Chiapas: Gobierno condiciona presupuesto municipal a cambio de aprobación de la carretera San Cristóbal-Palenque
Habitantes del municipio de San Juan Cancuc denunciaron que mediante condicionamientos, funcionarios del gobierno del estado de Chiapas pretenden reactivar el proyecto de autopista para conectar a las ciudades de San Cristóbal de las Casas y Palenque, carretera que en su trayecto afectaría a comunidades de una docena de municipios indígenas.
Durante asamblea realizada el 24 de marzo, campesinos tzeltales denunciaron que el pasado 13 del mismo mes el secretario de gobierno del estado del Chiapas, Ismael Brito, se reunió con autoridades de las localidades por donde pretende atravesar la autopista.
“Asistieron los presidentes municipales de Chamula, Tenejapa, San Juan Cancuc, Chilón entre otros. Sólo el presidente de Chamula manifestó su apoyo al proyecto carretero. Los demás no estaban de acuerdo y a nuestras autoridades los obligaron a visitar las dos comunidades donde necesitan las firmas para la liberación del derecho de vía de la autopistaˮ, informaron los comuneros en la reunión realizada en la cabecera del municipio de Cancuc.
De acuerdo a los testimonios, se le exigió al regidor de Cancuc conseguir la aprobación de las autoridades de las comunidades de Yaxnail y Crusiljá para el 1 de abril o de lo contrario se detendría el financiamiento asignado al municipio.
El secretario de gobierno, cuentan los comuneros, demandó la renovación de un acta de acuerdo del año de 2014 donde se aprobaba el paso de la carretera. Sin embargo, los asistentes a la asamblea rechazaron el haber otorgado el permiso para el derecho de vía en aquel año y denunciaron la ilegalidad de dicha acta pues “fue un pacto entre las autoridades locales y estatales. Sí hicieron asamblea general en las dos comunidades de Yaxnail y Crusiljá, pero nunca dieron acuerdo que va a pasar la autopistaˮ.
Acta de acuerdos firmada en 2014. La asamblea de comuneros desconoce la aprobación de este documento.
Según el documento, desconocido por la asamblea y firmado el 31 de julio de 2014, en aquel momento se aprobó el inicio de los trabajos topográficos y de acuerdo al acta una vez finalizados estas mediciones, se consideraba que “los titulares de derechos de las áreas de uso común y las autoridades de la Agencia Municipal manifiestan estar de acuerdo en realizar las acciones necesarias para la liberación del derecho de vía de la referida Autopista conforme a las Leyes y reglamentos respectivosˮ.
Esta acta de acuerdo fue firmada entre el ex-presidente municipal Diego Velasco López; Javier López Ramírez y Noé López Corzo por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones del Gobierno del Estado de Chiapas; y los agentes auxiliares de Yaxnail y Crusiljá. Estos últimos, presentes en la reunión de marzo de este año negaron haber firmado el documento.
“Si nos da dinero el gobierno bien, si no nos da pues también bien, porque no estamos acostumbrados de que nos mantengan, pero si el gobierno ya no nos quiere dar, no es para que le entreguemos nuestra tierraˮ, fue la respuesta de los habitantes de Cancuc durante la asamblea.
“El gobierno quiere negociar sólo con dos comunidades y por ahora ellas van hacer el acta de acuerdo donde dicen que no van aceptar que pase la carretera o autopistaˮ, anunciaron los habitantes de Cancuc quienes se oponen a la construcción del paso vial desde hace una década.
Carretera de inversiones
Desde el 9 de febrero del 2009 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), con anuencia de la Secretaria de Turismo (SECTUR), promovieron el inicio de las obras de la autopista San Cristóbal a Palenque para consolidar sitios turísticos a lo largo del trazo de la súper carretera en lugares como Ocosingo, Yajalón y Palenque.
El megaproyecto turístico forma parte del Plan Mesoamérica y fue denominado Centro Integralmente Planeado Palenque (CIPP) desde el año de 2008 cuando las empresas Norton Consulting, experta estadounidense en desarrollo turístico, y la española Aldesa Construcción presentaron el proyecto turístico CIPP – Cascadas de Agua Azul como una estrategia para generar enclaves turísticos de masas, como es el caso de Cancún en el caribe mexicano.
En aquel momento la carretera se promovió como una autopista de cuota concesionada a la empresa Concesionaria de Autopistas del Sureste de capital mexicano y español, donde el grupo Aldesa ya figuraba propietaria de la carretera que conecta San Cristóbal de las Casas con la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez.
En su concepción, el diseño de la carretera prioriza al sector turístico. Sin embargo también ha sido trazada a través de las indicaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para facilitar la entrada y movilidad de efectivos militares en regiones poco accesibles y con presencia de comunidades zapatistas y de organizaciones campesinas e indígenas como el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), los cuales se oponen a la carretera además de otros proyectos de infraestructura, tanto turística como de generación eléctrica, que pretenden reconfigurar el territorio de los municipios indígenas.
Integración para turismo e industrias
San Cristóbal y Palenque son dos de los destinos turísticos mas visitados en Chiapas. En Palenque se encuentra planeada la construcción de una de las terminales del “tren mayaˮ para así vincular la súper carretera al megaproyecto que estiman traerá consigo una inversión de 150 mil millones de pesos.
La construcción del tren maya continúa la línea trazada para la integración económica-energética vislumbrada en el Plan Puebla Panamá y el Proyecto Mesoamérica. El tren servirá como un proyecto de interconexión vía terrestre del sureste mexicano en el cual se conectará desde el istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, hasta la península de Yucatán con el norte de México y Centroamérica, además de amplificar las exportaciones a los mercados europeos, norteamericanos y asiáticos.
Los empresarios desfilan entre los primeros beneficiados con la promoción del tren maya. El pasado 11 de febrero, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció que el proyecto será financiado en 90 por ciento por la iniciativa privada para potenciar la industria turística hacia las regiones del golfo, caribe y selva.
“Nosotros somos un grupo de izquierda, que inclusive está instaurando más que otra cosa un verdadero capitalismo”, comentó el director de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, en entrevista publicada por el portal de noticias Animal Político. En sus declaraciones, Pons sintetiza la disyuntiva para los pueblos involucrados en la implementación del proyecto: “subirse al tren” o dejar que “se los lleve”.
Sin embargo, el turismo es solo una de las industrias beneficiadas con el proyecto. Actualmente la línea ferroviaria de Chiapas promueve las exportaciones mexicanas hacia Guatemala, Centroamérica y Sudamérica, transportando materias primas como cemento, acero y productos petroquímicos y sirve de enlace a Chiapas con el resto del país para la transportación de productos agrícolas como frutas y aceite de palma, entre otros.
Por tren se transportan combustibles desde la refinería de Salina Cruz, Oaxaca hacia Tapachula, provenientes del Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, que une las líneas Chiapas y Mayab entre sí, dentro del sistema ferroviario mexicano que no opera completamente desde hace 10 años en Chiapas.
El objetivo del nuevo plan es dotar al sureste mexicano de la infraestructura para operar mayores volúmenes de mercancías entre los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
“El motivo esencial es conectar a Chiapas: no podemos traer inversiones si no tenemos la infraestructura carretera; lo primero que te pide la iniciativa privada, ya sea extranjera o nacional, son buenas vías carreteras y en Chiapas tenemos muy pocas vías carreteras: fueron construidas hace más de 30 años o 40 años y ya con el paso de tiempo, y la inmensa cantidad de topes, te has de imaginar que no quieren invertirle a Chiapas. Nosotros estamos viendo como un horizonte de oportunidades esta inversión económica, turística y social”, fueron las palabras de Eduardo Ramírez Aguilar en 2014 cuando ostentaba el cargo de secretario general de gobierno durante la gubernatura de Manuel Velasco Coello, hoy senador de la república por el Partido Verde Ecologista de México.
En el proyecto de 2009 la autopista debía pasar por una treintena de comunidades en 10 municipios, pero debido a la oposición de las poblaciones indígenas se ha rediseñado el trazo inicial pues la construcción de la carretera implica crear una brecha en los cerros que bordean el camino San Cristóbal-Palenque, donde se encuentran viviendas, cultivos, bosques y manantiales.
Según un estudio de impacto ambiental publicado en 2009 por la la Secretaría de Medio Ambiente y de Recursos Naturales (Semarnat) los dos carriles medirán doce metros de ancho en total, pero el “derecho de vía”, es decir la parte del suelo que hará parte de la infraestructura y no podrá ser usada por los habitantes será de 60 metros. Desde entonces no se ha difundido más información del trazo proyectado.
En comunidades a lo largo del trayecto carretero, se autoconvocaron asambleas ejidales y comunales para acordar el rechazo a la autopista, aunque ello no impidió la labor de ingenieros que inclusive mantuvieron trabajos de factibilidad sobrevolando en helicóptero, como denunciaron habitantes del ejido López Mateo en el municipio de Huixtán donde el proyecto se rechazó desde 2013.
Con el paso de los años del sexenio de Felipe Calderón, la información sobre el proyecto de la autopista fue disminuyendo hasta diluirse paulatinamente. Fue hasta el 12 de febrero de 2014 durante la inauguración del aeropuerto de Palenque con el entonces presidente del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, quien le dio nueva vida al plan carretero al anunciar la asignación de un presupuesto de 10 mil millones de pesos.
No obstante, el proyecto fue tambaleando hasta que en marzo de 2016 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) terminó recortando el ochenta por ciento del monto original asignado.
Además de ver reducidos los recursos destinados para su construcción, la autopista despertó movilizaciones de miles de indígenas tzotziles, tzeltales, choles y tojolabales.
No queremos autopista
El 31 de agosto del año 2014, dos mil pobladores del ejido de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, se manifestaron para mostrar su inconformidad contra el anuncio del presidente Peña. Pronto después las protestas se multiplicaron en Ocosingo, Chilón y San Cristóbal de las Casas, hasta expandirse por toda la región de los Altos durante 2015 y 2016.
De acuerdo a información de la SCT, durante 2014 el trayecto de la autopista fue modificado cinco veces para evadir pasar por las tierras de comunidades indígenas. En diciembre de ese mismo año, el entonces secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, hoy senador por Morena, aseguró que en 2015 estarían liberados todos los derechos de vía en el tramo San Cristóbal-Palenque, y que “la resistencia de algunas comunidades” a la construcción de la carretera, expresada a través de marchas y peregrinaciones que continuaron con los años, “no representaba ni el ocho por ciento de los pobladores involucrados”.
Aunado a las movilizaciones, también se desplegaron acciones jurídicas contra el proyecto carretero. En 2015 inició un juicio de amparo promovido por habitantes de las comunidades de Los Llanos de San Cristóbal de las Casas argumentó que la carretera, con una extensión de 185 kilómetros, desplazaría a casi un millar de personas del ejido, ponía en riesgo su soberanía alimentaria y vulneraría sus derechos al territorio, autonomía, a la no discriminación y a la protección de su medio ambiente y recursos naturales.
El juicio de amparo fue admitido por el Juez Sexto de Distrito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y el 18 de enero de 2016, finalmente dicho juez de distrito concedió la suspensión de plano de todos los permisos y licencias que habían sido otorgados hasta esa fecha.
En la sentencia del amparo 16/2014 el juez ordenó a la SCT y a la Secretaría de Infraestructura del Estado de Chiapas la cancelación del trazo en campo del proyecto de construcción o cualquier otro tendiente a la construcción de la autopista, en el kilometraje comprendido dentro de los municipios de San Cristóbal de Las Casas-Huixtán, en particular en las tierras de la comunidad.
“Nuestra tierra no está en venta en el presente ni en el futuro y rechazamos completamente el proyecto de autopista San Cristóbal de Las Casas-Palenque porque despoja a las comunidades indígenas de lo más sagrado en esta vida que es la tierra”, fue el posicionamiento de las comunidades tzotziles.
La SCT informó que, durante 2017, en el proyecto sólo se ejecutarían 500 millones de pesos, con una cifra similar para el 2018; en el último año de la administraciones estatal y federal. El recorte, según la dependencia federal, respondió a una reasignación presupuestal para mover recursos a otros proyectos “importantes”.
Cancuc movilizado contra el despojo
En noviembre de 2014 casi 10 mil indígenas tzeltales del municipio de Cancuc se movilizaron en una gran peregrinación en defensa de la Madre Tierra. Seis meses antes con la misma convocatoria se habían movilizado 15 mil personas de 10 municipios en protesta contra la súper carretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque, proyectos de mini hidroeléctricas, minería y extracción del petróleo en sus territorios.
“En estos meses hemos consultado a nuestras comunidades si quieren o no que se construya la super carretera San Cristóbal-Palenque y su respuesta ha sido que es una obra que va a destruir a la madre naturaleza”, expresaron en un comunicado conjunto que fue leído en cada uno de los municipios participantes.
“Beneficiará a las grandes compañías, a los empresarios y si acaso a algunos comerciantes, pero no a la gran mayoría del pueblo pobre (…) Si realmente, los gobiernos estatal y federal quieren, como dicen, beneficiar a las comunidades para salir de su pobreza, pedimos que los miles de millones que quiere emplear en esa obra, los utilicen para terminar los más de 40 hospitales y clínicas, que desde el sexenio pasado, por corrupción, quedaron inconclusos; que pavimenten los cientos de caminos rurales que están en pésimas condiciones”, añadieron en su comunicado.
Por su parte, en San Juan Cancuc, los habitantes de Yaxnail, Crusiljá y Pocolna, comunidades donde se proyectaba el paso de la autopista fueron informados sobre el asunto sólo cuando ingenieros entraron en sus tierras en 2014 para decirles que por allí iba a pasar la autopista. “Los habitantes dijeron que no estaban de acuerdo pero los ingenieros continuaron a venir”, explicó un habitante de Cancuc después de la marcha.
Ahora en abril de 2019, las comunidades tzeltales de Cancuc reafirmaron su rechazo a la autopista.
