México, 22 de julio, 2019. Un boletín difundido hoy por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (con sede en Chiapas, México) informa sobre el decomiso de dos camionetas de transporte autónomo zapatista el pasado 8 de julio.

Aquí, el boletín completo:

El 08 de julio de 2019, a las 9:00 Hrs., en la cabecera municipal de Salto de Agua, Chiapas, México, la Secretaría de Movilidad y Transporte decomisó dos camionetas marca nissan que realizaban servicio de transporte autónomo. Esta acción representa otra agresión a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), en el contexto de hostigamiento militar a su territorio.

Los vehículos decomisados tienen la autorización de la Junta de Buen Gobierno Zapatista -Nueva Semilla Que Va a Producir-, del Caracol V -Que Habla Para Todos-, con sede en Roberto Barrios, municipio oficial de Palenque. El operativo estuvo coordinado por Armando Aguilar Vázquez, delegado del transporte de la región de Palenque.

De acuerdo con información documentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (Frayba) la Fiscalía de Distrito Selva abrió carpetas de investigación en contra de los conductores de las unidades incautadas, quienes tienen más de 20 años de dar servicio a población de comunidades de Pueblos Originarios quienes necesitan viajar de territorios de influencia zapatista a la cabecera de Salto de Agua.

Estos actos de agresión y hostigamiento contradicen las afirmaciones del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien en su visita a Guadalupe Tepeyac, municipio oficial de Las Margaritas, Chiapas, el 06 de julio de 2019, manifestó: “… refrendamos nuestro respeto al Ejército Zapatista a pesar de las diferencias.”

Recordamos al Estado mexicano su obligación de cumplir con el respeto al derecho a la autonomía y la libre determinación de los Pueblos Originarios, tal y como lo establece el artículo 2do. de la Constitución mexicana, así como diversos tratados y declaraciones internacionales, una de ellas la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: «Los Pueblos Indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas.»

Por lo anterior este Centro de Derechos Humanos exige al Estado mexicano:

•  Cesar las agresiones y hostigamientos a la autonomía de los Pueblos Zapatistas desistiéndose de los actos de criminalización contra los transportistas y el transporte autónomo.

• Entregar los dos vehículos autónomos detenidos por la Delegación de Transporte con sede en Palenque.

• Respetar el derecho a la autonomía y la libredeterminación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, construcción civil y pacífica que realizan Bases de Apoyo de cientos de comunidades de Pueblos Originarios en Chiapas.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a pronunciarse para detener toda forma de hostigamientos y agresiones a la autonomía de los Pueblos Zapatistas, procesos organizativos colectivos que desde su cultura avanzan en la construcción de la Vida Digna, creando en sus territorios proyectos que garantizan en los hechos derechos humanos a comunidades históricamente discriminada.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

A 22 de julio de 2019

Boletín No. 16

Fuente: CDH Frayba

¿Cuánto cuesta la justicia? -¿Cuál es su costo? ¿Cuánto vale una vida? – ¿A quién le importan? ¿Cuesta la vida la justicia?

Más de 80 días desde el inicio de este proceso de lucha en busca de justicia y libertad. Horas, días, semanas y meses de una sucesión de hechos que van desde la resistencia al desgaste; de la dignidad a la ignominia; de la apuesta por la vida y por la libertad, aún con el costo de estar dispuestos a entregar la vida misma por encontrarla.

¿Cuánto cuesta la justicia? -¿Cuál es su costo?

¿Imaginas llevar más 15 años preso, y de esos 14 sin sentencia, haber perdido tu familia, no contar con ni un peso de ingresos en este tiempo, porque la cárcel te tiene secuestrado, y que la justicia te pida más de 18.000 pesos para poder acceder a la copia de tu expediente, y con ello a la posibilidad de tu defensa?

No lo imagines, ese caso se llama Adrián Goméz Jiménez está encerrado tras los muros del CERSS Nº5, lleva 83 días en lucha y en huelga de hambre; y la empresa privada que gestiona la “copiadora” del Juzgado de este penal le pide esa cantidad para poder obtener su expediente.

Y éste es sólo uno de los casos, imaginen a cuánto asciende la suma de todos los expedientes de nuestros compañeros en huelga de hambre. ¿Quién hace negocio con la justicia, quién se beneficia del encierro, a qué costo?

Para nuestros compañeros, la justicia les costó su proyecto de vida, sus ilusiones, sus apuestas a ese futuro que esperaban y por el que todo, y cada uno de los días, se esforzaban en alcanzar.

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• Presos tsotsiles continúan lucha por su libertad desde los CERSS Núm. 05 y Núm. 10

A las 6 de la mañana, del día de hoy, 10 personas iniciaron un ayuno en exigencia de libertad para 7 presos tsotsiles que han denunciado violaciones a derechos humanos en sus procesos jurídicos. Durante 12 horas permanecerán en plantón, sin consumir alimentos, sólo miel y agua, en la entrada del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Núm. 05, (CERSS Núm. 5) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

Estarán en ayuno: 7 familiares de presos (Andrea Hernández Díaz, Elena Gómez Hernández, Carla Guadalupe Meza Méndez, Facundo Ruiz Gómez, Eva María Ruiz Pérez, Susana y Beatriz de la Cruz Ruiz); 2 integrantes del Grupo de Trabajo No Estamos Todxs (Juan Pablo Nava y Jorge Abel Pérez Rodríguez; y Juan Pérez Álvarez, quien estuvo en prisión 16 años y obtuvo su libertad el pasado 14 de mayo.

El objetivo de esta acción de protesta es solidarizarse con 7 presos tsotsiles quienes continúan la lucha por su libertad a 83 días de que iniciaron una huelga de hambre. Posterior a un lapso de 30 días de ayuno, 5 de ellos reiniciaron la huelga de hambre el 14 de mayo de 2019: Adrián Gómez Jiménez, Juan de la Cruz Ruiz, Abraham López Montejo, Germán López Montejo (Desde el CERSS Núm. 05, en San Cristóbal de Las Casas) y Marcelino Ruiz Gómez. (Desde el CERSS Núm. 10, en Comitán de Domínguez).

Debido a la situación penitenciaria en la que se encuentran y por los días transcurridos sin alimentos ni atención médica adecuada, hay un deterioro importante en la salud física y emocional de los 5 presos en huelga de hambre1. Existe el riesgo de que su salud se agrave debido a la decisión de los presos de continuar en huelga de hambre ante la omisión del gobierno del Estado de Chiapas.

A la fecha, sus demandas no han sido debidamente resueltas. Un ejemplo es la falta de acceso a sus expedientes penales: El pasado 24 de mayo la familia de Juan de la Cruz Ruiz pagó 3.500 pesos para la entrega de la copia de su expediente; y por el de Adrian Gómez Jiménez les solicitaron 10 mil pesos. Esta situación intensifica las condiciones de discriminación a población económica y socialmente vulnerable.

Los presos tsotsiles en huelga de hambre y sus familias en ayuno exigen al Estado mexicano: continúe las investigaciones de las denuncias por Tortura y otras violaciones a derechos humanos; atienda la solicitud de libertad inmediata y garantice la seguridad e integridad de las personas privadas de su libertad que ejercen su derecho de libre expresión y manifestación2.

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Carlos Gónzalez Garcia – FORO CONTRA LA MILITARIZACIÓN EN TERRITORIO ZAPATISTA Y EN CONTRA DE LA REPRESIÓN A LOS PUEBLOS DEL CNI-CIG mayo 2019

A dos años de la Asamblea Constituyente del Concejo Indígena de Gobierno, del Congreso Nacional Indígena (CNI), que se conformó los días 26, 27 y 28 de mayo del 2017, las agresiones a los pueblos, comunidades y organizaciones se intensifican como parte de una estrategia para contener las resistencias civiles y pacíficas en defensa del territorio. En el epicentro de los hostigamientos y de la criminalización se encuentran las defensoras quienes son cuidadoras de sus milenarias culturas y de la Madre Tierra.

Una mirada a las resistencias en México nos ejemplifica las constantes violaciones a derechos humanos a pueblos que se oponen al despojo y defienden su derecho a la autonomía. Dos geografías: en Chiapas, integrantes del Congreso Nacional Indígena del pueblo Chol de San José El Bascán, en el municipio de Salto de Agua, se encuentran en riesgo de ataque armado y desplazamiento forzado.(1) En Oaxaca, el Comité en Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) es constantemente perseguido: cuatro de sus integrantes fueron detenidos arbitrariamente este año y el 19 de abril, un ataque armado en contra de CODEDI dejó 5 personas heridas en Huatulco. Front Line Defender en su campaña por proteger a personas defensoras explica que «CODEDI ha trabajado por más de 20 años en la promoción y protección de los derechos humanos de 50 comunidades indígenas en diferentes regiones en el estado de Oaxaca.» (2)

Desde diciembre del 2018, el CNI ha denunciado despojos, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, amenazas, hostigamientos, criminalización e intentos de ejecuciones; destacan además los ataques a medios comunitarios que ejercen el derecho a la libre expresión en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

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• El Estado mexicano omiso frente a la acción de grupos civiles armados de corte paramilitar.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por el incremento de la violencia en Los Altos, en Chiapas, México, situación que arriesga la vida de integrantes de comunidades de pueblos originarios. La población viven con temor ante el accionar de grupos civiles armados de corte paramilitar, perpetradores de desplazamientos forzados, desapariciones y asesinatos en la región.

En este contexto, el día 6 de mayo, el cuerpo de Ignacio Pérez Girón, síndico municipal de Aldama, fue encontrado sin vida a un costado de la carretera libre San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la comunidad Yalebtay, en el municipio de Zincantán. Su familia lo reportó como desaparecido desde el pasado 4 de mayo del presente año.

Desde febrero de 2018, la población del municipio de Aldama vive una situación de crisis humanitaria. Las comunidades de Tabak, Koko’, San Pedro Cotsilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente son víctimas de ataques con armas de fuego por parte de grupos civiles armados de corte paramilitar, procedentes del ejido Manuel Utrilla del municipio de Chenalhó, responsables del desplazamiento forzado masivo de 2036 personas.

Entre las agresiones se encuentran también las amenazas a los representantes comunitarios que han denunciado la omisión por parte de las autoridades del gobierno mexicano; y un ataque al anterior presidente municipal de Aldama, Marcelino Patishtán de la Cruz, en el tramo carretero Tzajaltetik´, en el municipio de San Juan Chamula, el 28 de marzo de 2018: «Lo persiguieron, quisieron sacarlo de la carretera, pero al ver que no pudieron actuaron con disparos de arma de fuego(1)».

En este escenario enrarecido de la desaparición y asesinato de Ignacio Pérez Girón el Estado mexicano no ha implementado las medidas suficientes y adecuadas para cesar la violencia desbordada en Los Altos de Chiapas. La impunidad persiste y la omisión protege a los agresores. Las medidas como la instalación de Bases de Operaciones Mixtas en Chalchihuitán y Aldama, consideradas por el gobierno como única solución, son inoperantes y contradictoriamente se desmantelaron de manera unilateral.

Existe un gran riesgo hacia la vida e integridad de las persona, porque las violaciones a derechos humanos son constantes, especialmente a mujeres, niñas y niños cuya vida cotidiana se impacta en un entorno de terror.

Por lo anterior, hacemos un llamado al Estado mexicano para:

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• Cese de hostigamientos a quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

Integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército mexicano, realizaron actos de espionaje durante el encuentro de defensoras del territorio: “Los Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos”, el pasado 23 de marzo de 2019, en la comunidad Lázaro Cárdenas, del municipio de Chicomuselo, Chiapas, México.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó que Victorino Morales Morales y Alejandro Yera Reyes, militares vestidos de civil, vigilaban y fotografiaban la actividad convocada por la Coordinación Diocesana de Mujeres (CODIMUJ), de la Parroquia San Pedro y San Pablo. Lo anterior constituye una violación al derecho de libertad de reunión y asociación, así como un riesgo a la seguridad e integridad personal de quienes defienden derechos humanos en Chicomuselo.

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