tierra y territorio
César y José Luis, defensores de la tierra y del territorio criminalizados por oponerse a la militarización
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
19 de septiembre de 2023
Boletín No. 20
César y José Luis, defensores de la tierra y del territorio criminalizados por oponerse a la militarización
- Informe de Amnistía internacional México revela patrón de criminalización en el país contra Personas Defensoras de la Tierra, Territorio y Medio Ambiente.
César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández son defensores comunitarios tseltales de la región de Chilón, caracterizada por la defensa de la tierra en contra de megaproyectos y la militarización de su territorio. La criminalización de la protesta de César y José Luis, condenados a 2 años por defender su territorio contra la militarización, se enmarca en la política de militarización en el estado de Chiapas con la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional (GN), incluyendo uno en su territorio, San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas.
El desarrollo de la infraestructura militar en Bachajón se realizó sin consentimiento previo, libre, informado y culturalmente pertinente, violando los derechos a la autonomía, libre determinación y a que no se desarrollen actividades militares en sus tierras. La oposición a la militarización se remonta a su lucha histórica desde el levantamiento zapatista de 1994 y la experiencia de tener una base militar en su territorio que trajo consigo casos de acoso sexual, violaciones, ataques, inseguridad y despojo.
El 15 de octubre de 2020 el pueblo de Chilón se manifestó pacíficamente en contra de la construcción del cuartel en el crucero Temó, tramo carretera Ocosingo – Palenque. Fueron detenidos César y José Luis, se documentaron en su contra actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada y faltas al debido proceso por parte de los agentes aprehensores, así como la criminalización mediante la acusación por el delito de motín[1].
A pesar de haberse comprobado la falta de elementos para condenarlos,[2] y que la acusación constituía una restricción desproporcionada al derecho a la protesta social, fueron sentenciados el pasado 3 de mayo, día de la Santa Cruz, tras 2 años de proceso[3]. Si bien obtuvieron su libertad por medio de una sustitución de la pena, ambos defensores cuentan ahora con antecedentes penales y la criminalización fue judicializada.
La criminalización de la protesta social consiste en el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta y en algunos casos, de la participación social y política en forma más amplia, mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado tanto de la fuerza, como de la justicia penal en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, como el caso de Cesar y José Luis.
En Chiapas, como en México existe un patrón de criminalización de las personas derensoras, enfáticamente contra defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
El derecho a la protesta social, en este caso particular por las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, es reconocido tanto en la Constitución mexicana, como en instrumentos internacionales, lo que implica para las autoridades tomar medidas para respetar, garantizar y protegerlo.
[1] Este delito implica “perturbar el orden público” u “obstruir las vías de comunicación”, en este sentido habría sido utilizado para describir los efectos de una protesta y también para criminalizar la protesta por su ambigüedad o vaguedad.
[2] En su contra se comprobó la falta de elementos sólidos para condenarlos, los testigos no acreditaron pertenecer a la policía estatal ni su participación el día de la protesta, ni la calidad de peritos y legistas expertos en su materia.
[3] Se concedió el beneficio de la sustitución de la pena, por poco más de 6,000 pesos.
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México: Tierra y ¿libertad? Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente
Amnistía Internacional documentó cuatro casos en donde se utilizó el sistema penal en contra de personas defensoras que protestaban por estos derechos y que, al momento de la documentación, tenían procesos judiciales pendientes.
Las personas defensoras ejercen su labor en un contexto hostil, que incluye de manera constante la estigmatización, hostigamiento, ataques, atentados, desplazamiento forzado, desapariciones y asesinatos. Las autoridades deben parar la utilización del sistema penal para castigar la protesta y garantizar un entorno adecuado para quienes defienden los derechos humanos.
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Afirman en territorio cochimí que las mineras “nos están pegando en la madre”
Rancho Maravilla, California Mexicana. 18-09-2023. “Antes, los cochimíes sacábamos unos granitos de oro, pero ahora en nombre del progreso están tumbando cerros, matando un montón de pajaritos y cactus por la vanidad de una mujer presumida que quiere portar oro. Pero tenemos que hacer consciencia que la Madre Tierra es un ser vivo y debemos afectarla lo menos que podamos. Las mineras son empresas de muerte y nos están pegando en la madre. Además, se está acabando el calamar, los mariscos y el pescado por la contaminación brutal. Se llevan el abulón y la langosta al extranjero cuando siempre han sido nuestro alimento”.
En entrevista con Medios Libres, el concejal del pueblo Cochimí del Congreso Nacional Indígena, “Águila” Francisco Grado, declara que “siempre Baja California le ha interesado al capitalismo para hacer sus negocios: los mares, las playas, los recursos minerales del desierto y los valles de la agroindustria que se están llevando el agua; porque están sacando nuestro agua del desierto central; hay una mafia del agrobusiness que engancha mano de obra barata de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los traen con engaños; prometen que las comidas van a ser gratis, y el viático se lo descuentan al final como la mitad del pasaje, y les tienen en galerones compartidos entre familias y hombres jornaleros donde se dan caso de abusos y violencias. Se mueve mucho billete”. Por ejemplo, comenta que la Bajamil, una carrera off road, a campo traviesa, es “un negociazo del sistema capitalista” que cruza los terrenos de los pueblos originarios, destruyendo caminos, tumbando cercos y matando ganado.
“El despojo de mineras como las mexicanas del Grupo México y de Carso, lo vienen haciendo como los lobos con disfraz de oveja: vienen a quitarnos el territorio. Fue lo que le pasó a los hermanos nativos norteamericanos, les quitaron de sus territorios y los llevaron a reservas donde les dieron permiso de vender alcohol y drogas, que es lo que está acabando con ellos; el gobierno los tiene bien jodidos, se me hace muy triste pero es lo que está pasando ahí. Tenemos aquí la tierra que nuestros viejos abuelos nos han heredado, pero nos vamos muriendo, y entre los que quedan hay algunos que tratan de venderla para sacar un dinero, gastárselo, pero no se compra la dignidad”.
“El pueblo Cochimí nos distribuimos a lo largo del desierto central de la península desde Loreto hasta San Felipe más o menos, y nuestros hermanos son los pueblos Cucapá, Kumyai, Pai Ipai, Kohal y Kiliwa. Somos seis pueblos que conformamos la familia Yumana. Ahora nos piden documentos para comprobar nuestros territorios, pues el gobierno entregó tierras a los ejidos que se creen los dueños del territorio. Por eso está el despojo: no tenemos documentos que nos emparen que somos los dueños de la tierra. Es irónico: ¡Qué más documentos nos piden si están las pinturas de nuestros antepasados en las cuevas! El animal sagrado que conocemos como borrego cimarrón ahora lo cazan con dron y helicóptero; un permiso para matar te cuesta entre 60 y 80 mil dólares, y hay gente que lo paga y viene a cazarlo del extranjero. No queremos que maten a nuestros hermanos los borregos cimarrones”.
El luchador indígena afirma que el pueblo cochimí se opone a los megaproyectos de muerte que están amenazando el territorio de los pueblos originarios tanto al norte como en centro y el sur del país. El compañero Águila del CNI se refiere al movimiento indígena zapatista de Chiapas que le trajo “una semillita que se va diseminando y floreciendo en el desierto central de la California mexicana”. “El zapatismo lo vemos como una filosofía de los pueblos indígenas, que ha venido a sembrar la semilla de la resistencia y nos enseña a buscar el bien vivir, cuidar la tierra, luchar por la vida, por eso decimos que estamos contra el desarrollo capitalista pero queremos lo mejor para las próximas generaciones”.
