Este lunes (10), aproximadamente a la 1pm, al menos 15 personas encapuchadas y armadas atacaron a una mujer, a tres niños y un adolescente, integrantes de las Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), establecidos en la comunidad autónoma 16 de febrero, en el municipio autónomo rebelde llamado Lucio Cabañas, en Chiapas.

Tras haber recibido la información, directo de la comunidad atacada, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) emitió una acción urgente donde denunció que las personas atacadas respondían a los nombres Hilaria Hernández Gómez, de 42 años, golpeada y obligada a salir de su casa mientras llevaba a su hijo Tomas López Hernández, de 3 años de edad. Los niños Jeremías López Hernández, de 10 años, y Julio Cesar López Hernández, de 6 años de edad, se quedaron en la casa. Además, fue atacado un adolecente de 15 años de edad, cuyo nombre se desconoce.

Por varias horas, la señora y los tres niños, quienes son sus hijos, se encontraban en calidad de desaparecidos. En una segunda acción urgente, la organización de derechos humanos Frayba comunicó que los integrantes de La Junta de Buen Gobierno del Caracol Patria Nueva, del mismo municipio rebelde, habían encontrado con vida a estas personas.

Durante el año 2021 Avispa Midia documentó más de una decena de ataques paramilitares hacia comunidades bases de apoyo del EZLN. Los ataques han sido con disparos de armas de uso exclusivo del ejercito, desapariciones, agresiones directas y verbales. También se registró la quema de una escuela y destrucción de cultivos o la restricción de la circulación.

Desde el levantamiento zapatista, el 1º de enero de 1994, no ha habido un reconocimiento, por parte de los diversos gobiernos, de la articulación de estos grupos paramilitares, por el contrario, se ha reducido a un conflicto inter étnico.

No obstante, tras la firma de paz entre el EZLN y el gobierno de México, diversos estudios académicos atañen la creación y entrenamiento de estos grupos al gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como una fase de la conocida guerra irregular o guerra de baja intensidad, incluida en la estrategia contrainsurgente que implementó el ejercito mexicano, conocido como Plan de Campaña Chiapas 94.

Tras el cambio de gobierno en México, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se han intensificado estos ataques y no ha habido una posición clara de este gobierno hacia estos grupos de corte paramilitar. Mientras tanto, las exigencias de la amplia red de solidaridad, nacional e internacional, es un “alto a la guerra”  #LosZapatistasNoEstanSolos y #ChiapasSinParamilitares.

El martes (4), el periódico El Sol de México publicó en su página de internet una foto del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con tres líderes del crimen organizado en ese estado.

En el contenido de la nota se señala que miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala  (FPDTA-MPT) habían declarado bajo anonimato que hubo una reunión, en enero de 2019, entre Blanco, Hugo Erik Flores, delegado federal del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y líderes del narco en la cual “se concluyó pedirle a Homero Figueroa ‘aplacar’ al líder de la resistencia contra la construcción de la termoeléctrica de La Huexca, Samir Flores”, dice la nota.

Un mes después, Samir Flores, miembro del FPDTA-MPT, fue asesinado.

En un comunicado publicado el miércoles (5), el FPDTA-MPT, por un lado, se deslinda de la declaración, “exigiendo al medio de comunicación no adjudicar información veraz o falsa a la organización cuando la misma no la declaró”.

Por otro, el Frente Popular declara que ve como “desfachatez y sin vergüenza que el asesinato de nuestro hermano Samir Flores recorre notas y narcomantas que denuncian la complicidad del gobernador de Morelos y Hugo Erik Flores con el crimen organizado para ‘quitarlo del camino’”.

Un día después de la publicación de la nota por El Sol de México, el miércoles (5), apareció una narcomanta en Oaxtepec donde amenazan a Cuauhtémoc Blanco y Hugo Erik Flores, diciendo que “‘soltarán los datos exactos de la muerte de Samir’” y de los favores que pidieron antes de la llegada de AMLO (Obrador) a Morelos”.

“La llegada de AMLO a Morelos” se refiere a un evento oficial realizado en el Estado, el 1 de octubre de 2021, en el cual el Obrador anunció que “ya va a operar a toda su capacidad esa planta”, refiriéndose a la operación de la termoeléctrica de Huexca, a la cual Flores se opuso en vida.

Un día antes de la visita, el Fiscal General del mismo estado, Uriel Carmona, informó sobre la detención del conocido como “Tamalaco” ocurrida en la ciudad de Cuautla, por su presunta responsabilidad en el asesinato de Samir Flores.

En aquel momento los miembros del Frente de Pueblos manifestaron que la acción representaba un montaje y oportunismo, al mismo momento en que el gobierno federal anunció la operación de la termoeléctrica de Huexca.

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El FPDTA sostuvo que las investigaciones que condujeron a la captura del presunto responsable databan de abril del año 2019 cuando la Fiscalía habría identificado a los probables responsables del homicidio de Flores sin realizar su detención, por lo cual la organización cuestionó el hecho de que las autoridades demoraran más de dos años en emitir las órdenes de aprehensión.

Para el FPDTA esta actitud además demostraba la protección de las autoridades hacia  los homicidas. Así lo indicó uno de sus integrantes, Juan Carlos Flores Solís, en entrevista con medios nacionales: “Él (Fiscal) tenía a los asesinos de Samir en la cárcel. Sabía en donde estaban y ahora inventa que lo que acaba de detener, eso evidentemente es un mal actuar del fiscal, es un encubrimiento o es la fabricación de un chivo expiatorio”. Cabe destacar que el Tamalaco habría sido detenido, en septiembre del 2019, acusado de secuestro, robo y tráfico de drogas, pero fue liberado.

El abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, advirtió, en aquel momento, que el caso no se cerraba con la detención anunciada. Al contrario, la investigación continuaba para “deslindar la responsabilidad de quién o quienes ordenaron este asesinato y por qué lo hicieron en este contexto, en ese momento, justo cuando se celebraba, o se estaba convocando a una consulta para preguntarle a una parte de la población si estaban de acuerdo o no con la instalación de la termoeléctrica”.

Narcos: secretaría del Terror del Estado

En el comunicado del pasado miércoles (5), el Frente de Pueblos sostuvo que el 24 de septiembre de 2020, el gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo en modo retador al Fiscal del Estado que él sabía quién había mandado matar a Samir, pero no lo decía por miedo. “Mientras el Fiscal del Estado está siendo investigado por vinculación con el crimen organizado a nivel federal; en Morelos, como en México, ya no se sabe si el gobierno, gobierna con el narco, o el narco gobierna al gobierno”.

El crimen organizado se ha convertido en la “Secretaría del Terror del Estado mexicano que gobierna nuestros estados e impone los megaproyectos por medio de estos crímenes. Y ahora que se dicen traicionados, comienzan al parecer, a denunciar sus sucios tratos”, evalúa el Frente de Pueblos.

El Frente de Pueblos hace un llamado. “Si queda algún grado de decencia en las instituciones de persecución judicial, deben investigar los posibles vínculos de Cuauhtémoc Blanco, Hugo Erik Flores y Uriel Carmona con el crimen organizado y el asesinato de nuestro hermano Samir Flores, deben llamarlos a declarar sobre todo lo denunciado en mantas y medios de comunicación”.

Fotos: Aldo Santiago

El pueblo Munduruku que vive en el curso medio y alto del río Tapajós, un largo y caudaloso río amazónico en Brasil, y los pueblos Kayapó y Kumaruara se reunieron entre los días 18 y 20 de diciembre de 2021, en asamblea general, para discutir la situación de la demarcación (reconocimiento legal) de sus territorios y los frenos puestos por el gobierno de Jair Bolsonaro, quien busca reactivar megaproyectos de hidrovías, ferrovías, puertos, minería y hidroeléctricas en la cuenca del Tapajós.

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Uno de estos proyectos es la hidroeléctrica São Luiz do Tapajós, que impacta directamente la Tierra Indígena Sawre Muybu, todavía en proceso de demarcación. El territorio del pueblo Munduruku está dividido administrativamente en distintas tierras indígenas, demarcadas por el Estado brasileño.

“En toda la cuenca del río existen marcas de nuestros ancestros y está llena de sitios importantes para nuestra existencia como pueblo. Sin embargo, el gobierno y las empresas no dejan de sorprendernos. Quieren destruir nuestro territorio y la vida del pueblo Munduruku”, sostienen los indígenas en una carta, resultado de la asamblea general.

Específicamente, la demarcación del territorio Sawre Muybu ya estaba a punto de seguir para su fase final, sin embargo, el presidente de la Fundación Nacional del Indio (Funai), Marcelo Augusto Xavier da Silva, quien mantiene vinculación histórica con latifundiarios, pidió una revisión echando para bajo el proceso. “Bolsonaro fue elegido con la promesa de que no demarcaría un centímetro de tierra indígena y lo está cumpliendo”, afirman en la carta.

Los indígenas denuncian que territorios que ya fueron homologados también están amenazados. El gobierno federal busca, por ejemplo, reducir parte de la Tierra Indígena Kayabi, localizada en el estado de Mato Grosso. Hubo una decisión judicial para suspender su registro en notaría pública. En esta región existen sitios sagrados localizados en el río Teles Pires  – como Karobixexe y Dekoka’a – que ya fueron destruidos por dos hidroeléctricas.

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Mientras la demarcación de la tierra indígena Sawre Ba’pim está desde hace diez años en el proceso inicial, los indígenas denuncian que los territorios demarcados Terras Munduruku y Sai Cinza continúan siendo invadidos por la extracción de minerales, que provocan la destrucción de los ríos y bosques, enfermedades y violencia.

Los indígenas, en su carta, sostienen que no van a esperar más, “ya hicimos la autodemarcación en las Tierras Indígenas Sawre Muybu y sabemos como accionar cuando el Estado no cumple su papel”.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) realizó un seguimiento sobre la violencia en Colombia en 2021, año en el que ocurrieron 92 masacres, que acabaron con la vida de 326 personas.

Durante el 1 de enero al 24 de diciembre del año pasado, Indepaz registró 168 líderes y lideresas asesinados en 25 departamentos colombianos. A su vez, también ocurrieron los homicidios de 48 firmantes del Acuerdo de Paz.

El informe Cifras de la violencia en las regiones 2021 destaca que han sido asesinados 1283 líderes y lideresas desde la firma del acuerdo de paz ocurrido en La Habana, Cuba, en el año 2016, cuando Indepaz comenzó el registro de los hechos violentos.

¿Paz?

Entre los 168 asesinatos cometidos durante 2021 contra líderes y lideresas sociales, el informe elaborado por Indepaz destaca algunos casos de quienes fueron víctimas de la violencia.

El departamento del Cauca fue el que registró el mayor número de casos y entre ellos está el de la lideresa Sandra Liliana Peña, quien era gobernadora del resguardo indígena La Laguna-Siberia SAT Tama kiwe, ubicado en el municipio de Caldono, Cauca.

Líderes campesinos, como Wilson López, quien hace 16 años había sido desplazado tras recibir amenazas de grupos paramilitares, fue asesinado en su tierra de la vereda El Congal en Samaná. Desde 2020 López había impulsado procesos de agricultura familiar, huertas caseras y unidad comunitaria para las y los habitantes de la zona.

La violencia también se dirigió contra los participantes del Paro Nacional, principalmente jóvenes como Sebastián Jacanamijoy, quien era miembro del pueblo indígena Inga y estudiante de la Universidad del Valle. Jacanamijoy realizaba labores en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, además de desempeñar tareas como guardián y sanador de la medicina ancestral de su territorio en el departamento de Putumayo.

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Indepaz registró 79 personas asesinadas en el marco del Paro Nacional, 44 de los cuales han sido con presunta autoría de elementos de la fuerza pública. También contabilizó 4687 agresiones por parte de los funcionarios de seguridad y 1661 casos de violencia física contra las y los participantes del Paro Nacional.

Violencia contra organizaciones

Resalta también que en 2021 fueron asesinadas 26 lideresas, entre ellas mujeres que luchaban por los derechos de las víctimas del conflicto armado y en la defensa del territorio.

Entre ellas está Beatriz Cano, comunicadora social y quien se desempeñaba como locutora de la emisora comunitaria Radio Payumat de Santander de Quilichao. Ella también realizaba procesos de formación popular para miembros de la comunidad indígena Nasa.

Cabe destacar que en 91 casos los homicidios ocurrieron contra personas que desempeñaban labores en organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales.

Entre ellos, destacan defensores ambientales como Gonzálo Cardona Molina, quien era coordinador de la Reserva ProAves Loros Andinos; líderes afro como Edinson Valenzuela Cuama, quien trabajaba en el Consejo Comunitario de Buenaventura en el Valle del Cauca y jóvenes como Higinio Bailarín, de tan solo 23 años, perteneciente a la guardia indígena de la comunidad Embera Eyabida, en el departamento de Antioquia.

Por último, el informe también contabiliza 162 conflictos socioambientales en 2021, en los cuales están involucradas multinacionales, así como proyectos nacionales, como el caso de las empresas eólicas que afectan las comunidades Wayuú de la media y alta Guajira.

Para el informe, Indepaz utilizó fuentes institucionales como los de la Fiscalía General, el Sistema Nacional de Derechos Humanos; Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición; así como fuentes comunitarias y de organizaciones nacionales y regionales.