Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

^{En portada: Funcionarios ecuatorianos y militares norteamericanos durante la firma del memorandum.}

Entre el mes de junio y julio, el gobierno de Ecuador, presidido por Guillermo Lasso, firmó con Estados Unidos (EEUU) un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y uno de conservación de la Amazonía. El convenio lo ejecutará la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y su socio World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés).

En una ceremonia realizada en la sede del Departamento de Defensa de EEUU, el pasado 19 de julio, con presencia del alto mando del Comando Sur, la General Laura Richardson, así como el Subsecretario Adjunto de Defensa, Daniel Erikson, entre otras intancias militares del país norteamericano, se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés). Este MOU tiene por objetivo “fortalecer capacidades del sector de defensa” y “objetivos compartidos” relacionados con seguridad, según la embajada estadounidense en Ecuador.

Mientras, el gobierno ecuatoriano, a través de un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, manifestó que se trata de reafirmar los mecanismos de fomento entre las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses, en las que “participa el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de los Estados Unidos junto al Ministerio de Defensa de Ecuador”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Comunidades indígenas y campesinas de Ecuador denuncian al gobierno por el uso de las fuerzas armadas para ejecutar una supuesta “consulta ambiental”, propuesta emitida por el mandatario de este país, Guillermo Lasso, mediante el decreto 754, para dar paso a la explotación del proyecto minero La Plata, en manos de la empresa canadiense Atico Mining.

Los habitantes de la parroquia de Palo Quemado en la provincia del Cotopaxi, región central de Ecuador, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), han denunciado que el gobierno de Lasso ha militarizado la región para llevar acabo esta consulta que permitirá a la canadiense Atico Mining explotar oro, cobre, plata y zinc en un área que comprende 2 mil 222 hectáreas, entre las comunidades San Pablo de La Plata y Las Minas.

Cabe destacar que en está región confluyen 10 cuerpos hídricos, esteros y quebradas, y un ecosistema de bosque que hace parte de la Cordillera Occidental de los Andes, del cual dependen diversas poblaciones.

Las acciones contra estas comunidades comenzaron desde el 9 de julio en la parroquia Palo Quemado y se mantienen hasta el cierre de este reportaje. Los inconformes denuncian que el gobierno “busca imponer por la fuerza una consulta ambiental ilegal, propuesta mediante el decreto 754 que permite la inmersión minera en los territorios”.

Estas comunidades han calificado el decreto 754 como “inconstitucional” porque, arguyen, “facilita a las empresas mineras el despojo de los territorios sin importarles la opinión y decisión de las comunidades inconsultas”.

Tras esta imposición diversas expresiones de resistencia se han sumado al rechazo de este proyecto, como activistas, artistas y personalidades reconocidas en Ecuador. La organización Acción Ecológica se ha pronunciado en unidad “para exigir que se detenga esta consulta ilegal. Así también el retiro inmediato de la Fuerza Pública que ha tomado posesión de la parroquia originando tensión y miedo en la población y en las comunidades aledañas como Las Pampas, Galápagos, La Florida, Las Juntas, Campo Alegre Alto y Bajo”, han denunciado en un comunicado.

La Plata

El proyecto minero La Plata es un proyecto de sulfuros masivos volcanogénicos que tiene proyectado extraer 12,9 gramos de oro por cada tonelada extraída de roca y otros componentes minerales. Con el método de la minera subterránea, que va perforando mediante túneles y va rellenado con una mezcla de cemento, la empresa tiene proyectado extraer 900 toneladas diariamente.

La empresa canadiense por su parte ha informado que ya ha invertido más de 16 millones de dólares para actividades previas, realizadas “con altos estándares técnicos y con maquinaria mínimamente invasiva”. No obstante, las comunidades afectadas se han movilizado para rechazar este proyecto minero por los posibles impactos negativos hacia toda la región, por ello se han declarado en “alerta”.

Solo en la provincia del Cotopaxi existen alrededor de 250 concesiones mineras ubicadas en tres cantones.

Por tanto, comunica la CONAIE, “exigimos al gobierno nacional de Guillermo Lasso la derogatoria del decreto754 que es inconstitucional, retirar a la fuerza pública del territorio comunitario y que éste contingente salga a enfrentar a la inseguridad del país y no sirva para amedrentar a agricultores, campesinos y familias que sostienen la soberanía alimentaria en el país”.

Noticias de abajo – 20 de julio 2023

ROMPIENDO FRONTERAS

• GLOBAL MUNDO: La lucha por la vida y la libertad de Julian Assange defensor de la libertad de expresión y el derecho a la información. Entrevista a Edith del movimiento #24F Coalición vida y libertad para Julian Assange.
• ESTADO ESPAÑOL: El anarquista Gabriel Pombo en las calles, tras 3 años del último encierro.
  http://www.anticarcelaria.org/2023/07/10/gabriel-pombo-en-las-calles/
  https://noticiasanarquistas.noblogs.org/post/2023/07/18/espanha-algumas-palavras-do-companheiro-gabriel-pombo-da-silva/
• ARGENTINA: Continúa la represión a la lucha por los derechos de los pueblos originarios en Jujuy. Audios recopilados por la Conquista del Pan.
• PERÚ: Cientos de miles toman lima en la tercera protesta masiva contra la dictadura de la tirana Dina Boluarte #TomaDeLima. A pesar de la represión y el injerencismo, el movimiento y el descontento sigue creciendo

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

• SONORA: Liberan al preso político yaqui Fidencio Aldama, luego de siete años en la cárcel por defender su territorio. Desinformémonos
• CDMX: Poliana para recordar a nuestros presos y ejercitar la solidaridad.
  La poliana es un juego, que se creó en la cárcel, por los prisioneros. Este juego sirvió para realizar un torneo para recordar a dos presos libertarios a Yorch y Brandi
  https://noticiasdeabajoml.wordpress.com/2023/07/13/poliana-para-recordar-a-nuestros-presos-y-ejercitar-la-solidaridad/
• MÉXICO: Exigen que asesinato de defensor comunitario y radialista Samir Flores Soberanes sea revisado por un juez federal, denuncian que el juicio en Morelos ha sido una simulación, demandan que sea revisado ante fiscalía especial para la Libertad de Expresión.
• CHIAPAS: José Díaz, Base de Apoyo del EZLN, es víctima de fábrica de culpables por la Fiscalía de Chiapas #PresosPoliticos https://frayba.org.mx/boletin_16_jose_diaz_BAEZLN

“Nosotros somos herederos de estas tierras que pertenecían a nuestros abuelos, pero por el conflicto armado tuvimos que abandonarlas”, dijo en su idioma Q’anjob’al una señora.

Por Joel Pérez, Lencho Pez y Simón Antonio

Este miércoles 19 de julio, más de 2 mil 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre agentes antimotines y antinarcóticos fueron movilizados al municipio de Santa Cruz Barillas por el gobernador de Huehuetenango, para cumplir con una orden de desalojo contra pobladores indígenas que habitan la comunidad de Kumatz.

La orden fue emitida por el juez “B”, Oswaldo Romeo Martínez Palacios del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del Centro de Administración de Justicia (CAJ) con sede en el municipio de Santa Eulalia.

Según el Ministerio Público (MP), en la diligencia también participó la Fiscalía contra Delitos de Usurpación con la finalidad de recuperar y entregar el inmueble (la finca Sargento y Nubila) al propietario.

Elmer Ariel de León López, juez de paz de Santa Cruz Barillas, fue quien ejecutó esta orden de desalojo contra la población de Kumatz, ubicada sobre la Franja Transversal del Norte (FTN), en la aldea Río Espíritu, a 570 kilómetros de la ciudad capital.

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A nuestrxs compañerxs del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A nuestrxs compañerxs adherentes a la Sexta en México y el Mundo.
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal.
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen.

Se cumple un año de la ausencia del compañero Álvaro Sebastián Ramírez, indígena zapoteco, originario de la comunidad de Llano Maguey, municipio de San Agustín Loxicha, Pochutla, Oaxaca, ex preso político y de conciencia, asesinado por motivos políticos. Hoy, su familia, compañeras y compañeros que lo acompañamos en diferentes momentos de su lucha, lo nombramos y queremos decir que su recuerdo está presente en nuestra memoria y seguiremos gritando ¡VERDAD Y JUSTICIA PARA ÁLVARO SEBASTIÁN RAMÍREZ!

Para Álvaro, la vida fue su lucha y su lucha era parte de su vida, fue consecuente con su pensamiento y creía firmemente que otro mundo es posible. Por eso, se hace necesario recordar el trabajo organizativo que hizo antes, durante y después de estar privado de su libertad. En los años setenta y ochenta fue maestro bilingüe, también ocupó el cargo de regidor de educación en el Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de San Agustín Loxicha. Vivió en carne propia la miseria y la pobreza extrema, sintió las injusticias que se cometían en contra de sus iguales. Ante ese contexto, Álvaro decía que “era necesario organizarse”, por eso, caminó durante años junto a su pueblo, desde abajo, para construir libertad, justicia y democracia.

Él, como otros disidentes políticos, fue desaparecido y torturado durante 11 días en una cárcel clandestina, fue encarcelado en diferentes penales de máxima seguridad del país y asesinado por sus ideas políticas contrarias al régimen y por haberse organizado con su pueblo para luchar y resistir frente al despojo, la explotación, al desprecio y la represión.

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A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
AL PUEBLO DE MÉXICO

Comunidades indígenas a 19 de julio de 2023

Han transcurrido 49 años de impunidad e injusticia, casi medio siglo en el que comunidades indígenas incansablemente siguen buscando memoria, verdad y justicia para los desaparecidos del pueblo p’urhépecha:  José de Jesús Guzmán Jiménez; y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Armando y Venustiano Guzmán Cruz, los cinco originarios de la comunidad indígena de Tarejero en Zacapu, Michoacán, México.

Ellos fueron detenidos, torturados y desaparecidos en el mes de julio de 1974 por el Ejército Mexicano y la entonces policía política, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), siendo trasladados a la XXI Zona Militar en Morelia y posteriormente al Campo Militar No.1 en CDMX, por ser luchadores sociales, opositores políticos y soñadores de un mundo mejor.

Por casi cinco décadas, sus familiares, organizaciones no gubernamentales de los derechos humanos y comunidades originarias han exigido justicia para la familia Guzmán Cruz, pero el Gobierno Federal ha respondido con negación, indiferencia y represión.

Hoy, el gobierno de la llamada 4T, continúa sin resolver las desapariciones forzadas por motivos políticos ocurridas durante la segunda mitad del Siglo XX, las desapariciones de los defensores de los bosques y del territorio de las comunidades indígenas y mucho menos, las miles de desapariciones acontecidas en los últimos sexenios. La impunidad e injusticia imperan en nuestro país y día a día la grave crisis de los derechos humanos aumenta. Si no hay justicia para los desaparecidos del pasado, mucho menos lo habrá para los del presente.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El pasado 7 de julio, diversos medios de comunicación alertaron sobre un incendio suscitado en la plataforma de Petróleos Mexicanos (PEMEX) llamada Nohoch-Alfa, establecida en las aguas del golfo de México, en el estado de Campeche. No obstante, había pasado desapercibido un derrame de crudo acontecido cuatro días antes.

De acuerdo con una secuencia de imágenes satelitales, procesadas por el geógrafo Guillermo Tamburini, el derrame de crudo inició aproximadamente entre el 3 y 4 de julio en la plataforma Balam que, hasta este día lunes (16), ha alcanzado una dimensión de 400 kilómetros cuadrados y el vertido podría extenderse hasta los 4,000 metros cúbicos.

Este desastre ambiental actualmente ha alcanzado una dimensión de más del doble de la ciudad de Guadalajara, pero “las autoridades no han dado aviso alguno sobre las causas y consecuencias del mismo”, han denunciado en conferencia de prensa una veintena de organizaciones de la sociedad civil.

Estas organizaciones temen que, por antecedentes de otros casos similares, el derrame pueda pasar desapercibido y sin cuantificar los daños. “Una revisión de la misma zona en el mes de junio permitió identificar otro derrame con una extensión aproximada de 270 km2” puntualizan los activistas en un documento que fue presentado ante la prensa.

En el mismo documento destacan que, solo en los últimos dos años existe un aumento de 152% de accidentes de PEMEX, siendo que “la industria fósil pretende normalizar el sacrificio de personas y territorios como accidentes producto de una error humano, cuando en realidad de trata de una característica propia de un modelo que externaliza los costos de los desastres asociados a su operación, siendo el mayor desastre de todos la crisis climática de la cual la industria fósil es responsable en un 70%”, señalan las organizaciones.

En el documento que presentaron las organizaciones llamado Recientes Incidentes Ambientales en el Área de Explotación Hidrocarburífera Cantarell en el Golfo de México (Junio/julio 2023), resaltan que el vertido de hidrocarburos y otros fluidos contaminantes se ha convertido en algo recurrente por parte de la paraestatal.

Las organizaciones reiteran que esto es un motivo más de porque “México no puede y no debe seguir apostando por un modelo basado en la explotación y el sacrificio de poblaciones y territorios. La crisis climática nos exige un cambio drástico de paradigma de energía, orientando los recursos a la generación de energía renovable de forma justa”, señalan las organizaciones.

Las activistas urgen el remplazo de la energía fósil como respuesta a la emergencia climática.

Hace más de un mes, una provincia del noroeste argentino resiste con manifestaciones intersectoriales en contra de una Reforma Constitucional inconsulta, que prohíbe la protesta social y otorga privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para megaproyectos. Las mujeres, campesinas y docentes, se encuentran al frente de los cortes de ruta que claman ¡Abajo la Reforma, arriba les que luchan!

Por Avelén Correa Ruau

Hace más de un mes, una provincia del noroeste argentino resiste con manifestaciones intersectoriales en contra de una Reforma Constitucional inconsulta, que prohíbe la protesta social y otorga privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para megaproyectos. Las mujeres, campesinas y docentes, se encuentran al frente de los cortes de ruta que claman ¡Abajo la Reforma, arriba les que luchan!

La evidencia arqueológica confirma que en el territorio que hoy se conoce como Argentina, habitaban pueblos mucho tiempo antes de la Colonización europea y la conformación del Estado – Nación. Les primeres pobladores de Jujuy datan de hace más de 10 mil años, distribuidos en las zonas de la Puna, la Quebrada y los llamados Valles Centrales, con una importante diversidad cultural y lingüística. En la actualidad, son más de 400 las comunidades indígenas que atraviesan diferentes conflictos socioambientales, vinculados a territorio, biodiversidad y bienes comunes.

“Somos calladas, pero cuando tenemos que gritar, gritamos”

Un celular que aún tiene batería marca las 8:30 AM en el corte de la ruta nacional 9 a la altura de Abra Pampa. Con timidez amanece en la Puna jujeña, donde el sol tiene más trabajo que en otras partes del país, ascendiendo hasta los 3 mil metros. La noche enfría las piedras y el sol calienta los corazones de las comunidades que llevan varias semanas reclamando.

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“Es preferible morir con honor que vivir con la vergüenza de un tirano dictando nuestros rumbos”.

Ciudad de México, 16 de julio del 2023

Hermanas, hermanos todas, todos, todoas, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio de lucha, resistencia y rebeldía, a este plantón en apoyo a las comunidades zapatistas ¡Alto a la guerra en contra del EZLN!

Hace apenas pasado de un mes salíamos a tomar las calles de esta su ciudad para exigir un alto a la guerra en contra de nuestras hermanas y hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, apenas un mes de que se realizaban acciones dislocadas en distintas geografías del país y del mundo para sumarse en apoyo a las comunidades zapatistas, sin embargo y cómo se decía desde incluso antes de la cuarta declaración de la selva Lacandona: “Nuestra lucha es por hacernos escuchar, y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos”.

Durante el presente año las comunidades autónomas del EZLN han sufrido una gran cantidad de ataques y hostigamiento por parte de grupos paramilitares cómo la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador, ataques que han dejado cómo saldo herido al compañero Jorge López Santiz, base de apoyo del EZLN . Así mismo y casi posterior a las acciones dislocadas y a la marcha, donde caminábamos juntas y juntos, se incrementaron los ataques en contra de las comunidades zapatistas, del 19 al 21 de junio la ORCAO detonaría más de 800 balas en contra de las comunidades zapatistas: Emiliano Zapata, San Isidro y Moisés y Gandhi, dejando a su paso incendios en parcelas que los compañeros bases de apoyo trabajan, impactos a clínicas y escuelas autónomas, así cómo desplazadas a varias familias de los compas BAELZN.

Aún y con todas las denuncias públicas que distintas, distintos individuos, así cómo diversas organizaciones, colectividades, medios libres, independientes o cómo se llamen, han realizado, el capataz en turno Andrés Manuel Lopez Obrador, se empeña en mofarse y hacer omisión de la situación actual del sureste mexicano.

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Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Manifestantes colocan carteles frente al Ministerio Público. (Foto: Wilder López/Soy502)}

El escenario político en Guatemala, tras los sorpresivos resultados de la primera vuelta en las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio, ha adquirido aires autoritarios. En respuesta, distintos sectores de la población y organizaciones sociales salieron a las calles para frenar lo que es señalado como un golpe de Estado “técnico”.

La mañana de este jueves (13), agentes del Ministerio Público (MP), acompañados de elementos encapuchados y armados de la División de Información Policial, allanaron las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

La acción fue justificada con el argumento de recopilar pruebas para proceder legalmente contra el partido Movimiento Semilla (MS), al cual acusan de falsificar firmas para adherir miembros a su organización política, así como por lavado de dinero.

Esto ocurrió horas después que el TSE oficializó los resultados de la primera vuelta, con lo cual confirmó los candidatos que se disputarán la presidencia de Guatemala el próximo 20 de agosto: Bernardo Arévalo del MS, y Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE).

La injerencia del MP sobre el tribunal ocurre en un contexto de grave crispación política. El 30 de junio, nueve partidos políticos señalaron fraude electoral y demandaron la revisión de los votos y actas de la primera vuelta. El 1 de julio, la Corte de Constitucionalidad ordenó a las juntas electorales repetir las audiencias de escrutinio para cotejar los datos de las mesas de votación. Para el 6 de julio, la revisión a nivel nacional concluyó sin que el fraude fuera comprobado.

Con la irrupción del MP al tribunal electoral, organizaciones sociales consideran que la maniobra es una acción más en el proceso para interferir en las elecciones. Así lo considera José Luis Caal integrante de la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop), organización con presencia en el norte del país centroamericano.

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