Por Craig Murray

Llevo aquí una semana y creo haber asimilado lo suficiente como para intentar un pequeño análisis, a diferencia de las simples impresiones que di poco después de llegar.

Sin embargo, esas impresiones siguen siendo válidas: este no es un estado represivo. Estuve en el programa de Randy Credico en directo en WBAI Nueva York el viernes, y por casualidad mi amiga, la reconocida denunciante del FBI Colleen Rowley, también estaba desde Minnesota (donde me he alojado con Colleen y su esposo en su casa).

Les explicaba que, en una semana recorriendo Caracas, aún no había visto ningún retén, que nadie me había preguntado quién era, qué estaba haciendo ni me había impedido ir a ningún sitio, y que las tiendas, bares y restaurantes funcionaban con normalidad.

Colleen informó desde Minneapolis que había retenes por todas partes, que las calles estaban llenas de hombres fuertemente armados, que la gente era detenida, interrogada, solicitada documentación y desviada con frecuencia, y que muchas tiendas, bares y restaurantes estaban cerrados porque el personal tenía miedo de salir a la calle. Colleen está muy involucrada en el apoyo a los detenidos y en la entrega de suministros a quienes se refugian en sus hogares.

Recuérdenme de nuevo: ¿quién de nosotros está en una supuesta dictadura?

Quiero contarles un par de cosas para explicar Venezuela. Visité el mausoleo de Simón Bolívar, un hombre verdaderamente heroico. Ahora ha sido trasladado del Panteón venezolano principal a un mausoleo moderno, conectado y dedicado. El Panteón mismo contiene los restos de muchos de los héroes de la Guerra de Independencia de Venezuela y monumentos a todos ellos.

La Guerra de Independencia de Venezuela fue, por supuesto, en muchos aspectos similar a la guerra de Estados Unidos que recibió el mismo nombre. Fue una guerra entre las élites coloniales y sus amos metropolitanos. A diferencia de los fundadores de Estados Unidos, el propio Bolívar se oponía firmemente a la esclavitud, pero no así a muchos de sus aliados clave.

Así pues, el Panteón, tal como se concibió originalmente a finales del siglo XIX, estaba habitado casi en su totalidad por los restos y recuerdos de aquellas heroicas personas de ascendencia española que lucharon contra el control colonial de España. Este es el gran ideal fundacional de Venezuela.

Cuando Chávez y Maduro llegaron al poder, realizaron un cambio muy importante. Añadieron un monumento a los esclavos liberados que habían luchado contra los españoles. Posteriormente, Chávez y Maduro añadieron un monumento adicional: a los líderes de los nativos americanos que habían luchado contra la invasión española en primer lugar.

Esto causó indignación entre la derecha, furiosa porque la pureza del Panteón, el gran foco del nacionalismo venezolano, estaba siendo profanada con lo que consideraban fines políticos. Lo cual me lleva a una observación fundamental: la política en Venezuela es básicamente racial.

Estoy andando con pies de plomo, pero en 2019 publiqué esta entrada señalando el contraste entre las fotos de la oposición y las del gobierno. Los líderes de la derecha son básicamente más blancos. Simplemente así son.

Claro que la división no es absoluta, y existen excepciones individuales. Pero existe. La política en Venezuela está fuertemente basada en la clase, y en esta sociedad poscolonial es difícil separar la raza de la clase.

Lo que la oposición pretende es simplemente dar marcha atrás y restaurar el apartheid económico en Venezuela. Tuve una conversación muy interesante con Ricardo Vaz, de Venezuela Analysis. Él explicó cómo las políticas revolucionarias de Chávez habían incorporado al discurso político a personas que siempre habían sido ignoradas en una sociedad históricamente extremadamente desigual:

“Los gobernantes, ahora la oposición, se encontraron de repente con que su cocinero, su limpiador, su chofer e incluso su jardinero estaban aprendiendo a leer y escribir y empezando a tener ideas políticas. Esto no les gustó nada”.

Y siguen sin gustarles. No me es posible ahora mismo describir con exactitud qué sucedió en las elecciones de 2024. Es evidente que la oposición tuvo un desempeño relativamente bueno, aunque no creo en absoluto que obtuviera el 68% de los resultados. El mitin de cierre de Maduro contó con un millón de personas mientras que el de la oposición tuvo 50.000.

Para que el gobierno se mantenga en el poder contra la voluntad del 68% de la población, se requeriría un grado de represión estatal que simplemente no existe aquí. Hay muy poca vigilancia en comparación con los estados occidentales, y mucho menos con las dictaduras reconocidas. No hay policías ni milicias politizadas en las calles. No hay restricciones a la circulación y la convivencia.

Machado se ha desacreditado a sí misma, con la misma eficacia con la que ha desacreditado al Premio Nobel de la Paz. Otorgarle el premio a Trump la hizo parecer ingenua y suplicante, y elogiar el bombardeo de su propio país, que mató a sus conciudadanos, no ha sido bien recibido, ni siquiera por la oposición.

Pero ni siquiera eso la ha perjudicado tanto como su comentario ante el Comité del Premio Nobel de la Paz de que el 60% de los venezolanos están involucrados en el narcotráfico o la prostitución. Esto no es exactamente lo que dijo, pero se acerca bastante y molestó mucho a la gente de aquí:

Tenemos la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga que se han apoderado del 60% de nuestra población, y no solo del narcotráfico, sino también de la trata de personas y las redes de prostitución. Esto ha convertido a Venezuela en el centro del crimen organizado de América…

Lo que me lleva de nuevo a mis impresiones personales. Como quienes me siguen esperarían, he estado visitando asiduamente los bares de Caracas. He encontrado algunos muy bonitos: el Bar Juan Sebastián es uno de los más encantadores que he visto. Un diseño interior impresionante. Tomé estas fotos antes de que abriera una noche. Sirven mojitos incluso mejores que los que se pueden encontrar en La Habana.

¡Eso no es un espejo, son dos pianos de cola!

La cuestión es que ni en mi hotel, ni en ningún bar, ni en ninguna calle, he visto a una sola persona que pareciera ejercer como trabajadora sexual. Ni una sola, y quizás yo sea visto como un objetivo bastante típico. De igual manera, no he visto ninguna señal de abuso de narcóticos. En dos días en Salisbury investigando el bulo de Skripal, me impactó la cantidad de drogadictos evidentes que vimos en las calles. No hay nada parecido en Caracas.

Si bien entiendo que la acusación sea que Venezuela exporta narcóticos en lugar de consumirlos, siempre se ven focos de adicción alrededor de los puntos de producción y los nodos de tránsito. Simplemente no veo ninguna evidencia de que los clichés comunes sobre Venezuela y los venezolanos sean ciertos, y soy un observador experimentado y experimentado.

Las sanciones contra Venezuela no comenzaron después de las controvertidas elecciones de 2024; han sido aplicadas por las potencias occidentales prácticamente desde el inicio del experimento socialista de Chávez. La represión del socialismo en América Latina ha sido política estadounidense durante un siglo, y cuanto más éxito tenía Chávez, más Occidente buscaba reprimirlo. Francia se negó a proporcionar repuestos para los aviones Mirage de la fuerza aérea venezolana, e igualmente se negó a suministrar repuestos para los trenes del Metro.

Las reservas de oro y divisas del gobierno venezolano en el extranjero han sido simplemente robadas por gobiernos extranjeros, y el bloqueo de Venezuela del sistema de transferencias bancarias Swift durante un tiempo causó estragos. Sin embargo, esto ha impulsado a los BRICS a desarrollar una alternativa, no totalmente adoptada, no terminada, pero que funciona en Venezuela, que representa las existencias completas en los comercios y, en última instancia, podría representar un momento significativo en la economía internacional.

Lentamente, y sin quererlo, el Partido Socialista de Maduro se ha visto obligado, precisamente por el efecto paralizante de las sanciones, a dar más espacio al sector privado y a pasar de un modelo plenamente socialista a uno más socialdemócrata, aunque describir las reformas bajo Maduro como “neoliberales” es ridículo. En teoría, podría ser posible construir el socialismo en un solo país, pero si las principales potencias económicas unen fuerzas para destruirlo, se vuelve muy difícil.

Una narrativa peligrosamente simplista sobre lo sucedido en Venezuela se ha arraigado en Occidente, impulsada por Trump, la CIA y fuentes de Machado/Miami.

Según esta interpretación, la presidenta interina Delcy Rodríguez está en connivencia con Trump, traicionó a Maduro y bajó las defensas la noche de su secuestro, y ahora está instaurando políticas neoliberales, incluyendo una nueva ley petrolera que establece que solo Estados Unidos puede exportar petróleo venezolano y que los pagos se realizarán exclusivamente a través de Estados Unidos en Catar.

De hecho, esto no es cierto en absoluto. La nueva legislación petrolera de Venezuela no contiene disposiciones que prohíban las exportaciones de petróleo a China o Rusia ni que los pagos se canalicen a través de Estados Unidos. De hecho, la nueva ley petrolera establece una nueva base comercial para la operación del sector petrolero venezolano, con el mismo tipo de concesiones, licencias y regalías que se aplica a casi todos los demás productores de petróleo.

El punto clave es que la legislación se redactó durante el gobierno de Maduro, tras amplias consultas y debates. Llegó a la Asamblea para su primera lectura literalmente al día siguiente del secuestro de Maduro. Esto ya estaba programado, no fue consecuencia del secuestro. La idea de que Maduro se opuso a la legislación y que Rodríguez tuvo que deshacerse de él para aprobarla es un disparate.

La legislación no tiene relación con el actual secuestro por parte de Estados Unidos de la venta de petróleo venezolano. Esto se lleva a cabo mediante simple piratería. Trump decretó que solo dos empresas, Vitol y Trafigura, podrían cargar petróleo venezolano, y que estas empresas pagarían el petróleo a Estados Unidos a una cuenta especial en Qatar a nombre de Trump.

Este nuevo esquema se ha implementado mediante simple piratería. Todos los buques petroleros que transportaban petróleo venezolano que no eran propiedad de Vitol y Trafigura han sido incautados ilegalmente en el mar por la Armada de Estados Unidos, en ocasiones con la ayuda del gobierno del Reino Unido. Estados Unidos ha afirmado que Venezuela acepta este acuerdo. Eso no es cierto. O es cierto en el sentido de que un rehén retenido a punta de pistola acepta quedarse quieto, en lugar de recibir un disparo en la cabeza.

El gobierno venezolano simplemente no tiene la capacidad física para impedir que la Armada de Estados Unidos confisque petroleros.

Tampoco es cierto que el gobierno venezolano haya proporcionado a Estados Unidos información sobre petroleros no pertenecientes a Vitol ni a Trafigura y haya solicitado su interceptación. Obviamente, Estados Unidos podría obtener información sobre petroleros no autorizados de Vitol y Trafigura.

Trafigura ha figurado en mis escritos durante décadas como el arquetipo de corporación occidental extremadamente corrupta. Su historial de contaminación deliberada y corrupción en África es espantoso, incluyendo Angola y Costa de Marfil. Han estado frecuentemente involucradas en planes de la CIA para cambios de régimen.

Cómo Vitol y Trafigura llegaron a ser beneficiarios de un duopolio, y qué sobornos pudieron haber implicado, es otra cuestión. De hecho, este es el único ámbito de presión interna que ha obligado a Trump a dar marcha atrás, y el viernes pasado se anunció que el acuerdo se ampliará para incluir a más empresas.

Cabe destacar que el sistema no se inventó solo para Venezuela. Es casi idéntico al sistema impuesto a Irak tras su destrucción por Estados Unidos y sus aliados, con pagos por el petróleo iraquí hechos a Estados Unidos y un porcentaje devuelto al gobierno iraquí.

La diferencia radica en que los ingresos iraquíes se pagaron al Tesoro estadounidense, mientras que los fondos venezolanos van a una cuenta catarí bajo el control personal de Trump, fuera del alcance del Congreso. En su interpretación más caritativa, le proporciona un fondo ilícito masivo para implementar políticas al margen del marco legal estadounidense. Es como un caso de Irán-Contra a gran escala.

Reiteramos: Rodríguez no ha acordado nada de este acuerdo de venta y no está incluido en la nueva legislación venezolana sobre hidrocarburos en materia de concesiones y regalías. Se trata de dos cosas distintas que se confunden ampliamente.

La afirmación de que Delcy Rodríguez está de acuerdo tanto con el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa Cilia como con el robo de las ventas e ingresos petroleros venezolanos ha sido difundida deliberadamente por Estados Unidos y sus acólitos, a pesar de las furiosas negaciones de Delcy Rodríguez.

Si Rodríguez realmente fuera la mujer de confianza de Trump, alardear de ello la debilitaría fatalmente dentro de Venezuela y provocaría su caída, lo cual, obviamente, sería totalmente contraproducente si la afirmación fuera cierta.

Entonces, ¿por qué se difunde este rumor? Bueno, la razón obvia es precisamente debilitar a Rodríguez y desestabilizar al gobierno de Venezuela.

Pero quizás un factor más importante es la obsesiva necesidad de Trump de cantar victoria. Reunió una fuerza militar masiva frente a las costas de Venezuela y corría el riesgo de ser ridiculizado como el Gran Duque de York si simplemente se marchaba.

La captura de Maduro, de hecho, no ha cambiado nada en términos de política en Venezuela, pero ha proporcionado una operación espectacular que Trump puede proclamar como una victoria. En realidad, como demostración de las capacidades de la tecnología militar ofensiva de Estados Unidos, fue técnicamente impresionante.

Para que la destitución de Maduro se presente como un triunfo, Trump tiene que afirmar que Rodríguez es firmemente proestadounidense, aunque esto es claramente falso. Es simplemente una parte del desfile de triunfo, un componente esencial tanto del ego de Trump como de su método grandilocuente.

Lo que ahora les suceda a Maduro y Cilia, según esta interpretación, no es realmente relevante. La narrativa completamente falsa del inexistente Cártel de los Soles ya ha sido abandonada como parte de la acusación. En el mal llamado sistema de “justicia” estadounidense, cuentan con diversas acusaciones de testigos de diversas figuras dispuestas a firmar disparates contra Maduro como parte de un acuerdo de culpabilidad. Estas incluyen elementos destacados, de estilo rococó, que complacen a Trump, como el testimonio de que Maduro participó en el amaño de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020 en nombre de Biden.

Mi predicción es que Trump “indultará” a Maduro antes de que la fiscalía se vuelva demasiado absurda y lo presente como parte de su triunfo. Pero ¿quién puede predecir a un loco?

Ese es precisamente el enigma al que se enfrenta ahora Delcy Rodríguez. Se enfrenta a dos ecuaciones imponderables.

La primera ya era bastante difícil. Historiadores e ideólogos debatirán durante siglos si el chavismo podría haber tenido éxito económico con su programa socialista a ultranza si el mundo occidental no se hubiera empeñado en destruirlo con sanciones devastadoras. Lo que considero indiscutible es que las sanciones fueron tan devastadoras que causaron considerables penurias públicas e inflación masiva. Al mismo tiempo, el hecho mismo de que Venezuela no sea altamente dictatorial y que tanto Chávez como Maduro permitieran ampliamente el debate, la libertad de partidos políticos y medios de comunicación de oposición, y el funcionamiento de ONG financiadas por Occidente, significó que la población venezolana fuera bombardeada continuamente con propaganda occidental que culpaba a la Revolución Bolivariana de los problemas causados ​​por las sanciones.

Esto erosionó el apoyo al proyecto socialista, que, aunque aún intacto, se ha desmoronado marginalmente. El gobierno bolivariano se ha visto obligado a intentar mitigar los efectos de las sanciones que le robaron su propio capital y a buscar la eliminación de algunas sanciones, abriendo más espacio para la inversión y la operación capitalista en la economía, especialmente, pero no solo, en el sector petrolero.

En otras palabras, el gobierno se ha visto obligado a ceder terreno a Occidente, avanzando lentamente en el espectro del socialismo al socialdemócrata, mientras intenta mantener las enormes conquistas sociales de la revolución chavista.

Este es un ejercicio en el que el propio Nicolás Maduro participó plenamente. Creo que tanto Maduro como Rodríguez tienen la intención de retroceder gradualmente de la socialdemocracia hacia el socialismo con el tiempo, una vez que las presiones hayan disminuido. Se trata de un juego de estrategia, no de táctica.

A este cálculo, ya de por sí extremadamente delicado, se suma el factor extraordinario de Trump. Su disposición a simplemente matar a personas inocentes, a quebrantar el derecho internacional y a imponer su voluntad explotando la enorme ventaja militar de Estados Unidos sobre un país pequeño, cambió todas las reglas del juego.

La presión para acelerar los cambios y apaciguar a alguien que es claramente mentalmente inestable, la dificultad de comprender sus límites y verdaderos objetivos, es una experiencia insoportable cuando la vida y la muerte de venezolanos están en tus manos. La increíble grandilocuencia de Trump, sus descabelladas afirmaciones de que las tierras y el petróleo venezolanos son robados a Estados Unidos, escapan al ámbito de una negociación diplomática normal.

Delcy Rodríguez no está caminando por la cuerda floja, sino navegando por un túnel de Indiana Jones lleno de trampas.

Uno en el que Trump ha acertado es en su afirmación de que Machado no cuenta con el apoyo público para gobernar. Esto me parece indiscutible, y un intento de imponerla resultaría en una guerra civil. Esto, por supuesto, en sí mismo socava la afirmación de que el equipo de Machado ganó contundentemente las elecciones de 2024.

Mientras tanto, la vida en Venezuela continúa para la gente común. Tuve el gran placer de asistir a un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional el domingo. Fue un concierto muy logrado y el auditorio estaba lleno. El programa estaba compuesto íntegramente por compositores venezolanos, y yo nunca había escuchado esa música. El poema sinfónico inicial de Juan Bautista Plaza estaría a la altura del repertorio europeo sin ruborizarse.

No me disculpo por compartir con ustedes pequeños fragmentos de la vida cotidiana, porque la imagen que nos han dado de Venezuela está tan extraña y enormemente distorsionada que requiere múltiples correcciones.

Chávez instituyó un programa de educación musical para niños de clase trabajadora que se convirtió en la envidia del mundo de la música clásica, conocido simplemente como El Sistema. Se podrían encontrar ejemplos mucho más desgarradores de sanciones occidentales, como la atención médica. Pero como ejemplo de la cruel absurdidad del régimen de sanciones, la orquesta juvenil de Venezuela tiene dificultades para conseguir artículos básicos —cuerdas, cañas, púas— debido a las sanciones.

Llevarle cuerdas de violín a un niño debería estar cometiendo un delito en Estados Unidos. Que esto sea un testimonio de lo absurdo de usar las sanciones para aplastar el espíritu humano.

Soy muy consciente de que aún no he salido de Caracas y de las limitaciones de mi experiencia hasta ahora. Pero ya me impresiona la gran ventaja de estar aquí frente a comentaristas occidentales que veo a diario, incluso con buenas intenciones, equivocarse por completo. Los grandes medios de comunicación, por supuesto, producen una narrativa completamente falsa como política.

Me complace anunciar que hoy nuestro nuevo videógrafo y editor comienzan a trabajar y podremos ofrecerles contenido de video. También espero hoy finalizar el alquiler de una oficina/estudio.

Ahora tenemos una campaña de financiación colectiva para informar sobre Venezuela. Simplemente he editado la campaña de financiación colectiva libanesa de GoFundMe, porque tardó muchas semanas en aprobarse y no quiero pasar por todo eso de nuevo. Así que su base de partida son las 35.000 libras que recaudamos y gastamos en el Líbano.

Agradezco mucho haber estado simultáneamente recaudando fondos para luchar contra el gobierno del Reino Unido en los tribunales escoceses por la prohibición de Palestine Action. Luchamos contra fuerzas con fondos ilimitados. Solo podemos tener éxito si repartimos la carga. El 98% de quienes leen mis artículos nunca contribuyen económicamente. Este sería un buen momento para cambiar eso. Son las suscripciones básicas a mi blog las que me han traído a Venezuela, y siguen siendo la base de todo mi trabajo.

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Hermanos y hermanas de México y del mundo; medios de comunicación cuyos principios de verdad y objetividad siempre les han acompañado y que hoy se encuentran aquí. Les vamos a compartir un poco de nuestra palabra y pensamiento, porque aunque las razones por las que una persona o comunidad llega al límite y grita ya basta son evidentes, seguiremos priorizando la razón y la palabra, esperando llegar a los oídos de quienes por fin puedan decidir terminar con la guerra y la muerte que recorre cada rincón del mundo y particularmente, al estado de Guerrero.

A más de 500 años de la guerra de exterminio que los malos gobiernos han impulsado contra los pueblos originarios, seguimos en resistencia. Si sobrevivimos a las campañas de exterminio de los españoles, de los gobiernos posteriores a la independencia, al porfiriato y al desprecio, explotación y represión que se mantuvo durante todo el siglo XX, fue por la lucha y resistencia, de otro modo, los originarios estaríamos extintos. La misma lucha y resistencia que Lucio Cabañas y Genaro Vázquez dieron contra los caciques y malos gobiernos, por la defensa del pueblo, por mejorar nuestras condiciones de vida; el legado que dejaron en nuestra memoria lo hemos sostenido en la práctica las organizaciones que hoy nos articulamos, quizás desde trincheras distintas, con modos distintos, pero siempre con la mira en aquellos que dieron su vida por la liberación de los pueblos y con el horizonte de un mundo mejor para nuestras comunidades, para las niñas, niños, abuelas, abuelos, para las mujeres y hombres que habitamos estas tierras Rebeldes del estado de Guerrero.

Y es que si nuestra historia es de resistencia, la historia de quienes gobiernan este país es de traidores y mentirosos; es la historia de los vendepatrias, la historia de aquellos que usaron al pueblo en todos los procesos históricos para llegar al poder y ya estando ahí, patearon al pueblo que puso su confianza en ellos; eso hicieron quienes firmaron el acta de independencia para llegar al poder; lo mismo que Francisco I Madero cuando traicionó a los campesinos del país y en particular al Ejército Libertador del Sur y al general Emiliano Zapata, Madero volteó las armas en su contra cuando llegó a la presidencia; eso hicieron los gobiernos priistas que por más de 70 años estuvieron en el poder a base de promesas para el pueblo, pero entregándole solo represión y desprecio. Eso hace hoy el gobierno de la 4T, que aprovechando el control de los medios de comunicación nacionales y el púlpito de las mañaneras, pretende crear una realidad con base en repeticiones diarias sobre lo bien que va el país, dando voz sólo a quienes son afines a su gobierno, ocultando las realidades de nuestro México y de nuestro estado de Guerrero. Y entonces por ejemplo, cuando en la mañanera mañosamente alguno de esos reporteros inscritos en la nómina del gobierno federal le pregunta a Sheinbaum por el estado de Chiapas, Sheinbaum responde que ya se comunicó con el Gobernador Ramírez Aguilar y que dice que todo va bien y que si hay críticas, deben ser mentiras de la oposición.

Lo mismo si se pregunta por el estado de Sonora, Guanajuato, Veracruz, Michoacán y demás estados del país; la respuesta es la misma“el gobierno sí trabaja, las críticas son de la oposición y no pasa nada”.

Nuestro estado de Guerrero no se salva de dicho fenómeno; Evelyn Salgado responde a nombre de todos los guerrerenses. Tal como si conociera las realidades diversas del estado, levanta la voz, se indigna, responde con velocidad y seguridad en las entrevistas, sonríe a las cámaras, termina la entrevista o conferencia, se cierra el tema, de vuelta a lo mismo; ella a su vida cómoda, el pueblo de Guerrero por el que habló, al dolor y la muerte, de vuelta a su soledad, porque todo eso que dice la gobernadora es solo mentira, simulación, una escenificación muy elocuente para las redes, pero no para la realidad. Ni ella ni ningún gobierno representa la voz ni los intereses del pueblo, al contrario, están con los empresarios que saquean los recursos del pueblo, con los banqueros que roban el dinero de los trabajadores, con los grupos narco-paramilitares que matan y extorsionan al pueblo.

En nuestro estado se cobra derecho de piso en muchas comunidades; los presidentes municipales y las fiscalías están compradas o trabajan directamente con la delincuencia organizada, ahí están los Ardillos, delincuentes con la protección de la familia Celso Ortega, que hoy son parte del gobierno de Morena.

En nuestro estado, se secuestra, tortura y asesina sin que intervenga ninguna autoridad, cada muerte pasa de largo, no hay investigación, no hay verdad ni justicia, nuestros muertos son irrelevantes para el poder.

En nuestro estado hay comunidades desplazadas y el gobierno de Evelyn Salgado dice que es por conflictos entre comunidades, intercomunitarios le llaman y es todo, no se hace más.

En nuestro estado, quienes luchan por la defensa de la vida y el territorio son asesinados, ahí está el caso de Bruno Plácido Valerio, Marco Suástegui, Adán Linares, Guillermo Morales y cientos de casos más.

En nuestro estado se fabrican delitos o órdenes de aprehensión que hoy tienen tras las rejas a muchos compañeros, sólo por defenderse de la delincuencia organizada.

En fin, nuestra mirada la hemos compartido en muchas ocasiones: hemos dicho ya que mientras allá arriba continúan con su simulación, acá abajo se resiente la realidad, nuestro pueblo de Guerrero se encuentra controlado por el crimen organizado. Vivimos entre la violencia diaria con cobro de piso, extorsiones, desapariciones, feminicidios y amenazas. Nuestra gente tiene que abandonar sus casas y migrar, no hay trabajo, hay mucha pobreza y nadie nos protege. Todos los días asesinan a transportistas, periodistas, defensores del pueblo y del territorio, a policías comunitarios, a funcionarios y a cualquier ciudadano. Aquí ya no hay seguridad ni justicia, solo violencia e impunidad. Seguimos viendo como grupos del crimen organizado como ‘Los Ardillos’ siguen operando, robando recursos municipales, controlando diputados, policías, ministeriales y expandiendo su terror, desplazando y sometiendo a más y más pueblos. Por más de treinta años han operado en la montaña baja y zona centro de nuestro estado con total impunidad. Controlando a los municipios de Tixtla, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo, Atlixtac, Jose Joaquín de Herrera, Acatepec, Quechultenango, Juan R. Escudero, Tecoanapa, Acapulco entre otros.

Entonces, frente al abandono que vivimos históricamente, por ya varios años hemos dado siempre paso a la palabra, nos hemos sentado con las autoridades, hablamos con el presidente López obrador y con decenas de funcionarios, pero resulta que hacen valer muy bien la herencia de traiciones que les preceden. Es por eso que aquí estamos, Policías Ciudadanos, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, la Unión Popular de Organizaciones del Estado de Guerrero, organizaciones que coincidimos en la necesidad de organizarnos y defender la vida y el territorio. No podemos permitir que los caminos por los que caminan nuestros hijos e hijas, caminen los grupos delincuenciales que los levantan, los desaparecen, los asesinan ¿estamos mal al tomar la decisión de articularnos por la vida de nuestras comunidades? ¿no nos asiste la razón al ser evidente que si no hacemos algo por nosotros y nosotras, el gobierno no lo hará?

Se supone que el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones graves a derechos humanos cometidas contra nuestras comunidades, así como respetar y no criminalizar, sancionar y desmantelar nuestras formas legítimas de organización comunitaria y de defensa del territorio. Por eso denunciamos que la omisión, impunidad y complicidad de las autoridades frente a la violencia del crimen organizado constituyen una violación sistemática y estructural a nuestros derechos colectivos a la vida, integridad personal, territorio, seguridad, libre determinación y acceso a la justicia, generando un contexto de riesgo y violencia permanente y desplazamiento forzado.

Pero de nada sirve decir que las autoridades no sirven, que el Estado es una suplantación del pueblo que le hace creer que no necesita organizarse porque ya existe quién le puede garantizar sus derechos y hacer valer las leyes bajo las que se rige un país. No sirve decirlo porque ya lo hemos dicho muchas veces y las cosas siguen igual. Por esa razón hoy tomamos nuestro destino en nuestras manos y enfrentaremos a quienes nos han atemorizado y asesinado en los últimos años y construiremos el mundo que queremos para todas y todos.

Y nuevamente hacemos el llamado al pueblo de Guerrero, a los jóvenes, mujeres y hombres, madres y padres, abuelas y abuelos; campesinos y campesinas, pescadores, estudiantes, comerciantes, periodistas, transportistas, ganaderos, empresarios, maestr@s, artesan@s, trabajadores, autoridades comunales, ejidales y comisari@s, académic@s, sacerdotes, médic@s, enfermer@s, comunidades indígenas y afromexicanas, colectivos y organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, madres y padres buscadores, desplazados y familiares de víctimas, al pueblo todo, a encontrarnos y a caminar juntos por la defensa de la vida y de nuestras comunidades. Los llamamos a estar juntos y juntas en esta lucha común por la vida, porque nosotras y nosotros somos ustedes.

¡JUSTICIA POR LOS 13 ASESINADOS EN EL CORTIJO!

¡JUSTICIA PARA BRUNO PLÁCIDO VALERIO!

¡QUE VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN Y RESISTEN!

¡VIVA LA POLICÍA COMUNITARIA DE LOS PUEBLOS FUNDADORES!

¡QUE VIVA LA POLICÍA CIUDADANA!

¡VIVA LA UPOEG!

¡VIVA EL CIPOG EZ!

¡VIVA EL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!

¡QUE VIVA LA ORGANIZACIÓN Y LA RESISTENCIA!

ATENTAMENTE:

 Policías Ciudadanos, Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, Unión Popular de Organizaciones del Estado de Guerrero,

AYUTLA DE LOS LIBRES A 30 DE ENERO DE 2026.

30 DE ENERO DE 2026

¡ALERTA URGENTE!

La mañana del día de hoy 30 de enero de 2026, nos reunimos con las Policías Ciudadanas, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero en calidad de observadores y defensores derechos humanos acompañados de autoridades comunitarias para atender las demandas de los desplazados y familiares de víctimas y nos dirigimos a la comunidad del Terrero comunidad atacada por los ardillos desde hace 6 años de donde fueron desplazadas más de 300 personas. Llegando a la comunidad de La Estrella Guerrero, municipio de Tecoanapa, fuimos agredidos con armas de alto poder, logramos repeler el ataque y avanzar, pero más adelante, en Rancho Viejo, fuimos emboscados por los ardillos y atacados con drones y armas de alto poder. En la movilización se encuentran 3 observadores de DDHH de la Misión Civil de Observación-Sexta y Promotores integrados al Mecanismo Federal de Protección. Los ataques se prolongaron desde las 11 de la mañana y hasta el momento continúan.

Dejamos muy claro que para esta acción de acompañamiento a los habitantes del Terrero, solicitamos el acompañamiento de la Guardia Nacional, así como de otros elementos de seguridad del Estado, pero no se presentaron, fue hasta hasta las 5 de la tarde que salimos de la zona de riesgo que nos encontramos con el ejército y la Marina, a pesar de tener conocimiento de los desplazados y del nivel de riesgo de la movilización. Por lo que responsabilizamos al Estado de cualquier situación que pueda suceder en contra de nuestras vidas.

Los últimos 10 años, hemos venido denunciando al grupo narco-paramilitar los ardillos, creado por la familia Ortega Jiménez, siendo Bernardo Ortega su máximo líder y parte de la clase política del estado de Guerrero que junto a sus hermanos Celso e Iván Ortega, controlan a este grupo delincuencial que opera con total impunidad por sus vínculos políticos que se se han extendido y enraizado en todos los cargos públicos de municipios completos del estado. Entre presidentes y presidentas municipales, fiscales, policías estatales y municipales, operan con toda libertad en el estado, asesinando, desplazando, descuartizando y cometiendo vilezas tales como la ocurrida aquel año de 2020 cuando le prendieron fuego a 10 músicos que como la mayor parte de la población, iban a trabajar para llevar el alimento a casa. Los asesinos son los ardillos, criminales relacionados con la clase política, que cobran derecho de piso, extorsionan, secuestran. A pesar de lo anterior, el Estado ha sido omiso, ha ignorado el dolor de los pueblos.

Su expansión no es sólo a nivel de influencias entre la clase política y las corporaciones de “justicia”, sino territorial. En los últimos años han desplazado a cientos de pueblos y comunidades y ocurre el mismo fenómeno hasta la fecha, no hay autoridad ni corporación del Estado que les ponga un alto. Es por lo anterior que nosotros como pueblos en Resistencia dijimos ¡YA BASTA! El pasado 22 de enero nos articulamos con las Policías Ciudadanas, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero y decidimos luchar en común con otras organizaciones y recuperar los territorios que los ardillos han ocupado ¿Tenemos el derecho a tomar la justicia en nuestras manos cuando la única salida que nos ofrece el Estado es la muerte?

Nos pide el mal gobierno prudencia y no violencia, cuando lo nuestro es solo una respuesta desesperada al desprecio con el que nos trata. Nosotros le hemos pedido justicia, le hemos pedido que haga su trabajo pero nuestra palabra solo se encuentra con oídos sordos.

Les pedimos hermanos y hermanas de México y del mundo que puedan estar atentos a la situación y que exijan en la medida de sus posibilidades y desde sus geografías al mal gobierno de México que pare la guerra en nuestros territorios. Nosotros aquí seguimos y no nos rendimos.

Atentamente:

Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata.

Tonalá, Chiapas, a 28 de enero de 2026

Boletín de Denuncia Pública No. 01-2026

Criminalización de familias en Arriaga y Pijijiapan  por parte de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec  y el Corredor Interoceánico

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. manifiesta su enérgica condena y  profunda preocupación ante la denuncia penal interpuesta por Ferrocarriles del Istmo  de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte  (SCIT) en contra de familias de los municipios de Arriaga y Pijijiapan, Chiapas, por el  presunto delito de invasión de bienes nacionales, tipificado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra tres mujeres del municipio de Pijijiapan, así como cuatro mujeres y un hombre del municipio de Arriaga, con el objetivo de exigir la entrega del derecho de vía ferroviaria, lo que constituye un acto de criminalización contra población civil en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres, en el contexto de la implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Denunciamos que el uso del derecho penal como herramienta para resolver conflictos territoriales, sociales o administrativos representa una medida extrema, desproporcionada y contraria a los principios del Estado de Derecho, pudiendo derivar en violaciones graves a derechos humanos, incluyendo:

• El derecho al debido proceso legal (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

• El derecho a la presunción de inocencia (artículo 20 constitucional).

• El derecho a la vivienda adecuada (artículo 4 constitucional y artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

• El derecho a la propiedad, posesión y seguridad jurídica (artículos 14, 16 y 27 constitucionales).

• El derecho a no ser objeto de hostigamiento, intimidación ni persecución arbitraria (artículos 1 y 22 constitucionales).

• El derecho a la igualdad y no discriminación, particularmente por razón de género y condición socioeconómica (artículo 1 constitucional y Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW).

Advertimos que estos hechos podrían configurar un patrón de criminalización de la pobreza, al utilizar el sistema penal para presionar, intimidar y desplazar a familias en situación de vulnerabilidad, lo cual contraviene los principios de proporcionalidad,  mínima intervención penal y justicia social.

El Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, tiene la obligación constitucional e internacional de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos,  conforme al artículo 1 constitucional, así como a los tratados internacionales ratificados por México.

En este sentido, Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT), Secretaria de Comunicaciones Infraestructura y Transporte (SCIT) y las autoridades federales involucradas tienen la responsabilidad directa de garantizar que cualquier acción relacionada con el derecho de vía ferroviaria se realice sin recurrir a la criminalización, priorizando mecanismos administrativos, diálogo social, mediación y soluciones integrales.

Asimismo, recordamos que los desalojos forzosos sin garantías procesales, sin consulta previa, sin alternativas de reubicación digna y sin reparación del daño constituyen violaciones graves a derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estos hechos se inscriben en un contexto más amplio de implementación de megaproyectos federales, en el cual diversas comunidades han denunciado la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, así como riesgos de despojo territorial, desplazamiento forzado, ruptura del tejido comunitario y afectaciones a medios de vida.

Recordamos que la consulta previa es un derecho vinculante, reconocido por el Convenio 169 de la OIT, la Constitución mexicana y la jurisprudencia interamericana, por lo que ningún proyecto de infraestructura puede imponerse mediante la coerción penal.

Ante la gravedad de los hechos, exigimos:

1. El cese inmediato de la criminalización y persecución penal contra las familias de Arriaga y Pijijiapan.

2. La revisión exhaustiva y eventual desestimación de las denuncias penales por parte de la Fiscalía General de la República, al tratarse de un conflicto de carácter social, administrativo y territorial.

3. La garantía plena del debido proceso, la presunción de inocencia y la integridad personal de las personas denunciadas.

4. La apertura inmediata de un mecanismo de diálogo interinstitucional, con participación efectiva de las familias afectadas, organismos de derechos humanos y autoridades competentes.

5. La suspensión de cualquier intento de desalojo o recuperación coercitiva del derecho de vía, mientras no existan condiciones legales, sociales y humanitarias adecuadas.

6. La implementación de medidas de protección contra actos de intimidación, hostigamiento o represalias.

7. La adopción de políticas públicas que privilegien la justicia social, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición.

Hacemos un llamado urgente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), organismos internacionales, medios de comunicación, colectivos sociales y a la sociedad civil, para que den seguimiento a este caso, visibilicen los riesgos y contribuyan a la prevención de violaciones graves a derechos humanos.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.

Tonalá, Chiapas

Pronunciamiento de grupos, colectivos y personas, desde los distintos rincones en resistencia y rebeldía en el mundo.
POR LA VIDA Y LA DIGNIDAD DEL PUEBLO DE IRÁN

Vivimos una tormenta. No es nueva ni pasajera. Es la tormenta del capitalismo, del imperialismo, del patriarcado y de los Estados que administran la muerte mientras hablan de orden, estabilidad o seguridad. En esa tormenta, los de arriba se disputan territorios, recursos y poder; los de abajo ponen los cuerpos, las vidas, el miedo y la esperanza.

En Irán, hoy, esa tormenta golpea con especial crudeza. El pueblo iraní se ha vuelto a movilizar contra el régimen de la República Islámica que no ha dudado en llevar a cabo una represión violenta contra quienes salen a las calles. Estas movilizaciones no son un hecho aislado ni una reacción momentánea: son el resultado acumulado de décadas de opresión política, explotación económica, violencia patriarcal, represión sistemática y negación de derechos. Son luchas que nacen desde abajo, desde la vida cotidiana asfixiada, desde quienes ya no pueden ni quieren seguir sobreviviendo en silencio.

Arriba, los gobiernos y las potencias miden la situación en clave geopolítica. Calculan ventajas, equilibrios regionales, rutas energéticas, alianzas convenientes. Arriba, el crimen se normaliza, se justifica o se oculta con discursos de “estabilidad”, “seguridad” o “realismo político”. Arriba, incluso quienes se presentan como enemigos del régimen iraní no dudan en legitimar la masacre, cuando esta sirve a sus intereses.

Abajo, en cambio, el pueblo iraní lucha por la vida.

Abajo están las mujeres que desafían cotidianamente el control patriarcal.

Abajo están las y los trabajadores empobrecidos por políticas neoliberales.

Abajo están las disidencias sexuales, las minorías religiosas, los pueblos oprimidos, quienes habitan las periferias golpeadas por la crisis del agua, de la vivienda y del empleo.

Abajo están quienes han salido a las calles una y otra vez, muchas veces con las manos vacías, sin organizaciones amplias —destruidas por la represión— y aun así han avanzado más lejos que cualquier oposición institucional.

Denunciamos con firmeza la manipulación externa de estas protestas. Ninguna potencia extranjera, ningún gobierno del norte global, ningún proyecto imperial tiene derecho a usar el sufrimiento del pueblo iraní como ficha en su tablero. Esa instrumentalización no solo tergiversa las luchas reales, sino que pone en mayor peligro a quienes resisten, al convertirlos en pretexto para una represión aún más brutal.

Reafirmamos el derecho inalienable de los pueblos a la autodeterminación. La libertad no se exporta ni se negocia entre Estados. Ninguna intervención imperial ha traído jamás justicia ni dignidad a los pueblos que dice “liberar”. Lo sabemos por la historia, y lo confirman una y otra vez las ruinas que dejan a su paso.

Hay quienes, desde fuera, miran hacia arriba y no hacia abajo: quienes justifican al régimen iraní en nombre de un supuesto antiimperialismo, ignorando que ese mismo régimen aplica contra su pueblo lógicas de ocupación, apartheid, saqueo y neoliberalismo; y quienes promueven alternativas reaccionarias, autoritarias y dependientes, que prometen salvación mientras reproducen la dominación.

Son falsos binarismos. Arriba contra arriba. Poder contra poder. Abajo queda el pueblo, atrapado entre dos fuerzas que se dicen opuestas, pero actúan alineadas.

Nuestra posición es clara: no estamos con los gobiernos, estamos con los pueblos. No con los Estados, sino con quienes resisten. No con las élites, sino con quienes luchan por vivir.

Hoy, mientras el pueblo iraní enfrenta el corte de comunicaciones, el estado de sitio y la militarización de la vida cotidiana, hacemos un llamado a escuchar las advertencias de nuestros compañeros zapatistas: la tormenta es global; quien crea que no le toca, que no va con él o con ella, se equivoca. Frente a esta tormenta, no hay salvadores ni soluciones desde arriba. Lo que hay es la posibilidad —urgente— de unir las luchas de abajo, de reconocernos en el destino compartido de quienes resisten al capital, al imperialismo y a todas las formas de dominación.

Extendemos nuestra mano al pueblo iraní.

No para tutelarlo.

No para hablar por él.

Sino para decir: no están solos.

Porque la lucha en Irán es también la lucha por la vida en todas partes. Y porque sólo desde abajo, juntas y juntos, podremos enfrentar la tormenta e imaginar el día después.

Para añadir su firma, escribir a declaracion.iran@gmail.com

Firmas:

Ejército Zapatista de Liberación Nacional – EZLN             
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Αντιεξουσιαστική Κίνηση – Antiauthoritarian Movement. Greece
Acción Alternativa para la Calidad de Vida. Grecia
Alerta Feminista. Francia
Ambasada Rog, Ljubljana. Eslovenia
AmericaSol 12, Aveyron. France
Antiavtoritarna platforma. Eslovenia
Antsetik Ts’unun
Asamblea Libertaria Autoorganizada Paliacate Zapatista. Grecia
Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio. México
Asociación Cultural Ambiental de la península de Mani. Grecia
Asociación mexicana para la cooperación en Chiapas AMECOCH
Assemblea No Guerra, Palermo. Italia
Associazione Jambo. Italia
Associazione Ya Basta! Milano. Italia
Ateneo Libertario – Milano. Italia
Autogestione in Movimento-Fuorimercato. Italia
Batec Zapatista, Barcelona, Catalunya
Brigada Ricardo Flores Magón, La Paz, B.C.Sur, México
Cafe Libertad Kollektiv. Alemania
Cafè Rebeldía-Infoespai, Barcelona, Catalunya
CafeZ. Bélgica
Caracoleras De Olba, Teruel. Estado Español
Carea. Alemania
Carovane Migranti. Italia
Casa dei Popoli, Genova. Italia
Casa Madiba Network, Rimini. Italia
Casa Ojalá کاسا اوخالا. / México
Centro de Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ). Estado Español
Centro studi per l’Autogestione. Italia
Circolo Libertario «Emiliano Zapata», Pordenone. Italia
Citizens Summons, Bonn. Alemania
Colectivo Abya Yala. Mallorca
Colectivo Armadillo Suomi. Finlandia
Colectivo Calendario Zapatista. Grecia
Colectivo La Insurgente, Jobel. Chiapas
Colectivo Zapatista de Lugano. Suiza
Collettivo UtopiA di Marigliano, Napoli. Italia
Comitato Chiapas «Maribel» – Bergamo. Italia
Comitato di Base No Muos – Palermo. Italia
Comitato piazza Carlo Giuliani. Italia
Comité de mujeres Chiapas-Kurdistán
Comité de Solidaridad con Kurdistán-CDMX
Comunidad Okupa de Prosfygika, Atenas. Grecia
Confederación General del Trabajo (CGT). Estado Español
Confederazione sindacale nazionale USI 1912. Italia
Cooperazione Rebelde Napoli. Italia
Coro Libertario «La Rojinegra». Departamento Hautes-Pyrénées 65. Francia
CSA Intifada Empoli. Italia
CSPCL, Paris. Francia
de:criminalize e.V.
El Grupo de La Puerta, Puebla/CDMX
El Tekpatl periódico crítico y de combate.
Empleados de la Cooperativa VIO.ME, Tesalónica. Grecia
Espacio de Lucha contra el olvido y la represión (Elcor)
Federazione Anarchica Siciliana
Feminists for Jina
Frankfurt International. Alemania
Frente de Acción por Palestina Gudar-Javalambre, Teruel. Estado Español
Gemeinsame Kämpfen – Feministische Organisierung für Selbstbestimmung und Demokratische Autonomie
Geo-grafías Conunitarias, Puebla. México
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs.
Grupo Tlali Nantli
Gruppe B.A.S.T.A. Münster. Alemania
Gruppo Anarchico Bakunin – FAI Roma e Lazio
Ibili fundazioa, País Vasco
Iniziativa Libertaria – Pordenone/Italy
Instituto Cultural Autónomo Rubén Jaramillo Ménez
Interventionistische Linke (iL). Alemania
Kolectivo Txiapasekin. País Vasco.
Komite Internazionalistak, Ermua. Pais Vasco
La Vida, zapatisticni krožek, Ljubljana. Eslovenia
Laboratorio Popular de Medios Libres
Lumaltik Herriak. País Vasco
Lxs Hijxs del Maíz Pinto, Tlaxcala
Mexicogruppen IF. Dinamarca
Mexiko-Solidarität Österreich. Alemania
Mujeres y disidencias de la Sexta en la otra Europa y Abya Yala
Mujeres y la Sexta – Abya Yala
München International. Deutschland
Murga Los Quijotes de la Fuente Viva
Mut Vitz 13, Marsella. Francia
Mut Vitz 31 Toulouse. Francia
Nodo de Derechos Humanos (NODHO) – México
Nodo Solidale Roma/México
Ökumenische Büro für Frieden und Gerechtigkeit e.V.
Partito della Rifondazione Comunista – Federazione di Genova
Periódico La Flor, In Xóchitl In Cuicatl
Publicaciones de l@s Extranjer@s, Tesalonica. Grecia
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes
Radio Zapatista Sudcaliforniana, La Paz, Baja California Sur, México
Raíces en resistencia, Tlatelolco, Ciudad de México
Red de Resistencia y Disidencia Sexual y de Género
Red de Resistencias y Rebeldias AJMAQ
Red de Solidaridad con Chiapas. Buenos Aires – Argentina
Red Sindical Internacional de Solidaridad y de luchas. África, las Américas, Europa y Medio Oriente
Red Universitaria Anticapitalista – México
Red Ya-Basta-Netz (Alemania)
Redazione di Comune
Resistencias Enlazando Dignidad – Movimiento y Corazón Zapatista
Revista Viento Sur (Estado Español)
Sicilia Libertaria – Giornale Anarchico
SICILIEZAPATISTE Sicilia, Italia
Solidaritätskomitee Mexiko-Salzburg, Alemania.
Solidarité avec les Travailleurs en Iran – SSTI
Tatawelo. Italia
Tejiendo Organización Revolucionaria – TOR. México
Terra Insumisa Alcamo/Sicilia Sud Globale, Sizilien, Italia
Unión de Sindicatos Solidaires, Francia
Unión Popular Apizaquense Democrática Independiente (UPADI)
Vendaval, cooperativa panadera y algo más, CDMX.
Void Network. Atenas, Londres, Nueva York, Río de Janeiro.
Y Retiemble! Madrid
Ya Basta! Êdî bese! (Noreste de Italia)
20zln. Italia

Figuras públicas

Bernard Duterme. Centre tricontinental – CETRI
Carlos Taibo, Madrid.
Diego Enrique Osorno, periodista y director de cine, México
Jaime Pastor, redactor de la Revista Viento Sur. Estado Español
Luciana Kaplan, directora de cine, productora y guionista.
Márgara Millán, Red de feminismos descoloniales, México
Miguel Urbán, ex-eurodiputado y miembro de Anticapitalistas. Estado Español
Orly Noi (Mojgan), Periodista y traductor, Luchadora por los derechos humanos (Jerusalén, Israel)
Oscar Olivera, Luchador social por el agua y vida (Cochabamba, Bolivia)
Raúl Zibechi. Periodista. Uruguay
Valentina Leduc. Documentalista independiente. México.

Personales

Areti Potsiou, Grecia
Asma-Esmeralda AbdAllah-Alvarez Ramírez
Azize Aslan, Kurdistán-México
Blanca Estrella Ruiz
Carlos Andrade
Carmen Diaz Aranda Luque
Clara Ferri
Claudia Mora. Suiza
Claudio García Ehrenfeld, Investigador y docente. Instituto de Investigaciones Filológicas. UNAM
Danièle Jumet – Belgique (Belgica)
Diana Itzu Luna
Eirini Koumparouli, Grecia
Elisa Berdini
Francisca Urias Hermosillo
Giorgos Moschos, Grecia
José Agustín Maldonado Loyola
Lotte Heinl.
Lydia L. Lorenz (Grecia)
Michelle Solano
Mimma Grillo, Siciliezapatiste, Italia
Nantik Meche, Chiapas, México.
Nesar Mohammadi, de Irán desde CDMX
Nikolaos Koutsias, Grecia
Nofret Berenice Hernández Vilchis
Pepe Mejía. Periodista. Madrid. Estado Español
Silvana Rabinovich, UNAM, México
Sonja Santiana Cruz, Sicóloga, Alemania/Ecuador

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA

A LA EUROPA INSUMISA

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES

A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN SEXTA

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES

AL PUEBLO DE GUERRERO

AL PUEBLO DE MÉXICO Y DEL MUNDO

27 de enero de  2026.

Hermanos y hermanas, la guerra que se despliega por el mundo es la misma que se vive en México. A los muertos que se cuentan por miles, se suman nuestros muertos. En este nuevo reparto mundial y reconfiguración territorial, el capitalismo golpea con más violencia para apropiarse de todo, aunque para esto tenga que pasar por encima de la simulación que el mismo capitalismo afirma que existe: la soberanía de los Estados nación, las leyes nacionales e internacionales, los derechos humanos, de las minorías, de los pueblos originarios, de las mujeres y las infancias. Ni soberanía, ni leyes, ni respeto por la vida en ninguna de sus formas, todo es ganancia a cualquier costo; las máscaras se caen y el capitalismo se muestra tal cual, es la guerra y la muerte contra la humanidad y contra la vida.

En el estado de Guerrero los asesinatos son parte de la vida diaria, el Estado no existe como representación de la voluntad popular y las leyes son letra muerta. Desde hace ya muchos años nuestro estado está gobernado por los capitalistas, sean las empresas mineras que saquean los bienes naturales o sean los grupos delincuenciales que envenenan a nuestros jóvenes y atemorizan a toda la población; el estado simula existir para guardar la apariencia de ser una parte más de un país en orden, con progreso y desarrollo ¡vaya mentira! Entonces podemos ver la fotografía de la presidentA, Claudia Sheinbaum con la gobernadora del estado de Guerrero Evelyn Salgado, terminan el desayuno, ambas sonriendo, se abrazan, posan, mientras el país sigue creciendo sus fosas clandestinas, mientras las madres buscadoras mantienen las esperanza de encontrar a sus hijos con vida cavando los cerros y montañas, mientras las fronteras se llenan de criminales que desplazan a pueblos enteros, sean los criminales de los cárteles o sean los criminales del mundo, Donald Trump y sus secuaces que con beneplácito y burla miran como tienen a la clase política del mundo de rodillas, incluyendo a la mexicana.

Mientras allá arriba continúan con su simulación, acá abajo se resiente la realidad, nuestro pueblo de Guerrero se encuentra controlado por el crimen organizado. Vivimos entre la violencia diaria con cobro de piso, extorsiones, desapariciones, feminicidios y amenazas. Nuestra gente tiene que abandonar sus casas y migrar, no hay trabajo, hay mucha pobreza y nadie nos protege. Todos los días asesinan a transportistas, periodistas, defensores del pueblo y del territorio, a policías comunitarios, a funcionarios y a cualquier ciudadano. Aquí ya no hay seguridad ni justicia, solo violencia e impunidad. Mientras allá arriba sonríen como si nada pasara, acá abajo hemos bloqueado, marchado, dialogado, firmado convenios que nunca se han cumplido por el gobierno del estado de Guerrero pero todo sigue igual. Seguimos viendo como grupos del crimen organizado como ‘Los Ardillos’ siguen operando, robando recursos municipales, controlando diputados, policías, ministeriales y expandiendo su terror, desplazando y sometiendo a más y más pueblos. Por más de treinta años han operado en la montaña baja y zona centro de nuestro estado con total impunidad. Controlando a los municipios de Tixtla, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo, Atlixtac, Jose Joaquín de Herrera, Acatepec, Quechultenango, Juan R. Escudero, Tecoanapa, Acapulco entre otros.

Mientras arriba se debaten entre qué ropa van a usar para el desayuno y la foto con la presidentA, aquí abajo nos preguntamos ¿qué destino queda para nosotros? ¿a caso tendremos que aceptar la muerte por hambre, por las balas del crimen, por enfermedad a falta de hospitales, que nuestros hijos e hijas en algún momento de sus vidas sean desaparecidos, ser desplazados por la violencia, ser extorsionados y pagar el cobro de piso? ¿no tenemos el derecho de querer vivir dignamente? ¿no es correcto a caso luchar por la defensa de la vida y el territorio?

Es por lo anterior que tomamos la decisión de articularnos con otras personas de buen corazón, para defender la vida y el territorio, porque desde hace muchos años decidimos gritar ¡YA BASTA! Porque no toleramos la mentira de los malos gobiernos, que cada sexenio prometen que todo será mejor pero sus palabras solo contienen mentiras. Decidimos articularnos con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), porque la violencia que se vive hoy, se va a triplicar en nuestro estado, tal como lo vemos en el mundo entero. Aunque cada organización mantiene sus principios y organización propias, esta coordinación es por la seguridad y la vida de nuestras comunidades, hoy más que nunca toca encontrarnos en la diferencia, porque las balas que matan no distinguen de qué organización eres, a qué pueblo perteneces, cuál es tu profesión, las balas que disparan los delincuentes y que el Estado solo mira pasar, siguen arrebatando la vida de nuestros jóvenes, de comerciantes, indígenas, mujeres.

Es por esto que llamamos al pueblo de Guerrero, a los jóvenes, mujeres y hombres, madres y padres, abuelas y abuelos; campesinos y campesinas, pescadores, estudiantes, comerciantes, periodistas, transportistas, ganaderos, empresarios, maestr@s, artesan@s, trabajadores, autoridades comunales, ejidales y comisari@s, académic@s, sacerdotes, médic@s, enfermer@s, comunidades indígenas y afromexicanas, colectivos y organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, madres y padres buscadores, desplazados y familiares de víctimas, al pueblo todo, a encontrarnos y a caminar juntos por la defensa de la vida y de nuestras comunidades. A denunciar a este mal gobierno que solo habla mientras los grupos delincuenciales operan con absoluta impunidad en todo nuestro estado. Los llamamos a estar juntos y juntas en esta lucha común por la vida.

Nosotros no somos los generadores de violencia, los culpables son quienes la han permitido crecer en nuestros pueblos y municipios, apoderándose y corrompiendo a funcionarios, policías, ministeriales y fiscales. Es decir, la violencia existe en cada funcionario público, como Francisco Rodríguez Cisneros, que cuando denunciamos o nos manifestamos, en vez de actuar y desmantelar a estos grupos criminales, voltean a descalificarnos, llamándonos “generadores de violencia” y permite que los grupos criminales se sigan expandiendo y multiplicando.

Una cosa le pedimos a este mal gobierno al menos desde hace 8 años: desmantelar a los grupos del crimen organizado y demostrar con acciones que realmente ha llegado el cambio con la Cuarta Transformación. Que nos demuestre al pueblo de Guerrero que no son los mismos delincuentes del PRI, del PRD o del PAN. Pero no pueden demostrar nada, porque son los mismos. Hoy están más preocupados por el mundial de futbol 2026 que se jugará en el país del asesino Donald Trump, en Canadá-patio-de-enfrente y en México-patio-trasero; les preocupa mucho que vayamos a la Ciudad de México a manifestarnos, volantear, bloquear, boicotear o cualquier acción que afecte el desarrollo del mundial, pero ¿no les interesa que nos maten?

Nuestras demandas están en sus escritorios desde hace muchos años: seguridad, justicia, desarticulación de los grupos delincuenciales desde los funcionarios públicos, justicia para nuestros asesinados, libertad a nuestros presos políticos y el respeto a la autodeterminación, autonomía, libre organización y sistemas normativos propios de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos, así como el pleno reconocimiento de nuestras autoridades comunitarias y mecanismos de seguridad comunitaria. Su respuesta ha sido el desprecio y el respaldo a los grupos criminales, por eso actuamos.

De nuestra parte lo decimos con mucha claridad, estamos obligados, por el amor a nuestro pueblo y territorio, a defender nuestras vidas, las de nuestras familias, hijos e hijas, y a ejercer nuestro derecho como pueblos indígenas y afromexicanos, reconocido en la Constitución mexicana y en convenios internacionales, a organizarnos a través de nuestras asambleas comunitarias en defensa de la vida, la seguridad, nuestra madre tierra y el desarrollo integral de nuestros pueblos. Pero como parte de la vida que habita este planeta, tenemos el deber de luchar por la vida y por la defensa del territorio y eso haremos, esto somos, estamos convencidos y lo defenderemos hasta la muerte.

No nos rendimos, no nos vendemos, no claudicamos.

Atentamente:

Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata

JUSTICIA Y LIBERTAD PARA NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS DE LA COMUNIDAD DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN

A nuestras hermanas y hermanos del pueblo mazateco de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca,

A la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón.

A los pueblos de México y del mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde.

Como pocas comunidades originarias en este país, la comunidad mazateca, y también municipio, de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, ha vivido en los últimos años la guerra de exterminio y la represión masiva del Estado mexicano en toda su intensidad, por la simple razón de defender lo que le resulta sagrado: su autonomía para gobernarse por sí misma de acuerdo con sus formas de organización propias; y su territorio, particularmente el Río Xangá Ndá Ge; un río en peligro de morir debido a la brutal explotación de los materiales pétreos que se guardan en su lecho por parte del cacique local Manuel Zepeda Cortés, expresidente municipal de Eloxochitlán, y su hija Elisa Zepeda Lagunas, actual diputada local por Morena y protegida del gobernador Salomón Jara Cruz.

Eloxochitlán es una comunidad que sufre la violencia de estado por defender su libertad y su corazón: el Río Xangá Ndá Ge que con sus brazos abiertos da la vida al pueblo mazateco.

Históricamente la comunidad de Eloxochitlán, heredera de la milenaria rebeldía de mujeres y hombres como los hermanos Flores Magón, ha resistido contra la imposición de familias caciquiles por parte de intereses externos con el propósito de controlar políticamente y despojar a dicha comunidad. Así las cosas, desde el año 2011 la comunidad sostiene la lucha y la denuncia contra la extracción de materiales pétreos del Río Xangá Ndá Ge, un brazo del gran Río Petlapa, a manos del cacique local Manuel Zepeda Cortés y su hija, la diputada Elisa Zepeda Lagunas.

El 14 de diciembre de 2014, durante una asamblea para la renovación anual del Alcalde, un cargo tradicional encargado de regular cuestiones de posesión y uso de la tierra, se suscitó un enfrentamiento armado provocado por el grupo caciquil de Manuel Zepeda Cortés con la finalidad de reprimir y desarticular la organización comunitaria que había resistido los embates constantes del caciquismo. En este hecho resultaron heridas de bala seis personas de la Asamblea Comunitaria; asimismo, Manuel Zepeda Lagunas, hijo del cacique, fue aprehendido por portación de arma de fuego y entregado a la agencia del Ministerio Público. Al día siguiente, el Procurador General de Oaxaca anunció el fallecimiento del detenido, mismo que se encontraba bajo custodia del Ministerio Público; hasta la fecha, las condiciones de su fallecimiento no han sido esclarecidas, por otro lado, la balacera quedó en total impunidad.

A raíz de lo ocurrido, el Ministerio Público acusó injustamente de homicidio y tentativa de homicidio a 36 integrantes de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán y desde diciembre de 2014, y más de 50 hermanos y hermanas de la comunidad se les acusó con cuatro procesos penales indistintamente, han vivido la represión estatal a partir de la fabricación de diversos delitos de alto impacto y han vivido prisión política, desplazamiento forzado, persecución, tortura, detenciones arbitrarias, y violencia contra mujeres, niñas y niños.

Valientemente, las mujeres de la comunidad tomaron la decisión de enfrentar la criminalización a través de distintas acciones legales acompañadas de movilización y de la solidaridad de hombres y mujeres de buen corazón. De este modo han ido ganando la libertad de sus presos políticos y el retorno de varias familias desplazadas; logrando las últimas liberaciones, tras más de 9 años de prisión preventiva, en junio del año 2024.

A más de una década de lucha, la comunidad enfrenta la utilización del sistema judicial como instrumento de tortura, para mantenerla en persecución pese a haber ganado la mayoría de las libertades en todos sus procesos; como ejemplos están las revocaciones ilegales que hace el Tribunal Superior de Oaxaca, respecto de libertades que cuentan con antecedentes ganados en instancias más altas, la anteposición de cuestiones administrativas de parte de algunos jueces de Boca del Río, Veracruz, para evadir estudios de fondo en los juicios de amparo, en lugar de resolver sobre la ilegalidad de la persecución; en suma, la omisión del Poder Judicial de la Federación para terminar con la criminalización de Eloxochitlán.

Actualmente sus exigencias son las siguientes:

La libertad absolutoria para Miguel Ángel Peralta Betanzos, defensor comunitario sentenciado injustamente a 50 años de prisión y actualmente exiliado de su comunidad. El último recurso legal disponible para recuperar su libertad está por resolverse.

Amparo ya y el regreso en libertad a su comunidad, tras más de diez años de desplazamiento forzado, de 14 compañeros y sus familias: Ranulfo Vidauria, Jaime Vidauria, Artemio Vidauria, Jacob Betanzos, Lucio Rosales, Rogelio López, Wilfrido Salazar, Jorge Betanzos, Rubén Cerqueda, Francisco Jorge Betanzos, Carlos Pachecho, Omar Hugo Morales, Isaías Gallardo y Braulio Cerqueda.

Amparo ya y la cancelación de las órdenes de aprehensión existentes en contra de las compañeras Martha, Alicia, Brígida, Eusebia, Hilda, Teresa y Refugia; y de 200 órdenes de aprehensión en contra de 56 comuneros que alevosamente fueron reactivadas en marzo de este año.

Cierre de los procesos penales y la libertad sin condiciones de Hermino Monfil, Jaime Betanzos, Fernando Gavito, Francisco Durán y Alfredo Bolaños, quienes siguen sujetos a proceso en el juzgado de Huautla de Jiménez.

Justicia para David Peralta, fotoperiodista comunitario agredido el 3 de abril de 2025 por el cacique Manuel Zepeda, por documentar la devastación ambiental provocada al Río Xangá Ndá Ge.

Alto a la destrucción y extracción de materiales pétreos del Río Xangá Ndá Ge y protección de la Madre Tierra.

Hermanas y hermanos pertenecientes a la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán:

Nosotros como ustedes, somos pueblos originarios que nacimos, al igual que nuestros padres y abuelos, en estas tierras acosadas desde hace muchos siglos por la violenta ambición del poderoso. Hoy somos ustedes en su tierna y amorosa lucha por cuidar de su corazón, el Río Xangá Ndá Ge; hoy nos reconocemos en ustedes y en su firme resistencia a la guerra de exterminio que nos hacen los capitalistas; en su inquebrantable decisión por cuidar de la Tierra y de la vida.

Hoy somos ustedes en ese dolor que los atenaza, pero sobre todo, somos ustedes en la terca rebeldía que los lleva a pelear por su libertad y la de su pueblo. En su digna lucha se representan las luchas de todos nuestros pueblos contra el olvido, contra la opresión y contra la maldad de los capitalistas y sus capataces.

Exigimos justicia y la inmediata libertad incondicional de nuestras hermanas y hermanos pertenecientes a la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón, el retorno de las familias desplazadas y de los exiliados y que se ponga fin a la extracción de materiales pétreos del Río Xangá Ndá Ge.

Llamamos a los pueblos originarios, a las comunidades en resistencia y a la sociedad consciente a levantar la voz emitiendo comunicados, haciendo acciones, murales, ceremonias y palabras que exijan justicia. En la libertad de nuestros hermanos y hermanas de Eloxochitlán y en el cuidado de su territorio, esta guardada la esperanza de un mundo nuevo, donde el capital no gobierne, donde la vida valga más que el dinero y donde los pueblos florezcamos libres.

Seguirá siendo la fuerza de los pueblos la que arranque la libertad de nuestros presos, la que sostenga la dignidad ante esta guerra de exterminio y exija justicia a cada momento. Abrazamos a nuestros hermanos y hermanas que luchan y resisten incansablemente por la libertad, la justicia, la vida y el cuidado de Nuestra Madre Tierra.

ATENTAMENTE

ENERO DE 2026

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Reunidos en la plaza principal de San Mateo Ozolco, pueblo originario nahuatl de los volcanes, la comunidad de San Mateo Ozolco, acuerpados y unidos con las comunidades de San Pedro Yanhuitlalpan, San Nicolas de los Ranchos, San Lucas Atzala, San Andrés Calpan, Nealtican, Santa María Acuexcomac, Santa María Zacatepec, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, San Rafael Comac, San Bernardino Tlaxcalancingo, todas de la región cholulteca y de los volcanes, así como también acuerpados por la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, los compañeros de la comunidad otomi residente en la ciudad de México del Congreso Nacional Indígena, de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, así como individuos, estudiantes, organizaciones y colectivos de la ciudad de Puebla y compañeros de la región Libres Oriental.

Nos hemos encontrado primero para pedir perdón a la montaña, a la Madre Tierra, por no haberla defendido antes, más a tiempo, pedirle perdón por haberla explotado, hecho daño, y le hemos prometido que la vamos a cuidar y defender.

En el Encuentro escuchamos y conocimos las necesidades y dolores de Ozolco y lo que los amenaza, con la tala de árboles que estaba realizando un descendiente de hacendados de apellido Aizpuru y de la necesidad de estar pendiente del bosque y defenderlo todas y todos.

El bosque es nuestra bendición, el patrimonio que nos deja la madre naturaleza, nuestras abuelas y abuelos, debemos cuidarlo y defenderlo, y aunque también lo aprovechamos, es a pequeña escala y con el ramaje o árboles viejos, porque cada arbol tarda en llegar a su altura en 50 años y tiene de vida otros 50 o 60 años más que sigue creciendo a los lados, nosotros sembramos hoy un árbol en nuestro bosque y mañana cuando seamos viejos, apenas lo vamos a ver jóven.

Hasta ahora la tala no autorizada por el pueblo de Ozolco se mantiene detenida y el pueblo estará atento de que así se mantenga hasta que se cancele. Y también sabemos y lo vivimos que la defensa del bosque no es solo no dejar cortar, sino ver las enfermedades del bosque, apagar las chamusquizas, correr a cazadores, respetar el ciclo de reforestación propio del bosque y reforestar, vigilarlo.

Vimos la actitud nuevamente negativa de la presidenta auxiliar que fue con polícias armados a reclamar porque no se le había notificado del evento, cuando no quiso recibir previamente el documento de notificación de la comunidad y también al municipio se le notificó y se le pidió notificara a la Presidenta también, sin embargo la Presidenta hizo uso de la policia municipal de Calpan para amedrentar a los organizadores del evento de la comunidad y a los pueblos invitados.

Escuchamos los problemas del agua que tienen los pueblos de Nealtican, Santa María Acuexcomac y Xoxtla, que ya conocemos porque somos comunidades vecinas y estamos conscientes de la injusticia que viven por el saqueo del agua para la ciudad de Puebla y el incumplimiento del Gobierno de los Acuerdos que tuvieron con las comunidades en 1994 y 1997, del intercambio de presos por el agua que le hicieron a Nealtican y de la problemática del basurero y la basura, de las aguas negras en San Lucas Atzala y que el gobierno no hace nada por ayudarnos y defendernos a los pueblos ante privados que quieren explotar el bosque y el agua.

Escuchamos de la lucha contra el gasoducto en la faldas del volcán Popocatépetl y del asesinato del compañero defensor Samir Flores Soberanes, una gran persona del Estado de Morelos que fue asesinado para que se pudieran terminar los trabajos del Proyecto Integral Morelos y muriera la organización, pero que la organización no murió porque Samir vive ahora más en los pueblos y se van a realizar las Jornadas en su memoria y por la autodeterminación de los pueblos del 19 al 22 de febrero a los cuales nos invitaron a participar.

Escuchamos de la criminalización a los carboneros de nuestros pueblos, como en San Pedro Yancuitlalpan. Es el colmo que a los pueblos los quieren meter a la carcel por aprovechar unas ramas de su bosque, pero a los extranjeros les dejan talar arboles sanos igual de 100 años de edad, que de 50, 20 o 10, como la familia Aizpuru. Los permisos del gobierno son pura continuidad de privilegios, no protegen, ni regulan nada.

En el Encuentro nos preguntamos: ¿Cómo obtuvo la propiedad ese tal Aizpuru? ¿Quién se la vendió? Y vemos que nadie le vendió la tierra a la familia Aizpuru, el ahora descendiente de los hacendados, viene heredando lo “que quedo” de la Hacienda Buenavista, hacienda que tenía tomada las tierras y aguas de los pueblos originarios en la conquista, pero que en la revolución mexicana, se le recogió para darle la tierra a sus legítimos dueños, pero no todo se recogió y se repartió. En Ozolco y la región de las montañas Iztacihuatl y Popocatépetl hay una deuda de justicia y de tierra.

Nos preguntamos: ¿Si la revolución fue para desaparecer la hacienda, porque el gobierno no recogió toda la Hacienda Buenavista a los Aizpuru y se la dio a los pueblos, como debería de ser? Hoy tenemos problemas con ellos porque no respetan el bosque, lo ven como mercancía y para el pueblo ha sido un sitio sagrado desde nuestros abuelos y abuelas.

Después de escuchar los testimonios de algunos de los pueblos invitados, nos acercamos mas y nos preguntamos también: ¿Quién gobierna y manda en nuestros pueblos? Y dijimos que los pueblos, pero luego reflexionamos y vimos que los que realmente gobiernan o deciden, son las autoridades, los caciques y hasta el crimen organizado en muchas partes de nuestro país y que no debe ser así, que el pueblo es el que debe mandar. Y al preguntarnos ¿Cómo nos organizamos para defender el bosque, el agua y la vida? Vemos que con educación a nuestros hijos, buscando la unión del pueblo para defender y la unión con otros pueblos.

Por lo que el ACUERDO GENERAL de esta ASAMBLEA ES NI UN ARBOL MAS, NI UN POZO PROFUNDO MÁS y que vamos a estar unidos para hacer valer esa ley de los pueblos, que es una ley para preservar la vida.

Que se respete la dinámica de los pueblos que han sabido cuidar y aprovechar el bosque, así como el agua. Siempre reflexionando el pueblo y siendo autocrítico de su actuar.

Estaremos acompañandonos en nuestras luchas y estaremos presente en la Asamblea del 30 aniversario del Congreso Nacional Indígena.

Nos volveremos a encontrar los pueblos de la región Izta-Popo e invitados el próximo 12 de abril en San Lucas Atzala para seguir conformando una unión de ejidos y comunidades de la región de las montañas Iztacihuatl y Popocatépetl.

San Mateo Ozolco a 25 de enero de 2026

Fuente: Avispa

^{Foto de portada: Francisco De Parres Gómez}

^{por Jan Blažek}

En entrevista con el antropólogo y comunicador mexicano, Francisco De Parres Gómez, se analizan las agresiones contra el zapatismo no como hechos aislados, sino engranajes clave del despliegue de los megaproyectos y de la disputa por el control territorial, en lo que denomina como un “Triángulo del despojo”, entre violencia estatal, permisibilidad del crimen organizado y debilitamiento paulatino del tejido comunitario: Frente a ello, las comunidades resisten desde las artes vinculadas a la política.

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¿Qué nos dice el sexenio de AMLO sobre los límites del progresismo frente a los movimientos autónomos?

Podemos pensar como ha analizado Raúl Zibechi sobre otros contextos latinoamericanos, que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a demostrar que los llamados gobiernos progresistas no necesariamente representan un terreno más favorable para los movimientos sociales, vemos casos como los de Gabriel Boric en Chile o Rafael Correo en Ecuador, por mencionar algunos; en muchos casos, incluso, los confrontan con mayor dureza que los gobiernos abiertamente conservadores. MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional, partido político en el poder) no se constituyó como un espacio plural donde cupieran las diferencias políticas, territoriales y culturales del país, sino como un proyecto que redujo la diversidad a una noción abstracta de ciudadanía, funcional al orden colonial existente. Aunque México reconoce oficialmente la existencia de 68 pueblos originarios, durante este periodo no se desarrollaron políticas públicas diferenciadas que atendieran las realidades específicas de las comunidades indígenas ni de la población afrodescendiente en sus distintos territorios y necesidades.

A lo largo de su gobierno se consolidó una forma de relación con los pueblos basada en la espectacularización y la folklorización de sus luchas, ejemplo de ello es la entrega del bastón de mando en la toma de posesión presidencial. Las demandas históricas fueron convertidas en símbolos vaciados de contenido político, lo que derivó en una apropiación discursiva de consignas zapatistas como el “Mandar Obedeciendo” y en un retorno a prácticas clásicas del indigenismo de Estado. Mientras se construía una narrativa de cercanía con “el pueblo”, en los hechos se descalificó y minimizó al zapatismo, pero también a otros actores incómodos: el movimiento feminista, las madres y padres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, periodistas críticos, universitarios que buscan sus derechos, y poblaciones migrantes que denunciaban la violencia estructural.

En términos estructurales, el legado del obradorismo no significó una ruptura con el neoliberalismo, sino su profundización bajo nuevas formas adaptativas del Estado a las lógicas globales. Se promovió la corporativización de múltiples movimientos sociales y se debilitó el tejido comunitario a través de programas que individualizaron el acceso a los recursos públicos, mismo caso por ejemplo del gobierno de Lula da Silva en Brasil. Iniciativas como Sembrando Vida fueron rebautizadas irónicamente en muchas comunidades como “sembrando envidia” o “sembrando latas”, debido a que los apoyos no se redistribuían colectivamente, generaban conflictos internos y, en algunos casos, se vincularon más con la devastación ambiental que con la reforestación. Algo similar ocurrió con Jóvenes Construyendo el Futuro, que en ciertos territorios se asoció a procesos de precarización, alcoholismo y consumo de drogas, sin atender las causas profundas de la exclusión social.

A pesar de haber prometido el regreso del Ejército a los cuarteles incluso como una de sus banderas de campaña, el sexenio de AMLO se caracterizó por una expansión inédita del presupuesto militar y por la normalización de una policía de corte castrense desplegada en todo el país. Si bien el presidente intentó modificar algunas dinámicas del régimen político, quedó claro que las transformaciones de fondo no pueden emanar de la Presidencia cuando el Estado mismo opera como una estructura neocolonial. Los cambios reales, como han insistido los pueblos en resistencia, solo pueden construirse desde abajo: desde las comunidades, los barrios y los territorios organizados, muestra de ello son las comunidades zapatistas, el pueblo kurdo constantemente atacado y como el pueblo más grande del mundo sin Estado, o las comunidades mapuche que luchan por defender la Patagonia en contra de los intereses inmobiliarios sionistas o de familias como la Benetton que concentra alrededor de un millón de hectáreas en la región.

A esto se suma un modelo de gobernabilidad sustentado en la administración del conflicto social. En lugar de entablar diálogos horizontales con las organizaciones, el gobierno optó por mecanismos de negociación desiguales, procesos de cooptación de lideranzas y políticas asistencialistas que fragmentaron luchas colectivas de larga duración. Bajo el discurso de la llamada “Cuarta Transformación”, no se desmontaron las estructuras heredadas del neoliberalismo; por el contrario, se reforzaron y legitimaron mediante una retórica progresista que terminó reproduciendo el mismo orden que decía cuestionar, ya que a pesar de haber una redistribución del gasto público, el modelo de acumulación propio del capitalismo se mantuvo.

En ese contexto, el zapatismo ha seguido a lo largo de por lo menos siete sexenios como una de las voces más incómodas para el poder. Su insistencia en la autonomía, la autogestión y la crítica frontal al Estado puso en evidencia los límites del proyecto obradorista. Frente a ello, AMLO optó por caricaturizar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), acusarlo de frenar el progreso o invisibilizar sus aportes, antes que reconocer que en los Caracoles como territorios autónomos, se han construido experiencias concretas de vida comunitaria, dignidad y organización colectiva. El saldo final de su sexenio no es la superación del neoliberalismo, sino la confirmación de que incluso un Estado autodenominado progresista sigue funcionando como un dispositivo colonial que asfixia a los movimientos cuando estos desbordan los márgenes de control institucional y plantean otras formas de existencia.

¿Cómo interpretas el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum frente al zapatismo, considerando que ha declarado una relación de “respeto”, pero también su compromiso con el proyecto de MORENA? ¿Estamos ante una simple continuidad del obradorismo?

Lamentablemente, todo indica que el escenario puede ser incluso más adverso. Por primera vez en la historia de México, el poder ejecutivo adopta la figura de una mujer con formación científica y un discurso ilustrado, pero ese cambio de rostro no implica una ruptura con las estructuras profundas del poder. Aunque Sheinbaum se presenta como una presidenta progresista, su proyecto no cuestiona el modelo de acumulación capitalista ni la noción de “desarrollo” que lo sostiene. En los hechos, su administración apunta a una profundización del militarismo y del neoliberalismo, sin intención alguna de desmontar las bases económicas y políticas que producen desigualdad y despojo.

El discurso oficial insiste en la inclusión y el respeto, pero en la práctica se consolida la militarización del país y la convivencia estructural entre el Estado, la corrupción por más que se ha dicho combatir y el crimen organizado. La apropiación de consignas y frases del zapatismo puede generar la impresión de que los movimientos sociales han alcanzado el poder, cuando en realidad se observa una continuidad del extractivismo, del control territorial y de la subordinación de las comunidades. En lugar de fortalecer sistemas públicos de salud y educación, se priorizan dispositivos de control estatal, como la Clave Única de Registro de Población con datos biométricos, que operan más como herramientas de vigilancia que como garantías efectivas de derechos, significando así el avance más aún hacia sociedades de control.

Como ocurrió con el gobierno anterior, es necesario situar a Sheinbaum en una coyuntura histórica y geopolítica más amplia. El mundo atraviesa una reconfiguración profunda marcada por múltiples crisis —climática, financiera, bélica— frente a las cuales el orden imperial responde intensificando la violencia y administrando la muerte para sostener la acumulación capitalista, lo más reciente de ello es el intervencionismo estadounidense que secuestró a Nicolás Maduro en Venezuela, las amenazas a Petro o los intereses neocoloniales sobre Groenlandia. El Subcomandante Galeano (antes Marcos) lo expresó con claridad brutal: la guerra que hoy arrasa Gaza no es un fenómeno distante, sino un anticipo de lo que puede extenderse a otros territorios si no se modifica el rumbo civilizatorio. El mensaje es que es cuestión de tiempo para que los misiles caigan sobre nuestras casas.

Frente a ese panorama, el zapatismo plantea una alternativa radicalmente distinta. No un internacionalismo de Estados y fronteras o desde la figura obrera como motor de la lucha de clases, sino un internacionalismo tejido desde abajo, entre pueblos y resistencias diversas que defienden la vida frente a la necropolítica. La “Travesía por la Vida” de 2021 es un ejemplo contundente: al recorrer 19 países europeos, los zapatistas se encontraron con el pueblo Sami, colectivos okupas, anarquistas, sindicatos, trabajadoras sexuales y personas migrantes, demostrando que su lucha no es local ni folclórica, sino una propuesta que se puede universalizar en clave de dignidad y autonomía.

Lo más preocupante del proyecto de Sheinbaum es que, bajo una retórica de cambio y con un rostro progresista femenino, puede reforzar la ilusión de que las transformaciones profundas son posibles desde el aparato estatal, no obstante, la experiencia histórica muestra que ninguna estructura colonial puede convertirse en herramienta de emancipación. Todo apunta a una gestión de la crisis que no altera sus causas: más megaproyectos, mayor deuda ecológica y una expansión del aparato militar como garantía de “orden” y “progreso”. La trampa es doble: mientras se invoca el feminismo o los derechos humanos, se intensifica el control social y se reprimen las disidencias que desbordan los márgenes del poder.

Por eso, frente a la continuidad neocolonial maquillada con un rostro femenino, el zapatismo vuelve a colocar una lección fundamental: las alternativas reales no surgirán de arriba ni de los procesos electorales o las urnas, sino desde abajo y a la izquierda, desde los territorios que se niegan a ser gobernados por la lógica del capital. Ahí reside el contraste decisivo: mientras el Estado perfecciona sus mecanismos de vigilancia y militarización, los pueblos siguen construyendo, en silencio y con persistencia, caminos de autonomía y de vida.

Al analizar el proyecto político de MORENA y el gobierno de Claudia Sheinbaum, resulta inevitable hablar de los megaproyectos, en particular del Tren Maya. ¿De qué manera impactan estos proyectos en las comunidades zapatistas?

El mal llamado Tren Maya no puede entenderse como una obra aislada ni como un simple proyecto de infraestructura turística. Forma parte de una transformación territorial de largo aliento que viene reconfigurando el país desde hace años. Pablo González Casanova advertía que México podía llegar a fragmentarse como ocurrió con la antigua Yugoeslavia, y hoy esa advertencia se materializa en un modelo de desarrollo regional orientado a insertar los territorios en los circuitos del capital transnacional. En el norte se concentra la acumulación financiera; en el centro, el Proyecto Integral Morelos garantiza energía para la industria; y en el sureste, el Corredor Interoceánico articula Oaxaca y Veracruz como eje de circulación de mercancías, función similar a la que hace ahora el Canal de Panamá. En ese esquema, el Tren Maya funciona como el engranaje turístico de una operación mayor: una suerte de parque temático donde los pueblos originarios son exhibidos como folclor, al ejemplo de Xcaret, mientras se les arrebata el control sobre sus territorios y sus formas de vida.

Como señaló en su momento el Subcomandante Marcos, la expansión del capital no ocurre de manera neutral, sino a través de ciclos de destrucción, desploblamiento, reconstrucción y repoblamiento, ahí tenemos los videos realizados con Inteligencia Artificial que muestran a Donald Trump e Elon Musk con el proyecto hotelero y de resorts de primer mundo en la franja de Gaza. Primero se arrasan los territorios en su dimensión material y cultural; después, las comunidades son desplazadas o precarizadas en forma de etnocidio, y en su lugar desembarcan las corporaciones acompañadas por el aparato legal, la presencia militar y el crimen organizado. En México tenemos ejemplos históricos de ello como en Acapulco, en Los Cabos o en Baja California. A esta ofensiva se suman dinámicas de disciplinamiento social como la trata de personas y la esclavitud sexual, el tráfico de drogas y el alcoholismo, que erosionan deliberadamente el tejido comunitario. Solo entonces el capital instala su modelo: turismo masivo, resorts, maquilas, campos de golf.

El Tren Maya no es más que la avanzada visible de este proceso de devastación, una política que mercantiliza la vida y convierte la cultura en espectáculo, o lo que eufemísticamente se empeñan en llamar “Polos de Desarrollo”. No es casual que la propia Claudia Sheinbaum haya afirmado que se trata apenas del comienzo y que vendrán muchos proyectos similares, incluyendo trenes.

Desde esta perspectiva, las comunidades zapatistas, aunque no todas se encuentren directamente sobre el trazo del tren, se saben en el centro del riesgo debido a la colindancia. Lo que está en disputa no es únicamente una vía férrea, sino la imposición de un modelo civilizatorio incompatible con la autonomía indígena. El zapatismo, al defender la tierra como madre y no como mercancía, se convierte en un obstáculo central para quienes buscan transformar el sureste en una plataforma de negocios globales. Por eso, la oposición al Tren Maya rebasa la crítica a una obra específica o al gobierno en turno: es una confrontación directa con la necropolítica que convierte regiones enteras en territorios de sacrificio al servicio del capital.

¿Podemos centrarnos ahora en la situación de seguridad en Chiapas? ¿Hemos sido testigos de ataques directos del Estado en el territorio zapatista durante los mandatos de Obrador o Sheinbaum?

En los últimos meses se documentó un despojo violento contra el Poblado Autónomo Zapatista Belén, en la región campesina del Caracol 8 “La Luz que Resplandece al Mundo” (Dolores Hidalgo, Ocosingo). La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) denunció que, desde abril de 2025, se han ejecutado incursiones en las que participaron grupos civiles acompañados por el Ejército federal, la Guardia Nacional, la Policía Municipal de Ocosingo y la Fiscalía estatal, bajo el disfraz de un “conflicto agrario”. En los operativos se reportaron quema de casas, robos y el despojo documentado en redes oficiales. Es clave: las tierras ya habían sido indemnizadas por el Estado tras 1994 y hoy se trabajan en común por comunidades zapatistas y no zapatistas; incluso, cerca se levanta un quirófano autogestivo de acceso comunitario. Posteriormente hubo una otra incursión represiva con presencia militar en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum (la primera, en abril de 2025, con detención ilegal de dos bases de apoyo, liberadas por presión social). Todo ello confirma un cerco estatal de facto sobre el territorio autónomo.

A la par, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció estrategias de cercamiento y despojo en Belén: al menos 13 bases de apoyo desplazadas forzadamente y afectaciones a campesinos no zapatistas que participan en la Milpa Común. La finalidad señalada por Frayba es convertir territorio recuperado en “tierra privada”, en un contexto de militarización (incluidas las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal – FRIP o “pakales”, cuerpo de élite estatal con múltiples señalamientos por abusos). Esto se suma a un escenario de violencias superpuestas (enfrentamientos, trata, desplazamientos, desapariciones). No es un hecho aislado: es contrainsurgencia que busca romper el común y las autonomías.

Sabemos, por ejemplo, que el gobierno ha realizado fotogrametría aérea para el reconocimiento de las comunidades autónomas en Chiapas, lo que constituye una práctica de control territorial disfrazada de monitoreo técnico. De las filtraciones reveladas por Guacamaya Leaks también se desprende que ciertos grupos de entrenamiento policial mantienen vínculos con el Mossad israelí, lo que demuestra que la contrainsurgencia no es sólo local, sino parte de un engranaje transnacional, véase el avión de guerra estadounidense que aterrizó en días recientes en México para entrenar a las fuerzas del Estado de la mano de García Harfuch. En abril del año pasado, durante el festival zapatista de arte Rebel y Revel (Arte), el Estado envió camionetas de la Guardia Nacional a patrullar los alrededores del Centro Indígena de Capacitación Integral. Allí había miles de personas de las comunidades autónomas y de la solidaridad internacional: un gesto de clara intimidación. Más grave aún, la policía local, la federal y el ejército detuvieron y desaparecieron a dos bases de apoyo zapatistas. Solo gracias a la presión inmediata de la sociedad civil nacional e internacional pudieron ser liberados. 

La guerra también se libra con balas ideológicas, comunicativas y culturales. Hemos sido testigos de campañas de contrainsurgencia mediática que buscan estigmatizar al zapatismo, difundiendo rumores absurdos como que los zapatistas “no dejan entrar a su territorio porque se quieren quedar con el uranio de Chiapas”. Estos discursos buscan aislarlos, denostar su resistencia y justificar un clima de persecución. Chiapas ha sido en varias ocasiones el estado más militarizado de México, pero la situación es aún más compleja: no se trata solo de la presencia del Estado, sino de un escenario donde confluyen múltiples violencias. Los propios zapatistas lo han descrito con crudeza: Chiapas está “al borde de la guerra civil”. El tejido social se fractura cada vez más, como lo han documentado reiteradamente los informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. 

Chiapas hoy es un territorio atravesado por caravanas migrantes, por redes de trata y tráfico y explotación de personas, y por la disputa abierta de los dos cárteles más poderosos del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. En medio de este tablero, las comunidades zapatistas quedan expuestas a múltiples fuegos: la violencia criminal, la militarización estatal y la descomposición comunitaria que provocan estas dinámicas, o lo que podríamos pensar como un “triángulo del despojo”. El Estado puede decir que “no hay guerra” contra el EZLN, pero en la práctica el cerco es permanente. 

En el contexto actual, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación ha ganado control sobre la frontera sur y el conflicto con el Cártel de Sinaloa se intensifica, ¿qué implicaciones tiene esto para Chiapas y para las comunidades zapatistas?

El avance del crimen organizado sobre territorios autónomos, advertido ya por el Subcomandante Moisés, ha entrado en una nueva fase en la que se combina con acciones estatales, legales o incentivación de conflictos locales, con procesos de despojo formalmente legalizados como los megaproyectos. El crimen organizado no es una anomalía, es uno más de los brazos del capitalismo contemporáneo que asegura la acumulación por desposesión de la que habla David Harvey. La confrontación entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa ha convertido la frontera sur en una zona estratégica para el tráfico de drogas, armas y personas, así como para redes de extorsión, mientras el Estado incrementa la vigilancia, despliega fuerzas armadas o interviene en territorios zapatistas bajo el argumento de conflictos agrarios. El resultado no es una pacificación, sino un cerco complejo donde confluyen la violencia criminal, la militarización institucional y una erosión acelerada del tejido comunitario.

Este asedio no opera únicamente en el plano armado. También se expresa en el terreno simbólico y cultural. La estética del narco, como los corridos que glorifican la violencia, ostentación material y sexualización extrema de los cuerpos, se infiltra en la vida cotidiana como una forma de colonización subjetiva que busca sustituir la lógica del común por una economía del miedo y del consumo. El reciente caso del poblado autónomo Belén muestra con claridad cómo esta convergencia entre intereses criminales y estatales presiona para privatizar tierras recuperadas y trabajadas colectivamente, atacando de forma directa los pilares materiales de la autonomía. Frente a este escenario, la defensa zapatista de la vida y del común adquiere un carácter aún más urgente y radical en el sentido de ir a la raíz.

La gravedad de la situación se profundiza con la aparición de fenómenos como el llamado Cártel de Chamula, considerado el primer cártel indígena en México. Integrado por pobladores tzotziles, grupo que ha sido denunciado por prácticas extremas como el denominado “etnoporno”, en el que mujeres indígenas son esclavizadas sexualmente y videograbadas. Estos hechos evidencian no solo la crueldad del crimen organizado, sino también su capacidad para apropiarse de violencias coloniales y patriarcales históricas, reconfigurándolas como mercancía dentro de economías ilícitas. Mismos fenómenos audiovisuales podemos presenciar con la aparición de productoras musicales que realizan videoclips que exaltan los estereotipos promovidos por el crimen organizado, en suma, a filmes de manufactura casera como “Campesinos a la Mafia”.

Desde esta perspectiva, el crimen organizado no puede entenderse como un actor marginal o una anomalía del sistema. Funciona, más bien, como una de las corporaciones más eficientes del capitalismo contemporáneo, inscrita en procesos de acumulación por desposesión que combinan militarización y violencia delincuencial, tal como lo ha señalado William Robinson y Gilberto López y Rivas. Los cárteles disputan territorios, instauran regímenes de control y terror social y se integran a circuitos globales de capital ilícito que terminan blanqueándose en el sistema financiero internacional. Bajo estas condiciones, la frontera sur se transforma en un espacio clave: corredor migratorio, ruta de economías ilegales, enclave de trata y laboratorio de disciplinamiento social.

En medio de este cerco múltiple, la autonomía zapatista se afirma como una forma de resistencia radical y defensa del territorio. Mientras el necro-capitalismo ofrece la muerte rápida o prolongada como horizonte, los pueblos insisten en la vida digna como principio organizador. Defender la tierra, la memoria y la comunidad se convierte así en un rechazo frontal a una lógica que reduce todo a mercancía, incluidos los cuerpos, y en una apuesta concreta por sostener otros mundos posibles en condiciones extremas.

Francisco, ante este escenario marcado por la militarización y la presencia de múltiples grupos armados, ¿existen enfrentamientos armados directos entre el zapatismo y estos actores?

No existen registros de choques armados abiertos entre el EZLN y otros grupos, pero sí se ha documentado una serie de agresiones sistemáticas orientadas a erosionar las bases materiales de la autonomía. Estas acciones incluyen incendios de viviendas, saqueo de cosechas y destrucción de proyectos colectivos, y en los últimos años se han intensificado con la participación directa o indirecta de fuerzas estatales y estructuras paramilitares. En Chiapas operaron históricamente grupos como Máscara Roja, Los Chinchulines o el perversamente llamado Paz y Justicia; hoy, ese entramado se reconfigura con actores locales y con cuerpos estatales de élite como las FRIP, conocidas como “pakales”, que actúan en un clima de impunidad. Se trata de un mecanismo de violencia externalizada: mientras el Estado sostiene un discurso de legalidad, delega el trabajo represivo en intermediarios civiles o armados que facilitan el despojo y allanan el terreno para intereses económicos mayores. El reciente caso de Belén marca un punto de inflexión que confirma la persistencia de esta lógica contrainsurgente, aún cuando el zapatismo se empeña en fundar un “Quirófano en la Selva Lacandona”.

En este contexto, la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Histórica) ha incrementado sus ataques contra las bases de apoyo zapatistas mediante amenazas, hostigamientos y el uso de armas de fuego con el objetivo de arrebatar tierras. Estas agresiones no buscan únicamente el desplazamiento físico de las comunidades, sino la destrucción deliberada de los proyectos productivos que sostienen la vida autónoma. Existen denuncias documentadas de prácticas como el envenenamiento de estanques de peces, el asesinato de ganado y la devastación de cultivos. No se trata de estallidos aislados de violencia, sino de una estrategia prolongada de desgaste destinada a cortar la autosuficiencia comunitaria y forzar a las poblaciones a reinsertarse en relaciones de dependencia con el Estado o con poderes locales.

Este escenario confirma que el paramilitarismo no opera de manera autónoma ni es marginal al Estado. Forma parte de una red más amplia donde confluyen cacicazgos regionales, intereses de corporaciones extractivas transnacionales, dinámicas del crimen organizado y la complicidad, por acción u omisión, de distintas instancias estatales. Las agresiones contra el zapatismo resultan funcionales a la expansión de megaproyectos y al control territorial del sureste del país. Al debilitar a las comunidades autónomas, se despeja el camino para la militarización, el turismo depredador y las grandes inversiones. Lo que suele presentarse como un conflicto local es, en realidad, una pieza estratégica de la necropolítica capitalista que busca eliminar cualquier experiencia que coloque la vida y la autonomía por encima de la lógica del lucro.

¿Existe un vínculo entre los grupos paramilitares y las instituciones del Estado?

Sí, existe un vínculo de carácter estructural. Desde la década de los noventa, la política contrainsurgente en México ha operado mediante la promoción, tolerancia o encubrimiento de grupos armados presentados como “civiles”, mientras los despojos territoriales se ejecutan con respaldo o cobertura de instancias militares, policiales y ministeriales. El caso reciente de Belén lo documenta con claridad: incursiones denunciadas con presencia del Ejército Federal, la Guardia Nacional, la Policía Municipal de Ocosingo y personal de la Fiscalía; resoluciones aceleradas y operativos de despojo difundidos incluso por canales oficiales. De este modo, el Estado desplaza la violencia hacia terceros, garantiza la impunidad y difunde la idea de que la autonomía es ilegal y que los bienes comunes pueden ser convertidos en propiedad privada.

En la práctica, estos grupos armados actúan con armas de uso exclusivo del Ejército, bajo la protección de autoridades locales y en coordinación con corporaciones de seguridad federales. No se trata únicamente de tolerancia pasiva: en numerosos casos, los paramilitares funcionan como extensiones informales de la política estatal, ejecutando tareas que el gobierno no puede asumir abiertamente sin asumir costos políticos o legales.

Esta relación resulta funcional porque permite al poder administrar la violencia sin aparecer directamente como responsable. La tercerización del uso de la fuerza es un rasgo central de la necropolítica contemporánea: el Estado decide quién puede permanecer en el territorio y quién debe ser expulsado, quién tiene derecho a sembrar y quién queda condenado al desplazamiento o a la muerte, pero lo hace de manera indirecta, a través de intermediarios que operan bajo el amparo de la impunidad.

Hasta ahora hemos hablado principalmente de los enemigos del Zapatismo. ¿Aparte del Congreso Nacional Indígena, existen en la sociedad mexicana algunos aliados claves, especialmente en contexto urbano?

Además del Congreso Nacional Indígena, existen en el país aliados urbanos que se han inspirado directamente en la experiencia zapatista. Un ejemplo fundamental es la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente (OPFVII), que desde sus orígenes se reconoció en el espejo del zapatismo. Esta organización firmó la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y más recientemente la Declaración por la Vida. Sus comunidades autónomas pueden pensarse como Caracoles urbanos, espacios donde se ejercen prácticas de autogobierno, de organización colectiva y de construcción de autonomía en contextos metropolitanos. Zibechi las ha descrito como la experiencia de autonomía urbana más grande de América Latina. 

La OPFVII tiene varios asentamientos en la Ciudad de México. Uno de los más significativos es Acapatzingo, en la delegación Iztapalapa, un verdadero oasis al interior de una de las zonas más empobrecidas y violentas de la capital. Allí, detrás de sus puertas, las y los integrantes han construido una cotidianidad distinta: cuentan con su propio sistema educativo, una radio comunitaria, servicios de salud autónomos y una rica vida simbólica y ritual en torno a la figura de Los Panchos o Las Panchas, que funcionan como referentes de identidad colectiva. Todo esto no es un simple “programa social”, sino una lógica de reproducción de la vida que rechaza la propiedad privada y pone en el centro la dignidad.  

La experiencia de la OPFVII muestra que la autonomía zapatista no es sólo rural ni indígena: puede adaptarse al espacio urbano y convertirse en una alternativa concreta frente a la marginalidad y la violencia de las ciudades. En tiempos de gentrificación acelerada, Acapatzingo y otros asentamientos de la organización plantean un horizonte distinto: la defensa del territorio urbano como lugar de vida, no como mercancía inmobiliaria. Es una propuesta que dialoga directamente con los movimientos anti-gentrificación que hoy emergen en la Ciudad de México, ofreciendo un ejemplo de que es posible habitar la ciudad sin entregarla al mercado. En este sentido, el zapatismo no está aislado en las montañas de Chiapas. Sus ecos resuenan en barrios y colonias populares que, como OPFVII, se organizan para vivir de otra manera. Estos aliados urbanos son clave porque muestran que la autonomía no es una utopía lejana, sino una práctica concreta que se ejerce día a día en contextos hostiles. 

Jérôme Baschet ha señalado que la reciente reorganización de las instituciones autónomas zapatistas implicó invertir la pirámide del poder y fortalecer a las comunidades locales. ¿Cómo valoras este proceso?

Las modificaciones anunciadas en el contexto del 30 aniversario del levantamiento zapatista, en 2024, constituyen uno de los movimientos más significativos dentro de la historia reciente de la autonomía. Se trata de un ejercicio profundamente reflexivo, en el que las propias comunidades evaluaron críticamente sus formas de organización y decidieron transformarlas. Uno de los cambios más relevantes fue la desaparición de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). Durante años, la estructura organizativa se articuló de manera escalonada: pueblos que conformaban comunidades, comunidades que integraban municipios autónomos y municipios que, a su vez, daban forma a los Caracoles. Con el tiempo, las comunidades reconocieron que este esquema no siempre garantizaba el principio del “Mandar Obedeciendo”, pues en ciertos momentos se generaron inercias de concentración del poder, particularmente en las Juntas de Buen Gobierno.

A partir de ese diagnóstico, se optó por un proceso de descentralización profunda. La toma de decisiones regresó a las bases y se reforzó el nivel comunitario como núcleo de la vida política. De ese replanteamiento surgieron los Gobiernos Autónomos Locales (GAL), espacios donde las decisiones se adoptan de manera más directa y en estrecha relación con las necesidades concretas de cada territorio. No fue una ruptura improvisada, sino el resultado de años de experiencia acumulada y de una voluntad explícita por corregir aquello que ya no funcionaba.

Desde mi interpretación, esta reorganización representa una radicalización de la autonomía, no su debilitamiento. El territorio zapatista nunca ha sido uniforme: existen pueblos completamente organizados en torno al EZLN con presencia muy amplia y otros donde la presencia zapatista se reduce a una sola familia. Los GAL permiten responder a esa heterogeneidad, ajustando las formas de gobierno a las realidades específicas de cada contexto. La autodeterminación sigue anclada en los principios zapatistas, pero ahora se expresa de manera más situada, más encarnada en la vida cotidiana de los sujetos colectivos, sin depender de una estructura central que pueda volverse rígida o distante.

Con esta transformación, las coordinaciones ya no recaen exclusivamente en las antiguas doce Juntas de Buen Gobierno, sino que se articulan a través de colectivos vinculados a los GAL. Esto no implica una fragmentación de la autonomía, sino una redistribución del poder y una ampliación de su alcance territorial en términos efectivos y directos. La reorganización puede leerse también como una estrategia integral de defensa del territorio, de diversificación de las economías comunitarias y de fortalecimiento del común. La tierra puede ser trabajada por personas o colectivos siempre que no estén vinculados al crimen organizado ni a estructuras paramilitares, lo que abre la posibilidad de extender prácticas comunitarias de cuidado y resistencia más allá de los límites formales del zapatismo mismo.

En ese sentido, los GAL no encarnan una lógica de cierre o exclusión, sino de apertura. No se trata de levantar fronteras identitarias, sino de tejer redes de protección colectiva frente a un contexto marcado por múltiples amenazas. Después de más de tres décadas de construcción autonómica, el EZLN ha mostrado algo poco común en la política: la capacidad de revisar críticamente sus propias estructuras, reconocer errores y reinventarse. Esa disposición a cambiar sin renunciar a los principios es, en sí misma, una práctica profundamente revolucionaria. Mientras los Estados tienden a reproducir jerarquías coloniales y a aferrarse a formas rígidas de poder, los pueblos zapatistas ensayan, corrigen y vuelven a ensayar, manteniendo viva la autonomía como un proceso en permanente construcción.

Antes de que entremos a la especificidad tu tema, ¿podrías hablar poco sobre la situación de la comunidad LGBT en territorio zapatista?  

Recomendaría leer sobre todo el trabajo de Sylvia Marcos, que habla de la fluidez del género zapatista. En las comunidades autónomas, la perspectiva de género está situada en el centro de la vida colectiva. No es casualidad que estemos hablando del único territorio del país donde no hay feminicidios ni trata sexual: una diferencia radical frente al resto de México, que vive una emergencia cotidiana de violencia contra las mujeres y disidencias. Esto muestra que cuando se transforma el poder desde abajo, también se pueden modificar las relaciones sexoafectivas y de género. 

En lo que respecta a la comunidad LGBT+, un ejemplo muy significativo es el de Marijose, una compañeroa otroa, es decir, una identidad trans desde la mirada occidental, pero reconocida en sus propios términos dentro de la comunidad zapatista. En 2021, Marijose formó parte del Escuadrón 421, que viajó a Europa 500 años después de la llamada “caída” de Tenochtitlán, invirtiendo el sentido del viaje colonial para “conquistar Europa”. El escuadrón estaba compuesto por 4 mujeres, 2 hombres y una compañeroa otroa, y fue precisamente Marijose quien desembarcó primero, rompiendo simbólicamente con la modernidad occidental, colonial y heteropatriarcal. Ese gesto fue profundamente político: colocó la diferencia sexual y de género en el centro de una crítica global contra la colonialidad

Claro que el machismo y la homofobia siguen presentes en las prácticas comunitarias, como en toda la sociedad mexicana, empero, en territorio zapatista se han producido transformaciones profundas y concretas. No es un proceso acabado ni perfecto, pero marca un horizonte distinto: el de comunidades que reconocen que no puede haber autonomía sin justicia de género. 

Estos cambios también deben leerse como un aporte político más amplio. Frente a una sociedad donde las disidencias sexuales son criminalizadas, explotadas o invisibilizadas, el zapatismo ofrece un ejemplo de cómo los territorios autónomos pueden convertirse en refugio para nuevas formas de convivencia. No se trata de idealizar ni de negar las tensiones internas, sino de mostrar que, incluso en contextos atravesados por la guerra y la precariedad, es posible construir relaciones más libres, diversas y respetuosas.

Ya llegamos a tu tema. Cuando se habla del zapatismo, casi siempre se menciona su organización o filosofía política, pero tú te enfocas en la estética. En uno de tus libros declaras que en el zapatismo hay una relación indisoluble entre el arte y la política. ¿Podrías aclarar cómo es indisoluble?

Primero, debemos aclarar que hablar de arte y política no significa hablar de propaganda. Si la política atraviesa la vida cotidiana, también está presente en las prácticas simbólicas. El arte es producción de sentido, de símbolos, pero también es forma de producción, circulación, consumo y comunicación. No se reduce a un contenido explícitamente político: incluso decidir dónde se expone una obra, quién tiene acceso a ella y en qué condiciones, es un acto político. Del mismo modo, exaltar la figura eurocéntrica del artista como “genio iluminado por Dios” o afirmar que todo ser humano posee potencial creativo son elecciones políticas que definen cómo entendemos la creación. 

Este pensamiento tiene raíces en el territorio zapatista desde la clandestinidad. Ya en los años ochenta existían células culturales que practicaban teatro, música o poesía, no solo como reproducción ideológica, sino como estrategia de cohesión social y de construcción comunitaria entre pueblos indígenas, campesinos y guerrillas urbanas marxistas. Muy formativo fue, por ejemplo, el cine comunitario: las proyecciones de películas de otras luchas internacionales como la vietnamita, muchas veces sin subtítulos, que las propias comunidades reinterpretaron inventando diálogos. En ese gesto había poética, performatividad y política al mismo tiempo: una reapropiación colectiva de los relatos globales desde la propia experiencia local. 

Me interesa centrarme en esa potencia simbólica y poética que nace de las comunidades mismas. Frases como “Nos cubrimos el rostro para que nos vieran” no son solo consignas, sino símbolos que condensan una visión del mundo y que se encarnan en la vida cotidiana. Lo que vemos en el zapatismo es cómo las prácticas artísticas indígenas, que siempre han existido de forma milenaria, se complejizan y resignifican al entrelazarse con el ideario político contemporáneo. Así, la expresión cultural no es un adorno de la lucha: es parte de su núcleo más fuerte. El zapatismo ha tenido un impacto cultural inmenso a nivel nacional e internacional, produciendo un cambio simbólico, poético y político en la izquierda mundial y detonando una explosión creativa que inspiró a nuevas generaciones de artistas indígenas. Sin el levantamiento de 1994, probablemente ese estallido cultural habría tardado mucho más en emerger. 

En este sentido, el zapatismo demuestra que arte y política son indisolubles porque ambos comparten la tarea de producir mundos. El arte no se limita a representar la realidad: la transforma, la reordena y la reimagina. La política, por su parte, no se limita a gestionar instituciones: también se inscribe en el terreno simbólico, epistémico y estético. Por eso, en Chiapas vemos murales, canciones, danzas, poesía y hasta vestimenta que no solo expresan resistencia, sino que generan comunidad, transmiten memoria y crean futuro. 

Además, el impacto cultural zapatista no se detiene en las fronteras de México. Frases, imágenes y estéticas surgidas en las comunidades autónomas han viajado por el mundo, inspirando desde colectivos artísticos autónomos en Europa hasta movimientos indígenas en el Sur de Abya Yala, o proyectos como el de Zapatera Negra que une la gráfica y los idearios políticos de los zapatistas con los de las Panteras Negras que al día de hoy vemos que están resurgiendo en Estados Unidos. Esa especie de internacionalismo en clave estética —hecho de símbolos, palabras, colores y gestos— ha fortalecido la idea de que el arte no es secundario en la lucha política, sino una de sus formas más potentes de expansión y reproducción que conecta lo simbólico con la reproducción material. Por eso digo que la relación entre arte y política en el zapatismo es indisoluble: porque ambas son formas de hacer existir otros mundos posibles. 

En tu otro libro Poéticas de la resistencia, hablas mucho de epistemología y decolonialidad. ¿Es el arte en el Zapatismo “instrumento” para expresar las cosmovisiones no occidentales y conectar los elementos urbanos e indígenas?

Es interesante esta dialéctica entre lo poético, lo político y la realidad concreta. En los procesos organizativos, muchas veces los conceptos clásicos de la teoría crítica —como lucha de clases o plusvalor— no conectan fácilmente con las bases sociales, no obstante, a partir del arte, la literatura y otras expresiones culturales, se vuelven posibles otras formas de comunicación política y hasta formación de cuadros. Un ejemplo claro son los relatos del Viejo Antonio, escritos por el Subcomandante Marcos, que recuperan fragmentos de la cosmovisión maya. Allí, las narraciones sobre cómo nacieron los dioses o el mundo se entrelazan con pedagogías libertarias y con crítica política. Esa imbricación produce una potencia particular:  no es siempre efectivo hablar desde categorías abstractas y ajenas, sino desde símbolos y relatos que dialogan con la memoria de los pueblos, al tiempo que abren puentes con otros sectores sociales urbanos y globales. 

En ese sentido, el arte en el zapatismo no funciona como “instrumento” subordinado a una ideología previa, sino como espacio de encuentro epistemológico y heurístico. Permite articular lo indígena y lo urbano, lo comunitario y lo global, lo local y lo transnacional. A través del arte, se construyen puentes de sensibilidad que generan cercanía y permiten que distintos actores se reconozcan en la misma lucha. La poesía, la música, la gráfica o el performance no son sólo vehículos, son también formas de pensamiento que amplían la política más allá de la racionalidad eurocéntrica. 

También me gustaría preguntar sobre la rica tradición mexicana del arte revolucionario. ¿Existe alguna conexión entre los zapatistas y esta tradición, con personas como el pintor Diego Rivera o el diseñador gráfico Leopoldo Méndez?

Ahora, respecto a la tradición mexicana del arte revolucionario, sin duda México cuenta con un legado muy fuerte, pero no veo una correlación directa entre esa tradición y el arte de las comunidades zapatistas. El muralismo impulsado por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros o José Clemente Orozco fue un proyecto patrocinado por el Estado posrevolucionario, bajo la dirección de José Vasconcelos (quien era germanofílico y de orientación filonazi) y la Secretaría de Educación Pública. Su función era la reproducción ideológica cultural desde arriba: las instituciones determinaban los discursos, los símbolos, los temas y los espacios donde debían exponerse. Al mismo tiempo, reforzaban oposiciones entre “alta” y “baja” cultura, entre arte, artesanía y folclor, funcionando como mecanismos de inferiorización cultural de la otredad, por más que los murales estaban orientados a las clases populares. Era un proyecto jerárquico que consolidaba lo que podríamos llamar una colonialidad estética, un sistema que regula qué se puede sentir y expresar, además de que servía para afianzar la consolidación del Estado-nación.

Por eso es tan importante que los procesos de liberación estén acompañados de prácticas artísticas y simbólicas propias. Se trata de una restitución a nivel ontológico de los valores y subjetividades de la mayoría social. En este marco, las comunidades zapatistas amplían profundamente la noción de arte. En el comunicado Las artes, las ciencias, los pueblos originarios y los sótanos del mundo definen al artista como aquel que crea, sin importar los cánones ni las clasificaciones impuestas. En mi opinión, aunque no lo nombren en clave marxista, esa idea rompe con la histórica división entre trabajo manual e intelectual propia de las sociedades capitalistas. 

En el capitalismo, solo unos pocos privilegiados tienen derecho a ser reconocidos como científicos o artistas. En cambio, tras 40 años de lucha, en los territorios zapatistas cualquiera puede ejercer ambas dimensiones libremente: ser campesino por la mañana, pintor por la tarde, convivir con la familia por la noche y estudiar matemáticas al día siguiente. En este horizonte, el arte y la ciencia no son esferas separadas de la vida social: están inscritas en la vida misma. Por eso los zapatistas hablan del arte de la milpa, del arte de los trabajos colectivos o incluso del arte de la resistencia. 

En mi análisis, lo que hacen es recuperar el sentido original de aísthēsĭs: las formas de sensibilidad a partir de las cuales conocemos y construimos el mundo. De ahí que su propuesta se pueda entender radicalmente como descolonizadora: no conciben el arte como un campo autónomo controlado por museos o mercados, sino como práctica vital que forma parte de la reproducción de la vida comunitaria. Es una redefinición del arte como saber colectivo, como epistemología que desafía la colonialidad estética y propone una aesthesis in-surgente desde abajo. 

Para cerrar, ¿que lección crees que deberían aprender los movimientos urbanos o movimientos occidentales hablando de este tema de arte, estética y política?

Pensando en que arte, estética y política están entremezcladas, hay que subrayar que no son lo mismo. La estética no se reduce al gozo ni al consumo cultural, sino que implica la recuperación de otras epistemes: lo metafísico, lo divino, lo ontológico, los sistemas de relaciones concretas que organizan la vida, pero también las formas de sanar historias coloniales que todavía pesan sobre los cuerpos y territorios. Desde esta mirada, la estética es una forma de vida más amplia, no limitada a la producción artística en sentido estrecho, sino ligada al entendimiento de la alteridad y al reconocimiento de que todas y todos somos portadores de sensibilidad y de potencia creativa entendida incluso como poiésis.

El zapatismo enseña que el arte no se reduce a la propaganda ni al espectáculo, sino que se convierte en herramienta vital para producir comunidad, memoria y futuro. Desde los relatos del Viejo Antonio hasta los murales, la música o las danzas, lo estético se funde con lo político como práctica de dignidad. Y esto debería interpelar a los movimientos urbanos y occidentales que muchas veces conciben el arte como algo separado de la vida, como práctica ornamental, tiempo de “ocio” o confinado a galerías o instituciones culturales. El reto es recuperar el arte como práctica colectiva, como aísthēsis que transforma no solo lo que vemos, sino lo que sentimos y lo que somos capaces de imaginar. 

Pensando que los pueblos indígenas han intentado ser colonizados durante más de cinco siglos y que, sin embargo, siguen resistiendo, me quedo con un mensaje político, artístico y poético: que a nivel amplio la esperanza no muere. Esa esperanza está presente en el zapatismo, pero también en las madres buscadoras que representan la dignidad de este país, en los diferentes movimientos de mujeres que luchan, en los pueblos que defienden sus ríos y montañas, en quienes enfrentan la necropolítica con creatividad y cuidado. La esperanza aquí no es un concepto abstracto ni un refugio religioso, sino una práctica política cotidiana: la construcción material y simbólica de futuros distintos. 

El imperio de la muerte busca ser total, global y permanente. Pero la lección que nos deja el zapatismo es que incluso en medio de la guerra se pueden imaginar y llevar a la práctica mundos nuevos. Lo que hoy se juega en Chiapas no es solo el destino de un pueblo, sino la posibilidad de imaginar colectivamente que hay vida más allá del capital y de las guerras globales, en donde parece que enfrentamos transiciones hacia un mundo multipolar fuera de una hegemonía única. Esa es la lección de quienes hacen de cada acto de resistencia una obra de dignidad, de quienes convierten la memoria en fuerza, y de quienes insisten en que, aunque el poder diga lo contrario, otro mundo ya se está construyendo en las grietas del presente. 

^{Francisco De Parres Gómezes un antropólogo, comunicólogo y fotógrafo mexicano, que se desempeña como investigador posdoctoral en la Universidad Veracruzana, donde desde hace años se dedica al estudio de la relación entre arte, política y movimientos indígenas como los zapatistas. Sobre estos temas publicó el libro premiadoPoéticas de la resistencia: arte zapatista , estética y decolonialidad (CIESAS-UDG, 2022) yArte y política en el zapatismo contemporáneo: Una relación indisoluble (CLACSO, 2022). CoordinóInternacionalismo crítico y luchas por la vida. Hacia la construcción de horizontes futuros desde las resistencias y autonomías En su investigación actual, Francisco analiza el contraste entre las prácticas estético-políticas orientadas a la defensa de la vida y el territorio, y las expresiones estéticas y culturales de la necropolítica de figuras neofascistas como Donald Trump, Javier Milei, Nayib Bukele o Jair Bolsonaro.} 

El 6 de enero este año, el gobierno de transición de Siria perpetró una masacre al atacar dos barrios kurdos de Alepo (Ashrafieh y Sheikh Maqsoud), provocando el desplazamiento forzado de más de 200,000 refugiados de Afrín. Desde entonces, ha lanzado todas sus fuerzas yihadistas contra Rojava y el norte y este de Siria (la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria, AANES), con el objetivo de aniquilar la revolución antipatriarcal y anticapitalista que se ha construido durante 14 años, buscando destruir por completo la autonomía.

Escribo este comunicado con el sentimiento colectivo y el pensar compartido de todos los kurdos cuyo corazón hoy en día arde nuevamente por la indignación frente a los ataques brutales que se viven en Rojava. Es un llamado urgente a quienes aún conservan en su corazón y mente el sueño de que otro mundo es posible: ¡Defiendan Rojava! Porque la Revolución de Rojava no pertenece únicamente a los kurdos ni a los pueblos del norte y este de Siria, ¡es de ustedes! ¡Es de todxs nosotrxs!

Al-Jolani del Estado Islámico al Estado Sirio

El 7 de octubre de 2023, cuando comenzó el genocidio total en Gaza, lo primero que cruzó por mi mente fue: si no logramos detener este genocidio, el siguiente territorio será Kurdistán. Lo supe conociendo la crueldad característica de Medio Oriente y la traición recurrente de Occidente hacia los pueblos de la región.

Justo después de un año de genocidio en Gaza, de repente, el 5 de diciembre de 2024, Al-Jolani salió de su guarida en Idlib y marchó hacia Damasco, derrotando (supuestamente) a Bashar al-Assad el 8 de diciembre, sin encontrar resistencia alguna en su camino hacia la capital.

Al-Jolani, quien posteriormente se convertiría en presidente de Siria bajo su nombre oficial Ahmad Al-Shara, fue miembro de Al-Qaeda, luego del Estado Islámico, y finalmente líder de Hayat Tahrir al-Sham (HTS). A pesar de que con su nuevo nombre se despojó del uniforme militar y se vistió de traje para presentarse ante la diplomacia mundial, hay algo que nosotros como kurdos sabemos con certeza: una persona integrada a estos grupos yihadistas no cambia facilmente y abandona lo que cree, es decir, la yihad y la sharía. Sin embargo, primero los gobiernos europeos y luego Estados Unidos lo presentaron como un hombre transformado, moderno, preocupado por los derechos de todos los pueblos de Siria y comprometido con la construcción de la paz. No pasaron ni tres meses cuando masacraron a los alauitas en Latakia en marzo de 2025; a los seis meses, a los drusos en Suwayda en julio de 2025; y al año, es decir ahora, a los kurdos.

Acuerdo Indirecto entre Israel y Turquía para Aniquilar Rojava

Durante todo este tiempo, Al-Jolani fue invitado principalmente a Turquía, Europa y Washington. Finalmente, el 5 de enero de 2026 se reunió con representantes israelíes en París con la garantía de Estados Unidos. Ese mismo día, medios de comunicación reportaron que el ministro de Asuntos Exteriores turco también estuvo presente en París. Lo que negociaron Israel y Al-Jolani fue eliminar toda influencia iraní en Siria, garantizar la seguridad fronteriza de Israel entregando el sur de Siria, deportar a todos los palestinos desde Siria y acordar un cese al fuego entre ambas partes. Se reportó que las negociaciones resultaron exitosas y que acordaron además el establecimiento de una “célula de función conjunta” (célula de inteligencia integrada). Al día siguiente, las banderas israelíes ondearon por todo el sur de Siria y el ejército sirio se desplegó en toda la zona. Este acuerdo se selló entregando Rojava y el norte y el este de Siria —donde las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) y las YPJ mantienen el control— a Turquía. Y por supuesto, ese mismo ministro turco, Hakan Fidan, se convirtió en miembro activo de la reconstrucción de Gaza, es decir, en cómplice total del proyecto de Trump en Gaza.

En otras palabras, quienes masacraron a los pueblos autónomos (alauitas, drusos y kurdos) en nombre de una supuesta Siria unificada, terminaron fragmentando y entregando el país: territorialmente a Israel y Turquía, políticamente a ambos, y económicamente a Estados Unidos.

El 9 de enero, cuando seguían bombardeando los dos barrios kurdos de Alepo (Ashrafieh y Sheikh Maqsoud) y cuando ya habían sellado este acuerdo con Israel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con Al-Jolani en Damasco y anunció un paquete de ayuda de 620 millones de euros para la “recuperación y reconstrucción” de Siria durante 2026 y 2027, así como la reanudación del acuerdo de cooperación económica con el país. El objetivo era evidente: blanquear semejante pacto de sangre con la retórica europea de siempre sobre derechos de las minorías y democracia.

De hecho, tras la masacre y el feminicidio en Alepo, el 16 de enero, mientras los grupos del Ejército Sirio —dirigidos por el Estado turco— invadían más zonas en el este de Alepo hacia el Río Eufrates, Al-Jolani, ahora como presidente de transición, salió ante los medios y declaró que había firmado un decreto que reconocía los derechos civiles de la minoría kurdo-siria, legitimaba oficialmente su idioma y restablecía la ciudadanía siria a todos los kurdos que permanecían apátridas desde el censo de 1962 (para más información sobre esta situación de los kurdos en Siria, pueden consultar: https://desinformemonos.org/rojava-la-revolucion-de-invisibles/).

Aunque los derechos culturales fueron una demanda histórica de la lucha kurda, los kurdos hemos superado ese punto hace más de dos décadas. Hoy nuestra lucha no es por reconocimiento simbólico, sino por construir una vida en libertad bajo lo que llamamos confederalismo democrático: un sistema donde ejercemos nuestra voluntad política y territorial para edificar una organización social emancipadora para los pueblos, las mujeres y la naturaleza.

Sin embargo, el decreto transitorio del gobierno de transición fue lanzado a los medios como si Al-Jolani- Ahmad Al-Shara reconociera los derechos kurdos, precisamente mientras invadían territorios, perpetuaban el conflicto entre árabes y kurdos y amenazaban a Rojava con una limpieza étnica. Estas mentiras fueron reproducidas acríticamente por todos los medios, incluida Al Jazeera, que para gran parte de la izquierda latinoamericana representa una fuente confiable de noticias desde Medio Oriente. La última farsa llegó en la noche del 18 de enero, cuando Al-Shara salió nuevamente a anunciar que habían acordado 14 puntos con las FDS y declarado un cese al fuego. A la mañana siguiente, el Ejército Sirio liberó más de 5 mil militantes del Estado Islámico de las cárceles bajo custodia de la Coalición Internacional, la cual no intervino en la liberación de miles de violadores, asesinos y perpetradores de crímenes contra la humanidad. El Ministerio de Asuntos Religiosos y Fundaciones de Siria, en una carta enviada a los imanes de las mezquitas sirias, calificó los ataques contra los kurdos y Rojava como «Futuhāt» (conquistas), término que en el Islam se refiere a los actos llevados a cabo contra los infieles.

A la Resistencia Total

Durante todo este proceso (también desde el cambio del gobierno en Siria), los kurdos buscaron desesperadamente un acuerdo real que detuviera el conflicto y reconociera la autonomía de Rojava y el norte y este de Siria, territorios que los kurdos liberaron del Estado Islámico con sangre y sacrificio. Pero el único interés del Estado sirio fue y sigue siendo la aniquilación: exterminar a los kurdos, apropiarse de sus territorios y desarmarlos para someterlos a una obediencia absoluta, como quería el mismo Bashar al-Assad. El 19 de enero fue la última vez que los dirigentes de la Administración Autónoma de Rojava se sentaron a negociar. Según informó la comandancia de las YPJ, les ofrecieron sobornos individuales —puestos, privilegios— a cambio de que traicionaran y entregaran el territorio. Es decir, al pueblo.

Pero los dirigentes de las FDS y las YPJ no son mercenarios ni soldados a sueldo; son revolucionarios que han entregado su vida entera a la lucha de su pueblo, que han cargado los cuerpos de miles de sus compañeros caídos. Ante la traición del supuesto “acuerdo”, regresaron a Rojava y declararon resistencia y movilización total en todas las partes de Kurdistán.

Rojava se defenderá. Los kurdos defenderemos Rojava. Las mujeres se defenderán contra la cultura de la violación y el feminicidio. Se defenderán desde sus comunas, desde sus barrios, desde cada centímetro que ocupamos en este planeta.

Porque lo que está en juego no es solo la Revolución de Rojava y existencia de los kurdos. Los ataques que inauguraron con el genocidio en Gaza y que ahora desatan sobre Rojava-Kurdistán —y muy probablemente en Irán— no son el caos espontáneo de los pueblos: son estrategias calculadas que se ejecutan según los intereses y bajo los planos maestros de las potencias imperialistas. Por eso no hay voluntad alguna de detenerlos, solo teatro diplomático, palabras vacías para dejarnos atrapados en la angustia de “quién dijo qué”. Pero lo verdaderamente macabro es esto: nos arrastran hacia el abismo que diseñaron meticulosamente (lo bautizan cínicamente como “nuevo orden mundial”).

Nos condenan, como humanidad, a habitar la oscuridad, a alimentarnos de desesperanza, a engullir odio, a tomar bandos en una guerra que no es nuestra, a festejar victorias ajenas, a enterrar muertos que no debieron morir. Y sin embargo, la continuidad misma de esta masacre de la esperanza es la evidencia más devastadora de que no tenemos bando: somos el trabajo desechable de la máquina de guerra del capital, la materia prima prescindible para las ganancias de los traficantes de armas, los cuerpos sacrificables para la construcción de los nuevos órdenes mundiales entre Estados. No construimos este sistema, no lo controlamos, pero sus engranajes giran con nuestra sangre.

Por eso mismo, la defensa de Rojava es la defensa de todos nosotros. Desde que llegué a América Latina, me he reunido con miles de personas para compartir lo que se está construyendo en Rojava, con la esperanza de fortalecerles. Me han definido como defensora de la autonomía de Rojava, título que cargo bajo el peso de amenazas concretas: el encarcelamiento que me acecha, la separación definitiva de mi familia, el exilio que me arrancó de mi tierra y mi gente. Y sin embargo, a pesar del dolor y el desarraigo, siempre concluyo con la misma certeza inquebrantable: es urgente —vital— multiplicar las luchas, las revoluciones, las comunas en sintonía política contra el capital, el Estado y el patriarcado. Cuando expreso esto, mi mente vuelve a una imagen que vi en mis tierras: miles de pájaros pequeños surcando el mismo viento. Ninguno choca con el otro, cada uno traza su propia trayectoria, pero todos se acompañan, todos son parte de la misma corriente invisible que los sostiene y los impulsa.

Les llamamos a unirse al viento de la resistencia de Rojava y a defender la vida.

Azize Aslan
20 de enero de 2026