El acaparamiento de tierras en territorios indígenas de Brasil está relacionado con el lucro de una empresa francesa de supermercados. Así lo expone una demanda realizada, desde el 3 de marzo de 2021, por una coalición formada por organizaciones brasileñas y colombianas de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.

Acompañadas de ONGs internacionales, las organizaciones latinoamericanas denunciaron a la cadena de supermercados Casino/Pão de Açúcar ante los tribunales franceses por violación de su deber de vigilancia en su cadena de suministro.

En la demanda se acusa a Grupo Casino/Pão de Açúcar por no haber tomado las medidas necesarias para excluir de su cadena de suministro, tanto en Brasil y Colombia, la carne de vacuno procedente de la deforestación ilegal y de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

Ahora, en vísperas de la audiencia que se celebrará con el Grupo Casino/Pão de Açúcar, relacionada con la deforestación en la Amazonía brasileña, la asociación Jupau, que representa al pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau, ubicado en el estado de Rondonia, Brasil, confirmó oficialmente su interés en unirse a la coalición internacional que ha presentado la demanda en Francia contra la cadena de supermercados.

Según un informe del Centro de Análisis de Crímenes Climáticos (CCCA), la ganadería es la principal causa de deforestación en el territorio del pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Más de 25 mil 482 cabezas de ganado se encuentran allí ilegalmente y se ha deforestado 13mil 411 hectáreas de terreno para producción de pasto, lo que representa una superficie mayor que la ciudad de París.

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El informe indica que, de acuerdo a registros oficiales de transporte de animales, se han identificado tres granjas establecidas ilegalmente en el territorio del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau y conectadas a la cadena de suministro de un matadero de la empresa brasileña JBS, proveedora de las tiendas del grupo Casino en Brasil.

Ante estas evidencias, el pueblo Uru-Eu-Wau-Wau exige, a través de la demanda, la reparación de los daños medioambientales y las violaciones de los derechos humanos causados por la deforestación ilegal y la actividad ganadera.

Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau, representante del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau, espera “que el caso del Casino sirva de ejemplo a otras empresas y que contribuya a reducir la deforestación en la Amazonia, así como a garantizar los derechos de los pueblos indígenas”.

Colombia

Acorde a denuncias de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA, por sus siglas en inglés), la deforestación ligada a la cadena de suministro de la empresa Casino también se repite en la Amazonía colombiana a través de su filial de supermercados Éxito.

A través del cruce de datos de vacunación, de transporte del ganado y con entrevistas directas a proveedores, EIA demuestra que parte del ganado comercializado por la filial colombiana de Casino proviene de fincas instaladas “en terrenos deforestados ilegalmente de parques nacionales donde operan además grupos armados”.

“Un proveedor indirecto de Casino ejerce, por ejemplo, la posesión de alrededor de 800 hectáreas dentro del parque natural de Chiribiquete, de las cuales 400 hectáreas fueron deforestadas y convertidas en pastos”, indica el documento que fue presentado ante los tribunales franceses para sostener la demanda contra Casino.

A partir de 2017, las leyes francesas obligan a las empresas, con sede en el país europeo y que emplean a miles de personas en el mundo, a prevenir las violaciones de derechos humanos y a no dañar el medio ambiente. Con base en esta legislación fue que varias ONG francesas iniciaron siete causas contra transnacionales por violar directamente o a través de proveedores indirectos, los derechos ambientales o sociales.

Las demandas no se limitan a la actividad agroindustrial del grupo Casino. En la mira están también la empresa de electricidad EDF por la imposición de un proyecto eólico en México; el gigante de distribución de agua potable Suez en Chile; y la petrolera TotalEnergies con un megaproyecto de extracción de crudo en Uganda.

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Pese a las acciones judiciales, aún no se han dictado sentencias.

El indígena David Hernández Salazar, quién fue detenido el día martes (17) por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), estuvo detenido algunas horas y posteriormente fue puesto en libertad. Hernández preside la agencia municipal de Puente Madera, una comunidad ubicada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

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La comunidad se ha opuesto a la determinación del gobierno federal y estatal de instalar un parque industrial a escasos mil metros de donde habitan.

Tras la detención de Salazar, su comunidad y diversas organizaciones se alertaron y activaron acciones rápidamente por el miedo de una desaparición, como ha sucedido con otros activistas del país.

Horas después de la detención, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio anunciaron que había sido liberado. Sin más detalle, esta organización anunció que “el compañero David Hernández Salazar ya está libre, se encuentra seguro y con buena salud”.

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La no aceptación de 1 de los 35 parques que el gobierno pretende instalar en esta región se mantiene. Aseguran que no quieren el proyecto.

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Guardia Comunal de Santa María Ostula durante los festejos por el décimo aniversario de la fundación de Xayacalán. Foto: Regina López}

Tres integrantes de la Guardia Comunal de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula y de la Guardia Comunitaria del Municipio de Aquila, en Michoacán, los comuneros Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano, fueron asesinados el jueves (12) en un punto de vigilancia cercano a la cabecera municipal de Aquila por un comando de aproximadamente 20 sicarios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó la comunidad por medio de un comunicado.

Los sicarios “acribillaron a nuestros compañneros, grabando diversos videos en los que hicieron ostentación de crueldad y de su pertenencia al mencionado cartel”.

Relatan la “complicidade de los gobiernos federal y del estado con los cárteles criminales”. El día cuatro de octubre de 2022 hicieron de conocimiento público que desde el 29 de septiembre de 2022 “el CJNG tomó el control de la cabecera municipal de Chinicuila y desplazó a personas y familias con el propósito de explotar las minas de este municipio, ocurriendo que unos días antes la Guardia Nacional ocupó este poblado, desarmó y desarticuló a su Guardia Comunal, detuvo a dos de sus elementos y copó por completo dicha localidad. El resultado: actualmente Chinicuila es un lugar sepulcral en manos de la delincuencia ante la presencia pasiva de los cuerpos federales de seguridad.”

Denuncian que los asesinatos no son un “hecho fortuito o casual”. Los comuneros estaban en un punto de vigilancia para mantener a “raya a la delincuencia que, desde Colima y Chinicuila, tiene cercados a los municipios de Aquila y Coahuayana”.

Histórico de amenazas

Entre los años 2009 y 2014 Santa Maria Ostula sufrió una “embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Marina Armada de México y el cartel de los Caballeros Templarios”.

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La situación provocó 34 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales, así como también el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65º batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue pericialmente comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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Autodeterminación

La comunidad manifesta que la guarda comunal de Santa María Ostula, junto con los grupos de autodefensa y guardias comunales de Aquila y Coahuayana, reforzará las “acciones para combatir y acabar con la presencia de la delinquencia organizada en toda la región”.

Exigen el “desmantelamiento del CJNG y el cese de la protección que otorgan a dicho cartel funcionarios y mandos militares corruptos” y el “respeto y otorgamiento de garantías para el funcionamento de nuestra guadia comunal y para el ejercicio de nuestra libre determinación y autonomía”.

Desaparición

Al cierre de esta edición se reporta la desaparición forzada del abogado defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán.

De acuerdo a una alerta urgente, Lagunes Gasca actualmente realiza acompañamiento legal en la comunidad indígena de Aquila, donde hay una gran actividad minera que está generando grandes impactos en la zona.

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El día de su desaparición, domingo (15), Lagunes y Díaz acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital de Colima, comunicándose por última vez en el puente Coahuayana, en el estado de Michoacán a las 18:50.

Ambos viajaban en una camioneta que fue encontrada el mismo domingo. El vehículo presentaba impactos de bala, pero en la unidad no se encontró a ninguna persona. Por tanto, se presume que el profesor Valencia y el defensor Ricardo Lagunes fueron privados de su libertad por desconocidos, situación que pone en grave riesgo su integridad física y su vida.

Organizaciones campesinas, agricultores, ambientalistas, sindicatos, iglesias, activistas sociales, académicos y periodistas de México, Estados Unidos y Canadá alertaron, por medio de un comunicado, que empresas transnacionales y organizaciones empresariales, que se benefician del maíz transgénico y de los agrotóxicos, están presionando al gobierno de México para que “renuncie a su derecho a la soberanía alimentaria”.

El gobierno de México, por medio de un decreto presidencial de finales de 2020, decidió eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el 2024.

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El tema debe de estar en la agenda de la Cumbre de Líderes de América del Norte – la segunda reunión trilateral de este tipo desde que el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entró en vigor, julio de 2020 – que tuvo inicio hoy (9) y se extiende hasta el 11 de enero, en la Ciudad de México. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó a México el domingo (8) y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llega en la tarde de este lunes (9).

De acuerdo con las organizaciones de los tres países, la demanda de las corporaciones y sus cabilderos para que México dé marcha atrás a las “legítimas y legales decisiones tomadas” es un “verdadero despropósito jurídico internacional y un enfoque anacrónico propio del siglo pasado, contrario a la amplia demanda social y a los compromisos internacionales del siglo XXI”.

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Uno de estos marcos internacionales que protegen la diversidad fue acordado, en Montreal, en diciembre de 2022 por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, y por

la absoluta mayoría de gobiernos en el mundo, durante la decimoquinta Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica, en la cual acordaron el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Entre sus objetivos está reducir los riesgos de contaminación y el impacto negativo de la contaminación de todas las fuentes, para 2030, a niveles que no sean dañinos para la biodiversidad, lo que incluye reducir el riesgo general de los plaguicidas y los productos químicos altamente peligrosos en al menos la mitad.

Además, el marco internacional prevé que se debe garantizar que las áreas dedicadas a la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura se gestionen de forma sostenible, en particular mediante el uso sostenible de la biodiversidad, incluso mediante un aumento sustancial de la aplicación de prácticas respetuosas con la biodiversidad, como la agroecología.

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Sostienen que “resulta evidente el irracional propósito de tratar de poner los intereses corporativos por encima de las prioridades de respeto a la madre naturaleza, lo mismo que a la salud pública. Y aún más, de ir a contracorriente de la necesidad socioambiental de la región y del mundo, de construir políticas alternativas para el desarrollo equilibrado que debería ser la prioridad, en armonía con el derecho internacional”.

Las organizaciones de los tres países exhortan “al gobierno de México para que se mantenga firme ante las presiones del gobierno de los Estados Unidos y los intereses de las transnacionales”.

Entre los ejes centrales de la cumbre trilateral están la migración, la seguridad, cambio climático y integración económica de América del Norte.