Por Santiago Navarro F | Avispa Midia

^{En portada: Integrantes del pueblo Yaqui, en Sonora, han resistido al avance de un gasoducto que consideran de alto riesgo para su comunidad. Febrero, 2019. Foto: Santiago Navarro F}

Este año 2026 el gobierno federal presume una inversión acumulada de más de 55 mil millones de pesos destinados a 21 Planes de Justicia y Desarrollo Regional para resarcir una demanda histórica de reparación del Estado mexicano frente al despojo, la discriminación estructural y la exclusión social que han sufrido los pueblos indígenas del país. Por otro lado, se avanza con 15 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI).

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), estas acciones están enmarcadas en lo que compete al artículo 2 de la Constitución mexicana, el cual coloca al Estado como responsable de impulsar el desarrollo para estas comunidades, bajo el reconocimiento de “Sujetos de derecho político” y garantizando “su participación directa en la toma de decisiones en el ejercicio de la libre determinación y autonomía”.

Son cinco nuevos Planes de Justicia y Desarrollo Regional que el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsa para atender la demanda de los pueblos indígenas y afromexicanos, en relación a sus tierras, territorios, agua, lengua, cultura, gobierno tradicional y bienestar común. Estos nuevos planes se suman a los que ya había encaminado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sumando 21 planes que actualmente se encuentran vigentes. En total se han invertido aproximadamente 55 mil millones de pesos, principalmente a caminos artesanales y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) que son recursos directos destinados a las asambleas de los pueblos.

Entre los cinco nuevos planes de Sheinbaum están: El Plan de Justicia del Pueblo P’urhépecha; Plan de Justicia de los Pueblos Mazahua, Otomí y Matlatzinca o Pirinda del Oriente de Michoacán; Plan de Justicia del Pueblo Nahua de la Costa de Michoacán; Plan de Justicia y Desarrollo Regional del Pueblo Afromexicano de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y el Plan de Justicia de la Montaña de Guerrero.

Para Mayvelin Flores Villagómez, investigadora y profesora de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estos Planes de Justicia buscan responder a la demanda histórica de los pueblos, a través de pavimentación de caminos, la creación de escuelas y resolución de linderos, pero políticamente “responden a una estrategia y a un fin, que es retomar la presencia del Estado como un ente mediador y negociador entre los pueblos. Algo que ya estaba agotado hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues el Estado era muy mal visto -por los pueblos-”, señala.

Mientras tanto, el INPI, en su comunicado 20/26, puntualiza que estos Planes representan un paso firme en el ejercicio de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, reconocidas en el artículo 2° constitucional. Además se puntualiza que desarrollan bajo un enfoque integral, participativo e intercultural, colocando a las comunidades, sus asambleas y sus formas propias de organización en el centro.

A esta estrategia “hay que agregar otro frente, que son las reformas en materia de derecho indígena y por supuesto, de la tierra”, arremete la investigadora de la UNAM. “Con estas reformas lo que buscan es que el Estado sea quien determine quién es y quien no es indígena, en términos de sujeto de derecho. Es decir, los pueblos dependen del reconocimiento del Estado. Si tú no estás reconocido como pueblo indígena a través del Estado, no puedes interponer recursos legales para ampararte ante cualquier tipo de megaproyecto”, abunda la profesora Flores.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
5 de julio de 2026.
Boletín No. 10

Verdad y Justicia para Simón Pedro, maya tsotsil y defensor comunitario

• A cinco años de impunidad, su memoria permanece como un ejemplo de lucha, dignidad y compromiso por la defensa de los derechos de los pueblos

Recordamos a Simón Pedro Pérez López (Simón Pedro) como una persona comprometida con la construcción de la paz, la defensa de la vida y la dignidad de los pueblos originarios. Desde su servicio comunitario denunció el incremento de la violencia y la presencia de la delincuencia organizada en la región de los Altos de Chiapas, particularmente en el municipio de Pantelhó, frente a la ausencia y complicidad del Estado mexicano en la protección de las comunidades.

Como integrante de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, mantuvo un compromiso permanente con la defensa de la tierra y el territorio, resistiendo de manera pacífica y organizada frente a las múltiples violencias que afectan a los pueblos.

Desde su ejecución extrajudicial, ocurrida el día 5 de julio de 2021, la investigación no ha sido exhaustiva, independiente ni diligente. Además, los autores intelectuales que planificaron y ordenaron el crimen no han sido investigados, lo que alimenta la impunidad como una forma de violencia institucional. Esta situación profundiza el dolor de sus familiares, debilita la confianza en las instituciones del Estado y transmite el mensaje de que quienes atentan contra las personas defensoras pueden actuar sin enfrentar consecuencias.

El asesinato de Simón Pedro representa un ataque hacía la organización comunitaria y los procesos colectivos de defensa de los derechos humanos. Constituye un intento de sembrar miedo para inhibir la defensa del territorio, la libre determinación de los pueblos y el ejercicio legítimo de su autonomía.

Pronunciamiento y denuncia pública
Familias Unidas contra la tortura en Defensa de los Derechos Humanos

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 26 de junio de 2026.

Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
Nuestra voz como víctimas y sobrevivientes

La denuncia que hacemos el día de hoy surge de nuestra experiencia directa como familiares, víctimas y sobrevivientes de tortura. Somos hombres y mujeres indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantes que hemos sufrido las consecuencias de un sistema que, con frecuencia, privilegia la fabricación de culpables sobre la búsqueda de la verdad.

Como personas fuimos perseguidas por defender nuestros derechos, nuestros territorios o nuestras comunidades. Otras fueron convertidas en “culpables” para mostrar resultados ante la opinión pública. La tortura ha sido utilizada como método de investigación y arrancar confesiones falsas.

En el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y sustentado en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las y los integrantes del Colectivo Familias Unidas Contra la Tortura en Defensa de los Derechos Humanos alzamos nuestra voz para denunciar que la tortura continúa siendo una práctica sistémica y generalizada vigente en Chiapas y en México.

El Estado mexicano, al ser parte de la Convención contra la Tortura, asumió la obligación de prevenir, investigar, sancionar y erradicar absolutamente esta práctica, así como garantizar la reparación integral del daño y las medidas de no repetición. Sin embargo, la realidad que vivimos las víctimas, sobrevivientes y familiares demuestra que estos compromisos siguen sin cumplirse plenamente.

Reiteramos nuestro más enérgico repudio a la tortura, considerada por el derecho internacional como un crimen que no admite justificación alguna. Frente a los discursos oficiales que afirman que la tortura ha sido erradicada, las víctimas respondemos con la verdad de nuestra experiencia: la tortura persiste, se oculta, se niega y continúa dejando profundas heridas en cientos de personas y familias.

La tortura en Chiapas: una realidad que no puede ocultarse

En Chiapas persisten denuncias por detenciones arbitrarias, fabricación de delitos, abuso de autoridad, extorsiones, allanamientos ilegales y actos de tortura cometidos por corporaciones de seguridad. Particular preocupación generan las denuncias que involucran a elementos de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), corporación creada durante la actual administración estatal.

COMISIÓN SEXTA ZAPATISTA.
MÉXICO.

Encuentros de Arte y de Resistencia y Rebeldía.
ResignArte u OrganizArte
Fechas y Sedes.

Junio del 2026.

  Les informamos de las fechas para el Encuentro de Artes y el Encuentro de Resistencias y Rebeldías para este mes de agosto del 2026.

  Ambos encuentros serán simultáneos en fechas y sedes.  Dependiendo del número de participantes, se acomodarán las fechas y horarios para que puedan asistir a ambos eventos.  Aunque los Encuentros son abiertos, recomendamos que se registren, señalen el carácter de su participación y los días en los que estarán presentes.

  El sábado 1 de agosto será la Inauguración en el Semillero Comandanta Ramona, anexo al Caracol de Morelia (mismo lugar donde se realizó el Primer Encuentro de Resistencias y Rebeldías, así como el Primer Encuentro de Mujeres que Luchan).

  Del domingo 2 de agosto al domingo 16 de agosto: participaciones de asistentes y presentaciones de artes.

  Lunes 17 de agosto: traslados a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

  Martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, mesas redondas “Las Artes bajo Acoso (Danza, Cine y Teatro)”.  Con la participación, entre otros, de Luis de Tavira, Dolores Heredia, Marina de Tavira, Natalia Beristain, David Gaytán, Argelia Guerrero e Iván Prado.  En el CIDECI.

  Viernes 21 al sábado 29.  Continúan encuentros de Artes, y de Resistencias y Rebeldías en el Caracol de Jacinto Canek (donde se realizó el encuentro de Artes de abril del 2025).

  Domingo 30 de agosto.  Clausura.

  Participantes, escuchas y videntes pueden acudir en las fechas que más les convengan.

-*-

  Aprovechamos para recordarles del semillero del 20 al 25 de julio inclusive, con el tema “Guerra contra la Humanidad.  (Las Poblaciones, la Naturaleza y las Diferencias bajo asedio)”

  Los correos para registrarse son:

semillerojulio2026@proton.me
encuentroryragosto26@gmail.com
encuentroartes2026@gmail.com

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Moisés.
México, junio del 2026.

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA EN REBELDÍA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS
A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS EN GUERRERO
AL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEL MUNDO, EN GUERRERO Y TODO MÉXICO

Y QUE MIS VENAS NO TERMINAN EN MI SINO EN LA SANGRE UNÁNIME DE LOS QUE LUCHAN POR LA VIDA, EL AMOR ,LAS COSAS, EL PAISAJE Y EL PAN.

ROQUE DALTON.

MASACRE DE AGUAS BLANCAS
31 AÑOS DE IMPUNIDAD

En enero de 1994 nació la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S).

Para su nacimiento buscamos un lugar donde con calma y sin interrupciones indeseables pudiéramos trabajar sobre ello.

El parto fue en “Las Palmitas”, a unas tres horas caminando desde Tepetixtla en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Bajo frondosos encinos.

Por la experiencia de las luchas contra los abusos de los caciques priistas, políticos, talamontes y los fraudes electorales, conocimos a diferentes personas que nos ofrecieron ayuda para nuestro desarrollo político. De unos ubicamos su actitud de usarnos para sus planes particulares, de otros, reconocimos su actitud solidaria y respetuosa, en estos nos apoyamos.

Desde el 1 de enero nos concentramos. Nueve fuimos convocados para discutir, aprender, enseñar y planificar. Todos éramos de Tepetixtla.

La mayoría ya había estado en otros dos esfuerzos parecidos y otros más pequeños. Para nosotros era una escuela política que nos permitía entender con más claridad lo que en esos días vivíamos. Siempre buscando el desarrollo político, el esclarecimiento de la conciencia. Pero ahora además formaríamos una organización.

Como nos convencimos que también era importante el método, pues discutimos y discutimos, aun a oscuras, hasta tener bien claritas las ideas, los objetivos, los principios, los métodos, las tareas y lo que nos parecía un tanto pomposo cuando lo decíamos, nuestra plataforma política.

Fue muy importante establecer entre nuestros principios la honestidad, la combatividad y la solidaridad.

Todos nos conocíamos de las faenas del campo. De sembrar y cosechar. De tratar de vender lo cosechado, de la búsqueda de semillas y fertilizantes, de resistir la pobreza, las enfermedades, los abusos de los caciques y de las autoridades civiles y militares, de enfrentar juntos diversos problemas de la vida.

Todavía teníamos muy fresco el recuerdo del rechazo al fraude electoral de 1988. Aquellas jornadas en que nos volvimos ríos de combativo esfuerzo, alegría y sudor que bajamos de la sierra en diferentes jornadas de lucha, desafiando a los priistas que siempre habían sido “los de arriba”, los que oprimían, robaban, reprimían, asesinaban impunemente. Cuando marcamos con nuestros huaraches y chanclas, calles, aceras, carreteras pavimentadas o de terracería y oficinas gubernamentales. Pero sobre todo nos atrevimos a tratar de ser hacedores de nuestra historia.

Mas lejano, pero también como un eco importante, resonaban en nuestro corazón y nuestra conciencia otras jornadas de lucha, como la del maestro Lucio Cabañas Barrientos. Días de represión y de esperanza.

En que fuerzas federales y algunas oficinas gubernamentales repartían prebendas y hasta las semillas de mariguana y amapola para “paliar” la pobreza y restarle base social al maestro Cabañas.

Santa Ana Zegache, Oaxaca.

La Asamblea General de Ciudadanas y Ciudadanos de Santa Ana Zegache, máxima autoridad de decisión de nuestra comunidad conforme a nuestra asamblea , así como a los principios de libre determinación reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, manifiesta a la opinión pública, a los gobiernos federal y estatal y a la sociedad en general lo siguiente:

Nuestro territorio representa mucho más que una extensión de tierra. Es el espacio donde se desarrolla nuestra vida comunitaria, nuestra historia, nuestra identidad, nuestras actividades agrícolas, nuestros bienes naturales y el legado que habremos de dejar a las futuras generaciones. Su protección constituye un deber colectivo y un derecho irrenunciable.

Ante la intención de construir el proyecto carretero denominado Corredor Vial Zapoteco, anteriormente conocido como Libramiento Sur, expresamos nuestro firme rechazo debido a las afectaciones ambientales, sociales, culturales y patrimoniales que implicaría para nuestra comunidad y para los pueblos de los Valles Centrales.

Durante la Asamblea General convocada legalmente en la comunidad de Santa Ana Zegache, las y los ciudadanos, mediante un proceso de deliberación libre, democrático y comunitario, acordamos de manera expresa no aprobar ni otorgar consentimiento para la ejecución de dicho proyecto dentro del territorio de nuestra comunidad. Este acuerdo representa la voluntad soberana de la Asamblea General y deberá ser respetado por todas las autoridades e instituciones públicas.

Recordamos que el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación, a decidir sus formas internas de organización y a ser consultados previamente respecto de cualquier medida administrativa o proyecto susceptible de afectar directamente su territorio.

A los pueblos y gobiernos de México
A la sociedad civil consciente y solidaria
A las organizaciones de derechos humanos
A los medios de comunicación

Denunciamos el clima de máxima tensión que enfrenta nuestra comunidad.

Una persona que se ha dedicado a lucrar mediante la renta y venta de terrenos comunales, de nombre Fabián Reyes Márquez, llegó acompañado de otras personas al predio comunal denominado La Peña Blanca, el cual históricamente ha pertenecido a nuestra comunidad y donde se encontraban trabajando comuneros wixaritari y tepehuanos de Azqueltán.

Durante estos hechos, quienes acompañaban a Fabián Reyes Márquez manifestaron actuar por «indicaciones» del Gobierno del Estado, particularmente de la Dirección de Asuntos Agrarios. En ese contexto, amenazaron a los comuneros diciéndoles que serían llevados a la cárcel «porque ya el Gobierno del Estado había dicho», y que llamarían a la policía «para que los levantaran». Sus amenazas se materializaron el día de ayer, 25 de junio, cuando llegaron las mismas personas a robar postes y alambres de los comuneros, para consolidar el crimen.

Ante estos hechos, y dado que Fabián Reyes Márquez amenazó de manera directa al comunero Flavio Quiñones Aguilar y a quienes trabajaban en el predio, lo hacemos responsable de cualquier acto que atente contra la integridad, la libertad o la vida de las y los comuneros que se encuentren en posesión legítima y legal del predio La Peña Blanca.

Asimismo, responsabilizamos al Gobierno del Estado de Jalisco por la falta de acciones eficaces para prevenir y detener la violencia que enfrenta nuestra comunidad y, por el contrario, promover la confrontación; situación que podría derivar en nuevos hechos de agresión, como los que han ocurrido de manera sistemática debido a la inacción y la impunidad institucional.

25 de junio de 2026

Desde el Colectivo Pueblos Unidos por la Vida y por la Tierra enviamos nuestra solidaridad a los Pobladores Soberanos de San Pedro Ecatepec, Atlangatepec, Tlaxcala, frente a la violencia que vivieron el día de ayer 24 de junio de 2026, debida a la intención gubernamental de instalar un Polo de Desarrollo de Economía Circular (PODECIBI) en su territorio.

Condenamos enérgicamente la violencia estatal ejercida por policías armados que lanzaron gases lacrimógenos, golpearon y reprimieron a mujeres, jóvenes y hombres que en su derecho a la libre manifestación y a la libre determinación de cuidar su territorio y decidir sobre el, se organizan para resguardar sus tierras ante las pretensiones del Gobierno de Tlaxcala encabezado por la Morenista Lorena Cuéllar Cisneros de hacer un basurero.

Saludamos su resistencia ante los intentos de imposición de los PODECIBI en diferentes estados, incluido Puebla, de los cuales no existe información sobre su funcionamiento e impacto, y que reproducen la lógica del racismo ambiental de los rellenos sanitarios y tiraderos de basura.Nos mantenemos atentos a la situación, y exigimos el cese a la criminalización de la defensa del territorio y el uso de la violencia estatal.

 Como bien dicen los y las compañeras de San Pedro Ecatepec, “La lucha no es solo de San Pedro Ecatepec, es de todas las comunidades que dependen del Alto Atoyac”, desde los pueblos que integramos el Colectivo Pueblos Unidos por la Vida y por la Tierra enviamos nuestro apoyo y solidaridad reiterando que no están solos y solas en esta lucha contra la basura del capital.

.“Que cada quien se haga responsable de su consumo y de sus desechos”

  ATENTAMENTE

 ¡LOS PUEBLOS NO SOMOS BASUREROS!

Fuente: CDH FrayBa

Denuncia pública

24 de junio de 2026.

A la opinión pública
A las organizaciones de los derechos humanos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A los medios de comunicación libres y alternativos
A la sociedad civil nacional e internacional
A la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas
Al pueblo creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Hermanos y hermanas de México y del mundo, nosotros y nosotras familias pertenecientes al grupo autónomo en resistencia desde 1994 de la Cabecera municipal de San Andrés Sakamch´en, Chiapas, y también creyentes de la parroquia de San Andrés Apóstol, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, denunciamos el corte del servicio de luz eléctrica a 5 familias nuestras por parte de personas pertenecientes a diferentes partidos de la calle Morelos, colonia Centro de la Cabecera municipal, acompañados por la policía municipal y con conocimiento pleno de las autoridades oficiales del municipio. Los hechos surgieron a raíz de nuestra resistencia, quienes desde 1994 nos hemos mantenido en este proceso organizativo, y como tal nos hemos negado al pago de las tarifas de la luz eléctrica ya que es un derecho humano que hemos ejercido, y aunado a que es un bien común, propiedad del pueblo de México.

Hechos

Primero: El día domingo 13 de junio de este año, hubo un fallo en un transformador instalado en la calle Morelos de la Cabecera municipal, los usuarios de la luz eléctrica en dicha calle procedieron a buscar alternativas para solucionarlo. Entre las opciones, plantearon solicitar ante la CFE el arreglo del mismo, y en ese contexto, se obligaron entre todos los usuarios a presentar copia de los recibos de luz para ver si todos estaban al corriente de los pagos. Sin embargo, de todos los usuarios afectados estaban las 5 familias pertenecientes a este grupo autónomo. Les obligaron a presentar copia de sus recibos, pero como no lo tienen les dijeron que si quisieran tener el servicio, les pidieron un pago de $150.00 pesos cada dos meses. Nuestros compañeros se negaron a dicho acuerdo ya que la cooperación no aplica para todos sino solamente a ellos. También les dijeron que si no quieren pagar, mejor instalen su propio transformador o que compren paneles solares.Ante tal situación, el agente municipal autónomo procedió a hablar con el agente municipal del PRI para mediar el asunto; sin embargo, se negaron a abordar el tema, justificando que es un asunto del barrio y de la calle Morelos.

Segundo: El asunto había quedado en suspenso, ya que por acuerdo de todos los usuarios afectados decidieron buscar un técnico para arreglarlo, para ello, cooperaron $100.00 pesos para el pago del mismo. Esa cantidad fue insuficiente, por lo que optaron por juntar $50.00 pesos más por cada usuario afectado. Nuestros compañeros cumplieron en tiempo y forma a dicha cooperación.

Tercero: El día domingo 21 de junio, nuevamente las personas de la calle Morelos pidieron copia del recibo y plantearon que a quién no lo tenga, asumirá las consecuencias. Como nuestros 5 compañeros no lo tienen, les pidieron nuevamente pagar los $150.00 pesos cada 2 meses, como no aceptaron les volvieron a amenazar, incluyendo colgarlos en el árbol, acto seguido, subieron en el poste de luz y les cortaron los bajantes de la luz eléctrica, lo dejaron en varios pedazos para que no pudieran reconectarlo. Durante el corte de servicio estuvo acompañado por la policía municipal.

Cuarto: Después de lo sucedido, las autoridades autónomas solicitaron a las autoridades oficiales del municipio establecer diálogo para solucionarlo y que se reconecte el servicio de luz. En un inicio, las autoridades mostraron voluntad para hacerlo, pero después de varios intentos, solo avisaron que ya no van a intervenir porque no es de su competencia y que se remita a los agentes municipales. En atención a ello, los agentes autónomos volvieron a solicitar una reunión con los agentes oficiales de la Cabecera municipal, a lo cual accedieron; sin embargo, no quisieron dialogar sobre el asunto, solamente les dijeron que no van a reconectar el servicio de luz a las cinco familias y que lo sucedido solo era el comienzo porque irán aplicando barrio por barrio. Las autoridades autónomas buscaron vías alternas para solucionarlo, pero no hubo respuesta positiva. En ese acto arbitrario, participaron personas pertenecientes a diversos partidos políticos, principalmente del PRI, así también de los integrantes del agente oficial de la Cabecera municipal y de personas creyentes de diferentes iglesias, como el C. Francisco Leonardo Hernández Díaz, ministro de la comunión de la parroquia de San Andrés Apóstol.

Quinto: Al no encontrar otra alternativa y por acuerdo del grupo autónomo, se procederá a reconectar el servicio de luz a las 5 familias afectadas con nuestros propios recursos, ya que dicho servicio es un derecho humano y no podrán negarnos, menos a miembros del partido político que se oponen a nuestra resistencia, que también sufren y están en las mismas condiciones económicas adversas que nosotros.

Por lo anterior, hacemos responsable al ayuntamiento municipal de San Andrés Larrainzar y a todas las autoridades oficiales de la Cabecera y del municipio, al gobierno estatal y federal de cualquier agravio a nuestra integridad física que derive de la reconexión de la luz y posterior a ésta.

Asimismo, exigimos:

Primero: La intervención del gobierno estatal y federal para que controle a su gente y a sus instituciones para que no se repitan estos actos violatorios a los derechos humanos y se garantice el ejercicio pleno de nuestro derecho humano a la luz eléctrica.

Segundo: Garantías para que no se vulnere la integridad física a las 5 familias afectadas y a todos los miembros del grupo autónomo en resistencia de San Andrés Sakamch´en, Chiapas.

¡Exigimos el respeto de nuestra autonomía y dignidad como pueblos originarios!
¡Alto al hostigamiento y a las amenazas, porque nosotros no queremos confrontarnos con nuestros propios hermanos!
¡Alto a la exigencia del pago de las tarifas de la luz eléctrica a las comunidades autónomas en resistencia!
¡Alto a la guerra en contra de los pueblos organizados en resistencia!

Atentamente,

Comunidad autónoma en resistencia, Cabecera municipal de San Andrés Sakamch´en, Chiapas

Descargar la palabra en PDF(20.87 KB)

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DE MICHOACÁN

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL ESTADO MEXICANO

Comunidades indígenas y afromexicanas de #Michoacán a 24 de junio de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por 80 pueblos p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahuatl y afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Para los pueblos originarios, defender el territorio, resguardar los bosques y cuidar los lagos y ríos ha tenido un precio de sangre, durante más de una década las comunidades hemos denunciado sistemáticamente el cambio ilegal de uso de suelo, el robo de agua, la tala inmoderada y los ataques del crimen organizado. Tan solo en los últimos cuatro años, 20 integrantes de los cuerpos de seguridad tradicional, las Rondas Comunales, han sido asesinados. El crimen organizado es el brazo armado de la deforestación, las organizaciones criminales atacan a las comunidades porque quieren controlar los recursos naturales, administrar el robo de agua, dirigir la tala irracional de bosques e iniciar la habilitación de nuevas tierras para el aguacate.

Son las comunidades, no la industria rapaz, las que conservan lo que aún nos queda de bosques, es en nuestros territorios donde respiran los ecosistemas, en contra parte, la industria exportadora continúa sin pagar el costo ambiental, ni mucho menos social que ha impuesto desde hace décadas, grandes empresarios estatales y trasnacionales compraron extensiones forestales a precios muy por debajo de su valor real, las deforestaron ilegalmente y han quedado impunes.

En este contexto, el Gobierno Federal estableció el pasado 26 de mayo un Acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) donde crea el llamado “Certificado de Libre Deforestación”, el cual es totalmente una contradicción, toda vez que la propia SEMARNAT ha reconocido públicamente que en los últimos 20 años no ha otorgado ninguna autorización de cambio de uso de suelo de forestal a frutícola en la entidad. Esto significa en términos prácticos que todo lo deforestado antes de 2019 queda automáticamente absuelto y lo que se taló después podrá regularizarse administrativamente sin resarcir ningún tipo de recuperación de ecosistemas dañados. No hay restauración ambiental, no hay reparación a las comunidades y no hay rendición de cuentas, únicamente impera un proceso administrativo que legaliza años de impunidad ambiental.

Por estas graves transgresiones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, nos reservamos el derecho de presentar los recursos jurídicos que consideremos necesarios, para evitar que la legalización del aguacate no sea un instrumento para olvidar los crímenes y abusos cometidos en nuestros territorios, así como la impunidad ambiental.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM