^{En portada: Santiago Contoricón Antúnez (centro), de la comunidad asháninka Puerto Ocopa, fue asesinado el pasado 8 de abril.}

El asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez a manos del narcotráfico, el sábado 8 de abril, se suma a una lista de decenas de defensores de territorios desprotegidos por los gobiernos en el Perú. En las últimas semanas, el dirigente reportó al Ministerio del Interior y a representantes del Ejecutivo las amenazas que recibía del crimen organizado en la provincia Satipo (región Junín).

En 2022, el país andino fue el séptimo más peligroso de América Latina para los guardianes de la tierra, la región del mundo de mayor letalidad para estos. Entre 2012 y 2021, según un informe de Global Witness, se registraron los asesinatos de 51 protectores del ambiente y líderes indígenas. Al menos seis crímenes se cometieron en Junín, en la zona de selva central peruana. Ocho defensores peruanos fueron victimados el año pasado, la mayoría en localidades amazónicas.

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El crimen contra Contoricón se vincula a su participación junto a integrantes de comunidades asháninkas en incautaciones de cocaína, en ejercicio de la autodefensa de sus territorios ancestrales. Las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo se enfrentan al avance de los cultivos de hoja de coca para la producción de drogas y a la tala ilegal. La política de militarizar un área de emergencia, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dentro de la cual se ejecutó el atentado, no da resultados.

Por el contrario, entre 2018 y 2021 las plantaciones cocaleras en territorios de pueblos indígenas crecieron en 93%, de 8,000 a más de 15,000 hectáreas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd) indica que de 2020 a 2021 los cultivos ilícitos en el Perú aumentaron en 23%, de 61,000 a 80,000 hectáreas.

En la provincia de Satipo, a la que Contoricón representó como consejero regional, se localizan las mayores expansiones de sembríos de coca en los últimos años, con participación de remanentes de Sendero Luminoso como guardia armada de narcotraficantes.

A unos metros de la casa del líder indígena, en la comunidad nativa Puerto Ocopa, opera una base de la Marina de Guerra. El exalcade del distrito Río Tambo, donde aún no hay comisaría, fue victimado en su vivienda por un sicario de un disparo en la cabeza, en presencia de su familia. Contoricón fue un histórico dirigente que en sus 56 años de vida defendió a su etnia de la violencia de Sendero Luminoso y el Estado, más tarde la del extractivismo neoliberal y las mafias expandidas, en los años de una pacificación que no se afianzó en la selva peruana.

El Perú como narcoestado

La Central Asháninka del Río Tambo señala a la Policía y las Fuerzas Armadas de permitir la circulación de embarcaciones con cocaína e insumos para su elaboración, por lo que exigen al Ejecutivo que retire a los militares de la base de Puerto Ocopa. Los comités de autodefensa ordenaron la salida de todas las personas foráneas de la zona y mantienen bloqueado el tránsito fluvial. En otras provincias de la selva hay carreteras interceptadas en apoyo a la protesta asháninka.

“En su momento hemos dado confianza para contar con una base militar o policial para prevenir, pero más nos generan problemas, desautorizando a las comunidades nativas para desarrollar sus propias acciones de seguridad dentro de su territorio. Lo que queremos es que se entienda cuál es la realidad de los ríos Tambo y Ene, donde no hay presencia del Estado”, señaló, por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec).

La condición del Perú como narcoestado se acentúa con la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por los sectores políticos conservadores y de ultraderecha financiados por el narcotráfico. Se consolida con la presencia de una fiscal de la Nación que asumió la persecución judicial al expresidente Pedro Castillo e impide las investigaciones a su hermana jueza por cobros de sobornos a traficantes.

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Una muestra de la narcopolítica peruana es la reciente megaoperación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la organización, Joaquín Ramírez, actual alcalde de la provincia Cajamarca, de alta producción de cocaína y opiáceos. Al excongresista, investigado por la DEA desde 2012, le incautaron más de 200 inmuebles, 90 vehículos y siete avionetas. Su principal negocio legal, una universidad privada de funcionamiento irregular, tiene los favores del régimen. La fiscal de la Nación acredita dos títulos de posgrado de esta casa de estudios, sin registros de las tesis que los avalen. Así funciona un Estado neoliberal capturado por mafias.

Para abordar el crimen organizado en la selva central, este año el Ejecutivo creó una mesa multisectorial en la que días antes del asesinato dirigentes indígenas recordaron su vulnerabilidad a altos representantes del Gobierno de facto, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hasta el momento, ningún funcionario se reunió con las autoridades indígenas y de la región. Es la ausencia de Estado que reclaman los pueblos originarios con una nueva medida de fuerza indefinida. Los defensores de la tierra están en pie de lucha en la selva. En frente, un régimen armado-empresarial dispuesto a extremar la explotación de la Amazonía y sus habitantes.

En Ecuador, El Frente de Defensa del Agua, la Vida y la Naturaleza del cantón Pangua, el Frente Nacional Antiminero y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi reunidos en la Asamblea Plurinacional Antiminera, el último 15 de abril, denunciaron la presencia ilegal e inconstitucional de la empresa minera británica Anglo American en el territorio de Pangua, en la Provincia de Cotopaxi, en el centro del Ecuador, “pues no ha existido la Consulta Previa, Libre e Informada”.

Los activistas se oponen a la “pretendida socialización ambiental” realizada por el Ministerio del Ambiente del país ya que argumentan que, “no cumplieron el requisito básico para el otorgamiento de las licencias ambientales a la empresa minera; además, se han vulnerado los artículos 56 y 57 en su numeral 7 de la carta magna, donde se establecen los Derechos Colectivos”.

Una de las resoluciones de esta asamblea exige a la minera Anglo American que retire su maquinaria, personal e instalaciones del Cantón Pangua, en un plazo de 14 días, es decir, hasta el 29 de abril, en particular que salga de las comunidades Punta Brava y Guapara.

Otra de las decisiones es que se realizará una consulta popular, vía Corte Constitucional, para “oponernos a la extracción minera en el cantón Pangua”. Esto se impulsará como iniciativa ciudadana aplicando el artículo 104, párrafo cuarto, de la Constitución de la República del Ecuador.

Exigen que las autoridades locales electas acaten las resoluciones asamblearias y de autoconsulta del pueblo Pangua por la defensa del agua, la vida y la naturaleza.

La asamblea, que está constituida por diversos pueblos, sostienen firmemente prohibir la entrada a corporaciones mineras en sus territorios, por ello respaldan la llamada Acción de Lucha Plurinacional Frente a las Empresas Mineras convocada para el 5 de junio en el territorio nacional, para “exigir a las autoridades mediante mandato popular la declaratoria de nuestros territorios libres de minería”.

^{Foto por greenpeace}

La semana pasada la revista científica Scientific Reports, del grupo Nature, lanzó un estudio donde documenta que entre los años 2013 y 2021 la deforestación aumentó en 129% en territorios indígenas, a la par, se aceleró la minería ilegal en estas mismas zonas. Esto fue causa de la emisión de 96 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), del cual se responsabiliza en un 59% al gobierno del expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por un equivalente a 57 millones de toneladas de CO2.

El CO2 es uno de los principales gases emitidos hacia la atmosfera responsable por el llamado efecto invernadero, que a su vez es uno de los responsables del aumento de la temperatura en el planeta.

Solo en los tres primeros años de gobierno de Bolsonaro se registró un aumento del 195% en la deforestación con un avance del 30% hacia tierras indígenas establecidas en la selva, alcanzando áreas anteriormente conservadas. El año 2020 es considerado como el de mayor tasa de deforestación de la década, alcanzando más de 10 kilómetros cuadrados deforestados, para dar paso a la minería y la agricultura industrial.

Esta destrucción de la selva fue superada en 2021, con un aumento del 20% de salva talada, alcanzando los 13 mil kilómetros cuadrados, según constató el equipo que trabajó en esta investigación, el cual esta conformado por científicos de diez instituciones y universidades ubicadas en Brasil, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido, además de investigadores del IPAM (Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia).

Por ello, el equipo de científicos sostiene que urge al actual gobierno de este país sudamericano, presidido por Luiz Inacio Lula da Silva, frenar la deforestación en los territorios indígenas, ya que son considerados territorios determinantes ante la crisis climática. Así mismo se recomienda garantizar los derechos de estos pueblos sobre sus tierras.

Según el informe, los territorios indígenas en Brasil albergan alrededor de 700 mil indígenas y más de la mitad de ellos se encuentra en la Amazonia brasileña. Estos territorios concentran más de un millón de kilómetros cuadrados de selva tropical que contribuyen a la regulación del clima, además de albergar una gran biodiversidad y diversidad sociocultural.

“Durante el gobierno de Bolsonaro, con el debilitamiento de las instituciones ambientales y los intentos inconstitucionales de explotar económicamente estos territorios, la deforestación ha aumentado significativamente. Los resultados de nuestro trabajo, por lo tanto, son una importante contribución al nuevo gobierno en la reconstrucción del sistema de gestión ambiental del país”, valora Celso Henrique Leite Silva Junior, investigador del IPAM.

^{En portada: Protesta antiminera en El Salvador. Organizaciones rechazan la criminalización de líderes comunitarios por su destacada lucha contra la industria extractiva en el norte del país centroamericano.}

Los últimos días de marzo marcaron el sexto aniversario de la prohibición de la minería metálica en El Salvador. Pese a la celebración, organizaciones sociales y ambientales exigen mantener la proscripción de la industria extractiva ante acciones del gobierno de Nayib Bukele que muestran señales para su reactivación.

La Mesa Frente a la Minería Metálica es una de las organizaciones que denunciaron que la actual administración pretende reactivar la minería de oro y plata, lo cual pone en riesgo al río Lempa, el principal afluente del país, en cuya cuenca se ubican los principales proyectos mineros.

Mediante pronunciamiento, la Mesa exigió al presidente y a la Asamblea Legislativa a “descartar cualquier intención de reforma, derogación o implementación de leyes paralelas que la contradigan”, en referencia a la reglamentación que convirtió a El Salvador, en 2017, en el primer país del mundo en prohibir la extracción minera en su territorio. En aquel momento, la nación centroamericana argumentó que la minería es inviable debido a condiciones como su estrechez territorial, alta densidad poblacional y grave crisis hídrica.

En conferencia de prensa, los ambientalistas señalaron que se encuentran en alerta debido a las amenazas de reactivación de la minería, debido a que el actual gobierno está recibiendo presiones de las empresas internacionales para darle apertura nuevamente a dicha industria, pese a que “las condiciones ambientales que hacían inviable la minería, ahora son aún más graves que cuando se aprobó la ley”.

Golpe a organización antiminera

Más de 50 organizaciones se adhirieron a la exigencia de mantener la prohibición de la industria extractiva. Una de las firmantes es la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), cuyo director ejecutivo, Antonio Pacheco, se encuentra detenido desde enero de este año, junto a otros cuatro activistas antimineros, tras alertar sobre el posible retorno de la minería al país centroamericano.

Por ello, las organizaciones demandaron “el cese de la persecución contra líderes comunitarios y que el aparato judicial no sea utilizado para criminalizar a defensores ambientales, sobre todo cuando a ellos el país les debe el estar a salvo de los graves daños de la minería metálica”.

Los activistas detenidos forman parte de la comunidad de Santa Marta en el departamento de Cabañas, cuya región, al norte del país, se encuentra en la mira de empresas mineras para extraer oro y plata.

Fue en el periodo de 2000 al año 2017, cuando empresas canadienses y australianas mantuvieron acciones para implementar la minería, en oposición a las comunidades de la región.

Con la detención de los líderes comunitarios, a principios del 2023, las comunidades acusan irregularidades en el proceso judicial. Señalan que fueron acusados, sin pruebas, de un crimen supuestamente cometido en el marco del conflicto armado hace 30 años, ignorando procesos jurídicos establecidos y violando la Ley de Reconciliación Nacional. Resalta que los detenidos tienen una larga historia de lucha antiminera en Cabañas, por lo que las organizaciones denuncian que la motivación real del gobierno es debilitar la resistencia minera en la zona.

Amenaza latente

De acuerdo a los ambientalistas, existen más de 50 proyectos mineros que amenazan con contaminar el río Lempa, el cual abastece de agua a más de 3 millones de salvadoreños.

Debido a esta cantidad de proyectos y las iniciativas del presidente Bukele, quien promueve la inversión en infraestructura como el Tren y el Aeropuerto del Pacífico, así como la ciudad Bitcoin, las organizaciones señalan diversas acciones gubernamentales que indican el regreso de la minería.

Por ejemplo, indican que, en mayo de 2021, El Salvador se hizo miembro del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, una red de 77 países que promueve la minería metálica en el mundo.

Para octubre del mismo año, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley, creando la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas con el mandato de fomentar la minería en el país. Además, el presupuesto del país para este año incluye $4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar” la ley que prohíbe la minería metálica.

Pendientes

En conferencia de prensa, miembros de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica pidieron al Estado retomar el estudio de un proyecto de ley para sustituir al actual reglamento para garantizar la prohibición de la minería metálica en el país centroamericano.

Ariela González, integrante de la Mesa, sostuvo que, a seis años de la creación de la Ley de Prohibición Contra la Minería Metálica, muy poco se ha avanzado en reducir los daños al ecosistema que dejaron las empresas mineras. Por ello, la ambientalista pidió al Estado salvadoreño cumplir con obligaciones pendientes, como ejecutar los cierres técnicos de minas en abandono y procesos de remediación ambiental además de que se prohíba la minería artesanal.

“Que se tome en cuenta la propuesta para un nuevo reglamento de la Ley de Prohibición Contra la Minería Metálica propuesta en noviembre de 2022 por la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica de El Salvador para evitar la contaminación del agua y que esta siga ocurriendo, así como contrarrestar la posibilidad de que surjan más drenajes ácidos en minas”, dijo González.

Los ambientalistas también pidieron a los diputados de la Asamblea Legislativa aprobar una reforma a la Constitución de la República para prohibir la minería metálica en todas sus modalidades y que se implemente la Ley General de Recursos Hídricos para suscribir convenios internacionales para detener la contaminación del río Lempa.

El pasado 4 de marzo, más de 400 líderes de comunidades de Chalatenango, Cuscatlán, Cabañas, La Libertad, La Paz y otros departamentos convergieron en el Encuentro Nacional frente las Nuevas Amenazas de la Minería Metálica en El Salvador para protestar contra la represión en Cabañas y para seguir posicionándose en contra de la minería metálica en todo el país.

^{En portada: Un campesino nos guía hacia la región de manglares en el pacífico centroamericano donde se realizan las obras para erigir un aeropuerto. Foto: Juliana Bittencourt}

Don Elmer, campesino de 63 años, se siente feliz. “Yo me alegro cuando llegan a cantarme”, comparte el agricultor sobre el trinar de los pájaros al interior del bosque, en la zona de influencia del manglar de El Tamarindo, un Área Natural Protegida (ANP) en la costa pacífico de El Salvador.

“Si hacen el aeropuerto, todas estas aves, ¿para dónde van a agarrar?”, lamenta Don Elmer, quien hace parte de las 57 familias en la comunidad de Flor de Mangle, municipio de Conchagua, que están siendo desplazadas para la implementación del megaproyecto del Aeropuerto Internacional del Pacífico.

Según denuncias de las y los habitantes consultados por el equipo de este reportaje, desde el 8 de febrero del 2023, personal que se presentó como parte de la empresa guatemalteca Rodio Swissboring, contratada por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), inició labores en las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, con el argumento de realizar un estudio de suelo en la zona y avanzar en la construcción la nueva terminal aérea.

Los testimonios refieren que los trabajadores ingresaron con maquinaria y equipo en las parcelas agrícolas y de vivienda, “sin la autorización por parte de los propietarios u orden judicial para ello”, enfatizan mediante denuncia pública. Las y los pobladores señalan que efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil se movilizan para brindar seguridad a la maquinaria pesada de la empresa.

Los trabajadores perforaron y excavaron los suelos, formando zanjas con dimensiones de hasta 40 metros de ancho, 60 metros de largo y con una profundidad mayor a nueve metros. “En el caso de una de las parcelas la zanja llega a abarcar casi la totalidad del área, esta misma parcela se encuentra a menos de un kilómetro del manglar del estero El Tamarindo”, refiere la denuncia.

Los campesinos señalan que, al finalizar las labores en las parcelas invadidas, los trabajadores se retiraron, dejando inutilizable el área para la agricultura y creando condiciones de riesgo, tanto para personas como para el pastoreo de ganado de las familias campesinas.

En marzo, el medio salvadoreño MalaYerba evidenció el inicio de las obras del nuevo aeropuerto, pese a que aún no se contaba con el permiso ambiental requerido por la normatividad vigente. En reportaje, destacan la conducta del director de la CEPA quien, el 8 de febrero y mediante televisión nacional, mintió al asegurar que ya se contaban con los permisos, aún cuando el medio constató que la resolución de licencia solo fue disponibilizada por las autoridades ambientales hasta el 22 de marzo.

“No solo Flor de Mangle va a ser afectada. Aquí tenemos a Condadillo, tenemos al Llano Los Patos, se va una parte de El Carrizal y también de El Embarcadero”, sentencia Don Elmer con amargura mientras enlista las poblaciones amenazadas, no solo por la infraestructura aeroportuaria, sino por lo que desencadenará el desarrollo de esta zona económica especial que contempla complejos turísticos, industriales y comerciales.

Sin defensa

Mientras transitamos por el bosque, nos percatamos de un patrón de señalización; pintura naranja cubre los troncos de los árboles. Santos Cruz, campesino de la región, comenta que son las huellas de un censo peculiar en el cual, durante días, trabajadores de CEPA y del Ministerio de Obra Pública midieron y evaluaron el sitio para la construcción del aeropuerto.

Desde los primeros meses de 2022, habitantes de Condadillo percibieron una mayor actividad de parte de trabajadores del Estado, quienes además de tomar medidas de los terrenos, fotografiaban las viviendas y parcelas de las y los campesinos. A ellos se fue sumando la presencia de contingentes militares y policías, que se normalizaron a partir del mes de marzo, cuando se declaró el régimen de excepción en todo el país, justificado por el alza de homicidios y el incremento de la violencia adjudicada a las pandillas.

La situación de las y los habitantes se agrava dado que diversas comunidades no poseen escrituras. Tampoco cuentan con la regularización en la tenencia de la tierra. Flores destaca que ello “genera que puedan ser despojadas en cualquier momento”, resalta el profesor, quien nos acompaña en el recorrido por las comunidades afectadas, mientras subraya que se ha violentado el derecho a contar con información oportuna y la falta de consulta a las poblaciones.

Por su parte, don Elmer expresa preocupación ante la incertidumbre sobre sus terrenos en Flor de Mangle. Reclama sobre las constantes visitas de funcionarios, quienes presionan a los campesinos en el marco de un proceso de expropiación. Tanto habitantes de esta comunidad, como de Condadillo, han denunciado públicamente presiones de CEPA para vender sus terrenos a precios que ellos consideran injustos, lo que ha llevado a rechazar la firma del avalúo; aunque el campesino asevera que algunas familias han terminado cediendo por miedo.

Ante el aumento en las amenazas, en octubre del 2022, los campesinos rechazaron públicamente las negociaciones con la CEPA. Representantes de las dos comunidades señalaron que la institución valoró sus terrenos por un monto de 8,000 dólares por manzana (0.70 hectáreas), cuando ellos consideran que el valor real es mayor.

Santos Cruz, agricultor con terrenos en la zona, acusó que funcionarios de CEPA les han visitado para dar un ultimátum a los propietarios. “Si usted no firma, es posible que se quede sin nada”, refirió el campesino sobre el trato de los trabajadores del Estado. “Nosotros los agricultores, la gente pobre del país, estamos sufriendo cuántas cosas por megaproyectos que trae el gobierno. ¿Por qué no lleva ese aeropuerto a otro lado? El país no necesita dos aeropuertos”, reclamó el campesino al sostener que con la implementación del proyecto decenas de familias quedarían sin fuentes de trabajo.

Aeropuerto “verde”

Según el Plan Cuscatlán, eje rector del gobierno de Bukele, la construcción del Aeropuerto del Pacífico representa la consolidación de la primera terminal aérea “verde” de Centroamérica. Para ello, asegura que su implementación se basará en los estándares de certificación Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental (LEED, por sus siglas en inglés) del Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos, “protegiendo el área de influencia y estableciendo nuevas legislaciones para el desarrollo ecoturístico en la región”.

El Aeropuerto Internacional del Pacífico, con una inversión aproximada de 300 millones de dólares, pretende abarcar una superficie de casi 20 mil metros cuadrados. Pese a que CEPA aún no define si será administrado por el Estado o por un ente público-privado, los estudios de factibilidad corrieron a cargo de UDP CONSORCIO PEYCO–ALBEN 4000, propiedad de Grupo SEG, de capital español.

Acorde a las proyecciones de CEPA, el aeropuerto traerá “polos de desarrollo (económicos)” para la zona oriental y generará empleos para los habitantes. Federico Anliker, presidente de la Comisión, asegura que la nueva terminal aérea se convertirá en una “aerotrópolis”, una ciudad de industrias, hostelería, centros resort y maquilas tecnológicas.

Contrario a las promesas de desarrollo sustentable, el estudio de impacto ambiental remarca que la construcción de la terminal aérea representa una amenaza para más de 44 especies de aves que habitan en el manglar El Tamarindo.

“El impacto incluye la destrucción de sitios de anidación, obstaculización del flujo de aves migratorias y la muerte de especies y ejemplares de aves que están en peligro o amenaza de extinción, como la Lora de Nuca Amarilla, Catalnica, Chocoyo y Siete Colores”, refiere sobre el peligro que se cierne contra la fauna, donde otras especies, como mamíferos y reptiles que habitan el manglar y su zona de influencia, también serán afectadas.

De acuerdo a datos del MARN, El Salvador cuenta con 13 ecosistemas de manglar a lo largo de la costa pacífico, cuya superficie se ha reducido en un 60% durante las últimas seis décadas. La construcción del Aeropuerto del Pacífico representaría un avance en la disminución de los manglares de la región, afectando a las poblaciones que viven de la pesca y extracción de otras especies marinas para su subsistencia.

A pesar de las afectaciones, el medio de investigación GatoEncerrado develó, mediante reportaje difundido a finales del 2022, que el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López Larreynaga, promovió directrices menos restrictivas para facilitar la construcción del Aeropuerto del Pacifico, a pesar de que, desde septiembre de 2021, técnicos de la institución calificaron el proyecto como “inviable ambientalmente” por afectar una ANP y alterar los manglares de la zona de La Unión.

Según justificó el ministro Larreynaga, la implementación de nuevas directrices obedeció a que al menos 53 proyectos de inversión no habían sido ejecutados en los siete municipios de la franja costera debido a que las reglamentaciones ambientales obstaculizaban las obras. Por ello, la institución flexibilizó las normativas con el objetivo de habilitar los territorios de la costa, catalogados anteriormente como de “máxima protección”, para albergar la construcción de megaemprendimientos de infraestructura.

Integración para el despojo

Pese a la narrativa difundida por el presidente Bukele, para el profesor Flores, las noticias de estos megaproyectos no tienen absolutamente nada de novedosos.

“Es algo que viene desde la época de la Alianza para el Progreso”, refiere sobre la larga historia de integración, impulsada por EEUU, con la región Centroamericana desde la segunda mitad del siglo pasado mediante acuerdos que fueron promovidos por ese país “para garantizar la política económica de Norteamérica”.

El agroecólogo enfatiza el componente logístico mediante el cual está justificada la existencia del Aeropuerto del Pacífico, así como el tren y otros megaproyectos que buscan consolidar infraestructura clave, mediante el uso de recursos públicos, para el funcionamiento e interés de los grandes capitales trasnacionales.

“Se amarra a toda una lógica más regional. En este caso viene desde el Tren Maya en México, luego su extensión en Guatemala (en referencia al proyecto del Tren Bicentenario que conectará la frontera con Chiapas, México hacia Puerto Barrios, en la costa atlántica) y luego continúa con el Tren del Pacífico en El Salvador (…) toda esta lógica es la extracción de los recursos naturales de los pocos ecosistemas naturales que quedan en Latinoamérica para la transformación de mercancías”.

Flores remarca la injerencia histórica de los EEUU en El Salvador, quien ha implementado diversas estrategias para la profundización del neoliberalismo. Desde la creación de la zona de libre comercio concretada con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, así como los mas recientes programas de cooperación como FOMILENIO II, el cual concretó infraestructura carretera vital para el posterior desarrollo del litoral pacífico.

“Han funcionado para configurar al país como un pequeño corredor logístico donde el objetivo sea el ensamblaje, el almacenamiento, la distribución y la comercialización de mercancías, a un costo sumamente barato, sin la prudencia de evitar la depredación del medio ambiente”, sostiene el profesor.

En Chiapas, existe un patrón de criminalización contra personas defensoras indígenas involucradas en procesos de defensa de sus territorios, del ambiente, la autonomía y la libre determinación de sus comunidades.

Así lo identifican organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes durante los últimos días de marzo visitaron el estado, al sur de México, para documentar la situación de riesgo y violencia que viven defensores, organizaciones y comunidades indígenas.

“Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos”, sostienen las organizaciones Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders (FLD).

Las organizaciones resaltan el uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades que se han opuesto a la militarización de sus territorios. Es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc; de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.

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También señalan el alto riesgo que representa, para las y los defensores, los conflictos agrarios y territoriales no atendidos por las autoridades que continúan perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. “Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado”, señalan mediante comunicado conjunto.

Además, enfatizan que, a pesar de que las personas defensoras han denunciado graves amenazas y ataques debido a su labor, la omisión de los diferentes niveles de gobierno ha propiciado la escalada de agresiones y el aumento en la violencia. Este es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez, expresidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal; así como la violencia que derivó en el desplazamiento de 25 personas de la comunidad de Nueva Palestina en Ocosingo.

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De acuerdo a las organizaciones, lo anterior sucede en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.

Las organizaciones recopilaron testimonios que evidencian la vinculación entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad.

“A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc”.

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Por último, señalan su preocupación ante el contexto de estigmatización y campañas de desprestigio contra la labor de defensa de derechos humanos de las personas defensoras indígenas, situación que aumenta el riesgo de violencia dado que las instituciones del gobierno estatal no reconocen su trabajo. “Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio”, indican las organizaciones.

En México no existen datos precisos sobre las operaciones de la minería en el territorio nacional. Por ello, una iniciativa que conjuntó a investigadores, organizaciones sociales y ambientales se dio a la tarea de compilar más de 100 mil registros geográficos para conocer la manera en que se realiza la gestión ambiental de la industria extractiva.

Los resultados de la investigación revelan un panorama crítico respecto al cumplimiento administrativo de las regulaciones ambientales y la disponibilidad de información pública sobre la gestión ambiental.

De las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72% opera sin permisos de descarga residuales; 62% no cuenta con concesiones de agua; 55% no ha presentado, en los últimos 17 años, datos ante el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
(RETC); 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua; 38% no tiene información de evaluaciones de impacto ambiental autorizadas y 23% carece de información sobre sus depósitos de jales.

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El trabajo se concentra en la denominada Cartografía de las Operaciones Mineras en México, una base de datos espacial única en México que permite identificar con precisión cartográfica la superficie de la operación de cada mina en el país, distinguiendo la actividad minera.

^{Fuente: CartoCrítica, con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, Natural Resource Governance Institute, y PLANEAS-PRONACE Energía y Cambio Climático}

La investigación enfatiza la operación de 97 minas metálicas a cielo abierto y otras 152 minas subterráneas, “sin estar registradas en una base de datos oficial, en datos abiertos, capaz de distinguirlas, caracterizarlas espacialmente y, sobre todo, hacerles rendir cuentas públicamente de su producción o de su gestión ambiental”, indica un comunicado de los autores.

Opacidad

Cabe destacar que la única fuente de información oficial sobre la operación de grandes minas y las concesiones en México está a cargo de la Secretaría de Economía. “Sin embargo, esta información no identifica, ni permite conocer la producción, extensión, minerales, técnicas ni ninguna otra información sobre la magnitud de las actividades mineras que ocurren en el país. No distingue si están operando o si simplemente utilizan las concesiones como elemento para la especulación financiera, actividad alentada por la vigencia de cada concesión minera, que dura 50 años prorrogables por 50 más”, resaltan los autores de la investigación.

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Esto se suma al hecho de que la propia industria minera no comparte datos de manera pública ni desagregada, sobre la cantidad de minerales que extrae por cada mina, planta de beneficio o empresa. “Las empresas mineras tampoco reportan cuántas hectáreas forestales fueron convertidas a tajos a cielo abierto y presas de lixiviados; y mucho menos, la cantidad de agua que utilizó, cuánta fue contaminada en sus procesos, ni cuánto pagó por ella”, acusan las organizaciones.

Para los autores, el trabajo de identificar los proyectos mineros en operación es apenas el punto de inicio para conocer la gestión ambiental. “Si no sabemos cuántas grandes minas operan en el país, ¿podremos efectivamente conocer cuántas cumplen con sus obligaciones de gestión ambiental?”, cuestionan en comunicado en el que enfatizan los resultados a 31 años de vigencia de la ley minera en México.