
derechos humanos

Pronunciamiento público por el respeto al Territorio Indígena Zoque de Los Chimalapas
LUIS BUSTAMANTE VALENCIA MIGUEL ANGEL GARCIA A.
COORDINADOR NACIONAL COORDINADOR REGIONAL
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
Por una solución definitiva -apegada a la justicia y al derecho- al añejo y doble conflicto presente en el Territorio Indígena Zoque de Los Chimalapas,
Los abajo firmantes, organismos civiles, organizaciones sociales, académicos y ciudadanos/as, queremos manifestar públicamente nuestro apoyo a la histórica, tenaz y paciente lucha pacífica del Pueblo Indígena Zoque Chimalapa, en defensa de la integridad de su ancestral territorio –existente como tal desde la época prehispánica- y en pro de la preservación de sus invaluables bienes naturales, constituidos por los más variados ecosistemas naturales, que hacen de dicho territorio el más biodiverso de México y Mesoamérica (y el mejor conservado, gracias precisamente a los cuidados y a la lucha de los indígenas zoques chimalapas).
Hoy día, quienes aquí firmamos, estamos claros que en el origen del doble conflicto presente en el territorio indígena y comunal de Los Chimalapas, que data de hace más de 60 años -el conflicto agrario y el conflicto interestatal Oaxaca-Chiapas–se han encontrado siempre ilegítimos y depredadores intereses de empresas y contratistas madereros, ganaderos invasores y supuestos propietarios privados, cobijados y alentados por los sucesivos gobiernos del estado de Chiapas, contando casi siempre con la complicidad de los respectivos gobiernos federales (expresados particularmente por las políticas y acciones asumidas por la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA); la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y –hasta hace muy poco- por la Secretaría de Gobernación (SEGOB)).
De esta forma, estamos en condiciones de afirmar que, en el escalamiento de la tensión y violencia social que ha prevalecido recientemente en la zona oriente de Los Chimalapas, ha existido una clara responsabilidad de los tres diferentes gobiernos involucrados: del gobierno federal –en particular de la SRA; de la SEMARNAT y de la SEGOB; la primera al dotar ejidos sobre terrenos comunales previamente titulados legalmente; la segunda al expedir permisos de explotación maderera a predios ubicados en zona de conflicto agrario y la SEGOB, al pretender –durante muchos años- administrar el conflicto social; del gobierno de Chiapas, tanto al manipular la información, no sólo entre la opinión pública nacional y chiapaneca, sino entre los propios núcleos agrarios de origen chiapaneco, sino también al enviar masivamente contingentes policiacos a la zona y al tomar medidas unilaterales, como la creación del nuevo municipio “Belisario Domínguez; y, finalmente, del gobierno de Oaxaca, al mantener una posición pasiva y omisiva frente al escalamiento del conflicto.
En ese sentido, nos parece altamente injusto y humanamente inaceptable que los tres gobiernos citados, hayan permitido ó pretendido, y actualmente sigan permitiendo -y en algunos casos como en el caso del gobierno de Chiapas, fomentando- el utilizar a familias y a pueblos indígenas y a comunidades pobres, necesitados de tierras para sobrevivir, como verdaderos “escudos humanos” y “carne de cañón”, orillándolos a una confrontación violenta con los indígenas zoque chimalapas, dueños ancestrales del territorio, confrontación que sólo ha beneficiado a los citados intereses ilegítimos de madereros, ganaderos, acaparadores privados de tierra ajena y a funcionarios públicos, en detrimento de los derechos humanos más elementales –individuales y colectivos- y en detrimento de los derechos de la Naturaleza, en la región más biodiversa de México y Mesoamérica.
Es por ello que –como sociedad civil- valoramos la paciencia, generosidad e inteligencia con que han sabido responder a las diversas agresiones, despojos y provocaciones, las comunidades zoques de San Miguel y Santa María Chimalapa, ofreciendo en contrapartida, una alternativa integral, justa tanto para con sus propios derechos como Pueblo Indígena, como para los derechos de sus –así llamados por ellos- hermanos indígenas y campesinos chiapanecos pobres –a quienes los gobiernos chiapaneco y federal, les repartieron ilegalmente tierra comunal zoque y a quienes los chimalapas no pretenden de ninguna manera, desalojar– y justa también para con la Madre Naturaleza.
Hacemos un llamado tanto a la sociedad mexicana en su conjunto, a valorar y apoyar públicamente la pacífica lucha del Pueblo Zoque Chimalapa y su propuesta integral de solución, como a todas las instancias y niveles del Estado y gobierno mexicano (Poder Ejecutivo –federal y de los estados de Oaxaca y Chiapas-, Poder Legislativo y Poder Judicial) a intervenir de forma honesta y responsable, en pro de una solución definitiva, apegada a la justicia y al derecho, al añejo y doble conflicto presente en el territorio indígena zoque de Los Chimalapas, haciendo prevalecer el interés de la Nación, así como los derechos humanos –individuales y, sobre todo, de los Pueblos Indígenas- y los derechos de la Naturaleza, en la región más biodiversa de México y Mesoamérica.
Atentamente
Organismos Civiles y Organizaciones Sociales
– Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
– Maderas del Pueblo del Sureste, A.C.
– Ik Balam, Agencia de noticias ambientales
– Proyecto Carta Mesoamericana
(responsable de su distribución y difusión: Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas)
Ccp.- A las Comunidades Indígenas Zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa
Ccp.- Lic. Felipe Calderón Hinojosa – Presidente de México
Ccp.- Ministro Juan N. Silva Meza – Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
Ccp.- Lic Alejandro Poiré – Secretario de Gobernación (SEGOB)
Ccp.- Lic. Rafael Elvira Quezada.- Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Ccp.- Agr. Abelardo Escobar Prieto.- Secretario de la Reforma Agraria (SRA)
Ccp.- Dr. Marco Vinicio Martínez Guerrero – Presidente del Tribunal Superior Agrario (TSA)
Ccp.- Dr. Raúl Plascencia Villanueva.- Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Ccp.- Ministro Jorge Mario Prado Rebolledo – Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
Ccp.- Lic. Gabino Cué Monteagudo.- Gobernador de Oaxaca
Ccp.- Lic. Juan Sabines Guerrero.- Gobernador de Chiapas
Ccp.- Senadora Rosario Ibarra – Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República
Ccp.- Navanethem Pillay.- Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.- Ginebra, Suiza
Ccp.- Representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ccp.- Sr. Santiago Cantón.- Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.-
Ccp.- Oficina para México de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)(Convenio 169)
Ccp.- Ana Hurt.- Programa Regional para América, Secretariado Internacional de Amnistía Internacional
Ccp.- Alberto Herrera.- Dirección ejecutiva de Amnistía internacional México
Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales, Defensores de Derechos Humanos
Ccp.- Redes y Organismos Nacionales e internacionales, Defensores del Medio Ambiente
Ccp.- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca.
Ccp.- Consejo Estatal de Derechos Humanos de Chiapas.
Ccp.- CP Jesús Martínez Álvarez .- Secretario general de Gobierno del estado de Oaxaca
Ccp.- Lic. Noé Castañón.- Secretario general de Gobierno del estado de Chiapas
Ccp.- Lic. Adelfo Regino.- Secretario de Asuntos Indígenas del estado de Oaxaca
Ccp.- Lic. Jesús Caridad Aguilar Muñoz.- Secretario de Pueblos y Culturas Indígenas del estado de Chiapas
Ccp.- A medios de comunicación, nacionales e internacionales.

Urgente: Amenazas en el retorno a San Juan Copala de desplazados
En estos momentos está partiendo del zócalo de la ciudad de Oaxaca la
caravana de retorno de los desplazados de San JUan Copala a sus
hogares.
La noche previa el gobernador amenazó a los integrantes del municipio
autónomo de que ellos serían los responsables de las agresiones que
sufrieran por parte de los paramilitares, en una reunión en la que
este gobernador estuvo acompañado permanentemente por los dirigentes
de los grupos paramilitares.
El gobernado ha amenazado, por medio de funcionarios públicos, con
impedir el libre transito de los desplazados a sus hogares mediante la
fuerza publica en algún lugar de la ruta de traslado.
Hace 10 minutos nos entrevistamos con el Lic. Saul Bolaños,
representante del Estado Mexicano ante las mesas de trabajo para la
implementación de las medidas cautelares 197-10 a quien pedimos ante
esta actitud amenazante del gobernador del Estado de Oaxaca la
protección del gobierno federal.
Igualmente se firmó una minuta con la Comisión estatal de derechos
Humanos de Oaxaca en la que esta se compromete a acompañar el proceso
de retorno de los desplazados y se ha hecgho la solicitud a la
Comisión nacional de Derechos Humanos.
Pedimos a la Comisión Interamericana de derechos Humanos establecer
comunicación con el gobernador del Estado y solicitarle birnde las
condiciones de seguridad para el libre transito y el retorno de los
desplazados de San Juan Copala.
En correo siguiente, enviaremos al la CIDH el documento firmado por el
secretario general de gobierno del estado de Oaxaca, el numero 2 en la
jeraquia del gobierno del estado, en la que el gobierno del estado se
comprometió a garantizar el completo retorno de los desplazados a mas
tardar el 20 de enero del 2012, el cual a pesar de haber sido firmado
por la autoridad fue desconocido por estas y en su lugar el gobernado
trató de resolver el problema de los desplazados de San Juan Copala
poniendolo a votación de las “autoridades” impuestas por los dos
grupos paramilitares que asolan la región.
Este es un mensaje urgente.
David Cilia Olmos
Beatriz Cristobal Delgado
Presidente del Foro Permanente por la comisión de la Verdad
Copeticionario Medidas cautelares MC 197-10