Este domingo (27), la empresa canadiense Minerales de Occidente S.A. de C.V. (Minosa), subsidiaria de la minera Aura Minerals, empezó a dinamitar el cerro llamado El Cementerio donde estaba el camposanto de la comunidad maya Chortí de Azacualpa, departamento Copán, en Honduras. Las explosiones continúan el día de hoy (28), denuncia el Bufete Estudios para Dignidad, que asesora jurídicamente a la comunidad en su lucha contra la minera.

“Adiós cementerio de Azacualpa, teníamos una esperanza en el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, pero hoy se desvanece como el polvo en el aire. Nos invade un mar de tristeza, en un país donde pesa más el dinero que la vida del pueblo que resiste”, publicó en sus redes sociales Azacualpa Resiste.

En los últimos meses la minera Minosa no detuvo sus trabajos en el cerro, a pesar de existir resoluciones judiciales que obligan a parar sus operaciones. La minera destruyó el camposanto de la comunidad y su entorno porque posee planes de explorar oro y plata en el cerro. Otros cerros en la región fueron destruidos por la empresa en su proceso de explotación. Tres comunidades ya fueron desplazadas.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la Justicia ordenó, en noviembre de 2020, que la empresa parara las exhumaciones. Sin embargo, Minosa continuó con la destrucción. En febrero de 2022, la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán detuvo de forma provisional las exhumaciones. De nuevo, la empresa no hizo caso a la decisión judicial.

De acuerdo con denuncia de Bufete, el día 26 de marzo, en la madrugada, con apoyo de la policía nacional de la zona, subió maquinaria a la superficie del cerro del cementerio para continuar con las acciones de destrucción de este, realizando perforaciones para dinamitarlo.

En esta ocasión, en la zona del cementerio, se encontraba un grupo de trabajadores de la empresa y otras personas, contratadas y pagadas por la empresa Minosa para detener violentamente y agredir a las personas que se oponen a la destrucción del cerro El Cementerio.

Hoy las amenazas continúan. Un equipo del Bufete Estudios para Dignidad, del Comité de Afectados por Minosa y del Movimiento Amplio de Honduras buscó llegar al cerro en su labor de defensoría de derechos humanos, pero fueron alertados que serían atacados por personas vinculadas a Minosa. Un funcionario de la empresa amenazó directamente a uno de los abogados del Bufete, Víctor Fernández: “Víctor, no eres bienvenido”.

En un comunicado, las organizaciones sostienen que la destrucción del cerro “lo permitió un nuevo gobierno sin claridad, sin fuerza y con la cobardía de anunciar grandes decisiones y recular a la primera reacción de los mineros opresores”, refriéndose al hecho de que la presidenta de la República que recién asumió su cargo, Xiomara Castro de Zelaya, hizo la promesa de acabar con la minería a cielo abierto en Honduras.

Recientemente misiones de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) visitaron el cementerio y confirmaron las violaciones a derechos, el hostigamiento y discriminación contra quienes defienden derechos y denuncian a la empresa minera.

En un comunicado, la Secretaría de Derechos Humanos reconoció que la “conflictividad social regresó a la zona al continuar con la destrucción del cementerio de la localidad por parte de la minera, generando hostigamiento y discriminación en contra de las y los defensores de derechos humanos que protegen la tierra y sus bienes naturales”.

En sus redes sociales el Alto Comisionado expresó que “lamenta la conflictividad social generada el día de hoy [27] con la entrada de maquinaria pesada en el cerro del cementerio de Azacualpa, a pesar de existir resoluciones judiciales que ordenan detener exhumaciones en el cementerio, procurando su integridad”.

La Oficina hace un llamado a acatar las sentencias de la Sala de lo Constitucional y de la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán que ordenaron el cese de exhumaciones e insta a las autoridades a garantizar la seguridad y protección de las personas.

La crisis actual por el aumento en el precio del maíz no responde a un problema de abasto, sino a una especulación financiera derivada de temas internacionales que impacta en el precio final, señaló la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País.

En la actualidad, la tonelada de maíz se encuentra en 8,500 pesos, 20 por ciento más que en el mismo periodo de 2021, cuando registró un costo de 6,900; es decir, 345 pesos por bulto de 50 kilos.

Mediante comunicado, la Campaña Nacional hizo un enérgico llamado a las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno para que ejerzan acciones contundentes de manera pronta y expedita ante la actual crisis de precios del grano. Destacó que difundir lo contrario representa una acción en contra de la estabilidad económica del país y de la soberanía alimentaria.

Liberalización

Entre 1988 y 1998 se liberalizó el sistema-producto maíz que estaba regulado por la intervención de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) a la compra y a la distribución bajo forma de tortillas con subsidio generalizado.

Malin Jönsson, coordinadora de la organización Semillas de Vida de la Campaña Nacional, explicó que en esa década se retiró el involucramiento del Estado en el comercio y distribución de alimentos. “Entonces el precio pagado a los productores es una cosa, pero el precio a los consumidores es otra y ninguno de los dos tiene subsidio y se supone que está controlado por el precio en el mercado internacional”.

Pero los costos están directamente relacionados con el precio en la Bolsa de Chicago que empieza a comprar contratos futuros de los alimentos básicos como el maíz y el trigo, y eso contribuye al incremento del precio en México y afecta de manera directa a los consumidores.

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Jönsson abundó que, en teoría, los números son vigilados, pero se aprovechan del contexto del conflicto bélico en Europa para subir costos pensando en un desabasto. No obstante, “no hay un desabasto de alimentos, realmente se está produciendo suficiente maíz para el consumo humano y no es necesario incrementar el precio”.

México produce suficiente maíz blanco para abastecer 13 millones de toneladas anuales que se requieren para elaborar tortillas de masa de auténtico nixtamal. Mientras, al año se cosechan 24 millones de toneladas de maíz blanco.

El alza de precio es producto de la especulación financiera injustificada “que no merecemos las y los mexicanos”.

Maíces nativos

Para Semillas de Vida es muy importante la producción de los maíces nativos que necesitan subsidios con apoyos directos a la producción de la diversidad de los alimentos del país para hacerle frente a los verdaderos efectos económicos y alimentarios de las guerras.

En este contexto, es importante que el Estado tome un papel mayor en la producción, de lo contrario seguirá la fluctuación de los precios que no beneficia ni a los productores ni a los consumidores, sólo a los intermediarios se quedan con esa ganancia y se pone en riesgo la soberanía alimentaria.

En abril de 2020 se promulgó la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, pero a la fecha el reglamento no ha sido presentado, aunque existe la propuesta de crear un Consejo Nacional de Maíz Nativo donde se van involucrar diversos actores de las dependencias federales estatales, pueblos originarios, además de la sociedad civil.

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“Porque algunos actores no tienen la visión de la soberanía alimentaria, sino de dejar entrar a las grandes corporaciones, convencidos de que necesitamos ese apoyo”, lamentó Jönsson. Para la organización es urgente la creación de un organismo nacional que regule y establezca referentes comerciales nacionales basados en la oferta y demanda interna, tomando como prioridad el consumo humano y por ende nuestra soberanía alimentaria.

Consumo a la baja

En los últimos años se ha reducido el consumo de tortillas en México, debido al precio y a la mala calidad de los productos que se añaden a la producción de las tortillas. Ahora, el maíz supera precios jamás vistos y el mercado de abasto es incierto.

La tortilla es el principal alimento de los mexicanos y proporciona en promedio cerca de 45 % de las calorías, 40 % de las proteínas y 50 % del calcio que se requiere. En el campo pueden aumentar los porcentajes hasta llegar a 70% de las calorías y 50% del consumo diario de proteínas.

Además, privilegia nuestra cultura milenaria y mejora la alimentación, sana, nutritiva y saludable, declaró la organización quien resiste la privatización de la semilla y que hace hincapié en la elaboración de tortillas elaboradas con solo maíz de buena calidad, sin agrotóxicos y sin transgénicos, nixtamalizado exclusivamente con cal y agua, “es un derecho de las y los mexicanos y un asunto de seguridad nacional”.

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La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País señala la urgencia de que el país produzca el maíz blanco y maíz amarillo que se requiere para cubrir las prioridades de nuestra alimentación, “es una meta que se puede alcanzar”.

En un documento hizo un enérgico llamado a las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno para que ejerzan acciones contundentes de manera pronta y expedita ante la actual crisis de precios del grano.

“No podemos permitir que el maíz para tortillas se emplee en la industria y para el ganado y no en nuestro principal alimento. Tampoco debe tolerarse que los fabricantes de harina para tortillas utilicen maíces amarillos de mala calidad”.

Integrantes de Kanan ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) y representantes de la infancia de Homún, acompañados de las organizaciones Indignación y Greenpeace, entregaron más de 181 mil firmas digitales para exigir un alto a las afectaciones de las mega granjas de cerdos y en defensa de los cenotes y la selva maya.

Dicha acción ocurrió este jueves (24) en el Juzgado Segundo de Distrito de Mérida, Yucatán, previo a que el juez, Rogelio Leal Mota, resuelva si retira la suspensión que mantiene paralizadas las operaciones de la mega granja porcícola propiedad de la empresa Producción Alimentaria y Porcícola (PAPO), aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén).

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Durante la entrega se realizó una conferencia de prensa donde Doroteo Hau Kuk, miembro de Kanan Ts’ono’ot, detalló que las firmas son el reflejo de la lucha y resistencia que el pueblo ha realizado durante seis años en contra de los gobiernos estatales, federales y los empresarios en su intento de expandir las granjas porcícolas en la región.

“Nosotros luchamos y defendemos el agua, a ellos no les interesa defender nuestro pueblo y el agua. Son autoridades pasajeras que destruyen y se van, pero nosotros no”, manifestó Hau Kuk.

Por su parte, Viridiana Lázaro Lembrino, integrante de Greenpeace México, contextualizó sobre las implicaciones ambientales de la operación de la mega granja de cerdos en Homún, pues se encuentra en una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad en México

Específicamente se ubica dentro de dos Áreas Naturales Protegidas (ANP): la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes y el Parque Estatal Lagunas de Yalahau, las cuales también son consideradas sitios Ramsar, una categoría que señala la prioridad para la conservación de los humedales y del agua, reconocida a nivel internacional.

Las y los habitantes de Homún que entregaron las firmas aseveraron que éstas son un respaldo para hacerle saber al Juez que “existe mucho interés de la ciudadanía para que esa granja no permanezca abierta. Ya no puede seguir favoreciendo los intereses políticos y empresariales por encima de los derechos de la niñez, del pueblo maya y del medio ambiente”.

Suspensión, en vilo

Mediante comunicado, las organizaciones resaltaron su preocupación porque el pasado 3 de marzo, el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Distrito desestimó las quejas presentadas por la niñas y niños mayas de Homún

contra las violaciones a la suspensión definitiva de actividades de la mega granja.

“Ahora, le tocará al juez Leal Mota decidir si se mantiene o no la suspensión con base en un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), en el que se asegura que la planta de tratamiento de aguas residuales del recinto está lista para funcionar”, reclama el documento.

Acorde a Lázaro Lembrino el juez debe mantener la suspensión de las actividades porcícolas en Homún debido a su magnitud, que implica la cría de 49 mil cerdos. “Ninguno de los tratamientos de agua más sofisticados podrían mitigar los impactos de contaminación de esta granja”, señaló la integrante de Greenpeace.

La organización calcula que serían alrededor de 441 mil litros al día, unas 3 mil tinas repletas de agua, mezcladas con heces de cerdos las cuales serían vertidas al suelo, provocando una grave contaminación del acuífero maya. “No solo traerá daños al medio ambiente, flora, fauna, suelo; sino a la salud por la cantidad de bacterias, compuestos peligrosos y cancerígenos”, sostuvo Lázaro Lembrino.

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Lembrino, especialista en agricultura y cambio climático recalcó que se debe mantener la suspensión de las actividades de la mega granja tomando en consideración el principio precautorio pues en zonas como la señalada se pueden originar nuevos virus.

“Exhortamos al juez a que mantenga la suspensión y que favorezca y garantice los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud al agua del pueblo maya de Homún y de todos lo mexicanos”, recalcó.

Infancia en defensa del ambiente

Una vez más, la niñez de Homún participó en la defensa de su territorio. Esta vez, acompañaron la entrega de las firmas con dibujos y cartas en las que exigieron respeto a su derecho a vivir en un medio ambiente sano y por el cuidado de los cenotes.

“No podemos permitir que los jueces le den la espalda a la lucha de niñas y niños mayas de Homún (…) Le exigimos al Juez Segundo de Distrito que mantenga la suspensión definitiva contra la mega granja de la empresa PAPO, aparcera de Grupo Porcícola Mexicano (Kekén)”, sostuvieron integrantes de Kanan Ts’ono’ot durante el acto de entrega de firmas digitales.

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A su vez, destacaron que existe documentación y reportes científicos que comprueban la contaminación ocasionada por la industria porcícola, no sólo en Yucatán, sino en Estados Unidos y diversos países de América Latina.

“Así lo ha documentado el informe de Greenpeace “La Carne que está consumiendo al planeta” y el amicus de expertos en salud pública y ambiental en el que se muestran datos alarmantes sobre el impacto de las operaciones de las mega granjas de cerdos en el medio ambiente y en la salud humana”.

Finalmente, recalcaron que la suspensión definitiva no solo fue otorgada por la planta de tratamiento de aguas residuales:  también se impuso esa medida cautelar a la empresa para proteger los derechos de la infancia de Homún a que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para llevar una vida digna; por la aplicación del principio precautorio ante el peligro de daño grave e irreversible de afectación al sistema hidrológico de la reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes; y porque en el proceso de obtención de permisos para construir la granja no se respetó el derecho a la consulta y participación de acuerdo a cómo está establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional  del Trabajo (OIT).

Doroteo Hau Kuk reafirmó que la comunidad de Homún no dejará su lucha y resistencia pacífica hasta donde tengan que llegar. “El agua es para todos, es para el mundo”, aseveró.

^{En portada: El pueblo Munduruku en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas en el río Teles Pires, en la Amazonia brasileña. Foto de Fernanda Morais.}

La degradación de los bosques está acompañada de la discriminación contra los pueblos y una tendencia a la descriminalización de numerosas actividades empresariales destructivas.

“Los gobiernos siguen promoviendo destructivos sistemas de colonización, y la ley, incluyendo la ley sobre los derechos a la tierra, sigue utilizándose como un arma para apropiarse de recursos relacionados con los bosques”, afirma el informe Cómo las políticas y las agencias sobre bosques promueven la destrucción sostenible.

El documento elaborado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) hace hincapié en las alianzas entre empresas y Estados responsables por la deforestación, un problema que se agrava con el paso de los años.

Con ello aborda las principales causas subyacentes que vinculan al sistema capitalista-racista-patriarcal y el legado colonialista: desde la definición de bosque de la FAO hasta la biopiratería, entre el conservacionismo, acuerdos comerciales y el robo legalizado de tierras.

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De acuerdo al estudio de la WRM, en la década de los 80’s, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) formuló el Plan de Acción Forestal Tropical (TFAP, por su sigla en inglés) junto al Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO).

Entre sus planes estaba la reforestación, denominación que usó como ‘eufemismo’ para expandir las plantaciones industriales de monocultivos de árboles. “El TFAP no sólo fracasó” tampoco abordó las causas tácitas de la destrucción de los bosques.

“Una de las principales razones de la fundación del WRM en 1986 fue cuestionar el falso entendimiento de las causas de la deforestación”.

En 1999 el proyecto colaborativo del WRM con el Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF) de las Naciones Unidas , documentó el proceso real de la degradación en 145 páginas bajo el título Abordar las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques: casos de estudio, análisis y recomendaciones políticas.

“Lo que más sorprende” de la investigación, cita la WRM, es que la perspectiva continúa siendo pertinente en la actualidad, pues las causas identificadas no fueron abordadas verdaderamente, “hoy siguen siendo tan importantes como siempre”.

20 años después del primer estudio

El informe actual, está basado en las conclusiones de ese proyecto de 1999; y en 20 puntos, la organización explica que el contexto se agrava con la falta de reconocimiento adecuado de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de otros defensores de los bosques.

En este tenor, el documento sostiene que la definición de bosque de la FAO se reduce a cualquier superficie cubierta de árboles, “con ello descarta otras formas de vida, así como la diversidad biológica, cíclica y cultural que define a un bosque en su permanente interconexión con las comunidades que dependen de él”.

Menciona el ejemplo de los agresivos programas estatales para instalar ‘desarrollo comercial’ en los espacios sagrados que son manifiestos desde India hasta Brasil: según cifras oficiales, en 2019 alcanzó su tasa más alta de deforestación en la Amazonia desde 2008.

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En general, a las causas se le suman los métodos militarizados para tomar el control de las zonas, por ello la agroindustria es considerada tan destructiva como lo era hace 20 años.

“Los grandes proyectos de desarrollo o infraestructura, como las represas, las carreteras y los sistemas de minería y extracción de petróleo, siguen causando estragos”. Asimismo, el empobrecimiento de los defensores de los bosques, los modelos de inversión, el endeudamiento, las políticas macroeconómicas, los flujos mundiales de mercancías y las relaciones comerciales.

“Más verdes” que el petróleo

“Irónicamente, lo que quizás las ha agravado más es la forma en que se han expandido y reinventado para resaltar nuevas dimensiones supuestamente ‘verdes’, ‘democráticas’ o ‘participativas’”, señala el estudio del WRM.

Como las plantaciones destructoras de bosques destinadas a la producción de aceite comestible, azúcar o celulosa y destinadas a la producción de “bioenergía” para el suministro de combustibles para electricidad, la aviación o las industrias automotrices.

“Se anuncian como ‘más verdes’ que el petróleo, el carbón o el gas. Debido a que se requieren enormes volúmenes de madera y otros materiales bióticos para generar la misma cantidad de energía que los combustibles fósiles, el impacto en los bosques es inmenso y creciente”.

El estudio del Movimiento Mundial por los Bosques considera que, en la actualidad, el control sobre las tierras de bosque está siendo centralizado no solo para facilitar la máxima producción de madera, minerales o energía hidroeléctrica, también para permitir el turismo de naturaleza o para avanzar en la “conservación de la naturaleza”.

Cita que muchas de las mismas instituciones colonialistas que fueron responsables del daño a los bosques causado por la conservación tradicional de “bosques sin gente” se están posicionando para entrar de nuevo, en alianza con nuevos intereses comerciales.

“Han proliferado nuevos sellos y procedimientos que ofrecen una imagen más verde o democrática a los viejos agentes de la deforestación. La burocracia de la certificación del siglo XX, conocida como el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés) (establecido en 1993), anunciado como capaz de hacer que la extracción industrial de madera sea amigable con el medio ambiente, ahora ve numerosas iniciativas similares, como la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés) (2003)”.

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Al igual, otras organizaciones han desacreditado por completo a la RSPO, pero también hay una Mesa Redonda para la Soja Sostenible (2006); una Mesa Redonda para una Economía Cacaotera Sostenible (2007); una “Iniciativa para mejorar la caña de azúcar” llamada Bonsucro (2008), por mencionar algunas.

Mientras, “los esfuerzos post-2000 de los economistas ambientales para poner un precio a más y más aspectos de la naturaleza han tendido principalmente a reforzar la dinámica”, lo cual hace que los bosques sean intercambiables, descartables y compensables.

El informe hace mención de innumerables organismos destinados a “tranquilizar al público sobre las credenciales de conservación” de empresas trasnacionales como Unilever, Cargill, Walmart y Starbucks, que no interrumpen ni interfieren en la dinámica de destrucción.

“El Estado también ha aprendido a infiltrarse en las bases con otras formas nuevas que ayudan a perpetuar la deforestación. Mientras tanto, la industria de las compensaciones de carbono exhibe continuamente sus propias etiquetas que afirman que sus productos dañinos de hecho son benignos”, dice el WRM.

Las nuevas y muy publicitadas políticas de la “economía verde” tienden a funcionar de la misma manera destructiva que las viejas políticas “no verdes”.

Por otro lado, explica que intentan contener a los movimientos feministas mediante el establecimiento de “políticas de género”, pero tales medidas simplemente le dan un color diferente al patriarcado subyacente, agregado a la explotación de la mano de obra forestal.

A menudo, este panorama dificulta aún más las luchas de los pueblos locales contra los principales agentes de deforestación.

Décadas de negaciones

Las negociaciones internacionales sobre el clima no exploran cómo enfrentar la mecanización del trabajo humano basada en los combustibles fósiles, cita el WRM, tampoco analizan la relación entre la deforestación y la exploración de petróleo, carbón y gas. “De lo que actualmente dependen las ganancias de las empresas”.

Un ejemplo son los 25 años de negociaciones mundiales sobre el clima, mientras las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron a un promedio de 1,6 por ciento anual entre 2008 y 2017 y “no hay señales de que hayan alcanzado el punto máximo”.

En 2017 alcanzaron el récord de 53,5 gigatoneladas de CO2 y sus equivalentes, más del doble de la cifra de 2000 que fue de 25 gigatoneladas.

En este contexto, científicos se sorprendieron recientemente al descubrir que en las próximas décadas, alrededor del 40 por ciento de las especies de insectos del mundo pueden extinguirse, amenazando por igual la agricultura y la regeneración de los bosques.

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De la misma forma que con el TFAP, en la actualidad la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no tiene un plan para analizar o abordar los históricos agentes políticos y económicos de la extracción y el uso de combustibles fósiles. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, señala que la CMNUCC adoptó una metodología que oculta sistemáticamente las causas subyacentes de la deforestación y el cambio climático, “no hay señales de que esta tendencia cambie”.

El 3 de diciembre de 2019, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo resolvió que debería haber objetivos de biodiversidad “jurídicamente vinculantes” a escala mundial y de la Unión Europea (UE) para garantizar que para 2030, el 30 por ciento de las áreas naturales estén conservadas y que se restauren el 30 por ciento de los ecosistemas degradados.

Pero, “una vez más, la resolución no fue acompañada de un análisis serio sobre lo que estaba causando la pérdida de biodiversidad, o lo que podría detener su pérdida”.

En 2021, una nueva iniciativa de la UE surgió de la misma forma, para una nueva norma con “reglas obligatorias” para garantizar que solo los productos libres de deforestación de ciertas cadenas de suministro ingresen al mercado europeo, “ambas propuestas simplemente respaldan un mayor crecimiento económico”.

“En los dos últimos años se ha realizado una increíble cantidad de reuniones de alto nivel así como innumerables declaraciones internacionales sobre la pérdida de bosques, que son muy similares. Por un lado, dan la voz de alarma sobre la crisis. Por otro lado, o no tienen ni idea al respecto o simplemente eligen ignorar las causas subyacentes de la deforestación y cómo abordarlas. Lo que hacen es seguir promoviendo tales causas. Las políticas resultantes no solo están condenadas al fracaso sino que fomentan aún más la deforestación”.