derechos humanos
La guerra que recorre al país: Nuestro respaldo total al EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía.
A quienes suscribieron la Declaración por la Vida
A los pueblos y comunidades de Guerrero
Al movimiento social Guerrerense
A los medios de Comunicación
A las organizaciones de Derechos Humanos
6 de julio de 2023
Hermanos y hermanas de México y del mundo, como Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), escuchamos con mucha atención y preocupación la palabra del EZLN así como su silencio, siempre tan potente y que hoy nos llama a estar alerta frente a una guerra anunciada que se va haciendo realidad: CHIAPAS AL BORDE DE LA GUERRA CIVIL; aunque lo niegue cínicamente Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón, aunque lo oculten los medios de comunicación nacionales. Sabemos lo que está haciendo hoy el gobierno de la 4T, que en sus calendarios están calculando el número de votos, no de vidas. Que prefieren aliarse con la delincuencia organizada y trabajar con los grupos paramilitares, asegurándose así el control territorial para entregárselo al capitalismo y al mismo tiempo, desmovilizar a quienes defienden la vida y se oponen a sus megaproyectos de muerte.
- Sabemos que a Morena no le interesa reconocer que hay un escenario de guerra en Chiapas por las afectaciones que esto pueda tener para sus pretensiones de mantenerse en el poder. Que reconocerlo implicaría incluso visibilizar la colusión entre la clase política y el crimen organizado (sabemos que Adán Augusto, uno de los candidatos más sólidos de Morena para la presidencia del país, es hermano de la esposa del actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien ha hecho un silencio sospechoso frente a la violencia que recorre al estado que “gobierna”).
- Que sería contradictorio reconocer el nivel de conflictividad que existe en el territorio de Chiapas, a la vez que se militariza el país sobre el argumento de mayor seguridad, lo que vemos en Chiapas y en el país entero es el despliegue del crimen organizado, tal como si avanzaran juntos y coordinados, en la lógica de la guerra de destruir-reconstruir.
- Sabemos también que el gobierno de la 4T no reconocerá que la violencia está siendo generada por sus programas gubernamentales que pretenden silenciarnos, al mismo tiempo que dividirnos entre comunidades y evidentemente perpetuar al grupo gobernante en el poder, para que este a su vez, entregue cuentas al mandón, al sistema capitalista; su programa Sembrando Vida, está acabando con los cultivos, con el tejido comunitario, así como generando ataques para quienes defendemos a la tierra, no como una mercancía sino como parte esencial de la vida comunitaria. Es así que grupos paramilitares como la ORCAO ven en estos programas gubernamentales una fuente de ingresos y para obtener más, despojan a nuestros hermanos zapatistas de sus tierras, tal como quieren hacer en la comunidad de Moisés y Gandhi, perteneciente al municipio de Lucio Cabañas, del Caracol 10, que está siendo atacada desde 2019 con armas de alto calibre y donde el 22 de mayo de 2023 hirieron al base de apoyo zapatista Jorge López Santiz, es decir, son ataques permanentes, claramente intencionados, denunciados y finalmente solapados por el mal gobierno.
- Nos causa mucha preocupación que los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y otros, se muevan en el estado de Chiapas y en su frontera, que estén armando a comunidades enteras que a su vez están dispuestas a atacar a otras y López Obrador mire con desprecio los cuestionamientos respecto al tema.
Nosotros y nosotras, mujeres y hombres de la Montaña Baja, Alta Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, entendemos la situación, pues la guerra que se avizoraba en Chiapas, la vivimos también en nuestro territorio. La aparición de grupos narco-paramilitares, aunado al desprecio y olvido históricos de quienes han gobernado el país, ha dejado muerte y dolor: asesinatos, tortura, desapariciones, fabricación de delitos, encarcelamientos y todo tipo de violaciones a los derechos individuales y colectivos, todo eso con la complicidad del gobierno federal, estatal y municipal. No olvidamos que interceptamos a Andrés Manuel López Obrador el pasado 21 de octubre de 2022 y le exigimos que hiciera su trabajo de brindar seguridad y justicia; la respuesta no se hizo esperar, los Ardillos (grupo narco-paramilitar) asesinaron a 3 de nuestros compañeros el 5 de noviembre del mismo año: Adán Linares, Moises Cuapipistenco y Guillermo Linares. Tal como si fuera un historia interminable que nos enseña que los gobiernos, del partido que sea, trabajan con la delincuencia y no para el pueblo. No es casual el encuentro de la actual alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández, de Morena, con uno de los líderes del grupo narco-paramilitar los Ardillos, Celso Ortega, a quien le pregunta “¿cómo puedo ayudarte?”; la relación del Estado con la delincuencia es a todas luces una realidad.
Y es la misma situación que se viven en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, Colima, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Puebla, Tamaulipas y en todo el país: Por eso decimos que CHIAPAS ES EL ESPEJO DE MÉXICO.
Militarización, grupos paramilitares y grupos de la delincuencia organizada, son la actual triada con la que el Estado, sirviente de los capitalistas, está re-ordenando el territorio mexicano para el beneficio de los capitalistas, que avanzan en la apropiación del territorio. Pero sabemos que en la lógica de la guerra para re-ordenar, re-poblar y reorganizar un territorio, primero hay que destruir lo existente, de ahí la impunidad de la delincuencia organizada y los paramilitares. Es por eso que aunque AMLO ha militarizado al país, vemos que los cuarteles, bases militares, retenes, son filtros para quienes defendemos nuestra tierra, la vida, porque el crimen organizado y los paramilitares se mueve con total impunidad.
Llamamos pues a la sociedad en general a organizarse para defender el territorio y la vida pues la delincuencia organizada avanza con la complicidad de los malos gobiernos y si no estamos organizados, en poco tiempo no habrá nada que defender. Llamamos a la solidaridad en los hechos con los pueblos de México que nos organizamos en el Congreso Nacional Indígena (CNI), con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues es en los pueblos indígenas donde encontramos hoy en día una de las alternativas más sólidas al capitalismo. Nosotras y nosotros como CIPOG-EZ nos mantenemos en resistencia y organizándonos en nuestro territorio; respaldamos las iniciativas nacionales e internacionales de denuncia contra la guerra a nuestros hermanos y hermanas del EZLN y estamos dispuestos a acompañar y ser parte de cualquier acción solidaria en el territorio zapatista: reciban hermanos y hermanas del EZLN el abrazo de nuestras comunidades.
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA EL EZLN!
¡ALTO A LOS ATAQUES CONTRA LA COMUNIDAD DE MOISÉS Y GANDHI EN CHIAPAS!
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!
¡ALTO A LA GUERRA EN EL TERRITORIO MEXICANO!
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA
Militares de Estados Unidos en el Perú como respaldo a más represión
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
Foto de portada: Embajada de los EEUU en Perú
La dictadura de Dina Boluarte autorizó el ingreso al Perú de más de mil militares de Estados Unidos, cuando se reactivan las manifestaciones nacionales contra el régimen que ha asesinado a 50 personas en protestas reprimidas con violencia letal -otras 19 fallecieron en incidentes relacionados- por parte de las fuerzas de seguridad.
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La disposición se interpreta como un mensaje amenazante y disuasivo para el pueblo organizado que retomará las marchas masivas en las calles a partir del 19 de julio, en vísperas de los días de fiestas patrias. Desde la región Puno, epicentro de la oposición, se anunció la movilización hacia la capital de 13.000 manifestantes en lo que llaman la tercera toma de Lima.
De acuerdo al decreto aprobado por el Congreso en mayo, las tropas estadounidenses arribarán entre junio y diciembre, con el fin de ofrecer “apoyo y asistencia en operaciones especiales al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú”. Se desplegarán en al menos 14 departamentos, entre ellos Lima y zonas del sur andino violentadas por el terrorismo de Estado (Ayacucho, Apurímac, Cusco).
El gobierno de facto se sostiene por las armas. La alianza entre Congreso y Ejecutivo, bajo el mando de la oligarquía, se niega al adelanto de elecciones para este año, a pesar de ser una demanda del 70% de la población. El 80% desaprueba a Boluarte y el 90% rechaza al Parlamento, según las encuestas de este mes. Consultada sobre las próximas protestas, la presidenta de facto, en tono interrogatorio, verbalizó la amenaza de muerte permanente del modelo que defiende sobre la protesta legítima: “¿Cuántas muertes más quieren?”.
En respuesta, el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (Conulp) reafirma su posición no violenta, sin banderas de partidos ni sindicatos. “Los pueblos originarios de las 25 regiones ya tomaron su propia decisión: abolir de raíz este Estado. La conclusión es construir un nuevo Estado, plurinacional, de las regiones. Desde 1821 las 12 constituciones fueron para ellos, no para el pueblo. Los partidos de izquierda quieren nuevas elecciones, asamblea constituyente, nueva Constitución, pero todos hacen parte de esta clase política, de este Estado viejo. No los vamos a permitir en nuestra lucha, ni permitir la violencia. Responsabilizamos de la violencia a la cúpula policial y militar”.
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Las próximas protestas en Lima determinarán el futuro del régimen. Desde la misma cúpula del poder se escenifica un cuestionamiento a la continuidad de Boluarte, ya sea por pugnas internas inmediatas, captar apoyo o como advertencia de la posibilidad del Poder Legislativo de llamar a elecciones antes de 2026.
En las movilizaciones masivas en la capital también participarán, de acuerdo a la Central Nacional de Rondas Campesinas del Perú, 30 mil integrantes de la organización encargada de la seguridad comunitaria en áreas rurales.
Guerras imperiales por extractivismo
A la vez de la advertencia interna, la presencia de militares de Estados Unidos en el Perú es un movimiento estratégico en la región latinoamericana, concretamente en el área andino-amazónica, donde Washington se disputa la explotación de litio y materias primas, como parte de las guerras imperiales con China y Rusia por territorios para el extractivismo en el sur global.
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Estados Unidos respaldó, desde el principio, la investidura de Boluarte tras el golpe legislativo contra Pedro Castillo en diciembre pasado. En declaraciones recientes, la embajadora de EE.UU. en el país andino, Lisa Kenna, sostiene que trabaja con el Perú “fieles a los principios de la democracia”. Es la única nación suramericana en la que ejecutarán ejercicios militares este año y la tercera de Latinoamérica, con México y Belice.
Recientemente, el Estado peruano concedió a la canadiense Macusani Yellowcake el primero de tres permisos para la exploración de litio en Puno, el departamento peruano donde en enero la Policía y el Ejército asesinaron a 19 personas desarmadas, a las que dispararon con armamento de guerra en acciones calificadas como ejecuciones extrajudiciales por organismos internacionales de derechos humanos.
En los últimos meses, la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, fue explícita sobre la misión que se asigna el capital de Washington: “Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios aprovechándose de eso. Pareciera que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo (…) La agresividad de China y su juego en el terreno con el litio es muy avanzado y muy agresivo”.
El litio es, actualmente, el mineral más codiciado por los capitales imperiales. Suramérica posee las mayores reservas mundiales: el 80% de todo el ‘oro blanco’ del planeta se encuentra en Argentina, Bolivia y Chile. Por estos días, la defensa de los territorios y el agua ante la explotación de litio es una de las consignas de las masivas protestas en Jujuy.
Para los pueblos afectados por la megaminería, el verdadero ‘triángulo del litio’ no lo conforman estos países, sino “el vínculo entre las fuerzas de seguridad, el Estado y las empresas multinacionales”, como observaba desde tiempo atrás la Asamblea Pucará de Argentina.
“Insistimos que es Estados Unidos que comandó las masacres en el Perú. Son esas empresas extranjeras que vienen por todo, en Argentina, donde hay litio, la provincia de Jujuy se ha levantado y está luchando porque para explotar el litio se apropian de tierras, el agua. Es una sola lucha, hay un mismo enemigo”, indicó, desde Lima, la delegada de gremios internacionales que respaldan al Conulp.
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La violencia de Estado y del gran capital en Jujuy, así como en el Perú, se ejecuta en defensa de la extracción de materias primas. No es casualidad que Puno, con altas reservas de litio y otros minerales, sea la región más represaliada. Contra el poder militar y la minería ecocida de las potencias aliadas a las élites nacionales, el pueblo organizado contesta con la defensa de sus territorios y su representación, ante un modelo en agonía global al que le declaran su fin.
