostigamientos perpetrados por el grupo de “Los 40 invasores” en contra de niñas, niños, hombres, mujeres de la comunidad autónoma zapatista.

Como resultado de esta Caravana, las organizaciones, colectivos, redes y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona que participaron, presentaron un informe que da cuenta de la continuidad de las agresiones contra integrantes de la comunidad Nuevo San Gregorio, perteneciente al Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, Floreciendo la Semilla Rebelde, Junta de Buen Gobierno: Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, en la zona de Patria Nueva, territorio recuperado en 1994 por el EZLN.

Con la intención de que más y más personas se enteren de la guerra que se emprende contra las comunidades zapatistas, nosotros, nosotras, nosotroas hemos decidido impulsar la campaña Nuestra lucha es por la Vida, que busca desplegar toda nuestra solidaridad con las comunidades zapatistas y exigir el alto a la guerra en la comunidad Nuevo San Gregorio y en otras comunidades en resistencia y rebeldía.

Invitamos a otras colectividades y personas a que, durante el mes de enero del 2022, sumen su solidaridad a esta campaña desde sus geografías y según sus modos e imaginación.

NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA.
Solidaridad con los pueblos zapatistas.
Alto a la guerra en Nuevo San Gregorio.

Mexicogruppen. Foro Internacional de Dinamarca
Adherentes a la Sexta Internacional (Argentina)
Mujeres y la Sexta
Red MyC Zapatista
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI, AC)
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR)
Espacio de Mujeres adherentes a la Sexta (Valle de Jobel)
Defensoras Comunitarias (valle de Jobel)
Colectivo de Familiares de Presos en Lucha
Adherentes individuales a la sexta (valle de Jobel)
Promedios de Comunicación Comunitaria
Red de Resistencias y Rebeldías AJMAQ
Acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Red Universitaria Anticapitalista (Ciudad de México)

Adhesiones:
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Raíces sin Fronteras
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas
London Mexico Solidarity
La Comuna
Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria
Asociación Nuestramericana de Estudios Interdisciplinarios en Crítica Jurídica, ANEICJ
Zapatista Solidarity Network
Women of Colour Global Women’s Strike
Grietas en el Muro, espacio de coordinación
Colectivo de Mujeres Tejiendo Resistencias
Colectivo Renovador Estudiantil Autónomo-UNAM
Coordinadora de Estudiantes y Colectivos de la Facultad de Derecho-UNAM
El Terreno del Tío Chayote
Los Zurdos
Colectivo Caracol de la Vida Morelos
Mexicanos Unidos
Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan
Colectiva de Mujeres que Luchan-RRR Xalapa
RRR Bien Contreras
La colectiva corazón del tiempo (Puelmapu Norpatagonia Argentina)
Desde el Margen (Ecuador)
GeoBrujas, comunidad de geógrafas

Más adhesiones: ajmaq_chiapas@riseup.net

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Radio Zapote

Accion Urgente: Exigimos la presentación con vida de los comuneros de San Juan Lajarcia

ACCION URGENTE.

Al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU.

A la Lic. Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al Lic. Adán A. López. Secretario de Gobernación.

Al Lic. Alejandro Murat, Gobernador del Estado de Oaxaca.

Al Lic. Francisco Garcia, Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca.

Al Presidente de la Defensoria de los Pueblos de Oaxaca.

Al Lic. Arturo Peimbert, Fiscal General del Estado de Oaxaca.

El día de hoy 18 de enero del año de 2022, la comunidad zapoteca de San Juan Lajarcia denuncio el secuestro de los comuneros Ignacio Altamirano, Cayetano Bautista Sánchez y José Escudero Domínguez, el primero de ellos Presidente del Consejo de Vigilancia de dicha comunidad, además otros tres comuneros se encuentran desaparecidos. Este secuestro fue perpetrado por un grupo armado de la comunidad de San Bartolo Yautepec.

Desde hace dos años la comunidad de San Juan Lajarcia ha venido requiriendo a los gobiernos del presidente López Obrador y del estado de Oaxaca Murat Hinojosa su intervención directa ante la presencia de un grupo armado, que ha venido intimidando a los campesinos de dicha comunidad, pero a pesar de dicho llamado, hasta ahora la intervención gubernamental ha sido insuficiente. Es importante señalar que el conflicto que enfrentan ambas comunidades se ha agudizado por la presencia de una empresa cementera.

Las organizaciones indígenas, campesinas, de Derechos Humanos, Sindicales, de mujeres y del movimiento urbano popular de 14 estados del país que suscribimos la presente les solicitamos su intervención inmediata para evitar una tragedia y de que se sigan violando los derechos de la comunidad indígena Zapoteca de San Juan Lajarcia.

EXIGIMOS LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS COMUNEROS SECUESTRADOS.

18 de enero del 2022.

Atentamente

Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, LAVIDA, EDUCA, Pobladores, Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas-Oaxaca, Corriente del Pueblo Sol Rojo, CAMPO, Proceso de Articulación de la Sierra Santa Marta, Red de Radios Indígenas y Comunitarias del Sureste Mexicano, Consejo Indigena del Uxpanapa, Cooperativa Tepeyolo “Corazón de la Montaña”, Grupo de Trabajo “Fronteras, Regionalización y Globalización” de CLACSO y Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras. Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña, Resistencia Civil del Istmo Oaxaca-Veracruz. CNPA-MN, Coordinadora Nacional de Usuarias y Usuarios en Resistencia (CONUR), Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), Centro para el Desarrollo Social y la Sustentabilidad, Nuiwari de Nayarit; Fuerza Social Choapense AC. Sección 22 del SNTE, Grupo Latinoamericano de Estudios Formación y Acción Feminista (Glefas).

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Avispa Midia

Dos periodistas asesinados en México en lo que va del 2022

Por Sare Frabes

En portada: Margarito Martínez, fotógrafo que también laboraba como fixer para fotoperiodistas y reporteros extranjeros en Tijuana. Octubre de 2019. Foto: John Gibbins/The San Diego Union-Tribune

No ha pasado ni un mes del año 2022 y en México ya se reportan dos periodistas asesinados.

El primer caso es el homicidio del director del medio digital Inforegio, José Luis Gamboa, quien falleció después de haber sido apuñalado el pasado 10 de enero en el Puerto de Veracruz. La segunda agresión se registró este lunes (17) con el asesinato del fotógrafo Margarito Martínez quien recibió disparos en la puerta de su vivienda, en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Solo en el año pasado, México reportó nueve periodistas asesinados, con lo cual el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) colocó a dicho país como el más mortífero del mundo para ejercer el periodismo.

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Gamboa era fundador de una página de noticias semanales llamada El regional del Norte o Inforegio, mediante la cual divulgaba artículos noticiosos. Mediante esta plataforma y el uso de redes sociales, Gamboa compartió las supuestas conexiones entre el crimen organizado y élites políticas de Veracruz.

El grupo de prensa Reporteros sin Fronteras escribió que “Gamboa había denunciado y criticado fuertemente las relaciones entre las autoridades locales y el crimen organizado”.

Por su parte, el fotógrafo Margarito Martínez era conocido por cubrir escenarios de violencia en Tijuana. Trabajó para el medio local Cadena Noticias, así como para otros medios nacionales e internacionales.

Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre del 2018, se han registrado 48 periodistas asesinados en el país.

En una entrevista para medios internacionales, Jan-Albert Hoosten, integrante del CPJ, mencionó que México es la única nación donde los niveles de violencia letales contra los periodistas no han cambiado, sino que se mantienen con los distintos Gobiernos: “La violencia es una constante. Y la conclusión después de tres años de Gobierno de López Obrador es que no solo no ha podido resolver las decenas de asesinatos de periodistas, defensores y activistas, sino que ha hecho muy poco para prevenirlos”.

De acuerdo a la CPJ, los asesinatos de periodistas en México desde 1992 alcanza una cifra de 138, mientras que la organización Artículo 19 contabiliza 145 agresiones desde el año 2000.

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Avispa Midia

Pruebas demuestran violencia sexual contra mujeres Achi como táctica de guerra en Guatemala

Por Ñaní Pinto

En portada: Mujeres achí presentes en el juicio histórico. Foto: Juan Calles / Prensa Comunitaria

“Se ha evidenciado como Guatemala implementó desde su política contrasubversiva la estrategia para atacar el cuerpo de las mujeres”, afirmó Lucía Xiloj, abogada de 28 víctimas de violaciones en el conflicto armado interno (1960 y 1996), durante el transcurso de la segunda semana del juicio histórico que se realiza en el país centroamericano.

Este lunes (17) arranca la tercera semana de audiencias para juzgar a cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), quienes son señalados por delitos de lesa humanidad como violencia y esclavitud sexual contra 36 mujeres originarias de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, durante los años de 1980 a 1985.

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“Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal y llevadas al destacamento militar en donde fueron víctimas de violaciones sexuales públicas y continuas”, relató la abogada Xiloj, integrante del Bufete Jurídico Popular de Rabinal para medios internacionales mientras se desarrollaban las audiencias.

De acuerdo a la litigante, el proceso ya avanzó con la muestra de un total de 20 pruebas periciales, por lo cual esta semana continuarán las declaraciones testimoniales. “Mas o menos nos vamos a llevar como dos semanas más para diligenciar todas las pruebas”, contextualizó Xiloj para entrevista con el medio Ruda GT.

Foto: @Vulcanicaa

40 años sin justicia

La abogada Xiloj hizo un recuento del proceso para que actualmente se juzgue a los ex patrulleros. Fue en el año de 2011 cuando 11 de las mujeres presentaron una denuncia por los hechos de violencia que sufrieron, a la cual se sumaron más víctimas hasta llegar a 36 casos. Las mujeres tenían entre 12 y 56 años, al momento de las agresiones y cuatro de ellas eran menores de edad.

Entre los testimonios escuchados durante las pasadas audiencias se encuentran los de las hermanas Margarita Alvarado Enríquez y Marcela Alvarado Enríquez, quienes señalan a Damián Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxum Alvarado de violarlas. Por su parte, Pedrina de Paz señala a Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino ex patrulleros acusados en este juicio, de violarla y provocarle daños permanentes. Francisco Cuxum Alvarado es el quinto acusado.

Estos actos criminales ocurrieron durante los primeros años de la década de los ochentas, por medio de la doctrina de “tierra arrasada”, aplicada bajo el régimen de Ríos Montt, mediante la cual el dictador se ensañó contra las comunidades rurales e indígenas a quienes acusaba de colaborar con los grupos guerrilleros. Para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, esto constituyó una práctica de genocidio “en contra de grupos del pueblo maya” por parte de agentes del Estado.

Por ello, y a pesar de 40 años de espera, las mujeres maya Achi viajan más de 100 kilómetros para asistir a las audiencias que construyen el juicio contra algunos de los autores materiales de estos crímenes.

“Sí ha habido un avance importante para empezar a acreditar esta situación, este contexto que es muy importante en caso de justicia transicional, tal como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, al escuchar a las voces de las propias víctimas se va a terminar de acreditar la responsabilidad de las personas en específico que están siendo acusadas en el presente proceso”, remarcó la abogada Xiloj.

Por su parte, la abogada representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó la prescripción de delitos y el deslinde del Estado de Guatemala del caso pues, según su argumentación, los acusados nunca fungieron como funcionarios públicos ni como miembros de ninguna institución de gobierno.

Como respuesta, la jueza Jazmín Barrios declaró sin fundamento la primera petición ya que en el derecho nacional e internacional las graves violaciones a derechos humanos no prescriben, mientras argumentó que, ante la segunda petición, se resolverá al dictar sentencia en el momento de concluir el debate oral y público.

Foto: David Toro

Violencia contra los cuerpos

En la audiencia del 7 de enero, la primera en declarar ante el tribunal fue Aura Estela Cumez, antropóloga enfocada en el tema de género, quien presentó un peritaje sobre violencia sexual. Ella afirmó que su investigación muestra que los hechos cometidos contra las mujeres maya Achi tienen claros elementos de racismo y tácticas de guerra contrasubversiva.

“Durante el Conflicto Armado Interno, las comunidades Maya Achi fueron ocupadas y controladas por el ejército que operaba desde un destacamento y campamentos militares en coordinación con comisionados y Patrullas de Autodefensa Civil, organizadas para reprimir, eliminar y destruir a las comunidades consideradas enemigo interno”, detalló Cumez, para quien esta forma de actuar de los patrulleros en contra de las mujeres Achi evidencia una planificación militar.

A su vez, el doctor Cristian Ruiz presentó un dictamen médico tras evaluar a 31 víctimas de la violencia y, por su parte, el antropólogo José Angel Zapeta enfatizó el dolor de las mujeres tras lo sucedido.

Violencia contra el territorio

Fue durante esa misma audiencia que la doctora Irma Alicia Nimatuj presentó un peritaje basado en las historias de vida de 35 mujeres Achi.

Dentro de los hallazgos de Nimatuj, la doctora enfatizó cuatro esferas en las que se produjeron los delitos que hoy están siendo juzgados: profanación, violencia sexual irracional, explotación sexual y violencia sexual verbal.

Nimatuj también destacó que la represión contra las mujeres Achi se originó desde la construcción de la represa en el río Chixoy. En orden para consolidar este proyecto hidroeléctrico, que contaba con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, fueron violentamente desplazadas comunidades mayas Achi.

Aunado a ello, 440 indígenas Achi fueron asesinados por el Ejército de Guatemala acusados de pertenecer a la guerrilla, para luego reprimir a las mujeres sobrevivientes.

“Allí inician los tratos crueles y la violencia sexual contra niñas y ancianas (…). En las historias de vida se evidencia que la violencia adoptó patrones comunes: llegada violenta de ejército, patrulleros y judiciales, luego persiguieron a los líderes comunitarios, después asesinaron o desaparecieron a los hombres adultos para después torturar y violar a las mujeres sin importar su edad o estatus. Arrasaron y quemaron sus casas junto a sus pertenencias e instrumentos de trabajo y bienes espirituales, cuando capturaban a las mujeres quienes buscaban comida, medicinas o agua las recluían en destacamentos militares para interrogarlas y violarlas masivamente”, afirmó Nimatuj.

Para la doctora Nimatuj, la violencia sexual fue utilizada como una táctica de guerra. “La violencia sexual se institucionalizó para someter a las mujeres Achi, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad”, explicó.

Mujeres achí presentes en el juicio histórico. Foto: Juan Calles / Prensa Comunitaria

Testimonios

En la audiencia del jueves (13), Arsenio García explicó el “análisis de los estándares internacionales de credibilidad en casos de violaciones de derechos humanos” mediante el cual concluyó que los testimonios de 33 mujeres Achi son creíbles, congruentes, tienen concordancia y coherencia.

“Los testimonios coinciden en relatos de tortura física y sexual, uso de destacamentos como lugares de tortura, desapariciones y asesinatos de familiares y otras personas de comunidad, quema de casas, desplazamiento forzado, robo de objetos y animales, violencia y esclavitud sexual de los victimarios”, señaló García.

“Llevamos 40 años esperando justicia, antes nos daba vergüenza hablar de lo que nos hicieron, pero hoy estamos contentas porque ya estamos en audiencia, esperamos que ahora si nos hagan justicia”, declaró Antonia Valey, otra de las víctimas que espera justicia en los tribunales de Guatemala.

Con información de Ruda GT, Prensa Comunitaria y Prensa Libre

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Avispa Midia

Zapotecas clasifican como “acto coercitivo” reinicio de consulta de la eólica EDF

Por Sare Frabes

Este domingo (16), el ayuntamiento municipal de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, ha difundido la convocatoria para el reinicio de la Consulta Indígena para la instalación del parque eólico de la empresa Électricité de France (EDF).

El proceso de consulta, iniciado en abril de 2018 y detenido debido a la pandemia de Covid-19 deberá, según la convocatoria, ser retomado el 22 de enero, en su fase final, en la etapa deliberativa.

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La Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec, ha expresado su inconformidad ante la decisión de la reanudación del proceso. “Deliberar en medio de la pandemia es un acto coercitivo de las autoridades”, pronunciaron los comuneros de la comunidad zapoteca en sus redes sociales.

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“En plena alza de la panemia en Oaxaca y ante un eventual repunte en el Istmo, después de las fiestas de fin e inicio de año, la Sener [Secretaría de Economía], INPI [Instituto Nacional de Pueblos Indígenas], CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] se lavan las manos y practican la danza de la muerte con la reanudación de la consulta eólica del proyecto de muerte denominado Gunaa Sicarú”, afirman.

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Los zapotecas han denunciado, desde por lo menos 2017, que la EDF firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta.

Han denunciado además que las acciones de la empresa, en conjunto con autoridades, han llevado a la comunidad de Unión Hidalgo a una escalada de violencia, especialmente hacia comuneros y comuneras que están en contra del proyecto.

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En testimonio para Avispa Midia, un representante de la Asamblea de los Comuneros apuntó varios problemas en la retomada de la consulta. Uno de ellos es que no hay condiciones para iniciar la fase final, la deliberativa. “No se ha cerrado formalmente la fase informativa”, dijo, necesaria para que se inicie la deliberación.

Además, sostiene que la responsable por la convocatoria debe ser la Sener, a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Territorial, y no el ayuntamiento municipal.

En Unión Hidalgo ya existe un parque eólico con dos fases de la española Demex. Son alrededor de 100 aerogeneradores ya instalados.

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Avispa Midia

EEUU reafirma estrategia para mantener su presencia en Latinoamérica

Por Santiago Navarro F

Brasil y los Estados Unidos (EEUU) estrecharon y reafirmaron sus acuerdos militares a finales del año 2021 con un ejercicio conjunto, realizado en el estado de Sao Paulo desde el 6 de diciembre. De la misma manera, en los primeros días del año 2022, EEUU realizó diversas acciones en Centroamérica con su vieja estrategia de “ayuda humanitaria” en contextos de “crisis naturales”.

El ejercicio militar, ejecutado junto a las fuerzas armadas de Brasil en diciembre del 2021, es llamado “Southern Vanguard 22”. Este ejercicio fue dirigido y patrocinado por el Comando Sur de EEUU, una unidad compuesta por más de 1,200 militares y civiles encargada de las operaciones militares estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. Es uno de los diez comandos de combate unificado pertenecientes al Departamento de Defensa de los EEUU.

El ejercicio tuvo un alcance a nivel operativo y táctico diseñado para aumentar la interoperabilidad entre el país norteamericano y las fuerzas armadas del cono sur. “Nuestro objetivo es continuar este ejercicio al menos hasta el año 2028”, dijo el General William Thigpen, comandante general del Ejército Sur.

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El general destacó la relevancia del ejercicio, sobre todo, “es importante que ejecutemos esta misión porque en caso de una crisis humanitaria o un desastre natural, ya tendremos la experiencia de trabajar junto a las fuerzas brasileñas, y tenemos esa confianza y respeto establecidos”.

Aunque esta no es la única acción que ha realizado el Comando Sur en Sudamérica. Uno de los ejercicios más controvertidos fue realizado en septiembre del 2020, en plena pandemia de la Covid-19, EEUU y las fuerzas armadas de Brasil, realizaron un simulacro de guerra en la frontera con Venezuela. También sirvió para probar su artillería, con los proyectiles conocidos como ASTROS 2020, con el cual se han creado un conjunto de cohetes: SS80, SS60, SS40 y SS30.

Para el ejercicio “Southern Vanguard 22”, que duró 10 días, participaron más de de mil militares, incluidas las fuerzas del 5.º Batallón de la 12.ª Brigada de Infantería de Brasil; militares del Comando Sur; y la 101 División Aerotransportada (Asalto Aéreo) para realizar entrenamiento táctico conjunto.

En los ejercicios del “Southern Vanguard 22”, también participan países socios de Centroamérica y Sudamérica. La primera ejecución de “Southern Vanguard” tuvo lugar en Chile, en agosto de 2021.

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Los EEUU remarcan las relaciones que tiene con Brasil, sobre todo, desde la 2ª Guerra Mundial, una relación que se reafirma con el ejercicio “Southern Vanguard 22”.

“Este ejercicio se ha estado gestando desde octubre de 2020, y solo podría suceder con la planificación del personal combinado del Ejército Sur y nuestros homólogos brasileños”, dijo el mayor Milton Maddox, oficial principal de planificación del Ejercicio Southern Vanguard 22 del Comando Sur.

Los altos mando del Comando Sur sostienen que con estos ejercicios se “fortalecen la seguridad regional porque nuestras fuerzas aprenden a operar como una sola”.

Nuevo año 2022

El Comando Sur y su extensión establecida en Honduras, llamado Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (FTC-Bravo), también se encuentran realizando un conjunto de ejercicio de “respuesta a desastres naturales” en Belice del 7 al 21 de enero.

JTF-Bravo, es una unidad del Comando Sur establecida en la base en la Base Aérea Soto Cano, Honduras. Desde este complejo han desplegado diversas acciones en América Latina y en contextos de guerra como las de Afganistán e Irak.

En ejercicio para “asistencia humanitaria” y el socorro en casos de desastre, realizado en Belice, se impartió capacitación para el uso de helicópteros CH-47 y UH-60, con el objetivo de “responder rápidamente con sus capacidades únicas de transporte aéreo y para salvar vidas y mitigar el sufrimiento inmediatamente después de los desastres naturales”, destacan los mando del Comando Sur. Desde que se declaró oficialmente la pandemia de la Covid-19, EEUU no ha distribuido vacunas para el coronavirus.

En estos ejercicios se impartió la capacitación para la supervivencia en la selva, “un ejercicio de asistencia humanitaria y de socorro en caso de desastres, diseñado para poner a prueba la capacidad de la FTC-Bravo de brindar asistencia a sus socios centroamericanos y validar sus capacidades”, afirma el Comando Sur.

Estrategia del Teatro es llamada la ruta que sigue los Estados Unidos en Latinoamérica, una estrategia lanzada en 2017 y proyectada hasta 2027. “Este plan es nuestro modelo para defender las vías de acceso del sur del continente americano hacia su interior y promueve la seguridad regional mediante la degradación de las amenazas por parte de las redes ilícitas transregionales y transnacionales (T3Ns, por sus siglas en ingles), respuesta rápida a cualquier tipo de crisis (desastre natural o humano) y creando relaciones para enfrentar desafíos globales”, señala el documento de la estrategia que en su momento fue presentado por el ex comandante, Kurt Walter Tidd.

Esta es la misma estrategia que sigue actualmente la comandante Laura Richardson, quien asumió el mando del Comando Sur a finales del año 2021. Bajo esta estrategia, también, en Guatemala, el pasado 11 de diciembre de 2021 la FTC- Bravo, desplegó aproximadamente 30 miembros para brindar atención médica y veterinaria a las poblaciones guatemaltecas.

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo indígena de Gobierno

CNI- CIG anuncia suspensión judicial sobre el decreto que declara «interés público» y de «seguridad nacional» los proyectos del gobierno federal

A los pueblos de México,

A los pueblos del mundo,

A los medios de comunicación.

Anunciamos que hasta el día de hoy pueblos y comunidades indígenas de Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y CDMX, participantes en el Congreso Nacional Indígena, han interpuesto 17 amparos en contra del acuerdo del presidente de la república que declara las obras y proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional, instruyendo a las dependencias de la administración pública federal para que otorguen autorizaciones provisionales para su ejecución, pasando por alto los requisitos establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales y leyes reglamentarias; violentando así los derechos de nuestros pueblos con la finalidad de posibilitar la imposición de las obras de infraestructura y de los grandes megaproyectos que, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Proyecto Integral Morelos, posibiliten un mayor despojo de nuestros pueblos mediante el reordenamiento de los territorios, fronteras y poblaciones de México y Centroamérica en favor de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos y de los grandes capitales multinacionales.   .

A pesar de la profunda aberración jurídica que representa el acuerdo, en la mayoría de estos amparos los jueces se han declarado incompetentes, los han desechado de plano o nos han solicitado diversas aclaraciones que se vuelven interminables; en contraste con esta actitud omisa y cómplice de muchos jueces, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla otorgó la suspensión provisional del acuerdo presidencial.

Con esta suspensión el gobierno neoliberal mexicano está impedido de manera provisional para ejecutar las acciones señaladas en su ilegal acuerdo, como el declarar sus proyectos de “Interés Público” y de “Seguridad Nacional”, reiterando con cinismo su decisión de atropellar los derechos de quien sea, usando a sus grupos armados para hacerlo; mismos que no solo reprimen, sino que se benefician de los mega proyectos del gobierno neoliberal mexicano, como ocurre con la secretaría de la Defensa Nacional que, desde un principio, se posicionó como beneficiaria y operadora del proyecto del aeropuerto internacional de Santa Lucía y del Tren Maya. Con el acuerdo del mal gobierno federal, adicionalmente tendrá todas las facilidades para reprimir a los pueblos que se opongan.

Es decir, tendrá las facilidades para proteger el negocio propio y el del gran capital que quiere seguir despojando los territorios de la Nación y sus pueblos, teniendo las armas y las facultades para usarlas en contra de los pueblos indígenas, campesinos y de las ciudades que se opongan, usando torcidamente los argumentos del “Interés Público” y la “Seguridad Nacional”, lo que de por sí vienen haciendo con o sin acuerdo presidencia.

Llamamos a los pueblos de México y de las geografías rebeldes en el mundo a estar atentos a la imposición de los megaproyectos de muerte y a la forma como pueda desempeñarse el poder judicial ante la decisión de nuestros pueblos por defender sus derechos y sus territorios.

 

 

ATENTAMENTE

Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos

Nunca más un México sin nosotros

Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo indígena de Gobierno.

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