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Radio Zapatista

La muerte de un torturador: Nazar Haro

El viernes  27 de Enero de 2012 murió Miguel Nazar Haro, responsable directo de la desaparición forzada, el asesinato y la tortura de cientos de hombres y mujeres.

En esta emisión escucharemos a Pavel Ramírez que narra su versión de los hechos.

Como se lee en la página de H.I.J.O.S:

“Hoy se da un luto improbable porque este peligroso criminal murió sin haber enfrentado un castigo justo. Ante esto las mexicanas y mexicanos nos quedamos en un clima de indefensión. Sin embargo, el episodio no está cerrado: la tarea será lograr que el juicio de la historia imponga esa condena ejemplar para que casos como éste no vuelvan a tener un lugar en nuestro país.”
H.I.J.O.S. México
No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.

Los desaparecidos nos faltan a todos


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H.I.J.O.S México

La muerte de un torturador: Nazar Haro

Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo.
Mario Benedetti

Cuando una persona imprescindible muere, el mundo se pone de luto. El torturador Miguel Nazar Haro murió hace unos días y el improbable luto es completamente distinto: él no era imprescindible, pero era imprescindible que no muriera.

Miguel Nazar Haro fue uno de los más terribles torturadores de nuestra historia. Entrenado por la CIA. Financiado por el narco. Pieza clave en la estrategia gubernamental de asesinato, desaparición forzada y violación sistemática de los derechos humanos de disidentes politicos. Asesor de Zedillo contra el EZLN y las comunidades zapatistas. Robacoches de cuello blanco. Entrenador de torturadores expertos en violar derechos constitucionales. Sus historias lo hacen ver como uno más en la lista del pozolero o el mochaorejas; sin embargo Nazar Haro era más siniestro: él era un servidor público.

Pese a haber cometido innumerables crímenes de lesa humanidad, no enfrentó ningún proceso judicial efectivo. Hubo uno en Estados Unidos, acusado por haber organizado y coordinado una banda de ladrones de coches en ambos lados de la frontera. Para él, el enriquecimiento a partir de actividades ilícitas gracias al manto de impunidad que le cubría, fue más que una costumbre. Hubo dos procesos judiciales en México por la desaparición forzada de disidentes políticos. Valdría la pena preguntarse por qué fracasaron estos jucios.

Nazar Haro no estaba solo: era una pieza más en el esquema de violación sistemática de los derechos humanos en nuestro país. No era un loco que actuaba aisladamente: recibió entrenamiento para ello y era parte de una estrategia generalizada para eliminar a la oposición política. No actuó solo: había subordinados y también había gente encima de él. Sin ir más lejos, los secretarios de gobernación y el presidente de la república. Los que gobernaban cuando él operaba y los que le siguieron que supieron todo y construyeron estrategias legales para mantenerlo impune.

Sin duda podríamos decir que hoy el mundo está más seguro sin él, sin embargo la impunidad que prevalece se traduce en una inseguridad al cuadrado. Al delito de la desaparición forzada –que no prescribe- y la tortura, se suma la complicidad de los jueces y el gobierno corrupto que trafica con nuestros derechos como si fueran de su propiedad. De la cadena de autoridades y funcionarios públicos, no hay quien se salve. Desde los torturadores hasta los diputados y senadores que modificaron las leyes para que los criminales y torturadores como él pasaran las farsas de procesos judiciales en su casa. Violación de los derechos humanos al cuadrado por cada una de las víctimas. ¿Cuántos años de prisión sería eso?

A Nazar Haro hay que condenarlo todas y todos, y hay que condenar también a los jueces que lo dejaron libre y a los gobiernos que consumaron su impunidad: desde los jueces en Monterrey Guillermo Vazquez Martinez y Jose Manuel de la Fuente Perez, hasta la SCJN. ¿Por qué si sabe que en sus manos está la última palabra de la justicia, elige mirar hacia otro lado?

Hoy se da un luto improbable porque este peligroso criminal murió sin haber enfrentado un castigo justo. Ante esto las mexicanas y mexicanos nos quedamos en un clima de indefensión. Sin embargo, el episodio no está cerrado: la tarea será lograr que el juicio de la historia imponga esa condena ejemplar para que casos como éste no vuelvan a tener un lugar en nuestro país.

H.I.J.O.S. México
No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.
Juicio y castigo a los culpables y sus cómplices.
Los desaparecidos nos faltan a todos.

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COMITÉ NACIONAL PARA LA DEFENSA Y CONSERVACIÓN DE LOS CHIMALAPAS

Pronunciamiento público por el respeto al Territorio Indígena Zoque de Los Chimalapas

Los invitamos a manifestar su apoyo a la justa lucha del Pueblo Indígena Zoque Chimalapa, suscribiendo -como organización y/o como persona-
el Pronunciamiento público que les mandamos en añadido y abajo, pegado.
Tu apoyo público es muy importante en el contexto y la coyuntura actual.
Si estás de acuerdo, avísanos a estos correos (comitechimalapas@gmail.com) ó al m_a_zules@hotmail.com
Las firmas se recibirán hasta el martes 31 de enero en la noche, pues se pretende hacerlo público el miercoles 1 de febrero
Gracias por tu apoyo

LUIS BUSTAMANTE VALENCIA                                 MIGUEL ANGEL GARCIA A.

COORDINADOR NACIONAL                                       COORDINADOR REGIONAL

México, 1° de febrero de 2012

PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO

Por una solución definitiva -apegada a la justicia y al derecho- al añejo y doble conflicto presente en el Territorio Indígena Zoque de Los Chimalapas,

Los abajo firmantes, organismos civiles, organizaciones sociales, académicos y ciudadanos/as, queremos manifestar públicamente nuestro apoyo a la histórica, tenaz y paciente lucha pacífica del Pueblo Indígena Zoque Chimalapa, en defensa de la integridad de su ancestral territorio –existente como tal desde la época prehispánica- y en pro de la preservación de sus invaluables bienes naturales, constituidos por los más variados ecosistemas naturales, que hacen de dicho territorio el más biodiverso de México y Mesoamérica (y el mejor conservado, gracias precisamente a los cuidados y a la lucha de los indígenas zoques chimalapas).

Hoy día, quienes aquí firmamos, estamos claros que en el origen del doble conflicto presente en el territorio indígena  y comunal de Los Chimalapas, que data de hace más de 60 años -el conflicto agrario y el conflicto interestatal Oaxaca-Chiapas–se han encontrado siempre ilegítimos y depredadores intereses de empresas y contratistas madereros, ganaderos invasores y supuestos propietarios privados, cobijados y alentados por los sucesivos gobiernos del estado de Chiapas, contando casi siempre con la complicidad de los respectivos gobiernos federales (expresados particularmente por las políticas y acciones asumidas por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y –hasta hace muy poco- por la Secretaría de Gobernación (SEGOB)).

De esta forma, estamos en condiciones de afirmar que, en el escalamiento de la tensión y violencia social que ha prevalecido recientemente en la zona oriente de Los Chimalapas, ha existido una clara responsabilidad de los tres diferentes gobiernos involucrados: del gobierno federal –en particular de la SRA; de la SEMARNAT y de la SEGOB; la primera al dotar ejidos sobre terrenos comunales previamente titulados legalmente; la segunda al expedir permisos de explotación maderera a predios ubicados en zona de conflicto agrario y la SEGOB, al pretender –durante muchos años- administrar el conflicto social; del gobierno de Chiapas, tanto al manipular la información, no sólo entre la opinión pública nacional y chiapaneca, sino entre los propios núcleos agrarios de origen chiapaneco, sino también al enviar masivamente contingentes policiacos a la zona y al tomar medidas unilaterales, como la creación del nuevo municipio “Belisario Domínguez; y, finalmente, del gobierno de Oaxaca, al mantener una posición pasiva y omisiva frente al escalamiento del conflicto.

En ese sentido, nos parece altamente injusto y humanamente inaceptable que los tres gobiernos citados, hayan permitido ó pretendido, y actualmente sigan permitiendo -y en algunos casos como en el caso del gobierno de Chiapas, fomentando- el utilizar a familias y a pueblos indígenas y a comunidades pobres, necesitados de tierras para sobrevivir, como verdaderos “escudos humanos” y “carne de cañón”, orillándolos a una confrontación violenta con los indígenas zoque chimalapas, dueños ancestrales del territorio, confrontación que sólo ha beneficiado a los citados intereses ilegítimos de madereros, ganaderos, acaparadores privados de tierra ajena y a funcionarios públicos, en detrimento de los derechos humanos más elementales –individuales y colectivos- y en detrimento de los derechos de la Naturaleza, en la región más biodiversa de México y Mesoamérica.

Es por ello que –como sociedad civil-  valoramos la paciencia, generosidad e inteligencia con que han sabido responder a las diversas agresiones, despojos y provocaciones, las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa, ofreciendo en contrapartida, una alternativa integral, justa tanto para con sus propios derechos como Pueblo Indígena, como para los derechos de sus –así llamados por ellos- hermanos indígenas y campesinos chiapanecos pobres –a quienes los gobiernos chiapaneco y federal, les repartieron ilegalmente tierra comunal zoque y a quienes los chimalapas no pretenden de ninguna manera, desalojar– y justa también para con la Madre Naturaleza.

Hacemos un llamado tanto a la sociedad mexicana en su conjunto, a valorar y apoyar públicamente la pacífica lucha del Pueblo Zoque Chimalapa y su propuesta integral de solución, como a todas las instancias y niveles del Estado y gobierno mexicano (Poder Ejecutivo –federal y de los estados de Oaxaca y Chiapas-, Poder Legislativo y Poder Judicial) a intervenir de forma honesta y responsable, en pro de una solución definitiva, apegada a la justicia y al derecho, al añejo y doble conflicto presente en el territorio indígena zoque de Los Chimalapas, haciendo prevalecer el interés de la Nación, así como los derechos humanos –individuales y, sobre todo, de los Pueblos Indígenas- y los derechos de la Naturaleza, en la región más biodiversa de México y Mesoamérica.

Atentamente

Organismos Civiles y Organizaciones Sociales

–          Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas

–           Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.

–           Ik Balam, Agencia de noticias ambientales

–          Proyecto Carta Mesoamericana

(responsable de su distribución y difusión: Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas)

Ccp.- A las Comunidades Indígenas Zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa

Ccp.- Lic. Felipe Calderón Hinojosa – Presidente de México

Ccp.-  Ministro Juan N. Silva Meza – Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Ccp.- Lic Alejandro Poiré – Secretario de Gobernación (SEGOB)

Ccp.- Lic. Rafael Elvira Quezada.- Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Ccp.- Agr. Abelardo Escobar Prieto.- Secretario de la Reforma Agraria (SRA)

Ccp.- Dr. Marco Vinicio Martínez Guerrero – Presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA)

Ccp.- Dr. Raúl Plascencia Villanueva.- Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

Ccp.- Ministro Jorge Mario Prado Rebolledo – Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Ccp.- Lic. Gabino Cué Monteagudo.- Gobernador de Oaxaca

Ccp.- Lic. Juan Sabines Guerrero.- Gobernador de Chiapas

Ccp.- Senadora Rosario Ibarra – Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República

Ccp.- Navanethem Pillay.- Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.- Ginebra, Suiza

Ccp.- Representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Ccp.- Sr. Santiago Cantón.- Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.-

Ccp.- Oficina para México de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(Convenio 169)

Ccp.- Ana Hurt.- Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional

Ccp.- Alberto Herrera.- Dirección ejecutiva de Amnistía internacional México

Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales, Defensores de Derechos Humanos

Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales, Defensores del Medio Ambiente

Ccp.- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca.

Ccp.- Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas.

Ccp.- CP Jesús Martínez Álvarez .- Secretario general de Gobierno del estado de Oaxaca

Ccp.- Lic. Noé Castañón.- Secretario general de Gobierno del estado de Chiapas

Ccp.- Lic. Adelfo Regino.- Secretario de Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca

Ccp.- Lic. Jesús Caridad Aguilar Muñoz.- Secretario de Pueblos y Culturas Indígenas del estado de Chiapas

Ccp.- A medios de comunicación, nacionales e internacionales.

radio
Foro Permanente por la Comisión de la Verdad

Urgente: Amenazas en el retorno a San Juan Copala de desplazados

En estos momentos está partiendo del zócalo de la ciudad de Oaxaca la
caravana de retorno de los desplazados de San JUan Copala a sus
hogares.

La noche previa el gobernador amenazó a los integrantes del municipio
autónomo de que ellos serían los responsables de las agresiones que
sufrieran por parte de los paramilitares, en una reunión en la que
este gobernador estuvo acompañado permanentemente por los dirigentes
de los grupos paramilitares.

El gobernado ha amenazado, por medio de funcionarios públicos, con
impedir el libre transito de los desplazados a sus hogares mediante la
fuerza publica en algún lugar de la ruta de traslado.

Hace 10 minutos nos entrevistamos con el Lic. Saul Bolaños,
representante del Estado Mexicano ante las mesas de trabajo para la
implementación de las medidas cautelares 197-10 a quien pedimos ante
esta actitud amenazante del gobernador del Estado de Oaxaca la
protección del gobierno federal.

Igualmente se firmó una minuta con la Comisión estatal de derechos
Humanos de Oaxaca en la que esta se compromete a acompañar el proceso
de retorno de los desplazados y se ha hecgho la solicitud a la
Comisión nacional de Derechos Humanos.

Pedimos a la Comisión Interamericana de derechos Humanos establecer
comunicación con el gobernador del Estado y solicitarle birnde las
condiciones de seguridad para el libre transito y el retorno de los
desplazados de San Juan Copala.

En correo siguiente, enviaremos al la CIDH el documento firmado por el
secretario general de gobierno del estado de Oaxaca, el numero 2 en la
jeraquia del gobierno del estado, en la que el gobierno del estado se
comprometió a garantizar el completo retorno de los desplazados a mas
tardar el 20 de enero del 2012, el cual a pesar de haber sido firmado
por la autoridad fue desconocido por estas y en su lugar el gobernado
trató de resolver el problema de los desplazados de San Juan Copala
poniendolo a votación de las “autoridades” impuestas por los dos
grupos paramilitares que asolan la región.

Este es un mensaje urgente.

David Cilia Olmos
Beatriz Cristobal Delgado
Presidente del Foro Permanente por la comisión de la Verdad
Copeticionario Medidas cautelares MC 197-10

radio
Varios centros de DDHH

Pronunciamiento conjunto de centros de DDHH sobre el desalojo violento de migrantes guatemaltecos

Pronunciamiento conjunto frente a las declaraciones de las autoridades en el desalojo de guatemaltecos en Tenosique, Tabasco

Tenosique, Tabasco, a 10 de enero de 2012
Frente a lo anunciado y divulgado a través de los medios de comunicación por parte del gobierno federal sobre la situación de desalojo de la comunidad de Nueva Esperanza de Petén, Guatemala, desplazada con violencia y asentada en la línea fronteriza con México desde el pasado 23 de agosto de 2011, y luego de que el Centro de Derechos Humanos Usumacinta, A.C. (CDHU) recabó distintos testimonios, las organizaciones abajo firmantes manifestamos lo siguiente:
Son falsas las declaraciones del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Salvador Beltrán del Río, en el sentido de que las 71 personas trasladadas a la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas fueron aseguradas de manera voluntaria y con estricto apego al respeto a los derechos humanos.
El dicho de las y los guatemaltecos desplazados de manera forzada es que personal del INM y de instancias de seguridad federal y estatal intentaron persuadir a la comunidad de subir a los autobuses; sin embargo, cuando la gente se resistió, personal gubernamental utilizó la fuerza contra algunos de ellos.
Debido a que varias personas huyeron hacia su país, las autoridades comenzaron a detener a las niñas y los niños, obligando con esto a los papás a abordar los autobuses, lo cual constituye un trato cruel e inhumano.
Es sumamente grave que en estos hechos no se preservara la unidad familiar, pues entre quienes no pudieron desalojar se encuentran menores de edad cuyos padres y madres fueron trasladadas a la Estación Migratoria.
Por otra parte, cabe señalar que el gobierno federal actuó en contra de su propio dicho, pues días antes había comenzado un proceso de regularización temporal para la mayoría de los hombres de la comunidad desplazada, con el fin de que tuvieran permiso para trabajar en el país.
El día 4 de enero, organizaciones de derechos humanos se habían reunido con autoridades de la Secretaría de Gobernación, el INM, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Procuraduría General de la República (PGR), quienes ofrecieron sin condicionamientos seguir proporcionando apoyo humanitario. Asimismo, es de notar el uso faccioso del sistema penal para criminalizar a los defensores de derechos humanos. El mismo día del desalojo, dos representantes de la comunidad de desplazados que se trasladaban con Fray Tomás González, colaborador del CDHU, fueron detenidos por la Policía Federal y trasladados a las instalaciones locales de la PGR, donde se les hizo saber que estaban detenidos por ser acusados del delito de tráfico de personas y que Fray Tomás también estaba acusado. Esta denuncia penal tiene el número AP/OGCAPZNO/XIV/042012. Cabe señalar que, según testimonio de uno de los detenidos y después liberados, la persona que les tomó su declaración les hizo muchas preguntas acerca de la identidad y la labor de Fray Tomás.
Ante estos hechos, las organizaciones firmantes:
– Deploramos el desalojo forzado en contra de la comunidad Nueva Esperanza y lamentamos el uso de la fuerza como estrategia de contención de las víctimas más vulnerables
– Exigimos detener el proceso de deportación, por medio del cual el que el gobierno mexicano está poniendo en riesgo la integridad de las y los desplazados, quienes no gozan de plenas garantías de seguridad para reingresar a su país
-Condenamos cualquier acto de criminalización contra Fray Tomás González y las y los colaboradores del CDHU. En este sentido, exigimos que el Estado mexicano les garantice en todo momento su derecho a la integridad y a la seguridad personal
Atentamente,
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Equipo Indignación Yucatán R
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
Centro de Derechos Humanos Usumacinta, A.C.
Movimiento Migrante Mesoamericano

radio
Centro Prodh

Acción Urgente: Desalojo violento de desplazados guatemaltecos en Tenosique, Tabasco


México, D.F., a 09 de enero de 2012

Dr. RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Dr. ALEJANDRO POIRÉ ROMERO
Secretario de Gobernación
Ing. GENARO GARCÍA LUNA
Secretario de Seguridad Pública
Lic. SALVADOR BELTRÁN DEL RÍO MADRID
Comisionado del Instituto Nacional de Migración
Q.F.B. ANDRÉS GRANIER MELO
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
P R E S E N T E S
ACCIÓN URGENTE
El Centro de Derechos Humanos Usumacinta A.C., el Equipo Indignación A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), el Movimiento Migrante Mesoamericano y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” con gran preocupación hemos tenido conocimiento del operativo realizado hoy en la madrugada en la franja fronteriza aledaña al Ejido Nuevo Progreso, del municipio de Tenosique, Tabasco, mediante el cual fueron desalojados sorpresivamente y con violencia las familias guatemaltecas que mantenían un campamento desde el 23 de agosto de 2011, cuando fueron desplazadas violentamente por el Ejército guatemalteco de la comunidad Nueva Esperanza, Guatemala.

De acuerdo con los informes recibidos, las organizaciones que suscribimos tenemos conocimiento que el día de hoy, 09 de enero de 2012 alrededor de las seis horas, se realizó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos de la Federación y Policías municipales, algunos elementos policiacos se encontraban vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el Subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración.

Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos.
Las autoridades detuvieron a los niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con el objeto de que sus padres se entregaran, lo que implica un trato inhumano y la posible comisión de ilícitos para los funcionarios que participaron en el operativo.

Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Lostestimonios de personas que no fueron detenidas refieren que hubo incursión de los policías a territorio guatemalteco para detener a más personas, mientras que vecinos mexicanos que se solidarizaron y exigían explicación por tal proceder, fueron amenazados con ser detenidos. Además, una persona de nacionalidad española también fue detenida, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

También es de nuestro conocimiento que dos personas de origen guatemalteco fueron detenidas por las Fuerzas Federales, y después de incomunicadas, trasladadas a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en Tenosique, Tabasco.

Como antecedente a este hecho, el 19 de diciembre de 2011 otros funcionarios federales acudieron al campamento para convencer a las personas de que se retiraran a Guatemala y que recibirían el apoyo de las autoridades mexicanas.

Cabe resaltar que Fray Tomás González Castillo, director del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, así como las organizaciones aquí firmantes, sostuvimos reuniones con el Doctor René Zenteno, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Salvador Beltrán del Río (Comisionado del Instituto Nacional de Migración) y funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), a fin de que se respeten los derechos humanos de las familias guatemaltecas ahí desplazadas. En la más reciente reunión (4 de enero) se comunicó a las autoridades mexicanas que las familias guatemaltecas no deseaban regresar por el momento a Guatemala y que esperarían al resultado de negociaciones con su gobierno para una posible reubicación, quedando las autoridades mexicanas a la espera de estos acuerdos.

Ante la situación en la cual miembros de la Policía Federal desalojaron a los desplazados, con miras a una posible repatriación, es de nuestra preocupación que puedan sufrir nuevas violaciones a sus derechos humanos; además, recalcamos que estos actos se dan en un contexto en el que había acercamiento y compromiso de las autoridades mexicanas para apoyar a las familias desplazadas, con lo que se engaña y sorprende abusivamente a una población en extremo vulnerable. Asimismo, señalamos que deploramos la inobservancia de estos acuerdos, el operativo violento y sorpresivo que lesiona severamente a las familias, que ya vivían una situación crítica y entre las y los cuales hay 115 niñas y niños.

Este desalojo se da también en un contexto en donde la comunidad efectúa negociaciones con el gobierno guatemalteco para un eventual retorno a tierras dicho Estado. Sin lugar a dudas, el operativo efectuado por autoridades mexicanas afecta gravemente las condiciones de esa comunidad para negociar y representa un obstáculo para un retorno en condiciones mínimamente dignas.
Por todo lo anterior, demandamos de manera urgente:
– Abstenerse de repatriar a las y los guatemaltecos que se encontraban en la franja fronteriza. Ellas y ellos se encuentran en diálogo con su gobierno y México incumple con un deber humanitario al aumentar la presión sobre este grupo ya violentado.
– Detener el operativo en curso. Garantizar un trato digno y respetuoso a todas y todos los desplazados, garantizar que las niñas y niños se encuentren junto con sus padres. Constituye un trato inhumano separar a las familias.
– Garantizar todos los derechos de las y los guatemaltecos que se encontraban en el ejido Nueva Progreso, en la localidad de Tenosique, Tabasco.
– Se respeten y salvaguarden los derechos de las dos personas que fueron detenidas, llevadas inicialmente ante la PGR y que actualmente se encuentran en la estación Migratoria de Tenosique.

Iniciar de inmediato una investigación sobre el motivo y formas en las que se dio el operativo, ya que actualmente existía un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas para garantizar la estancia de las familias.
– Deslindar las responsabilidades de los funcionarios públicos que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos de las y los refugiados guatemaltecos.
– Se respete y otorgue protección a los desplazados guatemaltecos, quienes ante situaciones adversar se vieron obligados a salir del país.
Nos mantenemos a la espera de una pronta acción y respuesta
A t e n t a m e n t e,
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Equipo Indignación Yucatán
Movimiento Migrante Mesoamericano
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
Centro de Derechos Humanos Usumacinta, A.C.

Las acciones urgentes hay que enviarlas a:

Dr. RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice,

Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, México D.F.
Teléfonos (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00 ext. 8163 y 8280

correo@cndh.org.mx

Dr. ALEJANDRO POIRÉ ROMERO

Secretario de Gobernación

Abraham González No.48, Col. Juárez,

Delegación. Cuauhtémoc, C. P. 06600, México, D. F.

Teléfono (55) 50633400 ext. 32400

secretario@segob.gob.mx

Ing. GENARO GARCÍA LUNA

Secretario de Seguridad Pública

Constituyentes no. 947, edif. “b” planta alta, Colonia Belén de las Flores,

Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01110, México, D. F.

Teléfono (55) 1103 6000  Ext. 11700

genaro.garcia@ssp.gob.mx

Lic. SALVADOR BELTRÁN DEL RÍO MADRID

Comisionado del Instituto Nacional de Migración

Homero 1832, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo,

C.P. 11510, México, D.F.

Teléfonos (55) 53 87 24 00 ext. 18022

sbeltrandelrio@inami.gob.mx

Q.F.B. ANDRÉS GRANIER MELO

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

Palacio de Gobierno Calle Independencia No. 2 Col. Centro C. P. 86000,

Villahermosa, Tabasco

Teléfono (01 993) 312 0711 y 314 5656. Fax (01 993) 314 2612

gobernador@tabasco.gob.mx

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CDH Miguel A. Pro

La frontera olvidada en la región de Tenosique, Tabasco

Informe de la Misión de Observación Civil en octubre de 2011 sobre las condiciones de las personas migrantes, desplazadas y defensoras de derechos humanos en Tenosique, Tabasco, disponible en
http://centroprodh.org.mx/prodh/index.php?option=com_content&view=article&id=409%3Ainforme-mision-civil-de-observacion-a-tenosique&catid=171%3Aeventos-por-mientras&Itemid=92&lang=es

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Huellas Mexicanas

Del Plantón a la Ocupación: Los sindicatos, los migrantes y el movimiento ocupa

Del Plantón a la Ocupación:  Los sindicatos, los migrantes y el movimiento ocupa.

Por David Bacon
Traducido por Rodolfo Hernández Corchado
Se publica en Huellas Mexicanas
http://www.huellasmexicanas.org/revista/del-planton-a-la-ocupacion.-los-sindicatos-los-migrantes-y-el-movimiento-ocupa?mid=5655

OAKLAND, CA  (12/5/11) — Cuando el movimiento Ocupa Seattle nombró su campamento, el “Plantón Seattle”, sus organizadores estaban planteando una demanda local dentro de una serie de tácticas utilizadas durante décadas por los movimientos sociales en México, Centroamérica y Filipinas. Y cuando los trabajadores migrantes de la limpieza  marcharon al centro de detención de migración en San Diego y nombraron su acción como, Ocupa ICE, (las iniciales del Servicio de Seguridad, Inmigración y Aduanas responsable de las deportaciones masivas) las personas provenientes de los países en los que el plantón ha sido una tradición de lucha se relacionaban aquí con el movimiento Ocupa.

Esta cultura e historia compartidas ofrecen nuevas posibilidades para la supervivencia y el crecimiento del movimiento Ocupa, en un momento en el que la aplicación de las leyes federales, en cooperación con los departamentos de policía locales y los gobiernos municipales, ha destruído muchos de los campamentos. Distintos movimientos Ocupa, desde Wall Street a San Francisco han comenzado a explorar su relación con los movimientos sociales de migrantes en Estados Unidos,  y a mirar más de cerca las acciones del 1% que se encuentra más allá de nuestras fronteras y que provocan en gran parte la migración.

Como reacción a los desalojos recientes, la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero envió recientemente una carta de apoyo a Ocupa Wall Street y los otros campamentos bajo ataque. “Damos la bienvenida a su movimiento”, declaró, “porque su lucha contra la supresión de los derechos políticos y contra las injusticias económicas y sociales, ha sido parte fundamental de nuestra lucha, la lucha del pueblo mexicano sin fronteras, la lucha de millones de migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos”.

Muchos de esos migrantes que viven en Estados Unidos conocen la tradición del plantón y cómo se utiliza en sus países de orígen. Para comenzar, saben que el 1%, cuyo poder está siendo cuestionado en Wall Street, también diseñó las políticas que son la razón por la cual los migrantes viven en E.U. Mike García, presidente del Sindicato de Trabajadores del Servicio West/SEIU, el sindicato que organizó Ocupa ICE, describió a los trabajadores migrantes de la limpieza como “trabajadores desplazados del nuevo orden económico mundial, un orden lidereado por Occidente y Estados Unidos.”

Criminalizar el acto de acampar en un espacio público está destinado, al menos en parte, a impedir que la tradición del plantón adquiera en Estados Unidos la misma legitimidad que tiene en otros países. Sin embargo, ese derecho al plantón, no fue concedido libremente por los gobernantes de México, El Salvador y Filipinas – no más de lo que se ha concedido aquí. El 99% de los países tuvieron que luchar por ese derecho.

Dos de las más grandes batallas en la historia política moderna de México se libraron en la Plaza de la Tres Culturas, Tlatelolco en donde cientos de estudiantes fueron asesinados a tiros en 1968; y tres años más tarde fueron golpeados y balaceados en las calles de la Ciudad de México por el grupo paramilitar de los Halcones. Tanto en El Salvador y en Filipinas, los huelguistas tienen una tradición de lucha que consiste en acampar y  vivir en las puertas de la fábrica o la empresa en donde trabajan. Pero aún hoy en día, este derecho debe ser defendido en contra de la policía, (al menos hasta la reciente elección de los gobiernos de Funes y Aquino) e incluso de los militares.

Los plantones o los campamentos no están solos. Son tácticas utilizadas por los sindicatos, los estudiantes, los campesinos, las organizaciones indígenas y otros movimientos sociales. Cada plantón es una pieza visible de un movimiento u organización –  de una base social mucho más grande. Cuando los plantones son útiles para esos movimientos,  los movimientos los defienden. Esa conexión entre el plantón y el movimiento social, entre el campamento y su base social, es tan importante como la preservación del espacio físico en el que las tiendas de campaña se levantan.


SME IDurante los dos últimos años, esa relación ha sido muy clara en el Zócalo, la gran plaza central de la Ciudad de México. Durante ese tiempo, los trabajadores despedidos del sindicato independiente de izquierda de los electricistas, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), han vivido en una sucesión de plantones. Esos plantones han contado con cocinas, salas de reuniones y centros de comunicaciones, además de las tiendas donde la gente dormía y comía.

En diversos momentos, el campamento del SME fue uno de varios campamentos en la enorme plaza. Hace un año, los trabajadores fueron acompañados por mujeres indígenas triquis y mixtecos de Oaxaca que protestaron por la violencia del anterior gobernador de su estado en contra de los maestros en huelga y las organizaciones rurales. El movimiento social en Oaxaca, al cual representaban las mujeres en la Ciudad de México, se fortaleció lo suficiente como para derribar finalmente de la gubernatura al Partido Revolucionario Insititucional, (PRI) que había gobernado durante casi 80 años.

En el plantón del Zócalo, personas de diferentes organizaciones se mezclaron. El día de los indignados, en septiembre, reunió a personas de movimientos muy diversos. Algunos consideran que las elecciones son un instrumento de cambio, pero muchos activistas indígenas y miembros del SME no. Incluso entre aquellos que creen en las elecciones, existen profundos desacuerdos sobre como participar en el proceso electoral.

Pero la gente en el Zócalo tienen dos cosas en común. Probablemente, los diferentes plantones no pueden dar respuesta a todas las preguntas políticas, pero cada uno representa un movimiento social que existe fuera de la plaza. El plantón en sí mismo tiene un valor, sobre todo porque obliga a la opinión pública a prestar atención en la crisis que ha llevado a cada grupo a acampar.

Los trabajadores del SME utilizaron sus plantones para dramatizar la represión del gobierno federal. Cuando el presidente Felipe Calderón, disolvió la compañía eléctrica paraestatal que proveé de energía eléctrica al centro de México y despidió a sus 44, 000 empleados, intentó destruir su sindicato y avanzar con la privatización del sistema de generación de energía eléctrica – en beneficio del 1%  de los mexicanos y los inversionistas extranjeros. Hace un año, varios miembros del SME llevaron a cabo una huelga de hambre en el plantón, lo cual provocó durante semanas la atención en los titulares de las primeras planas de los periódicos. La huelga de hambre se prolongó tanto, que los médicos advirtieron a los huelguistas que estaban arriesgando la vida. En el momento más álgido de la protesta el sindicato enfrentó a la policía en las centrales eléctricas tratando de ejercer su derecho legal a la huelga.

El plantón y el movimiento se mantenían íntimamente conectados. Eran pocos los trabajdores en huelga de hambre, pero representaban a un movimiento de miles de trabajadores. Al final, el SME negoció el retiro de su plantón a cambio del reconocimiento del gobierno a su derecho a existir. El plantón permitió que otros sindicatos se organizaran para resistir el asalto del gobierno a los derechos laborales, y movilizó a los consumidores de energía eléctrica para protestar por el aumento en las facturas y los cortes en el servicio eléctrico. El plantón contribuyó a centrar la atención en estas demandas e integrar activamente a los aliados del sindicato.

Es evidente que alguien en Seattle conoce esta tradición de plantones en el Zócalo, tal vez incluso como participante. Quien dibujó la bandera de Seattle, incluyó también junto a  la palabra “plantón”, la anarquista letra  “A”  rodeada con un círculo. Este símbolo fue un recordatorio de otro aspecto de la fertilización transfronteriza. Muchos anarquistas o anarcosindicalistas – los miembros del Sindicato de Trabajadores Industriales del Mundo- lucharon en la Revolución Mexicana. Debido a esa agitación revolucionaria, aún hoy, casi un siglo después, los mexicanos aspiran a ciertos derechos, incluido el derecho a instalar una carpa en el Zócalo. Hace mucho tiempo, los trabajadores de E.U. cruzaron la frontera para luchar junto a los mexicanos en esa insurrección por un gobierno que reconociera ese derecho. El plantón, por lo tanto, es un patrimonio común, con una historia que lo hace legítimo tanto en Wall Street como en la Ciudad de México.SME III


Poco tiempo después de que se instalará el campamento de OWS en el parque Zuccotti, el plantón/ocupación cruzó la frontera México/Estados Unidos. En Tijuana, hogar de un millón de personas, la mayoría migrantes desplazados del sur de México, los activistas se reunieron y ocuparon el Paseo de los Héroes. Establecieron sus tiendas de campaña en medio de la Zona del Río, en donde el 1%  de los habitantes de la ciudad se encuentra en medio hoteles de lujo y oficinas de gobierno. El18 de octubre la policía reaccionó incluso antes que la la policía estadunidense en la mayoría de las ciudades de  E.U., arrestando a dos docenas de activistas ante la insistencia de los empresarios locales. Ocupa Tijuana condenó las detenciones, declarando: “No somos asesinos, delincuentes, vagabundos o ladrones.”

En Estados Unidos tenemos nuestra propia historia de defensa del espacio público para la protesta, y no es necesario regresar cien años atrás para encontrarlo. Tan sólo las últimas décadas, los trabajadores migrantes han popularizado aquí el uso del plantón, ayudando a los sindicatos a recuperar las tácticas militantes de su propio pasado. En 1992 los migrantes que trataban de unirse al Sindicato de Trabajadores Eléctricos realizaron la primera huelga de trabajadores del Silicon Valley, y realizaron un plantón y una huelga de hambre para presionar a su empleador. Un año más tarde otros migrantes latinos en San Francisco levantaron sus carpas frente a la sede de Sprint, después de que su centro de trabajo se cerró días antes de las elecciones sindicales.

Hace una década, los activistas anti-globalización y los sindicatos bloquearon  la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle. Los jóvenes manifestantes encadenaron sus brazos dentro de tubos de metal, y se acostaron en las intersecciones del centro de Seattle. Decenas de miles de personas salieron a las calles. Estas protestas contra la globalización fueron seguidas por otras en las cuales los activistas lucharon por su derecho a utilizar el espacio público para desafiar las políticas internacionales del 1%.

Las raíces del apoyo de la clase trabajadora a la batalla de Seattle se encuentran en el impacto del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Los trabajadores podían ver el costo del libre comercio en la pérdida de sus puestos de trabajo mientras la producción se trasladaba al sur de la frontera. Durante las dos últimas décadas, muchos trabajdores han descubierto también que esos mismos acuerdos y políticas comerciales no han mejorado las condiciones de vida de los mexicanos, sino que al contrario, los ha llevado a  su empobrecimiento.Sin título

El TLCAN y las políticas de libre mercado obligaron a los países en desarrollo a producir oportunidades para que los bancos y empresas cosecharan beneficios. Llevaron a bajar los salarios, forzaron a los campesinos a abandonar sus tierras, y destruyeron los sindicatos y los medios de subsistencia de millones de personas. Este sistema fue diseñado en Wall Street por los mismos banqueros que los miembros del movimiento Ocupa consideran responsables de la actual crisis hipotecaria y del desempleo en E.U. La actual crisis económica no se detiene en la frontera. De hecho, en México, América Central, Filipinas y en otros lugares, ha sido un hecho durante mucho tiempo. Este es el origen de la migración forzada – lo que García condenó en “Ocupa ICE”.

El 99% vive en todos aquellos países en donde los acuerdos de libre comercio y las políticas de ajuste estructural son impuestas. También viven en las comunidades de donde provienen las personas que han migrado como resultado de esas políticas. ¿Entonces, quiénes son los aliados más naturales para el movimiento Ocupa que las personas que han enfrentado estas políticas por años?

En Nueva York, esta conexión no se ha perdido en Ocupa Wall Street. En octubre, un grupo, Ocupa Wall Street – Español, fue creado durante la primera Asamblea en español. A su vez, tradujeron el primer número del periódico The Occupied Wall Street Journal. Los participantes formaron un subgrupo, el Occupied Wall Street Latinoamérica para difundir el movimiento entre las comunidades de habla hispana, reconociendo que la ciudad es el hogar de muchos mexicanos del estado de Puebla, por lo cual la ciudad es apodada como PueblaYork; así como de comunidades de puertorriqueños, colombianos, ecuatorianos y otros pueblos de habla hispana. El grupo proximaménte publicará el primer número de su propio periódico con artículos que hablan sobre la migración, la globalización y los ataques específicos por el 1%  en contra de los latinos.


Claudia Villegas, activista por los derechos de las mujeres, ayudó a organizar una manifestación de mujeres migrantes, cuatro días después de que la policía allanó el campamento en el parque Zuccotti. “Hemos decidido cambiar nuestro plan original de marchar porque teníamos miedo de que la policía lo detuviera,” dice. “Sin embargo, 23 organizaciones participaron, incluyendo grupos de defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo, aquellos grupos que trabajan con mujeres migrantes.”

En San Francisco una marcha conjunta entre los activistas pro inmigrantes y los miembros del movimiento Ocupa ayudó a defender el campamento en esa ciudad. En la reunión de la Asamblea General que se realizó previo a la marcha, los participantes hablaron sobre la oferta del gobierno de la ciudad para mover el campamento a un edificio abandonado a varios kilómetros de ahí, en el barrio latino de la Misión. Pocos querían abandonar el campamento en la plaza Justin Herman, y la mayoría sentía que el gobierno de la ciudad sólo estaba tratando de sacarlos para evitar que fueran visibles. Pero mucha gente también sentía que tener un campamento Ocupa en el barrio era una buena idea.Sin título

“Todavía estamos trabajando paralelamente”, dice Villegas. Llama la atención sobre el potencial poder del movimiento de derechos de los inmigrantes y lo que podría significar para OWS. “Tenemos que incluir al movimiento que comenzó en 2006, cuando había cientos de miles de personas en las calles de todo el país. La gente también estaba reaccionando a la injusticia del sistema.” Son movimientos separados, sin embargo advierte,  “nuestro programa tiene que venir de los propios inmigrantes. Necesitamos integrarnos, y al mismo tiempo, el movimiento Ocupa tiene que aprender a aceptarnos. Pero estamos todos en el mismo camino.”

Integrar al movimiento inmigrante y al Ocupa implica más que la creación de un campamento. La manifestación de San Diego no acampó durante la noche, pero atrajo a miles de trabajadores y simpatizantes hasta el centro de detención de ICE para protestar por los despidos de los trabajadores migrantes de la limpieza. La protesta Ocupa en  ICE  tenía la intención de llamar la atención sobre la estrategia de control migratorio del gobierno federal que obliga a los empleadores a despedir a los trabajadores indocumentados. En el sur de California, las coorporaciones multinacionales encargadas de la limpieza de edificios de oficinas están despidiendo a 2000 miembros del sindicato. Previas olas de despidos se han dirigido a  los trabajaodores de limpieza sindicalizados en Minneapolis, Seattle y San Francisco, los operadores de máquinas de costura en Los Ángeles, los trabajadores de servicios de alimentos en los campus universitarios, y miles de personas más.

García sostiene que el ICE y los empresarios actuan en colusión. Después de despedir a los trabajadores de limpieza sindicalizados con mayor antigüedad y mayores beneficios, utilizando el pretexto de su estatus de migratorio,  las empresas pueden contratar a nuevos trabajadores con salarios más bajos y con menos beneficios. “Para ocultar su codicia, la industria de bienes raíces comerciales ha utilizado los aparatos de gobierno para confundir y dividir al 99%,” asegura. “Primero dijeron que eran trabajadores no calificados y que deberían estar felices por estar trabajando. A continuación, debilitaron la protección a los trabajadores para imposibilitar la organización. En la última década la industria ha utilizado la inmigración como un pretexto para intimidar a los trabajadores y si es necesario, para sustituir a nuestros trabajadores. ICE está llevando a cabo lo que el 1% de la industria de bienes raíces quiere: utilizar las leyes de inmigración para reciclar trabajadores de limpieza bien pagados, con la esperanza de recuperar las ganancias en los salarios y beneficios que nuestro sindicato ha ganado.” [Irónicamente, la semana en la que el USWW organizó el  Ocupa ICE,  su sindicato matriz, la SEIU, aprobó la reelección del presidente Obama, quien es responsable del despido de trabajadores migrantes llevado a cabo por ICE.]Sin título


Para el movimiento Ocupa, defender a los trabajadores bajo ataque es una forma de sobrevivir, crear raíces y desarrollar una base social sólida. Sin embargo, esa no es siempre la dirección que toman los activistas. Cerca de Oakland, más de 200 trabajadores inmigrantes en la fundidora más grande en la costa oeste, la Pacific Casting, en Berkeley, son despedidos  en otra “redada silenciosa” como la que golpeó a los trabajadores de la limpieza. Durante el verano y el otoño, trabajadores de la fundición fueron a los ayuntamientos, los sindicatos, las iglesias y las organizaciones comunitarias en busca de ayuda para presionar a ICE e impedir que los forzara a perder sus trabajos. Su campaña logró contener a “la migra” durante meses, sin embargo los despidos comenzaron en noviembre. Ahora estas familias de inmigrantes están tratando de sobrevivir. Sin embargo el movimiento Ocupa Oakland aún no ha respondido.

En cambio, algunos de sus militantes están intentando realizar un paro laboral en el puerto de Oakland por segunda ocasión, así como otros a lo largo de la costa oeste. Una primera marcha  para cerrar el puerto después del primer desalojo de Ocupa Oakland, atrajo a miles de personas. Sin embargo, el sindicato de estibadores se opone a la propuesta de un segundo cierre en toda la costa. La oposición de la ILWU no viene del conservadurismo. El sindicato, cuyos miembros se ganan la vida del transporte marítimo y el comercio, ha sido uno de los mayores críticos de los acuerdos de libre comercio de E.U. En muchas ocasiones los miembros del ILWU han tomado medidas para defender al SME y a los sindicatos en México, así como en otros países. Sin embargo, ni sus locales ni los demás trabajadores del puerto tuvieron ningún papel en la decisión de tratar de cerrar los puertos.Sin título

La solidaridad es una calle de dos vías basada en el respeto mutuo. En la mayoría de las ciudades, incluyendo Oakland y San Francisco, el movimiento de trabajadores ha dado la bienvenida al movimiento Ocupa y trató de defender los campamentos. En Nueva York, los activistas de OWS han recibido recursos de muchos sindicatos, y estos se han movilizado en contra de las redadas de la policia en el parque Zuccotti. Una alianza entre los sindicatos, los inmigrantes y los ocupas tiene un enorme potencial, no sólo en número sino también en el intercambio de ideas y tácticas. Los sindicatos, en particular, podrían beneficiarse de un uso más amplio del plantón o los campamentos del movimiento Ocupa. Ocupa ICE desafía al movimiento Ocupa a tomar posición con respecto al despido de los trabajadores inmigrantes, pero también es un reto para los propios sindicatos, muchos de los cuales observaron en silencio cómo sus agremiados eran forzados a abandonar sus puestos de trabajo.Sin título

La visión del movimiento Ocupa – el 99% vs el 1% – tiene un enorme apoyo entre los inmigrantes y los sindicatos. En lugar de la retórica cansada de los políticos que derraman lágrimas de cocodrilo por la “clase media” mientras que demonizan a los pobres, el movimiento Ocupa da a los trabajadores una visión de su condición comunal como parte del 99%. Este poderoso mensaje echa abajo las ilusiones de que los trabajadores mejor pagados tienen más en común con los corredores de bolsa que con los inmigrantes que reciben un salario mínimo, o con los jóvenes desempleados en las calles de los ghettos afro-americanos o los barrios latinos.

La Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero comparte la misma visión de clase. “Nos indigna”, dice, “que al reclamar justicia y señalar las desigualdades que existen en el seno de la sociedad estadunidense, sus ciudadanos reciban el trato de criminales. Con esa misma indignación, condenamos la criminalización de los migrantes mexicanos por el gobierno norteamericano, las redadadas de la migra y la militarización de la fronteraŠ Ningún ser humano debe ser tratado como un criminal por luchar y buscar mejores condiciones de vida.”

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David Bacon, Photographs and Stories
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Boletín Frayba: Desaparición, secuestro, tortura, violación sexual y desplazamiento interno a ejidatarios y vecinos de Busiljá

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 26 de diciembre de 2011
Boletín de prensa No. 25

Tortura, práctica recurrente contra pueblos indígenas en Chiapas

Desaparición, secuestro, tortura, violación sexual y desplazamiento interno a ejidatarios y vecinos de Busiljá, adherentes a La Otra Campaña.

Funcionarios del gobierno del estado de Chiapas, junto a integrantes príistas responsables de  violaciones a los derechos humanos.

Este Centro de Derechos Humanos ha documentado las violaciones graves a los derechos humanos  como la desaparición, secuestro, tortura, detención ilegal, violación sexual y desplazamiento interno cometidas por funcionarios estatales e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de varias familias tseltales originarias del ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, e integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.

De acuerdo a la información recibida por el Centro, Elías Sánchez Gómez (en adelante Elías) fue detenido el pasado 7 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 9:00 hrs., cuando se encontraba con su esposa María Esther Hernández Gómez y su hijo trabajando en su terreno. En la detención participaron dos policías estatales y 15 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del ejido Busiljá, quienes lo golpearon de manera reiterativa en la parte abdominal del cuerpo; al mismo tiempo tres personas se llevaron a su esposa, entre ellas Herlindo López Pérez del ejido Cintalapa, Ocosingo. En su testimonio, Elías refiere que en el momento de la detención escuchó su esposa que gritaba por las agresiones de los perpetradores quienes la amenazaban con violarla sexualmente.

Posteriormente Elías manifiesta que lo llevaron a una montaña en donde lo seguían golpeando, luego lo llevaron a la carretera que va a Palenque, en donde se encontraba más gente de Busiljá, lo siguieron golpeando, lo subieron a una camioneta de la policía del estado de Chiapas y refiere que: ?Cuando llegué a la carretera había más gente, ahí me dijeron todos van a ir a la cárcel, les decía porque me hacen esto, si sólo estoy trabajando; ésta no es tu tierra, no te quiere la comunidad y me taparon la boca. Luego me subieron a la camioneta y tres personas de nombre: Herlindo del ejido Cintalapa, Juan Morales, agente auxiliar de Busiljá y Domingo comisariado ejidal de Busiljá se sentaron en mi espalda?.

Acto seguido a Elías lo llevaron a dos lugares distintos en Palenque; un de los lugares que pudo identificar fue el Ministerio Público, donde le quisieron tomar su declaración, al negarse, fue golpeado con puños y patadas: ?En el ministerio publico de Palenque hay un cuartito, ahí me llevaron y me golpearon en las costillas y querían que dijera dónde estaba mi papá, esto mientras el Ministerio Público hacía los documentos, los que me golpearon estaban vestidos de civil y estaban los tres de Busiljá que se vinieron en la camioneta encima de mí, fueron los policías los que me golpearon, empezaron a dar patadas, preguntando ?¿dónde está tu papá??, me sacaron y no di declaración?.

Ante la negativa de Elías de dar su declaración desde el 7 de diciembre de 2011 fue trasladado al Centro de Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 Playas de Catazajá, (CERSS No. 17) donde se encuentra actualmente recluido en condiciones de hostigamiento y sometimiento a tratos crueles e inhumanos por parte de ?los precisos? que mantienen un estado de ?control? al interior de los penales en complicidad con las autoridades penitenciarias.

Este Centro ha documentado que la esposa de Elías durante el evento del 7 de diciembre de 2011,  fue llevada por Herlindo López Pérez, Domingo López Hernández y otra persona en un lugar apartado y ahí la violaron sexualmente.  Ella refiere que seis meses antes fue víctima de hostigamiento por parte de los integrantes del PRI de Busiljá, quienes le decían de ?cosas? y le cerraban el camino.

En este mismo evento, el 7 de diciembre de 2011, una familiar de Elías, fue violada sexualmente y agredida cuando pretendía auxiliar a la esposa de Elias, por tres sujetos a quienes identificó plenamente como Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Sánchez y Juan Sánchez Morales quienes  durante la agresión Manuel le decía, ?no llores porque te lo mereces, eres mujer?, y Benjamín ?háganlo tan fuerte que así lo merece, porque no deja la parcela?.

El mismo 7 de diciembre de 2011, integrantes del PRI acompañados por cinco elementos de la policía estatal allanaron las casas de Elías Sánchez Gómez (padre), Elías Sánchez Gómez (hijo), José Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez y Felipe Sánchez Gómez.

Anteriormente, en otro evento relacionado, el pasado el 17 de julio de 2011, a las 1:00 hrs., en el ejido Busiljá, Ocosingo los Sres. Domingo Gutiérrez Hernández, Herlindo López Pérez, Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Pérez Vázquez, Lorenzo Pérez Gutiérrez y Juan Sánchez Morales, quienes iban acompañados por 15 elementos de la Policía Estatal Preventiva irrumpieron en el domicilio de la señora Elena Morales Gutiérrez llevándose a su hija Gabriela Sánchez Morales, de ocho años de edad, por lo cual presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de Ocosingo, éste hasta el momento, no ha hecho nada para ubicar el paradero y devolver a la niña a su familia.

El 7 de diciembre Elena Morales Gutiérrez vio a su hija en el domicilio de Benjamín Gómez Sánchez, donde la tienen con vigilancia y con el apoyo de la policía a las orillas del ejido de Busiljá, a veinte minutos de su casa. Avisado al Ministerio Público de Ocosingo, éste hizo caso omiso ?invitando? a los familiares para que ellos como familiares fueran a rescatar de manera personal su hija ?mejor vayan con mi jefe porque nosotros no sabemos nada, y si ustedes saben en donde está la niña vayan a quitárselos porque nosotros no tenemos autorización?.

En otro evento Pablo Sánchez Gutiérrez, joven de 15 años de edad, desapareció el 4 de octubre de 2011, en el barrio Las Lomitas, Ocosingo, cuando iba a comprar tortillas. Pablo es también familiar de Elías y su desaparición, según testimonios, se da en el marco de hostigamiento y amenazas a sus familiares.

En los eventos citados, las víctimas han identificado plenamente la participación de por lo menos nueve personas originarias del ejido Busiljá y a tres del ejido Cintalapa: Herlindo López Pérez, Manuel Pérez Vázquez, Domingo Gutiérrez Hernández, Benjamín Gómez Sánchez, Floriberto Gómez Moreno, Manuel Sánchez Morales, Mario Sánchez Gómez, Miguel Gómez Pérez, Alonso Gómez Pérez, además de por lo menos cinco elementos de la policía estatal y un Ministerio Público.
Por tal razón exigimos al Estado mexicano, en específico al gobierno estatal y a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas:

Investigar de forma urgente los hechos denunciados por los integrantes de La Otra Campaña del ejido Busiljá del municipio de Ocosingo y de manera inmediata garantice la integridad personal de la niña Gabriela Sánchez Morales hija de Elena Morales Gutiérrez.

Investigar y sancionar la participación de los integrantes del PRI, en complicidad con la Policía Estatal de Chiapas, del Ejido de Busiljá en los eventos denunciados.

Castigo a los responsables de las amenazas, hostigamiento, detención ilegal, tortura, violación sexual y desplazamiento forzado  efectuados en contra de las familias integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Génaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.

Implementar de manera urgente las medidas que garanticen y protejan la vida e integridad personal de las siete familias que se encuentran desplazadas del ejido Busiljá.

Propiciar las condiciones necesarias y adecuadas para el retorno de las familias que se encuentran actualmente desplazadas, en plantón permanente, en el zócalo de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

La liberación de Elías Sánchez Gómez (hijo) que se encuentra injustamente detenido en el CERRS No. 17 de Playas de Catazajá, en tanto que se garantice y proteja la integridad y seguridad personal, se brinde trato digno y humano a Elías Sánchez Gómez, recluidoen dicho penal.

De acuerdo a lo aquí denunciado, este Centro de Derechos Humanos considera que la situación urgente en el Ejido Busiljá implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los instrumentos internacionales como son el derecho: a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, protección judicial y debido proceso;  así como, a la observancia de Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, que definen los derechos y garantías ante el desplazamiento forzado, por lo que se está violentando el respeto y asistencia para la vigencia de los derechos a la libertad de  transito y de residencia; conocimiento de destino y paradero de familiares; intimidad, privacidad y vida familiar; goce y ejercicio de personalidad jurídica; propiedad e integridad de los bienes entre otros.

Antecedentes
Este Centro de Derechos Humanos ha documentado la situación en la región donde se encontraba la familia de Elías Sánchez Gómez, hoy privado arbitrariamente de la libertad en el CERRS No. 17. Los familiares de Elías han sido objeto de desplazamientos forzados desde 1997, 2001 y 2006 por un grupo de integrantes del PRI vinculados a la organización Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que han actuado bajo el cobijo de la policía estatal de Chiapas y demás funcionarios estatales que tienen interés en el territorio de los pueblos indígenas, situaciones que este Centro de Derechos Humanos ha denunciado sin que se hayan resarcido sus derechos.

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Palabra del Frayba en el XIV aniversario de Acteal

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
22 de diciembre de 2011

La Memoria como construcción de dignidad e identidad

Han pasado 14 años del 22 de diciembre de 1997, cuando en el campamento de desplazados denominado Los Naranjos, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, se perpetró el asesinato de 45 indígenas tsotsiles (14 niñas, 19 mujeres, cuatro niños y ocho hombres), además cuatro que aún no nacían, pertenecientes a la Organización Sociedad Civil Las Abejas, por un grupo de personas quienes iban con armas de fuego, incluyendo las de uso exclusivo del Ejército mexicano. Mientras ocurría la masacre, elementos de la entonces Policía de Seguridad Pública se encontraban a escasos 200 metros del lugar de este crimen de lesa humanidad.

En el curso de los años el Estado, en lugar de esclarecer los hechos, castigar los autores materiales e intelectuales de la masacre, deslindar la responsabilidad directa en el planear y ejecutar los actos de los perpetradores, continúa ocultando y distorsionando la verdad, alimenta la impunidad y permite una situación de violencia generalizada, de violación sistemática a los derechos humanos – contra hombres, mujeres, niñas y niños – como lo muestra el estado en que actualmente se encuentra el país, en un descontrol social, donde se utilizan las fuerzas armadas en tareas de orden público y se permite el operar impune de grupos criminales y paramilitares, en contra de quienes defienden y reivindican sus derechos. Un ejemplo son las agresiones y asesinatos contra defensores, entre ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Ante el vacío y la denegación de justicia, ya que es evidente que el Estado no es capaz de garantizarla; la sociedad, los pueblos, van construyendo otras formas de ejercerla; una de ellas, es a través de la memoria, que recorre una y otra vez en el tiempo la verdadera práctica de identidad, el ejercicio de los derechos y también diversas acciones para que los crímenes ocurridos en el pasado no se olviden ni queden impunes, y en ese sentido, que abonen para que no vuelvan a repetirse.

Los pueblos miran la realidad con el ojo de la memoria; promueven y participan en intercambios de experiencias que los conducen hacia una manera de vivir con dignidad, conciencia y autonomía. Han  aprendido a ver la explotación institucionalizada, de la destrucción de la naturaleza y del medio ambiente, del despojo. Se vive así la necesidad de un cambio para el ejercicio de los derechos humanos, a través del trabajo que personas, comunidades, organizaciones y movimientos realizan.

La memoria es el recuerdo de las personas muertas y desaparecidas quienes, construyendo, han entregado sus vidas. Por ello, un día como hoy, queremos condenar junto con las víctimas de la Masacre de Acteal, todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han ocurrido en el mundo, las guerras impuestas e inventadas, los ataques paramilitares, la ocupación militar para el control territorial y poblacional.

En Chiapas queremos recordar los desplazamientos forzados que en la segunda mitad de los años noventa han alcanzado la cifra de 12 mil 80 personas en la sola zona Altos y Norte; el asesinato de 86 personas, la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres en la zona Norte. En este día no olvidamos y nombramos también la masacre de El Bosque ocurrida el 10 de junio de 1998, la de la comunidad Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006 y la más reciente en el ejido Miguel Hidalgo, Chincultik, La Trinitaria, ésta cometida durante el ejercicio del actual gobernador Juan José Sabines Guerrero, quien es el mismo que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos por parte de los pueblos a través de una supuesta política de derechos humanos.

La memoria nos permite reflejar, ver atrás, no repetir los errores del pasado, romper ese círculo impuesto, continuar en el camino hacia nuestra identidad que es dignidad. El apropiarse de las herramientas que la memoria nos enseña, permite organizarse para las reivindicaciones de nuestros derechos, poder gozar de ellos sin ser sumisos a imposiciones, sino ser sujetos en el ejercicio de la libre determinación y autonomía, en la administración de nuestra tierra y territorio según la relación que con ella hemos venido aprendiendo.

El poder decidir en plena autonomía, obstaculiza planes establecidos entre poderes – como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla-Panamá), la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida (Plan México) entre muchos – que despojan nuestra identidad y vida.

Es por esto que, un día como hoy, a catorce años recordamos a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, su valentía hacia la construcción de otro mundo posible; felicitamos el caminar de casi veinte años de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que a pesar del miedo y de las dificultades cotidianas, continúa en su compromiso, en el ejercicio pleno de sus derechos y en la búsqueda de justicia con dignidad. Recordamos también a jTatic Samuel Ruiz y le pedimos que interceda ante Dios Padre – Madre, para que sigamos firmes en la lucha por la justicia, la paz y la verdad.

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