Fuente: Avispa

^{Por Mariángeles Guerrero, Gioia Claro, Roxana Sposaro, Celeste Vientos y Mariana Aquino / Agencia Tierra Viva}

^{Foto de portada: Roxana Sposaro}

El desalojo a la comunidad mapuche Pailako de su territorio ancestral en el Parque Nacional Los Alerces (Esquel, Chubut) había sido anunciado con mucho énfasis. A las 8 de la mañana de este jueves comenzaron a llegar por la ruta 71 más de 30 móviles de la Policía Federal y de Gendarmería, camionetas y colectivos, y personal de Parques Nacionales. La magnitud del operativo para excluir a unas pocas familias de sus tierras se condice con el discurso racista del gobierno provincial y nacional; y se basa en una disposición del Poder Judicial Federal de Esquel. Pero la Lof resolvió retirarse previamente, de forma pacífica, por lo que los agentes no encontraron a ninguna persona en el lugar.

En la zona habitada por la Lof quedaron algunos carteles dispuestos en lo que eran las casas de la comunidad. En ellos se lee: “Las fuerzas del territorio les están observando”. “Aquí se gestó y parió a una persona de modo libre, en armonía con el territorio ancestral. No hay desalojo que despoje esa memoria”.

«Sabíamos que esto iba a suceder, así que nos organizamos para que no se encontraran con nadie. Todo este circo es para nada, hallaron casas vacías. Es una situación dolorosa pero al menos los integrantes de la Lof no están expuestos a ser baleados ni asesinados por el Gobierno», aseguró la weychafe Moira Millán, que acompaña el reclamo de Pailako por su derecho al territorio.

La Lof reivindica su presencia en una zona del Parque Nacional Los Alerces (a 35 kilómetros de Esquel). Este proceso, espiritual e identitario, comenzó en 2020. Actualmente, una veintena de personas viven allí: familias con niños y niñas. En el lugar funciona un centro educativo. De haberse concretado tal como lo anunció el Gobierno durante los últimos días, iba a ser el primer desalojo tras la derogación de la prórroga de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena.

La intención de echar a las familias mapuche de sus tierras tenía un efecto aleccionador, en el marco de las persecuciones que vienen sufriendo los pueblos indígenas en el gobierno de Javier Milei. Otras situaciones, como la vivida en octubre pasado por la comunidad wichí Guerrero, de Jujuy, replican este panorama.

A nivel institucional, primero se vació el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INA). Luego se disolvió el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, cuya función era inscribir a los pueblos preexistentes en un relevamiento nacional. La frutilla del postre fue la derogación (por decreto) del decreto que prorrogaba la Ley de Emergencia Territorial Indígena, el 10 de diciembre.

Sólo 20 días después, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, arremetió contra la comunidad Pailako. “Arremetió”, porque las amenazas de desalojo y la violencia institucional comenzaron cuando las familias decidieron habitar el territorio en el que crecieron sus abuelos.

Un show anunciado y frustrado

El desalojo fue un show anunciado por el gobierno nacional y provincial, el Poder Judicial y muchos medios de comunicación. En el lugar estuvieron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el titular de Parques Nacionales, Cristian Larsen. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, llegó en helicóptero cerca del mediodía. La Ministra también había ocupado ese cargo durante los operativos militares que culminaron con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, en 2017. Otro funcionario que también dijo presente fue el titular de Seguridad chubutense, Héctor Iturrioz. La conferencia de prensa prometida desde el Gobierno nunca se hizo.

La orden del juez federal Otranto (conocido por su participación en la causa de desaparición forzada de Santiago Maldonado), se basa en la Ley 22.351. Esta normativa fue sancionada en la última dictadura militar: criminaliza a los “intrusos” que utilicen las instalaciones de los Parques Nacionales y autoriza su desalojo.

Sin sentencia firme

Las acciones llevadas a cabo durante este jueves se realizaron sin una sentencia judicial firme y sin que se hayan agotado las presentaciones realizadas por la organización Gremial de Abogados, en representación de la comunidad Pailako, ante el Poder Judicial.

Ante estos atropellos, la comunidad resiste. “Siempre somos vistos de mala manera. Nuestra intención es preservar este monte, poder criar a nuestros hijos y las infancias que están aquí”, afirmaba días antes del desalojo Belén Salina, integrante de la Lof. Pese a haber evitado una situación de violencia contra las familias, la comunidad se vio obligada a dejar sus viviendas, su tierra y sus animales en el Parque.

El 8 de enero, la Lof, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga por los Derechos Humanos y el Comité por la Libertad de los presos políticos Mapuche en Puelmapu brindaron una conferencia de prensa en Esquel.

En representación del Comité, Millán apuntó contra el Gobierno: “Hoy vemos a estos mentores de la muerte venir a nuestros territorios y hacer de la narrativa de las políticas criminales la normalidad. Ellos reivindican el proceso militar. Y durante el proceso militar se eliminó un ecosistema prístino para hacer una de las represas más grandes de la Patagonia, que hoy abastece a una empresa privada. Esa lógica es la que está siendo reivindicada, no sólo los desaparecidos sino también el saqueo”. Al respecto, aseguró: “Quieren privatizar áreas de los Parques Nacionales y la piedra en el zapato somos los pueblos originarios”.

La represa a la que aludió Millán es Futaleufú, que se construyó dentro del Parque Los Alerces y fue puesta en funcionamiento en 1978 para el abastecimiento energético de la empresa de aluminio Aluar. Bajo la lupa de las comunidades indígenas están también los incendios intencionales. La Lof Pailako aseguró en un comunicado que “queman miles de hectáreas con el propósito de llevar a cabo negocios extractivos”. Al desalojo se suma el despido reciente de cien brigadistas forestales que trabajaban en el Parque.

En la conferencia, Millán señaló la responsabilidad de los gobiernos anteriores por no haber regularizado la situación territorial de los pueblos indígenas. Finalmente, llamó a hacer un “boicot” a los parques nacionales del país, evitando pagar las entradas respectivas.

Solidaridad con Pailako en Nahuelpan

Mientras Bullrich hacía un despliegue desmedido de las fuerzas de seguridad, a 40 kilómetros de ahí, en el Lof Nahuelpan, un grupo de Pu Lamien autoconvocadas y desde una red de acompañamiento a Lof Pailako, realizaron una acción para visibilizar, conversar e informar a quienes llegan al tren turístico La Trochita sobre lo que pasaba en Los Alerces y la estigmatización hacia las comunidades indígenas.

Por un rato se cortaron las vías, se colocó una bandera, se repartieron volantes y se conversó con quienes iban a abordar el tren. Hubo momentos de tensión cuando llegaron las fuerzas policiales, pero nadie cedió a las provocaciones y los micros pedidos por el municipio se encargaron de trasladar a las y los turistas.

”Vinimos de manera pacífica para romper con ese imaginario social que nos crean desde los medios de comunicación hegemónicos y la misma sociedad racista, donde nos tratan de violentos, cuando nosotros solamente queremos informar. Lamentablemente, la ignorancia y la desinformación es un virus, es una enfermedad que nos atraviesa hoy como sociedad. Vinimos de forma pacífica y llegó la policía a amedrentarnos, a violentar a la gente y a empujar”, dijo Zamira Tacuman.

Con todas las fuerzas represivas a disposición, esta pequeña acción de resistencia y solidaridad pudo realizarse pacíficamente, en un sitio emblemático para las protestas. Fue un modo de abrazar la lucha de la Lof Pailako y de todas las comunidades indígenas criminalizadas por el gobierno provincial y nacional.

En noviembre, en la Asamblea de la ONU, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución contra los derechos de los pueblos originarios

La batalla judicial y desigual: cómo se llegó al desalojo

La comunidad recuperó su territorio ancestral en 2020, reafirmando su arraigo cultural y espiritual en la Mapu (tierra). Allí siembran, crían animales y cuidan a sus hijas e hijos. Desde entonces, enfrentan amenazas y hostigamientos. Quienes allí viven son descendientes de pobladoras y pobladores mapuche en lo que hoy es el Parque Nacional Los Alerces, creado por el Estado argentino en el marco de las políticas de expulsión de las comunidades indígenas de la Patagonia.

“Para nosotros ‘pailako’ significa ‘arroyo tranquilo’”, explicó Lemu Cruz Cárdenas, en una nota brindada a la Agencia Presentes. “El arroyo que da nombre a la comunidad se arma entre varias corrientes de agua, arroyos más pequeños, que bajan del cerro y forman uno más grande. Vivíamos a la orilla de ese arroyo”, recordó Cárdenas. Hoy, él y María Belén Salina (integrantes de la comunidad) están imputados por presunta participación en incendios forestales ocurridos en el Parque. No hay una sola prueba en su contra.

Como respuesta a la recuperación territorial iniciada en 2020, Parques Nacionales realizó una presentación ante el juez Otranto para pedir el desalojo de la comunidad. En primera instancia, el magistrado habilitó el ingreso a la Lof para identificar a las personas que habitan allí. Fue un paso previo al desalojo.

El juez Otranto emitió entonces la orden para la expulsión, pero fue suspendida por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Ante la apelación de Parques Nacionales, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia le dio la razón al organismo nacional y la amenaza del desalojo volvió a estar vigente.

Resulta llamativo en el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones el argumento del juez Javier Leal de Ibarra: “Queda debidamente expuesto que Cruz Cárdenas y María Belén Salinas (NdR: nótese la mala escritura del apellido Salina, familia tradicional de la zona) adscribieron a una comunidad mapuche que ocupó la zona denominada ex Población Felidor Salina a partir de enero del año 2020. […] y que si bien descienden de pobladores que contaban con permisos para ocupar tierras dentro del Parque Nacional Los Alerces, ningún permiso precario les ha sido conferido sobre la zona que específicamente pretenden”. Felidor Salina era el tatarabuelo de Belén Salina, integrante de la Lof Pailako. Como a tantos pobladores de la zona, en 1940 le entregaron un “permiso precario” para pastaje y ocupación.

El 30 de diciembre, días después de la derogación de la prórroga de la Ley 26.160, Otranto habilitó nuevamente el desalojo sin que exista una sentencia firme sobre el caso y antes de haberse agotado los recursos legales presentados por la comunidad. Desde la APDH también presentaron un hábeas corpus preventivo, que fue desestimado por el juez.

El 2 de enero, un oficial de justicia, acompañado por fuerzas federales, notificó a la comunidad sobre el desalojo. Dio un plazo de cinco días hábiles (hasta el 9 de enero) para abandonar el territorio. En la notificación se advirtió que se iba a disponer del uso de la fuerza pública y del allanamiento de domicilios en caso de «ser necesarios». La información fue presentada junto a Danilo Hernández Otaño (intendente del Parque Nacional Los Alerces) y Laura Fenoglio, personal de Parques Nacionales.

El argumento que sostienen desde Parques Nacionales para el desalojo es preservar el área protegida. Sin embargo, la ONU destacó en 2023 que “gracias a sus conocimientos y su relación con el medio ambiente, los pueblos indígenas pueden ayudar a encontrar soluciones para remediar los daños causados por la triple crisis planetaria”.

El Parque Los Alerces

La Reserva Nacional Los Alerces se fundó en 1937. En 1945 se declaró como Parque Nacional, con una extensión de más de 280.000 hectáreas. Fue a través del despojo y el desalojo violento de las comunidades que allí habitaban que se crearon estas áreas “protegidas”.

“El juicio civil, en el que se podrían dirimir los derechos ancestrales de los integrantes de la lof, duerme en un cajón de la Justicia argentina, sin dar la posibilidad entonces de sacar a la luz la ocupación tradicional de este espacio territorial por algunos de sus miembros que son la quinta generación de las familias que allí vivían, mucho antes de la creación de Parques Nacionales”, expresa un documento firmado por decenas de comunidades mapuche y asambleas socioambientales.

En el mismo texto, denuncian que la zona “es codiciada por intereses inmobiliarios, mineros, forestales e hidroeléctricos”.

Un Estado que reivindica su racismo

En diciembre pasado, el gobernador de Chubut aseguró: «Este gobierno (provincial) va a ir hasta las últimas consecuencias contra quienes toman un bien que no es propio y que vayan presos. Hay que separar lo que son nuestros pueblos originarios […] de estos delincuentes que levantan falsas banderas para cometer delitos. Para hacerse de tierras privadas. O, por ejemplo, tomar el Parque Nacional Los Alerces».

En la misma línea, el 8 de enero, el Ministerio de Seguridad de la Nación, en conjunto con la Vicejefatura de Gabinete y la Administración de Parques Nacionales, emitió un comunicado afirmando que «tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica, se procederá al desalojo del grupo autoproclamado mapuche encabezado por Cruz Cárdenas, que desde el año 2020 usurpa y ocupa ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces». Y anunciaron que el operativo se llevaría a cabo con Fuerzas Federales.

También aludieron al «derecho a la propiedad del Estado Nacional» y a supuestos ataques verbales y físicos por parte de la comunidad. Y refirieron a la Ley 26.160: «Una legislación impulsada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos». Una forma de desconocer los derechos de los pueblos indígenas que rigen en Argentina.

La identidad es un derecho

Nora Rodríguez y Raúl Mazzone, integrantes de la APDH presentes en la conferencia de prensa, expresaron: “Es horrible ver el rostro racista, colonial, cada vez más inquisidor que habilita métodos que estaban prohibidos desde la dictadura, de investigación como si hubiera enemigos internos. Es una faceta horrible del Estado. Pero a la vez vemos en las comunidades procesos de identidad, que son un derecho. Despojarlas de sus territorios es muy doloroso. Vemos el daño que esto causa en personas de distintos géneros, edades, a infancias que van a sufrir esto de una forma significativa en su proceso de vida. La identidad es un derecho, quizás al Estado en su formato actual no le guste reconocerlo”.

A su turno, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos expresaró: “¿Para qué elegimos un gobierno democrático? Tenemos derecho a cuestionar a ese gobierno, ningún gobierno es absoluto. La gestión actual ¿no debe respetar la Constitución argentina? Hoy vemos a un Estado que fomenta la discriminación”.

El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) manifestó mediante un comunicado: “El desalojo de la comunidad nos recuerda oscuros episodios recientes en los que perdieron la vida quienes formaban parte de reivindicaciones territoriales. Es posible construir un diálogo intercultural en el que todas las culturas y pueblos sean respetados, pero no ocurrirá si la respuesta estatal es la violencia, la discriminación y la falta de respeto a los derechos colectivos de las comunidades preexistentes”.

^{Cobertura colaborativa de Infoterritorial, Revista Cítrica, Agencia Presentes y Agencia Tierra Viva}

^{Edición: María Eugenia Ludueña}

^{Edición de Fotografía: Nicolás Pousthomis}

Fuente: Avispa Midia

Los jueces hicieron coincidir las audiencias de las causas contra la Lof Quemquemtrew y la Lof Winkul Mapu, a las que acusan por “usurpación” en Cuesta del Ternero y Villa Mascardi. Los juicios llegan tras años de persecución y los asesinatos de Rafael Nahuel y Elías Garay. Desde el inicio de este año, otras tres comunidades fueron condenadas o judicializadas bajo la misma acusación para desconocer el derecho sobre sus territorios.

Por Mariángeles Guerrero y Roxana Sposaro

Cobertura colaborativa conjunta de Tierra Viva e Infoterritorial

Una serie de procesos judiciales avanzan contra el Pueblo Mapuche en Río Negro, en Argentina. Esta semana se inició con las audiencias del juicio oral por supuesta usurpación de tierras contra la Lof Quemquemtrew, que cerró su etapa de alegatos este jueves y espera sentencia para el miércoles 2 de octubre. Este jueves también comenzaron las audiencias contra integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu, llevados al banquillo con otra acusación de usurpación, cuya sentencia se conocerá el próximo lunes. Ambas causas fueron iniciadas tras la recuperación de tierras por parte de las comunidades y en ambos casos lamentaron homicidios: Elías Garay, en 2021 (a manos del empleado de un empresario forestal en Cuesta del Ternero), y Rafael Nahuel, en 2017, a manos de la Prefectura Naval en Villa Mascardi.

El pasado 14 de agosto los presos políticos mapuche de Angol radicalizaron la huelga de hambre que ya contaba con 100 días desde su inicio, pasando a una de carácter «seca» lo que implica rechazar también todo tipo de líquidos.

El estado de salud de los presos políticos mapuche movilizados se agrava a cada instante, tras pasar a una huelga de hambre seca, esto ante la indiferencia institucional respecto a las exigencias planteadas desde el inicio de la movilización, que tiene como origen la violenta y arbitraria medida de dispersión impulsada por Gendarmería, que terminó con el traslado de los ppm del módulo comuneros de Angol a cárceles en distintos territorios y con la suspensión de sus derechos como mapuche, amparados en el convenio 169 de la OIT.

El día miércoles por la tarde fue determinante, el trasladado al hospital de Angol de Joaquín Millanao Queipul, quien aún se encuentra en dicho establecimiento, daba cuenta de la gravedad de la situación. Por su parte Juan Pinchulef, con un peso de 49 kg. fue trasladado este jueves a la enfermería de la cárcel de Angol y posteriormente al hospital, tras sufrir fuertes dificultades respiratorias.

En solidaridad con esta movilización se han realizado diversas acciones, convocatorias y comunicados. En Temuco 19 presos políticos mapuche recluídos en el módulo comuneros de la cárcel de la ciudad, se unieron a la huelga el pasado 18 de agosto, y de ellos 8 comenzaron directamente con huelga seca, hasta que haya respuesta a las exigencias de los ppm de Angol.

En un punto de prensa realizado la tarde de este viernes, el werken de los presos políticos mapuche de Angol, Rodrigo Curipán, expresó que no ha existido un acercamiento por parte del estado. Así mismo, se refirió a la negativa de los huelguistas (que aún están en la cárcel) de ser trasladados al hospital de Angol, esto hasta que el gobierno responda.

Los huelguistaa están siendo acompañados por la Machi Isabel Puel, quien controla su condición de salud, sin embargo se le ha negado el ingreso al hospital de Angol para poder evaluar la situación de los hospitalizados.

Cabe recordar que la dispersión y la suspensión de los derechos de los presos políticos mapuche de Angol, son castigos establecidos por Gendarmería tras un verdadero show montado por la institución, en el cual acusan a los ppm de «secuestrar» a un carcelero, y también, mediáticamente establecieron el discurso de que estos tendrían «privilegios», que en el mundo real, son en verdad las garantías internacionales que les corresponden como prisioneros pertenecientes a un pueblo y cultura preexistente a los estados colonialistas.

Compartimos a continuación comunicado de los ppm del módulo comuneros de la cárcel de Temuco:

COMUNICADO PÚBLICO DE LOS PRISIONEROS POLITICOS MAPUCHE, CARCEL DE TEMUCO.

Mediante este comunicado nos dirigimos a todas las comunidades mapuches en resistencia, organicas de resistencia de las distintas zonas de malleco y cautin, a la sociedad civil, para informar lo siguiente

KIÑE: Como modulo de prisioneros mapuche de la carcel de temuco tanto imputados como condenados, hemos tomado la dificil pero firme decisión en conjunto, para ir en apoyo a los peñis de la carcel de la ciudad de angol quienes desde el pasado lunes 14 de agosto a las 18:30 horas inciaron su huelga seca despues de llevar 99 dias en huelga de hambre liquida.
Por lo que como peñis weichafes de las distintas zonas de malleco y cautín, informamos que el dia de hoy 18 de Agosto inciaremos una huelga de hambre; donde los 19 comuneros del modulo mapuche 8 peñis han decidido iniciar una huelga de hambre seca y 11 de nosotros una huelga de hambre liquida.
Todo esto hasta que haya respuesta por parte de gendarmeria a la peticion de los peñis en huelga de hambre seca en la carcel de angol.

EPU: No olvidar que 6 peñis son quienes el pasado 7 de mayo fueron dispersados a distintas carceles del país Rancagua, Concepcion y Puerto Montt y desde hace aproximadamente unas semanas regresarón a la región de la araucanía, quedando en la carcel de la ciudad de Temuco y donde uno de los puntos de la huelga son que ellos sean devueltos a la carcel de Angol de donde ellos fueron sacados injustamente.
Es por ello nuestro profundo respaldo y compromiso hacia sus demandas.

KULA: Por ultimo, como presos mapuches de la carcel de Temuco, dejaremos en claro que cualquier eventualidad o situción de gravedad que pueda ocurrir en este proceso de huelga, sera unicamente responsabilidad del Gobierno de turno del Presidente Gabriel Boric y la Institucion de Gendarmeria de Chile.

Hacemos un amplio llamado a todas las comunidades y personas conscientes de nuestra lucha por nuestros derechos como mapuches, a no callarse y levantarse en apoyo a lo que esta sucediendo con nuestros peñis.

Nombres de comuneros en Huelga Seca:

1.- Freddy Marileo Marileo
2.- Joaquin Huenchullan Queipul
3.- Maximo Queipul Huenchullan
4.- Antu Llanca Quidel
5.- Fabian Llanca Nahuelpi
6.- Matias Ancalaf Prado
7.- Moroni Ancalaf Prado
8.- Rodrigo Calabrano Ñanco

Nombres de comuneros Huelga Liquida:

1.- Emilio Berkhoff Jerez
2.- Luis Tranamil Nahuel
3.- Nelson Queupil Soto
4.- Luis Fuenzalida Eneros
5.- Juan Rodriguez Huenupil
6.- Rodrigo Caceres Salamanca
7.- Carlos Fierro Huenuman
8.- David Torres Painemilla
9.- Eduardo Fuica Ferreira
10.- Raul Canuillan Huenulao
11.- Juan Queipul Millanao

Módulo comuneros mapuche cárcel de Temuco, Wallmapu 18 de agosto 2023.

Por Andrés Kogan Valderrama

La coordinación de territorios por la defensa de los glaciares denuncia a través de una declaración publica lo nefasto de la tramitación de la ley para la protección de los glaciares.

Los glaciares han sido enormemente afectados de manera irreversible por la gran minería a lo largo del todo el territorio. Un ejemplo de esto son los glaciares de Pascua Lama que fueron dañados criminalmente por la corporación Barrick Gold. Fue la presión de organizaciones sociales que venció y logró detener después de años de lucha con este delito contra el medio ambiente.

LA COORDINACIÓN DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES DECLARA:

ALERTA GLACIAR: LA TRAMITACIÓN DE LA LEY, DE MAL EN PEOR

El oscuro camino que se vislumbra de la ley que pretendía proteger los glaciares de Chile.

Con Girardi transparentando su apoyo a una ley sin protección del ambiente periglaciar ni del permafrost, Allende, más preocupada de las consecuencias para la minería y un oficialismo que sigue defendiendo sus intereses, la tramitación de esta ley está entrampada en la disyuntiva de prohibir o no actividades en el ambiente periglaciar y permafrost.

La penúltima sesión de tramitación de la ley de glaciares del 31 de marzo deja mucho que desear tanto la clase política como del proyecto de ley propiamente tal y de su futuro en la Comisión de Medio Ambiente. Todo hace presagiar que las comunidades deberemos seguir presionando para lograr una verdadera ley de protección, tal como lo llevamos haciendo por más de 15 años. A menos que las cosas tomen otro rumbo, una vez más tendremos que bloquear una ley que, en lugar de resguardar este preciado ecosistema, en la práctica legaliza su intervención.

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“Nos preocupa la señal de impunidad entregada por la justicia chilena en un caso de lesa humanidad” señala en su declaración pública la corporación regional del Biobio a días de conocer el fallo del tribunal de alzada de Santiago que absolvió a 61 criminales de la DINA y dejó e libertad a otros 42 condenados en el secuestro de 16 militantes del MIR entre los años 1974 y 1975.

A continuación compartimos el texto en su integridad.

DECLARACION PUBLICA

Ante el fallo de segunda instancia dictado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en el caso de 61 ex agentes de la DINA condenados en el marco de la llamada Operación Colombo, la Corporación Regional por la Memoria y los Derechos Humanos del Bío Bío, expresa lo siguiente:

La “Operación Colombo”, como ha sido suficientemente demostrado, fue un montaje de la dictadura militar a través de la DINA, respaldada escandalosamente por algunos medios de comunicación extranjeros y chilenos que se hicieron eco de la “noticia” de que 119 personas desaparecidas habían sido ejecutadas por sus propios compañeros en diversos países.

Nos preocupa la señal de impunidad entregada por la justicia chilena en un caso de lesa humanidad con repercusión internacional y que esperamos sea corregida por la Corte Suprema de nuestro país.

La falta de reparación, la impunidad y el negacionismo han sido una constante del proceso post dictatorial que, sin duda, no contribuyen a la necesaria justicia de las víctimas de la represión.

Exigimos que la Corte Suprema rectifique esta aberrante decisión que absuelve a personas que cometieron crímenes de lesa humanidad, aplicando no sólo nuestras leyes sino los tratados internacionales firmados por Chile en materia de Derechos Humanos.

YOLANDA CONCHA ROJAS GABRIEL REYES ARRIAGADA Presidenta Secretario

Concepción, 3 de diciembre de 2020.

CORPORACIÓN REGIONAL POR LA MEMORIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección: Serrano 742 – Concepción
Correo electrónico: corporacionmemoriayddhh@gmail.com
Personalidad Jurídica 212426 del 22 de noviembre de 2015

Por: Daniela King Reyes – noviembre 2 de 2020

Desde hace un año el pueblo de Chile decidió cambiar el rumbo, después de 30 años que Pinochet dejara el poder mediante un plebiscito. No obstante, en esta oportunidad, la sociedad ha demostrado un profundo hastío con una clase política que no ha hecho otra cosa que enredarse en escándalos de corrupción y mínima celeridad para mejorar las condiciones de vida de la población.

El pasado 25 de octubre, a un año de la marcha más grande de Chile, los chilenos acudieron masivamente a sufragar para manifestar el deseo de cambiar las reglas del país, heredadas de la constitución redactada durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Este suceso se enmarca en el comienzo de un proceso constitucional, no obstante su origen fue causa del estallido social de octubre del 2019.

La opción ‘apruebo’ se alzó con el triunfo de un 78,27%, mientras que el Rechazo alcanzó 21,73%, aun cuando en las campañas publicitarias y franja electoral los porcentajes se invierten en cuanto a aportes económicos, lo que deja en manifiesto la certeza de la gran mayoría de chilenos y chilenas que no se dejaron amedrentar con amenazas falsas y otros componentes de una auténtica campaña del terror.

En esta elección la población también decidió que la próxima Carta Magna fuera redactada por una Convención Constitucional, opción que obtuvo un 78,99% de los votos. Esta alternativa expresa la voluntad de que un cuerpo de 155 personas elegidas por voto popular y de forma paritaria, es decir 50% hombres y 50% mujeres, escribirán la nueva Constitución. La otra opción, la Convención Mixta solo alcanzó el 20,01% de los votos y establecía que la mitad de los constituyentes fueran electos y el otro 50% sería nominado por el Congreso.

Los resultados de este escrutinio eran previsibles, no solo por las encuestas certeras sino por el clima que vive el país desde el año pasado. Como dijo el alcalde la comuna de Recoleta, Daniel Jadue J., quien es el posible candidato presidencial del Partido Comunista, este plebiscito se tuvo que haber realizado cuando finalizó la dictadura. De cierta forma, la transición a la democracia recién se puede advertir, pues por tres décadas se acumuló una incomodidad con un sistema neoliberal extremo que puso todos los derechos fundamentales a ser pactados en el mercado.

Lo anterior se sostiene en el carácter subsidiario del Estado que se establece en la Constitución de 1980 que redactó un equipo liderado por Jaime Guzmán, brazo derecho de Pinochet en cuanto a política económica y constitucional, asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez a principios de la década de 1990.

En medio de la alegría del pueblo chileno, los nuevos desafíos que abre este proceso son intentar implementar una conexión eficaz entre los constitucionales a ser elegidos y las organizaciones del movimiento social, de forma que las principales demandas  y motivaciones sean incluidas dentro de la Carta Magna. Cabe destacar que se aprobó la conformación de una Convención Constitucional y no una Asamblea Constituyente, como era la demanda original de la población, que comenzará a funcionar con ciertas reglas acordadas el 15 de noviembre en la firma del «Acuerdo por la paz y la nueva Constitución», acuerdo de partidos oficialistas y algunos de oposición.

Otro de los desafíos es la participación de candidatos independientes que requiere la legalización de 0,4% del padrón del distrito por el cual se desea competir, en condiciones pandémicas, muy difícil de realizar, por lo que el escenario se ve cuesta arriba para las voces nuevas que deseen participar. Otra limitante importante del proceso es el alto quorum con el cual se deben aprobar todas las indicaciones, dos tercios, lo que se puede utilizar como un medio de obstaculización si la derecha en Chile gana un tercio de los constitucionales, además de advertir su intención en ir unidos en una única lista.

La élite se pronunció en términos electorales, dando como ganadora la opción ‘rechazo’ en las 3 comunas de Santiago más ricas, donde, se estima que viven las familias dueñas del país, mientras que en el resto de la capital, ganó el ‘apruebo’ por sobre el 60% y delegados electos por voto popular por el 85%.

Es de esperar que, con los resultados imperantes, la oposición actual sea capaz de revertir algunas de estas trabas, usando una fuerte presión popular además de asegurar escaños reservados para pueblos originarios, asunto que la la Comisión de Constitución del Senado no ha resuelto todavía, lo anterior podría funcionar de la misma manera que se obtuvo la paridad de género, lo que convierte a la futura Constitución chilena en la primera en ser redactada con igualdad de participación de hombres y mujeres .

Una de las consignas más leídas durante las movilizaciones es “En Chile nace y muere el neoliberalismo”. Existe entre los chilenos y chilenas la conciencia de que la anterior Constitución favorecía siempre a una élite empresarial, política y comunicacional, y ahora está la convicción de querer apostar por una sociedad sin la grosera brecha de desigualdad. Chile escribe una nueva historia, el país despertó y ya no se duerme más.