paramilitares
Contra la violencia criminal, solidaridad desde Italia con los barrios y con las luchas sociales desde abajo.
El miércoles 8 de septiembre nuevamente San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, volvió a ser escenario de la violencia armada que sacude todo México desde hace 15 años, es decir desde el inicio del así llamada “guerra al narco”.
Alrededor de la 5pm, en el anillo periférico oriente, entre los barrios populares de Molino Los Arcos y Cuxtitali se desató una balacera entre dos nutridos grupos armados que se prolongó hasta la medianoche y que terminó con un saldo de dos muertos, varios heridos, una tortillería y varias casas incendiadas. Decenas de balas perdidas y varias explosiones sembraron el pánico entre la población de los barrios y colonias afectadas (Molino Los Arcos y Cuxtitali, especialmente en sus secciones del Romerillo y el Roble) que quedó a la merced de los grupos armados ya que el operativo montado por la Guardia Nacional y los demás cuerpos policiacos no hizo otra cosa que quedarse al margen del conflicto y, aún así, hay testimonios de vecinos sobre la violencia de los uniformados en contra de gente inocente. También las quemas de casas provocaron un incendio en el bosque que conlinda con estas poblaciones, muy cerca de algunas casas, que las autoridades se negaron a apagar argumentando que no había condiciones de seguridad. Solamente gracias a la lluvia que estaba cayendo en ese momento fue que el incendio no tuvo mayores consecuencias.
Las organizaciones sociales independientes de la sociedad civil de San Cristóbal llevan años denunciando la total impunidad de los grupos delictivos y de sus organizaciones de fachada, cuales Sentimientos de la Nación, Almetrach y otras de corte paramilitar quienes con sus grupos de choque no sólo lucran y viven de negocios ilícitos sino también se han vuelto mercenarios al servicio de la clase política para acosar, amenazar y reprimir a los y las luchadoras sociales de la entidad. Especialmente desde hace años han salido denuncias sobre la presencia de grupos delictivos en la zona norte-oriente de la ciudad responsables de ecocidio, secuestros y violencia en general contra la población y l@s activistas ambientales de la zona.
Pacto de silencio intenta borrar huellas del caso Ayotzinapa
Por Ñanì Pinto
En portada: Librada Arnulfo, hermana de Felipe Arnulfo, uno de los normalistas de Ayotizanpa que fueron desaparecidos, participa en una protesta afuera de la Procuraduría General de la República. 26 de mayo, 2016, Ciudad de México. Foto: Clayton Conn.
Este jueves (19), Andrés Manuel López Obrador sostuvo en conferencia de prensa que, de 100 compromisos que dijo cumpliría durante su gobierno, ha cumplido con 98 de ellos, solo le resta, a parte de la descentralización del gobierno, “el de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa”. A su vez, dijo el mandatario mexicano, que no es sencillo, porque se trata de “una red de complicidades y componendas”.
Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), puntualizó que está dando seguimiento a personas involucradas en el caso que habían evadido a la ley y, aceptó, que al menos ocho personas vinculadas al caso han sido asesinadas. “Claro, hay que entender el problema de la violencia en esta región del estado de Guerrero. Tiene que ver no solamente con este ajuste de cuentas, o este pacto de silencio para borrar toda huella del caso de Ayotzinapa”, sino que también una reorganización del narcotráfico, sostuvo Encinas.
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Estos asesinatos se han suscitado a casi siete años, desde aquel 26 de septiembre de 2014, en que los estudiantes, de entre 17 y 25 años, pertenecientes a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron desparecidos. En esta acción participó el grupo criminal conocido como Guerreros Unidos y de forma inusual, la policía estatal y municipal. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “la obstrucción de la investigación por parte de las autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y, por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos”.
Encinas asevera que han sostenido una serie de reuniones con los familiares de los 43 estudiantes desparecidos y que a partir de la última semana de agosto evaluarán los avances con los familiares, junto a Omar Gómez Trejo, Fiscal de la Unidad Especial de Investigación del caso Ayotzinapa.