derechos humanos
Comunidad indígena Otomí cumple cuatro años de haber ocupado el INPI
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
Foto de portada por Santiago Navarro F
Su palabra certera y contundente es lo que caracteriza a la joven indígena Anselma Margarito, integrante de la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México. Además de haber concluido su formación como contadora, también, durante los últimos cuatro años ha aprendido a defender los derechos de su comunidad, desde que ocuparon en octubre del 2020 lo que antes era el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). La ocupación fue una acción directa para que les cumplieran la entrega de viviendas que distintas autoridades les prometieron.
Son cuatro años en que han transcurrido una serie de acontecimientos que marcaron la vida de Anselma, como una caravana vienen los recuerdos a su memoria. “Era temprano muy por la mañana del 12 de octubre, de 2020, con diversas colectividades y organizaciones decidimos ocupar las instalaciones del INPI, como un llamado al gobierno para que volteara a ver a los pueblos originarios que habitan la ciudad y, con principal atención, hacia a la comunidad Otomí. Hoy ya se han cumplido cuatro años y solo hay oídos sordos, racismo y desprecio”, relata la activista.
En aquel entonces, esta comunidad migrante proveniente del estado de Querétaro llevaba viviendo casi veinte años en diversos edificios, también ocupados, establecidos en Guanajuato 200 y Zacatecas 74, en la Colonia Roma. También habitaban los edificios en la avenida Zaragoza 1434, en la alcaldía Iztapalapa; en la calle Roma 18, en la Colonia Juárez. Este último estaba en el abandono desde el sismo ocurrido en 1985 y agravándose su situación con otro movimiento telúrico, ocurrido el año 2017, lo que implicó que no se pudiera habitar más.
Meses antes de la ocupación de las instalaciones del INPI, el gobierno de la Ciudad de México presidido en su momento por la que ahora es presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través de Alfonso Suárez del Real, entonces Secretario de Gobierno, por medio de los oficios SG/826/2020, SG/824/2020, SG/827/2020 y SG/825/2020, anunciaba el compromiso de “Expropiación Federal” de estos predios, en beneficio de los ocupantes. Pero les mintieron, ya que hasta el día de hoy no han recibido ninguna respuesta positiva.
“Vemos que, en estos cuatro años, ni con Sheinbaum ni con Obrador, no resolvieron las demandas de la comunidad Otomí. Así que nos mantenemos en resistencia y, hoy, solicitamos el diálogo con la actual jefa de gobierno Marina Brugada. Ella anunció que durante su administración va a repartir 120,000 viviendas y que todos tenemos derechos a una vivienda digna ¿entonces le preguntamos ahí donde queda la comunidad Otomí que lleva 30 años en la lucha por una vivienda digna?”, cuestiona la activista indígena.
Derechos de la mujer
Es así que Anselma, junto a otras mujeres Otomí, erige su voz como un acto de protesta, dirigiendo un comunicado a la nueva jefa de gobierno, Clara Marina Brugada Molina, quien declaró, al asumir el cargo el pasado 5 de octubre: “quiero que esta capital sea la vanguardia de los Derechos de la Mujer”. Para la activista esta declaración es solo eso, “un discurso hasta no demostrar lo contario. Mientras tanto, solo han mostrado su desprecio, su silencio y racismo”, cuestiona la indígena Otomí.
Las activistas signatarias del comunicado también arremeten contra la actual presidenta de México, quien declaró al asumir la silla presidencial que ella no llegó sola al poder, sino que, “llegamos todas”. La misiva es tajante al contrastar dos tiempos diferentes de las mujeres en México, el tiempo de arriba y el de abajo, ya que mientras unas festejan el poder, “acá abajo, amaina una tormenta, que tarde o temprano pueden llegar a colisionar”, puntualiza el comunicado.
Con cierta rabia, Anselma recuerda que, en días pasados, el 5 de septiembre, ella misma fue violentada por la policía de la Ciudad de México al ser detenida durante una protesta. “A mi me imputaron tres delitos: motín, resistencia de autoridad y lesiones. Lo único que hacemos es luchar por nuestras comunidades, por el agua, por la vida y el territorio, pero lo que recibimos es la represión”, cuenta la activista Otomí para Avispa Mídia.
La activista enfatiza que previo a su detención, un grupo de choque golpeó brutalmente a distintas mujeres y hombresque se manifestaban contra la criminalización hacia la activista Hortensia Telésforo -a quien acusa del delito de despojo por participar en la recuperación de una biblioteca comunitaria. “Vimos como la policía solo se quedó observando la acción de este grupo y después comenzaron las detenciones sin justificación alguna”, complementa la indígena Otomí.
“Entonces, si sus discursos tienen alguna validez, exigimos no más discriminación, desprecio y olvido en contra de las mujeres de la comunidad indígena Otomí y respuesta inmediata a sus demandas”, agrega la mujer Otomí.
El diálogo
El grupo de mujeres, respaldadas por su comunidad, colectivos y organizaciones, entregaron sus demandas y la petición de un espacio de diálogo con la jefa de gobierno. Hasta el momento no ha respondido cuando podría ser esta reunión con la comunidad en resistencia.
No obstante, la entrega de esta misiva, que fue acompañada de un mitin frente al ayuntamiento de la Ciudad de México, les dio fecha para que un funcionario público los pueda recibir. Este será Inti Muñoz Santini, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, “quien se ha comprometido a reunirse con nosotros el próximo 23 de octubre”, sostiene Anselma.
La fiesta
A pesar de varios intentos de desalojo, de la intimidación, suspensión del servicio de agua y electricidad, la comunidad Otomí no se rinde. Así que el próximo 12 de octubre, “para nosotras es de fiesta, pues hemos resistido, no claudicamos y no nos vendemos. Así que les invitamos a asistir al evento que será celebrado con actividades culturales y artísticas”, comparte con entusiasmo la activista.
Así que, lo que antes era el INPI, seguirá siendo el espacio de la disidencia que no se ha casado con la llamada Cuarta Transformación, como le llamaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y tampoco con el llamado segundo piso, que es la continuidad con Sheinbaum.
No por nada el INPI fue rebautizado como la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, en memoria de aquel indígena que le recordó su promesa que hizo AMLO en campaña, de no avanzar con el llamado “Proyecto Integral Morelos”. Después del reclamo fue asesinado por criminales.
Paramilitares y policía hondureña atacan con armas de fuego a garífunas en recuperación de tierras
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: Momento de la recuperación de tierras garífunas en la comunidad de Nueva Armenia, Honduras. Foto: El Salto Diario.
Al filo de la medianoche de este domingo (6), elementos de la Policía Nacional de Honduras (PNH), Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), así como civiles armados, ingresaron a una recuperación de territorio ancestral garífuna -realizada la mañana de ese mismo día en la comunidad de Nueva Armenia, costa caribe-, y dispararon contra los presentes, dejando dos recuperadores gravemente heridos.
La Organización Fratenal Negra Hondureña (Ofraneh) -quien acompaña a la comunidad en las acciones que reivindican la propiedad ancestral de la comunidad garífuna sobre estas tierras, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida- denuncia a la empresa Palmas de Atlántida, propiedad de herederos del magnate de la palma aceitera, Reynaldo Canales, de ocupar ilegalmente territorios de Nueva Armenia para la siembra de este monocultivo.
Durante la mañana del domingo (6), mientras pobladores garífunas realizaban la recuperación de tierras, fuerzas de seguridad acudieron al sitio acompañados de vehículos tipo pick-up con civiles armados y encapuchados, quienes intimidaron a la población afroindígena.
“Señalamos la presencia de elementos de la policía, encapuchados, además el perfilamiento al que se ven sometidos defensores del territorio ancestral, como una estrategia de intimidación hacia una de las comunidades más afectadas por la palma en el Caribe”, denunciaron los recuperadores mediante videos difundidos a través de redes sociales.
Por su parte, la Ofraneh sostiene que la comunidad de Nueva Armenia ha sido “desmembrada de forma ilegal para favorecer a narcos y empresarios vinculados con plantaciones de palma; existiendo más de 24 inscripciones ilegales de tierra que han sido denunciadas ante la Fiscalía en La Ceiba”.
Cabe destacar que la industria de los herederos de Reynaldo Canales también es señalada por el movimiento campesino del Bajo Aguán por haber despojado tierras, destinadas para el reparto agrario, donde impuso monocultivos de palma aceitera.
Recuperar para resistir
En una entrevista con Avispa Mídia, durante agosto del 2023, Mabel Robledo, presidenta del patronato de la comunidad de Nueva Armenia y quien denunció la intimidación este domingo (6), detalló que, pese a que existe un mapa ancestral -el cual data de agosto de 1888- que certifica la propiedad de 1,600 hectáreas de tierra a manos de los garífunas, actualmente, el 70% de estas tierras han sido invadidas por los monocultivos de palma aceitera.
Fue en el año de 1994, cuando el el Instituto Nacional Agrario (INA) desconoció la titularidad de esta superficie para la comunidad de Nueva Armenia, reconociendo solo 333 hectáras de tierras y otorgándo títulos a terceros. Desde entonces, los garífunas han emprendido acciones de recuperación de tierras, dando como resultado la persecución y criminalización de quienes reivindican las propiedades ancestrales.
Robledo conversó con el equipo de este reportaje dentro de la recuperación conocida como “El Cayo”, realizada el 25 de abril del 2020, cuya superficie se extiende por 72 manzanas y cuyo plan es la de albergar a más de 280 familias garífunas. “(Las familias) utilizan las tierras para la siembra del plátano, de la yuca, de papaya, caña, maíz, todo lo que la tierra pueda producir para nuestra existencia”, detalló la recuperadora.
“Ellos (INA) nos titulan en tres lotes. Aquí donde estamos no incluye ese lote y no incluyen otros lotes. De esas 333 hectáreas de tierra, si tenemos 100 hectáreas, es mucho, porque todas las tienen terceras personas”, denunció Robledo.
Para la garífuna, existen mecanismos en las leyes hondureñas que buscan impedir las recuperaciones de tierras ancestrales. Un ejemplo es el artículo 378 del Código Penal, de Honduras – aplicado contra los recuperadores garífunas- el cual se refiere al delito de usurpación y cuya pena va de entre cuatro y seis años de prisión.
“Nosotros no somos usurpadores, nosotros recuperamos para poder sobrevivir y nosotros no sembramos palma. Estamos recuperando, luchamos para no desaparecer, para que nuestro legado, nuestra historia, no desaparezca”, reclamó Robledo.
Acorde a la Ofraneh, la empresa Palmas de Atlántida mantenía una negociación con la comunidad de Nueva Armenia para solucionar el conflicto agrario. Sin embargo, fue en septiembre del 2023, cuando se retiró del diálogo y ahora acciona con violencia contra las recuperaciones.
“En el ataque a miembros de la comunidad Garífuna de Nueva Armenia, no hubo enfrentamiento alguno, como aseguran medios de comunicación irresponsables. Solo la Policía Nacional y los paramiltares portaban armas de fuego”, sostiene la organización después de que Martha María Bu, subcomisionada de la Policía de Atlántida, indicara que no fue la corporación policiaca quien disparó contra los recuperadores.
Por último, la Ofraneh hace un llamado a la comunidad hondureña e internacional para permanecer alertas ante las amenazas contra la vida de los recuperadores que se mantienen en el campamento levantado este fin de semana.
